Período 129º - Reunión 13º - 1º Sesión extraordinaria (Especial) (Continuación) - 15 de diciembre de 2011

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los quince días del mes de diciembre de 2011, a hora 12 y 40:

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PASTA DE PAPEL CELULOSA PARA DIARIO

Sr. Presidente (Domínguez).- Continúa la sesión.
En cuanto al procedimiento para el tratamiento de las leyes previstas en el día de hoy, continuando con el espíritu de lo acordado en el día de ayer en la reunión de Labor Parlamentaria, la Presidencia sugiere para el tratamiento del Orden del Día N° 10, sobre Papel Prensa, que los bloques mayoritarios y/o los interbloques utilicen cuarenta minutos, que los bloques conformados por dos o tres integrantes utilicen doce minutos y que los bloques unipersonales dispongan de diez minutos. Para los cierres, el bloque del Frente para la Victoria utilizará veinte minutos; el bloque de la Unión Cívica Radical, quince minutos y los otros bloques mayoritarios y/o interbloques, diez minutos.
Se tratarán en forma conjunta los proyectos contenidos en los Órdenes del Día N° 7 y N° 8, referentes a la modificación del Código Penal en lo atinente al lavado de dinero. Los bloques mayoritarios y/o interbloques utilizarán veinte minutos, los bloques conformados por tres integrantes o menos dispondrán de diez minutos; para los cierres, el bloque del Frente para la Victoria utilizará quince minutos; el bloque de la Unión Cívica Radical, diez minutos y los bloques mayoritarios y/o interbloques dispondrán de diez minutos.
Para el tratamiento del orden del día N° 6, sobre Régimen Penal Tributario, se eliminarán los cierres y los bloques mayoritarios y/o interbloques utilizarán veinte minutos; los bloques conformados por dos o tres integrantes utilizarán diez minutos y los bloques unipersonales, siete minutos. Los bloques pueden administrar el tiempo que les corresponde según lo crean conveniente.


AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 10



Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Comercio y otras, recaído en el proyecto de ley por el cual se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y de papel de diarios. Orden del Día número 10. I. Dictamen de mayoría; II. Dictamen de minoría; III. Dictamen de minoría; IV. Dictamen de minoría; V. Dictamen de minoría; VI. Dictamen de minoría.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Di Tullio.- Señor presidente: venimos a tratar un dictamen de mayoría que a todas luces contempla un proyecto para resguardar la libertad de expresión en nuestro país, que es un derecho amparado por la Constitución Nacional, y que viene a saldar una situación muy inequitativa en nuestro país, la cual no se generó en el período de gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni del anterior presidente, el compañero Néstor Kirchner, sino que existe desde hace más de tres décadas.
En la distribución del papel para diarios ha existido, y continúa en este momento, una inequidad absoluta, y por ello el dictamen de mayoría busca conseguir dos grandes objetivos: en primer lugar, el acceso igualitario a ese preciado bien, al continente que necesitan los diarios para poder existir, y también el precio único, que es absolutamente necesario para que no exista inequidad entre los grandes diarios y los pequeños periódicos que existen a lo largo y ancho de nuestro país.
El día martes se llevó a cabo el plenario de las cinco comisiones intervinientes en este tema ‑es decir, las comisiones de Comercio, de Peticiones, Poderes y Reglamento, de Asuntos Constitucionales, de Libertad de Expresión y de Comunicaciones e Informática‑, que contó con la presencia de más de 120 diputados y diputadas de la Nación.
Al comenzar ese debate mencioné que nos cansamos de escuchar durante tres décadas –y los diputados y diputadas que pertenecemos al área metropolitana nos acordamos muy bien- a Julio Ramos, de Ámbito Financiero, a Jorge Fontevecchia, de Editorial Perfil, y a Jorge Lanata ‑primero cuando comenzó con el diario Página 12 y luego con Crítica de la Argentina‑, denunciar en infinidad de oportunidades esta situación de inequidad, vulnerabilidad, opresión y disciplinamiento que tenían los diarios que no eran beneficiarios de la distribución del papel de producción nacional por parte de Papel Prensa S.A.
También los diputados y diputadas de la Nación que pertenecen a las provincias del interior del país se han cansado de escuchar sobre la situación que padecen los diarios en sus zonas, y han asistido a la quiebra de muchos diarios históricos que han sido construidos a lo largo de la historia de cada provincia y pueblo de nuestra nación.
También hemos asistido a la presentación de denuncias sobre deslealtad comercial en lo que respecta a la entrega de papel, precio del papel y por las faltas de insumo para las tiradas de los diarios.
Es por ello que en agosto del año pasado la señora presidenta de la República envió el primer mensaje por el que se declara de interés público la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa para papel de diario. Como dije al comienzo, el objetivo central de ese proyecto era garantizar la libertad de imprenta de todos aquellos que necesitan contar con ese bien para poder expresarse a través de un medio escrito.
En ese mismo mensaje, la señora presidenta de la Nación también anunció que en un plazo muy corto enviaría el marco regulatorio adjuntado a la primera iniciativa del Poder Ejecutivo.
Antes de explicar las disposiciones del proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría, me gustaría hacer un poco de historia acerca de la discusión que generó en esta Cámara de Diputados de la Nación. Al principio mencioné cinco comisiones; en verdad, en los seis años que llevo de diputada, nunca asistí a que el pleno en este recinto quitara al presidente de la Cámara la facultad de girar los asuntos a las comisiones. Cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley, quienes teníamos a cargo su estudio asistimos a una suerte de embate –quiero recordar que en aquel entonces tenía mayoría el grupo A- respecto del tratamiento de este tema. En otras palabras, se utilizó la metodología de girar el proyecto a cinco comisiones para hacer más engorrosa su consideración.
Por otra parte, cuando quise asumir el cargo de presidenta de la Comisión de Comercio, pretendieron impedírmelo en forma autoritaria y violenta, e incluso se presentó una nota –que fue rechazada por mayoría- para que directamente este tema no fuera debatido en la Cámara.
Luego, cuando aquella mayoría conocida como grupo A me permitió generosamente asumir como presidenta de la comisión, aprobamos la realización de cinco audiencias públicas. Seguimos el procedimiento correcto –es decir notificamos debidamente a la Cámara de Diputados de la Nación- y llevamos a cabo esas cinco audiencias públicas con el objeto de escuchar a todas las voces interesadas en participar del debate.
Concurrieron más de ciento veinte expositores; entre ellos, dueños de importantes diarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias de nuestro país. También contamos con la presencia de medios de pueblos pequeños y de los municipios, de las universidades públicas nacionales, de varios constitucionalistas y de representantes de gremios que forman parte de los sectores que intervienen en la producción, comercialización y distribución de la pasta celulosa para papel de diarios.
Todas esas voces fueron escuchadas en soledad por el bloque oficialista. Ningún miembro de la oposición ‑salvo alguna honrosa excepción de algún diputado que estuvo presente durante cinco minutos- asistió a esos debates organizados por la Comisión de Comercio. Por eso pido que formen parte de esta discusión las versiones taquigráficas correspondientes a los discursos de esos ciento veinte expositores, contenidas en un anexo preparado en la imprenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Quiero que formen parte de este debate aquellas ciento veinte voces que dieron su apoyo a la declaración de interés público de la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa para papel de diarios.
He aclarado que estas audiencias fueron notificadas por esta Cámara, pero además la invitación la hice yo, en forma particular a todos los medios. Estaban convocados absolutamente todos los dueños de los diarios del país. Quienes no vinieron fue porque no lo quisieron hacer. Estoy hablando específicamente de Clarín y La Nación, que además son accionistas de la única fábrica de pasta de celulosa de papel para diarios.
Paralelamente a esas audiencias, y por orden de la señora presidenta de la República, el entonces ministro de Economía y hoy vicepresidente de la República, Amado Boudou, junto con el señor diputado Feletti –en su momento viceministro de Economía- mantuvieron audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país, y el resultante de esas audiencias fue la construcción del marco normativo que forma parte del dictamen de mayoría. Si esto a los diputados de la Nación no les parece un proceso democrático, plural y abierto, además de una construcción colectiva, entonces no sé qué decir.
Antes de referirme al proyecto específico, quiero contar que el año pasado, al término de las audiencias públicas y del envío del proyecto con el marco normativo correspondiente, en un plenario de estas cinco comisiones se emitió un dictamen de mayoría en relación con un proyecto que también declaraba de interés público la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa para papel para diarios.
Una diputada que cumplió su mandato –la ex diputada Cecilia Merchán, que pertenecía al bloque Proyecto Sur-, presentó un proyecto y el bloque oficialista entendía que en su enorme mayoría –en un 90 por ciento-, expresaba el espíritu de los dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Por eso, en un dictamen de mayoría lo acompañamos.
Me voy a referir específicamente al proyecto al que nos hemos abocado.
Se declara de interés público la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa de papel para diarios. Además, se crea una comisión bicameral, formada por ocho senadores y ocho diputados. Esto lo digo para tranquilidad de quienes nos acusan de tener poco control.
En su marco regulatorio se define el objeto. Lo voy a leer, porque quiero ser muy precisa. Se establece la implementación progresiva de las mejores técnicas disponibles, considerando el factor de empleo y aplicando aquellas prácticas ambientales que aseguren la preservación y protección del ambiente.
Hay una diferencia con el dictamen anterior, porque se incorpora la idea del impacto ambiental.
También define el ámbito de aplicación, que es para todas las personas físicas o jurídicas con domicilio en la República Argentina, que sean fabricantes o distribuidores de la pasta de celulosa para papel para diarios.
También define quiénes son los fabricantes, distribuidores y comercializadores de papel, qué es la fabricación del papel para diario, quiénes son los compradores, quiénes son los sujetos.
Y en los principios generales dice lo que voy a leer: “Las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente, conforme su carácter de interés público, con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la producción nacional, la competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos y la preservación del medio ambiente.”
Como les decía, en el artículo 8º se incorpora el concepto del impacto ambiental, previendo que si existe tal impacto debe llegar al alcance mínimo o nulo.
Otra de las diferencias con el proyecto anterior es que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Permítanme leer nuevamente las atribuciones de la autoridad de aplicación: “a) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la producción nacional en la totalidad de las etapas de la actividad partiendo de la madera como insumo básico; b) propender a una mejor operación de la industria de la pasta de celulosa de papel para diarios, garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel; c) hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de competencia; d) dictar las normas a las que deberán ajustarse los sujetos de esta ley en materia de normas y procedimientos técnicos; e) requerir a los actores del presente régimen, la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, deberá realizar las inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes; f) promover ante los tribunales competentes las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los fines de esta ley y su reglamentación...”
El inciso h) dice: “Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación; i) ejercer las acciones de fiscalización que correspondan; j) promover y controlar la producción y uso sustentable de pasta celulosa y de papel para diarios; k) establecer las normas de calidad a las que deben ajustarse la producción de pasta celulosa y de papel para diarios; l) establecer los requisitos y condiciones necesarios para la habilitación de las plantas de producción de pasta celulosa y de papel para diarios...”
Por su parte, el inciso m) dice: “Establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación de los proyectos que tengan por objeto acogerse a los beneficios establecidos por la presente ley...”. El inciso n) dice: “Realizar auditorías e inspecciones a las plantas habilitadas...”. El inciso o) dice: “Realizar auditorías e inspecciones a los beneficiarios del régimen de promoción...”
Hay cuatro puntos más, pero necesito abreviar. Crea una Comisión Federal Asesora de integración civil, que también constituye una gran diferencia con el dictamen de mayoría obtenido el año pasado. Estará compuesta por un representante de cada diario de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos representantes de las organizaciones representativas de usuarios y consumidores, tres representantes de los trabajadores, correspondiendo uno a los gráficos, uno a la prensa y uno a los vendedores de diarios y revistas. Durarán cuatro años en sus funciones, teniendo que rotarse.
La Comisión Federal Asesora también tiene sus funciones establecidas en este proyecto de ley, que además crea un registro que requerirá por supuesto de un tiempo determinado para ser habilitado y conformado.
Estoy salteando algunos artículos y destacando los más importantes. El artículo 20 es el que se refiere al precio único de contado. Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa para papel para diarios tendrán que publicar con conocimiento de las empresas compradoras -a través de este registro y de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta de Celulosa- el stock total disponible, la capacidad de producción máxima y la producción estimada de manera trimestral.
En cuanto al precio único de contado, hay una fórmula que lo determina y que acompaña este proyecto de ley. El stock mínimo es una tonelada de este producto y es para los que compran al contado. Los fabricantes podrán tener un precio diferenciado para quienes tengan plazos de pago.
Existe un régimen de venta y un régimen de inversiones. En este sentido, los fabricantes van a tener que establecer una proyección cada tres años y además podrán ser beneficiarios –a los efectos de esta financiación, de las inversiones previstas y exigidas en este proyecto de ley- para poder abastecer al mercado interno. Podrán acceder y contar con los beneficios promocionales que podrá ofrecer el Estado nacional en algún momento. Así que si no tienen dinero para invertir, saben que pueden acudir al gobierno, aunque no creo que les falte.
Como no me queda tiempo quiero referirme a dos aspectos del proyecto que estamos tratando.
Por un lado se crea un fondo fiduciario, y por otro, en las Cláusulas Transitorias se prevé que a la única planta que hoy existe que produce pasta de celulosa para papel para diario, que es Papel Prensa Sociedad Anónima, se le va a exigir que opere como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna siempre y cuando ésta no supere la capacidad mínima de la empresa. Las Cláusulas Transitorias, que son dos artículos, tienen corto plazo, porque rigen hasta que se alcance el objetivo.
Señor presidente: le pido un minuto más. Observo que me está mirando y va a hacer cortar el audio...

Sr. Presidente (Domínguez).- Le va a restar tiempo a los demás oradores.

Sra. Di Tullio.- Sí, señor presidente.
Esta empresa va a tener que hacer un plan de inversión a tres años tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna.
Para poder lograr el acceso igualitario al papel este proyecto de ley prevé una fórmula, que es la diferencia entre la demanda interna ‑a través del registro de los compradores de papel para diarios‑ y la capacidad de producción que tiene hoy la única fábrica de papel para diarios que existe, lo que da como resultante una fórmula que es la necesidad de la importación.
A partir de una resolución de la Secretaría de Comercio de este gobierno la importación del papel tiene arancel cero. Nosotros hemos venido contribuyendo con políticas de Estado para que esta situación mejore cada vez más. No hemos podido resolver el problema central, que es el monopolio de la fabricación de papel, con lo cual también continúan las inequidades, pero la tasa cero es a partir de este gobierno, de una resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación.
Cuando los fondos necesarios para las inversiones previstas sean provistos en forma más que proporcional por el Estado nacional respecto de otros socios, los derechos políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora, es decir, por los diarios. Esto lo dice claramente el artículo 41, que es una de las cláusulas transitorias.
¿Usted sabe, señor presidente, lo que significa para un diario tener que comprar papel a su máximo competidor? Quise encontrar un ejemplo de esto, pero no pude. ¿Usted sabe lo que significa para los diarios tener que ir a comprar el papel al diario que es su mayor competidor porque fabrica el papel? Es una situación de una inequidad absoluta y este Congreso tiene que saldarla. Hay que proteger a los diarios de la Argentina.
Nuestro país es un caso único en el mundo. No existe país en el mundo donde el dueño de la planta que produce papel sea el dueño del diario.
Aquí todos hemos jurado, al ingresar a esta Cámara, por la Constitución Nacional. Me parece que hay que hacer honor a esos votos y a esos juramentos.
Los que hacemos política –y todos acá la hacemos‑ siempre sentimos la necesidad de desandar situaciones de injusticia en nuestro país, y la verdad que este es un buen momento para hacer eso.
Todos los que estamos acá conocemos por lo menos un diario que ha sido víctima de esta situación; absolutamente todos, ya sea de nuestro pueblo, de nuestro municipio o de nuestra provincia. No creo que ningún partido político que tenga un origen democrático y popular puede dejar de acompañar este proyecto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia deja constancia de que de los 20 minutos restantes su bloque ha utilizado 5 minutos, y por lo tanto le restan 15.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. di Tullio.- Señor presidente: me olvidé de solicitar que se inserten en el Diario de Sesiones –yo sé que es difícil lo que estoy pidiendo‑ la versión taquigráfica de las 120 exposiciones que se han efectuado en comisión sobre este tema. Además hay un video sobre el diario Crónica que también solicito que quede en el archivo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Al final de la sesión se pondrán en consideración las inserciones solicitadas.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Buryaile.- Perdón, señor presidente, quiero hacer un comentario. Había solicitado en la Secretaría Parlamentaria que se utiliza el reloj del recinto a los efectos del control horario de los distintos oradores y con la finalidad de ordenar las exposiciones.

Sr. Presidente (Domínguez).- Está previsto, señor diputado. Les recuerdo cómo están diagramados los tiempos para los legisladores de la Unión Cívica Radical: Tunessi, 7 minutos; Barbieri, 7 minutos; Santín, 5 minutos; Biella Calvet, 2 minutos; De Ferrari Rueda, 2 minutos; Aguad, 7 minutos; Alfonsín, 10 minutos.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tunessi.- Señor presidente: desde la Unión Cívica Radical queremos fijar los fundamentos de nuestro dictamen de minoría al tema que estamos tratando. El bloque de la Unión Cívica Radical ha decidido impulsar un proyecto alternativo al que hoy pone en consideración la mayoría.
Lo hacemos convencidos de la importancia de tener una posición propia, clara, concreta, sin dejarnos arrastrar en esta lógica de la confrontación permanente, de la obligación de tener que tomar partido de situaciones que no hemos generado, de batallas y de guerras de las que no nos sentimos parte, que empiezan un día sin saber por qué y con la misma lógica pueden terminar otro día también sin saber por qué.
La primera pregunta entonces es por qué ahora, cuál es la premura y cuál es la necesidad que tenemos de tener este marco regulatorio para el problema de la prensa.
La idea que nosotros tenemos es que eso es parte de un proceso conflictivo, de una actitud confrontativa que no tiene nada que ver con el debate democrático de ideas.
Hemos dicho en la discusión de este tema en comisión, de la que hemos participado ‑porque siempre mi bloque ha participado‑, que no hay necesidad de enrolarnos en bandos. Podemos decir con absoluta certeza que no somos nosotros los que reescribimos la historia en nuestro favor, porque debe ser muy fácil, muy atractivo y sobre todo muy cómodo hablar desde un lugar que es la historia reconstruida de acuerdo con la versión oficial.
Esta idea campea permanentemente en el maniqueísmo reinante y no nos deja ni siquiera la posibilidad de estar de acuerdo cuando podemos estarlo. Pareciera que está prohibido estar de acuerdo. Pareciera que hay que construir una lógica de confrontación, con adversarios y enemigos, y de acuerdo con la descripción de ese relato histórico, construir la nueva épica que marca el modelo y el sendero a seguir. De esta manera, todos los que no homologan esa idea pasan directamente a la vereda de los enemigos, a los que hay que anatematizar, poner del otro lado, descalificar o considerarlos como los peores enemigos de la patria.
Esta lógica es muy cómoda para quienes describen y relatan la historia desde su lugar. Nosotros nunca hemos negado que desde la época de la dictadura los grandes medios masivos de comunicación de la Argentina ni siquiera tantearon los límites de la legalidad; ni siquiera se jugaron para ver hasta dónde podía llegar la legalidad de esa época, y por supuesto que fueron silenciosos frente a determinadas situaciones que vivió el país. Me refiero a esta catástrofe que puso en evidencia un gobierno de la Unión Cívica Radical.
En efecto, en este relato de la historia pareciera que se ha olvidado que la propia sociedad argentina toleraba determinadas situaciones y excesos, que muchas entidades e instituciones que hoy caminan al lado del nuevo relato del gobierno formaban parte de quienes toleraban y aceptaban los excesos y los desbordes que se vivían.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo -como primera descripción- con esta idea de la historia con bisturí: saco y tomo de la historia lo que me conviene, a partir de allí construyo el relato y finalmente determino quiénes son los excluidos del nuevo proceso dialéctico de esa historia.
Esta lógica perversa no tiene nada que ver con el debate democrático. Nosotros queremos ser parte de una discusión democrática, y así como muchas veces hemos criticado al gobierno, también hemos intentado coincidir en aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. Pero ni siquiera eso ha sido posible, puesto que este gobierno plantea el maniqueísmo de que hay que confrontar y excluir.
Nosotros no hemos negado la existencia de excesos monopólicos en el manejo del papel en la historia argentina. Todos conocemos por qué se crea Papel Prensa, así como el proceso que vino después, de considerarlo como un bien estratégico, puesto que en su momento era imposible importar papel del exterior. Entonces fue necesario, como valor estratégico, impulsar la creación de una fábrica de papel de diario en la Argentina.
Reitero que conocemos todos esos excesos y no los negamos. Sin embargo, no creemos que haya que violentar la Constitución Nacional ni el Tratado Interamericano de Derechos Humanos para que vuelva a cobrar vigencia en la Argentina el principio de la libertad y para impedir la existencia de monopolios. Aquella actitud, señor presidente, se parece mucho a la revancha, al desquite, al rencor, a pretender saldar viejas deudas, y no a un debate democrático.
Debo señalar que no fue la Unión Cívica Radical la que derogó el artículo 45 de la ley de la dictadura. Recién había terminado el gobierno del doctor Alfonsín cuando, en un gobierno del mismo signo político actual, se derogó esa norma, permitiendo así la concentración de los monopolios. Ciertamente que en esta historia recontada no asumimos esta realidad. El gobierno de Ricardo Alfonsín había luchado para impedir esa concentración monopólica. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Ha vencido su tiempo, señor diputado, por lo que está consumiendo el tiempo de que disponen sus compañeros de bancada.

Sr. Tunessi.- Ya termino, señor presidente.
Luego vino el proceso de licuación de los pasivos, del que nosotros no fuimos parte. Nos hacemos cargo de haber votado la ley de bienes culturales, porque no queríamos que el proceso de cramdown se aplicara a los capitales extranjeros, con el riesgo de que se quedaran con bienes y empresas de capital nacional, sobre todo las empresas informáticas, al margen de que fueran o no monopólicas. Pero fue un gobierno del mismo signo político que el actual el que licuó los pasivos de los monopolios y pesificó de manera favorable a esas empresas para salvarlas. Esto no lo hizo la Unión Cívica Radical; la historia hay que contarla de manera completa. Tampoco fue este partido el que permitió la fusión de Cablevisión y Multicanal. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia informa al señor diputado que ya ha utilizado un minuto del tiempo que le corresponde a su otro compañero de bloque.

Sr. Tunessi.- Señor presidente: fue el actual gobierno el que llevó adelante ese proceso de concentración inaceptable, que permitió generar el monopolio más grande que se recuerda en la historia en el área de las comunicaciones en el interior del país. Reitero que esto ocurrió bajo el gobierno de la actual administración. Sin duda, las verdades a medias son verdaderas mentiras.
Por estas razones, vamos a impulsar nuestro proyecto sobre la lógica de no decir que vamos a confiscar Papel Prensa S.A. Esto lo tienen que asumir: ¡quieren estatizar Papel Prensa, pero no lo dicen! Con este proyecto va a crecer la injerencia del Estado en una empresa privada, con el objetivo de quedarse con el control monopólico del Estado sobre la producción de papel y, desde allí, cercenar la difusión de las ideas, pero no sólo de Clarín y La Nación, sino también de cualquier otro medio que quiera ser opositor y crítico a este gobierno. Asuman la responsabilidad. Lo hacen de este modo porque quieren crear otro monopolio.
Por el contrario, nuestro proyecto apunta a estimular la producción de papel. Esta medida se inscribe en el marco del inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que es la famosa cláusula para el progreso. No queremos que en la Argentina haya papel para algunos; queremos que haya papel para todos, que haya más fábricas de papel y arancel cero para la importación de este producto. También es necesario prever un subsidio por parte del Estado cuando el papel no pueda ingresar al país a precios competitivos por algún tipo de aumento en su valor. Esto es muy importante para que las pequeñas empresas reciban el papel en igualdad de condiciones.
Además, por si alguien tenía alguna duda, hemos incluido en nuestro proyecto una cláusula que determina que el papel debe ser vendido al menor precio, que por lo general es el valor al que se lo venden al mayor comprador. Esta cláusula le exige a las empresas monopólicas que vendan el papel en igualdad de condiciones y a todos los que lo necesitan.
En el ínterin impulsamos la implementación de medidas de estímulo, créditos, inversiones y desgravación impositiva para que en la Argentina florezca la producción de papel y no haya venganzas ni revanchas que apuntan a quedarse con una empresa, con tal de asegurar el relato unilateral del gobierno. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Esta Presidencia notifica al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical que de los siete minutos de los que disponía el orador utilizó diez.
Tiene la palabra la señora miembro informante.

Sra. Di Tulio.- Señor presidente: mientras escuchaba la exposición del señor diputado Tunessi advertí que olvidé decir algo en mi intervención.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Domínguez).- El reglamento permite que el miembro informante replique a otro orador.

Sra. Di Tulio.- Señor presidente: simplemente quiero señalar que este proyecto se convertirá en ley, pero también forma parte de una política de Estado. No es algo que se va a llevar la presidenta cuando finalice su mandato. No estamos haciendo esto para el actual gobierno sino para el Estado nacional. Tampoco estamos pidiendo que tengan un acto de fe hacia el gobierno; simplemente estamos impulsando una política de Estado con fuerza de ley.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Barbieri.- Señor presidente: como bien señaló el señor diputado Tunessi, nuestro bloque impulsa un dictamen de minoría que tiene ciertas características, que me gustaría reseñar.
A través del capítulo I se declara de interés público el acceso libre e igualitario al papel, mientras que por medio del capítulo II creamos un régimen de promoción para la construcción y readecuación de papel y revistas. Asimismo en el capítulo III ponemos en cabeza del Ministerio de Industria la responsabilidad en este tema.
Además, se crea el Fondo de Ayuda al Papel, como bien se dijo, para financiar la adquisición del papel a los editores de las ciudades de menos de cien mil habitantes. También permitimos garantizar la importación de papel.
Proponemos una importación de papel absolutamente libre, y cuando el precio internacional supere el del mercado local el Estado deberá subsidiar para lograr la equiparación.
Se crea una comisión bicameral, y hay muchos otros aspectos que hacen a las consideraciones que tenemos sobre el proyecto.
Quiero dejar en claro dos cosas principales: en primer lugar, no estamos de acuerdo con el monopolio de prensa privada. Nunca estuvimos en esa línea de pensamiento a lo largo de nuestra historia, pero tampoco estamos de acuerdo en crear un monopolio de prensa estatal.
Revisen nuestra historia y verán que siempre hemos sacralizado la libertad de expresión. Me gustaría dejar en claro otro aspecto: de ninguna manera nos oponemos a que se investigue si hubo irregularidades o delitos de lesa humanidad relacionados con la compra de la empresa.
En todo caso, que sea la Justicia la que lo determine. Lo que aquí está más claro es lo que realmente importa: estamos en presencia de una disputa donde todo parece reflejarse en una simple ecuación, el control de papel para diario por parte del gobierno nacional.
Otra cuestión es la distribución discrecional del papel conforme a la afinidad que tengan los medios con el Poder Ejecutivo. Creemos que este es un duro golpe a la garantía de las libertades, cuando la libertad de prensa y la libertad política deben estar por encima de los intereses particulares.
El proyecto de ley que se pretende votar por mayoría para la fabricación de papel es ambiguo e impreciso, resultando para mí inadmisible que sea el gobierno nacional quien controle el principal insumo para garantizar la libertad de expresión.
En todo caso, como lo prevé nuestro proyecto, se debería resolver el problema de la producción nacional del papel promoviendo medidas que lo incrementen, alentando un mayor volumen al existente o promoviendo nuevas industrias de papel como nosotros lo proponemos.
Me pregunto entonces cuál es el verdadero espíritu de esta ley. ¿Tiene un espíritu de democratizar la distribución del insumo o simple y llanamente es una estocada del gobierno nacional a los grandes diarios con los que hoy –lo subrayo- está enfrentado?
También me pregunto: ¿amplía esta medida la garantía de la libertad de expresión? Y digo por lo contrario que es una nueva restricción a la libertad de expresión.
Son claras estas respuestas que me he dado, teniendo en cuenta los antecedentes que demuestran que este gobierno siente poco aprecio por el ejercicio de la libertad de la prensa independiente.
No lo digo yo, lo que sería irrelevante y de poca importancia. Lo dice la Sociedad Interamericana de Prensa. Y cuidado a los que creen o van a descalificar un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo hacen caso y referencia a una declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Entonces digo, si era útil en otro momento, por qué no lo será en este momento que es tan difícil. Por eso tenemos que entender que Papel Prensa no debe ser un trofeo para nadie. Debe ser una fuente de trabajo para miles de personas, una productora de insumos para la libertad de expresión, una usina económica para una ciudad que es aquella en la que yo vivo, la ciudad de San Pedro.
En la ciudad de San Pedro, Papel Prensa emplea a más de quinientas personas en forma directa y otras tantas de manera indirecta. Esto genera incertidumbre y conduce a la preocupación de toda una comunidad, que convive con la industria desde hace muchos años, siendo uno de los principales pilares de nuestra economía.
En los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se dice que Papel Prensa produce menos de lo posible, que obliga a importar el 50 por ciento más del valor, que excluye a los pequeños productores en un abuso de su posición dominante.
Si esto fuera cierto, el gobierno sería cómplice de la comisión de todos estos delitos, porque la realidad indica que estas conductas están reguladas por la Ley de Defensa de la Competencia, la 25.156. Esta norma es muy clara y explícita con respecto a la transgresión de la legalidad.
No voy a citar los artículos, porque todos los deberíamos conocer, pero se menciona a las prácticas restrictivas de la competencia, como imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales.
Por otra parte, el gobierno solicita que se declare de interés público el mercado de papel, pero al mismo tiempo integra el directorio de Papel Prensa. ¿Qué votó el representante del Estado en estos ocho años y medio?

Sr. Presidente (Domínguez).- Su tiempo se ha agotado, señor diputado.

Sr. Barbieri.- Ya termino, señor presidente.
Papel Prensa no debe ser un trofeo, sino una fuente de trabajo para miles de personas y una productora de insumos para la libertad de expresión, que es la garantía de las garantías para que una sociedad se desarrolle libre y armónicamente. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín.- Señor presidente: basándome en la alocución del diputado Tunessi, quiero decir que nuestro partido se ha caracterizado por mantener un eje y un rumbo. Es el partido de la libertad.
Nosotros nacimos como la voz de los desposeídos. En esa pelea arrancamos luchando por el voto secreto, obligatorio y universal, que era la forma de que los desposeídos pudieran asumir su propia libertad y, en función de ello, poder expresarse.
La voz de los desposeídos está ligada específicamente a la libertad, pero no creemos en la libertad boba, no creemos en la libertad de que todos sean libres en el gallinero junto con el zorro. Para que esto no pase, siempre hemos creído que debe haber un Estado fuerte, que garantice específicamente las libertades.
Por eso, rescato la obra de Raúl Alfonsín de consolidar la democracia en uno de los procesos más complejos de la Argentina. La sociedad se había acostumbrado a vivir con la violencia y tuvo que venir un hombre de las agallas, la fuerza y la decisión de Raúl Alfonsín para encontrar el equilibrio suficiente en la Argentina, a fin de que la democracia sea el instrumento de los desposeídos.
¿Cuál es el bien protegido que discutimos hoy? El derecho a la información, que es el derecho de los ciudadanos para disponer de los elementos que le permitan ejercer sus propias libertades.
Ello se complementa con la libertad de expresión que tienen aquellos que escriben en los medios o aparecen en la televisión o en la radio, expresando sus ideas. Todo se consolida con la libertad de prensa, que es el mecanismo que tienen los medios para poder acercar la información a la gente.
Si ese camino final está cercenado, porque existe un monopolio que traba, el Estado tiene que proteger el bien preciado, que en definitiva es el derecho a la información.
Por eso desde el radicalismo entendemos que hay que hacer esfuerzos para romper esos monopolios que traban la posibilidad de la igualdad, esa igualdad que debe ser de oportunidades, y en ese camino venimos construyendo.
Algunos casi ingenuamente –porque así me lo plantearon desde mi propio bloque- pensábamos que es un tema de Estado. Entonces, ¿cómo no vamos a coincidir con el oficialismo en un tema como éste? ¿Cómo no podemos recorrer un camino común, si somos partidos de origen popular que en definitiva buscamos la defensa del mismo bien protegido?
Pequé de ingenuo. El oficialismo se llevó por delante el proyecto. No estaba buscando generar una política de Estado. No estaba buscando los consensos necesarios para garantizar la libertad. La libertad se garantiza en el consenso. Cuando la libertad se impone, hay revancha, y esa revancha es lo peor, porque cuando cambian las mayorías…

Sr. Presidente (Domínguez).- Hizo uso del tiempo previsto, señor diputado.

Sr. Santín.- Ya termino, señor presidente.
...Se terminan consolidando mecanismos que son perversos. El oficialismo mostró que no hay peor espina que la de su propio palo y así lo hizo en este proyecto. Es lo peor que podría haber hecho: consolidó un proyecto propio que a todo el resto de la oposición nos obliga a presentar proyectos alternativos, porque al bien protegido lo están desprotegiendo en función de la revancha. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta. Le restan dos minutos.

Sr. Biella Calvet.- Señor presidente: en sintonía con lo expuesto por el señor diputado Tunessi y otros legisladores, y lo expuesto por la señora presidenta de la Nación como política de Estado el día de su asunción en cuanto a generar fuentes de empleo genuinas y la inserción de la industria en todos los sectores de la República Argentina, debemos tener en cuenta que Papel Prensa genera cientos de puestos de trabajo en forma directa y los triplica en forma indirecta.
Como legislador salteño tengo que buscar el bienestar de mis conciudadanos y hoy por hoy mi provincia encabeza la estadística de desocupados en el país, y hemos quedado fuera de la promoción industrial provincial por la ley de presupuesto votada ayer.
Con nuestro dictamen de minoría apostamos a la inserción de estas industrias en el interior del país. De esta manera, estamos en contra de los monopolios, no solamente privados sino también estatales.
Es importante recordar que casi el 30 por ciento del papel prensa hoy por hoy se importa, así como el ciento por ciento del papel de revista de calidad.
Con este proyecto podríamos hacer que se abastezca a todas las provincias de este elemento. En el caso de Salta se podría exportar al sur de Bolivia y al norte de Chile.
Más del 50 por ciento de los ciudadanos le dieron el poder a la señora presidenta, pero el ciento por ciento de ellos nos dieron el mandato de controlar y legislar sobre este poder. Como diputados estamos obligados a velar por los ciudadanos, las familias y la comunidad, independientemente de la bandería política que enarbolemos.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. De Ferrari Rueda.- Señor presidente: vengo del interior del interior, donde sabemos lo difícil que es el libre e irrestricto acceso a la información y a la libertad de expresión. Es un derecho constitucional que cada vez está más alejado del ciudadano común.
Advierto que hay una clara diferencia entre los enunciados de este proyecto de ley y la parte operativa. Si mal no recuerdo, ya lo expresó con bastante humor el señor diputado Solá en el plenario de las cinco comisiones.
No encuentro mejor manera de honrar esta banca que hacer alusión a las palabras de un politólogo francés del siglo XIX, cuyo apellido casualmente ha dado origen al nombre de la ciudad de la que soy oriunda. Me refiero a Eduardo Lefebvre de Laboulaye, quien decía que conciliar la centralización administrativa, que es la negación de la libertad, con la libertad, que es la negación de la centralización, es un absurdo en teoría y una imposibilidad en la práctica, porque una fuerza destruye a la otra.
También quiero advertir que con tanta centralización, derivada de éste y de otros proyectos llamados política de Estado por el gobierno nacional, tendremos pluralidad de canales con idéntico discurso.
Finalmente, ya que nos acusan de estar a favor de un monopolio actual, quiero citar otro pensamiento del siglo XIX: proclamar la libertad, la Justicia y la moral para violarlas todos los días es un mal mayor que el despotismo y la tiranía. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Aguad.- Señor presidente: ejerceré mi derecho a la crítica haciendo dos comentarios a título personal.
En primer lugar, creo que estamos perdiendo el tiempo porque las sesiones extraordinarias deben servir para tratar temas estratégicos para el país. En la sesión de ayer, el señor presidente de la bancada oficialista ‑diputado Rossi‑ comparó ante la vista de todos dos diarios y, casi con sorna, se rió de la crisis europea.
Europa compra el 30 por ciento de nuestras exportaciones de productos manufacturados, es decir, con valor agregado. Riámonos de la caída de la Eurozona, y empecemos a pensar en los puestos de trabajo y en los salarios que se perderán en la Argentina. (Aplausos.)
Los excedentes de exportación de China y Brasil se deben colocar en alguna parte del mundo. Entonces en estas sesiones extraordinarias deberíamos estar debatiendo acerca de cómo se blinda nuestro país de la crisis que se avecina en lugar de reírnos de los problemas ajenos, que en realidad son los problemas de nuestros compradores. (Aplausos.)
Por otra parte, quiero decir a la señora miembro informante –a quien respeto mucho- que las políticas de Estado no son las que anuncia el gobierno. Por el contrario, las políticas de Estado son de la sociedad argentina; surgen de acuerdos con los partidos políticos, duran años y años, y nadie las puede tocar. Les puedo garantizar que el próximo gobierno derogará esta ley, cuya sanción es un hecho casi consumado; por eso me estoy refiriendo a sus consecuencias.
Aclaro que estoy hablando a título personal porque defiendo a los medios; sobre todo, a aquellos que nos critican. Con este proyecto de ley, a quienes se quiere acallar es a los medios que critican. ¿Saben por qué? Porque hay una enorme debilidad en el relato oficial. El paraíso que nos quieren vender tiene una enorme debilidad; entonces, hay que acallar a quienes lo critican. Ese es el problema que hay detrás de Papel Prensa, de la televisión, etcétera.
Pero no hay forma de silenciar la realidad, señor presidente. ¿O acaso ustedes creen que hace falta leer Clarín o La Nación para enterarse de que las sidra no vale 3 pesos o de que el precio de la canasta navideña no es de 11 pesos? (Aplausos.) ¡Por Dios! El problema que tiene el oficialismo es con la realidad. La inflación que carcome el salario de los trabajadores no es un problema de la prensa sino la consecuencia de un modelo económico agotado.
No miren a la prensa y escuchen las críticas. La prensa libre es la que critica; si no, no es prensa libre. Como dice Verbitsky: si no critica, hace propaganda. Eso es justamente lo que hacen los medios oficialistas. Basta leer o ver algunos de esos medios –como por ejemplo 6, 7, 8- para advertir lo que es la propaganda política pagada con dineros públicos.
Ustedes quieren callar la crítica. Por eso les rindo un homenaje a los periodistas que muestran lo que el poder quiere ocultar. Esa es la prensa. Es el sistema de convivencia que elegimos para vivir en este país. No respetar el sistema de convivencia significa no respetarnos a nosotros mismos.
Se están poniendo en juego dos valores fundamentales de la Constitución Nacional: la libertad de expresión sin censura previa y el derecho de propiedad.
El problema consiste en las consecuencias que este proyecto va a traer para dentro, pero también para afuera. El desprestigio que va a sumar la Argentina con la aprobación de este proyecto de ley no se puede medir en términos concretos. Lo veremos con el tiempo.
Si el oficialismo realmente quisiera democratizar la información, en vez de considerar este proyecto estaríamos tratando el libre acceso a la información pública que en la Argentina es información privada del gobierno, o estaríamos tratando la distribución de la pauta oficial que desde 2003 a hoy subió de 43 millones a 1.500 millones de pesos. También podríamos estar tratando cómo se cumplen los fallos de la Corte. Por ejemplo, en el caso “Perfil”. El gobierno ha ignorado y desobedece la orden de la Corte Suprema de Justicia que obliga a ser ecuánime en la distribución de la publicidad oficial.
¡Eso tendríamos que estar discutiendo! Este es un proyecto que tiene por finalidad una revancha contra medios que son críticos. “Hay que tapar la realidad en la Argentina.”
No me voy a extender. Llegó el tiempo de la Corte. El último eslabón para defender un sistema de convivencia en el que todos queremos vivir será la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este proyecto va a ser aprobado con la obediencia debida del oficialismo en Diputados y en el Senado. Apelo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que anule este atropello a la libertad y a la propiedad. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, que cuenta con ocho minutos para su exposición.

Sr. Alfonsín.- Señor presidente: para ponerme a resguardo de eventuales acusaciones quiero hacer algunas aclaraciones muy parecidas a las que formulé el otro día en la reunión conjunta de comisiones en la que se aprobaron los distintos dictámenes.
En general –no tiene nada de extraño-, no me siento representado desde el punto de vista político o ideológico por ningún medio de comunicación. No tiene nada de extraño esto. Tampoco me siento representado por aquellos medios con los que el gobierno se ha embarcado en una pelea a muerte. Tampoco estos medios expresan lo que yo pienso política o ideológicamente. Tampoco estos medios –y el oficialismo lo sabe- expresan las posiciones políticas o ideológicas de la Unión Cívica Radical. Y aunque resulte irrelevante tampoco esos medios se sienten expresados por las posiciones políticas de quien habla.
Sobre los medios de publicidad en general, y éstos en particular, tengo una mirada crítica. No es de hace dos o tres años, porque hace dos o tres años el oficialismo se reunía en Olivos todos los días con el principal dirigente de alguno de estos medios, o prorrogaba las licencias de televisión, o permitía las fusiones a las que se hizo mención acá o los transformaban en vehículos de las primicias, lo que les daba una ventaja extraordinaria en el mercado comercial.
No es de hace dos años que tengo una mirada crítica hacia los medios de comunicación, sino desde 1983. Creo que es la que debemos tener, así como los medios de comunicación deben tener una mirada crítica en relación con la política, con los empresarios y con los sindicatos. En realidad, esta mirada crítica debería tenerla también la sociedad, la democracia exigente, aquella que nos asegura la posibilidad de ir resolviendo los problemas que debemos resolver. Y la democracia exigente requiere ciudadanos críticos. Crítica constructiva, por supuesto.
Como decía, creo que los medios no han cumplido una tarea importante a la hora de mejorar la calidad de la democracia en nuestro país, como podrían haberlo hecho. Me parece que no han contribuido a mejorar el nivel y la calidad de la deliberación, e incluso pienso que algunos están demasiado influidos por cierto sesgo ideológico que les hace perder objetividad.
Podría hacer muchísimas más consideraciones acerca de lo que sucede con los medios de comunicación en la República Argentina y en el mundo, pero no vale la pena. Ocurre que los medios son producto de esta sociedad, al igual que los políticos, los sindicatos o los empresarios. Y los mismos déficits que tiene la política, los políticos, los empresarios y los sindicatos, también los tienen los medios de comunicación.
Somos una sociedad políticamente joven, por lo menos en términos democráticos. Somos una cultura política todavía no demasiado sofisticada. De todas maneras, me parece que hay una diferencia: algunos se dan cuenta de los déficits, aprenden y procuran corregirlos mientras que otros creen que está todo perfecto, que no hay nada que corregir y que solamente el adversario o el que pertenece a otra actividad es el que comete errores.
Me imagino que, al igual que el otro día, estarán aquí presentes algunos representantes de los medios que son titulares de Papel Prensa. Para hablar con absoluta nobleza, creo que efectivamente es posible que haya habido comportamientos no muy adecuados, un abuso de la posición dominante de Papel Prensa y que ello haya afectado negativamente la libertad de prensa mediante la menor utilización de papel por parte de otros medios de comunicación.
Quiero aclarar que yo no soy de los ultraliberales que creen que el agravio a la libertad de prensa o a cualquier otra libertad o derecho sólo puede provenir de la política, del Estado, o que en la sociedad civil –como se dice- o en el mercado nadie agravia la libertad de nadie y que todos son iguales en cuanto a su poder.
En la sociedad civil también existe poder. Lo que ocurre es que se despliega de otra manera, se trata de una tecnología del poder diferente de aquella que se utiliza en política. Pero hay poder, y se puede abusar de ese poder que existe en la sociedad civil afectando derechos de quienes se encuentran en inferioridad de condiciones. Aquí el Estado debe estar para protegernos. Y no me parece que sea esto lo que se intenta con este proyecto de ley; no es este el espíritu que anima la presente iniciativa. Lo dije el otro día y lo repito: más que inspirado en la necesidad de garantizar la libertad de información –y lamento constatar esto- está inspirado en el espíritu de venganza después del conflicto iniciado a partir del debate de la resolución 125.
Ahora bien, si efectivamente ocurrieron estos comportamientos abusivos a partir de la posición dominante en el mercado, ¿sabe por qué ocurrieron? Porque el Estado no hizo lo que tenía que hacer: en lugar de defendernos frente a los que más poder tienen en la sociedad civil o en el mercado, no actuó como debió actuar. Tenía todas las herramientas; en lugar de permitirle la función debió haber dicho que no; en vez de prorrogar la licencia no debió haberlo permitido; en lugar de darle todas las primicias debió habérselas dado a todos los medios y debió haber apelado a la ley de defensa de la competencia, a la ley antimonopolio a la Constitución Nacional, a la jurisprudencia de la Corte y al Convenio Internacional de Derechos Humanos para impedir estos casos. Nada de esto se hizo; el Estado no lo hizo.
No quiero decir con esto que no haya que sancionar una norma para prevenir que ocurran este tipo de cosas en el futuro. Por eso nosotros presentamos una alternativa.
La norma que estamos tratando en el fondo genera condiciones para que el Poder Ejecutivo –éste o el que venga‑ pueda interferir de manera negativa en la libertad de prensa para los argentinos, razón por la cual nosotros no podemos aprobarla.
No sé por qué el apuro, porque hoy en día Papel Prensa no representa ningún riesgo, porque todos tienen acceso al papel a través de la importación. Creo que incluso los titulares de la empresa importan papel. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué tienen que sancionar ya esta ley? Se trata de una cuestión muy importante y delicada.
Para finalizar, señor presidente, quiero que además tratemos, como decía el señor diputado Aguad, otras leyes: sobre publicidad e información, así como también una ley que regula cómo se utiliza la televisión pública.
Copio de nuevo a Martín Caparrós. No me parece mal que exista 6, 7, 8; lo que me parece mal es que exista un solo 6, 7, 8. Nosotros también queremos tener en el canal público un 6, 7, 8 y que nos traten como lo hacen con el oficialismo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Amadeo.- Señor presidente: al igual que lo he hecho en esta maratónica serie de discusiones, y lo voy a seguir haciendo en cada intervención que me toque en las próximas horas, quiero afirmar que lo que estamos discutiendo aquí obviamente no es un problema económico, porque no es un problema ligado a la oferta o demanda de papel.
Otra vez más, y en esto coincido con algunos de los diputados preopinantes, estamos discutiendo el modo de construir y ejercer el poder. Estamos discutiendo con el oficialismo un concepto equivocado, yo diría un concepto perverso, que es el concepto de que la política es conflicto. Si la política es conflicto, el adversario debe ser silenciado, porque no hay opiniones diferentes aceptables.
Por lo tanto, toda opinión diferente es conspirativa, y la prensa no complaciente es siempre conspirativa, como lo dijo la señora presidenta el sábado pasado donde está sentado usted, señor presidente. Todo lo que no nos gusta es una gran conspiración y por lo tanto debe ser silenciado.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

Sr. Amadeo.- Esto está no sólo en el discurso y en las agresiones cotidianas a los periodistas: está en las acciones, en ocho años de concebir a la política como un conflicto, en la cotidianeidad de 6, 7, 8, Duro de Domar y los demás espacios mal pagados con el dinero público; está en la obligación de repartir equitativamente la pauta publicitaria que fue condenada por la Corte, en las agresiones físicas e intelectuales a los periodistas y en el intento escandaloso pero fracasado de mentir la realidad de los precios a través de silenciar al INDEC.
Esto, señora presidenta, es –como bien dijo la señora diputada Di Tullio‑ una política de Estado. Esto es lo que estamos discutiendo: una política de Estado. Figura en la introducción del proyecto que estamos debatiendo en este momento. Donde dice: “Se ha dicho con razón que controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre, es controlar la información”. A confesión de parte, relevo de prueba. Esta ley es casi intrascendente, porque esta es la política de Estado del gobierno, y no estamos en situación de debilidad de un gobierno acorralado.
Voy a mencionar los veinticinco medios adictos al gobierno que todos los días no hacen sino inclinarse a través del periodismo militante ante los que los mandan: Canal 7, Encuentro, Radio Nacional, Télam, Telesur, Tiempo Argentino, El Argentino, Newsweek, Veintitrés, CN23, 7 Días, Miradas al Sur, Diagonales, Página 12, T 60” TV, INCAA ATV, PakaPaka, TA-TE-TI, Radio de las Madres, Sistema de TV Digital, “Fútbol para Todos” y otros más que están en el campo de los adictos pagados.
Este es el aparato del gobierno destinado a silenciar inútilmente la realidad, y no voy a insistir para no perder demasiado tiempo en el tema del uso escandaloso de la pauta pública, porque me van a decir a mí.
Decía la diputada Di Tullio cómo podíamos aceptar este escandaloso hecho de que los diarios tuvieran que comprar papel a sus máximos opositores. Entonces, no podemos callarnos la boca frente al hecho de que los medios independientes tengan que bajar la cabeza ante el uso escandaloso de los fondos públicos para la publicidad.
Esta es la verdadera estructura de las comunicaciones en la Argentina, no la que nos quieren vender, victimizándose frente a la posición de dos medios y una fábrica de papel.
Esta política de Estado que inauguramos hoy pretende basarse en conductas pasadas, ligadas a eventuales delitos, a eventuales problemas de derechos humanos, utilizados como excusa. No quiero entrar en este tema, que ha sido uno de los escarnios de este gobierno, es decir, la utilización del tema de los derechos humanos para justificar esta operación.
Si esto fue cierto es porque –como bien dijo un diputado preopinante‑ acá hubo abandono del Estado porque existe la legislación de defensa de la competencia a la que se podía haber acudido para evitar esos eventuales desvíos, pero ese no es el tema. Aquí no estamos discutiendo política antimonopólica. Insisto: lo que estamos discutiendo es el silencio a las ideas diferentes.
Tampoco es este un problema económico. Cualquier estudiante de primer año de economía nos dirá que hoy día el papel es una commodity, una materia prima súper ofertada, cada vez más. Gracias a la Internet sobra papel en el mundo. Por lo tanto, si alguien no puede conseguir papel en una fábrica local, llama a un distribuidor de papel y al día siguiente le traerá lo que necesite de Montevideo. Entonces, tampoco estamos discutiendo eso.
Lo que pasa es que también hay un doble discurso. Por un lado nos llenamos la boca hablando del Estado omnipresente, del Estado que nos va a proteger, y por otro lado, no sabemos, no podemos o no queremos utilizar las herramientas que el mismo Estado tiene para hacer cumplir la ley.
Cuando hablamos de esto estamos refiriéndonos a aspectos centrales de nuestra vida en común, básicamente la democracia, esa palabra que está muy poco en los discursos presidenciales. No se habla demasiado de democracia. La democracia es esencial a nuestra vida, a nuestro modo de construir, y se expresa en los instrumentos legislativos e institucionales, como el artículo 32 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Interamericana, que son esenciales a nuestra forma de vida.
Este proyecto no quiere declarar de interés público la producción de papel. Este proyecto quiere declarar de interés público el libre pensamiento. Esto es lo que está queriendo hacer este proyecto. Quiere que el libre pensamiento, el pensamiento crítico, sea objeto de control por parte del Estado. Ésta es la esencia del proyecto.
Me pregunto yo, ¿es éste un modo progresista, porque estamos en un momento de progresismo, de construir la democracia? Frente a lo que voy a decir en algún momento alguien me dirá que nosotros somos argentinos y no tenemos nada que aprender de otro lado.
El presidente Lula dijo que el término democracia no es una media palabra sino una palabra entera. “El aprendizaje de la convivencia entre los más diversos sectores políticos es mi más grande aprendizaje en estos 8 años de Presidencia”.
Esa es una enseñanza estupenda para quien cree que la democracia es un valor inconmensurable en el arte de hacer política. Este grande, este trabajador, aprendió a escuchar, aprendió que la diferencia sirve para construir un gran país, y por eso es aplaudido no solamente por millones de brasileños sino por el mundo entero.
El presidente Mujica, quien estuvo siete años metido preso dentro de un aljibe –tiene todas las razones para odiar‑, dijo que cuando un gobierno se muestra más tolerante con la diversidad, ayuda a formar una prensa respetuosa. También dijo que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y aclaro que no estoy hablando de George Bush.
Por su parte, Dilma Rousseff ha sostenido que la libertad de prensa debe ser total e irrestricta, y que debido a su historia personal –el otro día la vimos en una foto que le sacaron en medio de una sesión de tortura‑ siempre la va a respetar porque es la única alternativa frente al silencio de las dictaduras.
¿Será por eso, tal vez, que varios diputados del oficialismo se están retirando del recinto? ¿Acaso no quieren oír las cosas que no les gustan?
Quiero que quede claro que no estoy defendiendo ni a Clarín ni a La Nación. Tengo una larga historia como funcionario y puedo asegurar que no me ha gustado la manera como he sido criticado, pero he tenido siempre la obligación de respetar el derecho a que me critiquen, porque entiendo que así funciona la democracia. Si mañana el gobierno, porque gira en el aire, quisiera hacerle lo mismo al grupo Szpolski, doy mi palabra que, aunque lo detesto profundamente, lo defendería. Ello así porque creo en la máxima de Voltaire: “No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida para que usted pudiera escribirlo”. Esta es la diferencia respecto de la manera en que nosotros concebimos la democracia.
Lo que se está pretendiendo hacer con esta política de Estado es malo para el país. Los países exitosos son el resultado de tres variables: compromiso social, economía previsible e institucionalidad. Así les ha ido bien a todos nuestros países vecinos que no tienen estos efluvios antidemocráticos.
Para que esas tres variables puedan verificarse en la realidad hay que saber escuchar las posiciones diferentes; nadie tiene la verdad absoluta. Ayer, mientras tratábamos el proyecto de presupuesto, dije que este Congreso, con mayoría oficialista, sancionó seis presupuestos sin la asignación universal por hijo, porque no querían oír a quienes, desde fuera de la política, decíamos que había que dictarla. Entonces, para que un país tenga estas condiciones se debe escuchar a los que opinan diferente.
Esto que estamos intentando hacer ahora es también inconstitucional, por las razones que se han dicho. Pero también quiero decirle al oficialismo que esta es una batalla perdida. Como bien señalaba el señor diputado Aguad, la realidad supera los intentos de controlarla. La Internet dice lo que no se quiere decir, y aun teniendo diarios adictos no se puede tapar la realidad, como tampoco van a poder tapar mañana la realidad de un movimiento obrero que hoy le está diciendo basta a este proyecto que quiere expulsarlo de la política.
Por lo tanto, no alcanza con tener diarios adictos y tratar de tapar a los demás. Este proyecto es malo para el país, es inconstitucional, es malo para la construcción de la democracia, pero también –me permito advertírselo al gobierno- es una batalla perdida. La lucha por la democracia, por las ideas diferentes, por el no silencio, en una palabra, la lucha por la dignidad, ya está ganada a pesar de estos proyectos. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Asseff.- Señora presidenta: unos de los padres del federalismo argentino, José Gervasio de Artigas, dijo que “ni por asomo” su lucha era por la independencia. Yo digo que ni por asomo mis palabras son en el carácter de defensor de Papel Prensa, de La Nación, de Clarín, ni de ningún interés sectorial o particular involucrado en este asunto. Simplemente me tomé el tiempo para estudiar algunos puntos de este proyecto de ley –como corresponde a mi responsabilidad‑, y así advertí que el artículo 5º habla de propender a la producción nacional y a la competencia; el artículo 9º dice que hay que crear un nuevo registro; el artículo 14 establece la creación de una comisión para analizar la situación y evolución del mercado internacional y local, y el artículo 17 prevé la obligación de publicar los balances. Hago esta enumeración porque quisiera que alguien me diga si faltan leyes para hacer todo esto. ¿No creen que ya contamos con sobreabundante legislación en la que se prevé todo esto y mucho más?
En este sentido, quisiera referirme a los dos tipos de leyes que, en mi humilde opinión, tienen la majestad de tal. Unas, son las leyes que se cumplen; las otras, son las que están en el orden natural de las cosas, que emanan de la propia Constitución; son las leyes que ni siquiera hay que pensarlas, porque ya están y, por ende, no deben existir como ley. Esto lo especificó muy bien el señor diputado Amadeo al referirse a las palabras sensatas y criteriosas del presidente Mujica.
¿Para qué existe la ley de defensa de la competencia? ¿No podría apelarse a ella, sin necesidad de convocar a extraordinarias, para llevar a cabo un debate que no es para nada estratégico ni prioritario, porque no es un tema que preocupe, inquiete o conmueva a la opinión pública? ¿Para qué queremos nuevos registros? ¿Acaso no contamos con una larga y sobrada experiencia de que todos los registros habidos y por haber no han podido controlar las trampas que siempre están a la orden del día? ¿Queremos un nuevo registro para crear otra capa adiposa del sistema burocrático? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Estas son todas mis preocupaciones en torno a este tema.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.

Sr. Asseff.- Por otro lado, la señora miembro informante nos dijo que estábamos frente a una política de Estado. En mi opinión no es así, porque una política de Estado es demasiado grande, demasiado magnífica y lleva tanto tiempo pendiente en la Argentina como para que, por esta vía, introduzcamos esta mal llamada política de Estado. Una verdadera política de Estado sería que haya libre acceso a la información, y que ese acceso sea igualitario para todos los sectores y para todos los ciudadanos. Creo que estamos muy lejos de cumplir con ese objetivo a través de este proyecto de ley.
Si me permiten, quisiera hacer dos referencias de índole personal. Se ha dicho muchas veces que el monopolio privado –ese que podrían corregir mediante la aplicación de las leyes vigentes‑ ha lesionado y perjudicado a multiplicidad de medios en la Argentina. En este sentido, en los últimos treinta años he recorrido las ciudades de mi provincia y del país, y podría darles un ejemplo: estuve innumerables veces con el director del diario La Mañana, de Bolívar, esa entrañable ciudad, un diario como cualquier otro de cualquier otra localidad de la provincia de Buenos Aires, o de La Rioja, del Chaco o de Comodoro Rivadavia, y de tantos otros sitios de nuestro país.
A lo mejor no me vieron cara de que podía ser vehículo para que expresen su protesta, pero nunca me dijeron una palabra en cuanto a que tuvieran una angustia en materia de papel. Nunca lo hicieron.
Entonces, ¿dónde está tanta gravedad en un mercado que, como bien dijo el señor diputado Amadeo, hoy por hoy está sobre ofertado y que además está en retirada?
Claro que la Argentina está atrasada en materia de “despapelización”, pero inexorablemente vamos a tener que caer en esa nueva onda del mundo que es la “despapelización”.
Internet está avanzando a pasos acelerados para la información, también para la desinformación, y la desfiguración de la información. Eso sin duda alguna. Ahí tendríamos que estar estudiando cómo garantizar los derechos y las libertades que establece nuestra Constitución y tornarlas operativas. Pero no veo cuál es la necesidad fundamental de sancionar una ley sobre una materia que no es exactamente prioritaria en este momento.
Para terminar, quiero decir simplemente que me parece que declarar de interés público al papel de diario, tal como está redactada la norma, es una formidable compuerta que se abre, otra más para que el Estado tenga la posibilidad del uso discrecional de las normas, no en función de los grandes intereses que representa como país sino -como suele ocurrir en nuestra Argentina- de los intereses partidistas o sectoriales de los gobiernos de turno, que ninguna vinculación tienen con el interés general.
Me parece que no debemos desconocer el artículo 32 de la Constitución; en todo caso, si vamos a legislar hoy sobre esta materia, tendríamos que entender que este Congreso Nacional se trasforma en legislatura local de la ciudad de Buenos Aires, porque la Constitución veda que el Congreso Nacional legisle en materia de prensa.
Esta veda constitucional me parece que debe ser tenida en cuenta a la hora de que los señores diputados voten este proyecto de ley.
Expreso mi rechazo a este proyecto, que no voy a votar. Como además del consenso de mi bloque ejerzo el ejercicio de la libertad de conciencia cívica, ratifico que no creo en esta iniciativa y, como no creo, no la voy a apoyar. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.

Sra. Bianchi.- Señor presidente: antes de comenzar a hablar sobre este proyecto quiero expresar y poner de manifiesto que su inclusión constituye una muestra ejemplificadora de lo que significa una forma intempestiva y carente de todo debate u opinión de manejarse esta Cámara.
Esto nos da muestra de cómo se va a conducir la Cámara de aquí en adelante pero sin perjuicio de ello, quiero dejar constancia de que no voy a claudicar en mi compromiso de legislar. Ese compromiso lo asumí el 23 de octubre con el pueblo de mi provincia, San Luis, porque a nosotros, los que estamos de este lado, el pueblo también nos votó y por eso estamos sentados teniendo la misma representación que los que están de aquel lado.
Por supuesto que voy a hacerlo conforme a mis convicciones y al derecho y, sobre todo, respetando la Constitución Nacional por la que todos juramos.
En primer lugar, el artículo 1° del proyecto enviado por el Poder ejecutivo busca en forma encubierta expropiar una empresa privada sin sustento alguno ni ningún tipo de indemnización para los actuales propietarios.
Todo ello sin dejar de mencionar que la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene por objeto regular dicha actividad, lo que se encuentra prohibido tanto en nuestra Constitución como en la legislación internacional.
Conforme a ello –y a pesar mío‑, puedo afirmar que este proyecto, además, hace caso omiso a lo que señala la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que expresamente prohíbe establecer controles sobre el papel para diarios. Asimismo, viola lo prescripto en el inciso 2° del artículo 13 de dicha Convención, que señala que no se puede cercenar la libertad de expresión, incluso a través de medios indirectos.
En segundo lugar, el artículo 10 del proyecto establece que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación. A su vez, el artículo 11 menciona que el Congreso ‑o sea, todos nosotros‑ le delega al ministerio antes mencionado la posibilidad de dictar normas regulatorias.
En consecuencia, de ese artículo se infiere que no sólo la actividad va a estar regulada mediante este proyecto, sino que también se delegan facultades al Ministerio de Economía para emitir normas regulatorias, lo que constituye una violación al artículo 32 de la Constitución Nacional.
Finalmente, quiero detenerme en uno de los ejes esenciales que fundamenta mi oposición absoluta al proyecto. Considero que la iniciativa cercena y restringe la libertad de expresión, que es el más fundamental de los derechos humanos. Sin la posibilidad de opinar libremente, denunciar injusticias y clamar por cambios, el hombre está condenado a la opresión y al silencio.
Por esa misma razón el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, según mi perspectiva sobre el proyecto, tanto por gobiernos de turno, que podrían querer introducir cambios, como por personas individuales, que podrían tratar a veces de imponer su ideología o sus valores personales, acallando simplemente a los otros.
En ese sentido, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos destacó el avance negativo del proyecto en la Argentina. Dijo que si bien es cierto que existe una tensión entre la prensa y los gobiernos –algo normal por la función que cumplen ambos‑, también aclara que la polarización es grave, porque cierra los espacios para el debate y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor su papel.
Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa de Miami expresó este miércoles su terrible preocupación y rechazo a la iniciativa de declarar al papel para la prensa como de interés público en la Argentina. Ellos también lo ven como una amenaza a la libertad de prensa del país.
Esta medida vulneraría principalmente los fundamentos sobre la libertad de prensa que figuran en la Declaración de Chapultepec y en otros tratados internacionales.
Además, se dice que no tiene sentido que el gobierno argentino concrete esta medida, ya que no hay desabastecimiento y los periódicos pueden importar libremente el papel; asimismo, este tipo de regulación no se aplica a otras industrias.
Los argumentos esgrimidos por mi parte y lo sostenido también por la Corte Suprema de Justicia sobre la violación a los artículos 14, 28 y 32 de la Constitución Nacional son temas a tener en cuenta y para nada son cuestiones menores.
La Constitución, al legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia. Es decir, la esencia democrática del país, justamente contra toda posible desviación tiránica del poder de turno.
Por eso concluyo afirmando que nos costó muchos años recuperar y afianzar la democracia en nuestro país frente a tantos años de oscuridad, de violación de derechos humanos, de carencia de ellos y de la falta de posibilidades de poder expresarnos libremente.
Por supuesto que quiero un Estado que funcione y controle, pero no quiero un Estado intervencionista que haga caso omiso de las garantías constitucionales de un país. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez (E.F).- Señor presidente: compartiré mi tiempo con la señora diputada Margarita Stolbizer.
Tengo para mí que la holgada mayoría oficialista le resta pasión e interés a los debates. En definitiva, algunas de nuestras intervenciones se pueden transformar en una lucha contra el tedio.
Intervengo entonces con la única expectativa de ser escuchado y que todo lo que aquí se diga pueda servir para el futuro de la libertad de expresión en la Argentina, pues hoy el proyecto de ley bajo tratamiento será aprobado por el oficialismo, con lo cual simplemente traigo al recinto nuestras convicciones.
En tal sentido, no nos cabe duda alguna que esta ley tiene nombre y apellido; es más, para ese nombre y apellido se trata del anticipo del final, de mostrar el garrote antes de usarlo, oportunidad que tendrá su concreción cuando el Poder Ejecutivo reglamente el marco regulatorio.
Por ello, verdaderamente referirse al articulado no tiene ningún sentido, pues el concepto de interés público que se introduce difusamente sólo procura consagrar una amenaza en latencia. Después vendrá el mazazo.
Pero vuelvo a los nombres: Clarín, La Nación, en nuestro caso La voz del interior, toda la prensa vinculada a este gran grupo periodístico convertido en potencia económica y en formador de opinión.
Memoro el 12 de setiembre de 1979, oportunidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la República Argentina. En tal ocasión el Partido Justicialista, con la firma de Deolindo Bittel, y según conozco con la imprenta del hoy Procurador General de la Nación, tuvo la posibilidad de expresarse a través del diario de Mitre, el diario del patriciado, el diario de la oligarquía: “Nosotros, hombres del Justicialismo, no hemos de permanecer impasibles, no hemos de hacer de nuestro silencio una conducta. Sentimos un imperativo, producto de nuestras convicciones y de nuestra larga y dura militancia en la causa de la Patria. En consecuencia, el dolor de una madre es nuestro dolor; el dolor de un hijo es también nuestro; el obrero al que le falta el pan y no le permiten decir lo que le falta, se hará voz en nuestras voces. Y esto, nos compromete a asumir el dolor de aquellos que padecen la cárcel a través de ‘Actas’, ‘Decretos’ o ‘Bandos’ en las prisiones, embajadas, domicilios y confinamientos y de los que padecen –y son millones- este exilio interior de la represión, el silencio y el hambre”.
Cuando todos callaban o eran socios de la dictadura, yo tuve la oportunidad de leer esto en La Nación y luego en las copias de ese comunicado que comenzó a circular entre los compañeros dispersos.
No lo vi expresado en Nuestra Palabra, o en diarios similares a los que hoy imprime el grupo Spolski.
Recuerdo también la solicitada publicada en La Nación, la primera emitida por las madres incipientes y fundadoras, que motivó el secuestro masivo en la Iglesia de la Santa Cruz, la muerte de los familiares y el actual acto de justicia con los marinos involucrados salidos de la ESMA.
Memoro la pregunta expresa del jefe de redacción de La Nación al dictador Videla sobre los miles de presos de la dictadura y el tratamiento a otorgárseles.
No me importa si esa fue la ventaja de ser socio de Papel Prensa o ser hijo, nieto o bisnieto de Bartolomé Mitre, lo que puede haber presumido alguna cobertura. Nosotros lo pudimos leer y queremos seguir leyéndolo en el futuro.
Admito también, para ser sincero, que nada de esto vi en Clarín ni en La voz del interior durante todos esos años, remitiéndome a verdades contemporáneas fácilmente corroborables.
Necio sería negarlo; tenemos nuestros particulares reparos, nuestras fundadas cuitas, que tal vez algunos tildarán de provincianas, con el Grupo Clarín, según intentaré explicar.
Vuelvo también a esta postura de la política frente a los grupos económicos y, fundamentalmente, a Papel Prensa y la prensa gráfica.
El señor diputado Amadeo citó previamente al gran Lula. No se me olvida la amargura de Lula en 1989, cuando los poderes fácticos de Brasil le birlaron la posibilidad de ejercer la presidencia de la República a través de la red O’Globo, inventándole un rival para vencerlo. Pero la realidad supera el armado de cualquier gigante periodístico. Perdió Lula, pero Collor de Melo terminó echado por su pueblo y el primero quedó fortalecido para llegar a la presidencia de Brasil y ser reelegido posteriormente.
¿Tomó Lula revancha contra la red O’Globo? Jamás. Los grandes no se vengan. No hace falta que lo hagan; dejan que la verdad fluya y que el pueblo hable.
Tampoco quiero soslayar el tendencioso encuadre informativo del diario Clarín en contra de la presidenta. No he venido a hacerme el tonto. ¿Qué sucedió luego de tapas, copetes y mensajes sistemáticamente opositores? La señora presidenta ganó con el 54 por ciento de los votos; en política práctica, sólo haría falta dejar las cosas como están –para que se quede tranquilo el oficialismo-, porque el pueblo vota como quiere y la exacerbación periodística opositora es un bumerán que sólo logra no ser leída. Cuando un medio de la magnitud de Clarín asume, se integra y se difunde como pitonisa del fracaso, el público sólo lee el suplemento “Deportes”.
¿Le hace falta a la señora presidenta una respuesta directa al grupo Clarín? No y mil veces no, en nombre de valores superiores. Descreo de aquello de que la victoria no da derechos. Sí los da; lo que ocurre es que los grandes gobernantes saben cómo equilibrarlos y la prudencia ennoblece a quienes ejercen el poder con amplitud.
Quienes tenemos memoria –el señor diputado Rossi se refirió a las generaciones de los años 70, 80 y 90-, recordamos que en los comienzos de Papel Prensa, allá por 1972 –figura en la exposición de motivos del proyecto de ley en tratamiento- el general Perón se quejó airadamente en el exilio sobre la forma en que se distribuían los diarios. En aquella época, la lectura en papel era mucho más importante que hoy en la Argentina.
Un personaje conocido como el Cholo Peco, quien era distribuidor, decidía qué se leía y qué no en el país, como así también a qué hora llegaban los diarios y las revistas a los quioscos. Era el “cholopequismo” de la prensa gráfica argentina, como decía el general Perón con su proverbial picardía para los motes.
En el año 1973, el presidente Cámpora obtuvo el 50 por ciento de los votos. Seis meses después, el general Perón logró el 62 por ciento. Sin embargo, no tomó ninguna medida contra la libertad de prensa ni contra de aquellos diarios que integraban esa trenza monopólica de patota durante su mandato presidencial. ¿Para qué iba a hacerlo, con los guarismos electorales que había alcanzado?
En el año 1979, en oportunidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un hijo del grupo Clarín en la provincia de Córdoba –me refiero a La Voz del Interior- señalaba mediante un escriba del Partido Comunista, desde luego protegido por entonces, que esa visita servía para el futuro y que el pasado debía cerrarse. Hoy se presenta como editorialista progresista y democrático procurando, como el diario que le paga, que el Frente Cívico no exista más en la provincia de Córdoba.
Nunca falta el cortesano que acompaña al gobernador en sus viajes al exterior. La publicidad oficial provincial hace milagros. Como será de cierto que quien reclamó a las Madres que no hubieran cuidado antes de sus hijos desaparecidos, o reivindicó como un honor no haber estado nunca cerca de las formaciones especiales del peronismo ‑sintiéndose por ello un hombre de centro derecha‑, fue, es y será el candidato del grupo Clarín para todo cargo que aspire; incluso, la carrera presidencial.
Ni siquiera ese maltrato que oculta la realidad y sacraliza un contubernio provincial puede nublarnos la vista.
Con gran atención escuché el sábado pasado a la señora presidenta defendiendo su modelo nacional y popular. En dos oportunidades se refirió al aditamento político, adosando calidad a la caracterización.
Esa convicción democrática debe llevar al oficialismo a despejar la más mínima duda sobre la vigencia futura de la libertad de expresión, que es nuestra real preocupación, por fuera del interés empresario. Si se quiere, durante la última campaña provincial éste fue para el Frente Amplio Progresista y para el Frente Cívico un adversario comunicacional descarado, juzgado y sesgado a favor de otras opciones políticas.
La señora presidenta es fuerte por los votos del pueblo. Entonces, ¿para qué quiere mostrarse cesarista con aquellos “apoldcitos” de las ocho de la noche que pretenderán extender sus obsecuencias indignas a toda la prensa gráfica? No le hace falta. Nosotros no queremos tener un 6,7,8 propio. ¿Para qué vamos a promover el zapping en el uso de la televisión?
En definitiva, en la democracia son inaceptables las leyes con nombre y apellido, porque su esencia es la igualdad. Sin embargo, esta ley tiene nombre y apellido.
El 26 de septiembre de 1933, a instancias del diputado socialista independiente Roberto Noble, el Congreso de la Nación sancionó la ley 11.723 titulada Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, conocida siempre como la ley Noble. Hoy, 15 de diciembre de 2011, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sancionará la “ley innoble”.
Frente a ello y ante la necesidad de privilegiar la libertad de expresión, aun ante el grupo editor que nos denuesta e ignora deliberadamente, privilegiamos el valor democrático y constitucional votando negativamente el proyecto del oficialismo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Stolbizer.- Señor presidente: acompañando las palabras del señor diputado Ernesto Martínez voy a fundamentar la posición del interbloque del Frente Amplio Progresista, que no va a apoyar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo ni el dictamen de mayoría.
La primera observación, que hemos reiterado en el tratamiento en las comisiones, y lo haremos cuando tratemos la normativa penal, es la mala bienvenida o el mal reingreso con que el gobierno define su agenda de prioridades en los temas que incluye en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1° de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

Sra. Stolbizer.- La inclusión de una gran cantidad de proyectos en esta convocatoria a sesiones extraordinarias apunta no a otra cosa que a crear una herramienta de concentración de poder. Obviamente, un poder concentrado para perseguir a todo aquello que se les ponga por delante, lo que no es bueno.
El proyecto de ley denominado antiterrorista, en realidad termina encerrando el mecanismo ilegal de la persecución de la protesta social, y va en camino de la creación de nuevos delitos transformados después de haber sido objeto de fallas administrativas. También va de la mano de ese instrumento pensado en la búsqueda de descalificación o eliminación de aquéllos que piensan diferente.
La agenda de un gobierno que reingresa o inicia el nuevo período debería ser una que tuviera en cuenta las prioridades del pueblo y sus expectativas, además de sus sueños y necesidades. Debería demostrar la sensibilidad social propia de un temario que terminó excluyendo sobre el final del período de sesiones ordinarias la fertilización asistida o el sistema de adopción que pidió la presidenta en este mismo recinto hace poco tiempo. También debería incluir la consideración de una tarifa social frente a la quita de subsidios que, sin duda, afectará los bolsillos más pobres.
También debería incluir un debate profundo para ver qué hacemos frente a la pobreza y el trabajo precario, sacando del cajón de los recuerdos la ley de acceso a la información pública.
Sin embargo, creo que en este nuevo inicio del período de sesiones del gobierno, el oficialismo incurre en un error muy grave: entender que la legitimidad electoral ganada con el voto popular implica tener un cheque en blanco.
No hay una transferencia de sueños, de voluntades y de expectativas delegadas en la voluntad de un príncipe que decide qué hacer con un temario como el de estas características. En realidad, lo primero que hace es excluir de la agenda de prioridades las cosas que están en la agenda de quienes los votaron.
Sin ninguna duda, tal como ha dicho el señor diputado Ernesto Martínez, nosotros descalificamos la disputa de intereses que no nos involucran. No nos interesa estar, ni lo estaremos, en la discusión de intereses.
Lo que está en claro es que existe un marco jurídico, un marco político y un marco económico en la discusión de este proyecto de ley, y que en el medio existe un juego de intereses políticos, jurídicos y económicos.
El papel era un insumo estratégico en la década del 70, pero ya no lo es hoy. Entendemos que el eje de la discusión de un proyecto de estas características no debería apuntar a otra cosa que a garantizar el libre acceso al papel para los diarios en condiciones de igualdad para todos. En definitiva, de lo que se trata es de la democratización de la palabra y del acceso a la información, como se ha planteado. Deberían incluirse también algunas cuestiones más profundas en el plano de los intereses económicos o del debate económico que puede haber detrás de este proyecto, debate que ha sido limitado a la discusión con un grupo económico pero que, por supuesto, detrás de ello se termina encubriendo la carencia de una política nacional frente a la extranjerización de nuestra economía.
Todo eso no figura en la agenda de prioridades, y sin embargo todos sabemos de qué manera durante todos estos años se ha ido fugando a manos de capitales extranjeros una cantidad de recursos fruto del esfuerzo del pueblo.
Tampoco avanza la discusión de la democratización de la palabra en una decisión de restringir el capital concentrado. En realidad poco importa quiénes sean los que lo manejen, y tampoco tiene importancia que aquellos a donde pueda ir sean igualmente concentrados que los que lo tienen. No existe esa discusión en este proyecto que promueve el Poder Ejecutivo.
Existen distintos caminos para alcanzar los buenos objetivos que intentan imponernos. Hay caminos legales y también otros que son inconstitucionales. Este es el camino que ha elegido: decidió cambiar el camino de la legalidad por el del atajo y de la inconstitucionalidad.
¿Cuáles son los intereses jurídicos en juego? Obviamente que el derecho, la libertad, el marco normativo en general, las instituciones, los compromisos del Estado fundamentalmente en materia de derechos humanos, la ley o el estado de derecho. En definitiva, el marco jurídico es el que define qué está dentro y qué está fuera, es el que define la diferencia entre la legalidad y la ilegalidad.
Nuestra Constitución Nacional es suficientemente clara, equilibrada y sabia en la definición de cuáles son los derechos que corresponden a las personas, y también lo es en todas las limitaciones referidas a las posibilidades de regulación que terminen afectando o alterando el ejercicio de esos derechos.
Indudablemente, el artículo 28 que dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, constituye una primera limitación, del mismo modo que el artículo 32, que establece que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Cualquier limitación o restricción a los derechos y garantías es lisa y llanamente inconstitucional.
Si hubo un avance extraordinario de nuestro proceso democrático, ha sido la sanción de una reforma constitucional en 1994, que incorpora en el inciso 22 del artículo 75 la jerarquización de los pactos internacionales y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Esto obliga a una visión integral y universal del funcionamiento y del mecanismo operativo de garantía que el Estado debe tener sobre la vigencia de los derechos humanos y obliga a los Estados signatarios de esos convenios internacionales a incorporarlos como ley. Nuestro país lo ha hecho con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que ha sido incorporado y ratificado a través de la ley 23.054 que, al establecer en su artículo 13 la libertad de pensamiento y expresión, vuelve a imponer un condicionante para la acción del Estado en su inciso 3), cuando dice que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información o por cualquiera de los medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Más adelante voy a solicitar algunas inserciones, en particular quisiera insertar y recomendar la lectura de dos declaraciones que nuestro país también ha firmado en 1994. La primera de ellas es la Declaración de Chapultepec, que establece los diez principios de la libertad de prensa, una declaración realmente trascendente firmada por veinticuatro países de nuestra región.
Entre otras cosas ‑no voy a leerla toda, aunque sería muy bueno hacerlo‑ establece dentro de esos diez principios lo siguiente: “Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.”
Luego dice: “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.”
También hace referencia a las políticas arancelarias y cambiarias, así como a una cantidad de cuestiones que no voy a explicar ahora en su totalidad, pese a la importancia que esta declaración tiene, de la misma manera que las declaraciones sobre el fomento de medios de comunicación independientes y pluralistas, que fuera llamada “la Declaración de Santiago”, firmada por los participantes en un seminario de la Organización de las Naciones Unidas y el PNUD, que la Argentina suscribe.
No me quiero quedar en esta cuestión, porque el marco regulatorio y el interés público del que se está hablando implican siempre una declaración de amplitud y nunca de limitación.
La declaración de interés público o el marco regulatorio sirven para todo o sirven para la nada. Por eso es tan importante definir ‑dentro de lo que es el concepto sobre el papel que el Estado tiene frente a una cuestión y a un derecho tan fundamental‑ cuál es la forma en la que el Estado va a intervenir para garantizar ese derecho.
La declaración del interés público nunca puede ser usada con carácter restrictivo. Dicha declaración es para que todos puedan y no para que algunos no puedan. En realidad, hay una desvirtuación, una desnaturalización de los objetivos que se pregonan, porque cuando uno empieza a leer el marco regulatorio advierte la existencia de obligaciones que muchas veces son casi de cumplimiento imposible, lo que en realidad termina desnudando las verdaderas intenciones.
Lo que se debe garantizar es el acceso y no la restricción, pero además hay que entender que una declaración de interés público implica siempre incorporar en ella la ética del interés público. Esta ética no puede estar al servicio de los intereses del gobierno, porque el interés público se vincula justamente con el pueblo, con aquel que es el depositario final de cualquier declaración de interés público, que obviamente condiciona siempre la acción del Estado.
La ética del interés público es la no discrecionalidad, el no abuso, la no regulación autoritaria, el no discurso único. Sería casi imposible discrepar con el objetivo aludido en las referencias del oficialismo y en los fundamentos de sus proyectos.
¿Qué otros elementos juegan? Se habla del pluralismo y la diversidad de voces. Por supuesto que esto implica el acceso al papel, como también debería implicar el acceso a la información del Estado, a las pautas publicitarias. Que otros puedan significa sin limitaciones ni restricciones.
La fórmula sobre las cuales se debe trabajar para esta garantía es la responsabilidad social o la libertad responsable, y el control primario es del Estado, pero no sólo del Estado.
Aquí es donde nosotros creemos que debe haber un papel fuerte del Estado, pero también debe haber un control de la opinión pública, de los consumidores, de la ética profesional y de las organizaciones sociales porque esto también es lo que nos permite –insisto‑ encontrar la ética del interés público.
La discusión en definitiva es sobre el Estado: cuál es el Estado y cuál es el papel que queremos para el Estado. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el poder administrador en su capacidad reguladora para alcanzar los buenos objetivos que se plantean? La primera herramienta que el Estado tiene es la norma; sin ninguna duda que esto es lo que le da el marco de legalidad. Y lo otro que tiene el Estado es su poder disciplinador.
Ahora, ¿sobre quiénes o a quiénes se aplica ese poder disciplinador? ¿Cuáles son los sujetos que están comprendidos en esa capacidad o voluntad disciplinadora del Estado? Cuando en el proyecto se definen los sujetos obligados, uno encuentra la primera manifestación de discrecionalidad por parte del Estado, porque tampoco se trata a todos de la misma manera en su condición de sujetos obligados.
La propia Secretaría de Comercio, que es la que ahora aparece como depositaria del poder que entrega esta norma que se va a aprobar, dictó la Resolución 1 del año 2010, una resolución cuestionada pero en definitiva vigente, que estableció que “las operaciones de comercialización de papel para diarios deberán efectuarse por precio igualitario calculado en puerta de fábrica y de acuerdo con las pautas de la presente medida”.
Lo que quiero significar es que normas no faltan, y en definitiva lo que no podemos hacer es terminar encubriendo los déficit, las debilidades del Estado en su tarea de control.
Se plantea como un argumento repetido el tema del monopolio. La ley define esto de otra manera, porque ley tenemos, y a esto me iba a referir. La herramienta principal que el Estado tiene en sus manos para ejercer el poder administrador es la ley de defensa de la competencia.
La ley 22.262 dice en su primer artículo: “Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con la presente ley los actos o conductas relacionados con la producción o intercambio de bienes y servicios que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia, o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.”
Avanza en el artículo 2° y dice: “A los fines de esta ley se entiende que una persona goza de una posición dominante en un mercado cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional, o cuando sin ser la única no está expuesta a una competencia sustancial. Que dos o más personas gozan de esa posición dominante en el mercado…”
Lo que quiero decir es que si algo tiene el Estado es una norma que debió haber puesto en práctica hace mucho tiempo para poder ejercer su poder administrador y su capacidad disciplinadora sobre los que violan la norma, porque norma hay, y que si hubiera tenido voluntad debió haber puesto en marcha los Tribunales de Defensa de la Competencia.
Vuelvo a los sujetos obligados, porque la verdad es que Papel Prensa no es la única que está o debería estar en condiciones. Nada se dice de qué es lo que se va a hacer con Papel de Tucumán. Esta empresa solamente produce papel que le implica mayor rentabilidad o por lo menos ningún riesgo de perder, y no parece nunca obligada, dentro de los límites que la propia ley establece, para recuperar el objetivo que la ley dice tener, que es garantizar a todo el mundo el acceso al papel.
Pero hay más, porque la verdad es que hace unos años el propio ex presidente Néstor Kirchner creó una papelera, la papelera Quilmes. En aquel momento la papelera Massuh había entrado en un proceso de insolvencia y estaba imposibilitada de afrontar sus pasivos, no estaba en condiciones de mantener sus plantas en operación ni pagar salarios a sus más de 500 trabajadores.
El acuerdo entre el Estado y Massuh consistió en que una nueva empresa, que era la Papelera Quilmes, arrendaría las plantas y equipos de Massuh e incorporaría a su personal. El alquiler que Papelera Quilmes pagaría estaría vinculado a la utilidad que obtuviera, con lo que solo pagaría arrendamiento si obtenía utilidades.
La verdad es que lo peor que se podría haber hecho es haber nombrado director ejecutivo de la Papelera Quilmes nada menos que a Guillermo Moreno. La nueva empresa, que nació sin cargas financieras, podía en realidad utilizar el capital invertido en la planta, y se entendía que siempre iba a tener resultados positivos.
Sin embargo, Moreno mostró en la planta uso y abuso de su condición de funcionario todo terreno del gobierno, presionó proveedores, etcétera. No quiero contar toda esa larga historia. Lo cierto es que fundió la empresa, paralizó la producción para evitar pérdidas mayores, y los empleados fueron indemnizados con recursos del pueblo argentino; tuvimos que bancar entre todos el fracaso de Moreno en la Papelera Quilmes.
La pregunta obviamente es si vamos camino a lo mismo. Pero tampoco es el único caso. Néstor Kirchner creó LAFSA, que era una empresa de aeronavegación del Estado, aunque sin aviones, a través de la cual se inyectaban recursos ‑varios millones de pesos por mes‑ a una empresa privada como Southern Winds -a la sazón aportante en la campaña electoral del ex presidente Kirchner-, que todos sabemos cómo terminó: involucrada en un caso de contrabando de droga, con valijas que daban vueltas en los aeropuertos de España. ¿Eso es lo que se va a hacer?
En verdad quisiera volver al papel disciplinador del Estado; a nosotros nos interesa esa discusión. Por eso es que no queremos mentiras. A veces escucho ciertos argumentos, y me pregunto si se los creen o si nos los quieren hacer creer a nosotros.
El poder disciplinador del Estado no se proclama, se ejerce. No queremos más espejitos de colores con discursos tan libertarios como hipócritas. La ley de medios es el mejor ejemplo. Cuando sancionaron la ley de medios nos hicieron creer, como uno de esos espejitos de colores, que aquella norma permitiría la democratización de los medios y que con ella se terminaban los capitales extranjeros. Sin embargo, a dos años de su vigencia, y habiendo vencido el plazo para la presentación voluntaria de las desinversiones, nada se presentó y nada hizo la autoridad de aplicación. Solo hay presentaciones menores de algunos procesos de inversión, pero los grandes grupos mediáticos provinciales y nacionales no han hecho absolutamente nada. La AFSCA tampoco ha iniciado ningún sumario para cambiar esa situación.
Por otra parte, el grupo Vila-Manzano no solo sostiene su posición de viabilidad en medios de comunicación audiovisual, al mantener una licencia de televisión satelital –lo que impide cualquier otra licencia-, sino que además se ha presentado con diferentes nombres o grupos empresarios en licitaciones para la compra de cuarenta y dos pliegos de televisión digital que fueron suspendidas. La cuestión de haberse presentado en esos concursos no es menos sorprendente cuando la concreta haciendo gala de su participación accionaria en Supercanal, en el Grupo Uno, lo que además de constituir un multimedio como el que el gobierno critica, también violenta la ley de medios de comunicación.
El grupo Eurnekian, que participa en Aeropuertos Argentina 2000, un servicio público, se presenta también en otro; las radios FM con permisos precarios provisorios que funcionan desde 1987 siguen sin haber sido legalizadas; radios AM, como es el caso de Continental, funcionan con titulares de capital español, lo que está expresamente prohibido por la ley; la Cadena de Televisión Federal sigue dependiendo de una empresa de servicio público de telefonía básica y capital extranjero; el Canal 9 de la Ciudad de Buenos Aires sigue en manos de un grupo mexicano, lo cual está expresamente prohibido por la ley; el canal oficial no cumple con su obligación de traducción simultánea para hipoacúsicos y personas con capacidades diferentes, y se mantiene la constitución de cadenas de radio sin control oficial, entre otros mandatos vulnerados. A pesar de ello, luego de dos años de vigencia de la ley no existen sumarios, sanciones, pretensiones, ni siquiera simulacros de investigación.
Por lo tanto, cabe sospechar que la modificación del marco regulatorio del papel es por lo menos un acto de voluntad, de voluntarismo o de discrecionalidad del aparato estatal.
No queremos que nos sigan mintiendo. Para garantizar un efectivo pluralismo informativo –insisto en que nosotros compartimos esos loables objetivos que se nos quieren vender‑ pueden establecerse diferentes mecanismos que fomenten la diversificación de pautas y de papel de diario entre múltiples medios, así como la participación de medios tradicionalmente desfavorecidos, sin que la publicidad oficial o el papel de diario –ponemos a los dos casos en el mismo nivel‑ se equiparen a un subsidio selectivo para los amigos.
La verdad es que queremos terminar con la economía de los amigos. Por ejemplo, se podría otorgar preferencia a medios locales sobre medios nacionales para determinadas campañas, y entonces estaríamos priorizando y poniendo en un nivel distinto a aquellos medios que se encuentran desfavorecidos, también se podría dividir la pauta de cada campaña entre múltiples medios, utilizar sistemas de cuotas más equitativos, asegurar la libre importación del papel sin cupo y con arancel cero o muchas otras cosas más.
La verdad es que estamos dispuestos a volver a discutir sobre la base de que el Estado, a través de su poder disciplinador, puede garantizar esos derechos e incluso ampliarlos. También estamos dispuestos a discutir la subvención estatal sobre el precio, a fin de beneficiar a los medios más chicos, la alternativa de que exista una empresa estatal, la posibilidad de la venta de acciones por licitación pública –hay un proyecto en tal sentido‑, y la transferencia de acciones del Estado nacional. Con respecto a esto último, ayer escuché con atención la exposición en la comisión del señor diputado Moreno, y cuando salían de la reunión y hablaban de los pequeños medios me preguntaba por qué el Estado nacional no le transfiere sus acciones a los pequeños medios desfavorecidos del interior.
También estamos dispuestos a declarar la utilidad pública de la empresa, si así fuera necesario, e incluso expropiarla. Pero lo que no podemos hacer es bancar la ilegalidad. Digo esto porque el proyecto en análisis encubre un interés confiscatorio, cuando lo que la Constitución prohíbe es, justamente, la confiscación, y no la utilidad pública con fines de expropiación.
En definitiva, el Estado es quien debe garantizar las condiciones de acceso al papel. Esto se tiene que dar en un marco de legalidad y razonabilidad. El derecho no puede verse alterado por las leyes que lo reglamentan. Esta medida –que sí podría ser admitida en otros sectores de la economía o de la industria‑ no es tolerable en términos constitucionales cuando se habla de libertad de prensa.
Además, el Estado debe garantizar mecanismos de confrontación con el abuso de las posiciones dominantes para que efectivamente haya competencia. No estamos de acuerdo con la pretensión de imponer niveles de producción e inversión a una empresa privada bajo la amenaza estatal de tomar el control. Estas son las obligaciones de cumplimiento imposible que surgen del articulado.
En ese sentido, respecto del tema de las sanciones, quisiera remarcar lo que establece el artículo 40 de las cláusulas transitorias, que dice: “En virtud del cumplimiento de los objetivos de la creación de la firma Papel Prensa S.A., del cumplimiento de la cláusula de acceso igualitario de todos los medios gráficos al citado insumo esencial así como de la declaración de interés público de la producción de papel para diarios, la empresa Papel Prensa S.A. deberá: a) Operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel (cuando esta sea menor a la capacidad operativa);…” ¿Desde dónde puede justificarse esta cláusula? Obviamente que desde el derecho no lo pueden hacer. En mi opinión esto encubre el intento de confiscación liso y llano de una propiedad, que choca con los valores de la Constitución.
Como aquí se ha dicho, creo que hay una particularización de la norma que la hace ilegítima en su génesis. El mismo gobierno que fortaleció al grupo con el que hoy pretende confrontar fue quien lo promocionó a ese espacio de posición dominante. Es más, habiendo tenido todas las herramientas para impedirlo o controlarlo, nunca lo hizo. Por el contrario, permitió la prórroga de las licencias y la fusión de las empresas de cable. La verdad es que desde 2003 hasta 2008 nada dijo este gobierno sobre la posición dominante del grupo, porque negociaba con él. Pero en los últimos tiempos, tanto el gobierno como el grupo económico, cambiaron su discurso y pasaron del acompañamiento con negociaciones a la pelea frontal.
Nosotros no estamos en esa pelea. Como aquí se dijo, nos interesa discutir una política de Estado, pero no para ahora sino para los tiempos. Nos interesa eliminar cualquier riesgo de discrecionalidad que afecte nuestro presente y nuestro futuro. Lo que torna complejo el debate son los intereses explícitos y encubiertos de una pelea que no nos compete. El marco de la libre competencia y de acceso al insumo principal es el mismo que el acceso de los cableoperadores.
El uso del papel con el tema de las pautas no se puede utilizar como un sistema de premios o castigos. Hay que discutir el rol del Estado y dicho rol no es la superestructura burocrática que se crea.
No nos vengan a mentir con las comisiones bicamerales. Por favor. Esas comisiones bicamerales son las que deberían estar controlando la trasferencia de recursos a la Anses, la pérdida de recursos de los jubilados, el Consejo Federal.
¿Hasta cuándo vamos a crear estas superestructuras burocráticas que no sirven para nada? En definitiva éstos son los fundamentos por los cuales el Frente Amplio Progresista no apoya ni acompaña la iniciativa del oficialismo y el dictamen de mayoría. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aclarándose que el bloque de PRO comparte su tiempo con el bloque Unión por Todos.

Sra. Michetti.- Señora presidenta: en verdad hoy definitivamente siento que estamos en un día muy difícil, bancándonos por lo menos en mi caso personal –no lo voy a decir en forma general‑ la exposición de hipocresías y mentiras presentadas con objetivos que parecen loables, porque definitivamente compartimos todos los que nos sentimos a favor de la democracia y de la República.
Es un día que definitivamente en lo personal –por supuesto le puede importar un pito a todos‑ me molesta, me enoja, me pone muy triste y me frustra porque con esta votación vamos a tener un problema grave de libertad de expresión en la Argentina.
Lamento tal vez utilizar un lenguaje un poco vulgar, cuando vaya hablando. La mayoría de los argumentos que iba a dar ya han sido explicitados, por lo cual voy a tratar de acortar mucho para no repetir las expresiones.
Los dos objetivos que el oficialismo dice perseguir con este proyecto de ley –el de superar la iniquidad en el acceso al papel de diario y en el costo del papel‑ son objetivos que no tienen absolutamente nada que ver con el articulado de la ley y sobre todo con lo que se agregó después del primer proyecto, que en teoría respondía a las audiencias públicas de las que se hizo mención a través de la señora miembro informante.
Quiero decir que ese agregado que se hace en teoría con la misión que tenía el Poder Ejecutivo de reglamentar lo que las audiencias públicas habían discutido, no tiene absolutamente ninguna relación con la problemática que en principio se había manifestado, que era la de declarar de interés público la producción, distribución y comercialización del papel.
Se agregan unos artículos a la ley que empiezan a tratar otro tema, que es la posible confiscación, aunque yo diría segura confiscación, de una empresa. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu de lo conversado en las audiencias públicas.
La señora miembro informante, la señora diputada Di Tulio, presentó al doctor Damián Loreti, investigador y experto en derecho a la información, y voy a citar un pequeño párrafo que ese doctor, experto en estos temas, ha dicho. Se refirió a la Corte Interamericana y un fallo del año 1985, diciendo que sobre la base del derecho a difundir informaciones o ideas no es admisible que se constituyan monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista.
Con ello está claro y hay un montón de frases de ese estilo en las audiencias públicas, por lo cual aquello que se agrega en el segundo proyecto no tiene ninguna relación con el espíritu de las audiencias públicas, más allá de la importancia que el propio tema de declarar de interés público la producción, distribución y comercialización del papel también tiene para nosotros, y es un elemento muy peligroso en términos de la famosa proclamación de la libertad de expresión, la libertad de ideas, la multiplicidad de voces.
La declaración de interés público justifica la intervención del Estado para la regulación de una actividad. El supuesto es que la tutela de los bienes públicos necesita de la intervención del Estado, pero, ¿para qué debe intervenir el Estado?
Si un bien es público significa que es indivisible y que tiene que estar disponible para todos. En consecuencia, el Estado interviene para garantizar el acceso a ese bien.
¿Cuál es el bien público indivisible que se tiene que tutelar? ¿Es la producción del papel? Supongo que no, quiero creer que no, es decir, que no vamos a tutelar la producción de papel.
Lo que queremos es proteger la libertad de expresión. Ese es el bien público. ¿Está en peligro la libertad de expresión por el tema específico de la producción, comercialización y distribución de papel? No está en peligro por ello, sino por otras razones. Siempre estuvo en peligro por otras razones, y no por esa.
Veamos cómo estamos según el ranking que elaboran algunas organizaciones internacionales sobre la libertad de expresión y de prensa en la Argentina. La Organización de Reporteros sin Fronteras colocó a la Argentina en el puesto 55 del ranking de países con mayor libertad de prensa, luego de un análisis de 178 países.
Por otra parte, la organización Freedom House divide en tres niveles a los Estados según la libertad de prensa, ubicando a nuestro país por encima de la media en su comparación con otros países de la región. Sin embargo, remarcó que en este último año los descensos en la Argentina fueron el resultado de las continuas tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación críticos: algunos periodistas sufrieron agresiones y ocurrieron bloqueos destinados a restringir la producción y la distribución de periódicos, en particular aquellos asociados a un grupo específico.
Así, cuando se habla de la libertad de expresión en los organismos que tratan este tema a nivel internacional y se mira a la Argentina, no se la encuentra tan mal. Cuando se le hacen críticas, ellas no tienen nada que ver con la producción, comercialización y distribución de papel. No se alude a esta supuesta inequidad con respecto al precio del papel, sino a otros aspectos que pueden estar afectando la libertad de expresión.
¿Estamos ante un posible desabastecimiento de un insumo en manos privadas, que atenta contra la posibilidad de disponer de distintas opiniones? ¿Acaso el precio de un insumo hoy en manos de una empresa privada condiciona la posibilidad de tener papel, ya sea de producción nacional o internacional?
Podríamos brindar una enumeración de datos sobre la cuestión, pero a esta altura del debate me parece innecesario. De todos modos, los datos demuestran definitivamente que hoy en la Argentina no hay un problema de acceso al papel.
Además, si lo hubiera, hay una serie de leyes del Estado a las que se puede echar mano, como la Ley de Defensa de la Competencia, según remarcaron el diputado de la Unión Cívica Radical y la diputada Stolbizer. Se trata de leyes antimonopolio, de la propia Constitución y de las declaraciones internacionales en defensa de la libertad de prensa, que integran nuestra propia legislación por haber adherido a ellas. Hay una multiplicidad de herramientas a las que los medios que se sintieran discriminados con respecto al papel y su precio podrían recurrir, y el Estado debería garantizarles que ello no ocurriera.
Entonces, ¿qué está persiguiendo el oficialismo con este proyecto? ¿Está de verdad tratando de proteger la libertad de expresión y a esos medios que se supone que no pueden acceder a un precio razonable o igualitario, como sí lo pueden hacer los grandes medios?
No hace falta que seamos muy creativos. Cuando leemos del artículo 39 en adelante del proyecto encontramos que el objetivo es la confiscación de una empresa privada, con lo cual, como decía un diputado preopinante, también estamos frente a otro problema: la seriedad de las leyes en la Argentina, la seguridad jurídica y la confianza que damos a los propios argentinos y extranjeros que quieran invertir en este país en cualquier tipo de industria o de empresa para generar empleo, que es uno de los verdaderos problemas que tienen los países para desarrollarse en serio. Otra vez estamos dando una referencia muy negativa para esa posibilidad.
La iniciativa establece que el Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y que tendrá facultades para dictar normas regulatorias en la materia. Así el Estado interviene con sus propias reglas.
En verdad, como decía la primera frase que leí de las audiencias públicas, un monopolio privado es tan peligroso como un monopolio estatal. La existencia hoy en la Argentina de un monopolio estatal sería problemática por cuestiones vinculadas con otros aspectos de la libertad de expresión, como la distribución de la pauta oficial.
Nos rasgamos las vestiduras desde el discurso oficialista diciendo que el diario Perfil se quejó del papel, pero dicho medio tuvo que recurrir a la Corte Suprema para manifestar su problema con la distribución de la pauta. Así obtuvo una decisión a su favor de dicho tribunal, pero aun hoy sigue siendo discriminado, con lo cual me parece un poco hipócrita –por decirlo suavemente- hablar y rasgarnos las vestiduras por una situación que se supone discrimina al Grupo Perfil y no por otras donde el gobierno las puede tranquilamente solucionar. (Aplausos.)
Queda claro que la Argentina siempre ha sido un caso de estudio particular por varias cuestiones, sobre todo lo referido a política pública y sistema republicano.
Pero en todo caso, tratando con buena fe de encontrarle algún sentido y generar alguna confianza de que hay algo bueno detrás de este proyecto, uno podría pensar que tal vez en la región exista una tendencia que indique que se va hacia ese lado y que dirigentes políticos, estadistas y personas que respetamos desde todos los partidos políticos y posiciones ideológicas, que son verdaderos representantes de su pueblo, van en esa dirección. Entonces, si ellos van para ese lado, nosotros podríamos estar equivocados.
Pero resulta, como ya se ha dicho, que el presidente Mujica se manifestó a favor de una prensa totalmente libre y sin presiones de ningún tipo, en una entrevista con la revista Veja donde afirmó que la mejor ley de prensa es la que no existe, y sostuvo que un presidente debe soportar las críticas de la prensa porque si reacciona pierde dos veces porque será atacado de nuevo. Agregó que cuando un gobernante se muestra más tolerante con la diversidad ayuda a formar una prensa más respetuosa.
Por otra parte, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, sigue la misma senda e hizo declaraciones defendiendo la total e irrestricta libertad de prensa, y dijo que no hay que hacer leyes en función de la libertad de prensa sino todo lo contrario. Esta declaración está en consonancia con el rechazo de la mandataria de manera terminante a que se lleve a cabo un control social de los medios de comunicación de su país, tal como lo proponía su par, el ex presidente Inacio Lula Da Silva, por lo cual incluso va en contra de su propio partido. Es la actual presidenta de Brasil y tampoco quiere regulaciones en la materia porque sabe lo peligrosas que son.
Entonces, yo me pregunto hasta cuándo vamos a seguir mintiendo, hasta cuándo con caretas y máscaras vamos a ocultar los verdaderos intereses. Es mejor ponerlos sobre la mesa y en todo caso discutirlos como son, a ver si nos ponemos de acuerdo o no.
Si hoy estuviéramos hablando de una política de Estado todos estaríamos contentos porque habríamos cedido algo y ganado algo. Todos los partidos políticos hubiéramos logrado ponernos de acuerdo en un proyecto común, que sería un proyecto de los argentinos, un proyecto de la patria, republicano y democrático.
¿Sabe qué, señora presidenta? Hay una parte muy contenta y otra parte absolutamente descontenta y muy enojada. Esto, de política de Estado no tiene absolutamente nada. Esta es una política de un gobierno que define como Estado su propia facción política. Eso me parece muy grave y definitivamente nos tiene que enojar y poner absolutamente en contra del proyecto.
Por favor, si vamos a hablar de política de Estado, hagámoslo en serio. Tenemos que discutir los problemas de la educación en la Argentina, porque ponemos algo más del 6 por ciento del PBI y tenemos retrocesos en todos los índices de educación. Estamos tratando de generar un país productivo e insertarnos mejor en el mundo, pero no tenemos un proyecto nacional de todos, una política de Estado que pueda permitir tener infraestructura, comunicaciones, rutas, vías, energía y todo lo que hace falta para seguir creciendo.
Las políticas sociales, que son compensatorias y necesarias, que hacen falta en cualquier país en desarrollo, no pueden ser interminables y eternas. Hoy tenemos tercera generación de argentinos que no trabajan y no saben lo que es el trabajo. ¿Eso es una verdadera política social de promoción y desarrollo? No. Las políticas sociales compensatorias deben ser temporales, deben promover a la gente, no aquietar y matar su espíritu.
Tenemos muchas cuestiones de política de Estado que discutir. Este no es un proyecto para una política de Estado sino para la confiscación de una empresa, que pronto la veremos plasmada en la realidad, y que a su vez atenta contra la libertad de expresión y va a costar mucho después darlo vuelta.
Hoy es un día triste para el Congreso de la Nación Argentina, pero sobre todo para los argentinos. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: hemos suscripto un dictamen de minoría con el objeto de dar una mirada distinta al tema que estamos discutiendo.
Antes de hablar del proyecto de ley contenido en ese dictamen, quiero plantear el marco general del debate que estamos dando el día de hoy. Se han hablado de control, hegemonía comunicacional, voz única, relato oficial, cadena nacional, publicidad dirigida, empresarios de dudoso origen –como Electroingeniería- que compran medios, escraches, ataques a periodistas y discriminación a estos cuando participan de conferencias de prensa; son señalados con el dedo porque se dice que trabajan para medios encuadrados como enemigos del poder. También se ha hablado de concursos de escupitajos, de inspecciones de la AFIP, de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores, de bloqueos de plantas, etcétera.
Creo que Moyano debe estar espantado reflexionando sobre las palabras de Bertolt Brecht, porque ahora el régimen lo ha mandado a Siberia como antes lo mandó a Duhalde cuando lo apoyó en la elección.
La lógica consiste en quedarse sólo en la cima del poder. Entonces, quien compite con el poder, queda afuera. Aquí y en la China esto antes se llamaba autoritarismo. Actualmente, la nueva ciencia política lo denomina de otra manera. Un gran politólogo fallecido hace muy pocos días, el señor O’Donnel, lo calificó como democracia delegativa.
¿Qué significa democracia delegativa? Quienes son elegidos se sienten con el derecho de decidir sin nada que los limite y absolutamente solos, como si fueran el único poder existente.
¿Cuál es el objeto de la democracia delegativa? Controlar, subordinar y cooptar. Cuando una institución no les gusta o estorba, directamente la anulan. Esta es la nueva forma como se plantean los regímenes cuyas democracias están restringidas, casi achicadas, como si hubieran pasado por un lavarropas y quedado absolutamente reducidas.
Este debate sobre Papel Prensa es un hito más en la cadena de decisiones con las que desde hace tiempo se tiende a controlar a la prensa. El gobierno cree que va a ganar esta batalla. Seguramente van a aplaudir si hoy logran sancionar este proyecto con un mecanismo que inauguraron el 10 de diciembre: el golpe de la mayoría.
La norma que estamos considerando, como bien lo definió el señor diputado Aguad, en caso de ser sancionada irá derecho a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque viola la Constitución, especialmente cuatro de sus artículos: 14, 43, 32 y otro al que me referiré luego.
Ese líder delegador, como suele decir la señora presidenta para referirse a quienes escriben en letra de molde, cuando no reproduce la voz oficial o decide ocupar, por ejemplo, la ruta a Gualeguaychú u otras por el conflicto del campo –en realidad, no tendrían que haber ido nunca ahí, sino que tendrían que haberse puesto mirando la Casa de Gobierno-, se le manda la tropa para callarlo. O sea, a los que estorban se los manda acallar.
El otro día estaba pensando que vamos a extrañar “la escribanía”, porque ya estamos como en un cuartel: disciplina militar y subordinación. Ya este Congreso ha dejado de ser una escribanía para tener un mecanismo más brutal. Lo vamos a extrañar.
El objetivo es claro: subordinar a los que no se encuadran.
Ciudadanos argentinos y ciudadanos del mundo entero: una vez una argentina describió en una imagen muy fuerte a la Estatua de la Libertad llorando luego del atentado a las torres. Hoy la democracia argentina va a llorar, porque vivimos sin libertad, en una Argentina que anuló la libertad y la vida de cientos de miles de argentinos. Que en nombre de la democracia se anule la libertad de expresión en este camino trazado estratégicamente, es algo inadmisible.
Esa libertad está consagrada, como dijimos, en los artículos 13, 32, 43 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea que vamos a sufrir las consecuencias de esta decisión de acallar las voces de miles de argentinos que, como bien dijo el señor diputado del FAP, esperábamos en momentos difíciles que saliera en los diarios, cuando viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 a decir que en la Argentina había desaparecidos, violencia y muerte.
Queríamos que saliera en los diarios, que se dijese lo que pasaba para no tenerlo que leer solamente en el Le Monde o en los diarios de otros países. Queríamos leerlo acá. Queríamos que se dijera a gritos lo que pasaba en la Argentina. Lo queríamos así: en los momentos buenos y en los malos; cuando se habla a favor o cuando se habla en contra. ¿O creen que no hemos sufrido las críticas brutales de la prensa? Un político debe saber sufrir las críticas de la prensa. Tiene que bancársela.
Además, vamos a violar otro artículo de la Constitución: el 17. Vamos a expropiar de manera encubierta una empresa, pero además lo vamos a hacer utilizando una figura delictual. Licuar las acciones de una empresa para quedarse con ella, es un delito.
Fíjense que cuando discutamos los próximos proyectos de ley, vinculados con los delitos bursátiles, vamos a darnos cuenta de que lo que hoy votamos en este proyecto de ley constituye un delito.
Acá de manera legal -entre comillas- queremos utilizar una figura delictual para quedarnos con una empresa. Entonces, ¡vayan, entren y quédense con la empresa!
Tengan la capacidad política que dicen tener para tomar las decisiones que quieren tomar. Pero háganlo de frente. No con mentiras pseudolegales. Es muy claro: ¿qué hizo el gobierno? Inventó un problema: la falta de papel. Sin duda que en su momento existió, pero hoy ya no. ¿Por qué? Porque además de haber abastecimiento nacional, hay arancel cero para la importación de papel. Sin embargo, se quiere hacer subsistir el problema para continuar con esta lógica hegemónica, porque al inventar un problema se invierte de manera directa el derecho constitucional de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho de que la prensa controle al poder político, pero ahora la prensa va a pasar a ser controlada. El mundo del revés: de ser quien controla a ser controlada.
Quiero decir a todos los medios del país, a los grandes, medianos y pequeños, que hoy están mirando sonrientes, que si destruyen a ciertos diarios, no saben lo que les espera. Se van a comenzar a asustar. Digo esto porque si el gobierno logra su objetivo, después va a empezar a apretar más y más a todos los medios hasta que no quede ni uno solo que ose a hablar o criticar la gestión.
Modelo Santa Cruz. No vuela una mosca. Aquel que hable en contra no existe. Esto es lo que le va a pasar. Modelo La Rioja, me acota acá el señor diputado Martínez.
Por eso, cuando al poder se lo deja avanzar, avanza cada día más, y pide cada vez más pruebas de sometimiento. Entonces, sin razones y de golpe los amigos pasan a ser enemigos. Preguntémosle nuevamente a Moyano, que ha pasado a pertenecer al campo del enemigo. Realmente, a pesar de haber sido adversaria pienso que no se lo merece.
- Manifestaciones en las bancas.
Sra. Bullrich.- No se lo merece, es una injusticia. Lo engordaron, le dieron afiliados, le encuadraron trabajadores y ahora lo abandonan.
En este proyecto oficialista hay tres ejes conceptuales muy equivocados. Uno de ellos es la declaración de interés público. Si no podemos legislar sobre la libertad de expresión, ¿cómo vamos a poder declararla de interés público? Declarar de interés público significa que pasa al ámbito del derecho público, se subordina a la administración pública, se pueden generar controles de precios, obligatoriedad de otorgar prestación al servicio de determinada gente. ¿Qué es esto? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Quién es el “Tato” que inventó esta ley? ¿Estará en la provincia de Buenos Aires?
Por eso entre los bloque Unión por Todos y el PRO –también se lo ofrecimos a otros bancadas- elaboramos un dictamen que nos parece que es bueno, inteligente y que soluciona el problema. Si existe el problema, es porque lo han creado. Nuestro dictamen plantea dos elementos básicos.
En primer lugar, propone promover la expansión y la competencia en la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios y revistas -porque acá se han olvidado de las revistas: como no son el problema, ya ni las recuerdan‑ mediante la creación de un régimen de promoción.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros pensamos en algo que el año pasado aprobó este Congreso: el régimen de promoción para la industria del software. Dicho régimen establecía una serie de bonificaciones, de beneficios impositivos. Era un régimen de diez años que permitía que todas las empresas que se abriesen no pagasen el impuesto a las ganancias y tuviesen un bono fiscal por las contribuciones patronales y una serie de beneficios. Si lo que se quiere es que haya competencia, abramos la competencia para que exista pluralidad de empresas en el mercado. Esta sería una buena solución.
Otra cuestión que deseo señalar es que nuestro dictamen determina claramente ‑no así el dictamen oficial‑ que la importación de papel para diarios va a estar exenta de derechos de importación, quedando expresamente prohibido al Poder Ejecutivo establecer cualquier restricción cualitativa o cuantitativa. Fíjense cómo hemos pensado esto para encontrar una salida que nosotros consideramos interesante.
Con respecto a la importación, garantiza que nadie pueda abrir o cerrar la compuerta. Le sacamos la apertura y el cierre de la compuerta a Moreno ‑a Moreno o a quien pueda venir, porque tampoco vamos a poner todo el rigor de la crítica a él; evidentemente Moreno responde a una política; si no, no estaría ahí tantos años.
En segundo lugar, genera un régimen, como aquí ya se ha pensado. Cuando uno quiere que florezcan mil flores, que haya muchas empresas, que haya competencia, además de usar alguna vez en la vida el Tribunal de Defensa de la Competencia –que podía haberse utilizado alguna vez‑ debe dar la oportunidad de abrir empresas a otros empresarios.
La señora diputada Stolbizer dice que se abrieron Papelera Quilmes y Papelera Tucumán y no funcionaron, pero demos la oportunidad a otros empresarios para que lo puedan hacer.
Señora presidenta: como dijo Gabriela Michetti, hoy es un día triste. Quiero solicitar que hoy hagamos todos juntos una declaración porque éste es un día terrible: ha aparecido el cadáver del ex senador Vargas Aignasse, cuyo hijo fue compañero nuestro. Pienso que esta Cámara debe hacer una declaración por él, que hoy podrá enterrarlo, y por su padre, así como por todas las demás personas que han aparecido en esa fosa común que se ha descubierto.
Hoy, cuando podemos comenzar a vivir en libertad, que es muy importante ‑los que la perdimos entendemos el valor que tiene‑, estamos dando un paso atrás, y dar un paso atrás en la libertad de expresión es quizás lo más peligroso que le puede suceder a una democracia.
Por eso les pido una reflexión antes de votar este proyecto. No hay una venganza contra un medio: hay un retroceso en un derecho conseguido por todos los argentinos el 10 de diciembre de 1983. No demos un paso atrás. (Aplausos.)

- 2 -
aclaración

Sr. Gil Lavedra.- Pido la palabra para hacer una aclaración.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Gil Lavedra.- Señora presidenta: quería aclarar que he convenido con el titular de la bancada oficialista que él va a proponer el homenaje que corresponda respecto del descubrimiento de los restos del ex senador Vargas Aignasse y padre de quien fuera nuestro colega. Quiero dejar en claro que esto ya fue acordado y que va a ser el partido oficialista el que lo va a proponer. (Aplausos.)

- 3 -
papel de pasta celulosa para diario(Continuación)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Comi.- Señora presidenta: en nuestra intervención vamos a fundamentar el voto negativo de la Coalición Cívica sobre este dictamen de mayoría, y vamos a dejar en claro los motivos. Vamos a referirnos a los fundamentos constitucionales, a la clara posición que este dictamen tiene en violación a la Constitución Nacional y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
También vamos a hablar de la realidad de los medios de comunicación hoy, dos años después de la sanción de la ley de medios, porque pareciera que estamos en el medio de una revolución del acceso a la palabra, y vamos a tratar de dejar en claro si esto es tan así o no.
Además vamos a referirnos a la historia de Papel Prensa, sin esquivar el bulto de lo que pasó en la Argentina y de qué situación es hija esta empresa. Vamos a analizar el proyecto oficial y algunos de los dichos de la miembro informante, con los cuales no coincidimos y vamos a demostrar que en realidad el proyecto apunta a otro lugar.
Vamos a hacer un planteo en favor del medioambiente, porque curiosamente cuando todos planteamos en el Congreso la necesidad de encontrar un modelo de desarrollo sustentable, estamos alentando la apertura de más papeleras, más contaminación y barrer más bosques de la Argentina.
Y por último, vamos a hacer un llamado muy enfático a defender lo más sagrado que tiene el pueblo argentino, que es su Constitución. Vale la pena recordar que todos los que estamos aquí juramos defender la vigencia de esa Constitución, por su letra, por su espíritu, por la vigencia de los pactos internacionales, que forman parte de esta Constitución.
Debemos decir que la Constitución del 53 es hija de la historia de este país y se cuidó muy bien pensando en cicatrizar las heridas que tanta sangre había costado a los argentinos. Se cuidó en poner en sus artículos más importantes una defensa irrestricta de la libertad de prensa y de evitar por todos los medios que los gobiernos pudieran afectarla a través de maniobras, del control y la censura previa.
Uno podría decir que esa Constitución del 53 tiene muchos años, pero hubo muchas reformas y algunos de los que están aquí tuvieron el honor de estar presentes en la última. Y nada se modificó sobre este tema. La letra y el espíritu de la Constitución Nacional está absolutamente vigente y encierran una defensa férrea y absoluta de la libertad de prensa, de la libertad de imprenta, estableciendo que nunca los gobiernos puedan afectarlas a través de medidas de tipo ejecutivo.
La Convención Constituyente del 94 incorporó al texto constitucional algunos pactos que el país ha suscrito, y para zanjar cualquier discusión les dio rango constitucional, o sea que tienen la misma importancia que la Constitución.
“La Convención Americana sobre Derechos Humanos es aún más explícita respecto de la utilización del papel como medio de extorsión para controlar a la prensa”, dice nuestro dictamen de minoría.
El artículo 13 establece que no se puede restringir el derecho a la expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares sobre el papel para periódicos. Esto es lo que estamos discutiendo hoy y está en la letra de nuestra Constitución. Entonces no es una cuestión de análisis, de prismas, de cómo nos paramos o cómo sea paran los arquitectos o los ingenieros. Lamento que no esté presente el presidente del bloque oficialista, porque me gustaría señalarle que la Constitución no se interpreta como un prisma. A la Constitución se la respeta, y esto que hoy estamos discutiendo está en la letra de nuestra Carta Magna.
Entonces, este es el principal elemento que nosotros queremos traer a la discusión, y no por repetido debemos relativizarlo.
Decía que también es necesario hablar de la historia de esta empresa para poder discutir qué podemos hacer los diputados en el presente.
Como decíamos en la comisión, el nacimiento de Papel Prensa y su actual conformación tienen origen en las ciénagas de la dictadura; eso lo decimos claramente. Pero también decimos que no es este cuerpo el que tiene la facultad de decidir si se trata de delitos de lesa humanidad que puedan juzgarse. Para ello están actuando los magistrados de nuestro país, y deberemos esperar a que ellos manifiesten si realmente pueden juzgarse esos hechos y si fue afectada la autonomía de la voluntad de quienes vendieron por parte de quienes compraron, tal como fue dicho –y seguramente será reiterado‑ por uno de los miembros informantes del oficialismo.
Todos estos hechos serán determinados por los tribunales de primera y segunda instancia y, eventualmente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los argentinos deberemos acatar los fallos correspondientes. Pero no es un juicio político que este Congreso pueda hacer hoy, tantos años después; no es nuestra competencia. Pero es nuestra obligación respetar la Constitución.
Como también decíamos en la comisión, la historia de Papel Prensa es la historia de la connivencia con el poder político de turno; no con todos, es cierto, pero con muchos de quienes durante estos treinta años de democracia han pasado por el poder político.
Sabemos que esto existió hasta hace muy poco, y aunque moleste, también sabemos que hay hechos absolutamente claros. Me refiero, por ejemplo, a una ley que sancionó este Congreso y que nuestro bloque tiene el orgullo de decir que no apoyó. Se trata de la ley de protección de bienes culturales, impulsada por el oficialismo de turno y votada incluso por quien hoy ejerce la máxima magistratura de la Nación: la señora presidenta de la República. Seguramente ella habrá tenido sus motivos para votar a favor de esa ley, pero traemos esa foto para entender la película de la relación de Papel Prensa con el poder, que hasta hace muy poco fue la que hemos descrito.
Otro ejemplo que podemos mencionar es el de la fusión entre Cablevisión y Multicanal, que fue bien traído a colación por otros señores diputados.
En esta cruzada que uno puede alentar contra algunas corporaciones podemos preguntarnos por qué en otros casos no se avanza con la misma claridad. Tal es el caso de las corporaciones telefónicas, que son infinitamente más importantes y que lo van a ser aún más en la vida de los argentinos en los próximos veinte o treinta años. Sin embargo, no hemos hecho absolutamente nada al respecto desde el Congreso ni desde el Poder Ejecutivo. Por el contrario, estas operaciones fueron aprobadas.
También es absolutamente real que quienes han ejercido abuso de posición dominante, es decir, los dueños de la empresa Papel Prensa, han hecho muchas de las cosas que la señora diputada Di Tullio, miembro informante del oficialismo, manifestó en su intervención. Es cierto que le han negado el papel a otras y es cierto que ello ha sido denunciado.
En este sentido, quiero rendir un pequeño homenaje –porque está atravesando un problema de salud- al periodista Jorge Lanata, quien durante años denunció esta situación, cuando era una voz que taladraba la nefasta década menemista. Sin embargo, nadie le prestó atención, aunque muchos eran actores políticos importantes en ese momento. Hoy, ese mismo periodista, por pensar distinto, es agredido hasta físicamente.
Entonces, toda nuestra solidaridad para un maestro del periodismo argentino como Jorge Lanata, quien muchas veces en soledad dijo estas mismas cosas.
También les damos la razón a quienes dicen que esos hechos ocurrían, pero ahora queremos entrar en el análisis de cuál es realmente el objeto del proyecto.
Hoy esos motivos ya no existen; hoy los diarios de la Argentina no tienen problema para conseguir papel. La verdad es que esos problemas no existen gracias a determinadas medidas que ha tomado este gobierno que, en mi opinión y en opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son correctas. Por ejemplo, la resolución 1/2010 ‑creo que también fue citada por la señora diputada Stolbizer‑, llamada de precio igualitario, garantiza ‑permítanme leerla‑ “...que las operaciones de comercialización de papel para diario, deberán efectuarse por un precio igualitario, calculado en puerta de fábrica y de acuerdo a las pautas de la presente medida.” Luego, en el artículo 2º, establece que “...para determinar el precio igualitario establecido en el Artículo 1º, deberá tomarse como base aquel precio que hubiera pagado en las operaciones habituales de compraventa el principal cliente de la vendedora...”, que ya todos sabemos quién es: el dueño.
Sin duda, esa es una medida concreta. Otra sería, como bien se dijo acá, el arancel cero para las importaciones de papel. Esta es una medida saludable que se tomó en su momento, la cual provocó que el papel importado sea hoy más barato que el que produce Papel Prensa.
Entonces, ¿qué se busca con este proyecto de ley? ¿Por qué asistimos a la discusión de este proyecto que es detallista, farragoso, que contiene fórmulas matemáticas y que incluye todo tipo de expresiones, si no hay problemas? Además, creo que todos compartimos que en esta sociedad de las comunicaciones y frente a esta revolución digital, en el mundo que van a vivir nuestros hijos este problema va a ser cada día menor. Digo esto porque cada vez se leen menos diarios, ya que la información nos llega a través de las computadoras portátiles, de los teléfonos, de los portales de Internet y de todas aquellas herramientas que va generando esta revolución imparable que se registra en el área de las comunicaciones.
Por lo tanto, tal como han señalado muchos de los señores diputados preopinantes –en disidencia con lo manifestado por la señora diputada Di Tulio‑, el objeto de esta norma no radica en el acceso en igualdad de condiciones al papel, sino en avanzar sobre un grupo que en este momento político el gobierno ha tomado como disidente u opositor; pónganle el adjetivo que quieran.
También quisiera traer a colación –si me permiten voy a ser un poco más detallista‑ que en el derecho positivo argentino existen otras herramientas que son muy eficaces y que bien podrían haber sido el motivo de este mensaje del Poder Ejecutivo y no el texto que hoy estamos discutiendo. Me refiero a la vigencia de la ley 25.156, de defensa de la competencia, porque sus artículos pareciera que fueron redactados teniendo en cuenta la historia de Papel Prensa. Así, en su artículo 1º establece: “Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general…”.
Respecto de las conductas penadas, el artículo 2º indica: “a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto;b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento...”
Más adelante, en el Capítulo II, al definir la posición dominante, señala: “A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en perjuicio de éstos.”
Me pregunto qué debiera hacer el Ejecutivo si realmente quiere avanzar, no sólo sobre este caso sino también sobre aquellos que supongo que le deben preocupar, que, como decíamos antes, se relacionan con determinadas fusiones empresariales que afectan diariamente la vida del argentino. Vuelvo a referirme a las telefónicas.
La ley establecía crear el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como órgano autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de la ley. Tendrá su sede y demás.
Los miembros del tribunal serán designados por el PEN previo concurso público de antecedentes y oposición, con un jurado integrado por el procurador del Tesoro, el secretario de Industria, Comercio y Minería, los presidentes de las comisiones de Comercio de ambas Cámaras, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones, etcétera.
Estos son los funcionarios que deberían aplicar la ley, que además tendrían independencia del poder político, y que debieran sancionar con toda dureza las conductas que estamos juzgando hoy acá y que existieron en el pasado, porque además tienen con qué.
“El Tribunal… , por ejemplo –artículo 35 y no quiero abusar porque todos lo conocemos y lo podemos consultar‑, …en cualquier estado del procedimiento podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva. Cuando se pudiere causar una grave lesión al régimen de competencia podrá ordenar las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión.
Después habla de las formas de ir contra esa resolución y dice: sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder en el capítulo VII, “cuando se verifiquen actos que constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley, el Tribunal podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas;”
Se trata de derecho vigente. Si nos interesa la defensa de la competencia lo que debe hacer el Poder Ejecutivo es constituir este tribunal y después darle la autonomía, la facultad y la autarquía para que actúe en defensa de la competencia que nuestro derecho recepta.
Entonces, cuesta entender ‑o se entiende solamente desde la necesidad de disciplinar a grupos que hoy no forman parte de la opinión política, del modelo o como quiera llamarse este proceso político que vivimos‑ la presentación de otros argumentos.
Esto es presentado también, como decía al principio, como un capítulo más de esta batalla por los medios de comunicación y por el acceso a la palabra.
En verdad, el relato oficial –y utilizo la palabra relato que no quiero que sea despectiva, porque el relato puede ser también heroico, mítico, épico y rigurosamente histórico‑ nos habla que se está llevando adelante una democratización de la comunicación, una pluralidad de la opinión que avanza en los medios independientes.
La verdad es que al menos en mi provincia, Santa Fe, y por lo que uno ve en la Capital y otros lugares del país, cuesta encontrarlos. Y lo que sí ha habido en estos años ha sido una fenomenal aparición de medios que coinciden en mucho con el gobierno. En tiempos en que no se abren diarios, Buenos Aires debe tener casi un récord de apertura de nuevos diarios, donde uno no sabe quiénes son los lectores, donde las publicidades privadas son escuetas, por decirlo de alguna manera, y donde solamente se recibe una pauta oficial importante, también para decirlo respetuosamente, y algún otro tipo de aporte que no podríamos determinar.
¿Cuántos ejemplares hace en Buenos Aires por día el diario que se reparte en la puerta de los subtes, en los supermercados y demás? Y los invito a que mañana, cuando se los den, u hoy, cuando salgan de aquí, vean la cantidad de publicidad que tienen.
Yo me tomé el trabajo de hacerlo y la verdad es que deben ser cientos de miles de ejemplares por día que se hacen, y la verdad que nos debe estar costando mucho dinero. Esos recursos se deben obtener de algún lado, salvo que se trate del trabajo de empresarios que destinan parte de su riqueza y ahorro a alabar las políticas que se están generando.
Así han aparecido algunos multimedios que nuclean a varias revistas. Por ejemplo, el diario que mencioné, Miradas al Sur o Tiempo Argentino. Esto es fenomenal y sólo puede compararse con el CEO Raúl Moneta en los años de Menem. Ha habido un crecimiento fenomenal de canales, de radios y de todo tipo de medios –incorporo a los digitales‑, lo que nos hace preguntar de dónde sale la plata y esto nos lleva a la peor de las respuestas.
Todos aquí sabemos que esto es parte de una disputa política fenomenal, vinculada con la gestión del proceso político. También resulta claro que es ilegal, inconstitucional y está en contra del juramento que cada uno de nosotros hizo por la Constitución.
Como he demostrado en esta alocución, hay muchas otras formas para obtener garantías efectivas que las que propone esta ley “berreta”. Pongamos en marcha el Tribunal de Defensa de la Competencia, analicemos cada caso y tratemos de que el gobierno nacional vele para que haya una real competencia en los mercados de diarios, de comunicaciones, de alimentos y de tantos otros sectores de la economía que están dominados por monopolios u oligopolios. ¿Acaso después vamos a recurrir a otra ley específica para otro sector?
Prácticamente está casi todo mencionado. Cuando el bloque oficialista dice –y lo invito a la reflexión‑ que es saludable que la producción permita cubrir todas las necesidades de papel del país, me parece que no toma en cuenta que el papel contamina, afecta nuestros bosques, genera monocultivo y termina con nuestra fauna. Ese es un resultado que podríamos evitar, sobre todo si se puede importar y se tienen las herramientas para garantizar a los dueños de los diarios el mismo precio.
Como se dijo antes, estoy de acuerdo con que defendamos las fuentes de trabajo de las empresas que ya están, pero no deberían ser empresas a las que se deba alentar: no encuentro razonable que un gobierno se jacte de querer abrir más papeleras. Recuérdense, incluso, las peleas que hemos tenido con naciones hermanas por la misma temática y en defensa del medio ambiente.
Este no será un buen día para el gobierno. Tampoco lo será para la vigencia de la Constitución en nuestro país. Por esta iniciativa se sancionará una norma que va a violentar la letra y el espíritu de la Constitución, pero luego vendrán otras votaciones, con las que este cuerpo seguramente va a aprobar tipos penales abiertos, que van en contra de lo mejor de la historia del derecho penal liberal –no me refiero a liberal en el sentido económico, sino jurídico‑ argentino.
Se van a tirar por la borda 120 años de tradición con tipos penales que se parecen demasiado a los que la dictadura utilizó para encarcelar y matar a las personas en este país. No digo que este sea el objetivo, pero esto es lo que se va a hacer hoy. El derecho penal es cerrado. El derecho penal garantista debe decir cuáles son los delitos. En este combo de fin de año que es el mensaje del Poder Ejecutivo se va a hacer exactamente lo contrario. Entonces, no es un día para ponerse contentos y celebrar esta producción legislativa.
Para terminar, quiero traer a modo de homenaje las palabras de un hombre enorme, que pronunció cuando cerró su intervención en la Convención Constituyente de 1994, y las recuerdo para fundamentar el voto negativo del bloque de la Coalición Cívica. Me refiero a Jaime de Nevares, quien dijo: “No vamos a ser parte de los funerales de la República”. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Raimundi.- Señor presidente: he escuchado las intervenciones de algunos de los diputados preopinantes que dicen que esta es una ley abstracta. No hay que confundir lo abstracto con lo conceptual. Por eso una parte de mi intervención, que voy a compartir con los miembros de Nuevo Encuentro, los diputados Junio y Harispe, va a ser para referirme a lo conceptual.
Tengo diferencias centrales con las últimas intervenciones. Desde el bloque de Nuevo Encuentro venimos a defender esta regulación precisamente en nombre de la libertad.
No me voy a extender sobre la mancha de origen que tiene la empresa monopólica, porque un pacto que canjea un negocio por silencio, sobre todo cuando el silencio está referido a atrocidades éticas y atrocidades económicas de una dictadura, es una mancha de origen que tiene muy poco que ver con la libertad. El concepto de monopolio es antagónico al de libertad.
Otra cuestión es querer plantear que se pasa de un monopolio privado a uno estatal. Ahí hay otro error muy importante al tratar de asimilar dos categorías –el Estado y una empresa- en el mismo nivel de legitimidad y en la misma categorización económica. De ahí parte la base del error.
Quiero decir dos palabras sobre dos cuestiones fundamentales, que es la relación entre la libertad de ejercer una industria, la empresa de comunicación, y el derecho a ser informados. El sujeto que se arroga la propiedad de esa libertad es una empresa, y el sujeto del derecho a la información es el pueblo. Cuando esa libertad de empresa es ejercida por uno solo, el derecho a la información se restringe. En la medida en que el ejercicio de esa libertad de empresa se distribuye, el derecho se fortalece. Por lo tanto, la concentración es lo que conculca la libertad, y la regulación, en este caso del Estado democrático, es la que libera.
La otra relación a la que me quiero referir brevemente es la que existe entre tres factores centrales de la política: el poder económico, el Estado y el pueblo. Me van a decir que el pueblo somos todos. Es una muletilla que además tiene su parte de verdad; es decir, el pueblo somos tanto los que pensamos A como los que piensan B. El problema es que los pueblos tienen que elegir una autoridad pública para que organice esa convivencia, y en las elecciones hay más de los que piensan una cosa y menos de los que piensan otra.
Esto no es soberbia sino legitimidad; no es un detalle. La legitimidad tiñe de cierta tonalidad las acciones del Estado; éste no será igual si fue elegido por quienes creen más en una cosa, que si fue elegido por los que creen más en otra.
A mi entender, el problema histórico que hemos tenido en la Argentina radica en que los Estados estuvieron dirigidos por el poder económico o bien, pese a haber contado con el voto del pueblo, cooptados por aquél. Por lo tanto, el desafío consiste en ver cómo damos autonomía al Estado y, a partir de allí, a la sociedad, que es la que le otorga legitimidad frente a la cooptación que históricamente ejercieron los poderes económicos.
En este punto surge mi gran diferencia con quienes plantean el temor de que las grandes cadenas de medios corran el peligro de caer bajo las garras del Estado. Para mí, es exactamente al revés. El desafío es que la política se autonomice de la presión y cooptación históricas que ejerció el poder económico a través de la manipulación de los mensajes enviados por las cadenas de medios que le son afines.
El Estado es el protagonista de este proyecto; es en sus manos donde debe estar la regulación de este servicio público. Este es un territorio todavía no disputado entre el poder económico y la legitimidad popular.
Si se me permite, citaré un ejemplo concreto. Luego de mucho trabajo, de celebrar gran cantidad de asambleas y foros sociales, y de debatir públicamente el tema, con una mayoría parlamentaria abrumadora logramos sancionar una ley cuyos puntos neurálgicos todavía no pudieron ser aplicados por la capacidad de influencia que el poder económico tuvo sobre algunos sectores de la Justicia. Por ejemplo, el fallo de una jueza cooptada –que incluso originó un recurso interpuesto por dos diputados- que luego fue refrendado por un camarista prófugo de la provincia de Mendoza, que resultó exonerado de su función por su complicidad con la dictadura, ha podido más que todos esos foros y la legitimidad parlamentaria que logró la sanción de la ley.
Tanto el 15 de abril como el 28 de septiembre del año pasado, costó muchísimo juntar a varias decenas de miles de personas en las puertas de Tribunales. Resulta que mientras nos costaba tanto esfuerzo realizar esa marcha, el jefe de la corporación mediática más grande de la Argentina estaba reunido con el presidente de la Corte.
En suma, lo que está en discusión es el desequilibrio existente entre el poder económico y la legitimidad popular en términos de la capacidad de influencia que ese poder tiene. Por eso creo que es el Estado quien libera, lejos de oprimir, siempre y cuando exprese una vocación democrática y pluralista.
Veremos si el momento en que estamos viviendo trata justamente de eso; es decir, si a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual avanzamos en la televisión digital, etcétera. Se amplió la cantidad de señales; días atrás se concedieron señales que la ley autoriza a los municipios del país. Así mismo, se están construyendo polos tecnológicos en las provincias, y en las universidades han proliferado las radios comunitarias. Además, la sociedad civil tendrá la posibilidad de ampliar sus canales de expresión.
¿Dónde está el poder de concentración estatal si está ocurriendo todo esto? El Estado, en lugar de ejercer el poder en términos de dominio tal como lo hace una empresa privada a favor de sus intereses, está ejerciendo un poder de transferencia y representación, es decir, abriendo el espacio para que la sociedad –que es la que le da legitimidad al sistema- se pueda expresar pluralmente. De ese Estado hablamos: de un Estado que garantice que se diga lo que se quiera, como tal vez no se haya dicho nunca desde que yo tengo memoria.
Seguramente estos debates van a continuar y los vamos a profundizar. Sin embargo, quiero desmitificar algunas cosas, desacralizarlas. Por ejemplo, la manipulación de la publicidad estatal u oficial. Si se asocia la capacidad de influir en el mensaje a partir de quien ejerce la pauta publicitaria, la masa total de publicidad oficial en este país es menor al 3 por ciento del total de la masa publicitaria. Es decir que los sectores privados dominan el 97 por ciento de la masa total. O sea que si fuéramos lineales en el razonamiento, tendrían una capacidad de influir en el mensaje infinitamente superior a la pauta oficial.
Debo decir otra cosa: la publicidad privada también se paga con los dineros de todos los argentinos, con la diferencia de que hay sectores estatales que reciben el dinero de todos, pero dentro de esos todos hay muchos más que piensan de una manera que los que piensan de otra. Por lo tanto, le dan cierta tonalidad.
Por ejemplo, no me escandalizo cuando veo publicidad de obras de gobierno. Anoche me quedé pensando que hay muchos que no se escandalizan, porque hubo diputados que hablaron de un presupuesto mentiroso, pero no pueden ir a decir en sus provincias que votaron en contra, cuando existen obras reales que se hacen con ese presupuesto que ellos calificaron de mentiroso.
No le tengo miedo a la publicidad de las obras públicas, porque hace dos décadas se comenzó a rifar el patrimonio social del país con un aparato montado de publicidad que convenció a la sociedad de que el Estado no servía, para poder dar consenso a esa rifa que se hizo del patrimonio público.
Por lo tanto, cuando hay publicidad de escuelas, de cloacas, de rutas y de infraestructura no me escandalizo en absoluto. Todo lo contrario, lo aplaudo, porque logramos que la sociedad vuelva a querer al Estado que es el que la debe representar democráticamente.
¿De dónde viene el terror de los que se oponen a esto? ¿De dónde viene la polémica? ¿De dónde viene la conflictividad? Viene de dos cosas. En primer lugar, porque se cortan negocios enormes. Además, hay algo que les preocupa tanto como el tema de los negocios: el hecho de perder la exclusividad que han tenido históricamente para construir mensajes.
Crearon climas en la sociedad para que ésta los aceptara, a veces con más rebeldía y otras con menos, ajustes históricos, endeudamientos, devaluaciones, etcétera, medidas que la gente no votó. Lo que ocurre es que los Estados cooptados por ese poder económico deshonraron el mandato que tenían de la gente.
Es necesario un Estado fiel que honre con autonomía política los intereses del pueblo que lo votó. Cuando digo que están perdiendo esa parte central de construir el mensaje, pongo dos ejemplos que vienen a mi mente, que definen toda una estrategia que consiste en que los grupos que manejan esta empresa monopólica se coloquen sistemáticamente en el lugar del que ejerce la contraparte de los intereses de la Nación.
Por caso, se dijo que había un escándalo en la Embajada de los Estados Unidos por haberse decomisado el cargamento de un avión, cuando en realidad lo que pasó es que existe un país soberano que exige el cumplimiento de la ley y, a pesar de que estén acostumbrados a hacer lo que quieren, cuando hay un avión que dice que trae una cosa pero trae otra, le hacen cumplir lo que dice la declaración y si no le decomisan el cargamento que está fuera de la ley.
Otro ejemplo es cuando se dice que hay preocupación en Brasil o en cualquier otro lugar porque se extienden las licencias no automáticas de importación. Es decir que al momento de anunciar se colocan en el lugar del otro a fin de crear el clima público de deslegitimar una medida estatal, cuando en realidad lo que tendrían que decir es que después de décadas la Argentina se decidió a tener una política industrial, y por lo tanto administra su comercio exterior y decide cuándo y a quién vende y compra.
Entonces, lo que hoy está en discusión es la manera en que se construye ese mensaje, y la pérdida del monopolio no es solamente por el negocio sino también por esa capacidad monopólica que históricamente tuvieron en la batalla cultural.
Por lo tanto, desde este bloque creemos que distribuir la capacidad de construir el mensaje, lejos de oprimir o conculcar un derecho o una libertad, va a garantizar mejor que nunca la libertad de expresión y el derecho a la información por parte de nuestro pueblo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Junio.- Señor presidente: al igual que mi compañero de bloque, quiero referirme sobre todo a algunas cuestiones de carácter ideológico que han surgido en esta discusión y que ya habían aparecido antes de ayer en la reunión conjunta.
Sin embargo, lo quiero hacer precisamente desde mis definiciones ideológicas y no desde la objetividad a la que hacía referencia el doctor Alfonsín, ya que no creo que exista objetividad ni en la historia ni en la política. Lo que existe es, justamente, ideología. En todo caso, lo que hay que tener es honestidad intelectual en la selección de los acontecimientos, de los datos y de los hechos, aunque eso mismo también tiene que ver con las definiciones ideológicas de cada uno.
La otra cuestión que aquí se plantea es que hay una gran premura en este debate y que ella, de algún modo, lo inhabilita. Así fue expresado por algunos colegas. Francamente, creo que hay premura en este debate porque no es que comenzó hace dos o tres días o desde que triunfó esta presidenta recientemente. Es un debate postergado desde hace treinta y cinco años, es un tema de extrema gravedad ya que hay una empresa monopólica que durante más de tres décadas controla un insumo crítico, que es la producción y distribución del papel. Por lo tanto, es un debate impostergable y creo -al contrario de lo que piensan otros- que estamos hoy ante un gran día de la democracia.
Por otra parte, este es un debate histórico, no ahistórico. Algunos olvidan que este es un tema que se inició hace treinta y cinco años. No voy a hacer todo el relato, pero, efectivamente, pasaron más de tres décadas en las que hubo silencio, se calló, primaba lo oculto o lo vedado, hasta que hace quince meses la presidenta de la Nación presentó el informe “Papel Prensa, la Verdad”.
Confío en la Justicia –como dijo algún diputado‑ para dejar planteado este tema de la historia, porque no es una empresa cualquiera. La Justicia determinará si existió asociación ilícita de grupos privados que para perjudicar al Estado se apropiaron de la empresa, así como si hubo delitos de lesa humanidad para la apropiación de sus acciones.
Por lo tanto, la cuestión está en sede judicial. Confío en que la Justicia llegará a la verdad, pero ese es el marco y el punto de partida histórico de este debate. No se trata de una fábrica de zapatillas que nació hace tres o cuatro días y hay un monopolio frente al cual se tienen que crear algunas pymes para desmonopolizar, sino que existe una historia dramática, que es la que está planteada en el informe de “La Verdad”.
La cuestión central a la que me quiero referir ‑mencionada también por el señor diputado Raimundi‑ radica en el Estado y los monopolios. Creo que este es un debate que hay que sincerar, porque es el debate ideológico central.
Durante treinta y cinco años el papel fue manejado aquí por un grupo monopólico. En nuestro país y en la mayoría de los países periféricos los monopolios son, como consecuencia del triunfo del neoliberalismo, problemas estructurales de nuestras economías. Efectivamente, nuestras economías tienen un altísimo nivel de concentración monopólica y de extranjerización, de forma tal que ese es un problema estructural de dichas economías. Pero aquí hay un agravante, porque no se trata de una fábrica de zapatillas monopolizada sino de la fábrica de papel, que tiene que ver con la administración, la difusión de ideas y cultura y la fijación de la agenda política, económica y cultural de nuestro país. De manera que ésta es, a mi juicio, la cuestión central del debate.
Aquí hay algunos bloques y colegas que se horrorizan por la hipótesis que surge de los dos últimos artículos. Esto se ha planteado en las reuniones de comisión y hoy nuevamente. Es como el aire y el sol: el monopolio privado es algo natural que debe existir, pero en cambio es un pecado mortal si existe presencia estatal en cuestiones críticas de la economía nacional.
Para hacer franco el debate, como requería la señora diputada Michetti ‑yo también creo que hay que sincerarse y decir la verdad‑, nosotros somos partidarios de la declaración de interés público de la fabricación de papel pero no sólo para este rubro sino como una cuestión central que hay que renovar.
En la Argentina y en el mundo está demostrado que la presencia y la acción de los mercados es un fracaso para los pueblos y las naciones. Por lo tanto, se trata de la recuperación y recreación del interés público, o sea, del Estado legítimo, elegido democráticamente por el pueblo, frente a la administración de cuestiones centrales y críticas que hacen los grandes monopolios en función de sus intereses.
Los resultados en el mundo entero, incluso en los países centrales, están a la vista: un desastre para los pueblos. Por lo tanto, está bien que en este rubro y en muchos otros se avance en este sentido.
Quiero recordar que los grandes problemas de nuestra democracia, las grandes debacles institucionales, no fueron generados por el Estado, salvo cuando fue usurpado por dictaduras fascistas. Las grandes debacles de nuestra democracia se dieron, precisamente, por obra de las grandes corporaciones, a las que hacía mención el otro día la presidenta, diciendo que no iba a ceder. No se refería a otra cosa que a los grandes monopolios.
Los grandes monopolios estuvieron atrás del golpe del 30, del 55, del golpe de mercado al doctor Alfonsín y también del golpe al doctor Illia. Siempre fueron los grandes monopolios, no los gobiernos legítimos y democráticos.
Por lo tanto, el peligro pasa por allí y no por acá, por el interés público que representa el gobierno legítimo y democrático. Ese es el centro del debate: la democracia que emerge del voto popular o las empresas monopólicas.
Aquí esta empresa monopólica hizo lo que estaba en su naturaleza, como siempre; no es ninguna novedad ni tiene que ver con alguna cuestión moderna. Producción por debajo de su capacidad, precios por debajo del costo para los grupos dueños del control de la empresa. En cambio, establecimiento de precios de mercado para los medios chicos y medianos, muchísimos del interior del país, aunque también medios nacionales ‑como relató la diputada Di Tullio en la reunión de comisión de antes de ayer y hoy‑, muchos de los cuales vienen hoy aquí a manifestar su apoyo a esta iniciativa.
Lo que hizo el monopolio privado es lo lógico y habitual. Una vez más estamos frente al nudo gordiano, que es terminar con la acción de los monopolios y muy particularmente cuando tienen que ver con las ideas y la cultura, y con la maceración de la opinión pública, como hacen actualmente.
Ese es el tema central. Nosotros creemos que ese es el camino a transitar. Esa es nuestra ideología. Efectivamente, en el caso de nuestra iniciativa parlamentaria sobre los servicios financieros, blanqueamos la misma ideología y la misma concepción, que es considerarla un servicio público, teniendo en cuenta que es una cuestión vital para la sociedad. Por lo tanto, tiene que ser considerada un servicio público y no un negocio de los banqueros, ya que como consecuencia de su propio objeto social el negocio de los banqueros tiene como fin la maximización de la ganancia y no el interés público. Lo que aquí venimos a reivindicar es, precisamente, la dimensión filosófica y política del interés público.
Quiero terminar con una aclaración. Aquí se ha hablado del tema de la exportación y de los aranceles cero, otra cuestión que se considera un demérito y que, francamente, creo que es un mérito, ya que en los artículos 41 y 42 se habla, efectivamente, del papel del Estado en materia de acrecentamiento accionario. Pero hay que aclarar que surge la necesidad de abastecimiento de papel al mercado interno a partir de las inversiones necesarias para aumentar la producción en función de cubrir el déficit de 70.000 toneladas anuales, que ahora deben importarse.
Efectivamente, el tema de la sustitución de importaciones es una política de Estado actual que nosotros apoyamos porque tiene que ver mucho con la producción argentina y con el trabajo argentino. De forma tal que si se importan setenta mil toneladas anuales, es un mérito de la ley propender a sustituir esas importaciones por producción nacional.
Se ha planteado varias veces, como una fatalidad, que es un hecho que la empresa va a ser estatizada, que esa es la pura verdad y que debemos terminar con las mentiras. No es tan sencillo que eso ocurra, porque estamos frente a grupos poderosos que, como todos sabemos, son los dueños de los grandes diarios nacionales, de los grandes diarios provinciales, de más de doscientos canales de televisión, de canales de aire, de empresas proveedoras de Internet y de muchas radios.
Además, estos grupos tienen como socio a Goldman Sach que, como sabemos -porque ha trascendido en los últimos días-, es una de las corporaciones financieras más grandes de la Tierra, que entre otras cosas ahora saca presidentes y primeros ministros y pone interventores en los gobiernos europeos.
Para finalizar, haré mías unas palabras muy valiosas que nuestro jefe de bloque, el señor diputado Sabbatella, dijo hoy al diario Tiempo Argentino: “No tenemos miedo a que nos silencien, a las amenazas de invisibilización. No entendemos nuestra acción política o institucional como una dinámica de intercambio en la que trocamos convicciones por conveniencias, en las que canjeamos porciones de democracia por centímetros en las páginas de un medio gráfico o minutos de radio y televisión”. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, quien dispone de nueve minutos de los cuarenta asignados al bloque.

Sr. Harispe.- Señor presidente: esta es la primera vez que voy a intervenir en esta Honorable Cámara y espero hacerlo en defensa de los intereses de quienes nos han votado y a quienes intentamos representar. No es la primera vez que voy a hablar en público, aunque anteriormente lo hice en asambleas gremiales o del movimiento social al que yo represento.
En general hablo desde el lugar que represento, intentando comprender e interpretar a aquellos con quienes me estoy comunicando. A efectos de identificar ante quienes nos estamos comunicando, voy a dar lectura a un artículo aparecido en la tapa del diario Clarín del día de hoy, titulado “El gobierno quiere sacar sin debate la ley para controlar el papel de diario”. En dicho artículo se plantea que se pretende controlar el abastecimiento de papel de diario y que ese es uno de los principales objetivos que se trazó el gobierno en esta nueva etapa.
En este esfuerzo por interpretar al grupo de personas al cual me dirijo, en un principio comencé a anotar conceptos vertidos en diferentes intervenciones de legisladores, pero finalmente dejé de hacerlo porque advertí que muchos de los contenidos de las intervenciones de diputados de la oposición podían simplificarse en el artículo periodístico al que he aludido, que constituye el planteo troncal que efectúa el diario más importante de la Argentina en términos de tirada.
Reitero el título de dicho artículo: “El gobierno quiere sacar sin debate la ley para controlar el papel de diario”. En ese sentido, aquí se ha escuchado decir que no hay debate, y sin embargo, hace varias horas que estamos debatiendo e incluso ha habido audiencias públicas, tratándose de un debate que no solo se ha planteado aquí sino en toda la sociedad.
Este es un pueblo en el que el 54 por ciento de los votos emitidos en la última elección optó por el Frente para la Victoria y por los partidos de la coalición política que lo integran, entre los que estamos los compañeros del Partido Nuevo Encuentro. Quiere decir que el oficialismo obtuvo esta mayoría en medio del debate que se dio en torno al proyecto que declara de interés público la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa de Papel Prensa. También consiguió este 54 por ciento habiéndose sancionado hace muy poco la nueva ley de medios. Esto me hace pensar que no sólo está en discusión el tema de la libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de consensos, tan solicitados por algunos legisladores. En este sentido, vienen a mi memoria las palabras de Eduardo Santín pidiendo consenso, cuando en realidad ese consenso se ha construido a partir de un resultado electoral que es el que hoy se expresa en este recinto.
Reitero que este debate no se está dando sólo en este ámbito, porque también forma parte de las discusiones que se dan en el conjunto de la sociedad.
Pareciera que algunos no han advertido que a través de este proyecto de ley se contempla la puesta en marcha de una comisión federal asesora y de un registro nacional de fabricantes. Pareciera que algunos no se han dado cuenta de que lo que está en discusión es la existencia de un precio único. Es probable que la oposición tenga una opinión contraria a la vigencia de un precio único en la comercialización de papel en la Argentina. Es probable que la oposición crea en este concepto de la libertad de expresión como método de censura sobre los medios concentrados. Realmente, pareciera que para ellos este 54 por ciento de la población que se expresó en la última elección está inhabilitado para debatir qué hacer con este tema, al cual ya se han referido mis compañeros de bloque, los señores diputados Raimundi y Junio. Creo que el debate se tiene que circunscribir a lo que sintetiza el título de este proyecto, que es la declaración de interés público.
Por lo tanto, reitero que no sólo el 54 por ciento de la población representada en este recinto, sino también quienes actúan en las organizaciones populares, consideran que debemos alcanzar una producción democrática y que de ser necesario, el Estado se haga cargo de la producción.
Por eso pregunto si lo que está en discusión es la declaración de interés público de la producción, comercialización y distribución del principal insumo que se utiliza en la impresión de diarios y revistas. ¿Acaso la oposición considera que existe libertad de expresión cuando un monopolio puede definir los precios del mercado?
Tengamos en cuenta que cuando los diarios del interior de menor circulación no tienen acceso a la producción de Papel Prensa, deben recurrir a la importación u otra forma de producción y requieren al Estado que se haga cargo de la situación.
Pareciera entonces, vuelvo a decirlo, que para la oposición los medios pequeños, los que no están concentrados, no existen en la propuesta de libertad de expresión y de derecho a la información.
Yo suscribo lo que planteaba recién el compañero Raimundi. En verdad lo tenía agendado como una de las cosas que iba a mencionar, porque ayer era muy notorio que mientras la oposición votaba en general el presupuesto en forma negativa, se votaba en particular la obra pública de la propia provincia.
¿Qué quiere decir esto? Me lo pregunté ayer todo el día y vuelvo a hacerlo hoy. Quiere decir que está claro que en las provincias, la sociedad que sostiene y que ha votado…

Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia informa la orador que ha vencido su tiempo.

Sr. Harispe.- Concluyo, señor presidente.
Entiendo que lo que está en discusión es el rol de las representaciones en la Argentina. Este sector minoritario, que no ha alcanzado un nivel de representación suficiente, todavía no ha logrado comprender que el 54 por ciento de los argentinos ha votado un gobierno para que redefina el rol de papel prensa en este caso.
Creo que se están perdiendo la oportunidad de representar los intereses de los sectores por los cuales ellos están hoy aquí. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien comparte los 12 minutos que le corresponden con el señor diputado Solanas.

Sra. Argumedo.- Señor presidente: queremos adelantar que nuestro bloque se va a abstener en la votación del dictamen de mayoría en la medida en que acordamos con algunos aspectos de ese dictamen, por ejemplo, la declaración de interés público, el precio igualitario e incluso reconocemos el aporte que significa y que no habíamos tenido en consideración, como es la protección del medio ambiente.
No obstante, nosotros estamos apoyando la propuesta de llevar adelante un proceso real de democratización de las comunicaciones y de la información, no solamente en este campo, como señalamos varias veces, porque también pretendemos una democratización en el campo de la pauta publicitaria oficial, en el acceso igualitario y democrático a los medios públicos de comunicación, la democratización de las autopistas teleinformáticas que están actualmente bajo sistemas monopólicos a pesar de la importancia estratégica que tienen, por el carácter de las telecomunicaciones y de la información.
Consideramos que el artículo 10 del proyecto oficial otorga un excesivo poder al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y al dictar una serie de normas y disposiciones complementarias, junto a las cláusulas transitorias del artículo 40, nos parece que determinan una ley que comienza a estar hecha a la medida de los guantes de box del secretario de Comercio.
Nos parece que ese secretario de Comercio no tiene una especial vocación por dar una información correcta. Hace un tiempo me encontré con un sociólogo que había sido alumno mío de la facultad y le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió que se dedicaba a bajar la pobreza. Entonces le dije “¡Qué bien! ¿Estás en Desarrollo Social?” “No –me dice‑, trabajo en el Indec. Cuando llegan las cifras a las computadoras aparecen las patotas de Moreno y como nos dicen que el índice es demasiado alto, se baja. Es decir, yo bajo inmediatamente la pobreza en el país.”
Quiero reiterar que tuve el privilegio de estar uno de los debates más importantes a nivel mundial alrededor de las comunicaciones y de la información. Fue un debate en el que participaron 190 naciones en la UNESCO, donde se planteó ante todo la democratización de las comunicaciones y de la información, es decir el reconocimiento de la pluralidad de voces y la garantía para la pluralidad de voces, sin espíritu de revancha, y eso que entre esos 190 países existían muchos que habían sido largamente colonias asiáticas o africanas de los países occidentales y habían sufrido el estigma de la voz del amo, que los despreciaba, los denigraba y ocultaba y silenciaba sus identidades culturales.
Sin embargo, ese Movimiento de los No Alineados ‑que surgía de la gran revolución del Tercer Mundo, donde dos tercios de la humanidad participó de procesos de liberación nacional y social, a través de la descolonización y de gobiernos populares en Latinoamérica‑ planteó que el nuevo orden mundial en materia de información y comunicaciones debía ser equitativo y equilibrado y debía permitir la presencia de todas las voces.
Desde esa perspectiva y experiencia, en 2005 criticamos muy duramente, mediante un artículo que se puede consultar en Página/12 –el número 527/05, de mayo de 2005‑, al presidente Kirchner por haber prorrogado por diez años las concesiones que se habían otorgado a los grandes grupos mediáticos, que incluían no sólo a Papel Prensa, sino también a los medios radiales, televisivos y al cable. Esas concesiones las habían entregado algunos sectores del peronismo, que no eran nacionales y populares, sino neoliberales.
Eran momentos en que el “pejotismo” tenía el 50 por ciento de los votos y llevaba adelante la coherencia del neoliberalismo, con miembros informantes de la privatización de YPF y del sistema de jubilaciones y pensiones; esto último después se fue corrigiendo con funcionarios que aún están en el gobierno nacional y popular, y también esperamos que se haga lo mismo con YPF.
Decía que no queremos seguir con la voz del amo; ello significa que no se debería reemplazar el monopolio de los multimedios por un coro de voces que, a pesar de ser diferentes, cantan la misma canción.
No queremos reemplazar la voz del amo –del señor Moneta‑, que tanto molesta al gobierno y a nosotros también, por el coro de voces de Szpolski, Gvirtz, Ulloa, Electroingeniería, etcétera.
Por eso planteamos en nuestro proyecto una participación del Estado en Papel Prensa, junto con otras empresas del mismo rubro que se creen, contemplando una participación accionaria del 15 por ciento por parte de aquellos sectores que sean propietarios de medios.
Aquí se ha hablado de la vocación democrática y pluralista del Estado, pero ciertas experiencias no nos lo permiten comprobar, y no se trata sólo de un problema personal con el señor Guillermo Moreno.
En una licitación del Ministerio de Trabajo con las Naciones Unidas para el Desarrollo de un Programa de Apoyo al Sistema de Formación Continua se dice que se convoca a hacer un aviso publicitario. Textualmente se señala: “Campaña publicitaria en diarios y revistas. Este llamado contempla la publicación de avisos en los siguientes medios y revistas: …”. Se contemplan diez medios…

Sr. Presidente (Domínguez).- Ya ha usado siete minutos de los doce que disponía, señora diputada.

Sra. Argumedo.- Le agradezco, señor presidente, pero nos arreglamos entre nosotros. Los medios son: diario El Argentino, grupo Szpolski; diario Tiempo Argentino, grupo Szpolski; diario Miradas al Sur, grupo Szpolski; diario La Gaceta del Cielo, grupo Szpolski; revista semanal Veintitrés, grupo Szpolski; revista internacional Veintitrés, grupo Szpolski; revista nacional 7 Días, grupo Szpolski; revista dominical 7 Días, grupo Szpolski; la revista Cielos Argentinos, grupo Szpolski y la revista Diagonales de La Plata, grupo Szpolski. Son los únicos diez periódicos en los que van a estar los avisos. Por esto llamo la atención a los señores diputados acerca de que va a haber que hacer algunas correcciones en la orientación política del gobierno para que podamos hablar de una vocación democrática y pluralista.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Solanas (F.E.).- Señor presidente: voy a hacer una consideración general en los pocos minutos que me quedan.
La verdad es que hay poco diálogo. En un tema tan grande e importante se sectarizan o polarizan las posiciones y no nos oímos.
¿Para quién legislamos? Si legislamos para el ciudadano, éste quiere pluralidad de voces, diversidad, asegurarse una información objetiva, oportuna, verdadera y plural. En esto no hay disidencias. Es muy difícil estar en contra de iniciativas que quieren como objetivo enfrentar la monopolización, la hegemonización y las posiciones dominantes.
Pero de lo que se trata aquí es de analizar la experiencia transcurrida. Hay pocos que han trabajado tanto como nosotros en la democratización de los espacios de información. En esta misma Cámara en los años 1995 y 1997 realizamos dos encuentros internacionales en esa dirección. Después de haber incluido una cláusula en la Constitución Nacional sobre cultura y audiovisual, realizamos estos debates en la Cámara e incluso nos visitó la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Cultura del Parlamento Europeo.
Luchamos por la democratización del audiovisual. Trabajamos por la reforma de la ley de medios como pocos. Apoyamos la ley de medios luego de haber señalado 25 errores graves. El primero de ellos relativo al impulso que se daba para permitir el acceso de Telefónica y Telecom al negocio del audiovisual. Conseguimos que 17 de esas medidas que señalamos en nuestro documento se incorporaran en la ley de medios.
Pero faltó una que era muy importante y así lo demostró la experiencia. No hay democratización real de la información y de los organismos de cultura y comunicación si no aseguramos el control público. Si el control queda reducido a los ámbitos gubernamentales, como ocurre en este momento que la comunicación está en manos de los grupos privados o del monopolio oficial del partido gobernante, no hay ninguna pluralidad.
Hay garantía de avanzar hacia la democratización real si constituimos verdaderos consejos plurales donde estén representadas todas las partes, no solamente las que producen papel en este caso. Es la sociedad la que está interesada en que se multipliquen las voces gráficas. En esos consejos tienen que estar representadas las universidades, organizaciones sociales, trabajadores, intelectuales, etcétera, para controlar.
El organismo de control tiene que ser un organismo público con miembros surgidos de un concurso de oposición y antecedentes. El artículo 10 del proyecto oficial permite incluso al Ministerio de Producción la facultad de dictar normas.
Entonces, nosotros tenemos una posición distante y vamos a abstenernos, porque no nos queremos mezclar con un fin pequeño, mezquino y de doble discurso de proponer la democratización del uso de papel de diario cuando la urgencia y el motivo es la pelea chiquita con los actores privados. Aquí no hay un debate serio que tienda a legislar una verdadera política de Estado que le sirva a los ciudadanos de todas las tendencias, creencias y sectores sociales y por muchos años. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Solá.- Señor presidente: si éste fuera el mismo gobierno que comenzó el 25 de mayo de 2003 –partamos de ese supuesto, aunque por cierto tiene distintas características-, podríamos decir que esta relación con la prensa y la atención puesta a lo que se llamó “monopolios” aparecieron a cinco años de transcurrida la primera gestión. Concretamente, durante los tres meses de alta tensión generada en el enfrentamiento con el sector agrícola.
En aquel momento, como todos podemos recordar, algunos canales de noticias tenían el hábito –no sé si lo tienen en la actualidad- de dividir la pantalla en dos: por un lado, se mostraba a la máxima autoridad del país y, por el otro, sosteniendo argumentos en contra –por cierto de cualquier manera, sin seguir las normas que corresponden a una máxima autoridad-, alguien que por ejemplo participaba en un corte de ruta.
Allí comenzó la fuerte reacción del gobierno en contra del multimedios Clarín. Fue una batalla que entrañaba mucho riesgo para el gobierno. Se trató de una batalla absolutamente discutible desde el punto de vista político; un enfrentamiento en el plano de las ideas y de acusaciones sobre el uso que debía darse a la televisión o a la letra de los diarios.
Pero la batalla no se limitó sólo a eso. Fue librada con todos los medios con que disponía el Estado, y que el gobierno comandaba, para arrinconar al grupo Clarín y, en menor medida, al diario La Nación. El objetivo central era Clarín.
Esa batalla no tuvo antecedentes en el país. No hay referencia alguna de escraches a periodistas, en afiches en las paredes y demás, en períodos democráticos. Nunca había ocurrido que el principal enemigo elegido por un gobierno fuera un grupo editorial.
No estoy diciendo nada que no se sepa. Es por todos conocido –a lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo- que esa batalla, más allá de los medios que se utilizaron ‑y que, insisto, fueron ilegítimos en muchos casos‑, fue cultural pero mirada con ojos políticos. La discusión sobre quién emite cultura y quién lo hace con mayor poder, no sólo desde el punto de la emisión sino también desde lo moral, es una batalla cultural y política.
En esa batalla, la victoria cultural fue del gobierno. Para decirlo más rotundamente, el gobierno ganó esa batalla cultural y comunicacional, y después la contienda electoral.
¿Por qué ganó? Porque consiguió que quienes pretendían ser, a través de su enorme tirada, lo que podríamos decir –entre comillas- la media de los argentinos, la norma, lo normal, el sentido común o, lo que es peor aún –pido disculpas por la expresión-, “lo que piensa la gente”, no lograron ese objetivo. Quienes siguen leyendo ese diario, que continúa teniendo mucha tirada, u otros, saben que no están leyendo el sentido común sino una publicación con ideología, con participación en negocios que necesitan defender, que contiene noticias muy lúcidas y otras noticias –como se ha visto hace años- dirigidas concretamente a un sector específico que no tenía relación con la noticia pura.
Por eso esa batalla fue ganada, y no se trató de una batalla menor. No coincido con las armas utilizadas, pero soy realista, soy un hombre político y me interesan las batallas políticas. Es lo que pienso, lo que cree la gente que me rodea y lo que piensan muchos de los que están acá.
Se triunfó en el plano político y en el plano comunicacional. Además, se obtuvo el 54 por ciento de los votos que algunos utilizan aunque no es propio de ellos. Simplemente se acoplaron y utilizan ese porcentaje para tirárselo por la cabeza a quien sostiene algo diferente. O sea, es una pésima utilización del 54 por ciento.
Lo que hay que hacer con el 54 por ciento –mucho más en el caso de que uno tenga una vocación peronista- es impresionarnos, pensar quiénes votaron, por qué votaron y acordarse de que el pueblo es donde está la mayoría, salvo error u omisión y lo aprendimos con dolor. Pero usar el 54 por ciento para tirárselo por la cabeza a alguien, no corresponde. Tampoco sirve para cerrar una discusión. Boca no juega siempre mejor, aunque este año ha jugado bastante bien. Tampoco juega mejor porque tenga más hinchas que otros equipos. Depende de cómo juegue. Por cierto no ha jugado mal. De lo contrario, la cuestión sería algo así como el duelo medieval, donde el juicio de Dios consistía en que dos personas se dieran con todo por estar en desacuerdo, y el que ganara tenía la razón. No es el caso. El que gana tiene derecho, pero no siempre tiene razón.
¿Por qué digo todo esto? Porque el proyecto de ley en cuestión tuvo oportunidad de debate. No es cierto que no la haya tenido. La tuvo el año pasado y la está teniendo ahora. Además, ustedes tienen la suerte de que a los bloques que tienen dos o tres diputados les den doce minutos para hablar, y a los que tienen más de tres les otorguen cuarenta minutos, razón por la cual se salvan de que les dé la lata, cosa de la que no nos salvamos. Les agradezco votar eso, y sin ironías.
Este marco regulatorio es muy estricto. Como dijo la señora diputada Argumedo, da muchísimo poder para que el ministro de Economía delegue el trabajo como autoridad federal en lo que tiene que ver con la producción, circulación y venta de papel prensa.
Es cierto que se crea una comisión bicameral, un registro único de medios –que me parece bien-; está bien lo del impacto ambiental, está muy bien lo de la Comisión Federal Asesora. También es correcto lo vinculado con los principios de transparencia. Está muy bien lo del precio único en puerta de fábrica al contado, dadas las circunstancias actuales. Los aranceles se han ido a cero, que era lo que nosotros proponíamos el año pasado. El hecho de que estén en cero sitúan a la cuestión vinculada con el papel fuera de lugar. Pero no sabemos si el día de mañana puede pasar algo por el hecho de que suba el precio internacional y ponerse fuera de distancia de los medios.
Voy a efectuar algunos comentarios. En primer lugar, el marco regulatorio es muy duro para una empresa monopólica que tiene como socio al Estado. Lo que nos parece correcto es que el Estado sea un socio capitalista de la empresa. Pero no existe un marco regulatorio similar para la publicidad oficial.
No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor diputado Raimundi en cuanto a que la publicidad oficial representa el 3 por ciento del total. Todo depende del universo que estemos analizando. Hay que ver si tomamos los diarios de la Capital que influyen sobre el resto del país o de las grandes ciudades. Ahí sí puede ser que la publicidad oficial sea muy minoritaria en relación con la privada. Vemos páginas y páginas de avisos de electrodomésticos o de automóviles, por ejemplo.
Pero si el universo es aquello que constituía la verdadera libertad de prensa y no la libertad de empresa, según Arturo Jauretche, es decir, el medio pequeño que nace, no se reproduce y muere, entonces sí la publicidad oficial es determinante en los pueblos chicos del interior, en las ciudades medianas o en aquellos medios que no usan papel, como las radios, las FM, y las múltiples formas de comunicarse que tiene nuestro pueblo, y seguramente aparecerán nuevas. Digo que allí sí la publicidad oficial es determinante, porque está ausente la publicidad privada.
Lo que nosotros decimos es que queremos muchas voces y diversidad. Esa heterogeneidad se da especialmente en aquellos que no tienen publicidad privada o tienen muy poca y, en cambio, requieren de apoyo estatal de una intendencia, de una provincia o de la Nación.
Entonces, la publicidad oficial es muy importante. Yo diría que es el insumo básico de un medio pequeño que además se quiere dar el lujo de ser totalmente independiente y de opinar en contra de un intendente, de tal o cual diputado o de un gobernador. Esos lujos no son tan fáciles en la Argentina de hoy, no porque haya una mordaza, se detenga a la gente o haya que rasgarse las vestiduras, sino porque las patéticas miserabilidades existen, y es muy caro tener un medio.
Finalmente, quiero expresar que nos vamos a abstener en la votación. Estamos de acuerdo con que un monopolio deba ser controlado por el Estado. Lo mejor sería que lo estuviera desde adentro, siendo activo en el directorio. Estamos de acuerdo con el precio único, pero no coincidimos con los artículos finales, donde la cuestión se deschava, donde aparece lo que mencioné sobre el fin de la batalla cultural. Allí se utiliza una fórmula de un artículo anterior para establecer el precio único. En esa fórmula la mayoría de las variables no dependen de Papel Prensa. La única variable que podría depender económicamente de ellos -que es la referida a la rentabilidad que se dan- la fija el Estado: 6 por ciento como costo de oportunidad externo del capital, 6 por ciento de la totalidad del capital involucrado.
Los mismos artículos 40 y 41 dicen que si yo fijo un precio no tengo derecho a decir que tiene que invertir sí o sí. Si yo no fijo un precio y es monopolio, entonces sí tengo derecho a decir que debe invertir sí o sí y crecer. Pero al fijar el precio y decir que “si no crecen vamos a invertir nosotros, si invertimos nosotros vamos a aumentar nuestro capital accionario, y si aumentamos nuestro capital accionario es porque ustedes no crecen, porque el precio es fijo y no les es rentable, entonces nos haremos de la empresa”. Esto, desde el punto de vista de los principios, nos parece injusto y por eso nos vamos a abstener.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Favario.- Señor presidente: el tema en debate viene a contrapelo de la Constitución Nacional, porque los constituyentes de 1853 no abrieron la posibilidad de la convocatoria a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo para tratar cualquier cosa, sino aquellos temas que realmente merecieran urgencia. Y yo humildemente considero que este asunto no es de urgencia.
Aquí hemos escuchado decir que la urgencia obedece a que es un debate postergado desde hace treinta y cinco años. Por mi parte, por supuesto que no voy a adscribir a los que creen en la fábula inventada por el gobierno por la cual los propietarios de los dos grandes diarios involucrados, violando derechos humanos y cometiendo delitos de lesa humanidad, desapoderaron a los anteriores dueños de la empresa Papel Prensa.
Para mí este proyecto tiene urgencia para el gobierno –de ahí el apresuramiento desmedido para su tratamiento‑ en razón del resultado electoral de 2009. Como esta elección produjo un retraso en la profundización del modelo, ahora hay que recuperar el tiempo perdido. Con esa finalidad se trata este proyecto de ley.
Nuestras diferencias se dan con respecto al modelo. El del gobierno tiene perfil vertical y finalidad hegemónica; el que nosotros sostenemos es horizontal y pluralista, partiendo del diálogo y de la búsqueda de los consensos.
El proyecto no es otra cosa que la definición de lo que acabo de decir: el control de una empresa privada, y como efecto mediático acota a los dos diarios más importantes del país porque no tienen afinidad con el gobierno.
Los artículos 40 y 41 del proyecto de ley son una suerte de mordaza que termina produciendo el ahogo de la empresa privada, que pasará a ser controlada por el Estado, o por el gobierno ‑si se quiere‑, que determinará las cuotas de papel que se distribuirá, por supuesto, entre los hijos y los entenados. Los hijos serán los que se arrodillen y hablen a favor del gobierno, y los entenados, los que osen criticarlo.
El proyecto declara en el artículo 1º de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Más que de interés público la declaración en verdad debería decir “de interés del gobierno”, porque es al gobierno al que le interesa.
Se ha dicho aquí, y no por repetido deja de tener valor, que hay una clara violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos ‑que en virtud de la reforma constitucional de 1994 tiene tal jerarquía‑, que prohíbe expresamente establecer controles sobre el papel para diarios.
¡Oh casualidad, señor presidente! Es violatoria de la Convención de los Derechos Humanos por parte de los campeones de la defensa de los derechos humanos.
Se ha hecho referencia a la violación clara del artículo 32 de la Constitución Nacional. Lo señaló con precisión el señor diputado Comi. Si se aprueba este proyecto se está violando el juramento de defender la Constitución. Este cuerpo tiene vedada la posibilidad de sancionar una ley de esta naturaleza. El poder vertical ‑entiendo yo‑ no puede llegar al extremo de obligar a acatar una orden que significa violar la Constitución, y yo creo que la violación de la Constitución es clara en lo que respecta al artículo 32.
El modelo tiene un rechazo visceral hacia todo lo que sea un resguardo o una protección de la libertad de prensa. Por eso no hemos podido sancionar la ley de libre acceso a la información, una norma que impide el manejo absoluto y parcial de la pauta oficial, ni tampoco otra que limita el uso desvergonzado y sin límites de la cadena oficial para actos exclusivamente partidarios.
Entiendo que la ley en sí misma es secundaria, lo esencial es la defensa de los principios de la libertad. Acá se recordó, y no hay que dejarlo pasar por alto por reiterado, lo que decía Dilma Roussef: “La libertad de prensa es la única alternativa al silencio de las dictaduras”. Para Pepe Mujica, “La mejor ley de prensa es la que no existe”. Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, “Siempre hemos defendido al periodismo crítico aun cuando nos critican a nosotros, porque esto fortalece a una sociedad democrática”.
Esto es lo que pensamos, a este modelo adscribimos. Por supuesto que esto no parece que se ajuste al pensamiento de los ilustres que nombré, sino al pensamiento de Chávez, que cínicamente cierra diarios y habla de la libertad de expresión.
Como acá suele ocurrir que a quienes se oponen le colocan algún sayo, seguramente a nosotros no nos podrán decir que somos soldados de Clarín o empleados de La Nación, porque los dos diarios argentinos hace rato que consideraron que desapareció el Partido Demócrata Progresista.

Sr. Presidente (Domínguez).- Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Sr. Favario.- Ya termino, señor presidente. Decía que para estos diarios hace rato que terminó el Partido Demócrata Progresista, y por ende para ellos este diputado que representa al pueblo no existe.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Wayar.- Señor presidente: en un momento pensé que estaba en un ámbito donde directivos de un holding de empresas de comunicaciones mostraban su preocupación y sus miedos ante una ley que va a sancionar este Congreso.
Pero bueno, volví a la realidad y me di cuenta de que cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos todo el derecho de expresar lo que pensamos y lo que sentimos.
He escuchado a una gran mayoría de las voces que ya hablaron referirse a esta ley en cuanto a lo que son sus miedos y preocupaciones, A lo que puede llegar a pasar o lo que ellos creen que va a pasar. Y eso está bien, porque eso es la democracia. Algunos pensamos que las leyes son en pro y otros piensan que son en contra, y está todo bien.
Sin embargo, creo que esta iniciativa tiene importantes aspectos a rescatar que no han sido mencionados; no es sólo el interés en Papel Prensa, sino que el proyecto se refiere a generar equidad y trabajo, y a preservar el medio ambiente.
Como decía ayer el señor diputado Rossi, de acuerdo con las perspectivas cada uno hace su interpretación de una ley. En tal sentido, yo quiero interpretar esta iniciativa desde la perspectiva de los hombres y mujeres del interior más profundo, de ese interior al que el Obelisco le queda lejos, a quienes tal vez no les lleguen esos grandes diarios que muchas veces inducen a la opinión pública. Aunque ustedes no lo crean, hay muchos ciudadanos que no saben ni que existen. Sin embargo, quizás esos ciudadanos tienen la posibilidad de contar con un semanario, un quincenario o un diario de apenas tres hojitas.
Esta iniciativa permitirá a jóvenes comunicadores pensar en iniciar un emprendimiento en distintos lugares de nuestra querida patria. La Argentina no se limita a una región del país; no son únicamente dos o tres diarios o unos cuantos canales de televisión.
He escuchado decir que se intenta cercenar el derecho a comunicar en libertad, y esa es una gran mentira. Hoy hay miles de medios para comunicar, y los mismos diarios tienen una importante cantidad de herramientas para hacerlo. Pudieron, pueden y podrán comunicar siempre lo que sienten, lo que piensan o lo que les conviene, que son los tres parámetros que utilizan para comunicar. Eso no está en riesgo en ningún momento ni en ningún sentido. El proyecto en consideración permite a la prensa escrita acceder en igualdad de condiciones al papel como insumo vital para comunicar no sólo temas políticos sino del ámbito social.
Me parece bien que se pongan de manifiesto las preocupaciones, pero no estoy de acuerdo con que no le encuentren al proyecto ninguna bondad. Se ha mencionado a grandes personalidades -a quienes respeto y valoro- en sus conceptos sobre la libertad, pero yo también quiero decir algo respecto de lo que pasa en un país con una gran cultura democrática. En el Congreso de los Estados Unidos hay representantes de intereses económicos y empresariales, así como representantes directos de los trabajadores. En nuestro Congreso, los únicos que tienen claro que cuando se sientan en sus bancas representan un interés concreto son los representantes de los trabajadores organizados, quienes claramente representan al sindicalismo, a la CGT y al movimiento obrero en general. Los demás representamos a todos y al conjunto de la población.
Todos los sectores de la Argentina, mayoritarios o minoritarios, productivos o del ámbito del trabajo, deben tener su voz, y en ese sentido me parecen bien las voces que he venido escuchando. Sin embargo, no puedo admitir que todo quede en lo negativo y que no rescatemos los aspectos positivos que contiene la iniciativa en consideración.
Aquí se habla, por ejemplo, de una comisión bicameral de control, respecto de la cual escuché decir que no tiene relevancia o que con ella ya sabemos qué es lo que pasa. No confiamos en nosotros mismos. Si no confiamos en una comisión del Congreso de la Nación, no confiamos en la democracia.
Tengamos en cuenta que este proyecto habla de desarrollar la producción y de alentar nuevos emprendimientos; no habla sólo de una empresa. Es más, sólo una pequeña parte de este proyecto hace referencia a la empresa Papel Prensa. La mayoría de los artículos están referidos al apoyo, fomento y desarrollo de la producción primaria y a la posterior industrialización del papel para los medios gráficos. Creo que esto potencia la posibilidad de una mayor pluralidad; no está jugando al unicato.
Cuando el proyecto aborda el tema de la empresa Papel Prensa es para legislar sobre las acciones que están en poder del Estado. Esto lo remarco porque como accionista cualquiera tiene derecho a opinar y a intentar tener una mayor injerencia. Entonces, no se puede decir que lo que se pretende con este proyecto es crear un monopolio estatal.
Pareciera ser que a todo lo que es del Estado hay que temerle y que todo lo privado es bueno. Ni una cosa ni la otra. Cada uno debe asumir su responsabilidad en el ámbito de la sociedad que le corresponde.
La Constitución detalla con claridad el rol de los ciudadanos, pero también el del Estado y sus tres poderes, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.
Es cierto que en los hechos ha surgido un cuarto poder, que no está contemplado en la Constitución pero que sí goza de garantías constitucionales, aunque no es otro poder.
Es necesario que el Estado cuente con la fortaleza necesaria para equilibrar, mediar y desarrollar políticas que tengan que ver con el bien común.
El Estado no debe ponerse de rodillas ante los grandes sectores, que por lo general creen ser únicamente los hijos y los demás los entenados de nuestra República.
Ese es el cambio que se viene dando gracias al impulso de este gobierno, que es acompañado por el oficialismo pero también por sectores de la oposición. No creo que sea positivo pensar en forma permanente que el otro es malo o que todo lo que hace el otro es malo y pecaminoso. Esto puede resultar contagioso y quizás hasta yo me contagie un poquito y piense que este holding de comunicación tiene trabajadores en negro a los que le paga con segundos de televisión, con minutos de radio y con centímetros en los medios escritos. La verdad es que no creo que eso sea así; creo que cada uno dice lo que piensa o lo que sus convicciones le dictan. No tengo que pensar mal del otro.
¿Por qué tenemos que remarcar lo que puede pasar de malo y no lo que puede pasar de bueno? ¿Por qué no creemos en nosotros mismos? El proyecto prevé la creación de una comisión bicameral, pero también de una comisión federal de asesoramiento, en la que estarán representados distintos diarios de las diferentes provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos organismos serán los encargados de controlar y de llevar adelante la gestión. Sin embargo, algunos no creen en ellos. Pareciera ser que algunos consideran que si ellos –los virtuosos‑ no están en la conducción y el gerenciamiento las cosas se van a hacer mal, pues sólo ellos pueden hacer las cosas bien. Lo cierto es que en esta etapa de nuestra democracia la mayoría de los argentinos no ven las cosas de esa manera. Escuchémonos con respeto, no nos agredamos y no pensemos que el otro sólo está para hacer el mal.
Por todas estas razones, adelanto que vamos a acompañar el proyecto contenido en el dictamen de mayoría, ya que en nuestra opinión va a generar nuevas posibilidades entre los jóvenes y en los pueblos del interior. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Antes de otorgarle el uso de la palabra al siguiente orador deseo hacer una breve aclaración.
El bloque Frente para la Victoria ha informado que hará uso de los quince minutos que no utilizó al comienzo de esta sesión. Además, atento la queja presentada por el presidente de dicho bloque, se hace la aclaración de que el Frente para la Victoria en promedio usa la palabra 20 segundos por diputado, la Unión Cívica Radical un minuto, el Frente Peronista dos minutos por diputado, lo mismo que el FAP, Nuevo encuentro ocho minutos por diputado y tres minutos por diputado el bloque que preside el ingeniero Felipe Solá.
Quiere decir que las mayorías en el uso del tiempo han sido las más perjudicadas en este acuerdo de palabra, cuya pretensión era que las minorías pudieran hacer el uso correspondiente.
Hecha esta aclaración tiene la palabra el diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. de Prat Gay.- Señor presidente: en atención a la mención que hizo, le aclaro que nosotros disponíamos de 15 minutos más que no vamos a utilizar. En todo caso, le solicitamos algo más de paciencia en el cierre.

Sr. Presidente (Domínguez).- Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: en primer término, le aclaro que voy a hacer uso de la palabra por cinco minutos.
Antes de iniciar el tema de mi alocución, quiero rescatar que recurrentemente diputados de bloques opositores han mencionado en el debate del día de hoy que se trata de un tema que no existe o de un problema que no es tal y que básicamente es abstracto.
Mientras los escuchaba me preguntaba cuál es la razón de ser de los cinco dictámenes de minoría que hay firmados en las cinco comisiones. Lo dejo como una pregunta que me hago.
Quería comenzar contando una historia de un medio y de trabajadores del interior del país, que comenzó allá por 2001 y que han hecho llegar los mismos trabajadores así como tantos protagonistas del universo de los medios de comunicación, que las hacen llegar a las comisiones intervinientes.
Con el permiso de la Presidencia, me voy a permitir leer algunos párrafos de esta misiva. “Queremos que sepan que la última vez que vimos un patrón fue el 18 de diciembre de 2001, un día antes del 19 y 20 de diciembre.”
Siguen diciendo: “Estuvimos en la calle en el peor momento de la historia económica argentina y en la calle construimos una cooperativa, con la cual primero soñamos, después nos movilizamos, después construimos, discutimos y finalmente recuperamos el trabajo.
“Primero fue recuperar el lugar de trabajo, luego los recursos de una empresa fundida y finalmente pasamos a recuperar una empresa para sorpresa de todos. Gestionamos con éxito esa empresa comenzando con 23 trabajadores y hoy somos...” –dice la carta‑ “...80 familias que vivimos de esta fuente laboral.
“Fueron muchas las dificultades que tuvimos para hacerla y sin duda el problema histórico fue la falta de papel para poder editar como un escollo gravísimo. Históricamente la empresa Papel Prensa nos otorgó un cupo de apenas quince bobinas mensuales, que determinaban el carácter de nuestra publicación.
“Cuando recuperamos la empresa, Papel Prensa ni siquiera nos quiso reconocer como tal, por lo cual tuvimos que comprar papel en negro, llegando a pagar 1.360 dólares la tonelada.” Aclaro que hace 8 años de esto.
“Finalmente recuperamos el cupo, pero luego, cuando armamos ADICRA, una asociación de diarios cooperativos, nos lo quitaron nuevamente como castigo. Siempre pagamos 820 dólares la tonelada, mientras Clarín pagaba 440 por el mismo producto. En realidad no era el mismo producto, porque el de mejor calidad era para el monopolio y nos daban el de menor calidad.”
Concluyen diciendo: “Necesitamos esta ley que hoy discute el Congreso para que nunca más sucedan estos atropellos contra la prensa independiente, regional, cooperativa, PYME y provincial.”
Esto que tengo en mis manos es el diario Comercio y Justicia de Córdoba, de una empresa recuperada, de la que viven estos 80 trabajadores con sus familias. ¿Saben cuánto pesa? Apenas 90 gramos, y los periodistas no pueden, obviamente, editarlo más que de lunes a viernes, porque es imposible competir con los 90 gramos de papel frente a medios que llegan a todas las provincias y capitales con 1,2 a 1,5 kilos de papel, entre sábados y domingos. Eso pesan los periódicos que todos leemos los fines de semana, porque a ellos les sobra el papel; incluso, traen un suplemento de autoayuda para los lectores, que sin duda sería uno de los menos nocivos.
El meollo del debate y las palabras harto repetidas han sido las de libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de imprenta.

Sr. Presidente (Domínguez).- Su tiempo ha concluido, señora diputada.

Sra. Gutiérrez.- No se ha hecho diferencia entre todos estos términos, pero existen. La iniciativa apunta básicamente a la libertad de imprenta, que por supuesto está entrelazada con las otras palabras.
Para finalizar, quiero contar una anécdota, contradiciendo un poco lo que un diputado de la oposición dijo en cuanto a que este tema se empezó a tratar cinco años después del inicio de nuestro gobierno.
Poco antes de asumir el presidente en 2003, un escribano sin título traspasó la puerta de la Casa Rosada con un pliego de condiciones. Ya entonces comenzó la cosa. Ese pliego de condiciones establecía lo que un gobierno debía cumplir para seguir existiendo. ¡A eso lo llaman libertad! (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Moreno.- Señor presidente: dos temas, dos alegrías y una tristeza.
La alegría es porque después de más de treinta años rompimos el tabú de que sobre esto no se podía hablar. La oposición, que hoy se queja del poco debate, lo eludió alineada en el Grupo A, cuando uno conocía recién el día anterior, leyendo La Nación o Clarín, cuál iba a ser su agenda.
Hubo catorce foros a cargo del actual vicepresidente de la Nación. También hubo 120 expositores y, salvo honrosas excepciones de algunos diputados individuales que participaron de las audiencias, el resto no concurrió.
Entonces, el tiempo del consenso o acuerdo se agotó para muchos. Recuerdo a una diputada de otro bloque que hoy no está, la diputada Marchán, que presentó sus diferencias, pero hemos trabajado y tratado de compatibilizar un proyecto con un gran esfuerzo de la actual presidenta de la Comisión de Comercio, a la que ni siquiera querían dejar asumir.
Una segunda alegría la voy a analizar con una tristeza. Me parece terrible que diputados que están sentados en estas bancas digan que este proyecto de ley posiblemente se apruebe por el juego de la democracia, pero que luego será revisado por los jueces o la Corte. Es tanto el retroceso que muestra una negación de nuestra capacidad de ganar, perder, discutir y disentir.
Pero hoy tuvimos una alegría: el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura acaba de echar a esa vergüenza del juez Atilio Romano, el mismo juez que entendiera en una alzada cuando también desde ese bloque se judicializó la ley de medios. (Aplausos.)
Dicho esto, hay que hacer tres enfoques de esta situación. El primero es un enfoque constitucionalista. Vea usted, señor presidente, que durante muchos años el sistema tenía a los economistas, y como todos los diagnósticos de los economistas fueron para el diablo, ahora inventaron la raza de los constitucionalistas. (Risas.)
Me voy a permitir insertar en el Diario de Sesiones la parte referida al enfoque constitucionalista. Y me voy a referir con respeto a lo mencionado por dos diputados con quienes tengo diferencias pero creo que enfocaron una parte que no queda duda sobre la sospecha de esta situación. Creo que la señora diputada Stolbizer y el señor diputado Comi, con quienes no coincido en la conclusión, comenzaron por donde se debe.
¿Qué es Papel Prensa? ¿Qué es la prensa? ¿Cuál es el problema que tenemos?
Esto no nació hoy, y si alguno de los que está aquí cree que tenemos un mérito, es que Dios nos ha dado la oportunidad de estar en esta reunión histórica.
Pero tenemos que decir muchas cosas. Hay muchas familias en el camino, en los diarios del interior, y no en ciudades chicas. El señor diputado Comi decía que en su provincia no existía, pero le pido que lea las intervenciones en las audiencias públicas, y no solamente del actual dueño de Ámbito Financiero, que tiene participación accionaria en el segundo diario, si no es reflejo de las familias que perdieron el diario La Voz de la Capital. Está en la versión taquigráfica y cuenta la historia de los despojos a partir de esto.
Los que hablan de violación del artículo 3º se olvidan de un tema. Ese artículo 3º es tanto para el Estado como para los particulares.
Entonces, señores, todos estamos en falta y en omisión porque deberíamos haber denunciado esto desde el mismo día en que esta empresa fue despojada y entregada a estos diarios por la dictadura militar.
¿Cómo nace esto? No voy a hablar de las causas penales, porque son otros los que se ocupan. Nace en un despojo que empezó el 2 de noviembre de 1976. Los que me dicen que la familia Graiver estaba en libertad deberían leer la solicitada de estos diarios del 19 de mayo de 1977, donde dicen: Nos quedamos con esto porque nos merecemos esto y se merecían esto.
Tuvieron una virtud: se quedaron con una empresa monopólica en sociedad con los militares y lograron acallar todas las voces durante muchos años. Si no hubiese ocurrido Malvinas, tal vez la Argentina habría tenido que sufrir muchos años más.
Pero además hicieron una cosa mucho más perversa: le pusieron un arancel del 45 por ciento a la importación de papel. Es decir que los dueños son los propios diarios que apañaron el sistema de la dictadura militar.
¿Quién podía competir? ¿Quién se podía poner enfrente? Como la historia está, simplemente voy a leer una parte del discurso que el genocida Videla pronunciara al 26 de septiembre de 1978 dirigiéndose a la prensa, en ocasión de la inauguración de la fábrica de Papel Prensa: “Es indispensable callar y la prudencia es el silencio cuando está en juego el bienestar común”.
Así nació esto, así se inauguró la fábrica Papel Prensa. Si no leemos el discurso que Videla pronunció el día que se inauguró la fábrica de Papel Prensa, no entenderemos las historias posteriores ni las complicidades civiles ni la cantidad de desastre en víctimas, bienes y retroceso de la libertad en los años siguientes en nuestro país. Esto es básico.
Después de este debate me iré con una tristeza. Nadie habló aquí del verdadero sujeto: los diarios del interior de la Argentina. Dije el otro día, y reitero: ningún diputado del interior se ha tomado el trabajo de hablar con los diarios de su pueblo –criados con éste y de enorme prestigio‑ para que tales diarios les cuenten cómo empezaron a atenderlos en Papel Prensa luego del discurso que la presidenta pronunciara el 27 de agosto del año pasado.
Nosotros recibimos entre trescientos y cuatrocientos diarios de parte de ADEPA y ADIRA. Nos decían: Ahora, parecemos visitadores médicos, porque nos atienden de a uno para ver qué necesitamos, y siempre ponen el precio.
Un señor diputado de la Coalición Cívica resaltó bien la situación al señalar que existe precio único, de contado, y arancel cero de importación a partir del tan denostado secretario de Comercio Interior, el compañero Guillermo Moreno.
De todas maneras, faltaba algo que esta ley viene a regular: la cuota. El dueño da la cuota si la otra parte se alinea.
Habría que rendir muchos homenajes. Seguramente no podremos entender esto si no leemos a Abelardo Ramos en Los cerrojos a la prensa; tampoco lo entenderemos si no se tiene en cuenta el dictamen del fiscal Molinas, contenido en el libro Detrás del espejo.
Yo, que creo en las fuerzas nacionales y en los radicales, quiero rendir un homenaje al doctor Melchor Cruchaga, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires; valiente funcionario que durante el gobierno del doctor Armendáriz intentó cobrar la luz a Papel Prensa. ¿Entendemos? Intentó cobrarle la energía eléctrica.
Determinó que Papel Prensa debía 80 millones de pesos de ese entonces en energía eléctrica que no pagaba. Se apropiaron. Se quedaron con todos los créditos de la promoción. Tuvieron el apoyo del banco de desarrollo de aquel entonces y ni siquiera pagaban la luz.
¿Saben cuál fue la consecuencia? Una guerra terminal al gobierno del doctor Armendáriz al pretender cobrarle la luz.
El proyecto de ley refleja la reflexión que nos hicimos nosotros cuando fue enviado a este cuerpo. Discutíamos entre nosotros y yo les decía que todo estaba bárbaro, pero a su vez quería saber si esta gente iba a querer que nosotros la defendamos. Sabíamos que si venían a las audiencias los iban a apretar y se iban a quedar sin papel.
Desconfiaron y siguen desconfiando, pero estas cosas no habrían ocurrido si hubiera existido una continuidad del Estado, participando de este negocio. En segundo lugar, ellos pidieron que fuera de interés público la fabricación del papel. En tercer lugar, debieron sentarse a la mesa. Finalmente, arancel cero y los cupos. Algún día tendremos que hablar de la estafa en el peor momento de debilidad del doctor de la Rúa, mediante el accionar de Cavallo y estos medios, porque el pago del IVA por la tapa es un crédito para los diarios de la Capital Federal y una deuda feroz que tiene y tendrá endeudados a nuestros diarios del interior.
Los del interior lo poco que podemos hacer es defender a nuestros pueblos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Iniciando la rueda de cierres, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sabbatella.- Señor presidente: en primer lugar expreso con mucho entusiasmo el voto positivo del bloque Nuevo Encuentro al dictamen de mayoría que propone declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel.
Además, nuestro bloque es autor de uno de los proyectos que ha sido considerado cuando fue elaborado el dictamen de mayoría.
La iniciativa que estamos debatiendo es absoluta y llanamente a favor de la libertad de expresión, de la pluralidad de voces y del derecho ciudadano a la información. Es lo que queda clarísimo de la simple lectura del proyecto. Sin embargo, es necesario subrayarlo, porque maliciosamente algunos intentan cambiar el sentido de la propuesta e instalar en la sociedad que se trata de un avance en contra de los medios y de los periodistas.
Es muy obvio que no es así; es muy obvio que como muchas otras veces quienes quieren desvirtuar los objetivos de esta ley esconden sus intereses tras banderas que arriaron una y otra vez.
Hay que ser muy fantasioso para creer que el surgimiento y el desarrollo de más medios gráficos de comunicación, que la apertura de nuevas fuentes de empleo para los trabajadores de prensa, que la posibilidad de conocer otras opiniones e informaciones, vaya en contra de la libertad de expresión.
Hay que ser muy maliciosamente creativo para instalar la idea de que la igualdad en el acceso al papel afecta la pluralidad y que la mejor forma de garantizar la libertad de prensa es dejar que los más grandes impongan las condiciones a los más chicos.
Los señores diputados Amadeo y Favario citaron a Lula, ex presidente del Brasil, para hablar sobre este proyecto.
Recién encontré una opinión del ex presidente brasileño que decía así: “Tengo miedo de que dentro de cien años alguien vea un diario o una revista de esta época y tenga la peor impresión posible porque si uno agarra la prensa brasileña no se entera de lo que pasa. Si el pueblo fuese mejor informado, el pueblo sabría más cosas y las personas podrían hacer un mejor juicio de valor acerca de esas cosas.”
Dice también Lula: “Aquellos que siguen la política brasileña en ese momento se darán cuenta de que sería mucho más fácil si algunos medios de comunicación asumiesen, categóricamente, su compromiso partidista. Y entonces sabríamos quién es quién, pero no es así como funciona en Brasil. Al parecer, todos los medios son independientes, pero basta sólo ver los titulares para comprender que la independencia termina donde comienza el comercio".
Tampoco va a ser la primera ni la última vez que haya quienes intenten convertir este Congreso en una suerte de bufet de abogados de los intereses de ciertas corporaciones mediáticas. Pero esa posibilidad se alejó, eso cambió porque el 54 por ciento de la población le dijo sí a este rumbo y a este camino transformador que recorre la Argentina, le dijo sí al liderazgo de Cristina y también el 54 por ciento estableció nuevas mayorías parlamentarias que colocan al Congreso de la Nación más en sintonía con el proceso de cambio que vive nuestro país.
Es probable que algunos y algunas que suelen referirse a la libertad de expresión, no compartan ese tramo de los fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo referido a la forma en que se monopolizó el mercado del papel en la República Argentina. Tal vez varios de esos legisladores consideren increíble que algunos empresarios hayan sido capaces de transgredir la ley para apropiarse de bienes y obtener más ganancias. Tal vez crean que es exagerado señalar que la posición dominante se tradujo en la desaparición de miles de publicaciones y el crecimiento exponencial de unas pocas.
Nosotros creemos que fue y es así, y por eso la importancia de este proyecto. Hemos escuchado con atención y respeto a los representantes desde la compañía Papel Prensa. Leímos los informes que nos acercaron y su relato sobre el pasado el presente de esa empresa.
Al igual que la inmensa mayoría de la sociedad, nosotros accedimos a la versión que insistentemente difunden a través de sus propios medios masivos. Pero también, gracias al funcionamiento de una democracia que debemos defender y enriquecer cada día, conocimos la otra campana, aquella que durante mucho tiempo estuvo silenciada, la campana de quienes fueron desplazados por los actuales accionistas mayoritarios, la de los miles de medios que en todos los pueblos del país son condicionados por el control monopólico del mercado del papel en la República Argentina. También conocimos la campana de quienes deben pagar ese insumo un 35 o 40 por ciento más caro de lo que lo pagan los medios del grupo Clarín o La Nación, así como la campana de pequeños empresarios periodísticos que no pueden dar a conocer sus opiniones con libertad porque no pueden competir contra la posición dominante de esos medios que generan absoluta competencia desleal.
El esclarecimiento de cómo se conformó papel prensa, a través de qué métodos y con qué consecuencias, también está teniendo lugar en la Justicia, esa Justicia que tiene que investigar el vínculo cívico militar de la dictadura. Esperemos que pronto nos acerquemos a la verdad.
Este es el contexto en el que tiene lugar este debate. En esta sesión, que sin dudas se inscribe entre las más significativas del Congreso, vamos a aprobar o no que los medios gráficos de todo el país, más allá de su dimensión y de su tendencia política, tengan derecho a acceder al papel al mismo precio que los grandes medios. Vamos a aprobar o no que se revierta esa situación injusta que empezó a generarse hace ya treinta y cinco años.
Desde el bloque Nuevo Encuentro decimos que esta democracia merece enriquecerse con muchas voces, con muchas opiniones, con aquellas con las que coincidimos y por supuesto también con las que no estamos de acuerdo.
Hoy lo expresé en un diario, lo repitió mi compañero de bancada y lo reitero: no le tenemos miedo a que nos silencien en algunos medios de comunicación, no le tememos a las amenazas de invisibilización. No entendemos nuestra acción política o institucional como una dinámica de intercambio en la que trocamos convicciones por conveniencias. No vamos a ser parte de quienes canjean porciones de democracia por centímetros en las grandes páginas de un medio gráfico o por minutos de radio y televisión.
La libertad de expresión no va a cambiar de significado por más empeño que le pongan los intérpretes del statu quo. Si son más quienes pueden opinar, si son más quienes pueden estar informados y quienes pueden informar, si son más quienes pueden criticar o estar de acuerdo, entonces hay más libertad de expresión. En cambio, si ese es un derecho reservado a unos pocos, a los más poderosos, a los que tienen más dinero, entonces la libertad de expresión está restringida y no es digno llamarla libertad.
Por eso es importante que quienes sinceramente defendemos la democracia y la pluralidad de voces acompañemos esta iniciativa. Es importante que permitamos a los medios gráficos de todo el país, a los que existen y a los que quieren nacer, la posibilidad de acceder a este insumo fundamental a un precio igualitario y sin condicionamientos. Es un paso que sin duda debemos dar quienes realmente queremos defender y ampliar las fuentes de trabajo de miles de periodistas, quienes sinceramente deseamos que se opine con libertad y siempre nos preocupamos por el derecho de los argentinos y argentinas a expresarse y a estar informados.
Hace dos años, en el marco de este presente transformador que lidera Cristina Kirchner, nos dimos la posibilidad de aprobar una ley ejemplar para democratizar la palabra: la ley de servicio de comunicación audiovisual. Hoy tenemos la oportunidad de seguir ampliando y profundizando nuestra democracia con más democracia de la palabra, con más democracia de las voces, con más garantías de la pluralidad de opiniones. Hoy tenemos la posibilidad de dar un paso más...

Sr. Presidente (Domínguez).- Su tiempo ha concluido, señor diputado.

Sr. Sabbatella.- Ya termino, señor presidente. Tenemos entonces la posibilidad de dar un gran paso más a favor de esa libertad de expresión, a favor de seguir ampliando, profundizando y ensanchando nuestra democracia, y estoy convencido de que somos muchos y muchas quienes trabajamos y militamos para que esto suceda. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. de Prat Gay.- Señor presidente: entiendo que ya están planteados los distintos argumentos, por lo que simplemente haré algunas reflexiones.
Durante el debate de hoy yo pensaba en aquella regla que nos enseñaban en el colegio cuando éramos chicos para aprender la multiplicación con números negativos. Usted recordará, señor presidente, cuando nos decían “el amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi amigo es mi enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo”.
Traigo esto a colación porque creo que hoy estamos viviendo una coincidencia interesante en una cantidad de dimensiones, pero por lo menos en dos. Dentro de un rato vamos a tratar dos proyectos relacionados con políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esas leyes otorgan en algún punto facultades a una unidad de información financiera que hoy está presidida por el doctor José Sbatella.
El doctor José Sbatella era el titular de la Secretaría de Defensa de la Competencia en momentos en que se autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal. El doctor José Sbatella se opuso a la concreción de esa fusión en su rol de velador de que no hubiera monopolios en la Argentina. En ese momento el doctor Sbatella era enemigo de un amigo y por eso tuvo que dejar su cargo. Quizás ahora sea enemigo de un enemigo.
Otra coincidencia es la noticia que seguramente va a aparecer en los diarios, no solamente en los involucrados en la difusión de hoy sino también en toda la prensa escrita y gráfica de mañana, que es la ruptura definitiva de Hugo Moyano con el gobierno. Me parece que acá también se aplica la reflexión de que quien hoy es amigo mañana puede dejar de serlo, y nosotros en este Congreso de la Nación tenemos que legislar independientemente de las amistades circunstanciales.
Mi segunda reflexión está relacionada con el llamado a sesiones extraordinarias. Por supuesto que la señor presidenta está en todo su derecho a elegir el temario, pero hago esta reflexión porque en la sesión de hoy se habló de políticas de Estado. Cuando miramos lo que hemos venido tratando hasta ahora, vemos las cinco leyes económicas de ayer que tenían un plazo perentorio, el presupuesto y algunas otras leyes impositivas de tributos que vencen a fin de año o principios del que viene, leyes que pide el GAFI y que acata el gobierno nacional, que necesita tenerlas quizá antes de febrero.
Pero también hay algunos temas pendientes que se fueron estirando durante la discusión parlamentaria de este año, como la ley de tierras y la ley penal tributaria. No entiendo dónde está la urgencia y que sea parte de una política de Estado la ley que estamos discutiendo hoy o la que, seguramente, discutiremos mañana, que es la del Estatuto del Peón Rural. Mi sensación es que la única razón por la cual estos temas se incluyeron en extraordinarias es porque forman parte de una venganza contra aquellos ex amigos, que dejaron de serlo en las últimas elecciones.
Es una lástima que se haya ido del recinto el señor diputado Moreno. Comparto algunos de los argumentos que planteó este diputado, pero me parece que no corresponde a este Congreso de la Nación dictaminar acerca de esos episodios, que tienen que ser tratados en otro lugar, en el tercer poder del Estado, que es la Justicia. No nos toca a nosotros ser jueces, nos toca a nosotros legislar, y no considero que nos toque hacerlo para la venganza. No cuenten con nosotros para esto, ni tampoco cuenten con nosotros para violar la Constitución.
El diputado Comi se refirió con mucha claridad a la posición de la Coalición Cívica-Ari, a por qué entendemos nosotros que este proyecto de ley es violatorio no solamente de la letra y del espíritu de la Constitución de 1853 sino también de la letra de la Constitución actual, a partir de la inclusión de los pactos internacionales con rango constitucional.
Somos muy respetuosos de las 120 exposiciones y de las 14 audiencias, pero aclaramos que aunque hubieran sido 14, 140 o 1.400, si el resultado concreto de esa discusión hubiera sido un instrumento que violara la Constitución -y así lo entendemos nosotros- no tendríamos más remedio que estar en contra, porque así juramos, como explicó muy bien mi colega de bancada el diputado Comi.
Entendemos que a pesar de sus enunciados esta ley es contraria a la libertad de expresión. Además, entendemos –y esto lo explicó muy bien el diputado Aguad‑ que es una revancha contra el que puede complicar el relato, y ahí sí, quizá, entendemos la urgencia de que esto se apruebe rápido, porque en momentos de ajuste tarifario y fiscal –como discutimos ayer‑ lo único que queda del modelo es el relato y eso hay que defenderlo, según parece, a capa y espada.
Decía la miembro informante, la señora diputada Di Tullio, enumerando las virtudes de esta norma, que el arancel cero no resolvía el problema central. Esto es así, seguramente, porque el problema central no es económico. Pero asumamos por un segundo que la discusión fuera, efectivamente, económica. En este caso, no veo por qué el arancel cero no resuelve este problema. Por lo menos hoy seguramente sí lo resuelve dado que, como ya se ha dicho antes, el precio de importación es un 10 por ciento inferior al precio del mercado local.
En todo caso, la ecuación económica de cualquier empresa no tiene solamente el costo del insumo sino que también tiene el precio del bien o del servicio que coloca en el mercado. Y creo que es muy hipócrita la posición de decir “controlemos el insumo con una cuota y dejemos al Estado el control absoluto de la pauta de publicidad oficial”, como ya ha sido mencionado en algunas intervenciones de diputados preopinantes.
Por otra parte, actualmente está vigente -con un fallo favorable de Cámara- una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, y como dijo el señor diputado Comi, entendemos que también está vigente la ley de Defensa de la Competencia, a partir de la cual -si esa norma efectivamente se cumpliera con todo su peso- todos los objetivos que escuché al oficialismo decir que persigue podrían ser alcanzados.
De modo que si esto es así –y yo creo que es así‑, estamos ante la discusión de una ley inútil, puesto que ya tienen todos los instrumentos para hacer lo que quieren hacer.
Finalmente nos piden votar a favor de una ley contra un enemigo circunstancial, y esto es algo que no vamos a hacer. Recordamos que el enemigo circunstancial era hasta hace poco tiempo el amigo; ahora resulta que es el enemigo, y no sabemos qué es lo que va a ser dentro de algún tiempo.
Por otra parte, pensamos que los fundamentos que se esgrimen desde el pasado deben ser discutidos en los juzgados. No vaya a ser que el día de mañana se vuelva a mezclar la política con la Justicia, como también acusaron desde el oficialismo.
Entendemos que una política de Estado sería garantizar que nunca –y pongo énfasis en esta palabra‑ los medios vuelvan a ser amigos del poder de turno. Esta ley no busca eso; lo que busca es que aquel que hoy es enemigo sea castigado. En cambio, nosotros proponemos que no se permita jamás que quién está en el gobierno sea amigo -o tenga la posibilidad de serlo- de los medios y pueda, a través del insumo o de la pauta oficial, repartir favores en función de lo que esos medios escriban o digan.
Por eso es que rechazamos el proyecto de ley en consideración, y al mismo tiempo exigimos que se conforme cuanto antes el tribunal que establece la ley de Defensa de la Competencia.
También queremos que se establezca una norma ‑podría dictarla la Secretaría de Comercio- para que en caso de que el precio internacional del papel fuera superior al precio local, se subsidie la importación.
Exigimos también que mediante una nueva ley se regule cuanto antes la pauta de publicidad oficial, y que el gobierno cumpla no solamente con esa pauta sino también con los fallos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado en ese sentido, tal como ya se mencionó en este debate.
Si el gobierno estuviese llevando a cabo todas estas medidas que exigimos, incluso estaríamos dispuestos a pensar que realmente es en serio que lo que hoy proponen es en interés público. Pero toda la actuación que el gobierno ha desarrollado en los últimos dos años, en el sentido de elegir un enemigo para cobrarse revancha, nos hace imposible acompañar esta iniciativa que, como hemos dicho, y principalmente, es inconstitucional. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Pinedo.- Señor presidente: hoy se ha hablado mucho de la democracia, y es curioso que quienes defienden el proyecto y quienes lo cuestionan sostengan simultáneamente que están defendiendo la democracia.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

Sr. Pinedo.- La democracia tiene un principio central y único, que es la soberanía del pueblo. El poder le pertenece al pueblo, pero a todo el pueblo y no a una parte.
Hoy también se ha sostenido que quienes han obtenido un determinado porcentaje de votos pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, el poder –reitero- es de todo el pueblo.
Este principio tan elemental tiene algunas consecuencias importantes para la vida social en democracia. La primera de ellas es que, al ser el poder de todo el pueblo, ninguno de los miembros de ese pueblo puede ser privado de sus derechos, ya que cada persona es parte y dueña del poder junto con todas las demás.
La segunda consecuencia del principio de la soberanía del pueblo es que no podemos decirle a ese pueblo “Ustedes nos pueden votar, pero después no nos pueden criticar”. Los gobernantes no son los dueños del poder; son simplemente quienes gobiernan en nombre del pueblo, que es el que tiene la facultad esencial, inicial, primera y previa de criticar cuanto se le ocurra, a través de cualquier medio, a quienes lo representan democráticamente.
Podríamos decir que esto tan importante de la democracia es la libertad de expresión. Sin ella no hay democracia ni soberanía popular. En esto radica la gravedad del tema que hoy estamos tratando.
Por ese motivo la Constitución reconoce –más que establece‑ que siendo eso así, el Congreso nacional tiene prohibido dictar leyes que restrinjan la libertad de expresión y de prensa. Lo tenemos prohibido porque, de lo contrario, estaríamos violando los derechos de cualquiera de nuestros conciudadanos y, por ende, estaríamos vulnerando también el pacto por el cual desempeñamos esta función.
Por eso los tratados de derechos humanos, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, prohíben a los Estados que han adherido a ellos violar la primera consecuencia de la soberanía popular, privando de derechos a cualquier ciudadano. De ahí que se prohíba limitar la libertad de expresión y de prensa a través de reglamentaciones abusivas sobre la provisión de papel prensa –así lo indica expresamente‑, entre otras cosas.
Estamos frente a un proyecto que le otorga a los funcionarios del Poder Ejecutivo la facultad de dar órdenes a los productores de papel prensa sobre cómo deben producir ese insumo. Además, nos encontramos ante una iniciativa que establece que si los productores de papel prensa, que están protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no obedecen al funcionario del gobierno –que es quien tiene prohibido restringir la libertad de prensa a través de la reglamentación de la producción de papel‑ pueden ser clausurados, inhabilitados o suspendidos. ¿No les parece mucho como reglamentación de la provisión de papel? ¿No les parece demasiado que un funcionario tenga que ser obedecido bajo pena de clausura, inhabilitación o suspensión?
Este proyecto también prevé, en el caso de una empresa en particular, que debe proveer la oferta de papel necesario para cubrir toda la demanda del mercado interno argentino. ¿No les parece un poco excesivo como reglamentación de la provisión de papel?
Por si esto fuera poco, la propuesta en análisis indica que si esa empresa no invierte en nuevas plantas para satisfacer toda la demanda, lo hará el Estado, para lo cual va a licuar la participación accionaria de los particulares dueños de la empresa para así convertirse en el accionista mayoritario de la empresa.
Estamos hablando de la misma empresa que tuvo que recibir en su sede a un funcionario del Ejecutivo con guantes de box, al que la Justicia luego le prohibió ingresar a ella. Reitero que la Justicia argentina de este período dispuso que Guillermo Moreno tiene prohibido el ingreso a la empresa por los abusos que cometió en el ejercicio de sus funciones.
Esa licuación del capital accionario de los dueños de la empresa no es ni más ni menos que una confiscación, es decir, una apropiación de la empresa sin indemnización.
Esto no sólo está en contra de las normas de prensa que hemos mencionado, sino también del artículo 17 de la Constitución, que es un artículo con el que se creyó que de 1853 en adelante las confiscaciones a los adversarios políticos quedaban definitivamente proscriptas del derecho argentino.
La señora diputada Michetti defendió de una manera que no requiere una palabra más la posición de nuestro bloque sobre el tema, pero me gustaría terminar haciendo una reflexión adicional.
No solamente llegaríamos a un camino en el que el Estado se habría apropiado de la provisión de papel prensa a los diarios, sino que además la ley anuncia expresamente una política -que a partir de esto sería legal- que consiste en eliminar las alternativas competitivas al monopolio estatal.
Esto está dicho en el artículo 3° del proyecto, que sostiene que es objetivo esencial asegurar para la industria nacional la fabricación de papel. Se refiere a las limitaciones de las importaciones libres y sin arancel que rigen en la actualidad, o el artículo 11, inciso g) que dice que la autoridad de aplicación del tema del papel llevará el control de las exportaciones e importaciones de la pasta de celulosa para el cumplimiento del presente régimen, que es un régimen, según se dice, donde es esencial asegurar a la industria nacional la provisión de papel.
Está claro el modelo democrático que se nos propone: privar a algunos ciudadanos de sus derechos, limitar la libertad de expresión, calificar poco menos que como un delito la hipótesis de que a alguien se le ocurra fabricar papel para sus propios medios. Se propone penalizar, inhabilitar, suspender, clausurar, sancionar, a los funcionarios por el ejercicio de la libertad de prensa y se propone confiscar a las empresas privadas pero con el agregado y el regalo para los argentinos de la prohibición de importaciones.
Una belleza de democracia, de libertad de expresión y de libertad de prensa. Por eso votamos en contra. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Zabalza.- Señora presidenta: en verdad es la primera vez que me toca defender una posición en el Parlamento nacional y, después de algunos años de militancia política en el socialismo, lo hago con inocultable orgullo.
Venimos a este debate con una gran tranquilidad de conciencia y con una certeza: que a través de cada uno de nuestros actos, en este caso actos legislativos, como pueden ser también los actos ejecutivos o los ejecutados en los lugares que nos toca ocupar, debemos mejorar la democracia, que es la gran conquista del pueblo argentino y de todos los pueblos del mundo que avanzan.
Por eso tenemos una convicción: nadie es dueño de la democracia. Por más méritos que exprese, nadie en términos individuales o grupales se puede arrogar ser la democracia.
La democracia es una creación colectiva y como tal debemos asumirla. Por eso hace dos años nosotros votamos con mucha convicción la modificación de la ley de medios en este Parlamento nacional, en la convicción de que había que salir de una gran rémora que venía de la época de la dictadura y que necesitábamos una ley que avanzara sobre esa vergüenza o escarnio que significaba la vieja ley de medios audiovisuales.
A pesar de que todavía no se han cumplido los objetivos de la ley, que necesitamos que se avance en su cumplimiento, estamos convencidos de que hemos recorrido un camino correcto.
Todo cambio democrático tiene que ver con una modificación en las instituciones. Nosotros somos partidarios y defensores de lo público. Aun en los peores momentos del modelo neoliberal, estuvimos defendiendo las políticas públicas. Lo hacíamos y lo hacemos defendiendo un rol activo del Estado.
Pero para que esto sirva a más y mejor democracia, nunca debemos olvidar que también hay que cambiar el Estado. Para esto no hay manuales, pero hay prácticas que determinan que un Estado es mejor cuando se descentraliza; que un Estado es mejor cuando esa descentralización posibilita crear canales institucionales de participación ciudadana a todo nivel. Porque la participación ciudadana promueve lo que necesitamos como parte del Estado, que es el control social.
Un Estado democrático, tal como lo concebimos, debe garantizar la libertad de expresión. En este tema no compartimos la existencia de monopolios estatales o privados, porque esos monopolios atentan contra ese derecho humano consagrado en nuestra Constitución y ratificado, además, por enorme cantidad de convenciones internacionales, tal cual lo explicara la señora diputada Margarita Stolbizer.
Tal como consta en los documentos que hemos leído y fueron presentados por la Comisión de Comercio de esta Cámara, es objetivo y es innegable que a lo largo de los años y de su historia, la empresa monopólica Papel Prensa ha cometido abusos grandes y chicos, tal como también lo expresara el integrante de nuestro bloque, señor diputado Martínez, con ejemplos concretos.
Pero también es cierto que muchos de estos abusos podrían haberse evitado si el Estado hubiera puesto en funcionamiento los mecanismos antimonopólicos previstos en la ley nacional de defensa de la competencia vigente desde 1999 y cuyo tribunal nacional aún no se ha constituido.
Es en función de estas ideas que no vamos a acompañar el dictamen de la mayoría, un dictamen que otorga al Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación de esta norma, facultades que nosotros creemos que son exorbitantes. Porque el propio ministerio determinará el marco regulatorio, aplicará sanciones, administrará el fondo fiduciario y los subsidios que se crean, y también será el encargado de decidir quién y cuánto papel se exporta o se importa.
En el texto de este proyecto se nos plantea el control parlamentario de la actividad. Ese no es el rol del Parlamento. Lo que establece la Constitución que debe hacer el Parlamento es controlar a la autoridad de aplicación de la ley y no la actividad en sí, para lo cual no está capacitado.
La iniciativa obliga además a la empresa a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel, tal como han expresado otros legisladores, para lo cual deberá hacer las inversiones necesarias.
Hoy en día, el precio del papel comprado en el extranjero es menor que el provisto por Papel Prensa. Si efectivamente hay un interés real en que el papel de diario llegue por igual a todos los usuarios, hay que eliminar las trabas a la importación y asegurar una tasa de importación cero.
Lo que se plantea en el dictamen de mayoría es que éste es un marco regulatorio destinado a garantizar la distribución equitativa e igualitaria del papel de diario. Nosotros estamos hoy convencidos, por los argumentos que hemos expresado, de que este no será el resultado de la aplicación de la presente normativa.
Por eso, desde el Frente Amplio Progresista no vamos a acompañar el presente dictamen. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferrari.- Señora presidenta: nadie es ingenuo en este recinto, y menos quienes desde nuestras bancas tratamos de responder a mandatos del pueblo. Todos sabemos que, como en la vida, hay causas perdidas, imposibles, que algunos enfrentan desde la fe y otros desde su inquebrantable voluntad de ser. Así lo parafraseaba Pedro Bonifacio Palacios, el gran Almafuerte, instando a no darse por vencido ni aún vencido, a pesar de resultados puestos, de evidencias numéricas o de decisiones tomadas.
Por eso, siquiera para los que presten su oído a quien también, como seguramente muchos de ustedes, alentó y luchó por causas lejanas con el solo impulso de su voluntad de trascender, pero sobre todo de ser, aunque suene ingenuo y vacío de realismo, quiero hablarles de la libertad.
Vengo a este recinto a reflexionar con mis colegas para que cada uno piense en el paso que se apresta a dar, porque el número en una democracia no lo es todo. Es tan gravoso para el futuro de nuestro sistema político que se avance en una legislación que ponga en riesgo el derecho a la libertad de expresión, que debemos ser capaces de pensar mucho más allá de las necesidades, intencionalidades o motivos del presente y priorizar, en cambio, la protección de nuestro futuro.
Mucho se ha dicho y mucho se dirá en este recinto sobre la inconstitucionalidad de esta norma. No me caben dudas de que este proyecto vulnera las garantías del artículo 32 de la Constitución Nacional y el artículo 13, inciso 2, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todos derechos que tutelan la libertad de expresión consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. La libertad de expresión es un derecho fundamental inherente a la dignidad humana, tanto que no alcanzó para los constituyentes con su enunciación, sino que fue además doblemente garantizado.
Es por ello que no voy a reiterar esos argumentos, sino que hago míos los de otros legisladores.
Tampoco voy a referirme, siquiera genéricamente, a los riesgos de sancionar una legislación cuya finalidad es la afectación de los derechos de propiedad sobre una empresa privada, manifiesta tanto en el mensaje, en el articulado y, sobre todo, en las acciones previas que el gobierno llevó adelante antes de la remisión del proyecto a este cuerpo.
No voy a hacerlo porque otros, seguramente, podrán hacerlo mejor, y prefiero detenerme en defender mi concepción de libertad.
Es por esa libertad que el hombre ha peleado las grandes batallas de la historia universal y, por supuesto, también las grandes batallas de la historia argentina. Es justo reconocer que algunos de mis colegas, muchos de los presentes y los partidos políticos aquí representados, han tenido un rol importantísimo, resistiendo el ataque de quienes circunstancialmente -siempre circunstancialmente- se creían dueños de la verdad absoluta, sean estos gobiernos autoritarios o dictatoriales, o -como las llamara el juez Brandeis- “tiranías temporales de las mayorías gobernantes”.
No hay verdad política, no hay construcción colectiva de ningún relato sin la libertad de pensar y opinar. Esa libertad merece especial cuidado porque importa, a la vez, dos cosas: por un lado, un derecho sustancial de los hombres; por otro, una condición necesaria de un sistema republicano y democrático de gobierno. Cualquier mal es menor que el que se podría evitar limitando de alguna manera la libertad de expresión. Decenas de pensadores sociales de diferentes disciplinas dieron razones por las que este derecho merece atención especialísima, y allá están Tocqueville, Madison, Jefferson, Stuart Mill, el juez Brennan, etcétera, pero también los hubo y los hay en nuestro país.
En un interesante ejercicio sobre la Constitución Argentina en 2020, el director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, Eduardo Bertoni, sintetizó en cuatro grandes argumentos la importancia de la protección de la libertad de expresión.
Decía que, en primer lugar, ella nos ayuda a conocer la verdad. Se trata de un argumento que rastrea hasta el siglo VII en la Areopagítica de John Milton, que ya en esa época señalaba que “Matar un libro es casi matar a un hombre”, o en la cita de John Selden, “Todos los pareceres, es más, todos los errores conocidos, leídos y cotejados, son de capital servicio y valimiento para la ganancia expedita de la verdad más cierta”.
En segundo término, la libertad de expresión nos ayuda al autogobierno, que es el argumento que recoge la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática; es, en fin, una condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre”.
En tercer lugar, la libertad de expresión ayuda a que seamos más tolerantes, porque nos obliga a escuchar los puntos de vista de los otros; y por último, beneficia nuestra autonomía.
Lo interesante de aquél ejercicio es que, puesto a analizar la necesidad de reforzar la libertad de expresión en un hipotético nuevo texto constitucional, ése autor dice que en este tema nada de la Constitución Argentina hay que tocar.
Todo esto nos obliga hoy a pensar si el repentino interés por regular el acceso al papel de diarios ‑que parece demandar, según el gobierno, la sanción de esta norma que contraría las garantías constitucionales‑, no es en realidad el germen de dichos argumentos.
En todo caso, si ése fuera el fin, ¿con qué necesidad se violenta la Constitución si pudieron abordarse caminos mucho más sencillos como, por ejemplo, un simple subsidio a la demanda o un régimen promocional para aumentar la producción del insumo?
Debemos ser conscientes de que la libertad de expresión, como la propiedad de bienes, siempre está expuesta a depredaciones por parte de intereses especiales, y que así como una mayoría del 51 por ciento puede votar a favor de confiscar la riqueza del 49 por ciento restante, también puede votar a favor de suprimir las libertades de expresión corrientes de las que disfrutan las minorías, en palabras de Epstein.
Seguramente se dirá que tal vez estoy demasiado susceptible o demasiado preocupado por esta ley. Podrá decirse, en definitiva, que lo único que se pretende es ganar una batalla de la política, o de un sector de ella, contra un sector de los medios de comunicación, o que una vez que consigan el objetivo, cualquiera fuera éste, no afectarán en lo más mínimo la libertad de expresión.
Aún confiando en que así fuere, ¿ustedes pueden garantizar no sólo las buenas intenciones de este gobierno sino de todos los que lo sucedan? ¿Podemos tomar el riesgo de dejar sentado este precedente? Por supuesto que no. La libertad de expresión nunca debe ser desplazada por necesidades coyunturales.
El Congreso no puede sancionar una ley que declare de interés público ‑es decir que someta a un especial control‑ la producción, comercialización y distribución del insumo básico de la prensa gráfica, ni delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar un marco regulatorio de este tipo, ni hacerlo por sí mismo.
Recordemos que Juan Bautista Alberdi escribió en las Bases: “La Constitución debe dar garantía de que sus leyes orgánicas no serán excepciones derogatorias de los grandes principios consagrados por ella, como se ha visto más de una vez. Por ejemplo, la prensa es libre, dice la Constitución, pero puede venir la ley orgánica de la prensa y crear tantas trabas y limitaciones al ejercicio de esa libertad que la deje ilusoria y mentirosa.”
Permítanme terminar con una reflexión sobre la potencia de las ideas. Decía el gran Manuel Belgrano en abril de 1816: “Es indudable, además, que la libertad de la prensa perfecciona la sociedad, cultiva las artes, rectifica las ideas y sostiene al gobierno que no lucha contra la libertad pública.”
Luego termina afirmando, con una frase igualmente válida tanto para los que prefirieron tomar la Bastilla como para los que prefirieron mientras tanto pescar en el Sena. Dijo: “No fue la libertad de la prensa la que produjo la Revolución de Francia; fue la larga privación de la libertad la que hizo al vulgo francés ignorante, crédulo, inquieto, y algunas veces, feroz.”
Defendamos el derecho de la prensa gráfica a no quedar a merced de ningún...

Sr. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Sr. Ferrari.- ...monopolio, defendamos nuestra libertad de expresión y nuestra Constitución.
Termino diciendo que la libertad de expresión es el derecho a la vida del sistema republicano. Por ella respiran las oposiciones, laten los disensos...

Sr. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Por favor, señor diputado, ha concluido su tiempo.

Sr. Ferrari.- Ya culmino, señora presidenta. Es mi última frase.
La libertad de expresión es el...

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Gil Lavedra.- Señora presidenta: me parece que en el día de hoy ha habido un intercambio de opiniones, un debate rico y presentaciones sumamente interesantes.
Por supuesto, permítanme la particular opinión, pero creo que ha sido totalmente demostrada la sinrazón del dictamen de mayoría.
Tenemos en consideración un proyecto que crea un marco regulatorio con nombre y apellido, como se ha dicho. Se trata de un marco regulatorio para una sola empresa ‑Papel Prensa- que se pretende produzca la totalidad del papel para diarios de toda la Argentina, con el propósito ‑según surge de los fundamentos- de que en el futuro se sustituyan las importaciones.
Quizás un poco por deformación profesional me gustaría enfatizar en algunos aspectos que me parece han quedado oscurecidos en el debate, sobre todo la diferencia que hay en la libertad de expresión como derecho y lo que tiene que ver con el derecho de propiedad de los medios de difusión.
La libertad de expresión no es una libertad cualquiera; es una de las libertades que se consideran estratégicas. Es más: se dice con razón que es la precondición de un sistema democrático. No puede haber democracia sin libertad de expresión, entendida claramente en su doble dimensión, individual y colectiva, que establece la Convención Americana cuando dice que se trata del derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas.
Un punto central que tiene que ver con ese derecho, y que fuera aludido en algunas de las exposiciones anteriores, tiene que ver con que se trata de un derecho no delegado por el pueblo. Digo que se trata de un derecho no delegado por el pueblo, y esto ha sido explicado con total claridad en el debate de la Convención de Buenos Aires de 1860, cuando se analizó la incorporación del Estado de Buenos Aires a la Constitución Nacional. Ahí nació el artículo 32 de la Constitución Nacional.
Vélez Sársfield, que era el que fundaba las razones de la incorporación del artículo 32 a la Constitución, similar a la Primera Enmienda de los Estados Unidos, decía lo siguiente: “La libertad de imprenta, señores, puede considerarse como una ampliación del sistema representativo o como su explicación de los derechos que le quedan al pueblo después de haber elegido sus representantes. Cuando un pueblo elige no se esclaviza a ellos. No pierde el derecho de pensar o de hablar sobre sus actos. Esto sería hacerlos irresponsables. Conserva y conviene que conserve el derecho de examen y de crítica para hacer efectivas las medidas de sus representantes y de todos los que administran sus intereses. Dejemos pues pensar y hablar al pueblo y no se lo esclavice en sus medios de hacerlo.”
Así, la prensa es concebida como la representación popular de control del gobierno y esto, nos guste o no, es la tarea que debe cumplir en una sociedad libre. La Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que la prensa es el perro guardián del pueblo frente al gobierno.
Existen muchos ejemplos, porque la tensión entre el gobierno y la prensa viene de la noche de los tiempos, desde que los británicos querían controlar a los libreros, y los libros que imprimían. Asimismo, hay una carta de Urquiza en su famosa proclama, donde caracteriza a la prensa. Dice Urquiza que la prensa asumió el papel de la demagogia y se encargó de prostituir al país, invocó la libertad para justificar la licencia, halagó a la dictadura y produjo un efecto malo. Dijo Urquiza: “La sangre argentina, que por más de veinte años ha humedecido nuestros campos y salpicado nuestros bosques, se debe primero a la desmoralización nacida y fomentada en esos libelos infames que incendiaron los pueblos, insurreccionaron las masas, extraviaron las ideas, y elevaron triunfantes el libertinaje hasta los confines de la República.”
Así como protestaba Urquiza de esta manera, también lo hacía la Sedition Act en Estados Unidos a fines del siglo XVIII, que castigaba a quienes escribían en contra del gobierno.
Por supuesto que a mí no me gusta mucho el papel que desempeña nuestra prensa en muchos episodios. No ignoro el silencio que mantuvo la prensa argentina durante los crímenes de la dictadura. No ignoro que durante el juicio a los comandantes, uno de los más importante medios lo asemejaba a un circo mediático. Tampoco ignoro el papel que desempeñó la prensa durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Tampoco ignoro qué ha hecho con otros gobiernos democráticos. Pero no estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo si es posible o no el derecho a que cada uno se pueda expresar con absoluta libertad.
Por cierto, este artículo 32 que se ha citado tantas veces no es que impida la regulación estatal; impide la restricción a la libertad de expresión, porque el Estado puede regular. El mismo punto 3 de la Convención Americana tantas veces citada habla claramente de la intervención y de los abusos por parte de las regulaciones oficiales o privadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Ríos y Perozo ha dicho claramente que estas restricciones pueden ser tanto públicas como privadas. En las públicas tiene responsabilidad el Estado por no ejercer su poder de policía para hacerla frenar. Como se ha dicho acá, es el Estado quien debe impedir la concentración de medios y los monopolios que muchas veces ahogan la libertad de expresión.
Por eso decía que el Estado puede actuar para garantizar, no para restringir; para tratar de expandir, no para prohibir.
Entrando en la consideración del proyecto, aquí se ha expresado que no hay problemas de papel, y también se ha dicho que esta es una discusión arcaica. En el año 2011 parece medio ridículo hablar de la desaparición del papel, cuando éste está desapareciendo como medio de información por el avance de la tecnología y cuando los libros están siendo sustituidos por las tabletas.
Pero aun así, por si se piensa que el papel todavía cumple una misión esencial, hemos preparado un proyecto para tratar de expandir el acceso al papel. Para eso hemos tenido muy en cuenta la opinión que tuvo hace más de treinta años Juan Domingo Perón, aunque no sé si ahora Perón es buena o mala palabra.
- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Gil Lavedra.- En 1974 Juan Domingo Perón firmó el decreto 1.777, por el cual impulsó un amplio sistema de promoción del cual hemos tomado alguna cláusula para implantar varias plantas de papel, no una. Con ese sistema promocional que impulsó Perón, que fue complementado después de su muerte por el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón mediante las resoluciones 558, 750 y 812 de la Secretaría de Comercio, se impulsaron distintas plantas. De ahí nacieron Papel Tucumán y Papel Prensa, de este impulso que dio el gobierno justicialista del 74 para crear no una sino muchas plantas.
Por otro lado nuestro proyecto incluso podría ser mejorado si también mejoráramos la disminución del IVA para los pequeños productores. Hay muchas cosas que podríamos agregar para mejorar nuestro proyecto, pero ése es el camino. Ése es el Estado que regula para la libertad, no para la prohibición.
Si esta es la mejor solución, ¿por qué regular a la única empresa existente y llegar prácticamente a la apropiación con amenaza de poder? ¿Por qué esta revancha? Como se ha dicho, esto es venganza, y esta es una pelea de socios a la cual somos ajenos.
No fuimos nosotros –como dijo hoy el señor diputado Tunessi‑ los que derogamos el artículo 45 de la ley de radiodifusión, que impedía a los medios de prensa tener también medios de radiodifusión. Esa ley fue ratificada dos veces: en 1990 ‑con la ley 23.696‑ y durante este gobierno, porque tampoco cambiaron este punto cuando impulsaron en 2005 la ley 26.053.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.

Sr. Gil Lavedra.- No fuimos nosotros los que dictamos la resolución 257 de 2007, que permitió la concentración de Cablevisión y Multicanal. No fuimos nosotros los que cenamos con Magnetto en Olivos haciendo negocios. (Aplausos.)
Por eso, claramente, el propósito de este proyecto no es la libertad de prensa. El propósito de este proyecto es la lucha contra uno de los medios más poderosos del país porque no se somete a la voluntad del gobierno.
Seguramente este proyecto de ley hoy va a ser sancionado. Ustedes lo van a sancionar: tienen el número para hacerlo pero no tienen la razón, y eso lo saben.
- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Silencio, diputado Kunkel, por favor!

Sr. Gil Lavedra.- Vencerán en la votación pero no convencerán, como dijo Unamuno en el último discurso en la Universidad de Salamanca; y esto ustedes lo saben. Mientras haya jueces en la Argentina esto no va a prosperar.
Por eso, señor presidente...
- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Silencio, por favor. Silencio, diputado Moreno! ¡Por favor, respete el uso de la palabra!

Sr. Gil Lavedra.- No se enojen con la crítica...
- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Por favor, silencio! ¡Diputado Moreno: por favor, no dialogue!

Sr. Gil Lavedra.- No tenemos valores diferentes. No se enojen...

Sr. Presidente (Domínguez).- Por favor, silencio en la sala.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Diputado Moreno: por favor...
Termine su exposición, señor diputado Gil Lavedra.

Sr. Gil Lavedra.- Vamos a votar enfáticamente en contra de este proyecto porque desde 1891 en la Unión Cívica Radical estamos en contra del unicato, y no queremos la cadena oficial. Queremos la verdadera expresión de todos, aunque muchos de éstos nos critican, pero queremos que todos puedan expresarse.
Por eso, como hace 120 años, vamos a seguir defendiendo firmemente nuestra posición cuando están en juego los derechos y garantías de la Constitución Nacional. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rossi.- Señor presidente: la primera reflexión que quiero hacer es un reconocimiento. Esta Cámara debatió en el año 2009 la modificación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Todos ustedes saben cómo fue ese debate; se hizo sin la oposición. La oposición se levantó después de intentar postergar el debate mediante distintos artilugios reglamentarios. La oposición se levantó atacándolo de inconstitucional, y algunas otras cosas más.
Cuenta la historia, nunca terminada de verificar, que algunos de los dueños de los medios más importantes de la Argentina estaban en un hotel acá cerca direccionando cómo tenía que ser la actitud política de ese momento.

Sr. Aguad.- ¡Mentiroso!

Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado Aguad: respete al orador que está haciendo uso de la palabra.
Continúe, señor diputado Rossi.

Sr. Rossi.- De todas maneras, estoy haciendo una reivindicación, el reconocimiento de que hoy la oposición ha decidido debatir, quedarse en sus bancas, exponer sus fundamentos alrededor de este debate.
La verdad es que el señor diputado Aguad no tiene que estar enojado conmigo. En todo caso tendría que estar enojado con los propios senadores de su bloque, porque cuando el proyecto pasó al Senado se quedaron debatiéndolo, desautorizando lo que había hecho acá la oposición. (Aplausos.)
El segundo reconocimiento que quiero hacer es a ADEPA, la Asociación que agrupa a los diarios de la República Argentina. Pero no a esta ADEPA, sino a la ADEPA del año 79, que fue la primera institución que se opuso a la creación de Papel Prensa.
Permítanme que voy a leer algunos párrafos aparecidos en distintos diarios de la Argentina. Diario La Capital, de Rosario, sábado 22 de septiembre de 1979; habla de la Asamblea Anual de ADEPA que se había realizado en Corrientes. Dice: “Aún se mantiene latente el peligro potencial denunciado en la reunión de Salta de que el Estado ponga en vigencia las normas impuestas por el decreto 6.956/72, que aprueba el pretendido contrato con Papel Prensa Sociedad Anónima, lo que configura un grave riesgo para la libertad de prensa y un retorno a prácticas perniciosas de épocas pasadas.” Esto lo decía ADEPA, cuyo presidente era Carlos Ovidio Lagos, en ese momento director del diario La Capital. Y seguía: “ADEPA insiste en la imposibilidad de imponer la adquisición obligatoria de determinadas cuotas de papel producido por Papel Prensa Sociedad Anónima, el establecimiento de licencias arancelarias para importar ese papel y la fijación de un derecho del 45 por ciento sobre una abultada base de liquidación de los tributos fijada artificiosamente, llegándose así a costos desmesurados y ajenos a la realidad”.
En un diario conocido de Córdoba, La voz del Interior –cuyo presidente era Jorge Remonda Ruibal-, el lunes 24 de septiembre de 1979 era publicado un editorial que decía: “ADEPA reitera que se opondrá firmemente al monopolio de la comercialización de papel de diario de parte de Papel Prensa Sociedad Anónima, integrada por tres diarios de Buenos Aires y el Estado, por atentar contra la libertad de comercio y la libertad de prensa, y provocar grandes perjuicios económicos a los diarios del interior”. No lo decimos nosotros; lo decía ADEPA.
¿Qué pasó después de esto, señor presidente? Luego de catorce años de que el señor Luis Valmaggia, en representación del diario La Nación, presidiera ADEPA, renunció. La Nación, Clarín y La Razón renunciaron a ADEPA, pero luego volvieron, ya reinstalada la democracia, y empezaron a presionar desde otros lugares.
Todos sabemos lo que pasó luego: Clarín compró La voz del Interior y también Los Andes.
Entonces, venir a esta sesión a decir que todo lo que pasó, lo que se hizo y lo que tiene que ver con el papel de diario en la Argentina es secundario, que ha sido insignificante o insuficiente, ciertamente es faltar a la verdad.
Fíjese qué interesante es la historia. En los años 1978 y 1979, los que se oponían a Papel Prensa eran los principales diarios del interior del país, que constituían ADEPA. Reitero que Clarín y La Nación se fueron de ADEPA, luego volvieron a integrarla y posteriormente compraron muchos de los principales diarios del interior del país.
Entonces, esta no es una historia que viene de ahora ni que ha sido inocua. No es que la concentración de Papel Prensa en manos de Clarín y La Nación, y en un primer momento también de La Razón, ha sido inocua para la libertad de prensa ni para la situación de los medios de comunicación de la Argentina.
Insisto en que la historia es interesante. Esta Cámara de Diputados debe sentirse orgullosa porque en uno de los primeros ámbitos públicos institucionales en que Osvaldo Papaleo contó la historia de Papel Prensa fue el de las audiencias públicas organizadas por esta Cámara antes de la sanción de la Ley de Radiodifusión. Ese relato dio origen al informe que la presidenta de la Nación presentó como consecuencia de una investigación y que fuera titulado “Papel Prensa, la verdad”.
Recuerdo lo que pasaba en esta Cámara cuando estaba por ser presentado ese informe. Los diputados de la oposición se llamaban de despacho a despacho y hasta casi se querían reunir porque estaban esperando lo que no sucedió: que la presidenta enviara un proyecto de ley para expropiar o intervenir Papel Prensa.
Pero lo cierto es que en base al informe Papel Prensa, la verdad, la señora presidenta tomó dos caminos: uno legislativo y el otro judicial.
Así, si se hubiese incurrido en algún ilícito, incluso si se hubiera cometido delito de lesa humanidad, será la Justicia quien lo determinará. Aclaro que todas las fojas de ese informe fueron remitidas a la Justicia.
En lo que respecta al perjuicio producto de la posición dominante de una empresa, en la que sus accionistas principales son los dos beneficiarios de esa posición, la presidenta remitió un proyecto de ley a este Parlamento.
Además, quiero recordarles que este proyecto no ingresó a esta Cámara la semana pasada ni hace quince días; ingresó en 2010. Al respecto, en su momento nosotros impulsamos una serie de audiencias públicas –a las que ya se refirió la señora diputada Di Tullio‑, a las que sólo asistimos los diputados del oficialismo.
Recordemos también que en este recinto la oposición modificó los giros, agregando una serie de comisiones con el objeto de dificultar su tratamiento. Sin embargo, aun en minoría, pero gracias a la colaboración del bloque Proyecto Sur ‑específicamente de la señora diputada Merchán‑, pudimos emitir dictamen de comisión. Lamentablemente, durante dos años no se pudo tratar el tema en este recinto.
Tengo que aclarar que lo único que busca este proyecto es subsanar el deterioro provocado por la falta de libertad de competencia que, por tratarse de medios de comunicación, afectó también la libertad de prensa.
Con respecto a este punto Julio Ramos, en su libro Los cerrojos a la prensa, plantea lo siguiente: “¿Cuál puede ser la solución? No hay otra que la legislativa, pero es enormemente difícil por todo lo que hemos descripto. Los monopolios dominan la difusión y hasta parte de la vida pública de un hombre, de un político o de un legislador que quiera operar sobre ellos. El día que sean eliminadas las concentraciones en el tema difusión, toda la prensa florecerá de nuevo en el país y surgirá hasta la sorpresa ‑la pena, si se quiere‑ de por qué no se le brindó antes a la Nación la posibilidad de tener un periodismo fuerte y variado discutiendo entre sí los puntos de vista a ofrecer al público, pero sin la desigualdad que le da un fuerte monopolio que hasta usa al Estado como socio en Papel Prensa. La difusión en un país alcanza su mejor nivel cuando compite su prensa en igualdad y sin temores.”
Pero no sólo Julio Ramos se refirió a este tema en años anteriores, recogiendo lo que decían los dueños de los diarios del interior que se concentraban en ADEPA cuando se constituyó Papel Prensa. Tanto Fontevecchia como Jorge Lanata, en distintos lugares y en distintos momentos, se quejaron de esta discriminación.
Obviamente que en este tema están involucrados todos aquellos que mencionó el señor diputado Moreno, que son los que no tienen voz y que no tienen tantas posibilidades de agruparse o de obtener cierta visibilidad; me refiero a los diarios de las localidades más pequeñas del interior de la Argentina. En este sentido, la diputada Di Tullio preguntó si alguien sabía lo que significaba ir a comprarle al competidor comercial el principal insumo con el que prepara su mercancía. ¿Esto es igualdad?
Por otro lado, quiero remarcar algunas cosas que suelen suceder en este Parlamento. Cuando la discusión es difícil, por lo general se tienden a descalificar los argumentos de fondo con subjetividades.
Algunos diputados hablaron de amigos, de enemigos, y han puesto toda la carga en términos de disputa política. Creo que eso es claramente un error, porque no permite ver cuál es el sujeto o cuál es el bien en términos públicos que pretende tutelar la ley.
Sáquenle el nombre de Clarín o de La Nación, váyanse de la Argentina e imagínense en cualquier país que tenga un sistema como el que tiene hoy la Argentina, donde el insumo básico para diarios lo produce una sola empresa que es controlada por los dos principales diarios.
Muchos de ustedes son empresarios. Realmente hay que tomar la decisión de invertir en un emprendimiento periodístico cuando se sabe que hay que competir contra aquéllos que son los propietarios del insumo básico e insustituible que se tiene para llevar adelante el emprendimiento.
En verdad esto ha sido así. ¿No ha tenido que ver en la compra de La Voz del Interior y de Los Andes la posición dominante y el hecho de pertenecer o no a Papel Prensa? ¿No han tenido incidencia en la concentración situaciones de esas características?
Algunos dicen que ahora hay importación con arancel cero. Pregúntenle a cualquiera lo que tiene que pagar y lo que le aumenta la logística ante la importación de papel en relación a la diferencia que podrían hacer si se lo vendieran directamente.
¿Además, no sería más lógico que si la Argentina tiene una capacidad de producción de pasta de celulosa para diarios del 80 por ciento, ese 80 por ciento se reparta equitativamente, y que el 20 por ciento que habría que importar también se importe equitativamente?
Si se quiere tutelar la libertad de prensa, el insumo básico para hacer un diario o para llevar adelante un emprendimiento editorial en la Argentina, ¿en manos de quién tiene que estar? ¿De dos que quieren monopolizar claramente el conjunto de la información en la Argentina? ¿O debe haber un marco regulatorio donde los que hemos sido elegidos por el pueblo argentino podamos garantizar al conjunto de la sociedad un tratamiento más equitativo?
¿A quién le creen más los señores diputados? ¿A Clarín y La Nación o a ellos mismos? Porque a la comisión bicameral la vamos a integrar nosotros. Vamos a ser diputados del oficialismo y de la oposición los que integremos la comisión bicameral.
¿Por qué confían tanto en que voluntariamente Clarín y La Nación van a hacer lo que no hicieron durante 30 años?
Algunos diputados decían también que el Estado tiene mecanismos y que lo podría hacer. ¿Por qué no lo hace el Estado si tiene los mecanismos como los tribunales de la competencia?
Entonces, si están de acuerdo en que lo haga el Estado, ¿por qué no le damos al Estado una herramienta más eficiente para que lo haga?
Si el papel, como dijo un señor diputado recién, es un insumo que va a desaparecer, que no va a tener importancia, ¿entonces cuál es el problema? Si no tiene ninguna importancia no tiene ningún problema. Hagamos de esto una actividad que en lugar de ser comercial, sin ningún tipo de marco regulatorio, cuente con ese marco.
Eso es lo que estamos votando: que esta actividad comercial tenga un marco regulatorio, que deje de moverse solamente por los principios de lo que ellos llaman en teoría regulado por el mercado y que tenga un marco regulatorio, dado por el Estado, detrás de un fin superior, que es garantizar ciertamente que en la Argentina haya libertad de prensa.
Hay infinidad de ejemplos de lo que ha pasado. La desaparición hasta casi la mínima expresión del diario Crónica, que tenía antes de Papel Prensa casi el triple de tirada de la que tenía Clarín. También los distintos momentos difíciles que han pasado diferentes emprendimientos editoriales.
Nosotros venimos a proponer una ley que crea por sobre todas las cosas dos instrumentos de los que ningún diputado habló: la comisión bicameral y el Consejo Federal.
El Consejo Federal permite la participación de los diarios del interior, y la comisión bicameral permite el control permanente por parte de los representantes del pueblo -que somos nosotros, los diputados y senadores- para auditar el funcionamiento de la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima.
Por eso creemos que estamos haciendo un aporte, que quizá la democracia argentina tendría que haber hecho muchísimos años antes. Pero lo vamos a hacer ahora, cuando aprobemos una iniciativa que la señora presidenta envió hace dos años.
Con la anterior integración de la Cámara obtuvimos despacho de comisión; con la actual también lo conseguimos, y ahora esperamos lograr la sanción. ¿Para qué? Para que haya más diarios; para que cada uno de ellos compita en igualdad de condiciones y tenga la posibilidad de imprimir la misma cantidad de páginas en idénticas condiciones. No queremos que haya más hijos y entenados en la Argentina de la igualdad y la tolerancia que queremos construir. (Aplausos prolongados.)

- 4 -
cuestión de privilegio

Sr. Aguad.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Domínguez).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Aguad.- Señor presidente: esto no lo he hecho nunca. Con el diputado Rossi hemos mantenido intercambio de posiciones políticas durante todo el tiempo en que hemos ocupado estas bancas, y nos hemos respetado mutuamente. Hemos respetado la crítica del otro.
Es la primera vez que escucho al señor diputado Rossi descalificar a uno o a muchos adversarios.
Por su hombría de bien, que reconozco, le pediría que ordene que se tache de la versión taquigráfica la injuria que hoy ha proferido a los opositores.

- 5 -
papel de pasta celulosa para diario(Continuación)

Sr. Presidente (Domínguez).- Prosigue la consideración del asunto en tratamiento
Se va a votar en general en forma nominal el dictamen de mayoría de las comisiones de Comercio y otras, recaído en el proyecto de ley por el cual se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y de papel de diarios (Orden del Día N° 10).

- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 240 señores diputados presentes, 135 han votado por la afirmativa y 92 por la negativa, registrándose además 12 abstenciones.

Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 134 votos por la afirmativa y 92 por la negativa. (Aplausos prolongados.)


aquí VOTACION NOMINAL (ORDEN DEL DÍA N° 10)

Sr. Presidente (Domínguez).- La votación resulta afirmativa. (Aplausos prolongados.)
Se ruega que con la debida antelación los señores diputados que van a hacer uso de la palabra durante el tratamiento en particular lo notifiquen a la Secretaría Parlamentaria, identificando los artículos sobre los cuales van a plantear propuestas de modificaciones.
La Presidencia quiere hacer otra aclaración a los señores presidentes de bloque y al cuerpo en general. A fin de hacer operativa las votaciones, la Presidencia informa que tiene anotados señores diputados para hacer uso de la palabra en los artículos 1º, 40 y 41. De mediar una situación diferente, ruego que se haga conocer para proceder en consecuencia.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Moreno.- Señor presidente: en ocasión de hacer uso de la palabra dije que iba a incorporar por escrito los fundamentos de carácter legal y constitucional que avalaban mi postura. Pregunto cuándo se va a considerar mi solicitud.

Sr. Presidente (Domínguez).- Al concluir la votación del proyecto de ley, señor diputado.
En consideración en particular el artículo 1º.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Rogel.- Señor presidente: tengo una madre fallecida de origen peronista y estuve a favor de la ley de medios. Hace tres años, en oportunidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos incorporé en el artículo 70 el mismo espíritu de esa ley, dos años antes de que fuera sancionada. Lo digo con total modestia y solamente a título informativo.
Voy a proponer una modificación al artículo 1º conforme al dictamen que ha presentado nuestro bloque. Previamente quiero hacer dos consideraciones breves que creo que son importantes.
En primer lugar, Juan Domingo Perón dijo: “Cuantos más medios teníamos en nuestras manos, peor nos fue en las elecciones”. Me alegro que el diputado Kunkel asienta.
En segundo lugar, se cuenta en estos días una anécdota ‑que me gustaría que el ex presidente Menem la corroborara‑ de que en la última conversación, de los tantos atropellos de Magnetto en la última parte de ese gobierno, ante uno de los pedidos que le hizo a Menem, éste le habría señalado: “Señor Magnetto: un poco más y usted va a querer el lugar donde estoy yo”, y el señor Magnetto le habría respondido: “Puesto menor”.
Hay tres interlocutores o tres patas que intervienen en este proyecto: el Estado, el peronismo, y Papel Prensa, Clarín, La Nación o como lo quieran denominar.
El Estado se ha hallado ausente. Hagámonos cargo, señores, como dirigentes políticos, pero con total valentía. En este debate mi bloque, desde el presidente para abajo, ya ha enumerado esas ausencias y hago mías todas esas expresiones. No sólo se halló ausente sino que concentró.

Sr. Presidente (Domínguez).- Diputado: le pido precisión y claridad sobre el artículo en cuestión.

Sr. Rogel.- Sí, señor presidente. Quería hacer estas tres apreciaciones al principio.
El segundo interlocutor es el peronismo. Así como nos han descalificado casi groseramente como una suerte de inútiles para ejercer el poder –tomémoslo como cierto para argumentar nuestra propuesta-, el peronismo a lo largo de su historia –no tengo tiempo y no quiero desvirtuar el uso de la palabra- no tiene antecedentes en la República Argentina de haber sido democrático en el uso de los medios de comunicación.
- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Domínguez).- Silencio, por favor.

Sr. Rogel.- Por último, la presencia de Magnetto y Papel Prensa han jugado…

Sr. Presidente (Domínguez).- Diputado, sea preciso sobre el artículo 1º en cuestión.

Sr. Rogel.- Lo que pasa es que introducir una modificación sin saber de qué se trata…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Silencio, por favor, señores diputados.
Diputado, le pido que sea preciso.

Sr. Rogel.- Magnetto ha jugado otro rol horrible…

Sr. Presidente (Domínguez).- Diputado, le pido que sea preciso sobre este artículo.

Sr. Rogel.- Ya tienen la ley, señor presidente.
- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Rogel.- ¡Ni hablar mal de Clarín se puede! (Risas y aplausos.)
Nosotros proponemos que se declare de interés público el acceso libre y gratuito del papel, tal como dice nuestro proyecto.
¿Sabe qué ha pasado, señor presidente? Que entre los tres actores, es decir, el Estado –me hago cargo como dirigente político-, la historia del peronismo y Magnetto, debimos conformar una gran coalición nacional para impulsar un proyecto de ley ‑como ha señalado un diputado de nuestra bancada‑ a favor de la información de la gente.
Nos faltó grandeza, pero ello no ha sido así por parte de nuestro bloque. Nada que ver tengo con Magnetto ni con la desaparición de personas. El presidente de ese bloque ha hecho mal en invocar a ADEPA, porque no puede invocársela cuando a uno le conviene. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- ¿Algún otro señor diputado desea referirse al artículo 1°?

Sr. Moreno.- La aclaración es...

Sr. Presidente (Domínguez).- Disculpe, señor diputado Moreno, pero tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Di Tullio.- No se aceptan modificaciones, señor presiente.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 1°.
Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia informa que no existen oradores anotados para referirse a los artículos 2° a 39, aunque sí hay diputados que aludirán a los artículos 40 y 41.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Di Tullio.- En ese caso, señor presidente, sugiero que el cuerpo pase a votar aquellos artículos respecto de los cuales no hay oradores anotados.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se van a votar los artículos 2°, contenido en el capítulo II, y 3° a 39, comprendidos en el capítulo III.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 40.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Giubergia.- Señor presidente: pertenezco a la Unión Cívica Radical, un partido que ha recibido agravios de estos medios; pero ese partido, más allá de su historia, tiene principios, conductas y doctrina, entre los que se encuentra la defensa de la libertad, entre ésta, la libertad de prensa.
Nos parece bien que este gobierno decida volver a escribir la historia, pero quiero recordar que en la Constitución del 53 quedó borrada para siempre en la República Argentina la confiscación de bienes, que es lo que se pretende con estas disposiciones transitorias contenidas en el despacho de mayoría.
Por ello, a fin de respetar el artículo 17 de la Constitución, que determina que “La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino”, solicito que se eliminen ambos artículos.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Di Tullio.- No vamos a aceptar modificaciones, señor presidente.
Sr. Landau.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Domínguez).- ¿Es para referirse al artículo 40, señor diputado?

Sr. Landau.- Es sobre la votación anterior.

Sr. Presidente (Domínguez).- Ya hemos votado, señor diputado.
Le ruego que deje constancia por escrito de su posición para garantizar el orden de la votación.
Se va a votar el artículo 40.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 41.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Giubergia.- Señor presidente: en mi anterior intervención hablé de los dos artículos, o sea, el 40 y el 41. Por eso solicité que ambos fueran eliminados.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Di Tullio.- No vamos a aceptar modificaciones, señor presidente.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 41.

- Resulta afirmativa.
- El artículo 42 es de forma.

Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos prolongados.)
Se comunicará al Honorable Senado.
La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para que se efectúen en el Diario de Sesiones las inserciones solicitadas por los señores diputados.

- Asentimiento.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se harán las inserciones solicitadas.

- 6 -
consideración conjunta de asuntos

I
Prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista

II
Conductas que afecten el orden económico y financiero


AQUÍ ORDENES DEL DÍA N° 7 Y 8

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: vamos a tratar en forma conjunta dos proyectos de ley que modifican el Código Penal. En realidad, este tratamiento tiene una razón de fondo, porque en ambos casos las modificaciones que se proponen responden a la introducción en nuestra legislación penal nacional de pautas y estándares internacionales que tienen su origen no solamente en la decisión soberana de nuestro país de adherir a tratados internacionales sobre el tema, sino también en la realidad delictiva de este tipo de actividades que excede el ámbito nacional para convertirse en muchos casos en una verdadera expresión de barbarie internacional.
En primer lugar, me voy a referir al dictamen contenido en el Orden del Día N° 8. Se prevén modificaciones al Código Penal tendientes a castigar, prevenir y reprimir las actividades que ponen en riesgo las operaciones bursátiles, como también proteger el sistema financiero nacional.
No escapa a la consideración de esta Honorable Cámara los innumerables problemas y las tremendas crisis que se han producido en el mundo por la falta de regulación de los mercados financieros y de las actividades vinculadas a los movimientos y la especulación financiera.
Es por ello que con esta iniciativa que hoy las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas ponen a consideración de esta Honorable Cámara, queremos introducir figuras penales tendientes a evitar y prevenir este tipo de acciones perjudiciales para la actividad financiera y bursátil.
A nivel internacional se lo denomina shadow banking, esto es, actividad bancaria en las sombras: toda aquella actividad financiera que tiene lugar al margen de los controles y regulaciones que el Estado realiza sobre el sistema financiero.
Según las estimaciones de organizaciones internacionales, el monto al que ha llegado este tipo de operaciones en la sombra alcanza los 33 billones de dólares durante los cuatro años previos al inicio de la crisis financiera de 2008.
Este desmesurado crecimiento de la intermediación financiera no regulada trajo y aún hoy trae muchos inconvenientes a la economía mundial. Pensemos que gran parte de la crisis profunda que están viviendo los países europeos y su moneda común, el euro, tiene en gran medida su origen en este tipo de operaciones realizadas al margen de cualquier tipo de regulación.
La caída del gigante Lehman Brothers es un ejemplo significativo, como también lo son la quiebra de Enron y el famoso fraude de Madoff en cuanto a los resultados de una actividad financiera sin regulación, dejada simplemente a la libertad del mercado sin una intervención que tenga en cuenta la finalidad del bien común.
Como decía, la crisis financiera que atraviesan los principales países es el resultado de políticas financieras que durante décadas promovieron la autorregulación de los mercados y por ende la absoluta ausencia del Estado en estas actividades económicas.
Me parece que más allá de los compromisos mundiales y de la adecuación a los parámetros internacionales que nuestro país debe realizar, y más allá de esta crisis y problemas que están sufriendo los países desarrollados de Europa e incluso Estados Unidos -con repercusiones en las finanzas de todo el mundo-, también en la Argentina existen razones propias para comenzar con esta regulación. Me refiero al crecimiento del papel regulador del Estado que nuestro país ha emprendido a partir de 2003, con una reorganización o refundación del Estado como organismo de contralor de todas las actividades de promoción económica y sobre todo de protección de quienes menos tienen.
Este primer proyecto al que me voy a referir tiene también una necesidad, porque actualmente nos exigen figuras penales adecuadas para sancionar este tipo de delitos. Si bien las figuras penales actuales pueden referirse parcialmente, no tipifican debidamente las acciones que resultan de todas formas perjudiciales para las actividades económicas y financieras.
El proyecto de ley que hoy ponemos a consideración de esta Cámara de Diputados regula en primer lugar el uso de información privilegiada, en segundo término la manipulación de valores negociables, la captación no autorizada de ahorros públicos, la captación fraudulenta de ahorros públicos y el cohecho financiero.
Indudablemente, mediante las dos primeras figuras se trata de dotar de mayor transparencia a la actividad bursátil, ya que es una norma que puntualmente tiende a proteger la igualdad entre los diferentes inversores que operan en el mercado y a castigar aquellas operaciones que tienden a brindar ventajas indebidas a algunos de los operadores del sistema financiero.
Aquí también se busca sancionar a los directores miembros del órgano de fiscalización, accionistas, representantes de accionistas y todo aquel que por su trabajo, profesión o función dentro de una sociedad emisora suministre o utilizare la información privilegiada para negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables.
En suma, se trata de proteger la transparencia del sistema de negociación de valores negociables precisamente en nuestro país.
El segundo grupo de artículos protege al sistema financiero de aquellas actividades que se realizan al margen de todo tipo de regulación.
Para el tratamiento de este proyecto habremos de tener en cuenta –como decía‑ la falta de regulación expresa que a la fecha presenta nuestro orden jurídico penal respecto de este tema.
El segundo proyecto de ley, sobre el cual voy a exponer las razones del dictamen de mayoría de las comisiones de Finanzas y de Legislación Penal, se refiere fundamentalmente a la financiación del terrorismo.
Indudablemente el terrorismo no es un fenómeno que preocupa solamente a nuestro país sino que es de larga data: ya hace algún tiempo que merece la atención de los gobiernos de todo el mundo. Pero también es cierto que se han dado algunas modificaciones en la forma en que se ha presentado el terrorismo en nuestro país.
La revisión de las últimas décadas del siglo XX nos indica que hubo tres atentados terroristas de efectos devastadores para la comunidad argentina. El primero fue claramente el bombardeo a las masas indefensas en la Plaza de Mayo en 1955. Luego, ya en la década del 90, tuvieron lugar los tremendos atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Ambos tipos de atentados, tanto el del 55 como los de la década del 90, dejaron una tremenda secuela de dolor, sangre, muerte y luto para amplios sectores de nuestro país.
Pero más allá del tremendo horror de los tres atentados existe claramente una diferencia. En el 55 la actividad terrorista tenía causas que podían señalarse dentro de nuestro país. Los autores intelectuales de aquel acto terrorista de 1955 eran argentinos y los actores materiales pertenecían a nuestras Fuerzas Armadas. En el 90, en cambio, los dos atentados terroristas, tanto a la AMIA como a la Embajada de Israel, excedían tanto en las causas como en el señalamiento de sus autores intelectuales el ámbito estricto de nuestro país para encontrarse fuera del territorio de la Argentina.
Esto nos marca con claridad que en estos últimos tiempos el terrorismo se convirtió en un fenómeno internacional, con grave preocupación internacional a partir de atentados que se han convertido en hitos dolorosos para la historia mundial, como el atentado a las Torres Gemelas y el cometido en la estación de Atocha, en Madrid.
Mediante las leyes 26.023 y 26.024 nuestro país adhirió a las convenciones que tendían a reprimir el terrorismo y su financiamiento. Con posterioridad, la ley 26.286 incorporó en nuestro Código Penal los delitos de asociación ilícita con fines terroristas y el financiamiento de tales asociaciones. Más tarde, ya más recientemente, al modificarse las leyes que reprimían el lavado de activos mediante la ley 26.683, se continuó con la introducción en nuestra legislación de parámetros y estándares internacionales para reprimir este tipo de actividades.
El proyecto de ley que está a consideración de la Cámara ha seguido los nuevos parámetros e indicaciones que ha recibido nuestro país como miembro pleno de organizaciones internacionales para reprimir este tipo de actividades delictivas.
El primer proyecto incorpora un agravante genérico para cualquier delito previsto en el Código Penal que tenga una finalidad terrorista. Con esto se pretende resguardar la estructura del Código Penal y cumplir –como decía recién‑ acabadamente los parámetros y estándares internacionales a los que nuestro país se ha obligado a obedecer merced a los tratados suscritos oportunamente.
Respecto del límite para la aplicación de este agravante a todos los delitos, tenemos que tener en claro el artículo 41 quinquies que pretendemos introducir, que no crea nuevos delitos sino que establece un agravante general para todos los delitos ya existentes, es decir, que aquellas conductas que hoy no son delitos para la legislación argentina siguen sin tener una persecución represiva. Solamente en aquellos casos que ya están incluidos dentro de la legislación penal de nuestro país agregamos un agravante genérico.
Este agravante indudablemente se da cuando el propósito del autor es aterrorizar a la población o cuando con el acto se pretende obligar a una autoridad nacional o extranjera a admitir una determinada conducta.
Se ha incluido el verbo “aterrorizar”, dejando de lado otras denominaciones que ya recepta nuestro Código, como intimidación pública u otras similares, porque se pretende limitar su aplicación, limitar tajantemente la aplicación de este agravante. Es un término que va más allá de la simple intimidación o de la creación de temor; tiene un significado mucho más grave que simplemente crear temor o intimidar.
El otro artículo que se introduce en la parte especial de nuestro Código Penal se refiere al tipo penal de financiamiento de los delitos que prevé este artículo que agregamos en la parte general. Se aplican una serie de normas ya sancionadas como ser las facultades especiales que tiene el juez que investiga y la penalidad de las personas jurídicas involucradas en este tipo de delitos.
Por último quiero referirme a un artículo que ha merecido especial atención y crítica por parte de algunos diputados en las reuniones de comisión. Se incorpora la facultad del titular de la Unidad de Información Financiera para congelar los activos que resultaren sospechosos de estar destinados a financiar este tipo de actividades.
Se ha señalado por parte de algunos diputados de la oposición que no existe dentro de nuestro ordenamiento procesal civil la figura del congelamiento y que sí existe en cambio la figura del embargo. Creemos que no es aplicable a la autoridad administrativa la figura del embargo porque esta es una medida exclusivamente judicial, que debería tomar el juez una vez que tome cabal conocimiento de la causa en cuestión.
El congelamiento es una medida de urgencia que toma la autoridad administrativa y que debe poner de inmediato en conocimiento de la autoridad judicial.
Quisiera hacer un paralelo con la figura del arresto, que está permitida para una autoridad administrativa, que puede privar provisoria y temporariamente de libertad a una persona, que está en cabeza de cualquier policía del país, al solo efecto de ponerla a disposición del juez, quien tomará de inmediato la medida que corresponda.
En este caso, estamos frente a una autorización que se da a la autoridad administrativa al solo efecto de dar conocimiento inmediato de la medida adoptada al juez, quien deberá tomar la medida definitiva al respecto, que puede llegar al embargo y, con posterioridad, a la definición de su destino.
Por último, quiero señalar que esta medida tiende claramente a perseguir los actos terroristas y su financiación. Ha sido preocupación especial del Poder Ejecutivo -que envió este proyecto de ley- y de los miembros que hemos suscrito el dictamen de mayoría que esta medida no pueda ser de ninguna forma utilizada para castigar o atemorizar a aquellos ciudadanos argentinos y a los habitantes de nuestro país que deseen expresar libremente su opinión, que quieran protestar, peticionar a las autoridades o expresarse en la calle o por cualquier medio para hacer valer sus derechos de solicitar trabajo, una vivienda digna o un mejor salario.
Nada más alejado del propósito de esta iniciativa que el tender a reprimir de alguna forma ese tipo de actividades. Si bien esto surge claramente del proyecto de ley que estamos discutiendo, también tiene importancia para nosotros la historia reciente de nuestro país.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
Sr. Albrieu.- A partir de 2003 el Poder Ejecutivo ha demostrado un respeto irrestricto por todas las manifestaciones populares de protesta y ejercicio de los derechos individuales de todos y cada uno de los argentinos. Ha habido una actitud permanente de protección de todos y cada uno de los derechos vinculados con la protesta social. No han existido hechos de represión que hayan tendido a evitar manifestaciones populares al respecto. Es por ello que pretender que esta norma tenga alguna aplicación en este sentido resulta extraño no solamente en cuanto a la letra del proyecto de ley que pretendemos aprobar, sino también en lo que hace al espíritu de nuestra presidenta, que ha enviado esta iniciativa a la Cámara de Diputados.
Es por ello, y terminando mi alocución, que solicito a los señores diputados que voten afirmativamente este proyecto de ley.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Yoma.- Señora presidenta: seré muy breve.
En el debate en comisión, aun compartiendo la filosofía y el concepto de este paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo en el sentido de transparentar las operaciones bursátiles y combatir el financiamiento de las actividades terroristas, manifesté mi disidencia en torno del quantum de las penas, porque consideraba que esto establecía un desequilibrio entre los valores y el objeto protegido. Estimo que el quantum de las penas es bastante desequilibrado en materia penal.
Tengo entendido, en función de lo que me comentó el presidente de la comisión, que se llegó a un consenso en donde se han morigerado las penas y se han equilibrado respecto de las conductas aplicables. De esta manera, si esto es tal cual el presidente lo plantea, la disidencia desaparece, por lo que voy a apoyar el dictamen de mayoría.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Garrido.- Señora presidenta: es la segunda vez que asisto a un debate en esta Cámara en el marco de esta intensa actividad legislativa que venimos dando. Me preocupa que proyectos de esta envergadura merezcan tan poco tiempo de análisis y discusión, sobre todo por la gravedad de las cuestiones respecto de las cuales estamos legislando. Creo que no se puede modificar el Código Penal, introducir figuras de esta envergadura y aumentar las penas en esta medida sin que haya previamente un amplio debate, sin haber consultado a las organizaciones de la sociedad civil ni a los profesores de derecho y sin que se haya hecho una evaluación más detenida. Creo que esto va a generar consecuencias que se van a transmitir hacia el futuro.
Hoy los jueces aplican tipos penales que también se discutieron a las apuradas y que implican recortes en las libertades de las personas con argumentos basados en hechos de violencia que supuestamente ameritaban una modificación urgente del Código Penal, pero que hoy en día ponen en riesgo, por ejemplo, a quienes realizan reclamos sociales. Digo esto porque en la actualidad los jueces tienen que lidiar con la aplicación de la figura de coacción agravada, que se aprobó en 1974, y con figuras imprecisas como la de incitación a la violencia colectiva, que dio lugar a la persecución de personas por el mero hecho de opinar a favor de soluciones violentas, y no por llevarlas a cabo.
Se ha dicho que estos proyectos tienden a concretar recomendaciones de carácter internacional. Sin embargo, si leen con detenimiento los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional, verán que esta propuesta va mucho más allá de las observaciones que se le han hecho a la Argentina. Por ello, me preocupa que se utilice al Congreso para dictar medidas de carácter cosmético. Digo esto porque el Congreso está legislando para que el Poder Ejecutivo pueda mostrar estas leyes en los foros internacionales y así tapar las cosas que sí ha observado el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Si revisan las evaluaciones del GAFI, verán que no se cuestiona la falta de legislación sino la no aplicación de las leyes vigentes. También se cuestiona la impunidad, la falta de condenas y la falta de recursos para las agencias que tienen que ocuparse de promover la persecución del lavado de dinero.
Entonces, reitero que estos proyectos van más allá de las observaciones que ha realizado el GAFI. En mi opinión, esta manera de legislar a las apuradas avanza sobre cuestiones que deberían analizarse más detenidamente, porque estas normas serán aplicadas cuando haya pasado este gobierno y dentro de algunas décadas y los errores que hoy podamos cometer van a afectar las libertades de las personas a las que se les pueda aplicar esta legislación.
Una de las primeras observaciones que le hicimos al proyecto de mayoría es que resulta innecesario establecer un agravante general para cualquier tipo penal cuando se cometa con la finalidad de aterrorizar. Esta definición es imprecisa y viola exigencias que tienen que ver con el principio de legalidad recientemente avaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de algunos casos, como “Castillo Petruzzi” o el propio caso “Kimel”. En este sentido, se ha dicho que el principio de legalidad y la tipicidad penal exigen una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la definición de los tipos penales genera dudas y nos conduce al campo del arbitrio de la autoridad, que es particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos o cuando se aplican sanciones que afectan bienes fundamentales.
Lo que más me preocupa –creo que esto es algo que resolvemos en el proyecto contenido en el dictamen de minoría‑ es la forma de agravar cualquier tipo de delito que supuestamente tenga la finalidad de aterrorizar. Esto es algo que no ha sido solucionado pese al esfuerzo puesto de manifiesto por el señor diputado Albrieu en reparar el desprolijo proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. En mi opinión no es necesario agravar los tipos penales sino que bastaría para cumplir con las observaciones referirse exclusivamente a la financiación del terrorismo. En efecto, no es necesario agravar todos los tipos penales del Código Penal sino que bastaría con una legislación precisa de un específico tipo de financiación de actividades terroristas que se ciña a los estrictos estándares internacionales que no contienen definiciones genéricas, vagas e imprecisas como ésta que se pretende introducir en el artículo 41 quinquies del Código Penal.
Una primera cuestión que nos parece importante llamar la atención es la dificultad de definir el terrorismo o los actos de terrorismo. Dicha dificultad hizo inclusive que cuando se discutió el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional se prescindió de introducir el terrorismo precisamente porque no había acuerdo en cuanto a una definición que acotara el concepto de terrorismo y que cerrara la puerta a abusos, que es lo que finalmente va a ocurrir en el caso de que se apruebe la introducción de este artículo 41 quinquies.
Vuelvo a llamar la atención sobre este artículo 41 quinquies porque está incrementando las penas en un doble, con lo cual se genera otro problema que tiene que ver con la sistematización de las penas, a lo que vamos a referirnos.
Sobre la cuestión de la definición de los actos terroristas, lamentablemente el proyecto del Poder Ejecutivo no ha tomado en cuenta la recomendación de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el crimen organizado, que tiene hasta una ley modelo con cinco definiciones de actos terroristas, mucho más acotados y garantizadores que el proyecto que lamentablemente se va a aprobar si no hay una corrección.
Como decía, la propuesta del Poder Ejecutivo incrementa las penas en el doble, con lo cual aquellos delitos que tienen contemplada una pena máxima de 25 años ven incrementada la escala penal a 50 años como máximo, e incluso algunas figuras que deben o tienen que alcanzar una pena máxima de 50 años, si se aplica el artículo 41 quinquies, sin ningún correctivo se llegaría al absurdo de conducir a una pena máxima de 100 años, como el caso de la rebelión agravada.
Esta falta de sistematicidad fue puesta de resalto en un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Estévez”, donde el juez Zaffaroni marca los absurdos a que conduce este tipo de regulaciones o modificaciones del Código Penal que carecen de sistematicidad alguna. Así, llevan a que se aplique el régimen de prescripción de una manera distorsionada. Por ejemplo, la pena prevista para los crímenes contra la humanidad y el genocidio, cuando se ratifica el Estatuto de Roma por la Corte Penal Internacional, llega a 25 años, pero con este agregado del artículo 41 quinquies existirán en el derecho argentino delitos que no son crímenes contra la humanidad que van a tener una sanción severamente superior a la máxima de 25 años, e inclusive superior al que prevé el Estatuto de Roma, que contempla una pena de 30 años como máximo. Por lo tanto, van a prescribir antes los crímenes previstos con una condena a prisión perpetua que aquellos donde se aplique la pena agravada establecida por el artículo 41 quinquies, proyectado.
Una tercera observación es la que tiene que ver con la posibilidad de utilizar este tipo de formulaciones vagas para la represión de la protesta social. Esto no tiene nada que ver con la voluntad del Poder Ejecutivo cuando envía el proyecto y tampoco con el agregado desprolijo que se hace al final, donde se intenta salvar la aplicación de tipo penal invocando los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos constitucionales, algo que es una perogrullada, es decir que ni siquiera sería necesario aclarar.
Tampoco va a evitar abusos por parte de los jueces, porque este tipo penal se va a seguir aplicando durante mucho tiempo en el caso de ser aprobado, como han sido aplicados otros tipos penales.
Haciendo una revisión de la jurisprudencia de la Cámara de Casación en varios casos, por ejemplo de protestas sociales, en el caso “Storni”, hay fallos que han dicho que por ejemplo la ocupación de la vía pública no es un derecho constitucional.
Me preocupa que estemos estableciendo este tipo de penas e introduciendo aclaraciones que luego los jueces podrían dejar sin efecto cuando tengan que resolver aplicarlas.
Esta agravación ha dado lugar a abusos recientes en legislaciones parecidas a la que hoy se somete a nuestra consideración. Es el caso, por ejemplo, de la legislación chilena, que inclusive ha sido mucho más restrictiva, porque el agravante de terrorismo lo refiere solamente a determinados delitos y no a todo el Código Penal. En Chile esta legislación antiterrorista ha sido aplicada a mapuches reclamando por sus tierras, cuando han incendiado campos para reclamar por sus derechos ancestrales. La verdad es que aprobar este artículo 41 quinquies como se propone es abrir la puerta a abusos en la represión de protestas sociales.
También me preocupa que hoy estemos aprobando esto y, luego, que muchos de los diputados aquí presentes que estamos decidiendo sobre esto terminemos corriendo, como ha ocurrido en un caso reciente, el de Vilma Ripoll, para apoyarla con una amicus curiae, para que no sea sancionada por los mismos tipos penales que estamos sancionando y que dejan abierto el camino al abuso o a interpretaciones amplias del tipo penal que, en definitiva, terminan siendo aplicadas en desmedro de las libertades.
Hay que tener en cuenta que el terrorismo pone en riesgo la democracia y los derechos humanos. Así lo reconoció la comunidad internacional, pero ésta también ha sido muy enfática al exigir a los gobiernos y hacerles saber a los Estados que tienen la obligación de proteger a las personas y que todas las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo deben cumplir, ellas mismas, con los requisitos que tienen los Estados con arreglo al derecho internacional de respetar los derechos humanos.
Esta propuesta del Poder Ejecutivo no compatibiliza esta doble obligación del Estado de reprimir la financiación del terrorismo y de velar por los derechos humanos, y abre el campo a la aplicación de una norma penal que puede dar lugar a abusos de represión y a la aplicación de penas desmesuradas a aquellos que reclaman por sus derechos.
Quiero hacer referencia a que nuestra propuesta también pone límites a la iniciativa de la mayoría en lo que tiene que ver con las facultades de la Unidad de Información Financiera. Entendemos que estas facultades tienen que estar limitas en el tiempo y deben estar sujetas al debido control judicial.
En cuanto al otro proyecto que se somete a consideración, que tiene que ver con la represión de los delitos bursátiles y la ampliación de los tipos penales que se refieren a la manipulación de mercados y la revelación de secretos, entendemos que es correcto introducir los tipos penales que son exclusivamente mencionados en las observaciones que formula el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es decir, que bastaría con corregir el tipo penal que se refiere al inside trading, es decir, a la revelación de información privilegiada a la que se tiene acceso en virtud del ejercicio de determinadas funciones relativas a los mercados.
También entendemos que es correcto regular la manipulación de mercados, si bien creemos que era suficiente para cumplir con las obligaciones internacionales la redacción ya vigente del artículo 300.
Sin embargo, para obviar esas observaciones, nuestra propuesta refunda ese artículo 300, incorporando los datos necesarios para que no quede lugar a dudas de que la conducta del inside trader está incluida en ese tipo penal.
Entendemos que es importante ampliar el espectro de tipos penales como lo hace este proyecto, que ha sido reelaborado en muy poco tiempo, teniendo en cuenta la delicada cuestión sobre la que estamos legislando.
Uno de los tipos penales que objetamos y que está en la propuesta que se va a votar hoy es el que se refiere a la represión de la intermediación sin autorización de la Comisión Nacional de Valores.
Entendemos que esta es una figura que extiende desmesuradamente la incriminación penal a conductas que hoy en día constituyen meras faltas administrativas y que son castigadas con sanción pecuniaria. Es decir, que se está incriminando la oferta de títulos valores al margen de la autorización estatal. Eso que hoy no tiene ningún tipo de pena será reprimido, en caso de aprobarse la propuesta del oficialismo, con penas severas y graves que no se justifican cuando lo que se intenta regular es la mera inobservancia de la exigencia de una autorización estatal.
Si esas actividades clandestinas, sin autorización estatal, implican lavado de dinero, el Código Penal contempla la represión de la figura de lavado, que este Congreso aprobó recientemente. No es necesario para reprimir el lavado extender la incriminación con semejantes penas a aquellos que carezcan de autorización estatal para intermediar.
En segundo lugar, no acompañamos la propuesta del Poder Ejecutivo de incriminar el cohecho financiero, porque entendemos que la redacción del tipo penal es sumamente desprolija. El texto original enviado por el Poder Ejecutivo incriminaba conductas en principio legales, como cobrar por asesorar para hacer un negocio financiero. Es sorprendente que se haya enviado un proyecto tan desprolijo sobre esta cuestión, aunque merced al esfuerzo del diputado Albrieu ha sido corregido en parte. Pero entendemos que todavía la redacción que se eleva a aprobación de la Cámara es deficiente, porque se extiende a conductas que van más allá del cohecho relevante. No contiene ningún tipo de referencia a quiénes son los sujetos activos del delito, ni a la magnitud del perjuicio o beneficio de la cuestión involucrada. De manera tal que, por ejemplo, el empleado de una financiera que pretenda percibir un cobro adicional a una actividad por la cual está siendo retribuido puede caer dentro de este tipo penal, el cual debería apuntar a conductas que afecten gravemente el funcionamiento de los mercados de valores.
Entendemos que la redacción del tipo penal que propone el oficialismo respecto del artículo 309, sobre manipulación de mercados, contiene una pena desmesurada. No se justifica que la pena por manipulación de mercados sea sustancialmente superior a la del artículo 300 del Código Penal sobre el agio. El Código Penal reprime las maquinaciones fraudulentas para hacer subir el precio del trigo que se destina a alimentación de la población, que tendrían una pena sensiblemente inferior a la aplicada a la manipulación del precio de los títulos valores. No entendemos el fundamento de ese tratamiento diferente de las penas.
Esta desprolijidad en cuanto a las penas que se contemplan en este proyecto, de alguna manera también revela la falta de seriedad con que se ha manejado esta cuestión.
Quiero terminar diciendo que entendemos que es necesario adecuar la legislación penal a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, que no se circunscriben a observaciones del GAFI, que tampoco son recomendaciones obligatorias, sino que el derecho obligatorio es el que emana de las convenciones a las que hemos adherido.
Concretamente, es cierto que hay varias convenciones que nos obligan a reprimir el terrorismo y, específicamente, su financiamiento. Nuestro dictamen cumple con esa obligación sin cercenar garantías fundamentales, sin poner en riesgo la libertad de las personas y sin generar un instrumento que pueda dar lugar a abusos. Entendemos que es posible cumplir esas obligaciones de una manera que respete los derechos humanos y no genere riesgos para los ciudadanos.
Lamento que estemos en esta sesión extraordinaria para aprobar, por ejemplo, la represión del terrorismo y no la de la desaparición forzada de personas, lo cual también constituye una obligación que impone a la Argentina un tratado internacional. En tal sentido debió haber habido un tratamiento igualitario, teniendo en cuenta la lamentable historia que en esta materia ha vivido nuestro país. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- A continuación corresponde hacer uso de la palabra a legisladores del interbloque Frente Peronista. A la señora diputada Natalia Gambaro corresponden 2 minutos; al señor diputado Gustavo Ferrari, 12 minutos, y a las señoras diputadas Ramona Pucheta e Ivana Bianchi, 3 minutos, respectivamente.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Gambaro.- Señora presidenta: deseo formular una aclaración en el mismo sentido que lo hiciera el señor diputado Yoma.
En reunión de comisión nuestro bloque acompañó en general el debate, pero manifestó una disidencia parcial. El doctor Albrieu, presidente de la comisión, nos prometió que se habrían de realizar distintas negociaciones para obtener consenso en relación con tales textos. Nuestras modificaciones fueron receptadas, por lo tanto acompañaremos el proyecto en su totalidad. Ello, porque la redacción de los dos artículos cumple con los estándares internacionales que exige el GAFI.
Aquí vale la pena hacer una mención especial de los artículos cuyo texto hemos modificado a los fines de mejorarlos. Me refiero a la intermediación financiera y a las ofertas públicas realizadas sin autorización. ¿Por qué nos interesaba que estos artículos tuviesen un buen texto? Porque apuntan a defender a los pequeños inversores y no a los sofisticados. Si recorremos los alrededores de la bolsa advertiremos que así como hay “arbolitos” que venden dólares, también existen intermediarios no autorizados por el sistema que venden servicios financieros sin tener responsabilidad alguna.
Si agregamos esos artículos daremos mayor transparencia al mercado de valores y a quienes de manera registrada y legal llevan adelante esta actividad, y defenderemos al consumidor.
Respecto del cohecho financiero hicimos especial mención de las dificultades que surgían de la redacción inicial. Solicito, señora presidenta, que me anote para hacer uso de la palabra al momento de discutir el proyecto en particular, porque formularé una modificación al artículo 7° del dictamen. En este punto arrimaré una mejor redacción, pero desde ya anticipo que el bloque del Frente Peronista acompañará este proyecto en su totalidad.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferrari.- Señora presidenta: en forma breve trataré de explicar técnicamente mi posición sobre cuál es la situación de la Argentina ante la comunidad internacional en materia de legislación antiterrorista, por qué es necesario adecuar dicha legislación y por qué esto debe ser realizado con sumo cuidado, como sé que están haciéndolo la Comisión de Legislación Penal y el diputado Albrieu, quien ha demostrado total disposición para conversar sobre el tema y adaptar la legislación en la medida de sus posibilidades.
El delito de terrorismo que hoy prevé el Código Penal es sumamente restrictivo, porque no se encuentra considerado el acto terrorista individual ni aquél llevado a cabo por una organización sin planificación ni alcance global.
Esto afecta el delito de financiamiento del terrorismo, precisamente porque, al estar definido de esa forma, es evidente que no tenemos manera de aplicar la financiación a la integralidad del delito de terrorismo.
A su vez, esa limitación de ambas figuras, dado que no tenemos bien definido el delito de terrorismo, nos genera dificultades en cuestiones de cooperación internacional. Saben los señores diputados que, en rigor, la reciprocidad es uno de los requisitos principales de la cooperación internacional en materia de intervención del derecho penal. Es decir que la situación legal de la Argentina respecto del terrorismo puede resultar un obstáculo para que otros países nos brinden colaboración en la materia. ¿Cuál es la principal problemática o deficiencia que vemos nosotros en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo?
En primer lugar, si bien es cierto que no existe una definición acordada de terrorismo, en diversas convenciones hay una cantidad de definiciones que pudieron haber sido tomadas en cuenta. No estamos hablando de cualquier delito; no nos estamos refiriendo al delito de lesiones, de daños o de hurto, sino a delitos sumamente graves. Entonces no entiendo por qué el gobierno pretende ir más allá de lo que nos exigen nuestros compromisos internacionales.
La propuesta que recibimos del Poder Ejecutivo controvierte el principio de legalidad, que exige que toda conducta que se pretenda penar esté correctamente tipificada y delimitada para evitar discrecionalidades. Esta es la razón por la cual el derecho penal debe ser lo más cerrado posible, de forma que haya un límite a la discrecionalidad.
¿Qué hace el Poder Ejecutivo? En primer lugar, inserta en la parte general del Código Penal un agravante que es igual para todos los delitos. Lo hace de una manera amplia, abierta y difusa, permitiendo que cualquier delito sea considerado acto terrorista si se entiende que tuvo por efecto aterrorizar a la población. Es decir que si un juez cree que una persona pretendió aterrorizar a la población, lo considera culpable de terrorismo. O sea que hay un exceso de apertura en algo que debe ser absolutamente cerrado.
Además, no define el bien jurídico protegido para saber hacia dónde está yendo y qué está protegiendo con este delito. Es decir que para la aplicación de este delito no hay un bien que esté determinado.
Esta técnica legislativa ha venido siendo criticada por organizaciones de la sociedad civil, con el argumento de que esto puede penar y sancionar la protesta social.
Con todas las diferencias que tengo con el oficialismo, que son conocidas, debo decir que de ninguna manera considero que el oficialismo en su proyecto esté pretendiendo penar o sancionar la protesta social. Lo que estoy diciendo es que con esta técnica legislativa puede llegarse a esa situación. Igualmente, de ninguna manera veo la intencionalidad. Esto lo digo con todas las diferencias y el respeto que me merece el oficialismo.
Sin embargo, al dejar un tipo penal tan abierto y al establecer incluso el lugar donde se comete el delito, al modificar la parte general del Código, podemos llegar a habilitar que la protesta social sea penada y considerada como un acto terrorista. Además, el hecho de que se explicite y se diga que es un derecho que no está penado en este caso, es una contradicción en los mismos términos. Se trata de un derecho constitucional. No hay por qué reconocer en el Código Penal que no se trata de un delito.
Los derechos constitucionales no tienen por qué ser explícitamente mencionados en un código, porque por su propia naturaleza se ejercen libremente.
Es más: estamos dejando lugar a la duda en el sentido de que pueden ser penados cuando explícitamente lo mencionamos. Esto diluye la efectividad de la norma en pos de la lucha contra el terrorismo y permite distraerla persiguiendo un número indeterminado de conductas.
No se considera al terrorismo como delito autónomo que proteja un bien jurídico determinado. Se deroga –esto es muy grave- el delito de asociación ilícita terrorista. Están derogando un delito y no tenemos más abordaje específico para el tema de asociación ilícita terrorista en la República Argentina. Es lo que derogan en el dictamen de mayoría, por lo que debemos modificarlo.
Una infinidad de conductas que prevé el Código Penal pasan a ser pasibles de encuadramiento dentro del agravante terrorista. Incluso, hay delitos y capítulos que nada tienen que ver con el terrorismo: los delitos contra el honor, la integridad sexual, o el estado civil. Es decir que un señor que es un asesino serial, si aterroriza a la población, podría ser considerado terrorista.
¿Qué decimos nosotros? Que necesitamos una fórmula cerrada que despeje cualquier duda en torno a la voluntad de combatir el terrorismo. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro dictamen? Nosotros tratamos de respetar el principio de legalidad cumpliendo con tres objetivos. En primer lugar, definimos los bienes jurídicos que debe afectar el delito. ¿Por qué estos tres objetivos al mismo tiempo? Precisamente porque consideramos que el hecho de determinarlos despeja toda duda de que la protesta social pueda ser incriminada.
Entre los bienes jurídicos que se deben proteger enumeramos la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la seguridad de un número indeterminado de personas, de alguna persona especialmente protegida por el derecho internacional o por ser agente diplomático, la seguridad de edificios públicos, puertos, aeropuertos, vías de comunicación, el procesamiento, almacenamiento y transmisión de energía, combustibles, agua potable, etcétera.
Es decir que en primer lugar definimos los bienes jurídicos que se deben proteger y, en segundo término, los medios comisivos, es decir, con qué se afecta y contra qué. Cuando decimos con qué se afecta nos referimos a las armas de fuego, municiones, materias corrosivas y tóxicas, etcétera, y toda una enumeración que en honor del tiempo voy a omitir.
Por último, definimos la finalidad que debe tener el acto terrorista para ser calificado como tal. Dicha finalidad tiene que ser atentar contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, los poderes públicos y, también, imponer o tratar de imponer ideas políticas o religiosas, o tratar de combatir las ideas ajenas. Es decir que hay un objeto determinado en la definición y acción del terrorismo.
De esta manera, entendemos que determinamos claramente el tipo penal de acuerdo con lo expresado en los tratados internacionales.
Asimismo, incorporamos los siguientes agravantes: cuando se hiciere copartícipe a un menor, cuando se asalten o se tomen instalaciones de las fuerzas armadas o de seguridad, sedes diplomáticas o consulares, cuando la conducta se ejecute para impedir o alterar certámenes democráticos o cuando el autor o partícipe sea funcionario público. También se precisan los agravantes del delito, que hoy ni siquiera los tenemos contemplados.
En cuanto a la asociación terrorista, entendemos que debe seguir considerándose un delito como tipo especialmente grave de la asociación ilícita. Es un error derogar la asociación ilícita terrorista, porque si terrorismo es todo, a la vez no será nada. Entonces proponemos mantenerlo en el capítulo referido a los delitos contra el orden público y no en la parte general. Es demasiado delicado, complejo y difícil este tema como para definirlo con tamaña vaguedad.
Podemos entender las exigencias del GAFI, y hago mías las palabras del diputado preopinante cuando se preguntaba por qué tanta urgencia. Queremos ayudar al gobierno en este aspecto, pero resulta importante que lo terminemos de definir como corresponde, en beneficio de todos los argentinos.
Con respecto al embargo o congelamiento de fondos, como en realidad se lo llama, nosotros prevemos la necesidad de la inmediata participación del juez. Y si a la UIF se le concede la posibilidad de actuar sobre esos fondos congelados, en 72 horas un juez debe ratificarlo, porque de lo contrario cae inmediatamente el congelamiento.
Por lo tanto, resulta importante avanzar sobre esta cuestión. Estamos totalmente dispuestos a tratar de ayudar para que el país tenga una posición clara en materia de cooperación internacional. Acompañamos todo el esfuerzo que el oficialismo está haciendo para contar con una buena legislación, pero llamamos la atención acerca de la necesidad de ser inteligentes y precisos a la hora de legislar. Tenemos que honrar nuestros compromisos, y en una materia tan importante debemos ser precisos, porque está comprometida la vida, el honor y la libertad de cantidad de argentinos incursos o posiblemente incursos en un delito que nada menos se llama terrorismo. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Pucheta.- Señora presidenta: para los que no me conocen, porque soy nueva en el Congreso, soy dirigenta del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados que lidera Raúl Castells.
Como dirigenta social, y en nombre de todos los que han muerto luchando en la calle por una causa justa, por los que menos tienen, y en nombre de todos los procesados, mi voto a este proyecto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque se está criminalizando la protesta social.
Me pregunto: ¿qué es aterrorizar a la población? Para miles de compañeros aterrorizar a la población es ir a los supermercados y ver que todos los días aumentan las cosas, salir de este edificio y ver a la gente que duerme en la calle, todos los que mueren diariamente por desnutrición en mi país. Para mi organización eso es atemorizante; eso nos aterroriza todos los días.
Si este proyecto se hace ley, ¿a quién vamos a meter preso por todo eso? Quiero que sepan que mi dirigente y líder de esta organización estuvo preso y al borde de la muerte por pedir hamburguesas para los que menos tienen.
¿Cómo podemos, como organización social, apoyar este proyecto? Para nosotros los verdaderos terroristas son los imperialistas, los mismos que tratan que este proyecto se haga ley, porque ellos son los que quieren traer su capital a nuestro país.
Señora presidenta: debo aclarar que si mi voto no es suficiente para evitar sancionar este proyecto, nuestra organización llama a todas las organizaciones sociales a luchar cada vez más, porque es la única forma de que nos escuchen los que menos tienen: la protesta social y en la calle; no existe otra.
Discúlpeme, señora presidenta, pero nosotros, como organización social, somos perseguidos continuamente por defender los derechos de los que menos tienen. Por ese motivo estamos en contra de este proyecto.
A todos los presentes les digo que Ramona Pucheta por ahí no está preparada como muchos de los que están acá, pero como militante en la calle sé cómo se sufre. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.

Sra. Bianchi (I.M.).- Señora presidenta: el proyecto que estamos tratando es de suma importancia para el ordenamiento jurídico de nuestro país, máxime teniendo en cuenta la triste historia de la Argentina con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en los años 92 y 94.
No podemos obviar que eso ha logrado que se cambie básicamente la mirada sobre el terrorismo en cuanto a la prevención, el financiamiento y las consecuencias de estos delitos.
Los atentados terroristas obligan a la democracia a adaptar su legislación. Esto debe estar encaminado y nunca debe llevarnos a olvidar derechos fundamentales como son la libertad, la seguridad personal, la tutela judicial, la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
No se deben extralimitar los poderes a los servicios de inteligencia y a la policía en nombre de la lucha contra el terrorismo. En ese sentido el Comité Judío Americano se ha pronunciado en total acuerdo respecto de este proyecto, pero va más allá y dice que no sólo los argentinos, o el pueblo argentino, o el Estado argentino, tienen que preocuparse por esto sino que también lo tiene que hacer el mundo entero; lo tienen que hacer las naciones del Hemisferio Occidental, pero no lo tienen que hacer por una obligación sino por solidaridad y por su propio interés, porque esta vez nos tocó a nosotros pero mañana les puede tocar a ellos.
Creo que es imperativo y urgente considerar con toda seriedad y responsabilidad la elaboración y adopción de nuevas leyes legislativas en este tema. Debemos combatir las actividades de financiamiento y de lavado de fondos, el reclutamiento de seguidores, y detectar la ejecución de futuros actos violentos y criminales, siempre respetando nuestras garantías individuales.
La opinión pública latinoamericana ha criticado mucho a nuestro país por el letargo que teníamos respecto de este tema. Bueno, a partir de acá cambiamos, pero es importante que sepamos respetar la Constitución.
No quiero terminar sin antes expresar que en nombre de esta ley es importante respetar los poderes del Estado y principalmente nosotros debemos ser quienes los hacemos respetar, haciendo valer las libertades y las garantías constitucionales.
Cierro con una frase del escritor Fernando Savater, que dice: “Lo más importante intelectualmente no es tanto comprender los motivos de los terroristas, sino los nuestros para resistirles sin emplear sus propias armas”.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires. La señora diputada Donda Pérez comparte el tiempo con la señora diputada Parada.

Sra. Donda Pérez.- Señora presidenta: en nombre del interbloque del Frente Amplio Progresista queremos adelantar nuestro enérgico voto negativo, nuestro enérgico rechazo a las normas que se han puesto en tratamiento en esta oportunidad de una forma tan inusitadamente rápida y apresurada.
El proyecto que está impulsando el oficialismo es de una gravedad que llama la atención y nos obliga a reflexionar como legisladores. Si este Congreso Nacional llegase a aprobar estas normas, estaríamos agravando aún más las condiciones de aquellos luchadores sociales que en estos momentos se encuentran detenidos por el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales.
Estos proyectos están siendo impulsados por el bloque oficialista, que responde a un gobierno nacional que dice respetar los derechos humanos. Sin embargo, según se desprende de estos proyectos ese respeto a los derechos humanos queda atrás y no se puede verificar.
La ley que se sancione tendrá un nulo efecto disuasorio para quienes quieran cometer verdaderos actos de terrorismo, actos que la Argentina ha sufrido. Lamentablemente tenemos muy frescos en la memoria los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, actos que por otra parte han quedado impunes, y no por falta de normas sino por falta de decisión política de que sean realmente castigados, que haya juicio y castigo para los responsables de esos atentados terroristas.
Como bien nos dice Mempo Giardinelli en una nota que aparece en Página 12, este proyecto “…no será otra cosa que una reforma penal que legitimará la criminalización de la protesta. Y eso será así porque el proyecto amplía las figuras penales aplicables, aumenta las penas y vincula la protesta cívica con una figura tan determinante y vaga como la de terrorismo”.
En esto debemos tener presente algunos aspectos que también nos menciona Zaffaroni cuando define “protesta social”, como la herramienta de la sociedad para satisfacer los derechos no garantizados por el aparato estatal.
La propia presidenta reconoció hace pocos días que la Argentina es un país en el que aún no están satisfechos todos los derechos humanos de los cuales debemos gozar todos los ciudadanos y ciudadanas.
Zaffaroni sostiene lo siguiente: “La Argentina es una sociedad donde estos derechos no están satisfechos. Esta obligación de no criminalizar la protesta y satisfacer las necesidades de los hombres y mujeres que viven en este territorio es la obligación de un Estado que quiere respetar los derechos humanos.”
La respuesta del Estado debe ser, entonces, satisfacer los derechos humanos y no criminalizar la protesta social. Cualquier otro tipo de respuesta es persecutoria de aquellos que se expresan libremente.
¿Por qué nos oponemos a este proyecto? A pesar de que el término “terrorismo” ha presentado dificultades de conceptualización a lo largo de la historia, tal como se han referido muchos diputados y diputadas, lo cierto es que podemos acercarnos a una definición consensuada que es aquella contenida en distintas resoluciones de las Naciones Unidas y en la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que remite a actos terroristas y no a un concepto abstracto de terrorismo, como el que se establecía en el primer proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo.
No está de más observar que se ha hecho algún esfuerzo por ajustar esa definición, pero continúa siendo realmente insuficiente ya que se trata de un tipo penal abierto que consolida en la Justicia la idea de arbitrariedad judicial.
Yo me pregunto: si este proyecto de ley antiterrorista llega a sancionarse, ¿dónde quedaría Vilma Ripoll que, por ejemplo, en este momento está procesada por cortar una calle? Para muchas personas este acto puede considerarse como atemorizante para la población.
Si se sanciona esta ley y su aplicación cae en manos de los mismos jueces que condenaron a Emilio Alí, a la docente Marina Schifrin o al concejal Horacio Cepeda por defender sus derechos, resultaría inaceptable que hoy estemos considerando esta iniciativa aquí porque es una verdadera vergüenza. Lo que deberíamos estar tratando es un proyecto de ley de amnistía para los más de 5 mil luchadores sociales que están detenidos en estos momentos precisamente por exigir sus derechos.
Párrafo aparte merece la excepción que la misma norma contempla, es decir, aquellas personas que están manifestándose en pos del ejercicio de un derecho social o un derecho humano que, en realidad, quedan exceptuadas de este proyecto. Es superflua esta acotación que hace la norma, porque el ejercicio del reclamo de un derecho social o de un derecho humano en forma generalizada nunca puede constituir un delito.
Pese a que el proyecto oficial afirma que estas conductas por las que se reclaman el respeto de los derechos humanos van a quedar terminantemente excluidas, Gastón Schiller, director ejecutivo del CELS, se opone a la sanción de esta iniciativa, porque una persona puede ser encarcelada y mucho después probada su inocencia. Prueba de ello tenemos de sobra. Solo voy a mencionar una: las catorce personas que fueron detenidas después de los incidentes en la ciudad de Buenos Aires y que fueron dejadas en libertad tres años después.
Por supuesto que la inocencia es inútil, porque este tipo de legislación invierte la carga probatoria, que es uno de los pilares de nuestra legislación penal.
Demás está decir que las normas sancionadas por este Parlamento deben cumplir con las obligaciones a las que nuestro país se ha ceñido, como por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que desde nuestro punto de vista este proyecto claramente vulnera.
Entre otros derechos y garantías cobra trascendencia el principio de legalidad que en materia penal exige la precisión de la materia punible. Como ya hemos dicho, los tipos penales abiertos sólo invitan a la discrecionalidad en el sistema represivo. Expertos en derecho penal vienen alertando, aún antes de esta reforma, sobre la utilización de ciertos delitos que describen conductas punibles en forma ambigua o que ni siquiera requieren de daños concretos a bien jurídico alguno, todo lo cual es utilizado para la represión de la protesta social.
Ese panorama se va a complicar aún más con esta reforma que nos proponen, toda vez que implica un inusitado agravamiento de las penas para todos los delitos previstos en el Código. Ni siquiera se acotó tal agravamiento para los delitos contemplados en el artículo 2º de la Convención Interamericana.
En lo que respecta a la legalidad, la jurisprudencia internacional lleva tiempo haciendo hincapié en la importancia de este principio. Cabe recordar que fue el propio secretario general de Naciones Unidas quien en el marco de las observaciones hechas a la reunión especial del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, que se celebró el 6 de marzo de 2003, declaró que dado que el terrorismo entraña un uso calculado de la violencia en la violación de la ley, la respuesta a él debe dirigirse a garantizar el imperio de la ley. Luego agregó que los actos de terrorismo, en particular los que conllevan la pérdida de vidas humanas, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, pero la respuesta nunca debe poner en peligro el goce de esos derechos humanos.
La reforma que nos están proponiendo implica también un grave riesgo para las organizaciones que prestan apoyo a los movimientos sociales. Al respecto, sería importante recordar que en la Argentina no tenemos registro –salvo un caso‑ de personas privadas de su libertad por la comisión del delito de lavado de dinero. Sin embargo, como manifesté al principio de mi exposición, hay más de cinco mil procesados por ejercer la protesta social.
A continuación quisiera referirme a una nota que escribió Mempo Giardinelli oponiéndose a la sanción de estos dos proyectos. En su nota señala: “Y si es cierto, como sugiere el colega Verbitsky, que esta legislación es producto de exigencias o presiones del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI), para así calificar a la Argentina como destino seguro para inversiones externas, entonces la cosa es más grave aún.
“Primero, porque debe rechazarse toda propuesta o reclamo de organismos internacionales que vulnere derechos fundamentales. Y después, porque de este modo los movimientos sociales, que en nuestro país son variadísimos, podrían empezar a ser vinculados con delitos de financiamiento al terrorismo, e incluso las protestas pasarían a ser consideradas acciones terroristas.
“Mejor no imaginar lo que sería este país si ello sucediese. Por eso, nada mejor harían nuestros legisladores que archivar estos proyectos.”
Esta nota la dejo a disposición de los señores diputados, porque hoy se han mencionado muchos diarios; en este caso, se trata de una publicación independiente llamada “MU”.
Lo cierto es que para las organizaciones sociales que luchan por sus derechos esta es una ley de terror, no una ley contra el terrorismo. Reitero que en el país hay cinco mil personas procesadas. Tengo aquí, por si lo quieren ver, el mapa que muestra dónde está cada una de esas personas que pelean por sus derechos humanos, que hoy están detenidas y que van a ser el blanco de estos dos proyectos que pretenden convertir en ley. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien dispone de siete minutos.

Sra. Parada.- Señora presidenta: en primer lugar lo que quería destacar es la franca crisis que observo en relación a las facultades legislativas que niega el Poder Ejecutivo y esto enmarcado en nuestra Constitución.
Lo veo en crisis porque el tratamiento en sesiones extraordinarias de una ley de carácter penal es un retroceso, uno de los retrocesos que vengo a marcar y en verdad más allá de otras cuestiones que hoy se plantearon aquí me parece que éste sí es uno de los proyectos que en el caso de sancionarse no sé de qué se van a disfrazar para aplaudirla con la misma vehemencia con que aplaudieron las otras sanciones.
El bloque oficialista impulsa una ley que, como se ha dicho aquí, habla de aterrorizar. No hay todavía una definición unívoca en relación al terrorismo a nivel internacional y nosotros siendo más papistas que el papa vamos a decir aterrorizar. ¿Qué es aterrorizar? Causar terror. ¿Y qué es terror? Un miedo muy intenso.
Nosotros hoy vamos a dar sanción a una ley por la que aquellas personas que para cometer un presunto delito –los delitos hay que probarlos y uno es procesado con semiplena prueba‑ hayan causado un miedo intenso. Ese miedo intenso genera el doble del mínimo y el doble del máximo, es el doble de la pena.
Todos los posibles delitos que tiene nuestro Código Penal van a revestir el carácter de terroristas si se da esa condición de causar miedo.
Y además se baja la edad de imputabilidad, porque hasta una fiesta de Halloween puede llegar a ser terrorista.
Después de escuchar al ministro Alak me preguntaba sobre la legislación que encontramos en esta materia y veía que ni Estados Unidos en determinadas materias genera legislación permanente de esta envergadura.
Cuando la señora presidenta se encontró con el presidente Obama, muy contenta destacó, después de ese encuentro, que él es un amante de la ciencia y de la tecnología y yo también. Soy la presidenta que creó el Ministerio de Ciencia, hasta ahí todo bien.
Ahora bien, si a eso le sumamos el tema de seguridad y el compromiso de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, temas emblemáticos para ambos países, creo que la reunión será muy fructífera y muy provechosa para ambos presidentes, pero sobre todo para ambos países.
En verdad, más emblemático que dos casos únicos que tenemos, donde las causas por las que no son resueltos son de franca inmoralidad, y nada tienen que ver con que nos esté faltando legislación, no ameritan bajo ningún punto de vista que estemos legislando en esta materia, abriendo la caja de Pandora, que es la parte principal del Código Penal, no habiendo dejado los artículos en los que ya se había legislado en la materia y cuyas versiones taquigráficas son tan extensas, con los fundamentos, para haberlo legislado en la parte especial, sostenido por quienes hoy también son legisladores.
Eso demuestra cómo se puede decir todo esto y todo lo contrario o ninguna de las dos cosas. Sin embargo la presidenta Rousseff, quien fue la primera a quien visitó Obama en su primera visita oficial, lo que le exigió al presidente Obama fue un tratamiento de igual a igual y le reclamó además de esa relación de iguales, derribar las barreras comerciales.
Brasil, cuya presidenta estuvo aquí sentada el día de la asunción de nuestra presidenta, no tiene legislación antiterrorista y me parece que no le va nada mal. Sin embargo ese mismo día la presidenta nos dijo que el derecho de huelga no es chantaje ni extorsión, dejando no sé a título de qué este paralelismo, que es el que nosotros denunciamos, que abre la puerta a la persecución de la protesta social.
Yo les pregunto a los miembros del bloque oficialista si para hacer de este proyecto algo nacional y popular, lo van a llamar “terrorismo para todos”, porque este proyecto implica eso.
Cuando digo “para todos” me refiero muy especialmente a los trabajadores. Más allá de la crítica que hizo la presidenta el día de su asunción en relación con el peronismo y el derecho de huelga, a ese partido político le debemos el haber forjado un espacio para los trabajadores organizados, y esto es lo que está en franco retroceso.
El Observatorio Jurídico de la Central de Trabajadores, en el primer semestre de 2011, ha registrado 260 denuncias relacionadas con violaciones de la democracia y la libertad sindical. De ellas, el 60 por ciento son por participación en conflictos, paros y movilizaciones. A su vez, el 60 por ciento del 60 por ciento han sido despedidos por participar en esas movilizaciones.
Más allá de esta pequeña apostilla, quiero dejar sentado que, en cuanto a si se está violando un derecho constitucional, el general Perón decía que la única verdad es la realidad, y ella está representada por los cinco mil procesados de los que hablaba la diputada Donda Pérez, más los campesinos perseguidos, procesados y desalojados, más los indígenas - que son desalojados porque no se cumple la ley de tierras-, y más una infinidad de organizaciones populares que están siendo perseguidas.
Esta no es otra cosa más que una ley de terror que, efectivamente, pretende disciplinar a las organizaciones populares y a la sociedad toda. Es una iniciativa de terror. Ténganlo claro: ¡terrorismo para todos! (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Pinedo.- Señora presidenta: le ahorraré muchos minutos a la Cámara, porque hablaré sólo tres, lo que me parece que merece un aplauso. (Aplausos y risas.)
En relación con el proyecto de combate al financiamiento del terrorismo, vamos a acompañar el dictamen que hemos firmado junto con el diputado Ferrari y otros señores diputados.
A pesar de reconocer mi ignorancia en materia de derecho penal, he recibido muchas críticas de penalistas calificados por el hecho de que se ha puesto un agravante en la parte general del Código para definir el terrorismo, en lugar de introducir un tipo específico en materia de terrorismo y su financiamiento en la parte especial, que precisamente trata sobre la definición de acciones punibles.
Con relación al otro proyecto, que llamaremos de delitos bursátiles, quiero agradecer especialmente al ministro de Justicia, doctor Alak, al presidente de la Comisión de Derecho Penal, doctor Albrieu, a los colaboradores nuestros –especialmente la doctora Mónica Almada, quien ha trabajado por mi bloque‑ y a los asesores del Peronismo Federal, Agustina Carril y Nicolás Negri. Ellos han hecho un enorme trabajo para buscar un acuerdo, que finalmente se ha logrado sobre el texto que estamos considerando.
Entonces, vamos a votar por la negativa en general –porque tenemos nuestro propio proyecto‑ en materia de financiamiento del terrorismo y vamos a acompañar in totum la otra iniciativa. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Piemonte.- Señora presidenta: comenzaré con una afirmación: estos dos proyectos que vamos a votar son exclusivamente para el GAFI. Ninguno de ellos va a servir para combatir el delito de lavado de dinero en la Argentina.
Nosotros también queremos cumplir con el GAFI, pero pretendemos hacerlo en la medida en que el Estado argentino vuelva a tener la capacidad real para intervenir sobre el patrimonio y los bienes de las organizaciones criminales que se dedican al lavado de dinero.
Insistimos en que después de diez años prácticamente no hubo condena por delito de lavado de dinero en la Argentina.
Esta situación no se resuelve con la modificación del Código Penal, que es nuevamente lo que se plantea en el día de la fecha.
El lavado de dinero en la Argentina, y en realidad en cualquier parte del mundo, es un delito vinculado al poder. El lavado de dinero es un delito vinculado al poder económico y al poder político. Por eso el organismo que investiga, enfrenta y combate el lavado de dinero debe tener la suficiente autonomía, independencia y autarquía respecto del poder político y económico.
Por ello, cuando se trató a mediados del año la modificación de la ley 25.246, nosotros planteamos la necesidad de que el directorio de la UIF fuera integrado por concurso y no dependiera del Poder Ejecutivo nacional. Al ser elegido por concurso estaría dotado de autonomía, independencia y autarquía suficiente para combatir los delitos precedentes del lavado de dinero. En realidad, el lavado se genera a partir de delitos antecedentes y precedentes como la corrupción, el narcotráfico y la evasión fiscal. Nuestra propuesta fue desechada.
Quiero decirle a la Cámara que luego de desecharse esta propuesta, el doctor Sbatella, actual presidente de la UIF, recibió por lo menos tres denuncias penales, y ninguna fue presentada por miembros de la oposición.
La primera denuncia penal que recibió el doctor Sbatella fue de un funcionario que apenas dos años atrás integraba el gobierno de la provincia de Buenos Aires como ministro de Seguridad, y hoy es el fiscal Stornelli, que denunció a las autoridades de la UIF por presunto cajoneo de expedientes de amigos del poder, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.
El doctor Sbatella recibió una segunda denuncia por haber cajoneado más de un año el caso Schoklender, el que fue denunciado ante la Justicia por dos diputadas de nuestro bloque Coalición Cívica-ARI. El doctor Sbatella lo tuvo cajoneado más de un año en la UIF hasta que salió a la luz pública.
El 7 de diciembre pasado la Cámara Federal denunció al doctor Sbatella por presunta falta de ética en su actuación en la causa que investiga precisamente el desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Insistimos que más allá de lo que estamos tratando hoy, el problema de la Argentina es el combate real y en serio del lavado de dinero que se genera por el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal. Para eso necesitamos que exista un organismo independiente, autónomo y profesionalizado.
Para el tratamiento de estos proyectos que estamos considerando tuvimos la suerte de recibir el lunes pasado al ministro de Justicia. Además, el ministro de Justicia fue sincero porque lo primero que dijo fue que el proyecto antiterrorismo estuvo en su cartera en discusión más de dos años. El mismo día lunes cuando lo trajo le hizo una modificación, y a su vez pretendía que esta Cámara de Diputados lo aprobara en sólo tres días.
Ese es el papel que de alguna manera el oficialismo le asigna al Parlamento nacional.
Con respecto a estos proyectos, y por lo que han dicho otros diputados preopinantes, vamos a acompañar independientemente de estas consideraciones, la modificación al tipo penal sobre los delitos bursátiles, porque era una deuda que quedó pendiente de la reforma que votamos a mitad de año. Pero nos vamos a oponer en forma contundente al proyecto de combate de la financiación al terrorismo.
Coincidimos en la necesidad de que la Argentina tenga una ley que combata la financiación del terrorismo porque esto así ha sido planteado por el GAFI. Además, la Argentina es miembro de ese organismo, ha suscrito convenciones internacionales que nos imponen contar con esta legislación, y así mismo, hemos sufrido en carne propia atentados terroristas.
Sin embargo, el proyecto que vamos a votar dista mucho de lo que plantea el GAFI y de aquello a lo que se ha comprometido la Argentina en términos internacionales. Aquí ya se ha señalado ‑por lo que no abundaré en ello‑ que la modificación del artículo 41, de la parte genérica del Código Penal, es una aberración que lo desguaza, pues permite que cualquier delito, desde el estupro hasta el hurto, puedan tener el doble de pena con la sola interpretación de un juez, en caso de que éste considere que tal delito conlleva una finalidad terrorista.
No estamos planteando una preocupación teórica, intelectual o de juridicidad; formulamos estas inquietudes a raíz de que por lo menos en esta Cámara debemos ponernos de acuerdo en cuanto a la realidad que hoy existe en el país respecto de infinidad de situaciones que se están viviendo con compañeros que participan de reclamos y protestas.
Fíjense los señores diputados que a tal punto el gobierno considera que eso es riesgoso, que incluye un párrafo como el que los otros días trajo el ministro. A tal punto saben que aquello es riesgoso, que incorporan el siguiente texto: “Los agravantes previstos en este artículo no se aplicarán cuando él o los hechos de que se trate tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Como bien dijo el señor diputado Garrido, ésta es una verdad de Perogrullo, pues es obvio que no es posible plantear una ley que defienda derechos ya consagrados, sociales, humanos o constitucionales. Además, advierto que hay una mezcolanza de derechos. Por lo tanto, es irrelevante la introducción de ese párrafo; pero se lo incluyó porque el gobierno sabe que aquellas situaciones pueden aparejar consecuencias.
Como decía, debemos ponernos de acuerdo en cuanto a si coincidimos en que hoy en nuestro país muchos jueces están considerando como delito el ejercicio de derechos constitucionales. Me animo a plantear esto porque conozco a muchos de los diputados del oficialismo, con quienes incluso hemos compartido espacios de militancia en otro momento. Conozco a muchos que son militantes sociales, que en sus territorios han trabajado y están en la calle al lado de compañeros que se encuentran en la batalla.
Digo esto salvando toda cuestión de acusación de “gorilismo”, porque yo también –como señaló algún otro compañero- provengo de una familia peronista, y he aprendido en la calle cómo se pelea por los derechos sociales en la Argentina.
Me parece que muchos de los compañeros que van a votar este proyecto ni siquiera han podido leerlo; van a votar algo que, de profundizar su análisis, no votarían. Creo que debemos darnos más tiempo antes de votar esta iniciativa; es riesgosa, peligrosa.
Comparto lo que señaló ayer el señor diputado Rossi en relación con el presupuesto. Cuando dijo que quería analizar esa cuestión teniendo en cuenta las perspectivas, compartí su criterio, porque es claro que según el lugar donde nos paremos tendremos una u otra perspectiva. A veces nos paramos desde una perspectiva en la que ponemos énfasis en el aspecto constitucional o en lo social, y en varias ocasiones la conclusión es distinta.
Pregunto dónde se para el oficialismo para votar este proyecto. ¿Cuál es la perspectiva? No creo que la mayoría de este cuerpo quiera pararse en la perspectiva de aquellos que pretenden acallar las protestas sociales. Por ello, debemos rechazar el proyecto.
Ayer mantuve una reunión con compañeros del distrito de Berazategui que en este momento están siendo procesados por haber enfrentado la instalación de una subestación eléctrica, más allá de que el reclamo esté bien o mal, o de si tienen o no razón. Están siendo procesados en este momento y están por darles una condena.
El problema es que si se aprueba este proyecto de ley, este procesamiento puede llevarlos a la prisión efectiva. Si se aprobara este proyecto de ley, con la aplicación del artículo 194 que hoy contempla una prisión de uno a tres años y es excarcelable, si el juez considera que existió una finalidad terrorista pueden quedar presos seis años, cuando se trata de compañeros que están peleando por sus derechos. Esto es lo que riesgosamente vamos a votar hoy.
A tal punto es riesgoso, que quiero dejarles una frase que me preocupó del señor ministro. Me preocupó tanto que por eso le dije que le agradecía por su sinceridad. Cuando habló de esta iniciativa no se refirió a la mejor ley ni a la ley posible. Dijo que era la ley menos gravosa. ¿Qué significa esto? Que va a tener consecuencias graves. Serán las menos graves, pero graves al fin.
Estamos votando una ley donde “a confesión de parte relevo de prueba”. Las consecuencias graves son las que se quisieron salvar con el agregado de ese párrafo, pero que no se han salvado.
Como se ha dicho acá, todo esto se resolvía con la incorporación en el Código Penal de una tipificación específica, como se ha planteado en uno de los dictámenes. Se podría agregar un artículo en la norma aprobada este año respecto al orden económico y el delito financiero. De esta forma se resolvía el problema y cumplíamos con las exigencias internacionales.
Voy a concluir con una cuestión que me parece que hay que tener en cuenta. El Caso 610 de 2001, el caso Mackentor, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tiene que ver con la denuncia efectuada contra el ex genocida Menéndez por el juzgamiento a civiles, argumentando que eran el sostén financiero de la subversión y del terrorismo en la Argentina.
Nuestra historia nos enseña que no debemos dejar ningún lugar a dudas para que nadie –tampoco un juez- pueda acusar a ningún ciudadano argentino de terrorista por luchar en defensa de sus derechos.
Como dijo la señora diputada Di Tullio, ninguna fuerza popular y progresista puede estar bancando este proyecto de ley. (Aplausos)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe, que cuenta con siete minutos.

Sr. Comi.- Señora presidenta: cuando tratamos el tema anterior ya había dicho que hoy no era un día para festejar en este Congreso. No es un día bueno para la historia del derecho penal argentino.
Estamos retrocediendo, porque estamos introduciendo tipos penales abiertos, dándoles discrecionalidad a los jueces para entender cuándo sí y cuando no. También les estamos dando a organismos administrativos un poder fenomenal. Lo cierto es que esto está en contra de todas las garantías individuales.
Habrá una razón de Estado, como se decía años atrás, pero es profundamente malo y terriblemente peligroso para la libertad de todos los argentinos. Es algo que está pasando todos los días, como ha dicho la señora diputada preopinante y el señor diputado Piemonte.
Quiero reproducir en este momento una carta que me hicieron llegar unas organizaciones ambientalistas, porque pelean en la calle por estos derechos. La hacemos nuestra en este Congreso para que sea pública.
Dice así: “Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación, que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo a quienes los financien. El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.
Luego cita algunos ejemplos, se introduce en los fundamentos y continua diciendo: “Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica.” Fíjense hasta dónde nos lleva este análisis.
Continúa diciendo: “Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o medioambiental.”
La nota continúa, pero quiero detenerme en las organizaciones. Está promovida por el Movimiento Los Verdes, que nuclea a un conjunto de organizaciones de todo el país. Voy a nombrar las que me permite el tiempo: AADI –Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo), A.E.L. (Asociación Ecológica de Lanús), Miembro de RENACE (Red nacional de Acción Ecologista de Argentina), Agrupación política Colectivo por la Igualdad, Centro de Estudio y Acción por la Igualdad, Alerta Angostura, Provincia de Neuquén; Asamblea ¡Córdoba Ciudad Despierta!, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierra de la Ventana (Buenos Aires), Asamblea de Organizaciones y vecinos movilizados por la soberanía alimentaria, Región del Alto Valle- Río Negro, Asamblea Popular del Cid, Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, Asamblea Villa Giardino Despierta (Córdoba), Asambleas Ciudadanas Riojanas, Asociación Ambientalista y de Calidad de Vida "Pacto Verde", Monteros, Provincia de
Tucumán, Asociación Civil Amigos de Guapoy, Asociación Civil Grupo de Planificación Sustentable (GPS), de Bariloche, Asociación Civil Hermanos de la Tierra, Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina, Asociación Promoción Para La Cultura Y Desarrollo en Argentina- APCD (Formosa), ATE Rosario –a través de Gustavo Martínez Secretario General, -Be Pe-Asociación Civil Bienaventurados los Pobres (Catamarca)-, Biblioteca Popular Obrera María Luisa Buffo de Ferro, Monteros, Provincia de Tucumán, Campaña Salvemos al Iberá, CAUCE UBA (Corriente Antiburocrática Universitaria Contra la Explotación – Universidad, de Buenos Aires), COB La Brecha (Corriente de Organizaciones de Base - La Brecha), COEPSA (Centro Oeste de Estudios Políticos y Socioambientales), Colectivo por la Igualdad (CxI), Colectivo Voces Alerta, Comunicación por la Libertad (CxL), Comunidad Tehuelche-Mapuche "Gajna Ina Üyey A Gayau - Az Waiwen Kürrüf, Dolavon, Chubut, Conciencia Solidaria ONG Interprovincial, Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río Negro, Consejo Departamental de Comunidades, Departamento de Cochinoca, provincia de Jujuy, Corriente Julio Antonio Mella / Juventud Rebelde - Presidencia FUBA, Eco –Sitio Portal de Medio Ambiente y Ecología, Ecos de Saladillo (Buenos Aires), ENDEPA: Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, Espacio CuCoco en la Huerta de Saavedra, Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones del Pueblo de Quilmes, Frente Cívico por la Vida de la Provincia de San Juan, Foro Ambiental y Social de La Patagonia Sede Comodoro Rivadavia (Chubut), Fundación Ecosur Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur –filial, Patagonia Norte-, Greenpeace, Hecho en Bs. As., Jóvenes de la CC ARI Mendoza, Liberpueblo - Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo, Los Verdes – Foro de Ecología Política, MANBLAS –Movimiento de Articulación No Colonialista de Bases Latinoamericanas y Sociales (Neuquén)-, Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP), Movimiento del Teatro del Oprimido de Jujuy (MTOJujuy), Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Neuquén), Organización Ecologista Guardianes del Iberá (Corrientes), Organizaciones Comunitarias de la Ciudad de Córdoba: Canal de las Cascadas, El Amanecer, Comunidad Renó, Los Cortaderos, La Ilusión, Güemes, El Arca, Libertad, 2 de Mayo con SERVIPROH (Organización Social), Pañuelos en Rebeldía, PIDHDD- Capítulo Argentina - (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo), Pro-Eco Grupo Ecologista, Asociación Civil- Tucumán, Puesto Informativo - ASANOA (Tucumán), Red por el Uso responsable del Agua de Traslasierra (Córdoba), Red Provincial de ONG’s de San Juan, Secretaría DDHH CTA Chubut, SERPAJ ARGENTINA –Servicio Paz y Justicia, Servicio Jurídico para Pueblos Indígenas- Servijupi (Formosa), Sindicato de Empleados de la Justicia de Chubut Sitrajuch, SOS Delta.org, Sur para la Emancipación (Mendoza), Vecinos de Traslasierra por el Ambiente (Córdoba).
Personas: Alberto Binder, Ariel Fuxman–Consejero Directivo Facultad de Filosofía y Letras UBA, Damián Finucci -Presidente CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras - UBA)-, Elia Espen Madre Plaza de Mayo, Emanuel Marcos Abínzano, Felipe Ochsenius del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP), Igal Kejsefman ‑Consejero Superior UBA‑, Ignacio Kostzer –Presidente FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), Jazmín Rodríguez –Consejera Directiva Facultad de Ciencias Sociales UBA-, Julian Liparelli –Presidente CECEN (Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales–UBA), Julio Raffo (diputado de la ciudad por Proyecto Sur, Vicepresidente Segundo de la Legislatura porteña), Laura Fraile –Consejera Directivo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA-, Leandro Altman –Consejero Superior UBA-, Luis Cruz (comunicador social), Luis Zamora ‑Autodeterminación y Libertad-, Marcelo Luda –Consejero Directivo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA-, María Laura Barroso Baldi, Mario Hernández –periodista, miembro de la Comisión Directiva de la Coord. de Medios de
la CABA (COMECI)-, Maristella Svampa (Voces de Alerta), Martha Linares –Presidenta CECSo (Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales–UBA), Pablo Bergel, vecino diputado de la CABA, Pablo Vensentini –Consejero Directivo Facultad de Filosofia y Letras UBA-, Ramiro Sorondo –Consejero Directivo Facultad de Ciencias Sociales UBA-, Roberto Gargarella.
Organizaciones de otros países: Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA, Guatemala, Asociación Tierra y Libertad para Arauco (Francia), Centro de Documentación e Información Bolivia ‑Cedib‑, Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales (colectivo Casa) de Bolivia, Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios de Chile, Defensoría Internacional por el Derecho de los Pueblos (DIDEPU), Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz –FEDEPAZ‑ (Perú), Juventud Ecologista en Acción-Jea De Oruro/Bolivia, Mouvement pour la Coopération Internationale-Suisse (MCI).
¿Qué quiero decir con esto, señora presidenta? Que no es éste un problema de la política, no es que aquí están la oposición y el oficialismo discutiendo porque algunos impulsan una cosa y otros queremos otra distinta. No se trata para nada de eso. Se trata de una auténtica preocupación de cientos de organizaciones y de miles de activistas que ven que el cerco del derecho vuelve a cerrarse sobre ellos y que les volvemos a dar herramientas a los jueces -que pueden ser buenos o de los otros- y al poder punitivo del Estado, para que lo ejerza sobre los ciudadanos. Esto también va en contra del juramento constitucional que dimos cada uno de nosotros cuando nos incorporamos a esta Honorable Cámara.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comparte su tiempo con el señor diputado Solanas.

Sr. Cardelli.- Señora presidenta: ya se ha hablado bastante sobre este tema. Adelantamos nuestro voto negativo al proyecto en consideración contra el financiamiento del terrorismo y, por otro lado, vamos a apoyar en general el proyecto de ley de regulación del lavado de dinero.
Nos preocupa seriamente que estos dos temas hayan sido tratados de manera conjunta.
Hoy el terrorismo es un problema político de gran dimensión y con bastante historia no solamente en este país sino en el mundo entero. Todos sabemos que detrás de la palabra “terrorismo” se esconden fundamentalmente fuertes confrontaciones políticas y por sobre todas las cosas, persecuciones a los pueblos del Tercer Mundo. En nuestro país, detrás de la palabra “terrorismo” históricamente se escondió también la persecución a los luchadores sociales y a todos aquellos que reivindicaban los intereses del pueblo.
Lamentablemente este gobierno, que tantos avances ha tenido y tantas cosas importantes ha hecho en el plano de los derechos humanos, y que inclusive se ha podido jactar de prácticamente no reprimir y controlar la protesta social por mecanismos más persuasivos, hoy profundiza un camino que puede decirse que desanda lo andado.
Ya la ley 26.268, de represión al terrorismo, enviada por el presidente Kirchner, implica un primer agravante, y ahora estamos frente a este proyecto de ley. Más allá de que se pretenda morigerar las figuras penales diciendo que si las acciones se realizan en el marco de los objetivos de los derechos constitucionales esto no constituirá delito de terrorismo, lo cierto es que en nuestro país la Justicia que tenemos en líneas generales tiende a interpretar las leyes más desde el lado de la persecución de los luchadores sociales que desde la defensa de sus intereses o de las reivindicaciones populares.
No hay ley que solamente sea un papel escrito. Hay leyes y hay jueces que las interpretan. Lamentablemente, el sistema judicial que tenemos presenta una larga tradición fundamentalmente en la incomprensión de los intereses populares. Es por eso que esta ley es preocupante.
La figura del terrorismo o de terror es lo suficientemente amplia como para inclusive invertir la carga de la prueba. Uno tiene que terminar diciendo que no es un terrorista porque desde el Estado se dijo que uno lo es. Se aumenta la pena e inclusive el Estado se da el gusto de configurar la intención de la acción política.
Yo simplemente quiero decir que en la nación chilena, aquí al lado, toda la represión al pueblo mapuche se realiza conforme a los instrumentos legales de estas leyes antiterroristas.
Las leyes antiterroristas, como bien se ha planteado por ahí, son parte de una política internacional que obviamente implica una presión de la que lamentablemente este gobierno se ha hecho eco, como bien lo ha señalado el periodista Verbitzky en su editorial del fin de semana pasado.
Parecería que esta presión, que se hace desde el grupo de acción financiera internacional, pudiera garantizar mejores inversiones internacionales y más seguridad para la inversión extranjera. Creemos que no es así: al contrario, deteriora lo que son nuestras tradiciones populares y nuestra democracia, e inclusive desanda un camino andado por este gobierno.
Finalmente, no quiero dejar de señalar que también vamos a entrar a ser sospechados en el plano del financiamiento. Resulta que uno es solidario con una organización popular y va a tener que empezar a averiguar qué hace dicha organización, porque no vaya a ser cosa que realice actividad terrorista y uno termine implicado en eso.
Es bastante lamentable que empecemos a retroceder en este camino. Sería bueno que se reflexione y que realmente no implementamos este proyecto que en los hechos va a significar mayores condenas, persecuciones y fundamentos para la criminalización de los sectores populares. (Aplausos)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Solanas.- Señora presidenta: continuando con las palabras de mi compañero, quisiera agregar otros fundamentos para oponernos a una ley sorprendente que proviene de la bancada oficialista y de un gobierno nacional que ha impulsado reformas de neto corte social y progresista.
Esta ley sorprende y hiere las mejores tradiciones democráticas argentinas. Pero vamos a situarnos en qué marco viene esta ley. Un marco de disputa por los recursos naturales no solo de la Argentina sino de América Latina. Se disputa la tierra de los pueblos originarios que guardan grandísimos recursos en sus subsuelos.
Esta ley viene en circunstancias donde desembarcan todas las trasnacionales para llevarse los metales y los recursos del subsuelo. Esta ley desembarca en el Congreso cuando en los últimos quince meses murieron catorce trabajadores por las balas de la represión de los gobernadores latifundistas al servicio de las oligarquías provincianas.
Catorce muertos en quince meses, compañeros. Este es un dato que no podemos olvidar. Esta ley desembarca en el Congreso cuando tenemos más de cinco mil trabajadores judicializados. ¿Cómo es posible que podamos delegar la legislación penal a las interpretaciones que el Poder Ejecutivo piense hacer en el futuro sobre las buenas o malas intenciones de la protesta social?
La protesta social en todas las épocas y todos los países fue siempre considerada por los poderes de turno como actos subversivos, como actos atentatorios contra el orden. La moda hoy es llamarla terrorista.
¿Quién impulsa esto? Nada menos que el GAFI. Con el GAFI están los proyectos de saqueo colonial, los proyectos de saqueo del Banco Mundial. También está el proyecto IRSA, que ha diseñado a toda América Latina para llevarse lo que tiene.
La resultante de esto es la incapacidad gubernamental para pararse frente al conflicto social. ¿Por qué tenemos la cantidad de cortes de ruta que se han producido en toda esta década? Por la incapacidad de los gobiernos de defender los derechos de los trabajadores y los derechos sociales.
Todos miran para el costado. La filosofía nacional o la metodología política es hacerse el tonto, el distraído y el sordo, dejando que la protesta social continúe. Finalmente, como todos los funcionarios son sordos, hay que cortar la ruta, que es lo que les duele, porque el conflicto toma estado público y social.
Atención: esta es una ley de la recolonización de América Latina y de la Argentina. Esto sucede cuando se ceden miles de hectáreas de tierra a las corporaciones extranjeras, cuando se ceden los recursos minerales, los bosques y el subsuelo.
Esta es una ley que indica el giro y el cambio de modelo que se encierra detrás del ropaje progresista de este gobierno. Por eso Proyecto Sur la denuncia y la repudia. (Aplausos)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.

Sra. Fadul.- Señora presidenta: en relación con la modificación del Código Penal sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista, es apropiado apoyar normas contra esta modalidad delictiva. Considero que debemos actualizar nuestra legislación penal de acuerdo con las exigencias contemporáneas.
No estamos cumpliendo estándares internacionales a cambio de sancionar una normativa con la que desacordamos o consideramos inerte. Todo lo contrario; estamos mejorando nuestras normas penales de acuerdo con nuestras propias convicciones. A raíz de esta modificación positiva cumplimos con determinadas exigencias de la comunidad internacional, lo que nos permitirá contar con la cooperación necesaria en esta materia que, valga la redundancia, se vuelve necesario ante la complejidad que han adquirido en muchos casos los ilícitos de esta naturaleza.
Desde el bloque del Partido Federal Fueguino voy a apoyar el dictamen de minoría –quiero aclarar que hay más de uno- suscrito por el diputado Gustavo Ferrari y otros legisladores, quien lo ha fundamentado sólidamente. Voy a resumir por qué apoyo el dictamen basándome en los tres ejes que el diputado Ferrari clarificó.
En primer lugar, lo hago porque se definen los bienes jurídicos que claramente deben afectar los delitos. En segundo término, los medios y contra quiénes se dirigen y, por último, porque la finalidad del acto terrorista tiene que estar totalmente clarificada. Por lo tanto, me siento identificada con este dictamen de minoría.
En relación con la segunda iniciativa –incluida en el Orden del Día Nº 8-, quiero manifestar que la evolución de la economía mundial demanda la creación de herramientas que terminen con el abuso en la utilización de la información privilegiada como instrumento esencial para proteger la estabilidad económica en la República Argentina.
El proyecto que seguramente vamos a votar crea una nueva figura penal necesaria para los tiempos que corren e introduce la hipótesis de la manipulación espuria de los valores negociables u otros instrumentos financieros. Esto no es poca cosa.
En este sentido, avanzamos en la sanción de quienes, en pos de intereses propios, menoscaban el orden económico y financiero del Estado.
Nos encontramos frente a una reforma que, en todo caso, promueve el reacomodamiento del actual sistema penal en consonancia con los cambios que la realidad nos demanda.
Por ello, el voto del bloque del Partido Federal Fueguino será afirmativo.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Favario.- Señora presidenta: no voy a acortar mi exposición a cambio de aplausos, como jocosamente pidió mi amigo Federico Pinedo. Sin embargo, voy a hacer una aclaración para evitar cualquier equívoco: el ahorro de tiempo en mi intervención no es funcional a ninguna trapisonda que se pueda estar tramando en los pasillos de esta Cámara.
Por otro lado, debo decir que comparto las sólidas argumentaciones expuestas, fundamentalmente, por los señores diputados Garrido, Ferrari y Piemonte, quienes especialmente han hecho hincapié en la imprecisión en la redacción del proyecto contenido en el dictamen de mayoría por el cual se reforma el Código Penal. Evidentemente, estas reformas importan un riesgo a las garantías y libertades públicas so pretexto de combatir el terrorismo.
En consecuencia, cumpliendo con mi compromiso de ahorro de tiempo, y reiterando mi adhesión a las argumentaciones vertidas por los diputados antes mencionados, adelanto el voto negativo del Bloque Demócrata Progresista al proyecto contenido en el dictamen de mayoría. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: lamento estar en este recinto reiterando conceptos sobre las exigencias del GAFI, que van en desmedro de derechos fundamentales de los habitantes de nuestro país.
Lo cierto es que hay estándares internacionales, pero –tal como señaló el señor diputado Garrido‑ nosotros deberíamos guiarnos, por ejemplo, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, porque el mero escrutinio de este sistema nos demuestra que hay fallas de sobra.
Más allá de los distintos déficits técnicos que he observado, me voy a referir principalmente al proyecto contenido en el expediente 8-P.E.-2011. En este sentido, la amplitud de los verbos que se utilizan en los tipos penales me resulta escalofriante. La finalidad que habla de aterrorizar a la población es un concepto tan abierto y vago que en lo personal el propio concepto me aterroriza. Lo mismo digo en cuanto a la idea de obligar a las autoridades a hacer o abstenerse de hacer algo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me lo puede explicar con un ejemplo concreto? Sería importante que lo hagan toda vez que al incluir este artículo en la parte general, se abarca a cualquier delito. Por ejemplo, un hurto menor estaría incluido en esta calificación. Si un ladrón de autos, aterrorizando a un funcionario público con armas –es más podrían ser tres o cuatro, por lo que entonces sería una asociación ilícita‑ le obliga a entregar su auto, lo está obligando a hacer algo.
En realidad, lo más razonable que puede hacer el funcionario es entregarle el auto. Sí, se trata de una asociación ilícita, efectivamente roban autos. Entonces, hay que meterlos presos y castigarlos por eso, pero no son terroristas, reitero que son ladrones de autos, es una banda que roba autos, no hace terrorismo.
En castellano eso pareciera decir el sentido común. Además aquí no hay que pensar que lo que diga la aplicación de la ley son los mensajes, ni siquiera lo que digamos nosotros acá. Finalmente, lo que diga la aplicación de la ley es lo que los jueces interpretan, y los jueces pueden guiarse según distintos criterios. Algunos siguen la voluntad del legislador, que no queda muy clara. Aquí se ha visto la voluntad del legislador muy distinta y muy disímil.
De lo contrario, debe tomarse en un sentido literal y el sentido literal es éste, del mismo modo que en relación con el financiamiento. ¿Qué quiere decir que financia a otra persona, a un individuo para que cometa de cualquier modo o intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies?.
Volvamos al ejemplo del ladrón de autos. La abuela sabe que roba autos, y dice: “Este chico me salió mal, pero no lo voy a dejar morir de hambre” y le da bienes. ¿También tendríamos que poner presa a la abuela por financiar el terrorismo, porque la aplicación lógica sería esa?
Desde ya que más grave que eso es el sentido de lo que se dijo aquí, porque va más allá de lo que exige o pide el GAFI en la definición de acto terrorista. Y si bien es cierto que en la versión inglesa es más difícil de charlar con las personas del GAFI, entonces vayan a la versión francesa y en ella por lo menos exigen daño a la vida, a la seguridad, es decir que al menos intentan que haya un bien jurídico que esté dañado, más allá de la mera intención.
Entonces, es aquí donde realmente empieza a ser más preocupante que el ejemplo de la abuela, que espero que no se dé en forma tan ridícula en este país, pero no se puede confiar en que esto sea así, en cuanto a no ponerla presa.
Lo cierto es que aquí se indica que la idea es llenar ciertas lagunas jurídicas. En el tema parecen existir cierto tipo de lagunas y lo cierto es que se ha tocado aquí varias veces tanto en la comisión como en esta sesión el tema de los atentados en la Argentina.
En este sentido, la verdad es que se están vulnerando gratuitamente derechos fundamentales y digo gratuitamente porque esto sirve solamente para una política represiva, pero de ninguna manera previene los atentados, y si no vamos a ver qué pasó exactamente en la Argentina.
En esta cuestión tengo una indignación absoluta, por lo que pido perdón por cualquier exabrupto. En verdad, si todavía no hallamos un culpable fue por el encubrimiento que hicieron las autoridades políticas, la policía, los jueces de este país y hasta algunos parlamentarios.
Esta es la verdadera historia. A mí me tocó ser la fiscal en el juicio de destitución a Galeano y estudié perfectamente la causa de la AMIA. En realidad, el encubrimiento estaba más que claro y fue financiado por la plata del Estado argentino, que salió de la SIDE.
El dinero fue entregado por altísimos funcionarios del gobierno argentino. Es más, habría que analizar la responsabilidad del ex presidente Menem sobre el asunto. Esto debería haberlo investigado Galeano, quien fue cómplice en la mayor violación de derechos humanos de la gente. Por ejemplo, envió a una abogada, que estaba “cableada” –es decir, con micrófonos‑, a ver a las personas imputadas. Ni siquiera se proveyó el mínimo derecho de defensa, lo que permitió que cayese todo.
El juez que tenía que seguir analizando qué había pasado con la conducta del encubrimiento fue Bonadío, quien fue denunciado por esta y otras causas. Además, quien lo defendió, impidiendo que se abrieran denuncias y que llegara a adjudicarse la investigación, fue el senador Pichetto, quien era el presidente del bloque oficialista, al igual que ahora. Hablo de noviembre de 2006.
Es decir que si tuviésemos que analizar lo que ha ocurrido con los actos de terrorismo en el país, deberíamos recordar cuál fue la responsabilidad que nos cupo a todos, porque hay temas que están esperando justicia.
Definitivamente, esto no va a ayudar absolutamente en nada. Además, lo hará todo mucho peor, porque agrava la situación en relación con la protesta social. El último párrafo que han agregado señala que el agravante no se aplica cuando los hechos de los que se trate se produjeran en ocasión del ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional.
En primer lugar, sería mejor no aclarar, porque oscurece: los derechos sociales son derechos humanos y constitucionales. ¿Quieren que les recuerde quién introdujo el artículo 14 bis? El problema radica en que nuestros jueces no consideran que el derecho a la protesta social sea un derecho constitucional, por lo que hay procesados y fallos en contra de personas que estuvieron participando de protestas sociales.
No lo digo yo sola, sino que también hay mejores personas que me apoyan en este sentido, dado que hemos recibido una carta pública. Voy a pedir que se inserte en el Diario de Sesiones esta carta, que fue firmada por más de cien organizaciones, entre ellas, AABA, CELS, ACIj, INECIP, CEPPAS, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, CTA, ATE, asambleas populares –las que pedían que nos fuéramos todos y todas-, entidades que integran la Red de Derechos Humanos de la provincia, personas como Adolfo Pérez Esquivel, Madres de Plaza de Mayo, académicas como Maristella Svampa, Roberto Gargarella, periodistas como Miriam Lewin.
No sigo detallando los nombres porque quiero terminar diciendo que lamento que en estos tres días estemos sometidos a las exigencias del GAFI en lugar de estar derogando figuras como el avenimiento, por la cual una joven de 19 años fue violada y luego asesinada por su violador en La Pampa. En estos tres días que vamos a estar discutiendo habrá una mujer asesinada por violencia intrafamiliar, una violada y muchísimas más maltratadas. Seamos conscientes de que estamos tratando estos temas a expensas de la vida de esas mujeres.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. de Prat Gay.- Señora presidenta: como bien se dijo, estamos discutiendo leyes que nos exige un organismo internacional: el Grupo de Acción Financiera.
En la última evaluación mutua de este organismo internacional publicada en su sitio web se lee lo siguiente: “Esta es la tercera evaluación mutua del GAFI de la Argentina, y segunda evaluación del GAFI, GAFISUD de la Argentina. Desde la última evaluación finalizada en junio de 2004 Argentina no hizo un progreso adecuado en el tratamiento de una serie de deficiencias detectadas en aquel momento.”
Esta es una evaluación de octubre de 2010, con lo cual, en los últimos seis años la conclusión es que no hubo avances en las recomendaciones que se hicieron en el informe anterior.
Y continúa: “Esto se complica por la falta de una adecuada coordinación, la superposición de jurisdicciones de una serie de organismos nacionales y los requisitos variados e inconsistentes verticalmente a través de los niveles de las regulaciones aplicables para cada espacio del sector financiero, y horizontalmente dentro de cada sector financiero.”
Las recomendaciones clave para la Argentina en adelante son: corregir las deficiencias técnicas; mejorar el marco para el congelamiento de los activos relacionados con el financiamiento de terrorismo; aumentar la autoridad de la UIF para procesar los casos respecto de los delitos y todas las actividades de blanqueo de capitales; actualizar las leyes del sector financiero para mejorar la supervisión en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; mejorar la capacidad de cooperar a nivel internacional; más eficaz supervisión de las instituciones financieras, y dos o tres recomendaciones más que podría seguir. Quienes todavía tienen “estómago” para escuchar atentamente habrán advertido que, respecto de todas estas recomendaciones, sólo en un caso sugieren al Estado argentino mejorar tales cuestiones por las vías de las leyes. Ésta es mi primera reflexión.
En octubre de 2010, de las cuarenta y nueve recomendaciones del GAFI la Argentina cumplía sólo tres, de manera cabal; dieciséis eran cumplimentadas en forma parcial, y el resto resultaba incumplido.
Gran cantidad de los incumplimientos totales y parciales son administrativos. Esto debe quedar en claro, señora presidenta. No se trata de cuestiones que resolveremos desde el seno del Congreso Nacional. En realidad, al respecto el Poder Ejecutivo cuenta con las leyes necesarias, pero sin embargo, en razón de su propia deficiencia administrativa, no está cumpliéndolas.
En tal sentido podría citar una determinada cantidad de ejemplos. Así, curioso es que el GAFI señale que en la Argentina no hay autoridad competente para supervisar los casinos. No creo que haya alguien en este recinto que esté en contra de la idea de supervisarlos; lo que no entendemos –o quizás, sí‑ es por qué el Poder Ejecutivo decide no hacerlo.
Pareciera que cada seis meses el gobierno debiera enviar iniciativas al Congreso de la Nación para sancionar leyes que le permitan ganar tiempo con el GAFI, compensando de esa manera las deficiencias administrativas que son manifiestas, y a las que se han referido diputados preopinantes.
Si ése fuera el caso, desearíamos saber por qué siempre estamos “corriéndola de atrás”, aun en materia que no es crítica, porque como ya dijimos, el problema es más administrativo que legislativo.
Hace seis meses llevamos a cabo la discusión de un proyecto de ley cuya sanción precisamente exigía el GAFI, ya que había que tipificar el delito de autolavado. Recuerdo a los señores diputados que en aquella ocasión hubo consenso; creo que ésa fue la única vez, en los dos últimos años, que de manera conjunta se trató un proyecto; y si bien el oficialismo estuvo dispuesto a aceptar modificaciones, lamentablemente la ley sancionada después fue objeto de un veto presidencial que, aunque parcial, afectó el acuerdo al que habíamos arribado los bloques de oficialismo y de la oposición.
Por otra parte, se ha hablado de la participación del ministro Alak en su visita al Congreso. Lo único que tengo para decir al respecto es que cuando tratamos un tema mucho más serio para los argentinos, como el de las salideras bancarias, en el que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debía participar porque contaba con un integrante en la Comisión de Seguridad Bancaria, no obtuvimos la misma respuesta de ese funcionario, quien tardó diez días en responder a un llamado telefónico y no asistió a la comisión. No quisiera pensar que para el Poder Ejecutivo o el ministro es más importante cumplir con el GAFI que evitar las muertes que ocurren semanalmente a raíz de las salideras bancarias, aunque a veces hay que hacer un esfuerzo muy grande para no pensar así.
Aun aceptando que el gobierno está realmente obsesionado en legislar para cumplir exclusivamente con estas imposiciones del GAFI, la pregunta que varios diputados preopinantes ya se han formulado en tal sentido es la siguiente: por qué usar definiciones que ni siquiera nos pide ese organismo.
En este caso, la discusión en torno del proyecto contenido en el Orden del Día N°8 ha sido suficientemente abordada por mis compañeros de bloque, los señores diputados Piemonti y Comi, y otros legisladores. Como miembro de la Comisión de Finanzas acompañé el dictamen en minoría, en el que efectivamente se establece una definición de las actividades terroristas, en línea con lo determinado en las pertinentes convenciones internacionales, que ni más ni menos es lo que pide el GAFI.
Insisto en que si hubiera vocación de resolver esta cuestión, habría bastante menos dolores de cabeza para avanzar en ese proyecto de ley, que tal como se encuentra planteado sólo podemos rechazar de manera contundente, como ya hemos adelantado al pleno de la Cámara.
En cuanto al otro proyecto de ley, contenido en el expediente 9-P.E.-2011, adelanto el voto positivo.
A pesar del dictamen que ha presentado el oficialismo, entendemos que el otro día ha habido fructíferas discusiones. El señor diputado Albrieu ha sido proclive a incorporar algunas sugerencias de algunos bloques de la oposición. Entendemos que nadie puede estar en contra de penar delitos de información privilegiada, penar delitos de manipulación de información, y que además existan agravantes en el caso de que los directores de estas compañías estén involucrados.
Creemos que hay que penar el cohecho en la actividad financiera, como en la actividad bursátil. Por supuesto que vamos a acompañar el segundo dictamen, pero no el primero a menos que se modifique.
Volvemos a la reflexión original: si la Argentina está en falta con la gran mayoría de las regulaciones en materia de lavado de dinero y de perseguimiento del terrorismo, no es por deficiencias de este Parlamento de la Nación, sino porque con los instrumentos con que cuenta el Poder Ejecutivo no ha hecho lo que los organismos internacionales le han solicitado ni lo que viene ahora a pedir para compensar esas deficiencias.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Stolbizer.- Señora presidenta: insisto en lo que hemos planteado en el debate de todos estos temas. No se trata de una buena agenda para el inicio de un gobierno.
Es una agenda que se define con dos temas centrales. Se trata de dos reformas al Código Penal que en nada le cambian la vida a la gente.
Tal como han adelantado las señoras diputadas Donda Pérez y Parada, adelanto el voto negativo en nombre del interbloque del Frente Amplio Progresista a los dos proyectos puestos en consideración.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.

Sra. Stolbizer.- Nuestro bloque tiene una posición negativa desde una concepción integral de ambos proyectos Me animaría a decir casi filosófica. Consideramos que ambas reformas son peligrosas e ineficaces a los fines de los resultados que se intenta buscar.
La discusión de estos temas –estamos hablando de una ley denominada antiterrorismo y de otra llamada antilavado- necesitan ser contextualizados desde el plano de lo que significan los delitos complejos de organizaciones criminales transnacionales.
El capitalismo es global y nuestra obligación es pensar globalmente y accionar localmente, especialmente en el caso del flujo de capitales internacionales y acciones ilícitas que se derivan de ese flujo de capitales.
Hoy somos parte de una crisis del capitalismo a escala global. Decir que las crisis no nos afectan, es no entender cómo funciona ese sistema capitalista global. Lo mismo acontece con el delito de lavado. La lucha política debe ser articulada de manera global.
Conviene señalar también que es necesario dar una discusión sobre las relaciones financieras económicas internas de la Argentina, mediante las cuales nuestro país se vincula con el mundo y con la región.
El sistema financiero en la Argentina todavía no ha tenido una reforma como la que merecería. Estamos hablando de un sistema financiero que no solamente atrasa, sino que afecta o favorece la comisión de estos delitos. Es un sistema que tolera que muchas empresas transnacionales y también nacionales –prácticamente no discutidas- permanezcan de manera intacta como lo hacen sin ningún tipo de modificación de nuestra matriz económica.
Y nos animamos a decir que ninguna de estas reformas profundizan en la discusión de esa matriz económica ni van a cambiar con ninguno de los proyectos que aprobemos hoy.
Por supuesto que estamos convencidos de la necesidad de adaptar nuestra legislación a los estándares internacionales que requiere el GAFI. Pero en este punto vamos a reiterar que ninguna de las reformas que se están planteando tiene que ver con las críticas que el GAFI ha hecho a la Argentina.
La pérdida de credibilidad de nuestro país en el plano mundial no tiene que ver con la falta de una legislación sino, entre otras cosas, con un sistema que no funciona y favorece la comisión de estos delitos y, obviamente, con las malas gestiones que se vienen sucediendo y con la falta de voluntad para profundizar en el agujero negro que tiene nuestro país, que es el delito complejo. Todo esto es lo que le hace perder credibilidad a la Argentina.
Las críticas del GAFI no tienen que ver con la ausencia de una ley sino con el deficiente funcionamiento de nuestro sistema financiero y de controles, sobre todo en materia de lavado de dinero. Las críticas se refieren a que el personal no tiene suficiente capacitación, a que existe un déficit muy grande de estructura profesional y, sobre todo, de presupuesto.
Fundamentalmente se viene cuestionando la calidad de los reportes. Solamente tiene utilidad o sirve el 11 por ciento de los reportes emitidos en los últimos diez años. Ese es el informe que analiza el GAFI. Obviamente, esto es lo que hace que en más de diez años de vigencia de una ley antilavado, sigamos sin tener condenas y continúe existiendo un nivel muy bajo de investigaciones sobre esos reportes.
Con nuestra posición no buscamos evadir las responsabilidades que el Estado debería tener frente a la comunidad internacional, pero no es este el camino por el cual la Argentina puede posicionarse y cumplir.
Los proyectos en discusión no son ninguna alternativa novedosa ni van a cambiar la situación de nuestro país.
Nos parece crítico buscar una alternativa superadora al statu quo dominante en la Argentina para acabar con una serie de privilegios. Esos privilegios y beneficios espurios son, justamente, los que se desprenden del funcionamiento deficiente de nuestro sistema financiero y del sistema antilavado.
Por lo tanto, es crucial un proyecto que trascienda la mera reforma del Código Penal. No sirve simplemente una reforma legal si no ponemos en marcha una reforma estructural en el funcionamiento del sistema, que es lo deficitario.
Obviamente creemos que el mero endurecimiento de las penas puede evitar un castigo del GAFI. Tal como lo dijimos durante el tratamiento de la última reforma, es posible que con esto limpiemos nuestras propias conciencias. Debemos tener en claro que esto no logra detener la profundización de los esquemas financieros de nuestro país, que son injustos y poco transparentes y que, en última instancia, lo que hacen es justamente alentar los delitos que pretendemos reprimir.
Además, va a ser ineficaz porque no va a cambiar las condiciones de inseguridad por las que reclama la población. Frente a estos delitos complejos es necesario un sistema criminal integral. En realidad, se necesita que exista una voluntad política, justamente para prevenir y evitar ese tipo de delitos. Sobre este punto es necesaria una agenda regional.
Quiero hacer algunas reflexiones sobre los proyectos en particular. Es cuanto menos ingenuo creer que las deficiencias en el diseño e implementación de las políticas de Estado en general y en particular que apuntan a la prevención y represión de esos crímenes se solucionan mágicamente mediante reformas simbólicas y simplistas de la ley penal.
Cambios como los que se proponen no son otra cosa que un retroceso o un mero maquillaje, porque pretenden disimular las deficiencias del Estado.
Estamos frente a un grave retroceso en materia de calidad democrática y de respeto a los derechos humanos. El proyecto de ley sobre terrorismo no constituye un elemento eficaz en la lucha contra esos crímenes y, lo que es más grave, adolece de inconstitucionalidad.
En oportunidad de los debates anteriores, cuando se votaron los artículos que en este momento se pretende derogar, ya se había advertido sobre cuál iba a ser el verdadero resultado. Y hoy el propio oficialismo, que en aquel momento los impulsó como la respuesta o salida a los conflictos que teníamos, debe reconocer que no sirvieron absolutamente para nada.
Lo que el Poder Ejecutivo propone es la reformulación y reordenación de las figuras penales en el cuerpo normativo, dejando aún más abierto el anterior y tan controvertido tipo penal de la asociación ilícita terrorista. No hay duda de que incluir hoy un agravante que lleva el doble de la pena dentro de la parte general del Código Penal en lugar de sostener una figura dentro de la parte especial no va a brindar absolutamente ninguna respuesta, y volverá a ser –como lo planteamos‑ una herramienta de riesgo y de peligro social.
El principal riesgo es dotar al Estado de un instrumento de persecución y de represión impropio del sistema democrático, que debería llevarnos al mayor de los cuidados.
El proyecto pretende incorporar una salvedad con respecto a la vigencia de los derechos humanos y a evitar la criminalización de la pobreza que, por supuesto, no sirve, es una cuestión meramente retórica, una obviedad innecesaria e injustificada en el ejercicio de cualquier derecho constitucional.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.

Sra. Stolbizer.- Con respecto al otro proyecto, lo que hace es crear un espectro de delitos que van más allá de figuras delictuales: transforma meras faltas administrativas en delitos penales de la noche a la mañana, lo que obviamente tampoco servirá, salvo como mecanismo de persecución y de represión.
Vemos que las dos iniciativas padecen graves déficit de legalidad y en ninguno de los casos tienden a mejorar las herramientas de control y persecución de los delitos.
Nuestro bloque votará en contra en general, tal como lo hemos planteado en la comisión al presentar nuestra disidencia total. El Código Penal que pretende tener el Poder Ejecutivo es un instrumento de control político, social y económico contrario a nuestra concepción filosófica.
Estamos en contra de la guerra preventiva que, tras el discurso del combate al terrorismo, ocupa, invade territorios y violenta derechos elementales de personas y de pueblos. También estamos en contra de aquellos que con el pretexto de la seguridad aceptan restringir la libertad, aun cuando ello entrañe violación a los derechos.
Solicito autorización a la Presidencia para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Se toma nota de su pedido, señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Gambaro.- Señor presidente: como ya adelantara uno de nuestros miembros informantes ‑tenemos un dictamen de minoría‑, el voto de nuestro bloque va a ser negativo.
Se ha comentado que estamos cumpliendo exigencias del GAFI. Probablemente por eso nos estén apurando, pidiéndonos que decidamos esto en pocos días; apunta más a tipificar el financiamiento que a definir los tipos penales de actos terroristas en nuestro Código Penal.
Pero la Argentina tiene una deuda un poco más grande respecto de la tipificación de actos terroristas que con el GAFI, que es con el Sistema Interamericano. La Argentina ratificó la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Como en cualquier ratificación de un tratado internacional, uno se compromete a tomar las medidas internas. El artículo 3º nos dice que debemos tipificar y establecer una pena para los delitos que están descriptos en esas diez convenciones.
Estamos incumpliendo no solamente con el GAFI sino con el Sistema Interamericano, que me merece mucho más respeto.
También tenemos la necesidad de legislar por nuestra historia y porque fuimos víctimas en varias oportunidades.
Nos preocupa que esta oportunidad se haya desaprovechado y que en el apuro estemos cometiendo un error.
No me voy a referir a la criminalización de la protesta social, porque personas como Ramona y la diputada Donda dieron acabadas descripciones y números referidos a cómo está funcionando. Me voy a referir a cuál es la conducta que ha mantenido la Argentina respecto de legislar en el sistema internacional.
Como ustedes saben, las convenciones internacionales –podría decir que la Argentina casi es ejemplo en la región en materia de sanciones‑ definen en sus primeros capítulos los términos a los que después nos vamos a referir en el tratamiento del articulado, porque apunta a todo el mundo y las situaciones son distintas en cada uno de los países. Ni la Convención Interamericana contra el Terrorismo ni la de Naciones Unidas tienen esa definición. ¿Por qué no la tienen? Porque no hay un acuerdo internacional acerca de una definición de terrorismo.
¿De verdad creemos que nosotros, en tres días, vamos a poder suplir un trabajo que lleva más de 40 años en la comunidad internacional, que todavía no se ha podido poner de acuerdo?
La Corte Penal Internacional, a la que ratificamos en el Estatuto de Roma, dudó en incorporar el terrorismo entre los delitos que están sujetos a su juzgamiento, y en ese momento creó una comisión para definir el concepto de terrorismo. Todavía no lo ha logrado.
Esta falta de una definición única nos ingresa en un círculo vicioso. En la parte general del Código Penal introducimos la definición de “aterrorizar”, que no tiene consenso internacional. Esto quiere decir que no sólo no lo pudimos hacer nosotros sino que lo vamos a dejar a criterio individual de los jueces.
Otra vez, ¿creemos que una persona, en forma individual, puede suplir lo que la comunidad internacional no pudo hacer en todos estos años?
El riesgo es enorme. Como les decía, los ataques terroristas no son nuevos. El señor diputado Albrieu nos llevó bastante atrás en la historia, no solamente en nuestro país sino en el resto del mundo. ¿Cuál fue la respuesta de esta comunidad ante estos hechos? La realización de convenios especiales.
Hoy existen trece convenios internacionales que establecen definiciones de delitos considerados como actos terroristas y tipificados como tipos penales. Cuando un país suscribe estos convenios se obliga a incorporarlos a su ordenamiento interno y asignarles una pena.
Están definidos como los tipos penales que nuestra tradición histórica ha tenido. Los tipos penales son cerrados, y cada vez que nos toca debatir algo en la Comisión de Legislación Penal –yo llevo dos años en ella‑ nos da miedo modificar el Código Penal, porque los tipos tienen que estar bien descritos para evitar los abusos. Hoy estamos haciendo un retroceso en ese sentido.
Los delitos contenidos en estos trece convenios todavía no los tenemos incorporados y todavía no tienen pena. Si no apuramos la legislación en ese sentido, no solamente estaremos incumpliendo, sino que además es muy probable que, si lo dejamos a la interpretación de los jueces, delitos que hoy deberían tener una pena asignada posiblemente no la tengan en mucho tiempo, porque nos quedaremos tranquilos con que, como cumplimos con el GAFI con esta definición, no será necesario hacerlo.
Entre esos convenios podemos definir los ataques a las aeronaves, a los buques, y el secuestro de rehenes. ¿Quién de nosotros puede dudar de que en la comunidad internacional, en todos los ordenamientos internos, la privación ilegítima de la libertad ya existía? Secuestraron a los deportistas en Múnich y se dieron cuenta de que, en realidad, con la privación ilegítima de la libertad que existía en cada uno de esos ordenamientos no alcanzaba. Había que dar un mensaje especial.
Y así se hizo cada vez que se dictaron estos convenios especiales para responder a esas necesidades especiales. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros para seguir, además, con nuestra tradición jurídica.
En la comisión el ministro Alak nos dio una introducción respecto de nuestro pasado y de lo delicado que era legislar en materia de terrorismo con nuestros antecedentes de terrorismo de Estado. Si uno busca una definición internacional del terrorismo de Estado, se da cuenta de que no existe, pero sí existen delitos tipificados dentro de un concepto mucho más amplio.
Y así lo hicimos. Así lo hicimos con la Convención de Desaparición Forzada de Personas. La incorporamos específicamente en el ordenamiento, y también lo hicimos con la trata de personas. No nos alcanzaba con remitir al ordenamiento internacional, lo queríamos tener adentro, queríamos tener una pena y queríamos que las investigaciones se siguieran hasta las últimas consecuencias.
Si lo hicimos con esos delitos, con nuestra historia y con nuestros antecedentes, ¿por qué no lo podemos hacer con los actos terroristas? Por eso nuestro dictamen apunta a incluir un tipo penal que recepte todas las modalidades previstas en estos actos terroristas para que no exista ninguna duda y que no sea un juez en la soledad de su despacho el que decida cuándo uno aterroriza o no a una población, cuándo uno obliga o no a una autoridad a tomar una decisión.
Cuando el proyecto del Ejecutivo cambia esta dinámica histórica, también borra con el codo toda esa historia construida por nuestros diplomáticos en los foros internacionales. Nosotros queremos que nos escuchen en el GAFI, pero también queremos que nos escuchen en la Corte Penal Internacional de Roma, donde el fiscal es nuestro, es argentino, y con sus antecedentes se ganó muy bien ese lugar.
¡Cómo van a escuchar a nuestro fiscal argentino si nosotros, en lugar de evolucionar hacia una mejor tipificación de los actos terroristas, estamos haciendo lo mismo que otros países hicieron mal!
El miembro informante de la Unión Cívica Radical, el ex fiscal Garrido, daba el ejemplo de los mapuches, que hace poco salió en los diarios. En Chile, en 2005, a los mapuches les aplicaron una ley del gobierno de Pinochet. El gobierno que aplicó esa ley era democrático y se podría aseverar que de ideología socialista o de izquierda. Ese mismo gobierno mantuvo presos a esos mapuches durante seis años. Solamente una huelga de hambre llevó a que el actual gobierno, que podría calificarse de derecha, reviera esa legislación para que finalmente no se aplicara. El día que se aplicó la sentencia y se los condenó por delitos comunes –y no por terrorismo- todavía los jueces hacían mención a esa legislación.
Entonces, esto no tiene que ver con cuál va a ser el gobierno que va a aplicar la política en materia de protesta social. Descarto que esa sea la intención del Poder Ejecutivo. Esto ya se ha dicho. No creemos que haya mala intención.
Aprendamos de lo que otros países hicieron mal, y ni siquiera doy el ejemplo de los Estados Unidos, que em virtud del terrorismo ha posibilitado toda una doctrina de violación de derechos humanos y civiles que en su momento tanto cuidaron. No caigamos nosotros en ese mismo error.
Estamos a favor de legislar en materia de terrorismo, no para cumplir con el GAFI sino con el sistema interamericano. Es nuestra historia pasada y reciente la que nos demanda que legislemos con esta responsabilidad. Nuestra tradición jurídica, con tantos años y logros, también nos exige que seamos respetados. No intentemos estos experimentos para ver qué pasa y deseando que las cosas salgan lo mejor posible.
Queremos aprobar la iniciativa, pero instamos a buscar una nueva redacción. Si es ahora y lo tenemos que hacer por el GAFI, hagámoslo, pero avancemos hacia delante. Nuestra historia, nuestros juristas y, principalmente, nuestros ciudadanos, nos lo demandan. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Gil Lavedra.- Señor presidente: la verdad es que ya se sienten las horas transcurridas de la sesión. Estamos desde las...

Sr. Rossi.- Y todavía falta.

Sr. Gil Lavedra.- Se sienten ya, como para poder sesionar útilmente.
Antes de comenzar, quiero expresar mi reconocimiento al señor diputado Albrieu por la predisposición que ha tenido para tratar de buscar coincidencias. De esta manera ha mejorado en algo –no lo suficiente- el increíble proyecto que envió el gobierno.
Sinceramente, me siento perplejo. Es cierto que el gobierno tiene muy poco respeto por los límites del ejercicio del poder. En realidad, ninguno. Lo concentra de manera absoluta y discrecional, pero el gobierno ha demostrado –y esto hay que reconocerlo- un gran respeto por los derechos individuales. Primero lo ha hecho con malas políticas públicas y, ahora, con políticas insuficientes.
La posición que ha tenido el gobierno respecto de la represión de la protesta social, ha sido la de buscar la manera de poder reencauzar en un momento muy difícil de la Argentina estas cuestiones sin apelar a la represión, buscando de qué modo esos movimientos podían volver a encontrar su cauce normal.
Pero, sobre todo, entiendo que el gobierno nacional, con la actual ministro de Seguridad ‑a diferencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que me parece conservador, represivo y que poco observa los criterios que rigen en materia de seguridad‑, comparte con muchos de nosotros ciertos presupuestos básicos acerca de lo que significa la seguridad en democracia. Este gobierno también comparte con nosotros lo que significa el respeto por los derechos humanos y los límites que debe tener el Estado en materia de represión y de castigo.
Sin embargo, estos proyectos que nos ha enviado el gobierno –lo digo con todo respeto‑ son una vergüenza. El señor diputado Albrieu, de manera laboriosa y trabajando a destajo, sobre todo en las últimas horas, trató de mejorar algunas cosas, pero no el fondo de la cuestión.
Seguramente a la bancada oficialista no le importe demasiado este tema. Ellos están compelidos a votar lo que venga, y creo que van a votar obedientemente lo que el gobierno les dijo que hay que aprobar. Pero sepan que lo que van a votar son normas que llenan de vergüenza a cualquiera que diga ser progresista. Es una vergüenza que aprueben esto para cumplir las recomendaciones del GAFI, que en realidad eran cumplibles de manera sencilla, práctica y con el concurso de la oposición. Digo esto porque en reiteradas oportunidades hemos manifestado nuestra predisposición a acompañar al oficialismo en la sanción de este tipo de normas, porque las sanciones las sufre la República y porque también creemos que en materia penal debemos ser muy cuidadosos.
Estos temas nos exigen actuar con la precisión de un cirujano. Lejos de eso, el proyecto que ustedes van a votar introduce en el Código Penal, a través del artículo 41 quinques, una agravante genérica para todos los delitos que resulta inadmisible e innecesaria. Creo que podrían haber hecho las cosas de manera diferente, y les recuerdo que desde este bloque hemos ofrecido la sanción de un proyecto alternativo.
Estoy convencido de que debemos ser muy cuidadosos en todo lo que tenga que ver con la represión del terrorismo. Por supuesto que compartimos la idea de que el terrorismo es un delito gravísimo que afecta la convivencia y pone en riesgo la paz y seguridad de las naciones. Tan así es que hemos firmado compromisos internacionales para reprimirlo severamente, pero todas las naciones civilizadas también hemos firmado acuerdos para que en la represión del terrorismo no violemos los derechos humanos. Sin embargo, el proyecto del gobierno lo hace cuando recurre a este concepto genérico de aterrorizar personas para obtener una concesión del gobierno para todos los delitos contemplados en el Código Penal, a los que les suben las penas al doble tanto en el mínimo como en el máximo.
Entonces, si existe una convención internacional de represión del financiamiento del terrorismo, que trae una definición mejor que la del gobierno; si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha establecido, a través de la resolución 1.566, una definición posible del terrorismo en base a la remisión a las convenciones, que es mejor y más restrictiva que la del gobierno; si la oficina de Naciones Unidas ha ofrecido cinco modelos distintos, ¿para qué se meten en esto? ¿Ustedes se dan cuenta de las consecuencias que esto acarrea? Lo dijo recién Manuel Garrido: en el delito de rebelión, en el caso de que sea agravado puede llegar a la pena de 50 años de prisión. Con la norma que ustedes van a sancionar hoy va a llegar a los cien años.
¿Esto es razonable? Esto está reñido con los principios básicos y los estándares de cualquier convención de derechos humanos. Cien años de prisión es un término que excede la vida humana. Lisa y llanamente equivale a una condena a muerte.
La descompensación que el proyecto ocasiona en distintas figuras del Código Penal es terrible. Yo pregunto para qué todo esto. ¿Por qué empecinarse en esto que es malo y por qué no acordar juntos la posibilidad de cumplir con el GAFI y no destrozar el Código Penal al introducir esta criminalización absurda?
¿Por qué? ¿Por la obediencia ciega, por la obediencia torpe? ¿Por qué hay que emperrarse en seguir siempre la instrucción, aunque ustedes sepan que lleva a un mal resultado?
Voy a decir algunas palabras sobre el delito bursátil, donde los argumentos son los mismos. El GAFI pide muchísimo menos que esto. Ustedes están introduciendo y penalizando conductas que son infracciones administrativas, que no deben ser delitos. ¿Quién se los vendió? ¿La Comisión Nacional de Valores? ¿Quién les dijo que esto era necesario?
En cuanto al cohecho financiero, les pido que encuentren alguna legislación en el mundo que pueda prohibirlo. Se está penando actividades que son lícitas y normales.
Lo digo con todo respeto. Esto es un disparate y lo lamento, porque yo pensaba que en estos proyectos íbamos a votar como corresponde, juntos, porque cuando se trata de los derechos generalmente estamos votando juntos con el oficialismo.
Para finalizar, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto por convicción y lo vamos a hacer porque no declinamos nuestra ideología. Nosotros sí respetamos los derechos humanos en todas las circunstancias.
Nosotros no tenemos patrones políticos a quién obedecer. Obedecemos a nuestras ideas y a nuestras conciencias y por eso la Unión Cívica Radical va a votar en contra del proyecto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rossi.- Señor presidente: resulta en verdad difícil contestar a veces lo obvio. ¿Qué tendría que hacer el oficialismo hoy? ¿Defender a la oposición? ¿Cuál es el rol de oficialismo?
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Rossi.- Ricardo, estuviste en un gobierno que prohibió la extradición de los genocidas. ¡Ricardo, por favor! (Aplausos.)

Sr. Forte.- Estuvimos en un gobierno que puso presas a las juntas militares.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Por favor, señores diputados. No dialoguen y sírvanse respetar al orador.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Rossi.- Señores diputados: no se enojen, no se pongan nerviosos.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Rossi.- No se pongan nerviosos. ¿Por qué se ponen tan nerviosos?
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Señores diputados: respeten al orador y pidan el uso de la palabra cuando corresponda.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Rossi.- Quiero explicar lo obvio: el oficialismo defiende al oficialismo. Entre los roles básicos y fundamentales del oficialismo está, en cualquier parlamento del mundo, el defender las iniciativas de su gobierno.
Si un bloque oficialista decide no defender las iniciativas de su gobierno, simplemente deja de ser oficialismo; lo puede hacer, pero deja de ser oficialista. En verdad, en los sistemas parlamentarios esto es muchísimo más rígido: simplemente, dado que el gobierno tiene origen parlamentario, el oficialismo debe hacer oficialismo: no puede hacer oposición. En consecuencia, acusar a nuestro bloque de oficialista o tratar de descalificarlo por ser oficialista no tiene ningún sentido.
Voy a tratar de responder algunas de las cuestiones que he escuchado durante el debate. Un diputado hizo referencia al ejemplo que brindé ayer sobre el lugar desde el cual uno se para. Nosotros tenemos una historia de ocho años y medio. Fuimos un gobierno que cuando asumió tenía cortes de ruta, piquetes y movilizaciones por todos lados, pero no reprimimos una sola protesta social.
Nadie puede pensar que este gobierno esté detrás de una iniciativa que busque criminalizar la protesta social o dejar la puerta abierta para hacerlo. Esta gestión, desde el inicio con Néstor Kirchner, buscó negociar en cada uno de los conflictos sociales para resolver las cuestiones.
No hace mucho tiempo atrás mostramos las diferentes maneras de actuar ante una protesta social. Fuimos al Parque Indoamericano a resolver el problema sin víctimas. Digo más: hemos sido el gobierno que soportó el lock out más importante de la historia política argentina, con cortes de ruta y de calle, y con ciudades cercadas, pero nunca reprimimos. Entonces, no se puede...

- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Rossi.- ¡Si te callás un poquito, mejor!

Sr. Presidente (Domínguez).- Señores diputados: respeten el uso de la palabra.

Sr. Rossi.- Desde hace ocho años y medio utilizamos ese camino. Incluso, hemos dado a las genuinas protestas sociales una base de legitimidad. Nos hemos sentado a negociar para resolverlas. Lo saben todos los líderes de las organizaciones sociales: tanto los que estuvieron en el gobierno y hoy no lo están, como los que nunca estuvieron en el gobierno. Con todos nos hemos sentado para resolver por la vía del diálogo y del consenso.
Esta es la política que nos ha permitido transitar momentos de muchísima conflictividad sin ningún tipo de inconveniente. Incluso, muchísimas de estas políticas fueron imitadas por otros gobiernos municipales y provinciales, tratando de bajar siempre la tensión social.
Para nosotros la demanda social tiene una legitimidad, porque somos herederos de aquella mujer que decía que donde había una necesidad, había un derecho. Entonces, cuando la necesidad se expresa mediante una demanda social, no buscamos reprimir a quienes expresan esa demanda, sino que tratamos de resolverla otorgando más derechos.
También somos un gobierno que no escondió bajo la alfombra lo que ocurrió en la Argentina con los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Lo denunciamos en cada uno de los foros internacionales con fortaleza, al igual que en otros lados. Lo hizo el ex presidente Kirchner, y lo hace ahora nuestra presidenta.
No lo escondimos y siempre estuvimos criticando, descalificando y denunciando donde había que hacerlo. Siempre hemos tratado de ir resolviendo cada uno de los problemas.
Entonces, con la legitimidad que nos da haber sido gobierno durante estos ocho años y medio y no haber reprimido ni criminalizado la protesta social, venimos a proponer este proyecto.
No sé por qué solamente se posó la mirada en que este proyecto de calificación del terrorismo tiene que ver con la criminalización de la protesta social.
Hoy ese no es el problema de la Argentina. Si no fuese este gobierno, si fuese otro, la mirada sería absolutamente distinta. Esta no es la Argentina del 2003; no es la Argentina de las protestas sociales a lo largo y ancho del país. Esta es una Argentina distinta, con otras problemáticas.
Entonces, resulta extraño y singular –y lo digo con mucho respeto- que cuando se pone la mirada en el proyecto que estamos tratando hoy, donde generalizamos y aumentamos las penas de la parte general del código, nadie haya puesto la mirada en que están incluidos los delitos económicos. Tenemos en consideración cuatro proyectos que tienen que ver con eso: la ley de lavado de dinero, la ley de combate al financiamiento del terrorismo internacional, la ley de delitos bursátiles y la ley penal tributaria.
Es cierto que los derechos sociales y los derechos humanos redundan en lo mismo porque son derechos constitucionales.
También es cierto que así como han ido a hablar con muchísimos de ustedes, muchas organizaciones de derechos humanos y dirigentes sociales vinieron a hablarnos y se quedaron muchísimo más tranquilos y conformes si hacíamos esa aclaración de mayor contundencia.
Pero con esta ley nadie puede calificar de terrorismo o delito terrorista a alguien que se queda en su vivienda ante un intento de desocupación, porque el derecho a la vivienda es un derecho constitucional; ni a nadie que reclame por trabajo, porque el derecho al trabajo es un derecho constitucional.
Pero sí podremos poner la mirada sobre los que de un día para otro se levantan e inician una acción contra el Estado tratando de provocar en el Estado una decisión que no quiere tomar, como por ejemplo llevar adelante una devaluación del peso, y de un día para el otro, no se sabe desde qué lugar, se compran 300, 400, 500 o 1.000 millones de dólares, basado en tres cabezas y que intentan desestabilizar un gobierno. Los delitos de lavado son exactamente lo mismo.
La democracia de nuestro país hoy no está amenazada bajo ningún punto de vista por ninguna demanda de tipo social, vamos a decirlo con claridad.
Esta ley dice con contundencia que ningún reclamo, ninguna acción que esté basada en el ejercicio de un derecho constitucional puede ser calificada como terrorismo. Otras acciones no.
El radicalismo ha dicho permanentemente que el primer presidente de la recuperación democrática fue víctima de un golpe económico.
¿Quién indicó en la Argentina que había que derogar la ley de subversión económica, a la cual nuestra presidenta se opuso cuando era senadora?
Entonces, me parece que la perspectiva que me pedían algunos diputados tiene que ver con esto. Por eso nosotros venimos a votar para sostener esta ley con la legitimidad y tranquilidad de que tenemos una presidenta que es continuadora en el ejercicio del poder de un presidente que instaló una nueva forma de ver los conflictos sociales en la Argentina, y que fue criticado por la derecha en muchísimas oportunidades, y que se sentó a negociar cada uno de los conflictos y los resolvió. Un presidente y una presidenta que ante cada foro internacional se comprometieron fuertemente para condenar al terrorismo internacional, porque este país fue víctima, y los que murieron en la AMIA y en la embajada fueron argentinos.
También la mirada que se debe tener es la de un país que salió del infierno, creció económicamente y las demandas están en otro lugar, no son las demandas sociales. Piensen un poco: ¿de qué tiene que resguardarse el Estado y la democracia para seguir creciendo? Nuestro bloque va a votar con convencimiento el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que está muy lejos de ser un mamarracho; y si hubiese alguna duda, ratificamos que tanto en los fundamentos del proyecto como en su articulado clara y taxativamente se indica que ninguna acción generada o emanada de un derecho constitucional puede ser calificada como delito terrorista.
Me sorprende que nadie haya tenido en cuenta ‑sobre todo quienes son abogados o constitucionalistas o penalistas- que cuando indicamos que aumentamos las penas en la parte general del Código Penal, se incluyen los delitos económicos. Es claro que nosotros queremos reformar el Código Penal, y espero que el próximo año podamos tener un nuevo código que deje de poner la mirada punitiva sobre los que menos tienen y la ponga sobre quienes cometen delitos de “guantes blancos”. Esto es lo que queremos hacer. (Aplausos.)
Para finalizar, en razón de que muchos diputados de nuestro bloque deseaban hacer uso de la palabra, a fin de dar cumplimiento al acuerdo arribado en torno del tratamiento de esta iniciativa solicitamos las correspondientes inserciones de sus respectivos discursos en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Domínguez).- Así se hará, señor diputado.
Se va a votar nominalmente, en general, el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas recaído en el proyecto de ley por el que se modifica el Código Penal en lo relativo a prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 227 señores diputados presentes, 134 han votado por la afirmativa y 90 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.

Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 134 votos por la afirmativa y 90 por la negativa. (Aplausos.)

aquí votación nominal

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en particular el artículo 1°.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: los firmantes del dictamen de mayoría hemos acordado proponer modificaciones en los artículos 5° y 6°, y agregar el artículo 7°. Solicito que tales propuestas, cuyo texto obra en Secretaría, sean leídas oportunamente.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 1°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 2°.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 3°.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Garrido.- Señor presidente: ¿el proyecto que estamos votando es el de los delitos bursátiles?

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Domínguez).- Estamos votando el Orden del Día N° 7.

Sr. Garrido.- Señor presidente: o sea que estamos hablando del artículo 41 quinquies del Código Penal, en los delitos terroristas.
Si bien no acompañamos la redacción, proponemos un agregado. Entendemos que la redacción actual que se acaba de aprobar en general ni siquiera contempla la posibilidad de la doble incriminación. Hay varios artículos que contemplan la intimidación como un elemento constitutivo del delito. Nuestra propuesta consiste en introducir un párrafo al artículo 41 quinquies que limite la posibilidad de la doble incriminación.

Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado: estamos considerando el artículo 3° del Orden del Día N° 7.

Sr. Garrido.- Señor presidente: la propuesta consiste en dejar en claro que este artículo 41 quinquies no se va a aplicar en aquellos delitos que contemplen la intimidación como un elemento constitutivo del tipo. De lo contrario, se estaría valorando dos veces el mismo elemento constitutivo, teniendo en cuenta que aterrorizar es intimidar mucho. Si intimidar mucho es un agravante, e intimidar es un elemento constitutivo del tipo como ocurre con la coacción agravada, en las amenazas y en los delitos contra el orden constitucional, estaríamos valorando doblemente este elemento constitutivo. Por lo tanto, nuestra propuesta es que se introduzca un párrafo final a ese artículo 41 quinquies que por lo menos limite la doble incriminación de la misma conducta.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: en primer lugar, voy a apoyar la moción del señor diputado Garrido.
Por otro lado, sería importante que si el señor diputado Albrieu tiene modificaciones que hacer, solicitaría que las leyera antes, porque a lo mejor evita el uso de la palabra de algún diputado, en función del texto sugerido y votado.

Sr. Presidente (Domínguez).- Las modificaciones son sobre los artículos 5°, 6° y 7°.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una aclaración sobre el artículo 3°.

Sr. Garrido.- Señor presidente: la redacción propuesta es la siguiente: “El agravante no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate o cuando se trate de hechos vinculados...”

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Conti.- Señor presidente: que quede claro que del dictamen votado en el plenario de comisiones solamente se va a agregar un artículo a fin de que la competencia en este tipo de delitos sea federal. Ese es el único agregado como artículo nuevo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: en primer lugar, no acepto ningún tipo de modificaciones al artículo 3° del dictamen, que es el que instituye el artículo 41 quinquies del Código Penal. Queda tal cual figura en nuestro dictamen.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 3°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 4°.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 5°.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: solicito que por Secretaría se dé lectura de la modificación que hicimos al dictamen de mayoría.

Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 5°.- Incorporase al título XIII del Código Penal el siguiente artículo: Artículo 306: 1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para alguno de los siguientes fines: a) Financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 4° quinquies; b) Financiar una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 4° quinquies; c) Financiar un individuo que cometa, intente o intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.”
“2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aun si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión.”
“3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal de delito que se trate.”
“4. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando el caso de los incisos b) y c), la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 5° con las modificaciones propuestas por la comisión.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- en consideración el artículo 6°.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: la modificación que hacemos al dictamen de mayoría es material, porque en el segundo párrafo debe decir “la disposición del artículo 6º, 30, 31 y 32 de la ley 25.246”. Existía un pequeño error material en la denominación de la ley. El resto queda redactado igual; no se modifica.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Garrido.- Señor presidente: nuestra propuesta es que a este artículo se agregue la comunicación al juez competente para que convalide la medida en el caso de tres días prorrogable por otro período. Además, si el juez resuelve convalidarla, la norma debería prever que ese congelamiento no podrá exceder de seis meses prorrogables por otros seis meses a pedido de la UIF en casos fundados.
La otra cuestión es relativa a la notificación. La norma debería decir que el juez podrá diferir por un plazo prudencial la notificación al titular de los activos en aquellos casos en que la notificación pudiera poner en peligro el éxito de la investigación.
También proponemos un agregado respecto del recurso de apelación, porque el proyecto no dice nada sobre esto. Nuestra propuesta prevé que se pueda apelar esa decisión con efecto devolutivo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: voy a proponer, aunque ya veo cuál será la respuesta, que sea un embargo. En realidad no se aplica la crítica hecha, porque lo que yo pido es que sea un pedido de embargo que haga la UIF ante el juez, que es el que daría la orden. Por lo tanto es correcto, porque sería pedido previamente. Además, la palabra “embargo” está bien utilizada. El término “congelamiento” sigue siendo raro y “detención” en este contexto me suena a detención por olfato policial.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Yoma.- Señor presidente: la Corte Suprema de Justicia el año pasado dictó un fallo importante desconociendo o quitándole virtualmente facultades a la AFIP para producir embargos directos. La AFIP sí tenía que ir al juez competente para pedir que se procediera a un embargo.
En este caso creo que también se pueden hacer observaciones referidas a una dudosa constitucionalidad. Por eso me voy a abstener de votar, porque creo que es el juez quien puede ordenar una medida sancionatoria de este tipo y no un organismo administrativo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Pinedo.- Señor presidente: solicito al presidente de la Comisión de Legislación Penal que considere parte de la propuesta del señor diputado Garrido porque me parece importante en cuanto faculta al juez a no comunicar inmediatamente al embargado sobre el embargo cuando esto pueda poner el peligro la investigación sobre el hecho terrorista. Entiendo que es un aporte valioso, si es que entendí bien la propuesta del señor diputado Garrido.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: existen múltiples razones jurídicas para contestar las propuestas realizadas por los señores diputados. Me preocupa especialmente la referida al congelamiento o inmovilización de los bienes. Cualquier policía de nuestro país puede arrestar a una persona y llevarla hasta el juez competente y esto no causa ningún tipo de agravio ni de escándalo, siendo que estamos privando de la libertad a una persona. Sin embargo, cuando un funcionario administrativo de la misma calidad administrativa que tiene el policía ordena inmovilizar el capital, esto es, el patrimonio de una persona sospechada, para ponerla inmediatamente a disposición del juez pareciera que causa más escándalo que cuando estamos privando de la libertad a una persona.
La inmovilización que proponemos es al solo efecto de que los fondos se pongan a disposición del juez. Esto puede compararse al arresto de una persona, ya que tiene el solo efecto de ponerla a disposición del juez.
Las demás solicitudes realizadas están contempladas, en líneas generales, en la remisión que hacemos a los demás artículos de la ley 25.246 y demás, en los que se da al juez que interviene en la investigación determinadas facultades.
Es por todo ello que la comisión va a rechazar cualquier tipo de cambio que se pretenda introducir a este artículo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 6° con la modificación que propuso el miembro informante.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 7°.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: el artículo 7° es un agregado para determinar la jurisdicción de la justicia federal en el juzgamiento de estos delitos, y el texto obra en Secretaría.

Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura del artículo 7°.

Sr. Secretario (Bozzano).- Artículo 7°: “Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
“e) Los delitos previstos por los artículos, 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis, y 306 del Código Penal.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el nuevo artículo 7°.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 8° es de forma.

Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación Penal y otras recaído en el proyecto de ley por el que se modifica el Código Penal, incorporando como delitos junto al lavado de dinero aquellas conductas que afecten el orden económico y financiero. (Orden del Día N° 8)
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 227 señores diputados presentes, 167 han votado por la afirmativa y 59 por la negativa.

Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 165 votos por la afirmativa y 57 por la negativa. (Aplausos.)

aquí votación nominal

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Ciudad de Buenos Aires.

Sra. Parada.- Señor presidente: quiero ratificar mi voto negativo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.

Sra. Gallardo.- Señor presidente: quiero que quede registrado mi voto positivo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. Garnero.- Señor presidente: quiero que quede constancia de mi voto positivo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se dejará constancia de las aclaraciones efectuadas.
En consideración en particular el artículo 1º.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: al igual que en el otro proyecto de ley, los firmantes del dictamen de mayoría hemos hecho llegar a la Secretaría una serie de modificaciones producto de conversaciones y acuerdos alcanzados con miembros de otros bloques. Por lo tanto, solicito que en el momento oportuno se lean los artículos correspondientes.

Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura del artículo 1º.

Sr. Secretario (Bozzano).- El último párrafo del artículo 1º se sustituye y queda redactado de la siguiente forma: “El término ‘información privilegiada’ comprende toda información no disponible para el público, cuya divulgación podría tener significativa influencia en el mercado de valores”.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Garrido.- Señor presidente: solamente quería formular una sugerencia en relación con el texto original, que advierto que ya se ha modificado.

Sr. Presidente (Domínguez).- Con la modificación leída por Secretaría, se va a votar el artículo 1º.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 2º.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: en realidad, quiero aclarar que este es un artículo ajeno al título que estamos tratando.
Lo que me llamó la atención del diputado Garrido es que, luego de hacer lugar al pedido de modificación que me formuló, no ha votado favorablemente dicho artículo.
El artículo 300 corresponde a otro título, que se refería a los valores negociables dentro de los delitos contra el fraude a la industria y al comercio. La nueva redacción le quita la mención que hace a “valores negociables” para hacer más coherente el título y enviar todo a los nuevos artículos que vamos a someter a votación. Es una reforma totalmente formal; simplemente excluimos una o dos frases del artículo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura al nuevo artículo 2º.

Sr. Secretario (Bozzano).- El artículo 2º dice así: “Sustitúyese el artículo 300 del Código Penal por el siguiente: ‘Artículo 300.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años: 1º) El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado;
“2º) El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance o una cuenta de ganancias y pérdidas con los correspondientes informes, actas o memorias falsos o incompletos o informare a la asamblea o reuniones de socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Pinedo.- Señor presidente: quiero proponer al diputado Albrieu que eliminemos la palabra “reticencia”. Ella ha sido cuestionada por la Justicia penal porque no es demasiado contundente, cierta ni clara en la definición de este delito, a pesar de que actualmente figura en el Código Penal.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez (E.F.).- Señor presidente: quisiera que el distinguido diputado Albrieu me facilite una aclaración. Teniendo en cuenta el modo en que se leyó el nuevo artículo 300 por Secretaría, quedaría derogado el inciso 2º del actual artículo 300, que seguramente está contemplado en el texto de la nueva ley, en otro artículo. Entonces, se trata de un problema de ordenamiento.
Por lo tanto, si me lo explica rápidamente, creo que quedaría claro para todo el mundo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: en primer término, vamos a hacer lugar a la propuesta efectuada por el señor diputado Pinedo y procederemos a retirar la palabra “reticencia” del inciso 2). (Aplausos.)
En segundo lugar, deseo aclarar al señor diputado Martínez que efectivamente hemos retirado el inciso 2) porque ya está contemplado en los nuevos artículos que hemos incorporado al título de los delitos contra el orden económico y financiero.
Para finalizar, adelanto que no vamos a aceptar ninguna otra modificación.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el nuevo artículo 2º propuesto por la comisión, con la modificación sugerida por el señor diputado Pinedo.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 3º.
Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Bozzano).- En este artículo se modifican sólo los años, con lo cual quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º: Incorpórase como artículo 306 del Código Penal de la Nación el siguiente: Artículo 306: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años,...” y el resto continúa igual que la redacción original.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Garrido.- Señor presidente: nosotros habíamos propuesto una condición objetiva de punibilidad, es decir, que el tipo penal se restrinja tomando en cuenta un monto de beneficio o de perjuicio de 500 mil pesos.
Entendemos que es demasiado amplia la forma en que se ha planteado este tipo penal, con lo cual podrían caer en incriminación supuestos de filtración de datos que podrían ser irrelevantes o poco significativos.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: tal como he anticipado, no aceptamos ninguna otra modificación.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 3º con la modificación propuesta por la comisión.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 4º.
Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 4º: Incorpórase como artículo 307 del Código Penal de la Nación el siguiente: Artículo 307: el mínimo de la pena prevista en el artículo anterior se elevará a dos años de prisión y el máximo a seis años de prisión…”, el resto del artículo continúa tal como figura en el texto original.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Garrido.- Señor presidente: propongo que directamente se elimine este artículo, porque el incremento que prevé en las penas es poco significativo y porque los supuestos están contemplados en el artículo 41 del Código Penal, que permite la aplicación de penas dentro de la escala básica. Además, el texto propuesto está plagado de referencias sumamente amplias que no tienen demasiado sentido.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: la comisión no acepta la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 4º propuesto por la comisión.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 5º.
Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Bozzano).- El artículo 5º ‑que es el ex artículo 4º del dictamen original‑ dice lo siguiente: “Incorpórase como artículo 308 del Código Penal de la Nación el siguiente: Artículo 308: 1.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco años el que: a) realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio”, y el resto del artículo continúa con la redacción original.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Garrido.- Señor presidente: nuestra observacion es con respecto al monto de la pena, que es sustancialmente superior al previsto por el artículo 300 para una pena análoga, y al hacer uso de la palabra ya hice referencia a las consecuencias a que puede conducir. De hecho, llevar a cabo este tipo de especulaciones respecto, por ejemplo, de determinados productos esenciales para el mercado, está sancionado con una pena sensiblemente inferior, que es de seis meses a dos años, y aquí la pena prevista es de uno a cuatro años.
En verdad, no hay diferencia sustancial que justifique una distancia tan grande en la escala punitiva entre la figura del artículo 300 y esta nueva figura que se introduce.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez (E.F.).- Señor presidente: las modificaciones introducidas por la comisión y hechas llegar por el señor miembro informante, leídas por Secretaría, conforman la inquietud que hubiera tenido antes este diputado.
Me reservo para los artículos 6° y 7°, donde también ocurre lo mismo que en el 5°, y ya ha quedado saldado por esa manera de consolidar la ley que se está por sancionar.

Sr. Presidente (Domínguez).- ¿Qué dice la comisión?

Sr. Albrieu.- Señor presidente: la diferencia de penas reside en que es distinto el bien jurídico protegido en un caso y en otro. Por lo tanto, se rechazan las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Domínguez).- Con las modificaciones propuestas por la comisión se va a votar el artículo 5°.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia solicita que se la autorice a renumerar el articulado conforme con las modificaciones aprobadas.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas para el artículo 6°.

Sr. Secretario (Bozzano).- El artículo 6° propuesto dice así: “Incorpórase como artículo 309 del Código Penal de la Nación el siguiente: ‘Artículo 309: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial de hasta seis años el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente’.”
En el tercer párrafo se dice que el monto mínimo de la pena se elevará a dos años.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez (E.F.).- Señor presidente: entiendo modestamente que es necesario definir el concepto de intermediación financiera en este artículo, porque de otro modo podría oponerse claramente a la legislación civil e incluso al derecho constitucional de ejercer toda industria lícita.
Quiero en tal sentido escuchar la opinión del señor diputado Albrieu, si esto se refiere a un volumen de intermediación, a una forma de intermediación, a una actitud comercial que acarree efectos penales, porque de otro modo estaríamos comprometiendo todo el título del Código Civil, en el capítulo sobre contrato de mutuo.
Además, si así no lo fuera, entiendo asistemática la pena pues ni bien se relea el enunciado del artículo que pena la usura la misma corre de seis meses a tres años de prisión mientras que esto, que sería el mero préstamo de dinero, va de uno a cuatro años de prisión, más las multas del caso.
Me preocupa, entiendo que fundadamente, esta idea de la intermediación financiera que veo sin una precisión necesaria para introducir en un tipo penal.

Sr. Presidente (Domínguez).- ¿Qué dice la comisión?

Sr. Albrieu.- Señor presidente: entendemos que el término intermediación financiera es lo suficientemente claro para entender que es aquel que intermedia entre la oferta y la demanda de dinero. No se trata simplemente de un mutuo sino de un tipo distinto de operación, por lo cual los firmantes del dictamen de mayoría rechazamos la modificación propuesta.

Sr. Martínez (E.F.).- Señor presidente: sin ánimo de complicar las cosas, ¿cuál sería la distinción? No lo alcanzo a entender.

Sr. Presidente (Domínguez).- Con las modificaciones propuestas por la comisión, se va a votar el artículo 6°.

- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 7°.
Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 7°- Incorpórase como artículo 310 del Código Penal de la Nación el siguiente: Artículo 310: Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a seis veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis años…”. El resto del artículo continúa como está redactado.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: se ha deslizado un error material y estamos calificando a quienes pueden ser autores de este delito. Por lo tanto, solicito que se dé una lectura íntegra al artículo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Así se hará.
Por secretaria se dará lectura.

Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 7°- Incorpórase como artículo 310 del Código Penal de la Nación el siguiente: Artículo 310: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a seis veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis años los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores, que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio para sí o para terceros.
‘En la misma pena incurrirá quien omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de las operaciones a las que alude el párrafo anterior.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez (E.F.).- Reitero que esto suplanta y agrega al inciso 2 del actual artículo 310 del Código Penal.

Sr. Presidente (Domínguez).- Con las modificaciones propuestas por la comisión, se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 8°.
Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 8°-Incorpórase como artículo 311 del Código Penal de la Nación, el siguiente: Artículo 311: Serán reprimidos con prisión de uno a seis años e inhabilitación de hasta seis años los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que, directa o indirectamente, y con independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Garrido.- Señor presidente: la redacción de este tipo penal, tal como ha quedado plasmado, se aparta de lo que es habitual en materia de regulación del cohecho, porque no se hace referencia a la conducta indebida a la cual estaría atado el pago que se realiza.
La redacción abarca conductas que no necesariamente son indebidas o que, por lo menos, podrían ser de escasa significación. Aquel empleado de una entidad financiera que reciba indebidamente dinero como condición para celebrar una operación crediticia –o sea, aquel que pretende cobrar una comisión adicional al que va a realizar una operación crediticia‑ caería en la tipicidad que se está a punto de aprobar.
Nuestra propuesta es la de redactar este tipo penal de modo que se incrimine aquella conducta prevista en la formulación tradicional o en las convenciones internacionales en cuanto a la aceptación de cualquier tipo de promesa, favor o ventaja. Habría que aclarar que se trataría de un acto indebido; es decir, para hacer o retardar algo relativo a la función. Además, por lo menos, debería preverse un monto de perjuicio o beneficio, que proponemos que sea de 500.000 pesos. De lo contrario, cualquier empleado caería dentro de esta previsión. No nos parece mal que se incrimine el cohecho privado. De hecho, debería introducirse con una formulación mucho más amplia, siguiendo los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En ese aspecto, la previsión se queda corta porque se refiere solamente a los mercados de valores, cuando debería contemplar también a funcionarios de empresas en cualquier tipo de negociación.
Tal como está redactado el tipo penal dará lugar a su aplicación a casos que no tengan que ver con conductas que sean significativas y que deban ser reprimidas por esta norma.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Gambaro.- Señor presidente: en similar sentido que el señor diputado Garrido, tenemos una propuesta de redacción que recepta la necesidad de que exista un perjuicio o beneficio a partir de esta conducta.
Voy a dar lectura de cómo quedaría redactado el artículo, aclarando que puede haber un error en la modificación leída por el señor secretario, ya que la escribí a mano.
Dice así: “Será reprimido con prisión de un año a seis años e inhabilitación de hasta seis años los empleados y funcionarios de instituciones financieras y aquellas que operen en mercado de valores que directa o indirectamente, y con independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico como contraprestación por la realización de operaciones crediticias financieras o bursátiles, que impliquen un beneficio propio o para terceros y un perjuicio para otros participantes del sistema”.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez (E.F).- Señor presidente: con la presente redacción, el que entrega el dinero o lo ofrece no es penado. El cohecho reconoce dos caras: el que ofrece y el que recibe, el que pide y el que da. Entonces, de ninguna manera este artículo podría titularse así.
Mi propuesta es que el verbo “reciba” sea reemplazado por “solicite”. Y como segundo párrafo se agregue que en el caso que esa solicitud se concrete tenga una diferente pena a aquella que está fijada como represión básica en el primer renglón de este tipo. De otro modo, no sería cohecho sino una simple recepción. El corruptor, el dador o el que ofrece el dinero no sería perseguido.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: los firmantes del dictamen de mayoría no aceptamos modificaciones.

Sr. Presidente (Domínguez).- Con las modificaciones propuestas por la comisión se va a votar el artículo 8º.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 9º a 11.
- El artículo 12 es de forma.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 7 -
modificacion del regimen penal tributario


aquí orden del dia nº 6

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: el proyecto que las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda ponemos a consideración de esta Cámara se refiere a la modificación de la ley 24.769, Ley Penal Tributaria. Comenzamos a trabajar en torno de este proyecto en la Comisión de Legislación Penal, con el aporte de legisladores prácticamente de todos los bloques. Ese trabajo nos condujo a mejorar la redacción de los artículos y a consensuar soluciones para los problemas que se nos iban presentando en la redacción de la ley. Por lo tanto, ante todo quiero recalcar el trabajo colectivo llevado a cabo.
El proyecto responde a cuatro o cinco razones fundamentales, a las que pasaré a referirme.
En primer lugar, modificamos los montos a partir de los cuales una conducta constituye un ilícito penal tributario. Tal modificación reconoce, en parte, el transcurso del tiempo ocurrido desde la sanción de la ley, que lleva alrededor de catorce años de vigencia.
Durante ese lapso se produjeron alteraciones de la situación económica del país –recordemos la grave crisis que vivimos a principios de la década anterior‑ que hicieron necesario que los montos previstos en la ley fueran puestos a tono con la situación económico financiera. Unido a esto existen razones de política criminal y tributaria que llevan a ajustar tales montos.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matrazzo.

Sr. Albrieu.- Cada uno de los montos mínimos que prevé la ley han sido multiplicados por cuatro; es decir que en lo relativo a la llamada “condición objetiva de punibilidad”, término que no comparto porque en un derecho penal de culpabilidad no existe fórmula alguna de condición objetiva de punibilidad, las cantidades han sido multiplicadas por cuatro.
Resulta innecesario enumerar las cantidades resultantes en cada una de las figuras típicas previstas, aunque sí debemos recalcar que en cada caso la multiplicación, repito, ha sido por cuatro. Tal producto importa un reconocimiento a la variación económica producida en estos años de vigencia de la ley, pero también constituye una decisión de política económica y fiscal tendiente a evitar que en los tribunales de nuestro país se promuevan causas por montos irrisorios, debiendo concentrarse los esfuerzos de persecución penal en aquellas evasiones o infracciones a nuestra legislación tributaria que representen cantidades significativas; esto es perseguir con eficacia a los grandes evasores e infractores de la ley penal tributaria, quedando los menores evasores con simples sanciones administrativas.
La segunda modificación que se introduce en la ley 24.769 apunta a equiparar el incumplimiento de los deberes fiscales para con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir que con esta modificación también serán considerados delitos aquellos incumplimientos o evasiones o conductas previstas en la ley en el caso de que el sujeto pasivo sean los fiscos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta forma, respondemos al pedido formulado en tal sentido por administraciones provinciales, concediéndoles así una herramienta más para hacer efectivas sus acreencias tributarias.
Por otra parte, hemos creado en esta ley una nueva figura delictiva al introducir el artículo 12 bis que dice que será reprimido con penas de 1 a 4 años el que modificare o adulterare los sistemas electrónicos o informáticos suministrados u homologados por el fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar perjuicio y no resulte de un delito severamente penado. De esta forma estamos incluyendo dentro de la normativa punitiva en el campo tributario la adulteración o la modificación de los sistemas informáticos de los que hoy se valen la percepción de los diversos impuestos o tributos, incluyendo también en este caso al fisco nacional, a los provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otra de las modificaciones importantes que hemos introducido, en la misma línea de política criminal que hemos introducido en la ley de lavado y en la recientemente aprobada por la Cámara en los delitos bursátiles, tiene que ver con la penalidad de las personas jurídicas cuando el acto típico fuera realizado en nombre de una persona jurídica o mera asociación de hecho.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- La Presidencia solicita a los señores diputados que por favor hagan silencio.

Sr. Albrieu.- Es decir que vamos a penalizar a la persona jurídica que resulte beneficiada por estos artículos, incluyendo un artículo similar al introducido en la ley 23.686 de lavado de activos que modificó el Código Penal para aquellas conductas de lavado de activos en las que intervenga una persona jurídica. O sea que se le van a poder aplicar sanciones. En similar forma hemos hecho aplicable con un texto idéntico al que obra en el Código Penal actualmente a aquella persona jurídica que resulte beneficiada con los delitos penales tributarios.
Hemos adoptado el texto similar al introducido en el Código Penal por la ley 26.683 por considerar que resulta de una buena política legislativa tener textos idénticos para situaciones idénticas y no penar a la persona jurídica con sanciones distintas.
Otra de las modificaciones que hemos realizado se refiere a la derogación y eliminación de la facultad con que contaba la autoridad fiscal administrativa para realizar las denuncias penales por incumplimiento solamente en los casos en que lo creyera oportuno.
En ese caso la ley penal tributaria hacía realidad un principio de oportunidad del que resultaba beneficiada la persona que encabezaba la Administración Federal de Ingresos Públicos. Tal facultad que le otorgaba la posibilidad de realizar o no denuncias ha sido eliminada, siguiendo en este punto lo contenido en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a este Congreso.
Las principales diferencias que hemos tenido con otros bloques, que se han expresado en las reuniones de la Comisión de Legislación Penal, tienen que ver con la posibilidad de extinguir la acción penal por pago ya que en el proyecto de la mayoría eso sólo es posible antes de la cancelación de una anticipación o de cualquier tipo de liquidación del banco correspondiente.
Por lo que solamente el pago espontáneo sin presión extingue la acción.
En el caso de que la AFIP haya iniciado algún tipo de investigación sobre el cumplimiento fiscal del obligado, ello impide que el pago extinga la acción penal en contra del contribuyente infractor de las normas de este Código.
Correlativamente, en la redacción del artículo correspondiente hemos eximido a este tipo de delitos de la posibilidad de que se solicite la suspensión a prueba del proceso penal contenido en el Código Penal.
Esto resulta claramente coincidente con la política y con las expresiones de la presidenta de la Nación vertidas tanto en este recinto como en otros ámbitos. La señora presidenta ha dicho claramente que aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones tributarias deben sufrir las sanciones penales correspondientes sin ningún tipo de exención ni posibilidad de liberarse de tal sanción.
Es por ello que este dictamen de mayoría excluye toda posibilidad de exención de la acción penal o de suspensión del proceso a prueba en el caso de los delitos tributarios, en consonancia con la opinión de la señora presidenta, que compartimos plenamente.
Por lo tanto, este dictamen de mayoría modifica la ley 24.169 de la forma en que sucintamente he señalado. Los firmantes del presente despacho solicitamos su acompañamiento a los demás miembros de esta Cámara de Diputados.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Gil Lavedra.- Señora presidenta: voy a ser breve e incluso voy a utilizar menos de los veinte minutos que se me han asignado. La Cámara va a empezar a tratar un proyecto sobre el cual hay un acentuado consenso, porque antes de llegar a este recinto el año pasado, en la Comisión de Legislación Penal habíamos trabajado mucho sobre él.
Debo agradecer nuevamente al diputado Albrieu así como también al diputado mandato cumplido Alejandro Rossi ‑Rossi el bueno- (Risas.), y al diputado Vega. En aquel momento llegamos a una propuesta que reunía muchos puntos de vista. No hubo ninguna razón por la cual este proyecto no llegara antes al recinto. Nosotros hubiéramos querido que fuera antes. Las cosas no se dieron así, pero no precisamente por culpa nuestra.
Por lo tanto, voy a referirme a las características centrales, como también lo hizo el señor diputado Albrieu. Han quedado dos disidencias parciales que vamos a fundar en su momento durante el tratamiento en particular, que creo que mejoran notablemente el proyecto, pero tenemos amplia coincidencia respecto al resto de la norma.
Si hoy conseguimos sancionar esta reforma a la ley penal tributaria, me parece que vamos a dar un gran paso adelante. Digo esto porque la primera ley penal tributaria data de comienzos de los años 90; luego sufrió otra modificación, con la ley 24.769, que ya lleva quince años.
Este proyecto perfecciona muchas cosas y adecua muchos elementos de dicha ley que debían ser retocados, a los que me voy a referir, que creo que la hacen eficaz en la persecución contra la evasión tributaria.
En primer lugar, creo que es una de las reformas centrales. La ley penal tributaria estuvo pensada en sus orígenes para perseguir al gran evasor, es decir, a aquel que mediante maniobras sofisticadas u operaciones fraudulentas sustrajera, evadiera u omitiera en su caso ingresar los tributos que corresponden.
El pago de tributos no es una obligación cualquiera. A mí me parece que forma parte de las características centrales de la noción de ciudadanía. La ciudadanía no implica solamente votar o tener derecho a gozar de un mínimo de calidad de vida según cuál sea el lugar de la República donde se nazca. La ciudadanía también implica obligaciones, que constituyen un elemental deber de solidaridad que tenemos todos los argentinos para que el gobierno –cualquiera que fuese‑ pueda distribuir con equidad estos ingresos entre el conjunto de los argentinos. Por eso, no pagar los impuestos no es una gracia: es una conducta por lo menos inmoral y no solidaria, pero hacer fraude para no pagarlos es un delito.
Le ley en sus orígenes contemplaba la posibilidad de castigar al gran delincuente. Como muchas veces son maniobras complejas, sofisticadas, con doble contabilidad, cuestiones delicadas y demás, el aparato persecutorio del Estado se dedicaba a descubrir al gran evasor y no al pequeño. No queremos cazar ladrones de gallinas sino a los hombres que perjudican a las cuentas fiscales.
Cuando se sancionó la ley 24.769 el piso del que se partía para la evasión simple era de 100.000 pesos, es decir, 100.000 dólares en la época de la convertibilidad. Han pasado quince años y sin duda este propósito inicial de la ley ha quedado totalmente desvirtuado.
Por lo tanto, junto con los colegas de los otros bloques estimamos prudente realizar la actualización no por el INDEC ni por los INDEC de las provincias o de las consultoras sino por lo menos a través de la cotización del dólar oficial, o sea, incrementando por cuatro cada uno de los valores que determina la ley. Por supuesto que la posibilidad de incrementar por cuatro cada uno de estos valores tiene su reflejo también para la evasión agravada y otros tipos penales, así como para evasiones previsionales, etcétera. Esta es una de las reformas centrales.
La segunda reforma central tiene que ver con la naturaleza del delito. ¿Qué es la evasión tributaria? ¿Es un delito federal? ¿Es un delito que pueden perseguir los tribunales de provincia?
La primera ley penal tributaria fue equívoca al respecto. La interpretación de la doctrina fue que protegía todas las rentas, por lo que entonces el evasor podía ser perseguido también por los tribunales de provincia. La ley anterior le dio carácter estrictamente federal y ésta vuelve al primer camino.
Esto quiere decir que estamos sancionado una ley de derecho común. Estamos protegiendo tanto al fisco nacional como a los fiscos locales, provinciales y municipales. Estamos castigando la evasión tributaria que pueda afectar a cualquiera de los fiscos existentes en el país en cualquiera de los grados de nuestra descentralización territorial.
En consecuencia este delito deja de ser competencia exclusiva del fuero federal y va a pasar a ser competencia de los tribunales de provincia cuando estén afectadas las rentas provinciales o municipales, y por supuesto de los tribunales federales cuando las que estén afectadas sean las rentas nacionales.
Esta es la segunda gran reforma que trae la ley. A su vez hemos incorporado un delito nuevo, que es la modificación o adulteración de sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados por los fiscos nacional, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que la conducta sea susceptible de causar perjuicio y no resulte en un delito más grave.
Tengan en cuenta que cada vez más la percepción de los impuestos se está haciendo por vía informática. Cada vez más nos vienen los programas del Fisco para que el contribuyente pueda liquidar sus impuestos a través de su propia computadora. La alteración, la modificación fraudulenta de estos sistemas, siempre que cause perjuicio, va a ser delito. Pensamos que de esta manera estamos llenando un claro vacío de punibilidad que tenía nuestro sistema.
La cuarta reforma importante tiene que ver con la punibilidad de la persona jurídica. Como lo viene haciendo este Congreso desde el año pasado, lo hemos hecho hoy y también lo hemos hecho con la ley de lavado de dinero, hemos llegado a una redacción común para castigar los hechos cometidos por las personas jurídicas, tratando de salir de la responsabilidad meramente vicaria, en el sentido de que solamente son responsables de los delitos cometidos a través de sus administradores. Se les da la posibilidad de autoría, así que todos los hechos cometidos en beneficio, con la ayuda, con la intervención o a través de una persona jurídica puede dar lugar a que se la responsabilice, solucionando uno de los problemas de imputación que admite la ciencia penal moderna.
Hasta acá llegaron los acuerdos. Los dos desacuerdos solamente los voy a enunciar, y estriban en la extinción de la acción penal, en la cual nosotros proponemos un criterio un poco más amplio que el proyecto que consensuamos. También proponemos una mirada más federal. Cuando llegue el momento vamos a plantear en concreto la redacción que proponemos para este artículo.
El otro tema tiene que ver con la suspensión del juicio a prueba, la probation. Entendemos que el delito de evasión tributaria tiene que estar alcanzado por la probation. El proyecto no la contempla y pensamos que es una clara desigualdad.
No hay ninguna razón para que cuando la pena del delito amenazado lo permita, este delito quede amenazado de la suspensión del juicio a prueba y solamente se la permite en el caso de que se cancele la totalidad de la deuda, saliéndose del criterio normal.
Salvo estos dos puntos, la Unión Cívica Radical va a acompañar este proyecto, y quiero destacar lo bien que se puede trabajar cuando los legisladores cuentan con autonomía para acordar, pudiendo avanzar en cuestiones comunes que de alguna manera permitan mejorar la legislación y, en última instancia, mejorar la vida institucional.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Antes de nombrar a la próxima oradora quiero pedirles por favor que colaboren con esta Presidencia haciendo silencio. Es bueno que cuando un diputado hable los demás escuchemos.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Gambaro.- Señora presidenta: voy a hacer mías las palabras de los señores diputados Albrieu y Gil Lavedra respecto a lo bien que trabajamos durante el año pasado en la Comisión de Legislación Penal.
Es cierto que en mayo de este año pudimos consensuar cuáles eran los cambios que queríamos proponer al Poder Ejecutivo ‑ahora los voy a pasar a enumerar-, y también fue extraño cómo después desapareció la intención de llevarlo al recinto.
En ese momento, varios bloques habíamos propuesto la necesidad de elevar los montos que habían quedado desactualizados, pero las penas eran demasiado elevadas. En algunos casos habíamos dado el ejemplo de que con la simple venta en dólares de una camioneta podía quedar abarcada dentro de un tipo penal con una pena elevada una pyme o un contribuyente particular.
En ese momento también discutimos la necesidad de incorporar la responsabilidad de las personas jurídicas a través de sanciones administrativas. Conversamos acerca de la necesidad de que la suspensión del juicio a prueba y la extinción de la acción penal estuvieran bien delimitadas para poder cumplir con el objetivo que tiene en definitiva la ley penal tributaria, que es evitar el perjuicio al erario.
Finalmente, habíamos propuesto que las penas no se elevaran, y así se mantuvo. Pasó más de un año y ahora, en sesiones extraordinarias, volvimos a tratar este tema. De aquel dictamen que habíamos consensuado con estos planteos se receptó la elevación de los montos a considerar multiplicados por cuatro, se incorporó la responsabilidad de las personas jurídicas a través de sanciones administrativas y no se elevaron las penas.
Lamentablemente, no se incluyó la suspensión del juicio a prueba ni la extinción de la acción penal por pago voluntario. Para ser consecuentes con lo que habíamos planteado en ese momento, el bloque Frente Peronista va a acompañar en general el proyecto en consideración, pero en particular va a rechazar estos dos temas a los que hice referencia, fundamentalmente porque en el caso de la acción penal –bien lo decía el señor diputado Gil Lavedra- una de las novedades es que esta ley se aplica a los tributos de las provincias.
La redacción que hoy tiene este artículo no recepta los distintos ordenamientos procesales de todas nuestras provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en los casos en los que haya ordenamientos procesales donde la notificación de las denuncias penales no sea obligatoria y simplemente exista la obligación de la notificación de la imputación, podemos caer en que uno tenga denuncias que desconozca.
Teniendo en cuenta que las provincias también se reservan la posibilidad de plantear moratorias para recaudar tributos atrasados, si nosotros eliminamos la posibilidad de extinguir la acción penal por pago voluntario, muchos ciudadanos de las distintas provincias van a abstenerse directamente de participar en estas moratorias, perjudicando al erario provincial que por alguna estrategia recaudatoria así lo determine, simplemente porque podría estar autoincriminándose, reconociendo el pago de la moratoria y aun desconociendo que haya una denuncia en su contra.
Acompañamos la necesidad de que el pago voluntario extinga la acción penal aun cuando haya habido una denuncia o una inspección.
Finalmente, respecto de la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba, estamos en desacuerdo con que se haya eliminado, sobre todo porque este instituto apunta a los pequeños contribuyentes y a las PYMES, es decir, aquellos casos en que la evasión se registre por imposibilidad de pago y no por una maniobra muy elaborada.
En más de una ocasión en este Parlamento se ha discutido, a partir de la crisis de 2001, que muchos ciudadanos y ciudadanas habían quedado al margen del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pero no por dolo sino por una imposibilidad fáctica de hacerlo.
Más de una vez se ha discutido respecto del período de validez para figurar en un registro ‑como en su momento el Veraz‑ con estas deudas y cómo esto podía perjudicar la obtención de créditos y demás. Hemos participado desde adentro y desde afuera de todas esas discusiones.
Además, la eliminación de la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba iría en contra del fallo “Acosta”, que determina que debe aplicarse aun en aquellos casos en que la pena sea de un mínimo de tres años.
La última modificación que vamos a proponer es la eliminación del inciso d) del artículo 2º, que establece un agravante por la utilización de una factura apócrifa. Entendemos que en este inciso la norma no plantea una condición objetiva de punibilidad. Digo esto porque es lo mismo tener una factura apócrifa de treinta pesos en una evasión de medio millón de pesos, que tener una de 150.000 dólares en el mismo monto de evasión. Por esta razón, entendemos que tiene que modificarse este agravante o, en su defecto, incluir una condición objetiva que permita determinar en qué casos estas facturas dan lugar a la aplicación del agravante.
Antes de cederle el uso de la palabra a mi compañero de bancada, adelanto que los integrantes del bloque Frente Peronista votaremos en forma afirmativa el proyecto en general, mientras que en la consideración en particular nos vamos a oponer a la sanción de algunos artículos, y oportunamente daremos los motivos.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Carranza.- Señora presidenta: tal como lo acaba de indicar la señora diputada preopinante, adelanto que los integrantes del bloque Frente Peronista vamos a aprobar en general en proyecto en análisis.
Apoyamos la sanción de esta iniciativa, que sin duda viene muy demorada –como lo indicó el presidente de la Unión Cívica Radical‑, toda vez que desde 1996 no se modifican los montos de la ley penal tributaria.
Durante todo 2010 hemos trabajado en las comisiones y así pudimos avanzar en mejorar el texto que oportunamente nos remitiera el Poder Ejecutivo nacional. Lo importante es que coincidimos con el objetivo de permitirle al Estado la utilización de herramientas que hacen al ejercicio de su pretensión punitiva. Para ello se han ampliado los montos y también se han incorporado otros delitos, como los informáticos y los que cometen algunas personas jurídicas.
En ese sentido, quiero hacer hincapié en el ejercicio fundamental del derecho a defensa cuando se trata de sancionar a personas jurídicas. Esto es algo que puede resultar complejo en las investigaciones penales que se realizan en las provincias, dado que la norma amplía el sujeto pasivo a las haciendas públicas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sólo respecto de los tributos e impuestos sino también de los recursos de la seguridad social. Tengamos en cuenta que el derecho de defensa en las personas jurídicas padece de uno de los elementos esenciales de toda defensa penal, que es la indagatoria. Tampoco podemos dejar de lado el derecho que tiene todo ciudadano a no auto incriminarse, en virtud de lo que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Seguramente esta iniciativa permitirá la aplicación de mejores procedimientos por parte del Estado nacional, pero en lo que respecta a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrá que adaptar esos procedimientos para la persecución fiscal en cada una de las jurisdicciones.
Tal como señalé al comienzo de mi exposición, reitero que vamos a apoyar en general la sanción de este proyecto, pero en particular votaremos en forma negativa el artículo 2º del texto contenido en el dictamen de mayoría, que se refiere al artículo 2º de la ley 24.769; el artículo 12, relativo al artículo 14 de la misma norma; el artículo 13, referido al artículo 16 de la ley 24.769, el artículo 15, que se refiere, como dije antes, al artículo 19 de la ley citada y el artículo 18, que reforma o agrega un párrafo al artículo 76 bis del Código Penal.
Entonces, en cuanto al artículo 19, reitero que en el marco de una buena política criminal se debe mantener la posibilidad de que la administración determine cuándo debe llegar la denuncia penal a los contribuyentes y cuándo no.
En la ley vigente, que tuvo una excelentísima redacción, esa facultad de no denunciar tenía que ser por resolución fundada y con comunicación al Procurador General del Tesoro. Abogamos por que se mantenga esa disposición porque también hace a los principios de economía y oportunidad que deben regir en la materia.
En lo demás, vamos a apoyar la iniciativa, como dije, y el bloque del Frente Peronista en este punto y en este proyecto apoya el mensaje del Poder Ejecutivo. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez (E.F.).- Señora presidenta: solicito que oportunamente se autorice la inserción del texto elaborado por el vocero de este bloque en la oportunidad de finalizar el tratamiento de este proyecto de ley.
En segundo lugar, anticipo el apoyo en general a la modificación a la ley 24.769 tal como fue despachado por la Comisión de Legislación Penal, toda vez que el producto del trabajo de la referida comisión se ha visto reflejado con un consenso más que importante en el texto que se pone hoy a consideración.
No obstante, obra por nuestra parte una disidencia parcial en relación a la reforma propuesta que hace a la posibilidad de que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenten con una potestad represiva de carácter penal para perseguir infracciones tributarias. En eso finca nuestra disidencia tajante con el proyecto y con el dictamen de mayoría: en que permite un avance de la ley nacional en su faz represiva criminal sobre el incumplimiento de las obligaciones tributarias provinciales o municipales.
A partir de esta propuesta se suscita, a nuestro entender, un problema constitucional insuperable que nos impide adherir íntegramente al dictamen de mayoría y es el referido al ámbito de aplicación de la ley penal tributaria.

Sra. Presidenta (Adbala de Matarazzo).- La Presidencia solicita silencio a los señores diputados a fin de escuchar al orador y pide que se sienten aquellos diputados que están parados.

Sr. Martínez (E.F.).- Señora presidenta: sé que contribuyo al tedio de esta sesión ya a esta altura de los acontecimientos, pero a nuestro entender la letra del dictamen no es compatible con el reparto de competencias preceptuado por la Constitución Nacional, y expresamente preservado en la anterior ley, o ley vigente 24.769.
En dicha ley, en cada artículo, la propuesta del entonces diputado Alberto Natale, recientemente fallecido y homenajeado por nuestro compañero Favario, agregó ante la posibilidad de persecución por tributos la palabra “nacional” y era en relación a los tributos pasibles de formar parte del tipo penal, zanjando una discusión sobre si la protección penal se extendía a lo provincial y municipal o sólo al ámbito federal.
Quien en nuestra Nación se queda con un poder estatal, ya sea nacional, provincial o municipal, se reserva la potestad persecutoria del Estado en virtud del principio de la inherencia represiva.
Las infracciones fiscales que ofenden a las haciendas provinciales no pueden ser objeto de legislación por el Estado nacional atento a que, en relación a las materias tributarias reservadas por las provincias, sólo a éstas les compete legislar en el orden represivo.
Las provincias mantuvieron para sí, con nivel constitucional, la facultad de legislar sobre impuestos directos –artículos 121 y 126 de la Constitución Nacional‑ y concurriendo con el Estado nacional en relación a los impuestos indirectos –artículo 75 inciso 2) de la Constitución Nacional‑ salvo casos de restringida excepcionalidad.
En igual sentido, siguiendo a Ricardo Núñez, es la reserva del poder de policía general y la protección de la administración provincial, artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Se subraya y será motivo también de la inserción la forma representativa y republicana y federal que la Nación adopta para su gobierno, destacando cómo ello influye en la legislación penal, asignando a la Nación los poderes que involucran el dictado del Código Penal y sus leyes complementarias y reformatorias –como sería la ley penal tributaria‑, por medio de las leyes comunes, pero también las denominadas leyes penales especiales o leyes federales, que involucran un poder que rige de forma exclusiva en cuanto a delitos, pero no respecto de las contravenciones que pueden ser dictadas en la esfera nacional por el Congreso y en la provincial por las legislaturas y los concejos deliberantes o vecinales de los municipios en forma concurrente, mas no es de ese modo para las faltas o contravenciones locales ‑las tributarias entre ellas‑, para las cuales la legislación provincial es excluyente de la nacional, atento los poderes que se han reservado las provincias, que se dan sus propias instituciones y deben asegurar el régimen municipal.
Por lo tanto, entre nosotros tiene fundamental importancia y consecuencias legislativas decisivas la aceptación de la diferencia sustancial entre delitos y contravenciones. Aquí sigo a Roberto Spinka, en el Régimen Penal Tributario Argentino, que cita también al profesor Daniel Pablo Carrera.
En suma, la evasión maliciosa de un tributo provincial no puede ser castigada como delito común en el Código Penal o, como bien puntualiza Spinka, en leyes especiales.
Para Sebastián Soler, la facultad de imponer penas será nacional o provincial, según el poder o facultad que tutelen esas penas, sean delegados en la Nación o reservados por las provincias, como la prensa, el régimen electoral y los impuestos, aspecto también reseñado por Roberto Spinka.
El legislador de la ley 24.769 tuvo claro que no podía avanzar sobre el ius puniendi de provincias y municipios, pues creaba un delito formal, que finalmente no era más que una contravención a nivel provincial o municipal, sobre la cual no podía interferir con una ley penal especial nacional, todo por motivos constitucionales.
En suma, el Congreso de la Nación no puede punir las infracciones a las leyes impositivas provinciales empresa virtud de una prohibición de jaez constitucional, nacida del reparto de competencias y de la potestad de ius puniendi ligada a cada cual, concepto que nos lleva a rechazar parcialmente el ámbito de aplicación de la ley delineado en el proyecto, que no se compadece con la Constitución Nacional argentina.
Nosotros no podemos volver a nuestras provincias y que los gobernadores de cada una de ellas o el señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan perseguir penalmente y denunciar a los contribuyentes por la evasión maliciosa de ingresos brutos, patentes de automotores o cualquier otro tributo o contribución de orden provincial, comunal o municipal.
Se trata de un exceso que invade las facultades delegadas a las provincias y, por lo tanto, en este aspecto vamos a disentir parcialmente, propiciando –para evitar una discusión en particular aburrida‑ que en cada artículo en el que se agrega la expresión “al fisco provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” sea expresamente suprimida, lo que estaría de acuerdo con nuestra posición frente al proyecto de ley que, reitero, ha sido profusamente debatido en comisión, lográndose una redacción, en general, de excelente factura.
Sólo mencionamos el problema constitucional, que de ninguna manera podemos aceptar, porque debemos regresar a nuestras provincias a dar las respuestas adecuadas, rechazando la adaptación a un modelo nacional incompatible con la Constitución. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. De Marchi.- Señora presidenta: adelanto el acompañamiento en general al dictamen de mayoría en el proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo con la pretensión de introducir modificaciones a la ley penal tributaria vigente.
En realidad, la iniciativa debe verse como una parte de la gran reforma tributaria que necesita la Argentina en todos los órdenes: material, de procedimiento, de coparticipación y también de normativa penal tributaria.
Si bien el proyecto en tratamiento no altera elementos materiales o sustanciales que modifiquen o que hagan al tipo objetivo de los delitos contemplados, se incorpora –como han reiterado los anteriores oradores‑ algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, se modifican los montos, se agregan algunos supuestos de agravantes y se eliminan otros.
Como primer aspecto destacable, se elevan los montos mínimos del artículo 1º para que sea aplicable la ley penal tributaria y quede configurado el delito de evasión simple, pasando de 100.000 a 400.000 por cada tributo y por ejercicio anual.
Interpretamos que, en realidad, es una adecuación por inflación de los montos consignados en la ley, dado que fueron establecidos en épocas en las que nadie imaginaba la inflación galopante que hoy se está instalando en nuestro país. En consecuencia, valoramos el gesto del gobierno de reconocer por lo pronto que la inflación está carcomiendo los montos fijados en esa ley.
Es importante destacar que el proyecto incluye a los tributos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, que no están contemplados en la ley vigente.
Otra modificación sustancial es la referida a los agravantes de la evasión tributaria simple, no sólo en función de los montos sino que se incluyen conductas como la utilización de interpósita persona y la utilización fraudulenta de beneficios fiscales o de facturas y documentos falsos. Este es un instituto donde se innova de una manera positiva.
Para el caso de la evasión de recursos de la seguridad social, las modificaciones se refieren exclusivamente a los montos mínimos, que se elevan, lo que es razonable.
En cuanto a los cambios procesales se anula la consulta previa a la Procuración del Tesoro para que la AFIP efectúe la denuncia; se modifica el plazo para determinar las obligaciones tributarias y se elimina el pago como causal de extinción de la acción después de la inspección realizada por la AFIP y que motiva la sanción.
Si bien esta modificación fue objeto de observaciones, creemos que el delito existe o no; si la inspección detecta que se ha configurado, que se ha conformado la conducta de acuerdo con el tipo penal, existe delito.
Es importante dejar en claro que la Argentina necesita una gran reforma impositiva integral, porque –y esto es lo medular- no puede entenderse que el éxito o el fracaso de un sistema tributario dependa solamente de un plexo sancionatorio.
Es muy difícil encontrar respuesta voluntaria por parte del contribuyente frente a sus obligaciones impositivas cuando existen impuestos que, en algunos casos, son verdaderamente confiscatorios. Hay algunas actividades económicas que se sostienen en base a la evasión porque de lo contrario –y con esto no estoy justificando la evasión- no tendrían rentabilidad, como ocurre en el sector agrícola y de economías regionales.
En algunos casos los impuestos son confiscatorios y en otros, como mencionábamos recién, manifiestamente injustos.
El sistema tributario vigente exhibe una complejidad que facilita la evasión, y en algunos supuestos ni siquiera los profesionales contables logran comprender sin disidencia el contenido exacto de la norma impositiva, siendo muchas de ellas objeto de interpretación discrecional por parte de la autoridad de aplicación –AFIP- generando en consecuencia aún más incertidumbre e inseguridad jurídica.
Finalmente, si bien acompañamos las modificaciones propuestas en el dictamen de mayoría, invitamos enfáticamente al Poder Ejecutivo a que tome la iniciativa y dé los pasos necesarios para alumbrar en el país un nuevo sistema de impuestos que arroje equilibrio, justicia, simplificación y, sobre todo, tenga a las provincias como actores importantes en función de la coparticipación.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. de Prat Gay.- Señora presidenta: voy a ser muy breve, aunque repetiré buena parte de los conceptos que ya han sido vertidos.
Apoyaremos el proyecto de ley por las razones que ya se han mencionado. Compartimos la idea de que ésta es una iniciativa que fue siendo trabajada en los distintos bloques y en cuyo tratamiento se logró un consenso muy amplio. En tal sentido, rescato el trabajo realizado por el entonces presidente de la Comisión de Legislación Penal, el ex diputado Juan Carlos Vega, del bloque Coalición Cívica- ARI, quien mucho aportó para alcanzar el consenso que ha sido destacado en opiniones anteriores.
Entonces, llegamos a este proyecto de ley con muy pocas disidencias y mucho acuerdo. Sólo tengo que lamentar –no puedo dejar de mencionar esto‑, en relación con la actualización de montos de una ley que, como dijo el señor diputado Gil Lavedra, tiene aproximadamente quince años de vigencia, que tales montos hayan sido ajustados de acuerdo al dólar estadounidense.
Lamento que ése haya sido el criterio de actualización. También lamento que, gracias a la utilización de ese criterio, el aumento haya sido de cuatro veces –dado el tipo de cambio actual‑, ya que la última vez que se tocó esta ley un dólar valía un peso. Quizás se podía haber buscado el criterio de la inflación, aunque en tal caso se habría roto el consenso porque algunos creemos que el INDEC miente y otros piensan que dice la verdad.
Sin perjuicio de ello, me gustaría señalar que, en relación con la discusión que mantuvimos ayer, oportunidad en que hubo que definir un criterio parecido, los parámetros que se utilizaron fueron los del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La única reflexión que quiero dejar asentada aquí es que desde enero de 1997, que es la última vez que se modificó la ley que en este momento sólo dos o tres estamos discutiendo porque el resto está pasándola mejor...
¿Qué hago, señora presidenta, continúo o dejamos que sigan charlando?

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- La Presidencia reitera a los señores diputados su solicitud de que, por favor, hagan silencio.
Continúe, señor diputado.

Sr. de Prat Gay.- Estaba tratando de decir, señora presidenta, que ayer se sancionó una ley por la que se ratificaron las actualizaciones que hasta ahora había realizado el gobierno en relación con el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Lamento que desde 1997 el mínimo no imponible que se utiliza para calcular el impuesto a las ganancias que pagan los asalariados haya aumentado un 230 por ciento,mientras que el mínimo no imponible para los evasores vamos a aumentarlo un 300 por ciento. Vale decir que si ponemos las votaciones de ayer y de hoy juntas, evidentemente le estamos dando una ventaja comparativa al evasor por sobre el asalariado. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Heller.- Señora presidenta: trataré de ser breve.
De todos los proyectos de ley que hemos tratado entre ayer y hoy éste debe ser el que, a priori, se puede presumir con un mayor consenso.
Por lo menos hasta aquí todos han expresado su aprobación en general, aunque luego algunos diputados vayan a plantear disidencias parciales.
Muchos han señalado que esto es producto de un trabajo que se ha hecho durante bastante tiempo. Se han consensuado cuestiones como los montos y otras que han facilitado este acuerdo.
Me voy a referir al artículo 13, que dice: “Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente: el sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él”.
Me parece que se trata de uno de los cambios importantes que tiene el proyecto de ley que estamos tratando en relación con la norma que está vigente hasta aquí, que posibilitaba que sujetos obligados que se encontraban en infracción o que eran denunciados -porque mediante una inspección se encontraba que no cumplían con sus obligaciones- llevaran adelante largos procesos judiciales, pagando a último momento, y eran eximidos de la sanción penal que les correspondía.
Lo que debemos decir es que no se puede pensar que es lo mismo pagar en el momento que corresponde que hacerlo luego de varios años de acciones judiciales. Esta no es una cuestión entre particulares, sino entre privados y el Estado nacional. Acá estamos hablando de evasión de impuestos, o sea, de recursos que se restan al presupuesto.
Ayer hemos tratado el proyecto de ley de presupuesto, donde vimos que el 60 por ciento del gasto está destinado al gasto social. También hemos escuchado en la exposición de motivos la voluntad de seguir profundizando ese proceso.
Recursos que no ingresan, son recursos que se restan a las políticas de salud, de vivienda, de educación, a la posibilidad de mejorar la asignación universal y a todo este conjunto de medidas y políticas que están contenidas en el presupuesto. Incluso muchos diputados que votaron en contra del presupuesto destacaron en particular inversiones que tenían que ver con obras vinculadas con sus provincias.
No es lo mismo el impago de un pagaré entre particulares que el impago de las cargas tributarias.
Se trata de una cuestión fundamental que, a mi juicio, rescata el proyecto de ley que estamos tratando en este momento.
En el día de ayer el señor diputado Rossi, en una exposición interesante, tomó el diario Clarín del año 2001 y lo comparó con un diario español de ayer, para demostrar de qué manera Europa atrasaba diez años, por decirlo de alguna manera, porque en El País aparecían reflejadas las cosas que a nosotros nos habían sucedido diez años antes. Entonces, inducido por esto que hizo el señor diputado Rossi, yo también me puse a buscar curiosamente en diarios de 2001 y encontré una nota de La Nación del viernes 23 de febrero de ese año, titulada “Procesan a Mauricio Macri por contrabando”.
El artículo dice lo siguiente: “La Justicia investiga exportaciones realizadas en 1993 por Sevel de Argentina a Sevel Uruguay, lo que le permitía cobrar reintegros por exportaciones. Pero a su vez esas piezas eran ensambladas allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados.
“De este modo, según el tribunal, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento”. Además, según el fallo, se beneficiaba con el sistema de importaciones que estaba vigente en ese momento.
De esta forma, esta empresa que fue sancionada por un tribunal que la encontró culpable del delito de contrabando y evasión, cuando llegó el momento final pagó, y al pagar se le extinguió la acción penal.
Creo que esto es lo que este proyecto que estamos considerando hoy va a impedir que siga sucediendo. Esta iniciativa, y en particular este artículo, son la expresión del “traje a rayas para los evasores”, que en su momento planteó en su discurso el presidente Kirchner y que también fue utilizada por la presidenta en sus palabras en ocasión de la inauguración del período de sesiones y cuando asumió su nuevo mandato.
Entonces, nos encontramos frente a un cambio importantísimo que creo merece ser aprobado sin ningún tipo de observación. Esta es la postura que va a mantener nuestro bloque.
Quiero referirme particularmente a cuestiones que hoy no han sido mencionadas pero que sí lo fueron durante el debate de ayer en la comisión. Me refiero a lo que estaba explicando hace un momento: algunos señores diputados cuestionaban la supresión de la probation y la suspensión del juicio a prueba. También hemos escuchado hoy algunas expresiones al respecto. A mi modo de ver, es absolutamente inaceptable que este tipo de delito pueda ser compensado a través del mecanismo de la probation. La probation debería ser una medida que permita atender las faltas cometidas en otro tipo de infracciones o incumplimientos. Aquí estamos hablando de personas o empresas que evaden recursos fiscales por montos importantes y que están privando al Estado nacional de recursos que permitirían resolver muchísimos problemas. Cuando hablo del Estado nacional nos estamos refiriendo a los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Por lo tanto, reitero que nuestro bloque va a apoyar esta iniciativa, que consideramos adecuada.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Solicito a los señores diputados que ocupen sus bancas y guarden silencio, porque tenemos la obligación de escuchar a quien está en uso de la palabra.
Tiene la palabra la señora diputada por el Neuquén.

Sra. Comelli.- Señora presidenta: nuestro bloque ve con agrado y va a acompañar esta iniciativa que apunta a dotar de mayor equidad social lo relativo a la gestión de las finanzas públicas.
Nos sentimos reconfortados al observar que el proyecto que vamos a sancionar se corresponde con una iniciativa que propusimos y reclamamos hace cuatro años, por la cual se dejaba sin efecto la norma que permitía extinguir la acción penal al evasor que abonara el importe evadido. Ese proyecto lo presentamos en junio de 2007 y era un poco más ambicioso todavía que el que hoy estamos tratando. En aquel momento planteábamos directamente la derogación del artículo que establecía que en los casos previstos en los artículos 1º y 7º de esa ley la acción penal se extinguiría si el obligado aceptaba la liquidación o en su caso la determinación realizada por el organismo recaudador y pagaba el importe correspondiente en forma total e incondicional.
En aquella oportunidad sostuvimos que la ley penal tributaria establecía una notable diferencia entre el infractor tributario al que se refería la norma y el infractor de una norma del Código Penal, por ejemplo, por delitos cuyo bien jurídicamente tutelado era la propiedad. Hoy en día estamos más que satisfechos con este debate que pretende eliminar este injusto privilegio.
Resulta claro que la norma en aquel momento permitía un beneficio a las personas de mayor poder adquisitivo, o sea, a los evasores de impuestos, estableciendo este claro privilegio que en realidad va en contra de todo Estado de derecho y que genera una discriminación entre los habitantes, que por imperio del artículo 16 de la Constitución debemos ser iguales ante la ley.
Como podrá observarse, esta norma se encuentra en franca oposición a los principios constitucionales de igualdad y demuestra la liviandad con la que muchas veces se ha legislado en nuestro país en materia de delitos fiscales.
Propusimos entonces eliminar ese privilegio. Creemos que eso va a promover paulatinamente también un cambio en el paradigma de la política criminal tributaria del Estado argentino, de modo tal que no priorice la recaudación impositiva sino también el castigo por una conducta reprochable del imputado, como es el incumplimiento doloso de las obligaciones.
Hoy venimos a corregir esta injusta norma, si bien no con la rigurosidad que nosotros habíamos aspirado en ese momento. Anteriormente pretendíamos la eliminación lisa y llana de esta opción de pago, pero vemos que la propuesta resulta un avance al permitir que el pago pueda ser realizado por única vez.
Creemos que este plexo de normas que estamos sancionando implica una mejora sustancial en materia de política criminal tributaria. No debemos olvidar –no voy a repetir lo que decía el diputado preopinante‑ que quienes se ven afectados cuando estas personas o empresas evaden sus obligaciones son los sectores sociales que realmente requieren la mayor protección del Estado, a quienes se priva de la concreción de obras de infraestructura o de asistencia social, que es lo que se logra a partir de los impuestos.
Queremos una sociedad cada vez más justa y donde la brecha entre los sectores de mayor poder adquisitivo y las clases más excluidas se vaya reduciendo. Entendemos que este proyecto va en ese sentido, de manera que nuestro bloque lo va a acompañar.
Solicito la inserción del resto de mi fundamentación en el Diario de Sesiones.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.

Sra. Fadul.- Señora presidenta: quiero exponer brevemente que el paso del tiempo, el cambio de paradigmas, la evolución social, cultural y económica y distintas circunstancias que hacen al contexto general de un país nos indican que determinadas leyes quedan obsoletas o ya no cumplen efectivamente con el objetivo que las hizo nacer.
En este marco nos toca tratar hoy la modificación del régimen penal tributario, la ley 24.769, promulgada de hecho en enero de 1997, que está próxima a cumplir quince años de vigencia. Como todos sabemos en este tiempo nuestro país sufrió grandes cambios, económicos y sociales.
El proceso inflacionario es uno de los factores que afecta el justo y efectivo ejercicio punitivo de esta normativa. En la práctica y en la realidad diaria de nuestro país, las condiciones objetivas que establece la ley en cuestión, es decir, los montos por los cuales el evasor resulta alcanzado por la sanción penal, han quedado absolutamente fuera de contexto, particularmente en el caso de la evasión simple.
Por otro lado, y en torno a lo que la evolución legislativa representa, este dictamen propone sumar un nuevo artículo a la ley en cuestión, que estipula una pena de prisión de uno a cuatro años al que modificare o adulterare los sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados u homologados por el Fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, norma a la que obviamente adhiero.
Más allá de las necesarias actualizaciones a las que vengo haciendo referencia y al tipo penal recién mencionado, quiero destacar también que el dictamen que hoy estamos tratando modifica el artículo 16 de la ley penal tributaria, prescribiendo que solo se extinguirá la acción penal si el contribuyente regularizare su situación de manera espontánea, siempre que sea antes de una inspección, observación fiscal o denuncia, y ello sin duda resulta adecuado.
Apoyo este dictamen y consideramos lógico actualizar los montos y tornar razonable la punibilidad del delito de acuerdo con la magnitud de la afectación al bien jurídico tutelado, e incorporar la normativa que se ha señalado.
Por ello, desde el bloque del partido Federal Fueguino adelanto mi voto afirmativo.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Ciudad de Buenos Aires.

Sra. Bullrich.- Señora presidenta: este es un proyecto que durante todo el año pasado se ha trabajado mucho en la Comisión de Legislación Penal y tuvo una serie de modificaciones positivas que fueron planteadas como para darle al proyecto un carácter que tuviese relación con los cambios que se habían sucedido en el país.
Si bien voy a votar positivamente este proyecto, quisiera plantear algunos temas que me parece que sería importante intentar introducir en el proyecto para terminar de darle forma.
En primer lugar, los cambios que estamos realizando a la ley 24.769 nos muestran que hasta el momento esta ley no ha tenido resultados. El índice de condenabilidad es inferior al 1 por ciento y las denuncias en relación con los casos están en un 2 por ciento.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.

Sra. Bullrich.- En consecuencia, hay un tema pendiente que es necesario analizar, que es cuál es la razón de los fracasos permanentes que tenemos en la persecución de estos delitos.
En primer lugar quisiera marcar uno que me parece importante, que es un funcionamiento incompleto del Ministerio Público y de la AFIP en la forma en que se analiza la percepción de riesgo y en la construcción de la prueba.
Sin duda que si seguimos con estos mecanismos, por más que aumentemos las penas y que aumentemos el monto, lo cual es correcto y se hizo el año pasado, no vamos a cambiar la realidad, porque ella está en un paso previo al monto y a la pena que estamos planteando, es decir, cómo se constituye esta posibilidad de llegar a analizar seriamente dónde está la evasión.
Quisiera disentir con el señor diputado Heller cuando plantea que la probation no es una buena metodología. En realidad, lo que hay que pensar aquí es que, a delitos similares, los ciudadanos tienen que tener posibilidades similares.
Si una persona comete un fraude contra el Estado por 5 o 10 millones de pesos, esa persona puede tener la probation. Ahora, si esa persona evade por un monto de 400 mil pesos, no tiene esa misma posibilidad.
En consecuencia, revisar la posibilidad de que exista la probation parece un pedido lógico que hemos discutido en la Comisión de Legislación Penal, y en un primer momento –hasta hace pocos días- se había logrado que este instituto quedara incorporado en este proyecto de ley. No sabemos muy bien por qué ahora ha vuelto a salir del dictamen. Me parece que sería bastante lógico volver a plantearlo.
El segundo tema que debemos analizar es que en la extinción de la acción penal si bien es correcto el pago completo previo, existen vacíos respecto a cuándo se puede plantear dicha extinción. No está muy claro si en todos los casos los ciudadanos estarían en condiciones de enterarse de que están teniendo una causa. Efectivamente deberían tener esta posibilidad, es decir, habría que plantear claramente que la extinción de la acción penal por pago debe implementarse en la medida que el ciudadano concretamente se haya enterado de que se le ha comenzado una causa. De no ser así, también tendríamos situaciones de desigualdad de los ciudadanos ante la ley.
Por eso, planteando que volvamos a considerar el instituto de la probation, que precisemos un poco más la condición concreta para que el ciudadano se entere de la denuncia de la que ha sido objeto y así poder plantear el pago adelantado por extinción de la acción penal, podríamos estar mejorando este proyecto de ley en particular.
Por lo tanto, adelanto el voto afirmativo de la bancada Unión por Todos, pero quisiera poder trabajar en concreto estos artículos durante la consideración en particular.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar en general, en forma nominal.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 218 señores diputados presentes, 217 han votado por la afirmativa.
Sr. Secretario (Bozzano).- La votación arrojó el siguiente resultado: 214 votos por la afirmativa y ninguno por la negativa. (Aplausos.)

Aquí votación nominal

Sr. Presidente (Domínguez).- Se deja constancia del voto afirmativo de la señora diputada María Teresa García y del señor diputado Yoma.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: simplemente deseo señalar que por la falta de costumbre olvidé oprimir el botón que marca el voto por la afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consecuencia, el proyecto fue aprobado por unanimidad por 217 votos por la afirmativa.
En consideración en particular el artículo 1º.
Se va a votar.

- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a 6º.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 7º.
Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 7º: Sustitúyese el artículo 8º de la ley 24.769 y sus modificaciones por el siguiente: Artículo 8º: La prisión a aplicar se elevará de tres años y seis meses a nueve años, cuando en el caso del artículo 7° se verificare cualquiera de los siguientes supuestos: a) Si el monto evadido superare la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000), por cada mes. b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de ciento sesenta mil posos ($ 160.000.-).”

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar con la modificación propuesta.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 8º.
Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 8º: Sustitúyase el artículo 9º de la ley 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente: Artículo 9º: Será reprimido con prisión de dos a seis años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($20.000.-) por cada mes.
“Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo del ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($ 20.000.-) por cada mes.” El resto del artículo continúa con su redacción original.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 8º propuesto por la comisión.

- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 9º a 12.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 13.
Por Secretaría se leerá el texto propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 13: Incorpórese al artículo 14 de la ley 24.769 y sus modificaciones, los siguientes párrafos: Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos a diez veces de la deuda verificada. 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los 5 años. 3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los 5 años. 4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. 5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal.
“Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica.
“Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un servicio en particular no serán aplicables las sanciones previstas por el incido 2) y el inciso 4).”
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 13 con las modificaciones propuestas.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración los artículos 14 y 15.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Aguad.- Señor presidente: voy a formular la pregunta al presidente de la comisión antes de dar lectura a la redacción propuesta.
El actual régimen supone que el infractor, aun hecha la denuncia penal por parte de la AFIP puede, pagando el tributo adeudado, lograr que quede extinguida la acción penal.
El proyecto modifica este tipo penal y obliga al infractor al pago hasta la denuncia penal. Si la denuncia penal se hizo ya no puede pagar más.
Nosotros creemos que la pena tiene un sentido de prevención general y especial y además lo que persigue el Estado es que le paguen los impuestos y no meter la gente presa.
Creemos que debe mantenerse el régimen actual, es decir que una vez que la AFIP hizo la denuncia, el infractor puede extinguir la acción pagando completamente antes de los 30 días lo que adeuda en calidad de impuestos.

Sr. Presidente (Domínguez).- ¿Qué dice la comisión?

Sr. Albrieu.- Señor presidente: en primer lugar quiero aclarar que la observación formulada se refiere al artículo 14, que es el artículo 16 de la ley 24.769, pero es el 14 de esta ley. Ese artículo 14 ya lo aprobamos, pero me parece que bien vale la pena lo que dice el señor diputado Aguad.
Cuando hice la fundamentación del dictamen de mayoría, expresé claramente que tanto en este tema como el de la suspensión de juicios a prueba, creíamos que debía acotarse la posibilidad de extinguir la acción penal, entre otras cosas porque compartíamos lo que expresó en este recinto la señora presidenta de la Nación respecto de los evasores e infractores de la ley.
Por lo tanto no vamos a modificar el dictamen de mayoría ni tampoco en la suspensión del juicio a prueba.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 16.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 17.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 18.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Aguad.- Señor presidente: voy a pedir al presidente de la comisión lo siguiente, porque aquí hay un tema que merece ser escuchado. Voy a pedir que se agregue un artículo nuevo.
Esta nueva ley penal tributaria, también incluye como delito la evasión de impuestos provinciales.
Junto a gran parte de la doctrina nacional estoy convencido de la necesidad de este artículo nuevo. En ese sentido, doy lectura a un párrafo de Ricardo Núñez en cuanto a que no se puede incluir en la ley penal nacional el castigo a la evasión penal provincial, Núñez dice, así como otros, como Carrera, Spinka, Soler, que el reparto constitucional, el Ius oonendi, no significa que todo el poder de aplicar el Código Penal y castigar los delitos haya pasado a las autoridades nacionales, ni implica que este Código deba o pueda contener todo lo que en el país se declara punible. La evasión maliciosa de un tributo provincial no puede ser castigada como delito común en el Código Penal ni en leyes nacionales especiales.
Ahora voy a dar la consecuencia práctica de este problema. En mi provincia el gobernador De la Sota ha adelantado –me imagino que eso mismo se da en muchísimas provincias argentinas‑ una moratoria de impuestos provinciales.
Con esta ley no lo podrá hacer porque con ella esa infracción es constituida en delito. Yo creo que todos los diputados de esta Cámara pertenecen a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo estar en una situación muy parecida a la de Córdoba.
Lo único que planteo es el agregado de un inciso, el último, que diga lo siguiente: “Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir en lo que sea de su competencia excluyente a los términos de la presente ley.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Pinedo.- Señor presidente: adhiero a la propuesta del diputado Aguad.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: antes que nada quisiera salvar un error material que se produjo en la votación, ya que en el artículo 17 habíamos hecho mención de que había un error material al reformar el artículo 20, donde se hace referencia a la ley 11.683, y corresponde al artículo 74. Es un error material que quiero dejar a salvo.
El tema mencionado por los señores diputados Aguad y Pinedo fue discutido oportunamente en la comisión. Si bien existe una parte de la doctrina que frente a tributos locales señala que el Congreso no podría imponer su cumplimiento como delito, en otros casos el Congreso sí puede imponer delitos en materia regulada estrictamente por la legislación provincial. Hoy por hoy, adulterar un documento regulado por una ley provincial sigue siendo una falsificación de instrumento público. En este sentido, vamos a rechazar toda modificación al dictamen de mayoría.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: con respecto a lo señalado por el diputado Aguad, hay un aspecto vinculado con la condición objetiva de punibilidad. Hay un problema en relación con la cuestión de la articulación entre las competencias nacionales y locales en la forma de recaudación de impuestos.
Nosotros no podríamos decirles a las provincias cómo deberían recaudar sus impuestos. Incluso, se podría dar al revés, en el sentido de que la Nación plantee una moratoria y que, sin embargo, las provincias…

Sr. Presidente (Domínguez).- Fije su posición, señora diputada.

Sra. Rodríguez.- Se trata de un supuesto complejo. No tengo la solución de un texto; si no, la trataría de brindar. Quisiera que el diputado Albrieu me ayude a pensar. Ante una moratoria provincial, habría un problema, porque cuando se paga, aun así no se resuelve el problema, ya que uno plantea la moratoria y el otro no.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Garrido.- Señor presidente: más allá de la cuestión de jurisdicción, también el diputado Aguad hizo un planteo respecto de la conveniencia, sobre la que quisiera hacer una breve referencia.
En el caso de que las provincias dispongan de un régimen de moratoria, van a estar atadas por la disposición penal, que sólo podría cambiar el Congreso nacional. A diferencia de lo que ocurre en materia tributaria en el ámbito nacional, una moratoria la dispondría el Congreso y tendría facultades para otorgar una excepción a la ley. Lo mismo no ocurriría con las provincias, que quedarían atadas, ya que por más que sancionen una moratoria, en el ámbito provincial ella no podría ser acompañada por una excepción penal con lo cual su situación, comparándola con la nacional, será distinta y más acotada.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Aguad.- Señor presidente: la diputada Rodríguez y el diputado Garrido han dado una explicación muy coherente. En este caso la Nación tendría supremacía sobre las provincias porque puede suspender la vigencia de esta ley con una moratoria, porque lo hace por ley, mientras que las provincias no lo podrían hacer. Me parece que se deja a las provincias en desventaja, suponiendo que el artículo sea constitucional. Si es inconstitucional, la Corte lo declarará. ¿Por qué no dejamos que las provincias puedan adherir?

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Albrieu.- Señor presidente: no hacemos lugar a ninguna modificación al dictamen.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 19.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 20 es de forma.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)

- 8 -
manifestaciones

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rossi.- Señor presidente: tal cual se lo había comentado a muchísimos legisladores de otras bancadas, nosotros queríamos proponer que continuáramos con el temario, habida cuenta que tenemos muchos diputados que son del interior y que nos plantearon claramente seguir haciendo el esfuerzo hasta terminar con los dos temas que nos faltan para no tener que permanecer hasta mañana a la noche en la ciudad de Buenos Aires.
Por eso le pido al resto de los diputados que nos acompañen en esta solicitud, y si no, que la Presidencia otorgue la palabra al diputado Mario Pais, que es el miembro informante del tema que sigue, que es trabajo agrario, y esperamos poder continuar como vinimos hasta hoy.

Sr. Presidente (Domínguez).- Habiendo quórum, está en consideración en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación del Trabajo…

- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- …y otras recaído en el proyecto de ley del Nuevo Régimen de Trabajo Agrario, derogación de la ley 22.248 y sus modificaciones, y decreto reglamentario 563/81, Orden del Día N° 11. (Aplausos.)
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Amadeo.- Señor presidente: deme la palabra.

Sr. Presidente (Domínguez).- En el orden de prelación. Le pido que vuelva a su banca. Ahora tiene la palabra el señor diputado Pais y después usted hará uso de la palabra.

- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Sea respetuoso, diputado Amadeo! ¡Vuelva a su banca!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado Amadeo, vuelva a su banca. Tiene la palabra el señor diputado Pais.

- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Habiendo quórum suficiente, tiene la palabra el señor diputado Pais. Ya se le dará el uso de la palabra a la diputada Bullrich y al diputado Amadeo.
Vuelva a su banca, por favor, diputado Eduardo Amadeo. Muchas gracias diputado, vuelva a la banca.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Silencio por favor!
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Gil Lavedra.- Señor presidente: nosotros ya hemos pactado en la Comisión de Labor Parlamentaria un determinado trabajo durante cada uno de estos días. Incluso usted mismo en la primera sesión que tuvimos dijo al pleno de la Cámara cuál era el plan de labor. Éste incluía tratar el último día –el viernes- la ley de tierras y el estatuto del peón rural.
Llevamos sesionando trece horas y media. Por lo tanto, yo solicito cumplir el plan de labor como lo habíamos acordado. Me permito solicitar un cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

Sr. Presidente (Domínguez).- No se hace lugar, señor diputado.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
- 9 -
régimen de trabajo agrario


orden del día n° 11



Sr. Presidente (Domínguez).- A los fines del tratamiento del asunto puesto en consideración, se respetará la metodología establecida: se concederán términos de 30 minutos por bloque mayoritario.
Corresponde hacer uso de la palabra al señor diputado por Chubut.

Sr. Pais.- Señor presidente: estamos tratando un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional en junio de 2010. Para nosotros, constituye una iniciativa trascendente; es una enorme responsabilidad poder cumplir, en este período de sesiones extraordinarias, con reivindicaciones de derechos laborales y sociales en beneficio de cientos de miles trabajadores argentinos.
Cuando el Poder Ejecutivo nacional nos remitió el proyecto de ley daba cuenta de la necesidad de reivindicar derechos conculcados a los trabajadores rurales...

Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia ruega silencio a los señores diputados.
Continúe, señor diputado.

Sr. Pais.- Se trata de incluir en los beneficios de la seguridad social a cientos de miles de trabajadores que se han visto afectados en su salud en razón del mayor esfuerzo que implica la actividad rural.
Nosotros debemos tener presente que el trabajo agrario es de reciente cuño legislativo. En el año 1942 se dictó la primera ley de trabajo agrario, que llevó el número 12.789, relativa al estatuto de los conchabadores. En el año 1944, a instancias del entonces secretario de Trabajo y Previsión Social de la Nación, Juan Domingo Perón, se dictó el primer estatuto del peón de campo, que fuera ratificado por ley de la Nación en 1946.
Ese estatuto ha sido unánimemente reconocido como un hecho histórico, pues con fuerza inaudita señaló el comienzo de la protección legal de los trabajadores rurales. Perón consideró dicho estatuto como una de las expresiones más importantes de su gobierno, ya que se contemplaba no sólo la materia social sino también las cuestiones laborales, estableciéndose la defensa de peones que se encontraban como modernos siervos de la gleba, en situación de cuasiesclavitud. Estábamos terminando la primera mitad del siglo XX.
Tal estatuto comenzó legislando el pago del salario en moneda nacional, la jornada de trabajo, la fijación de salarios mínimos, la estabilidad en el empleo ‑el trabajador no podía ser despedido si no mediaba justa causa‑, y fundamentalmente estableció una autoridad de aplicación nacional para velar en todos los territorios por un mismo sistema legal protectorio para los trabajadores.
Todo eso quedó sin efecto en el año 1980. Pese a que en 1974 se incorporó a nuestro derecho positivo la ley de contrato de trabajo, que no excluía a los trabajadores rurales, con el dictado de la ley de facto 22.248 expresamente se los excluyó y se fijó un régimen autónomo que en muchos aspectos significó un verdadero retroceso de los derechos laborales.
En el tratamiento de este proyecto, que la misma oposición ha reconocido que importa grandes avances, han sido receptadas las inquietudes de organizaciones gremiales y empresarias, pero fundamentalmente, de trabajadores, entre ellas, la UATRE.
Nuestro proyecto se inscribe en principios constitucionales incorporados por el artículo 14 bis, en los tratados de derechos humanos incluidos mediante el inciso 22 del artículo 75, y en el principio de progresividad expresamente incorporado en el inciso 19 del artículo 79 de nuestra Constitución.
Se trata de una legislación que avanza protegiendo y otorgando mayores derechos. También es perfectible. No hay leyes inmutables.
Seguramente contiene mejores derechos para millones de trabajadores. Esa es nuestra intención. Permanentemente estamos modificando la Ley de Contrato de Trabajo; siempre estamos trabajando en un círculo virtuoso.
La legislación laboral se inicia en 2004 con la sanción de la ley 25.877, cuando tuvimos que reorganizar el desaguisado de la década del 90 con la legislación de flexibilización laboral, entre ellas lamentablemente la ley Banelco.
Este proyecto de ley se inscribe en ello, constituyendo un verdadero anhelo de justicia social y una ley fundamentalmente justa. Aspiramos a que la norma sea absolutamente inclusiva.
Nuestro proyecto de ley avanza e incluye a los trabajadores rurales con la aplicación de las normas de la ley de contrato de trabajo. Si bien en el artículo 2º expresamente se mantiene la exclusión, deja a salvo en una redacción similar a otros estatutos similares como el de la construcción. La ley de contrato de trabajo es una fuente normativa primaria en materia de aplicación del estatuto nuevo del trabajador agrario. Además, la ley de contrato de trabajo será de aplicación supletoria. O sea que lo no previsto en este estatuto hará que rija el régimen general de trabajo, del que hoy están excluidos los trabajadores rurales. Nosotros los vamos a incluir. Esto significa que se incorpora un plexo normativo tutelar absoluto. También se agrega la totalidad de los principios y preceptos del Derecho Laboral, entre ellos el principio protectorio, el de la irrenunciabilidad, el del in dubio pro operario. Fundamentalmente se incorporan todas las normas y principios de equidad, justicia y razonabilidad.
Hemos seguido manteniendo la necesidad de que los trabajadores rurales tengan una legislación con especificidad en función de la actividad y del ámbito rural.
Fundamentalmente el texto pretende incorporar a este conjunto de trabajadores derechos de los cuales hoy no gozan.
Me voy a permitir hacer una pequeña síntesis de cada uno de los títulos que componen esta normativa, a los efectos de que la voluntad del legislador quede en el Diario de Sesiones.
En el Título I, de disposiciones generales, se establece la ley aplicable; en el artículo 2º se fijan las fuentes de regulación, manteniéndose las vigentes, y se incorpora como fuente de regulación la Ley de Contrato de Trabajo, es decir el régimen general que ampara a todos los trabajadores del país.
El artículo 3º, en relación con el personal excluido, mantiene un esquema similar al de la actual legislación.
Lamentablemente, debemos decir que sigue excluido el personal doméstico, porque todavía el Honorable Senado de la Nación no ha logrado sancionar el nuevo estatuto que ya votó esta Cámara de Diputados para los trabajadores de casas particulares.
En el artículo 4º se incorporan las condiciones pactadas en los convenios colectivos de trabajo del sector más beneficiosas.
El artículo 5º incorpora la definición de la actividad agraria, estableciendo un marco de protección.
En el artículo 6º se incorpora la definición de ámbito rural, que no es lo mismo que ámbito de aplicación.
En la parte final del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, atendiendo a lo que podía invocarse en caso de avasallamiento en materias reservadas a los municipios, la norma no da preeminencia a los ejidos urbanos, sino al ámbito específico donde se desarrolla la actividad laboral.
El artículo 7° regula las actividades incluidas.
El Título II, tal vez uno de los centrales de esta norma, tipifica el denominado contrato de trabajo agrario en general. El artículo 11 define el contrato de trabajo agrario y recepta el principio de la realidad, que también es un principio tutelar de la Ley de Contrato de Trabajo al dejar de lado la forma y denominación que brindan las partes. No importa cómo se llame el tipo de vinculación, va a primar la realidad; donde hay trabajo subordinado en el ámbito rural va a haber contrato de trabajo agrario. Siempre se deberá estar a la naturaleza de las tareas y no a los nombres o mecanismos del fraude laboral y explotación de los trabajadores.
El artículo 12 de la norma tutela en igualdad de condiciones la Ley de Contrato de Trabajo y las normas fundamentales en materia de solidaridad que nos permiten combatir el fraude laboral y el trabajo en negro. Es decir que propiciamos el trabajo decente. Es más, el artículo 12 avanza incluso mejorando el plexo normativo de la Ley de Contrato de Trabajo, porque no sólo brinda cobertura a la actividad principal sino también a la accesoria.
Vale decir que nuestro proyecto amplía los alcances del régimen general y recepta los más modernos pronunciamientos de la Cámara Nacional del Trabajo en la materia y de los principales tribunales provinciales.
El artículo 13 legisla sobre empresas subordinadas o relacionadas y vinculadas económicamente, e inclusive incorpora una previsión en relación con los contratos de colaboración empresaria y las uniones transitorias. Buscamos cerrar la posibilidad del fraude y garantizar siempre el cumplimiento de las obligaciones ante los organismos de la seguridad social y también ante el trabajador rural.
Por su parte, en el Título III avanzamos sobre las modalidades de contratación. Definido el contrato de trabajo avanzamos sobre el contrato de trabajo permanente, de prestación continua, legislando también el contrato de trabajo permanente de prestación discontinua.
Concretamente, avanzamos, legislamos y definimos el contrato de trabajo temporario. Allí se prevé que las modalidades contractuales siempre superen el régimen vigente, realizando una división de trabajadores permanentes continuos y discontinuos y eliminando expresamente la posibilidad de un período de prueba. Esto inclusive mejora el ingreso de un trabajador agrario en relación con un trabajador de los sectores industriales en nuestras ciudades, porque la Ley de Contrato de Trabajo hoy tiene el período de prueba de tres meses, que quitamos definitivamente del régimen agrario.
Asimismo, se aumenta a los trabajadores temporarios del 5 al 10 por ciento la indemnización sustitutiva por las vacaciones no gozadas en caso de extinción del contrato de trabajo.
Además, se incorpora para dichos trabajadores la percepción del sueldo anual complementario proporcional. El régimen actual no lo prevé.
Por su parte, el artículo 21 regula al trabajador permanente discontinuo, otorgándole una indemnización especial por ruptura antes de tiempo, similar a lo que prevé la Ley de Contrato de Trabajo para los trabajadores a plazo fijo.
Cabe señalar que los empleados permanentes continuos ahora tienen un reenvío expreso a la Ley de Contrato de Trabajo; comienzan a gozar del preaviso, de la integración del mes de despido y de indemnizaciones iguales a las de los trabajadores del resto de las actividades, vale decir, las indemnizaciones del artículo 245, por despido arbitrario o incausado. Esto está contemplado en el artículo 16 del proyecto.
En el Título IV se legisla sobre la vivienda, alimentación y traslado. Se disponen los recursos mínimos elementales que dignifican al trabajador agrario y a su familia. En el caso de las viviendas para el trabajador y su grupo familiar se mantienen los requisitos vigentes e incluso se agrega ahora el establecimiento de dormitorios en función de la cantidad de personas que la habitan y hasta del sexo. Es decir que se tiende a proteger a la familia.
Asimismo, el artículo 26 incorpora los deberes específicos del empleador con respecto a la vivienda que se provee a los trabajadores. El artículo 27, al igual que en el régimen actual, contempla las condiciones de alimentación de los trabajadores rurales, y el artículo 31 incorpora la obligación del empleador de proporcionar al trabajador el traslado al lugar de prestación de sus tareas cuando éste diste más de tres kilómetros, lo cual nos parece absolutamente razonable, dejándose de ver en las rutas a miles de trabajadores rurales condenados a caminar decenas de kilómetros que permanentemente deben transitar al comienzo de la jornada y al fin del día hasta volver a sus hogares.
En cuanto al Capítulo I de este título, sobre la remuneración y su pago, este plexo normativo incorpora todos los avances que presenta el régimen general. Debemos acotar que siempre tiene preeminencia en este aspecto el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 95, que define lo que es salario.
El artículo 32 mantiene en cabeza de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario la facultad de fijar las remuneraciones mínimas, aunque ahora se establece que nunca podrán ser inferiores al salario mínimo, vital y móvil, algo de lo cual ahora están excluidos.
El artículo 33 incorpora las mismas previsiones que el actual artículo 104 del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo sobre la forma de remuneración, incorporando la previsión del pago del sueldo anual complementario.
También se prevé el último párrafo del artículo 29 de este proyecto, que toma las previsiones del artículo 112, sobre la remuneración por unidad de obra.
En el artículo 34, referido a la remuneración mínima, se invierte el caso de los fenómenos meteorológicos, debiéndose ahora abonar remuneración aun en el caso de que no se pudiera realizar la tarea. El trabajador es remunerado y percibe su salario por poner a disposición del empleador su fuerza productiva y no por el trabajo efectivo. Si el clima impide que el trabajador realice su tarea, igual cobra, como en el resto de la actividad laboral, porque está poniendo a disposición su fuerza productiva.
El artículo 35 incorpora los mismos períodos de pago que contempla el artículo 126 de la Ley de Contrato de Trabajo; hay una equiparación absoluta.
También se prevé e incorpora a este estatuto la cuenta sueldo. La norma es similar a la redacción de la resolución 549/01 del Ministerio de Trabajo. En dicha resolución, y en el caso del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, se garantiza fundamentalmente para este régimen, como ocurre en el régimen general, la gratuidad de las cuentas sueldo. Por ello, en el dictamen de la comisión se incorporó inclusive este beneficio.
En cuanto a la remuneración, se mejora la bonificación por antigüedad, incorporándola al estatuto. Se incrementa el porcentaje de bonificación de los trabajadores permanentes al 1,5 por ciento para los que tienen una antigüedad mayor a diez años; para los trabajadores con menor antigüedad se mantiene el 1 por ciento. Es decir que la permanencia, la lealtad y la duración de la relación laboral durante una cantidad de años es gratificada y reconocida.
En el Capítulo II, atendiendo a viejas y nuevas prácticas que corroen el salario y afectan a muchos trabajadores, se prohíben las retenciones por mercadería. El artículo 39 del proyecto establece los límites de las deducciones y las excepciones. Prevé que sí se puede en caso de reintegro de mercadería; ahora se prohíbe el reintegro por descuento de salario. Se toma el artículo 37 de la ley vigente en materia de requisitos para el expendio de mercaderías, incorporándose un requisito más. Ahora existe la posibilidad de que el valor de la mercadería esté relacionado con un precio razonable que éstas tengan en la localidad más cercana a donde se encuentra el trabajador.
El empleador no es un revendedor de la mercadería que le da su trabajador rural. El empleador debe entregar la mercadería y valuarla a un precio tal que la puedan adquirir los pobladores de la misma región en la que se encuentra el trabajador.
Otra de las normas tutelares importantísimas que se incorporan al trabajo agrario se encuentran en el Título VI, referido a la jornada de trabajo y descanso semanal. Se establece una mejora. Ahora la jornada de trabajo del trabajador agrario es de ocho horas diarias y cuarenta y cuatro horas semanales; se establece la posibilidad de trabajar horas extra y también los límites a ellas en igualdad de condiciones respecto del resto de los trabajadores de la actividad privada.
Se establece la jornada de trabajo nocturna con las mismas características que tiene la del resto de los trabajadores.
En cuanto al descanso semanal, se introduce una modificación a la normativa vigente, ya que ahora se establece la prohibición de trabajar desde las 13 del día sábado hasta las 24 del día siguiente. En los supuestos de excepción el trabajador gozará de un descanso compensatorio dentro de los 7 días siguientes, superando al actual estatuto que prevé la posibilidad de otorgamiento de un descanso después de 15 días.
El título VII, de la Seguridad y los Riesgos del Trabajo, establece –en consonancia con las reglas vigentes‑ igual tratamiento que para el resto de los trabajadores del sector general, encuadrados en la ley de contrato de trabajo, y se incorpora la obligación del empleador de efectuar la limpieza de la ropa de trabajo cuando se manipulen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas, vale decir fundamentalmente los fertilizantes que se utilizan en la actividad agropecuaria.
Hay un título especial, el título VIII, que habla de licencias. Se establece la licencia general y se hace un reenvío expreso a la ley de contrato de trabajo. Además, se legislan licencias especiales y se incorpora un instituto novedoso que esperamos poder trasladar al régimen general de la ley de contrato de trabajo, algo totalmente novedoso. Se incluye en esta ley la licencia por paternidad de 15 días, con lo cual se supera holgadamente al régimen vigente de la actual ley de contrato de trabajo. (Aplausos.)
En cuanto al trabajo infantil se reproducen las normas recientemente incorporadas por este Congreso, que modificaron el Estatuto del Peón Rural e inclusive la propia ley de contrato de trabajo. Se modifica la edad mínima de admisión en el empleo y se la lleva a los 16 años, es decir, se aplica concretamente lo que hemos legislado en la ley 26.390.
También se regula el trabajo adolescente, previendo la igualdad de salario, no discriminando a ese trabajador que después de los 16 años se incorpora al mercado laboral.
En el Título X se habla de la promoción de empleo; en el Título XI, de la Capacitación y Formación Profesional, estableciendo normas que expresamente hablan de la responsabilidad de los empleadores, y que avanzan y apoyan lo establecido en la ley 26.058, de educación técnica profesional, que promueve a las personas al aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y aptitudes.
Fundamentalmente me quiero detener en el nuevo régimen de seguridad social. Este estatuto es importante, y lamentablemente debemos tratarlo un año y medio después de que ingresara a esta Cámara por voluntad de la señora presidenta. Se establece un nuevo régimen de seguridad social, un nuevo régimen previsional para los trabajadores agropecuarios.
Se les fija un régimen específico reduciéndose la edad jubilatoria de los actuales 65 años a 57 (Aplausos.), y se establece que deben acreditar 25 años de servicios con aportes. Se fija una contribución patronal del 2 por ciento. No se estipulan tiempos mínimos y con ello se posibilita que teniendo años de servicio en actividades no agropecuarias, se puedan computar para el reconocimiento de los aportes.
Esto implica un prorrateo que prevé la ley: por cada año de trabajo rural, el trabajador ve reducido en 3 meses y 25 días su edad jubilatoria. Es decir que si un trabajador rural trabajó 10 años, pero no los 25, igual va a poder jubilarse apenas pasados los 60 años, porque la ley apunta a receptar el mayor envejecimiento producido por los rigores climáticos y el esfuerzo del trabajo rural.
Se siguen manteniendo los organismos del régimen del trabajo agrario. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario seguirá funcionando y también seguirán funcionando las comisiones asesoras regionales. Se establece y se mantiene la autoridad de aplicación actual, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y en el régimen de disposiciones complementarias se modifica la ley 25.191.
Se modifica el actual sistema del Renatre y pasa a tener vigencia el Renatea, es decir, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Este registro seguirá proveyendo la libreta de trabajo agrario, pero fundamentalmente seguirá atendiendo las situaciones de desamparo y desempleo a través de un organismo que actúa en materia de la seguridad social e incorpora ‑ahora legislativamente- el seguro de sepelio, ya que había recibido críticas sobre la constitucionalidad de la contribución del aporte de los trabajadores.
No es cierto, como se nos dijo en el ámbito de las comisiones donde se trató este proyecto, que se duplican contribuciones o tributos. Existe una contribución patronal con destino a solventar el régimen de desempleo, pero ahora existe y se crea por esta ley un aporte de los trabajadores destinado a solventar el seguro de sepelio.
Quiero acotar que, en relación con el otro dictamen, tenemos algunas diferencias, pero a nuestro entender las diferencias son propositivas de nuestro proyecto, pues nosotros eliminamos el período de prueba mientras que el otro dictamen no lo hace. El período de prueba de tres meses es lo que otorga la precariedad. El trabajador rural que es contratado para tareas continuas y permanentes es un trabajador permanente por el solo hecho de ingresar al menos un día.
Se fija el límite máximo de la jornada para los menores de 16 años. El otro proyecto no lo fija y establece 6 horas diarias y 34 horas semanales. El nuestro habla de 6 horas y 32 horas semanales.
Para el caso de despido sin causa del trabajador permanente se establece la prestación discontinua, además de la indemnización del artículo 245, es decir, la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios. El otro dictamen no la prevé.
En los casos de contratación, subcontratación y cesión, se establece la responsabilidad solidaria en las obligaciones emergentes de la relación laboral en forma mucho más amplia, ya que se incorpora a las actividades accesorias. El otro dictamen no lo prevé.
Se incluye la licencia por paternidad para el personal permanente de prestación continua. El otro dictamen no lo prevé.
Se incrementa el porcentaje de bonificación por antigüedad al 1,5 por ciento para los trabajadores con una antigüedad mayor a diez años. El otro dictamen no lo prevé.
Se prohíbe al empleador compensar, retener, descontar o deducir del salario, en forma directa, el valor de las mercaderías expendidas del establecimiento. El otro dictamen no lo prevé.
Se agrega la posibilidad de fijar remuneración por hora.
Se introduce el instituto de horas extraordinarias, fijando un límite máximo y recogiendo el límite actual para el resto de los trabajadores de la actividad industrial dispuesto en el decreto 484/2000.
Se establece la obligación del empleador de limpieza de ropa de trabajo.
En los casos de accidente o enfermedad inculpable, la obligación de dar aviso al empleador deberá realizarse en el transcurso de las primeras dos jornadas de trabajo respecto de la cual el trabajador estuviese imposibilitado de concurrir, no de trabajar.
Además, se establece la obligación de pago a través de cuentas bancarias.
En suma, señor presidente, sabemos que tenemos diferencias con el otro dictamen, pero creemos que nuestros aportes son positivos. Además, nuestro proyecto no es inmutable, como no lo es ninguna ley. Esta iniciativa es perfectible y nos comprometemos, como lo hacemos permanentemente en relación con el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo, a receptar inquietudes, a avanzar y mejorar.
El principio constitucional de progresividad se construye diariamente con esfuerzo, con trabajo parlamentario y con compromiso gubernamental. Este gobierno y este Parlamento han dado muestras de que quieren cumplir, y lo están haciendo.
Esta nueva iniciativa que queremos sancionar se inscribe decididamente en lo mejor del constitucionalismo social y en la ejecución concreta del principio de progresividad, mejorando los derechos de cientos de miles de trabajadores argentinos.
Hoy se incorporan la totalidad de los institutos tuitivos y protectorios que tienen el resto de los trabajadores del derecho privado.
Para concluir, este proyecto de ley viene a seguir construyendo el denominado círculo virtuoso que se inició con la sanción de la ley 25.877, allá por marzo de 2004, a instancias del presidente Néstor Kirchner. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- A instancias de plantear una salvedad por omisión de esta Presidencia, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Gil Lavedra.- Señor presidente: en realidad quiero aclarar la situación que dio lugar al incidente que tuvimos hace unos instantes. En este sentido, debo decir que cuando estaba por finalizar el tratamiento de la ley penal tributaria conversamos acerca de la posibilidad de continuar con la sesión, ante lo cual le expresé que si la mayoría se manifestaba en tal sentido, la voluntad de la Unión Cívica Radical sería no continuar con la sesión y pedir un cuarto intermedio. Por eso, le dije que iba a pedir la palabra para poder solicitar ese cuarto intermedio, y una vez que se votara mi moción, nos sujetaríamos a la decisión del cuerpo.
Usted ya me aclaró que por un error no se adoptó ese procedimiento y se impidió que el cuerpo se pudiera pronunciar.
Sin duda, la mayoría es la que fija la voluntad del cuerpo. Nosotros sostuvimos que llevábamos muchas horas de sesión y que se estaba alterando lo que previamente habíamos acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. En esa reunión, acordamos un plan de trabajo que fue desconocido, lo cual ameritaba la posibilidad de hacer un cuarto intermedio. Pero si la mayoría ‑que, repito, expresa la voluntad de esta Honorable Cámara‑ quiere proseguir con la sesión, aun contra nuestra voluntad, debo expresar que es voluntad de este bloque –esto no lo pude decir en su momento producto de ese incidente‑ someternos a la voluntad del cuerpo, porque no vamos a rehuir el debate de proyectos que entendemos que son muy importantes. Es decir que en ese caso pensábamos permanecer y participar del debate.

Sr. Presidente (Domínguez).- Gracias por su aclaración, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Chaco.

Sr. Orsolini.- Señor presidente: es doble mi lamento, sobre todo por lo que hoy está sucediendo aquí, ya que si hubiésemos respetado lo pactado no estaríamos tan cansados a esta altura de la madrugada debatiendo dos asuntos que son muy importantes para el sector agropecuario. Cuando hablo del sector agropecuario me refiero tanto a los trabajadores rurales como a los empleadores de este sector del país.
Decía que estaba doblemente preocupado, porque este régimen de trabajo agrario venía siendo analizado por la Comisión de Legislación del Trabajo, y prácticamente ya nos habíamos puesto de acuerdo en más de un 60 por ciento del texto. Pero lamentablemente la premura que se tuvo al incluir estos proyectos en la convocatoria a sesiones extraordinarias nos privó de llegar a un texto consensuado. Esto es lo que realmente estábamos buscando, porque es lo que merecen los trabajadores y los empleadores para alcanzar la armonía en un sector tan importante del trabajo argentino.
Desde la Unión Cívica Radical sabemos cuál es la necesidad de regular el régimen de trabajo agrario. Sabemos también que hoy nos regimos por una ley que si bien no es de la dictadura, fue modificada por ese gobierno.
Por estos motivos, adelanto que vamos a apoyar en general la aprobación de este proyecto, y en la discusión en particular vamos a votar afirmativamente los artículos hasta el 105, inclusive. Pero a partir del artículo 106 no vamos a acompañar el texto que nos propone el bloque oficialista porque, tal como lo manifesté ayer en el plenario de las comisiones, entendemos que se quiere estatizar el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, creado por la ley 25.191.
Como también se manifestó durante la discusión del proyecto vinculado con Papel Prensa, esto me suena a revanchismo. Sinceramente, pensaba que esa era una etapa que habíamos superado, porque cuando la señora presidente prestó juramento el 10 de diciembre en este recinto, nos dijo que íbamos a transitar caminos de cordura y de diálogo, la hayamos votado o no, porque en un contexto mundial tan difícil teníamos que trabajar todos juntos.
Cabe recordar que la ley por la que se creó este registro se sancionó en 1999, pero comenzó a funcionar en 2002 producto de una ausencia del Estado en el área de la seguridad social de los trabajadores rurales. Recordemos también que en aquel momento los empleadores hacíamos los aportes a la ANSES –me refiero especialmente a los trabajadores rurales‑ para pagarles el subsidio de desempleo, y ellos no cobraban cuando tenían la desgracia o la mala racha de quedarse sin trabajo.
Entonces, este ente vino realmente a subsanar un problema muy grave como era el de quedarse sin trabajo y no cobrar nada hasta poder conseguir otro.
El RENATRE es un organismo de derecho público no estatal con control del Estado. Si se ha cometido algún error en algún caso creo que hay una gran responsabilidad del Estado porque los síndicos son los encargados del funcionamiento.
Ahora es muy difícil, y por eso yo decía que se está buscando un revanchismo. Hablo con alguna autoridad que me da el hecho de haber estado integrando el cuerpo del RENATRE desde el año 2002, en que se conformó, hasta 2006.
En el último tramo entre 2005 y 2006 tuve el honor de presidir el ente. Es un ente al que la ley lo ajusta de manera tal que no se puede hacer ningún tipo de cosas graves.
Hay que ocupar el 10 por ciento previsto por la ley para los gastos de estructura y el resto será depositado para que realmente los trabajadores tengan la seguridad en los bancos públicos en el sentido de que ellos van a tener asegurado todo lo que hace a la cobertura del subsidio de desempleo.
Quiero decirles también que es para que los trabajadores se blanqueen y cuenten con la libreta del trabajador rural. En ese momento había 250 mil trabajadores rurales registrados y hoy hay más de 850 mil.
Teniendo en cuenta que se me está acabando el tiempo y que tenía mucho para decir, debo señalar que el RENATRE hasta hoy, en estos últimos siete años, desde 2004 en que se empieza a dar la prestación por desempleo, lleva pagados 210.906.859,57 de pesos del subsidio de desempleo.
Quiero saber si no hubiera existido el Registro, si la Anses no pagaba como hasta ese momento, si no hubiera estado este subsistema de seguridad social, ¿dónde iban a estar cobrando estos trabajadores esos 210 millones de pesos, los que hubieran ido a otro lugar, a un lugar que no sabemos cuál es?
Señor presidente: tenía mucho para expresar, pero se me acaba el tiempo y quiero decirles que por todo lo señalado rechazamos enfáticamente, desde el artículo 106 en adelante, la modificación de la ley 25.191, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy, quien dispone de siete minutos.

Sr. Giubergia.- Señor presidente: qué difícil es venir a tratar una norma de esta naturaleza que viene a reconocer y a dar derechos a los trabajadores rurales. Hubiese sido importante que las gradas y los palcos del recinto estuviesen ocupados por los trabajadores rurales, a fin de que pudiesen observar cómo la Cámara de Diputados trabaja, se interesa y defiende sus derechos.
Pero vemos que aquí prima el apuro. Hay que sacar las leyes a los empujones y llevarse por delante las cosas para cobrar viejas deudas o revanchismos, debido a que en alguna oportunidad los trabajadores rurales salieron a acompañar a los pequeños productores en las rutas. No creemos que esta sea la forma de sancionar un proyecto de ley.
Lamento que no se encuentre por razones de enfermedad el presidente de la Comisión de Trabajo, doctor Recalde, con quien hemos trabajado en la comisión que preside durante todo este tiempo a fin de acordar un proyecto común, que habíamos consensuado en más de un 60 por ciento, pues no había ninguna intención de sacar alguna ventaja política o cobrar revanchas.
Estábamos trabajando en esa comisión y creo que hubiésemos avanzado en el proyecto, sin persecuciones y sin tener el estigma de saber que se trata de una iniciativa que tiene como objetivo fundamental cobrar una vieja deuda a algunos dirigentes gremiales, que osaron no someterse al poder.
Desde la Unión Cívica Radical acompañamos en general este proyecto, que tiene mucho de la norma a la que hizo referencia el señor diputado Pais. También es necesario saber que vamos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Sería interesante que nos digan, ya que se quiere cobrar una revancha a los trabajadores, qué ocurrió con los recursos y dineros del ONCCA, donde estaban implicados funcionarios y se discontinuaron las investigaciones.
De todos modos, el partido al que tengo el orgullo de pertenecer viene a ratificar una vez más, como decía Alem, que está al lado de los desposeídos. Nosotros ahora estamos al lado de los trabajadores rurales, quienes en la República Argentina vienen siendo olvidados. Por eso es necesario sancionar esta norma, a fin de que tengan derechos reales, claros y concretos, lo que no ocurre hoy.
Por eso, en el proyecto del Poder Ejecutivo cuestionamos la definición de actividad agraria del artículo 5°, el ámbito rural del artículo 6° y el contrato de trabajo agrario del artículo 11. El Poder Ejecutivo propone en el articulado una interpretación restrictiva y regresiva. Minimiza el universo de los sujetos involucrados y el ámbito de aplicación de la normativa en particular.
En cuanto a la definición de actividad agraria se observa que el proyecto del Poder Ejecutivo al no definirla aplica un criterio restrictivo ya que establece “siempre que esto no haya sido sometido a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrolle en un ámbito rural”. Plantea un criterio restrictivo en materia de interpretación subordinando su existencia al criterio geográfico territorial de prestación de las tareas, desechando el principio de primacía de la realidad y de naturaleza de la actividad agraria. Es sabido que existen actividades de naturaleza agraria que se desarrollan fuera del ámbito rural.
Tengo muchas más cuestiones para plantear pero se nos acaba el tiempo. Quisiera entonces que el señor diputado Pais me escuche porque respecto del artículo 78 vamos a proponer una modificación, ya que los trabajadores del surco en la caña de azúcar, tanto en mi provincia como en Tucumán y Salta, los viñateros de San Juan y Mendoza, tienen derecho a acceder a este beneficio incluido en la sanción que por unanimidad dio el Senado el 27 de julio de 2011, sobre la base de un proyecto de los senadores de la UCR, de mi provincia y del senador Morales.
Cuando el artículo 78 dice: “Beneficios jubilatorios.- Establécese que los trabajadores rurales comprendidos en el régimen nacional de trabajo agrario y aquellos que realicen tareas agropecuarias en la agroindustria, gozarán de un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder a la jubilación ordinaria cuando alcancen la edad de 57 años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes computables en dicho régimen.” (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Forte.- Señor presidente: sin duda estamos avanzando en una ley muy importante, que venía postergada y que realmente la merecen nuestros compañeros de laburo, los trabajadores rurales.
Lástima, y qué paradoja, que después de tanto tiempo venimos a discutir una ley para los que laburan a la intemperie y de sol a sol y nos tenemos que estar escondiendo de noche, a la madrugada, por miedo a las expresiones populares. La verdad que es una paradoja bastante negativa para mi gusto, señor presidente.
Es una ley que como ya dijo otro diputado de mi bancada vamos a acompañar en general. El radicalismo está convencido que tenemos que avanzar en los derechos que les corresponden y también formalizar mediante una ley muchos beneficios que de hecho están teniendo los trabajadores rurales.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
Sr. Forte.- Señora presidenta: sin duda para los pequeños y medianos productores de la Argentina el trabajador agropecuario o rural no es ni más ni menos que un amigo, un compañero de laburo con el que se comparten muchísimas cosas, penas, alegrías, trabajos y demás. Por eso vale la pena venir a desmentir lo que por ahí se dice de que reciben maltrato o que hay trabajo en negro. Por ahí es cierto. No venimos a decir que está todo bien, pero sí queremos señalar que el hecho de que existan las excepciones, que haya trabajo en negro, que el trabajador no viva tan dignamente como merece, es culpa de la patronal; pero muchísima culpa tiene también el Estado por estar ausente al momento de controlar que su gente viva de manera digna. Cuando alguien no cumple las leyes debe haber un Estado que lo obligue a cumplirlas.
En varios medios de comunicación totalmente objetivos, que no distorsionan la información y se expresan sin ningún sentimiento o corrimiento ideológico o propagandístico, como Página 12 o 6, 7, 8, se ha señalado que por culpa de las patronales o de los gremios o de la burocracia el empleado rural es el peor pago. Es cierto, el empleado rural hoy no percibe grandes salarios, y podría estar gozando de un 37,5 por ciento de aumento de convenio colectivo de trabajo entre la patronal y los empleados, pero no es así porque el Ministerio de Trabajo no homologa más que un 25 por ciento. Entonces, si el empleado rural no recibe el aumento que se merece el culpable es este gobierno, que se dice nacional y popular. No busquen culpables en otro lado.
Me impresiona que en este ámbito parlamentario no se pueda parlamentar, que no podamos discutir en razón de la urgencia por aprobar leyes después de ocho años de gobierno. Acá se están escondiendo por la eliminación del Renatre y la persecución a un gremio. Se dice que hay persecuciones ideológicas, revanchismos y egoísmos, y esto tiene mucho de verdad. Se sospecha que hay mucha bronca acumulada, y esto es grave, ya que un gobierno debe unir posiciones y no dividir al pueblo argentino. De todas formas, ello forma parte de otra discusión.
Lo peor, señora presidenta, es que detrás de ese revanchismo, de esa supuesta venganza, terminamos contradiciendo los mensajes de la presidenta de la Nación. Yo le creo cuando dice que no gobierna para las corporaciones, pero lamentablemente tiene un bloque oficialista que viene a legislar para ellas.
Partir al gremio en cuatro pedazos no afecta a los pequeños y medianos productores, que podrán tener uno, dos o cinco empleados. Las grandes corporaciones, que en muchos casos son multinacionales, amigas del gobierno y subsidiadas por él, tienen entre doscientos y trescientos empleados. Aquí tenemos amigos que provienen del gremialismo y explicarán estas cuestiones mejor que yo.
En una empresa rodeada por dos sindicatos, el trabajador puede hacerse más fuerte y defender sus derechos; pero no sucede lo mismo cuando se los divide entre cuatro, cinco, seis u ocho sindicatos. Cuando las cosas son más difíciles para el trabajador, son mucho más fáciles para el patrón.
Reitero: el bloque oficialista viene a legislar para las grandes corporaciones. Detrás de ese disfraz se viene a convalidar esa hermosa amistad; ya no se dicen “señora presidenta” y “señor presidente de la UIA”, ahora se dicen “Cristina” y “Vasco”. Entonces, si son amigos de unos no pueden ser amigos de los otros, porque eso es incompatible.
Alguna vez se dijo “Al enemigo, ni justicia”. Ya nos olvidamos de eso. En un gobierno peronista mucho más cercano, se dijo “Ramal que para, ramal que cierra”.
Y ahora, en otro gobierno peronista, se viene a decir: “Gremio que no es adicto, gremio que no es leal, gremio que desaparece.” (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Juri.- Señora presidenta: en representación de los legisladores de la Unión Cívica Radical, y en particular de quienes provenimos de provincias donde la actividad vitivinícola genera miles de puestos de trabajo, venimos a solicitar que esos miles de trabajadores sean incluidos en el régimen previsional del peón rural previsto por el Poder Ejecutivo que estamos tratando en este recinto.
Nos resulta de una discriminación inaceptable que algunos trabajadores rurales consigan con total justicia la sanción de esta norma para poder jubilarse anticipadamente a los cincuenta y siete años con veinticinco de servicio, cuando los trabajadores vitivinícolas que desarrollan sus labores en condiciones similares aún no pueden hacerlo.
Es cierto que los trabajadores vitivinícolas, mediante los convenios colectivos de trabajo, han conseguido logros que algunos peones rurales todavía no tienen: la limitación de la jornada laboral, por ejemplo.
También es cierto que nosotros necesitamos igualar las condiciones de todos los trabajadores. Además, quisiera decir que hace poco más de un año la presidenta de la Nación declaraba al vino como bebida nacional.
Lamento que no esté presente en este momento el presidente de la Cámara, porque él sabe muy bien de lo que estoy hablando, ya que ha trabajado mucho en ese sentido.
Resultaría menos explicable que quienes hacen posible que nos enorgullezcamos todos los argentinos del vino como bebida nacional, no puedan gozar de este beneficio. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Rogel.- Señora presidenta: ha quedado en claro que el bloque de la Unión Cívica Radical acompañará la sanción de este proyecto hasta el artículo 105, por considerar importantes estas mejoras para los trabajadores rurales.
Mi misión en estos pocos minutos que tengo para hablar consiste en decir por qué no vamos a acompañar desde el artículo 106 en adelante. No lo haremos por dos motivos.
Desde 1983 todos hemos ido sentándonos sanamente en el banquillo de los acusados, desde la política pasando por todos los sectores.
Algunos actores de la vida nacional todavía no han rendido cuentas. Uno de ellos es el sector financiero. Espero que finalmente la señora presidente posibilite ese debate. El otro sector es el gremial.
No vamos a acompañar la desaparición del RENATRE, no porque avalemos la conducción, que ha sido denunciada. Todos sabemos de los buenos o malos manejos que existen en varios gremios, pero en la Argentina falta el debate acerca de la separación fundamental que debe existir entre la representación gremial y las obras sociales.
La distribución de medicamentos vencidos en la a enfermos de sida y a personas con enfermedades oncológicas nos debería avergonzar tanto como para llegar a un sistema único de salud, como lo querían Ramón Carrillo –peronista- y Oñativia, ministro de Salud de Arturo Illia.
Por lo tanto, hasta tanto el Congreso Nacional, con mayoría justicialista, no traiga al debate la recomposición del sistema gremial con representación de las minorías y se separe con claridad lo que es la representación gremial del manejo de las obras sociales, no vamos a acompañar la desaparición de un sistema como el RENATRE, más allá de las internas peronistas a las que tan acostumbrados nos tienen, más allá de los conflictos entre Duhalde, Venegas, los Kirchner y compañía.
Mientras el Congreso de la Nación no habilite la discusión central sobre cuál es el modelo gremial y sobre ir por un seguro único de salud que distinga la representación gremial de las obras sociales, no vamos a acompañar este tipo de iniciativas. Una cosa es la burocracia sindical, que puede estar involucrada en algunos delitos o malos manejos, y otra distinta –como han dicho muchos legisladores nuestros- son los avances que han tenido los trabajadores más pobres de este país, que son los rurales.
Por las razones expuestas, no vamos a acompañar desde el artículo 106 en adelante. En cuanto al resto, que los actores políticos se hagan cargo de los revanchismos que puedan llevar adelante. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Casañas.- Señor presidente: agradezco al señor diputado Rossi que piense en nosotros, los diputados del interior, y haya apurado esta sesión para terminar en el día de hoy.
Indudablemente muchos legisladores mañana podrán estar en Santa Fe seguros y tranquilos cuando el Momo Venegas aparezca con su gente...

Sr. Depetri.- ¡Mirá, qué miedo que tenemos!

Sr. Casañas.- Realmente, a pesar del 54 por ciento de los votos, se notan muchas grietas y miedos.
Es cierto que el peón rural tiene algunas cosas buenas y otras malas, pero también es verdad que puede opinar. Hoy en este recinto, con el atropello efectuado por el kirchnerismo y por el presidente de esta Cámara, hubo muchos diputados que no pudieron opinar, y eso es lamentable. En la Comisión de Labor Parlamentaria se acordó algo que no se respetó. Ni siquiera había Orden del Día.
Yendo al tema que nos preocupa, esto es, los beneficios para el trabajador rural, el artículo 3° habla de exclusiones y cosas que no comparto; por ejemplo, donde dice que este régimen legal no se aplicará al personal afectado exclusiva o principalmente a actividades industriales, de transporte o servicios. Debo decir que el 70 por ciento de la producción agropecuaria tiene lugar en campos arrendados, y esto se maneja con contratistas. Hay contratistas de siembra, de cosecha, de pulverizaciones. Son muchísimos peones rurales que no van a resultar beneficiados.
También se dice que va a quedar excluido el personal afectado a la cosecha. Tal como lo dijo el diputado Giubergia, en el NOA y en el NEA, donde hay cultivos intensivos, hay muchísima mano de obra que trabaja en cosecha manual y mecánica. La cosecha manual se utiliza, por ejemplo, en el caso del limón, de la caña de azúcar y otros cultivos. Esos trabajadores tampoco van a ser contenidos en este régimen de beneficios para el trabajador rural.
Por lo tanto, me parece que hubiera sido positivo el debate entre los distintos bloques a fin de hacer algunos aportes para mejorar esta norma.
Asimismo, en el artículo 106 se elimina el Renatre y se crea el Renatea mediante la modificación de la ley 25.191. En 1991, cuando se creó el Renatre, había 15.000 trabajadores, mientras que hoy son más de 800.000, que se encuentran en una situación totalmente normalizada.
Hay muchas zonas en las que el Estado está ausente, pero los empleados están registrados y se capacitan gracias a la presencia del Renatre. No voy a defender al gremio del Momo Venegas, pero hay que reconocer que está haciendo bien varias cosas. Por ejemplo, hay que reconocer el diálogo permanente con el empresariado. Hace algún tiempo los empresarios rurales, junto con el gremio, llegaron a un acuerdo para aumentar el salario en un 35 por ciento, pero este gobierno no lo avaló y sólo aceptó que fuera hasta el 25 por ciento.
Somos muchos los que estamos preocupados por mejorar la situación de los empleados rurales, pero desafortunadamente no vamos a poder acompañar este proyecto, que debería responder a una política de Estado. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mouillerón.- Señora presidenta: en realidad es cierto y lamentable que a esta altura de la madrugada, casi entre gallos y medianoche –aunque de gallos nos queda poco a esta hora y la medianoche ya está avanzada; estamos entrando de verdad en la madrugada‑, vengamos a tratar una de las leyes más importantes que hacen a las relaciones laborales que haya tratado este Congreso, sobre todo en estos últimos tiempos. Dos leyes fundamentales llegaron por pedido y presentación de distintos diputados, pero también reconocemos que el Poder Ejecutivo hizo llegar a este cuerpo el pedido de que tratemos estos temas.
El primer proyecto que abordamos, a requerimiento especial de la señora presidenta, fue el referido a la ley de trabajadores de casas de familia, o la llamada ley de trabajadores o empleados domésticos. Creo que después de mucho tiempo de análisis, de larga discusión y muchísima paciencia, y gracias también a la conducción de la Comisión de Legislación del Trabajo por parte del doctor Recalde, logramos que este cuerpo aprobara por unanimidad una ley de esa naturaleza y tan contradictoria, atendiendo más de diez proyectos que se encontraban en la casa.
Es lamentable la suerte que corrió esa ley cuyo tratamiento había solicitado la presidenta que se hiciera con premura y que muchos de nosotros nos esforzamos para que, de una buena vez y después de muchísimos años de su no tratamiento en esta Cámara, se lograra esa posibilidad cierta para que los trabajadores domésticos tuvieran la ley que los protegiera en sus derechos. Ese proyecto hoy duerme, después de ocho meses, en el Senado. Fue votado en general y a partir de esa votación se paró la ley.
Yo me pregunto: ¿no nos pasará lo mismo con este proyecto que estamos tratando esta noche, por votarlo un poco de atropellados y revoleando el poncho? Porque yo creo –lo dije en la reunión de comisión‑ que si nos hubiéramos tomado unos días más, dentro de la propia convocatoria a sesiones extraordinaria seguramente habríamos encontrado una solución para aunar los criterios. El proyecto que patrociné junto con otros compañeros diputados no es una iniciativa personal sino que tiene el consenso de la representación de los trabajadores y de la representación de los empleadores de trabajadores rurales, algo que acá todavía no se ha dicho.
El proyecto que presentamos viene acompañado por la firma de las instituciones del campo, pero como si esto fuera poco, en la última reunión de comisión en la que tratamos estas iniciativas ‑y nos trazamos un camino para llegar a una conclusión definitiva‑ a pedido de la UATRE convocamos al gremio para que viniera a dar sus explicaciones sobre el proyecto; además, se convocó a todas las instituciones del campo, las que estaban de acuerdo con el proyecto que patrocinamos y también las que estaban de acuerdo inicialmente con el proyecto que elevó el Poder Ejecutivo. También vinieron otras representaciones gremiales, aunque en verdad no estaban los trabajadores. Vino algún abogado del gremio de la fruta a plantear algún grado de disidencia.
Más allá del avance, porque la norma estaba analizada en más de un 60 por ciento, ese día las instituciones, incluida la CAME, que de alguna manera venía a apoyar el proyecto del Poder Ejecutivo, dieron las razones suficientes para respaldar el proyecto que hoy venimos a defender a través del dictamen de comisión.
Tal como dije, este proyecto no es personal, sino que es una iniciativa que se viene impulsando en nuestro país a partir del año 1995. Si en algo me siento involucrado es porque durante mucho tiempo formé parte del staff de funcionarios del hoy Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
A instancias en aquel entonces del ministro Díaz Bancalari empezamos a trabajar de manera mancomunada con el gremio para lograr luego de una larga lucha la libreta de trabajo y el Renatre.
En 1995 se presentó un proyecto que cayó y se volvió a presentar en el 97. Finalmente, en el año 99 se votó. El proyecto fue girado al Senado y debió ser convalidado por los dos tercios de este recinto para que finalmente pudiera convertirse en ley. Estoy seguro de que muchos de los diputados que aquí están trataron esa ley y la votaron favorablemente. Estoy seguro de que la bancada oficialista aportó para formar los dos tercios que hacían falta para la aprobación de la ley. Seguramente en ese entonces estaba la señora presidenta sentada en este recinto.
Este proyecto viene siendo trabajado desde hace muchísimos años. Una ley de la complejidad que tiene esta, que da los derechos a los trabajadores rurales, no es una ley sencilla. Efectivamente, el trabajo rural tiene muchas particularidades, como aquí se ha señalado, y una ley por sí sola no funciona si después no se la acompaña con organismos, con espacios de trabajo que puedan hacerla cumplir. Y esto se da mucho más con los trabajadores rurales.
Ustedes saben que son una masa de trabajadores diseminados por el país, y no sucede como en otras asociaciones gremiales, donde los trabajadores están concentrados. Además hay una diversidad de tareas que hace que la complejidad sea mucho mayor.
La ley que finalmente dio lugar a la creación del Renatre fue todo un acierto. Tan así es que yo participé de la reunión de la OIT ‑que presidía un señor que nos acompañó el día sábado en el momento en que juraba la presidenta, que es el secretario general de la OIT‑ que resaltó que esta posibilidad que se daba en Argentina merecía ser copiada por los países más avanzados.
Creo que eso le ha valido al actual secretario de la UATRE tener también un reconocimiento de tipo internacional al frente de los trabajadores rurales.
Quiere decir que tan mal no se hicieron las cosas. Fui cuatro años presidente del Consejo Federal, acompañando al doctor Tomada y a Noemí Rial. En definitiva, acompañando a Néstor Kirchner. Si había algo permanente dentro del temario de las reuniones del Consejo Federal era, precisamente, la discusión de cómo hacer para implementar con mayor acierto el funcionamiento del Renatre y la aplicación de las normas que se iban dictando a través del funcionamiento de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario y de la Comisión Nacional de Trabajadores Rurales.
Más allá de que disentimos en algunos aspectos, obviamente que en términos generales tanto el proyecto que envía el Poder Ejecutivo como el que nosotros patrocinamos –que es esa iniciativa que digo que está apoyada por el conjunto de los trabajadores y los empleadores-, lo que ambas iniciativas hacen es incorporar un gran paraguas, que es la Ley de Contrato de Trabajo.
Pero todas las particularidades de este proyecto de ley, tal como señaló el doctor Pais, son ni más ni menos que las resoluciones que tomó la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y que ahora se las lleva al rango de ley. Bienvenido sea. Nosotros vamos a estar de acuerdo.
A diferencia del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, esta iniciativa tiene consenso de las instituciones representativas de los trabajadores del campo y de los empleadores de los trabajadores del campo, y se diferencia en algunas cosas que yo voy a particularizar. No lo haré en demasía porque no tenemos mucho tiempo y, en segundo lugar, porque voy a insertar en el Diario de Sesiones una fundamentación más acabada, artículo por artículo, donde los señores diputados van a poder observar que hay amplias coincidencias con el proyecto del Poder Ejecutivo.
Me voy a referir a tres temas centrales que, para mí, son los que están en discusión. Por eso, en la comisión pedí un plazo de 48 o 72 horas, o dos a cinco días, en el marco de esta convocatoria a sesiones extraordinarias, para tratar esta iniciativa. No estoy pidiendo que es trate en enero, febrero o marzo, sino que solicito que lo tratemos con celeridad. Estoy buscando un espacio para acordar, porque las diferencias, a mi criterio, no son muchas.
Sí nos diferenciamos en lo que significa la aplicación de la ley que pretende el Poder Ejecutivo y la que nosotros patrocinamos en el ámbito de aplicación.
El Poder Ejecutivo instala un criterio geográfico para la aplicación de la ley y determina cuál es el ámbito rural, aspecto con el que nosotros no estamos de acuerdo; después voy a explicitar por qué. En cambio, nuestra iniciativa lo hace a través de la naturaleza de la actividad tal cual hoy está funcionando. Cuando digo que es equivocado el criterio geográfico para establecer el ámbito de aplicación. Lo hago porque establece que trabajadores rurales son aquellos que trabajan donde hay campo, pasto, alambrado, tranquera, etcétera. Cuando nos empezamos a aproximar a un pueblo las actividades empiezan a reducirse y, a partir de ahí, si empezamos a aplicar este criterio, vamos a atomizar la representación de los trabajadores en tantos gremios que se va a debilitar la defensa de dichos trabajadores.
Por eso, nosotros sostenemos que la actividad del trabajo agrario se debe definir, precisamente, por su naturaleza. Aquí creo que reside una de las principales diferencias.
La segunda es el tema de la bolsa de trabajadores rurales. Hoy el Poder Ejecutivo intenta dejar de lado lo que sería una suerte de oficina de empleo, donde se iría a buscar a los trabajadores rurales cuando el empleador necesite de ellos.
Pido disculpas a mis compañeros peronistas, pero me parece que se están equivocando en este sentido, porque si hay algo que es esencial dentro del gremio de los trabajadores rurales es la bolsa de trabajo. Yo contaba a algunos de mis compañeros que mi padre era un trabajador rural y, aunque era un niño, recuerdo cómo lo venían a convocar para el trabajo. Él era apenas un domador de caballos de tiro, que eran los que se preparaban no para una doma sino para tirar del arado, las rastras, la sembradora, etcétera. Era un amansador de caballos, así que lo venían a convocar. Por lo tanto, sé cuál era el criterio de búsqueda.
¿Saben dónde se buscaba a los trabajadores rurales? En la orilla de los pueblos y en los boliches. ¿Saben con qué facilidad los iban a buscar y se los llevaban para luego pagarles lo que se les ocurriera? En esto también coincido con el señor diputado Pais, porque fue el general Perón quien vino a ordenar toda esta situación.
Por otro lado, quisiera contarles algo, no ya sobre mi padre sino sobre un gallego que había escapado de la Guerra Civil Española. Era un anarquista que andaba recorriendo las estancias por Tandil, cazando pajaritos y comprando gallos viejos. Lo hacía con el único objetivo de poder entrar a las estancias y registrar a los trabajadores, con lo cual en el momento en que entró en vigencia la ley impulsada por Perón este gallego anarquista –bastante ligero y gremialista‑ ya contaba con un listado de trabajadores como para empezar a ejercitar el derecho que les correspondía.
Digo estas cosas para que sepamos que el tema de la bolsa de trabajo no es, como muchos dicen, un ámbito en el que el gremio hace y deshace lo que quiere e impone sus condiciones. Podrá haber alguna picardía, como ocurre en toda actividad –incluso en esta propia Cámara‑, pero no más que eso. En definitiva, lo que consigue el gremio al ejercer el control es que el trabajador cobre en blanco, como corresponde, y esté protegido por lo que hoy es el Renatre, a través de la obra social y todo lo que necesita un trabajador a destajo o de temporada, que fueron más descuidados en lo que hace a sus derechos.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que se deje de lado al Renatre, inventando una Renatea que es una mala copia de este sistema, que a su vez desplaza el auténtico tripartismo, que en su momento fue elogiado por la Organización Internacional del Trabajo y que hoy forma parte de la constitución de ese organismo. Digo esto porque en él hay cuatro representantes de los trabajadores rurales –uno por cada una de las entidades representativas de los empleadores del campo‑ y dos síndicos que designa el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, encargados de controlar al Renatre. Esto permite que los trabajadores desocupados cobren un fondo de desempleo, el doble de lo que cobra cualquier otro trabajador. Cuando hoy un trabajador desocupado cobra un fondo de 480 pesos, el Renatre paga 960 pesos. Quiere decir que tan mal no anda el Renatre y la finalidad para la que se creó la está cumpliendo holgadamente. Además está la capacitación del trabajador y obviamente debo decirlo no lo hace solo, generalmente lo hace por convenio, con otras instituciones, con el propio Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo de las provincias y demás.
Así que también nosotros en ese sentido no vamos a estar de acuerdo con que se deje de lado al Renatre para convertirse en una Renatea, porque en definitiva –algunos hablan de que ésa es la caja‑ a lo mejor si la caja la manejan unos ponen el grito en el cielo, pero si la va a manejar el Estado pareciera que va a funcionar mucho mejor.
Yo estoy convencido de que las cosas funcionan mejor cuando las tres partes son las que acuerdan para el cumplimiento de la normativa, que es el propio RENATRE establecido y el contralor del Estado.
Dado que me queda poco tiempo, puedo decir que vamos a votar en general -nuestro bloque de Unión Peronista- en contra de la ley y lo vamos a hacer porque el espíritu de la ley contradice y deja de lado conquistas que costaron muchísima sangre a los trabajadores rurales, desde el gallego Soto y hasta Facón Grande, muchos dejaron su vida en aras de esas conquistas.
Por lo tanto, reitero que vamos a votar en general en contra porque entendemos que esta ley es menos beneficiosa que la que estábamos planteando. De todas maneras, como estoy seguro de que va a tener suficiente aprobación el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, durante el tratamiento en particular vamos a votar en contra de los artículos que hablan de estos tres institutos a los que hice mención, o sea el ámbito de aplicación, la bolsa para los trabajadores y el RENATRE. En esos artículos vamos a reafirmar el voto negativo y en el resto, que son más o menos unos 100 artículos más, los vamos a acompañar porque los artículos son precisamente los que tienen que ver con la aplicación de la ley de contrato de trabajo y la aplicación de resoluciones establecidas ya no por una gracia de este gobierno sino por el trabajo también tripartito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
Permítaseme un segundo más para decirles que esta ley trae igual beneficio.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se ha acabado su tiempo, señor diputado.

Sr. Mouillerón.- Señora presidenta: en este proyecto de ley lamentablemente subyace un espíritu de revancha hacia alguien que conduce este gremio, por la manera que lo viene conduciendo. Debo decir a mis compañeros que muchos de ellos son más amigos que yo, que se sacaron muchas más fotos y tuvieron muchos más abrazos que yo, que me parece que se están equivocando cuando dejan de lado o insisten a través de la ley, apretando a alguien que por ahí a lo mejor desde el punto de vista político no coincide con el oficialismo, es decir, se le está haciendo casi la vida imposible.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Ha vencido su tiempo, señor diputado.

Sr. Mouillerón.- Además, quiero decir que esta ley no va a subsanar el problema de los trabajadores sin registrar, porque aquí se ha dicho, incluso lo dijo la propia presidenta, que el RENATRE es el que tiene que registrar a los trabajadores, y el registro de los trabajadores así como el control de los trabajadores sin registro es potestad del Ministerio de Trabajo y no de la Nación, sino de las provincias que nunca delegaron la facultad efectiva.
Sí es cierto que se han hecho convenios para atender esa particularidad, pero es una responsabilidad de ese organismo y no del RENATRE. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. De Gennaro.- Señor presidente: en verdad me tocan las generales de la ley, y como Juan Calos Zabalza, no estoy exento de emociones por muchas cuestiones, por el lugar donde me toca intervenir y por esas casualidades, tengo que hacer la introducción sobre este proyecto de ley que sin lugar a dudas vamos a acompañar por una de las razones fundamentales por las que voy a tener la posibilidad de explayarme. Después, la señora diputada -casi digo compañera- Alicia Ciciliani” va a precisar alguno de sus artículos.
Soy de los que creen que en el sindicalismo tuve lo oportunidad, como trabajador y militante, de ocupar cargos privilegiados y aprendí que la historia no empieza cuando uno llega y por suerte no termina cuando se va.
Esta ley tiene mucho que ver con la historia. Hace pocos días en la provincia de Santa Cruz, frente a la estancia La Anita, nuestros compañeros y Osvaldo Bayer ratificaban que hace noventa años eran fusilados miles de trabajadores rurales, que planteaban frente a Menéndez Behety y a los dueños de la Patagonia, los derechos más elementales que sin lugar dudas todos ustedes conocen. Noventa años marcaron una de las situaciones que más duele en nuestra patria, que es profundamente dependiente de la producción agrícola ganadera.
Los noventa años nos ilustran sobre la importancia de los trabajadores rurales. El 17 de octubre de 1944 Perón sancionaba el estatuto del peón rural, y esto no fue soportado por los sectores de la oligarquía, que atacaron crudamente y terminaron con excarcelaciones.
Por la casualidad o la providencia –según se crea‑ el 17 de octubre del año siguiente se produjo la irrupción y el protagonismo de la clase trabajadora en nuestro país.
Fue ese estatuto y todos los institutos que conformaron el primer gobierno peronista lo que permitió que se abrieran instancias de recuperación de la dignidad de los trabajadores. Luego, 1955 los retrotrajo absurdamente.
Veinte años después, los trabajadores rurales volvían a recuperar su dignidad, pero profundizándola. Ya no eran necesarios institutos tutelares, un Consejo Nacional de Trabajo Rural o una Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Había posibilidades de que se cumpliera la incorporación de los trabajadores rurales, sin problemas ni inconvenientes, a la ley de contrato de trabajo. La ley 14.250 era el derecho que tenían.
La ley que hoy tenemos el privilegio de derogar, la 22.248, firmada por Videla y propuesta por Martínez de Hoz, retrotraía nuevamente estos derechos. Recién hoy, muchos años después de recuperadas las instituciones democráticas, estamos derogando una ley de la dictadura militar, que lleva la firma de los genocidas.
Esto es necesario pensarlo. Lo que se vive dramáticamente aquí puede sonar a un discurso o parecer envalentamientos o discusiones, pero en la realidad concreta, es vida o muerte. De aquí deriva nuestra satisfacción de derogar esta ley.
Habríamos querido que fuera mucho antes. Ya Claudio Lozano presentaba desde 2005 proyectos con esta simpleza, a fin de que los trabajadores rurales tengan su derecho como trabajadores. No necesitan de papás.
La ley de la dictadura dice que se debe tener fidelidad al patrón. Esta es la concepción de los oligarcas, dueños de la tierra, pero también de los papás, que son producto de esta mentalidad oligarca.
A los trabajadores rurales no les estamos regalando nada, pues pelean todos los días. Ojalá esa pelea se la reconociera a fondo y se dejara de tutelar. No hace falta que les den un Consejo o una Comisión Nacional de Trabajo Rural o Agrario. Necesitamos que vuelvan a tener convenciones colectivas de trabajo –la 14.250‑ y la ley de contrato de trabajo.
Hay que creer y no tener miedo a la propia organización de los trabajadores. Hoy los trabajadores están peleando claramente, como lo hacen los tareferos en Misiones, los trabajadores rurales en Chañar y los sindicatos de los trabajadores de la fruta en Jujuy, donde el dueño es el ingenio Ledesma. Ahí, donde el genocidio cobró víctimas, se están organizando, como los viñateros de San Juan, los sojeros de Mendoza. La mayoría son jóvenes menores de 30 años, con compañeras de la misma edad. Es una juventud que se está organizando para disputar palmo a palmo la recuperación de los derechos. Esos derechos no necesitan papás, necesitan apertura democrática.
Hoy más que nunca saben que tienen que enfrentar la precarización y clandestinización del trabajo. En el sector urbano hay más organización, decía Mouillerón, y el trabajo clandestino llega al 23 por ciento, mientras que en la zona rural supera el 50 por ciento. Ahí es donde se debe tocar. Hay medio millón de trabajadores con trabajo clandestino, y a ellos hay que abrirles la posibilidad de la instancia organizativa, que con esta ley se les mezquina.
Vamos a apoyar este proyecto, pero hay que ser más generosos y creer en la organización y los derechos de los trabajadores.
Se está discutiendo la representación en el RENATRE, tema en el cual nos vamos a abstener. No queremos discutir esa caja ‑como decía Mouillerón‑ ni de uno ni de otro. Nuestra discusión es desde los trabajadores.
Pero fíjense la diferencia de pensamiento: el ministro de Trabajo admite que haya cuatro representaciones del sector patronal, pero en el sector de los trabajadores tiene que haber un unicato. Lo que perjudica a los trabajadores no es la atomización sino que no puedan elegir y organizarse democráticamente. Nosotros sabemos elegir.
En Uruguay hay una ley que no está impuesta y existe una sola central sindical, porque la unidad no se decreta sino que se construye consensuadamente representando auténticamente a los trabajadores.
Esa realidad es la que venimos a defender y por eso vamos a votar gustosamente la eliminación de una ley de la dictadura. Creo que no hay que tenerle miedo a eso.
Para mí las cosas son de vida o muerte. Ojalá todos las sintamos con la misma pasión. Yo no subestimo a nadie y respeto a todos, pero hace un mes tuve aquí mi primera gestión como diputado electo. Hace un mes asesinaban a Cristian Ferreyra en Santiago del Estero.
Han cambiado los nombres. Antes era Menéndez Behety; ahora sigue Bunge y Born, Pérez Companc, el ingenio Ledesma, Olmedo, y también siguen los trabajadores y el campesinado de nuestro pueblo peleando por cambiar este modelo productivo que heredamos de la dictadura militar, que concentra y extranjeriza, y por eso estamos de acuerdo en votar que se acabe una ley de la dictadura. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Ciciliani.- Señor presidente: en lo personal también siento una enorme satisfacción por poder debatir una vez más el avance en los derechos de los trabajadores. Coincide con la finalización de un período de cuatro años de gobierno en la provincia de Santa Fe, donde hemos creado un Ministerio de Trabajo. La provincia tenía Ministerio de la Producción pero no de Trabajo. Al frente de ese ministerio terminó una gestión Carlos Aníbal Rodríguez, una persona que dedica su vida a la defensa y el bienestar de los trabajadores. A pocos días de culminar esa gestión, inauguramos en Coronda una casa para que las mamás empleadas rurales temporarias recolectoras de frutillas puedan dejar allí a sus hijos e ir a trabajar. Se trata de una guardería de chicos hasta 5 años, que reciben asistencia escolar y alimentaria de primer nivel y calidad.
Nosotros venimos a apoyar este proyecto de ley, aunque como señaló el señor diputado Víctor de Gennaro tenemos diferencias, porque conocemos a fondo el mundo del trabajo rural y hemos recorrido palmo a palmo cada una de las actividades de la provincia de Santa Fe, viendo a los trabajadores y hablando con ellos. Sabemos que el problema de la enorme cantidad de trabajo no registrado en el sector no se soluciona con una ley que no permita la actividad de todas las alternativas, que deben ser tripartitas. Es preciso dar participación tripartita tanto a los trabajadores en la representación rural –como indicó el señor diputado de Genaro‑ como a los empleadores.
En relación con el artículo 15 del proyecto, que consideramos fundamental porque avanza en los derechos, creemos que es un error conceptual prohibir las empresas de trabajo eventual, pues cumplen con la importante función de ayudar a la registración de los trabajadores. Excluir una forma de contratación sobre la base de la presunción de que anticipadamente es un fraude, constituye un grave error, pues existe la policía del trabajo en la Nación y en las provincias, a los fines de controlar que no haya fraude laboral.
Por otro lado, entendemos que convertir el Renatre en Renatea, con participación exclusiva del Estado, excluyendo la participación igualitaria y tripartita de trabajadores y empresarios, constituye un error fundamental. Nosotros creemos en la participación y en la responsabilidad del Estado, pero no queremos volver a ese Estado democrático que todo lo podía. Creemos en un nuevo Estado que permita la participación de los sectores interesados que garantizan el control y la mejora de los servicios.
Por las razones expuestas, en ocasión del debate en particular propondremos la eliminación del artículo 15, y que en el cambio del Renatre por el Renatea tengamos la posibilidad de contar con una conducción tripartita en dicho órgano, porque estamos convencidos de que ello beneficiará la registración y las condiciones de trabajo dentro de este sector tan importante de la economía. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Previsión y Seguridad Social, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda recaído en los proyecto de ley por los que se crea un nuevo régimen de trabajo agrario.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 180 señores diputados presentes, 174 han votado por la afirmativa y 4 por la negativa, registrándose además una abstención.

Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 174 votos afirmativos y 4 negativos.

Sr. Presidente (Domínguez).- La votación en general resulta afirmativa. (Aplausos prolongados.)

AQUÍ VOTACION NOMINAL

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en particular el título I, que incluye los artículos 1º a 10.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mouillerón.- Señor presidente: había anticipado que íbamos a votar la mayoría de los artículos favorablemente, pero en este caso voy a indicar cuáles vamos a votar negativamente, que son los que tienen que ver con el ámbito de aplicación de la ley. Votaremos negativamente los artículos 3º, 5º, 6º y 7º.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Pais.- Señor presidente: como no se han formulado propuestas, solicito que se vote el título completo, dejando constancia de los votos negativos del señor diputado Mouillerón en los artículos que él ha mencionado.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el título I, dejando constancia del voto negativo del señor diputado Mouillerón.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración los artículos 11 y 12.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 13.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tunessi.- Señor presidente: vamos a proponer que en lugar de hablar de carácter permanente o accidental, se consigne “permanente o transitorio”.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Pais.- Señor presidente: teniendo en cuenta que lo que se busca es incluir empresas subordinadas para imponer la solidaridad en distintos medios como contratos de colaboración empresaria, Unión Transitoria de Empresas, etcétera, es correcto lo que ha solicitado el señor diputado Tunessi. La comisión acepta esa modificación. Por eso solicito que por Secretaría se lea cómo quedaría redactado el artículo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura de la nueva redacción del artículo 13.

Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 13.- Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad. Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un grupo económico de cualquier índole, de carácter permanente o transitorio, o para la realización de cualquiera de las actividades previstas en los artículos 5º y 7º de la presente ley, serán, a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores, y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 13 con las modificaciones aceptadas por la comisión.

- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración los artículos 14 y 15.
Voy a pedir que por favor los secretarios parlamentarios dejen registrado quiénes serán los diputados que harán uso de la palabra en la consideración en particular.
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Ciciliani.- Señor presidente: queremos proponer la derogación del artículo 15 porque entendemos que se ve afectada la provisión de trabajadores para tareas temporarias...

Sr. Presidente (Domínguez).- Discúlpeme, señora diputada.
Primero vamos a votar el artículo 14.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Para referirse al artículo 15 tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Ciciliani.- Señor presidente: entendemos que deben existir todas las posibilidades ya que eso ayuda a la registración de trabajadores, y tenemos en cuenta la cantidad de trabajadores no registrados en este sector.
De modo que consideramos inapropiado este artículo, teniendo en cuenta que podría mejorar la registración de los trabajadores.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: hago una propuesta en idéntico sentido que la señora diputada preopinante.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Pais.- Señor presidente: consideramos valioso el aporte propuesto por los señores diputados preopinantes, sin perjuicio de lo cual ratificamos la redacción del artículo 15 propuesto por el Poder Ejecutivo. Entendemos que la modalidad contractual, la intermediación del trabajo humano por empresas que lo único que hacen es proveer trabajadores, constituye un verdadero criterio de precarización del empleo.
El sistema en sí tiene la posibilidad de contratar trabajadores permanentes y aun temporarios, pero lo que no aceptamos es la intermediación, en especial de las empresas de servicios eventuales previstas en la ley de empleo.
Por consiguiente, ratificamos que no aceptamos la modificación sugerida y proponemos que se vote el artículo tal como está.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 15.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 16.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 17.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tunessi.- Señor presidente: en virtud de la necesidad de evitar mayor litigiosidad en aquellos ámbitos donde proliferan contratos de temporada, sugerimos que a continuación de donde termina el primer párrafo del artículo se agregue el siguiente texto: “La condición de temporario deberá ser fehacientemente notificada por el empleador como requisito de validez de la temporalidad.”
Entonces, si se firma ese documento como obligación del empleador no quedan dudas acerca de la temporalidad. Esto impediría que el empleador invoque que es discontinuo, y el trabajador que es continuo. Por eso proponemos el agregado de la frase que acabo de leer.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Pais.- Señor presidente: también consideramos valioso este aporte, sin perjuicio de lo cual, como hemos dicho que siguiendo los preceptos y los lineamientos de la Ley de Contrato de Trabajo damos primacía a la realidad por sobre la formalidad, consideramos que la firma de un papel no va a modificar la naturaleza de la prestación.
Por ende, propiciamos la actual redacción para mantener la primacía desde de la verdad en cuanto al tipo de vinculación.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 17.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración los artículos 18 a 23.
Se va votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el Título IV artículo 24.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tunessi.- Señor presidente: el artículo 24 es el que reglamenta el derecho de vivienda para el trabajador rural. Proponemos que a continuación del inciso 1), que se refiere a las consideraciones de seguridad, higiene, abrigo y luz natural, se agregue el siguiente texto: “...debiendo garantizarse las medidas de prevención y saneamiento relativas a los riesgos sanitarios, epidémicos o endémicos, según la zona de que se trate, que deberán en sus respectivos ámbitos disponer las comisiones regionales.”
Esto tiene que ver con situaciones tales como la contaminación por la enfermedad de Chagas-Mazza en el Norte del país, y creemos que es valioso que se garanticen en la vivienda del trabajador esas condiciones.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Pais.- La Comisión va a receptar casi en su totalidad la proposición del señor diputado Tunessi. No se acepta la subordinación a lo que determinen las comisiones asesoras regionales, sino que se mantiene como autoridad de aplicación la establecida en el artículo 25 en cuanto a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
Por lo tanto, aceptándose la modificación propuesta, pido que se lea por Secretaría el inciso a) del artículo 24 para que la Cámara pueda imponerse de su contenido y votar el artículo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura del inciso a) del artículo 24.

Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Condiciones de seguridad, higiene, abrigo y luz natural, debiendo garantizarse medidas de prevención y saneamiento relativas a los riesgos sanitarios, epidémicos o endémicos según la zona de que se trate.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Con las modificaciones aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 24.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 25 a 48.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 49.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tunessi.- Señor presidente: nuestro bloque propone agregar al final del artículo 49 lo siguiente: “A los fines del párrafo precedente la Comisión Nacional del Trabajo Agropecuario procederá a instruir a las comisiones regionales para que en un plazo de noventa días a partir de la vigencia de la presente ley constituyan comisiones asesoras en materia de higiene y seguridad del trabajo con participación paritaria de las representaciones empresariales y sindicales para que acuerden un programa de mejoramiento de las condiciones y medioambiente del trabajo en el ámbito rural en sus respectivas jurisdicciones.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Pais.- Señor presidente: la comisión no acepta la modificación propuesta considerando que está suficientemente garantizada la posibilidad, y la delegación normativa es únicamente en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 49 conforme a la redacción del dictamen de mayoría.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 50 a 52.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 53, correspondiente al capítulo III del título VIII.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tunessi.- Señor presidente: vamos a desistir de la reforma que íbamos a proponer a este artículo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 54 a 63.

Sr. Mouillerón.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Domínguez).- ¿A qué artículo se quiere referir, señor diputado?

Sr. Mouillerón.- Quería aclarar que el bloque Unión Peronista va a votar por la negativa los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71.
Los diputados Forconi y Arena también me piden ser incluidos en la votación negativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 64, capítulo III.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el título X, capítulo I, artículos 65 a 68.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tunessi.- Señor presidente: en el artículo 67 queremos sustituir el tema del municipio por la celebración de convenios con la autoridad administrativa de trabajo de las provincias a fin de implementar el servicio público de empleo para trabajadores temporarios, etcétera. Se sustituiría “municipios” por “las autoridades administrativas de trabajo de las provincias”.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Pais.- Señor presidente: no vamos a aceptar la modificación propuesta. Consideramos que por razones de inmediatez y de mejor política en cuanto al servicio de empleo, el artículo objetado está convenientemente redactado.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se van a votar los artículos 65 a 68.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el capítulo II, artículos 69 a 71.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el título XI, capítulo I, artículos 72 a 75.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el capítulo II, artículos 76 y 77.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el título XII, articulo 78.
Tiene la palabra la señora diputada por La Rioja.

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Señor presidente: tal como lo adelantaran los señores diputados Juri, de la provincia de Mendoza, y Giubergia, de la provincia de Jujuy, quiero proponer una modificación al artículo 78, que regula el régimen de la seguridad social.
Yo vengo de La Rioja, y más precisamente de Chilecito, que es una zona vitivinícola por excelencia, tenemos muy buenos vinos. Asumimos en campaña un compromiso con los trabajadores del sector respecto de este tema. Fundamos nuestro pedido en los fundamentos que dio el señor diputado Pais, sobre el mayor envejecimiento que produce el trabajo rural.
Los trabajadores del sector están comprendidos dentro de las actividades productivas del sector agrario, así que vamos a proponer que se modifique la redacción de este artículo y se adopte el texto que ya tiene sanción del Senado, que dice así: “Establécese que los trabajadores rurales comprendidos en el régimen nacional de trabajo agrario, y aquellos que realicen tareas agropecuarias en la agroindustria, gozarán de un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder a la jubilación ordinaria cuando alcancen la edad de 57 años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes computables en dicho régimen.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín.- Señor presidente: es un régimen previsional con características especiales. Debemos partir de la base de que estamos hablando de trabajadores que tienen un envejecimiento prematuro importante, y al mismo tiempo están en condiciones de amplia informalidad.
Entonces, es muy difícil lograr juntar 25 años de aportes. Es decir, la mayoría de estos regímenes especiales son subvencionados porque se parte de la base de que dos puntos de la contribución patronal no sirven para modificar específicamente cinco años de aporte u ocho años menos de vida. Pero estos trabajadores tienen una vida más corta, porque trabajan en condiciones muy difíciles. Además, en la mayoría de los casos los trabajos que realizan no están registrados. Entonces, cuando alguien está pensando que tiene que juntar 25 años, se hace muy difícil.
En la mayoría de estos regímenes especiales se toma un piso. Nosotros estamos proponiendo que se tome un piso de diez años. Si el trabajador puede demostrar que se desempeñó durante diez años dentro del régimen de trabajador rural, a partir de ahí se puede jubilar con los 25 años de aporte y con los 57 años de edad. Si junta menos de diez años entrará en el prorrateo que plantea la ley.
No estamos inventando nada. Así funcionan la mayoría de estos regímenes, pero de esta manera estamos permitiendo el acceso de estos trabajadores a la jubilación. De lo contrario, la realidad indica que la mayoría de ellos va a terminar jubilándose a los 65 años, porque van a acogerse a la moratoria y se van a jubilar por ella, pero no van a juntar años de servicio.
Hace instantes alcancé una propuesta de redacción alternativa del artículo 79 al señor miembro informante, y espero que la Comisión la acepte.

Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado Santín: estamos considerando el artículo 78.

Sr. Santín.- Yo hice la propuesta de modificación de los artículos 78 y 79 porque forman parte del mismo capítulo, y se la acerqué al señor miembro informante.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Cejas.- Señor presidente: en representación de los diputados nacionales de las provincias de Río Negro y Neuquén, en función de la caracterización que tiene una de las principales actividades productivas de ambas provincias, solicito que se agregue un segundo párrafo al artículo 78, que expresaría lo siguiente: “Al solo efecto de la aplicación de las normas contenidas en el presente título, se considerarán incluidos en el mismo a los trabajadores contemplados en los incisos f) y g) del artículo 3º de la presente ley.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez (E.F.).- Señor presidente: quiero saber si este tema se limita exclusivamente a los trabajadores vitivinícolas de Chilecito o se trata de un régimen general que están planteando distintos señores diputados. En tal caso, decidiremos el sentido de nuestro voto, ya que una cosa es la realidad de la provincia de La Rioja ‑seguramente el señor diputado Yoma podrá hacer una referencia a ello, porque lo veo cada vez más joven (Risas.)- y otra la de la totalidad de la Argentina, donde hay diferentes actividades que supondrían la creación de un régimen jubilatorio especial para un sector de trabajadores. De otro modo, no podemos votar pensando regionalmente.

Sr. Presidente (Domínguez).- Es que el señor diputado Yoma toma el buen vino de Chilecito; por eso se mantiene joven. (Risas.)
Tiene la palabra la señora diputada por La Rioja.

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Señor presidente: quiero indicar de dónde vengo, para que más o menos me vayan conociendo, porque me he incorporado a esta Cámara eñ 6 de diciembre pasado.
Creo que cuando hablamos de aquellos que realizan tareas agropecuarias en la agroindustria ha quedado bien clara nuestra intención con la redacción propuesta para el artículo 78. Nos referimos a la industria vitivinícola, a los cañeros y a todos los que están relacionados con las actividades que se desarrollan en el sector.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Yoma.- Señor presidente: quiero destacar la importancia política de Chilecito. De los cinco diputados nacionales por La Rioja, cuatro somos de Chilecito, y tenemos sólo el 20 por ciento del padrón electoral. (Risas)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.

Sra. Comelli.- Señor presidente: me sumo a las palabras pronunciadas por el señor diputado Cejas, que habló en nombre de los representantes de las dos provincias del valle frutícola de Río Negro y Neuquén.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. De Gennaro.- Señor presidente: apoyo la propuesta efectuada por el señor diputado Santín, que ya había sido ratificada en la comisión por la señora diputada Graciela Iturraspe. Entendemos que es muy importante que se tenga en cuenta esta dificultad de los trabajadores en el área rural.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Pais.- Señor presidente: intentaré dar respuesta de manera sucinta a las diferentes propuestas que se han efectuado.
En primer término, me voy a referir a la efectuada por el señor diputado Santín. En este sentido, creemos que el régimen establecido es lo suficientemente omnicomprensivo. No es necesario fijar un tiempo mínimo, ya que el mayor envejecimiento se da en función de las tareas. Entonces, puede darse el caso de que un trabajador con menos de diez años de trabajo rural prorratee ese tiempo a fin de disminuir la edad jubilatoria ordinaria, que es a los 65 años. Por eso dijimos que por cada tres meses y fracción de días podrá disminuir un año de trabajo.
Considero que el artículo 79 está correctamente redactado, porque incluso es similar a otros regímenes especiales, como el de los trabajadores petroleros, que exige 25 años, aunque no prevé un tiempo mínimo.
Por estas razones, no vamos a aceptar la modificación planteada por el señor diputado Santín.
En lo que respecta al resto de las propuestas, la comisión quiere ratificar la actual redacción del Título XIII, con lo cual también vamos a rechazar la sugerencia efectuada respecto del artículo 78.
En este sentido, quiero aclarar que este sistema de seguridad social está vinculado a este estatuto. Por eso el artículo 78 establece que es para todos los trabajadores incluidos en el ámbito de la presente ley, y no para el resto.
Esto no es óbice para que se recepten las solicitudes de inclusión de otros trabajadores del ámbito agrario. De ahí que la comisión tenga en estudio un expediente remitido por el Senado el 28 de julio del corriente año, que no incluye a la totalidad de los trabajadores. Por ejemplo, quienes se desempeñan en tareas vinculadas con el empaque de fruta –a los que hicieron referencia los señores diputados por Río Negro y Neuquén‑ no estarían contemplados en el proyecto que llegó del Senado.
Por esa razón, el presidente de mi bloque me autorizó a decir que cuando se inicie el período de sesiones ordinarias serán convocadas autoridades de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y las autoridades de la ANSES que deben analizar el colectivo que queremos incorporar, a fin de evaluar la posibilidad de incluirlos en una legislación más omnicomprensiva. Pero reitero que el presente régimen es exclusivo para los trabajadores a los que se les aplica este estatuto.
Por lo expuesto, rechazo las propuestas que se han efectuado y ratifico el contenido del título XIII.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Giubergia.- Señor presidente: simplemente, deseo aceptar la propuesta del señor diputado Pais. Sólo restaría fijar una fecha. En este sentido, como él habló del próximo período de sesiones ordinarias, creo que esa reunión se podría realizar en la segunda quincena del mes de marzo de 2012.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se van a votar en una única votación los artículos 78 a 83.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el título XIII, capítulo I, artículos 84 a 89, inclusive.
Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 90.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tunessi.- Señor presidente: respecto de este artículo quiero plantear lo que nosotros consideramos un texto para salvaguardar una falencia que tiene la disposición propuesta por la comisión.
Frente al conflicto del trabajo agrario, en cuanto a la autoridad administrativa del trabajo, acerca de quién deberá dirimir la cuestión con la Comisión Nacional de Trabajo Agropecuario, nosotros pensamos que esto se saldaría si dijese el artículo 90: “Composición de conflictos. Sin perjuicio de la competencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social…” y ahí agregaríamos “y de las autoridades administrativas de trabajo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y seguiría el texto en igual sentido que el que tiene redactado la comisión.

Sr. Presidente (Domínguez).- ¿Qué dice la comisión?

Sr. Pais.- Señor presidente: vamos a rechazar la propuesta del diputado Tunessi porque entendemos que el artículo está correctamente redactado conforme al artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, ya que es una potestad delegada la legislación en materia colectiva de trabajo.
En el ámbito provincial, las provincias han reivindicado y tienen por sí el servicio de policía del trabajo y de inspección del trabajo.
Esta posibilidad de la composición en comisión en conflictos colectivos de trabajo también la están reivindicando precisamente las provincias, pero sigue vigente la ley 14.776 y la potestad del Estado nacional a través del Ministerio de Trabajo, y en este caso con expresa disposición de la Comisión Nacional de Trabajadores para trabajar en función de la composición de conflictos, algo de lo cual recién nos hablaba el diputado Rossi.

Sr. Presidente (Domínguez).- No habiéndose registrado ningún orador para el artículo 91, se ponen en consideración los artículos 90 y 91.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el título XIII, capítulo II, que incluye a los artículos 92 a 98.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el título XIV, capítulo I, artículo 99.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el título XIV, capítulo II, artículos 100 a 105.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 106.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. De Gennaro.- Señor presidente: a partir de este artículo el interbloque Frente Amplio Progresista se abstiene, incluida la señora diputada Marcela Rodríguez.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Robledo.- Señor presidente: en este artículo 106, que modifica la ley 25.191, nos abstenemos de votar en relación con en el nuevo artículo 7°, que es la creación del Renatre.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tunessi.- Señor presidente: quiero dejar constancia del voto negativo de la Unión Cívica Radical desde este artículo 106 hasta el último artículo de la ley.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Moulleirón.- Señor presidente: en el mismo sentido que los anteriores, vamos a votar de manera negativa. Se trata del bloque Unión Peronista, más los diputados Forconi y Arena.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rossi.- Señor presidente: tiene que autorizar las abstenciones.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el pedido de abstención.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Quedan autorizadas la abstenciones.
En consideración los artículos 106 a 109.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- El artículo 110 es de forma.
Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)


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régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 9


Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cigogna.- Señor presidente: venimos a sostener el dictamen de mayoría de tres comisiones sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que contempla un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales.
Esta iniciativa en consideración configura el inicio de una política de Estado. Quiero destacar el trabajo en las comisiones y la apertura que hubo por parte de nuestro bloque y del propio Poder Ejecutivo en cuanto se aceptaron importantes modificaciones propuestas por diputados de distintos bloques, que están plasmadas en el dictamen en consideración.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

Sr. Cigogna.- El texto contempla que las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y empleo de las tierras rurales se inscribe en el derecho a la libre determinación de los pueblos, así como a su derecho a la independencia económica y la determinación de la forma de explotación de lo producido por sus recursos y riquezas naturales, tal como lo establece el artículo 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado como cláusula constitucional por la reforma de 1994.
También se basa en las disposiciones de la Carta de de Naciones Unidas, que se corresponde con los objetivos señalados en la nueva cláusula del progreso, que contempla el inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, en tanto dispone proveer lo conducente al desarrollo económico, al progreso económico con justicia social, a la productividad, a la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, etcétera.
También se inscribe en lo contemplado en el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, en cuanto establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pero se aclara que la ley puede subordinar tal uso al interés general. Frente al interés individual, si hay una contraposición con el interés social o colectivo, debe prevalecer este último.
En el mundo hay un fuerte proceso especulativo que hace que ingentes fondos que antes de ahora apuntaban a otro tipo de inversiones hoy se orienten a la compra de tierras en distintos lugares.
Les pido disculpas a los diputados que están a mi alrededor por interrumpirlos con mis palabras…

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- La Presidencia solicita silencio a los señores diputados.

Sr. Cigogna.- Decía que hay un proceso de apropiación por parte de capitales especulativos de importantes superficies de tierra en distintos países del mundo y también en el nuestro.
Sabemos de la inversión de plutócratas en la Patagonia para criar ovejas, y en otros lugares para disponer del disfrute de paisajes. Al comprar la tierra excluyen de esa posibilidad a los demás habitantes de la República Argentina.
Contra este tipo de actividades y compras de tierras rurales se levanta este proyecto, que hoy se somete a consideración de la Cámara. También la ley procura un proceso de ordenamiento en la registración de las tierras. Es sabido que los registros, tanto catastrales como dominiales, en la Argentina son provinciales, y presentan distintas características según las jurisdicciones. No hay una información centralizada. Nadie sabe a ciencia cierta hoy en la Argentina cuánta tierra está en manos de extranjeros, en qué lugares están localizadas o quiénes son los titulares.
Por ello, este proyecto contempla la creación de un registro nacional al cual tendrán que aportar sus informes los registros locales existentes.
Cuando el proyecto se debatió en la reunión conjunta de las comisiones hubo dos objeciones de orden constitucional, que respetuosamente considero que no se corresponden con la realidad.
Por un lado, se objetó el hecho de que esta norma estaría violando el principio de igualdad ante la ley que consagra la Constitución y en particular el artículo 20. Olvidan que el artículo 28 establece que no hay derechos irrevocablemente adquiridos y todo derecho consagrado en la Constitución o en la ley es susceptible de ser sometido a la reglamentación respectiva.
En ese proceso de reglamentación –que es lo que está aconteciendo con este dictamen que presentamos- efectivamente se está regulando la propiedad de la tierra y se establece un límite para que puedan ser propietarios personas físicas o jurídicas extranjeras.
No hay en esto ningún ánimo xenófobo, nada que apunte a discriminar en contra de extranjeros. Lo que hay es la voluntad nacional de reservar un recurso que es estratégico y no renovable para los argentinos. Pensamos en la soberanía alimentaria de la Argentina, en nuestro presente y sobre todo en el futuro de nuestros hijos.
La ley establece que rige en todo el territorio nacional, y la otra objeción de orden constitucional que se opuso al proyecto es que estaría invadiendo facultades de las provincias. No es así. Se ha invocado el hecho de que las provincias se reservan el dominio originario de los recursos naturales. Pero acá no se está reglamentando el dominio originario, que sí está en cabeza de las provincias, sino que se está ejerciendo una facultad exclusiva del Congreso federal, que es la aplicación de la legislación civil. El Código Civil es materia de la Nación y no de las provincias. Estamos reglamentando la transmisión del dominio de inmuebles rurales, no otra cosa. De modo tal que el proyecto está a cubierto de cualquier objeción de orden constitucional.
La ley establece qué son tierras rurales y dice que son aquellas que están fuera del ejido urbano, no importa cuál sea su destino.
Se establece una limitación de mil hectáreas por cada persona extranjera en la llamada zona núcleo. El diputado Solá se burlaba el otro día diciendo si sabemos cuál es. Sí, lo sabemos, y nos remitimos, como él bien dijo, a un concepto establecido por el INTA, que habla de la zona núcleo maicera, que comprende el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba. En términos rurales, la Pampa Húmeda.
La ley establece mil hectáreas en esta zona o su equivalente en las distintas zonas del país, equivalencia que determinará la autoridad de aplicación. Mil hectáreas en esta zona tienen un valor muy superior al que puede tener la misma superficie en la meseta patagónica, pero por el contrario puede ser inferior al de cien hectáreas en una zona de explotación vitivinícola u olivícola, que pueden tener un valor muy superior.
Según sea la zona, el valor y la rentabilidad de la tierra, la autoridad de aplicación establecerá las superficies, que variarán de un lugar a otro del país.
Se impone un límite a las personas físicas o jurídicas extranjeras. En el caso de las primeras, se establece una excepción en tres supuestos. Las personas físicas con diez o más años de residencia continua en la Argentina, no están alcanzadas por el límite; aquellas que tengan hijos argentinos y cinco años continuos de residencia, tampoco quedan alcanzadas por la limitación, al igual que las personas físicas casadas con argentinos, con cinco años continuos de residencia.
Respecto de las personas jurídicas se hace un pormenorizado tratamiento a fin de abarcar todas las formas que pudieran adoptar, e incluso se tiene en cuenta la posibilidad de sociedades controladas por otras. Reitero que la regulación es minuciosa con el objeto de que no haya escapatoria respecto de la posibilidad de violar la ley mediante artilugios de orden legal.
Además de la limitación de las 1.000 hectáreas para la zona núcleo o su equivalente, se establece que la totalidad de las tierras en poder de extranjeros no podrá superar el 15 por ciento de la superficie rural de la República Argentina, ni el 15 por ciento de la superficie rural de cada provincia ni el 15 por ciento de la de cada municipio o departamento o ente equivalente; y de ese límite del 15 por ciento –en las tres situaciones a las que estoy refiriéndome‑ no puede haber más de un 30 por ciento en manos de extranjeros de una misma nacionalidad. La limitación es múltiple.
Por otro lado, se crea el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con integración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que será la autoridad de aplicación de la ley. Entre las funciones de ese registro podemos citar las siguientes: reunir datos relativos a tierras rurales de titularidad o posesión extranjera en los términos de la ley, requerir de parte de las dependencias provinciales información para conformar el registro, expedir certificados de habilitación. Así, los escribanos que autoricen escrituras en las que operen transferencia de dominio o de derechos posesorios tendrán que requerir certificados a la autoridad de aplicación. De esta manera, se podrá determinar si la persona física o jurídica que va a comprar se halla dentro de los márgenes de la limitación establecida.
Además, se dispone la realización de un relevamiento catastral de dominio y de registro de personas jurídicas, para determinar la titularidad y posesión de tierras rurales. Al respecto, se fija un plazo de 180 días a partir de la creación y puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales.
Así mismo, se crea el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que será presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y estará integrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete, los ministerios de Defensa y del Interior, y además, representantes de las provincias. Es decir que se trata de un organismo de contenido federal. Ese consejo tendrá la función de dirigir las acciones para el cumplimiento de la presente ley, ejecutar la política nacional sobre tierras rurales, recabar la colaboración de los organismos provinciales, que reúnen la información necesaria, y determinar la equivalencia de las superficies ubicadas en lugares distintos de la zona núcleo.
Señora presidenta: como dije, a mi juicio, éste es el comienzo de una política de Estado. Estamos considerando el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones receptadas, pero también se han tenido a la vista múltiples iniciativas presentadas por diputados de los diversos bloques.
Reitero que se ha procedido con la mayor flexibilidad para receptar las opiniones de los distintos señores diputados. Sería muy interesante poder terminar esta sesión con el acompañamiento de todos mis pares en la sanción de este proyecto de ley.
Seguramente el dictamen no contempla la opinión de todos los integrantes de esta Cámara, pero nunca un dictamen va a receptar las opiniones –por valederas que sean- de todos los legisladores.
En consecuencia, me parece que sería un ejercicio democrático que aprobemos este proyecto de ley aunque resignemos alguna legítima opinión.
En la consideración en particular voy a solicitar unas pequeñas modificaciones que hemos consensuado con los distintos presidentes de comisión. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. Bedano.- Señora presidenta: con muchísima satisfacción vamos a votar este proyecto de ley, porque como ex intendenta puedo decir que con esta iniciativa –lo saben quienes alguna vez ocuparon un cargo similar a nivel municipal- nos iremos acercando a otros proyectos que seguramente en el futuro deberán trabajarse en este Congreso de la Nación. Tienen que ver con la accesibilidad a la tierra de parte de todos en igualdad de condiciones, fundamentalmente por otro bien social que es tan caro para todos los ciudadanos de este país: la vivienda. Hoy estamos protegiendo la tierra argentina para que no quede en grandes dimensiones en manos de extranjeros. También es el principio para que en un futuro, no demasiado lejano, los municipios de la República Argentina que hoy sienten cercadas y casi encarceladas las posibilidades de tener sus bancos de tierra para construir viviendas, puedan realmente comprar a precios accesibles esas tierras.
Con muchísimo gusto votaremos este proyecto de ley, para que la tierra argentina quede en manos de los argentinos, pero que también sirva no sólo para la productividad sino también para construir viviendas. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

Sra. Pilatti Vergara.- Señora presidenta: la verdad es que me siento muy complacida de poder cerrar esta jornada legislativa con la posibilidad de sancionar –como seguramente lo haremos- este proyecto de ley.
Como oficialistas y opositores quisiéramos agregar artículos que tienen que ver con la problemática de la tierra en la República Argentina. Sin embargo, lo que hoy vamos a sancionar significa el puntapié inicial para comenzar a darle a la problemática de la tierra la importancia geopolítica que tiene.
Ya en 1953, el general Juan Domingo Perón, en oportunidad de dar un informe en la Escuela de Guerra, hablaba de la necesidad de que para el año 2000 los latinoamericanos debíamos estar unidos o dominados.
Esa unidad la planteaba justamente en razón de la perspectiva con que se imaginaba nuestro país cincuenta años después cundo decía que la mayor preocupación del mundo iba a estar centrada en los alimentos y en los recursos naturales. Y nosotros estamos bendecidos con los recursos naturales y con los alimentos en razón de nuestra densidad demográfica. Lo que hoy es una ventaja puede convertirse en una amenaza si no nos unimos, nos organizamos y comenzamos a darnos las herramientas legislativas y políticas necesarias básicas para preservar ese recurso natural.
La historia lo ha demostrado desde la época de los fenicios hasta la actualidad: cuando los países desarrollados, los países con sed de imperios requieren de algún bien, servicio o recurso por las buenas, por las malas o con una combinación de ambas, a la larga lo obtienen.
Entonces, hoy que los latinoamericanos estamos unidos mediante la UNASUR, no podemos menos que empezar a preocuparnos por preservar este recurso natural no renovable.
En esto que estamos considerando, que fue un sueño o una utopía para muchos compatriotas a lo largo de nuestra historia, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin rendir tres humildes homenajes desde esta banca del Congreso de la Nación.
En primer lugar, en la persona del compañero Carlos Oriansky, quiero rendir homenaje a todos los integrantes de las ligas agrarias de la provincia del Chaco. (Aplausos.)
En segundo término, quiero rendir homenaje al joven Cristian Ferreyra que hace muy poquito tiempo fue víctima de un modelo de apoderamiento y vaciamiento de la tierra que desaloja y mata vorazmente. (Aplausos.)
Por último, como todos estos sinsabores también deben compensarse con esperanzas que a muchos ciudadanos nos despiertan las convicciones y pasiones de esta juventud que volvió a abrazar la política como una herramienta de transformación, quiero hacer un especial reconocimiento a una joven santiagueña que, con el doctor Barcesat a la cabeza, fue una de las integrantes del grupo que redactó este proyecto de ley que la presidenta de la Nación envió a este Congreso de la Nación. Me refiero a la doctora Florencia Gómez Galizzi, que no solamente trabajó literalmente en el texto de la ley con otros profesionales tanto o más notables que ella, sino que además se puso esta ley al hombro y salió a militarla a lo largo y a lo ancho del país con una convicción y pasión por la defensa de la soberanía nacional, territorial y alimentaria, que juro por Dios que me enorgullece como diputada de la Nación y ciudadana argentina.
Además, como decía Néstor Kirchner, me da la tranquilidad de que florecieron mil flores. Florecieron muchas más de mil flores, y hoy tenemos una decena de compañeros diputados jóvenes que, como Florencia Gómez Galizzi, van a tomar la posta para que en la República Argentina, como reza nuestra Constitución Nacional, podamos tener un crecimiento armónico y equitativo y un territorio más justo para todos los argentinos. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Yoma.- Señora presidenta: voy a ser muy breve. Quiero aclarar que me vi obligado a elaborar un dictamen de minoría dado que no estuvo a la vista el proyecto que presenté sobre este tema. Este no es en absoluto un cargo a la Comisión de Legislación General ni al excelente trabajo desempeñado por su presidente, el compañero Cigogna, sino que seguramente fue remitido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con lo cual no estuvo contemplado a la hora de considerar el dictamen de mayoría.
De todas maneras, celebro en primer lugar la iniciativa de la presidenta de la Nación, que convoca al Congreso a debatir este tema de enorme trascendencia. Se trata de algo muy caro al sentimiento de los riojanos porque de un día para el otro nos enteramos por Internet de que un ciudadano norteamericano había comprado 200.000 hectáreas en el Oeste de la provincia con todo un pueblo adentro, Valle Hermoso, y está reivindicando la titularidad de esas tierras en la zona de la precordillera en La Rioja. Lo mismo ocurre con el Sur de la provincia: adquirentes extranjeros desconocidos que seguramente tampoco tienen idea de dónde queda La Rioja se presentan como titulares del dominio de extensas y vastas zonas del territorio del país, particularmente de esa provincia.
Por eso esta ley es muy bienvenida y la vamos a apoyar con enorme convicción. Simplemente hay algunos aspectos que me gustaría que la ley contemplara. Uno de ellos tiene que ver con algo que nosotros hemos reiterado en varias oportunidades cuando se debatió la ley de glaciares, que es la necesidad de coordinar con las provincias este tipo de marco regulatorio, porque los recursos naturales indudablemente son de la provincia –así lo establece la Constitución‑, con lo cual si la aplicación de la ley no se hace en coordinación con la provincia seguramente va a ser una fuente de conflicto permanente. La mejor manera es incrementar la participación de los catastros provinciales y que la autoridad de aplicación sea el Ministerio del Interior, que es el que tiene relación con las provincias.
Otro punto que contemplamos en el proyecto que yo presento es la situación de los actuales titulares del dominio de más del 10 por ciento del territorio nacional, como bien informó la señora presidenta. Grupos económicos como Benetton, por ejemplo, que tiene un millón de hectáreas en la Patagonia y que son de las más ricas desde el punto de vista ecológico y de las más bellas de la Argentina, quedan al margen de las regulaciones de esta ley ya que obviamente se respetan los derechos adquiridos. Pero respetando los derechos adquiridos proponemos que ese 10 por ciento del territorio nacional en manos de grupos económicos extranjeros pague una contribución anual cuya base se fije de acuerdo con el valor fiscal de los inmuebles que abonan el impuesto inmobiliario provincial. Sería un porcentual del 5 por mil de ese valor fiscal, y el producido de esa contribución –no quiero decir impuesto para que no se hable de doble imposición‑ se destinaría al fondo de compensación ambiental creado por la ley ambiental, que tiene un objetivo muy amplio y muy estratégico para los intereses relativos a la preservación del ecosistema y del medioambiente en la Argentina.
Es justo que esos poseedores extranjeros del 10 por ciento del territorio nacional paguen este canon o contribución dirigida a mejorar las políticas de preservación del ecosistema y del medioambiente. No se contradice para nada con el espíritu ni la letra del dictamen de mayoría que –reitero‑ voy a acompañar en general. Simplemente propondré estas dos modificaciones en particular.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Bidegain.- Señora presidenta: con el tratamiento de este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones introducidas en el Parlamento, estamos dando respuesta no sólo a una inquietud de nuestro gobierno sino también abordando una problemática de importancia estratégica y coyuntural a la vez.
Cito al general Juan Domingo Perón cuando decía a comienzos de 1970: “Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que la buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo de los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado.”
Tanto la tierra como el agua constituyen inobjetablemente recursos naturales escasos en el nuevo milenio y por lo tanto deben ser considerados sin lugar a dudas como un bien social objeto de cuidado y preservación.
He dicho también que esta es una problemática que urge resolver para salvaguardarnos de una difícil coyuntura internacional.´
Contemplamos cómo el crecimiento del capital financiero jaquea dramáticamente a los países centrales y a sus respectivas economías reales.
La tierra es un bien que debe estar destinado a la producción. Debemos ponerla a resguardo de la especulación como una reafirmación más de nuestro modelo de crecimiento iniciado en 2003 por el querido compañero Néstor Kirchner y profundizado por nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nuestro modelo, el modelo que acompañó el 54,11 por ciento de los argentinos, prioriza la producción y el trabajo por sobre la especulación financiera.
La tierra y el agua, además de ser recursos estratégicos no renovables, son los elementos indispensables e insustituibles para producir toda la materia prima de origen agropecuario, necesarios a su vez para abastecer a nuestro complejo agroindustrial.
Sin lugar a dudas, con este proyecto que hoy estamos abordando para regular la tenencia de la tierra protegiendo el dominio nacional, estamos dando no sólo una señal clara e inequívoca de soberanía sino también el primero de una serie de pasos hacia un modelo productivo inclusivo y sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social. Aspiramos a que éste sea el primer eslabón de una cadena de iniciativas parlamentarias que debe ser complementado por otros, como la regulación de arrendamientos y límites a la concentración -para citar sólo un par de ellos- que refuercen ese rumbo y orientación.
Por los motivos expuestos adelanto mi voto positivo, acompañando el despacho de mayoría y el de mi bloque en la convicción de que, con la aprobación de este proyecto, estaremos también honrando la memoria de ese gran ingeniero y sociólogo que se desempeñara como secretario de Agricultura durante las presidencias de Cámpora y Perón. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Horacio Giberti, quien solía afirmar que “un gobierno democrático no pide permiso para gobernar. Los objetivos agrarios básicos son problemas nacionales y deben ser establecidos por el Estado nacional”.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Chaco.

Sr. Orsolini.- Señora presidenta: la verdad es que hoy tengo una doble satisfacción. Una es porque estamos tratando este tema tan caro a los sentimientos de los argentinos, y la otra porque el 1° de marzo se le recordó a la señora Presidenta de la Nación –cuando abría las sesiones ordinarias de este Congreso‑ que había que tratar el tema de la extranjerización de la tierra. Si no hubiera sido así creo que este tema no estaría incluido en el temario.
Desde la bancada de la Unión Cívica Radical tenemos un proyecto propio. Después de algunas reformas que se le fueron haciendo al proyecto oficial no tenemos tantas diferencias, pero el nuestro es un proyecto de minoría y voy a plantear algunas que subsisten.
El proyecto oficial habla de mil hectáreas y nosotros hablamos de 5 unidades económicas, porque sostenemos que la unidad económica es sustentable cuando tiene una superficie mínima y una capacidad de producción que aseguren la rentabilidad económica de la explotación. Y las unidades económicas las fijan las legislaturas provinciales, porque así lo prevé la Constitución Nacional.
Nosotros nos ajustamos a lo que dice la ley de migraciones, en el sentido de que para comprar tierra un extranjero debe tener dos años de residencia en forma ininterrumpida y documentada, o cinco años en forma discontinua.
También creamos un Consejo Federal de Inmuebles Rurales, dependiente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que estará integrado por los representantes que las provincias designen. Porque creemos que en el órgano de aplicación de este proyecto de tierras, las provincias deben tener un rol preponderante.
Creamos el Registro Nacional de Inmuebles Rurales bajo la órbita del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, que justamente deben interactuar con las provincias para hacer el control.
En general el resto de la normativa propuesta es bastante similar, porque en la oficial incorporaron muchas cosas. Pero lo más importante es que éste es el primer grano de arena que ponemos para comenzar a frenar la extranjerización de la tierra y, especialmente, la concentración de su propiedad. Y no sólo la concentración sino también la expulsión de los campesinos, de los pequeños productores, de los pueblos originarios.
Es importante que sancionemos una ley de estas características. Sabemos que la concentración es un flagelo que hoy está afectando a todos los argentinos y produce una emigración constante del interior del país hacia los grandes centros urbanos, específicamente a los cordones de pobreza, tal como sucede en el conurbano bonaerense y aun dentro de la Capital Federal, en todas las villas que conocemos.
Este es el puntapié inicial. También tenemos que trabajar en una ley antimonopolio para proteger a nuestros connacionales, en una ley de arrendamiento, en la creación de un instituto de colonización y en muchos temas relativos a la tierra. Tenemos que ver cómo se usa la tierra en la Argentina, porque cuando nos demos cuenta, entre los pools de siembra, los fondos de inversión y los grandes actores ‑sobre todo sojeros- nos vamos a quedar sin las propiedades de la tierra, que es uno de los bienes más preciados de la Argentina.
Señora presidenta: realmente tendría mucho para decir en cuanto a cuáles son los efectos que causa la concentración de la tierra. Hoy estamos dando el primer paso para tratar de frenarla.
Quiero leer una cita del libro El reto de la reforma agraria, publicado por el Consejo de Justicia y Paz, que dice lo siguiente: “La apropiación indebida y la concentración de la tierra es una de las causas más importantes del hambre y de la miseria”.
Para terminar, voy a dar lectura a otra cita de la Encíclica Populorum Progresio, del papa Paulo VI, que data del año 1967, y que resume todo lo que hoy estamos discutiendo. Dice así: “No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario”. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Forte.- Señora presidenta: tal como lo dijo recién el señor diputado Orsolini, para los que venimos militando en la Unión Cívica Radical, un partido de 120 años de vida que nació en la Revolución del Parque, y compartimos la militancia en la Federación Agraria Argentina, que nació con el Grito de Alcorta hace casi cien años –el año que viene festejamos nuestro centenario luchando por la tierra‑, el hecho de llegar a este recinto para tratar este tema es realmente emocionante.
Cuando hace diez años propiciamos este proyecto -lo volvimos a instalar hace dos años junto con Pablo Orsolini y otros amigos que nos acompañaron con su firma- soñábamos con un día distinto para debatirlo. Nos imaginábamos un día en el que nos tomábamos todo el tiempo necesario para debatirlo, con las bandejas llenas de militantes de diferentes partidos populares: radicales, peronistas, socialistas, militantes del campo popular, los gremios, los sindicatos, representantes de la Federación Agraria y de otros sectores del campo, los pueblos originarios, etcétera.
Es una lástima: ese sueño casi utópico se convirtió, no digo en una pesadilla, sino en una noche en la que se ven restringidas las emociones. Seguramente se rompió la lógica de algunos diputados que terminaron de trabajar el 30 de noviembre y estaban apurados por tomarse vacaciones.
Me hubiera gustado tener un día más para seguir discutiendo y sacar la mejor de las leyes, no la más apurada de las leyes.
Estamos dando un gran paso adelante. Este es un gran avance. Coincido con la diputada del Frente para la Victoria que dijo que con este proyecto estamos empezando a discutir sobre la tierra. No tengo dudas de que este proyecto constituye un gran avance, porque nos permite discutir de una vez por todas sobre el uso y la tenencia de la tierra en la Argentina.
Obviamente, faltan muchas cosas más: falta una norma que yo denominaría de “anticoncentración”; falta una ley de arrendamientos; falta poner límites a los pooles de siembra, para que la plata de la ANSES no termine invertida en los fideicomisos financieros; falta un reagrupamiento parcelario de los condominios indivisos de los pequeños productores. Faltan muchas cosas más, sobre las que seguramente vamos a coincidir con el bloque oficialista.
Si me permiten, quisiera hacer una breve aclaración sobre un concepto vertido por la señora miembro informante. Vulgarmente se conoce como zona núcleo a la región de la Pampa Húmeda.
No nos podemos quedar sólo en esto. Hemos escuchado por ahí que se dice que estamos discutiendo la ley de tierras y que le ponemos límite a la compra por parte de extranjeros. La ley de tierras es mucho más profunda. Por eso, si nos quedamos sólo con esto y no hacemos más nada, corremos el riesgo de argentinizar el latifundio. En este sentido, creo que todos sabemos el peligro que acarrean los latifundios. También sabemos que es muy difícil que un productor –lo digo con conocimiento de causa porque soy tercera generación en una chacra familiar‑ se pueda comprar un casino, pero el dueño de 24 casinos tiene suficiente dinero para comprar campos. Por eso es necesario ponerle un límite al latifundio.
Obviamente, nos hubiera gustado discutir este asunto con más amplitud, porque el tema lo merece. Creo que le faltamos el respeto a la memoria de nuestros gringos y de nuestros abuelos cuando nos apuramos un día, a las cuatro y media de la madrugada, para sacar este proyecto y así quedar bien con el Poder Ejecutivo. Con los que tenemos que quedar bien es con los chacareros y con el interior más profundo de la República.
También debemos decirles a los sectores que son más de derecha que el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional es muy claro cuando dice “para toda persona que quiera habitar el suelo argentino”. Esto no es lo mismo que decir “para toda persona que quiera comprar el suelo argentino”; esto es muy diferente. (Aplausos.)
Esos gringos –estoy hablando de nuestros padres y de nuestros abuelos‑ vinieron a cubrir la falta de mano de obra necesaria para trabajar la tierra porque a algún rosista se le fue la mano y mató a demasiados indios. Por eso hubo que traer a los gringos a trabajar la tierra. Ellos dejaron el cuero y los huesos en nuestra tierra, mientras que quienes tienen miles de hectáreas, al mirar un mapa de la Argentina ni siquiera saben dónde carajo tienen el campo. Una cosa es ser un hombre de campo y otra ser un hombre con campos.
Como nosotros somos hombres de campo, hoy venimos aquí a defender este proyecto de ley. Nosotros militamos por este proyecto durante diez años y lo seguiremos haciendo.
No podemos poner en un pie de igualdad a los buitres que vienen a comprar la tierra argentina con aquellos gringos semianalfabetos y anarquistas que fueron capaces de hacer el Grito de Alcorta, de crear la Federación Agraria y de agremiarse. En homenaje a aquellos gringos, en homenaje a aquella historia, aquí estamos los militantes de la tierra para seguir trabajando y completando aquella lucha que no se terminó.
Queremos decir claramente que cuando tengamos definida la respuesta a tres preguntas básicas ‑¿para qué, para quiénes y para cuántos?‑ seguramente llegaremos realmente a democratizar la tierra en la Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Aspiazu.- Señor presidente: creo que todos vamos a estar de acuerdo con el ordenamiento territorial y la compra de tierras por extranjeros.
Voy a apoyar el dictamen que presenta mi bancada, la Unión Cívica Radical, que es un dictamen de minoría.
Existen países que tienen ordenamiento de tierras y los gobiernos deciden si las inversiones les convienen o no. Pero lo que más me preocupa es que aquí nos hemos olvidado de un sector, el sector forestal. Fíjense ustedes que ese sector forestal, fundamentalmente los árboles cultivados que hacen la captación del bióxido de carbono, está ubicado en las provincias del NEA, que son Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Ahí está el 80 por ciento del millón doscientas mil hectáreas que tenemos, y de ese 80 por ciento el 50 por ciento está en Corrientes. Corrientes tiene 450,000 hectáreas y una proyección para 2020 de un millón de hectáreas.
A partir de 2015 tendrá para abastecer tres Botnias, y 2015 es mañana. Anteriormente habíamos aprobado una ley de papel y Corrientes está en condiciones de hacer eso. Esa inversión es de alrededor de 2.500 millones de dólares y el 25 por ciento es tierra. Es primordial para nuestra provincia esta inversión.
Las proyecciones que tienen como efecto multiplicador esta inversión presuponen una facturación bruta de 1.400 millones de dólares por año.
La provincia se está preparando con rutas, electrificación de 132 en toda la provincia y la proyección de tres puertos. Para eso también hemos presentado aquí un proyecto muy interesante, que desarrolló una ingeniera química del Conicet, que se refiere a los presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo sostenible de la industrial de pulpa celulósica y papel, para que no tengamos contaminación ni tampoco miedo. Como explicaba esta ingeniera, en Canadá, en Quebec, las industrias papeleras están a dos mil metros de la ciudad y no hay contaminación. Existen los estándares.
Sabemos que hay antecedentes constitucionales en las provincias. En nuestra provincia, por ejemplo, en 2007, hemos consultado al doctor Mario Miom, un importante constitucionalista, y él sostiene que se viola el artículo 20 y lo reglado por el artículo 5°, que dice que las provincias deben dictar sus constituciones de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.
Existe el pacto de San José de Costa Rica, artículo 1ª, jurisprudencia de la Corte Suprema.
No nos podemos olvidar tampoco de la inversión que hizo el IFONA. Todos se deben acordar del IFONA, cuántos años invirtió y cuántos millones.
Vemos que en el Uruguay y en Brasil se siguen instalando plantas celulósicas. o creo que el Poder Ejecutivo tiene que encontrar alguna cláusula gatillo como para que se pueda desarrollar estas industria. Reservas4553-5530 y 4788-6692Es primordial para el NEA. Les dejo la inquietud a la bancada oficialista. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Martínez (J.C).- Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley muy importante y sumamente necesario, aunque quizás no tanto para el momento particular de la economía mundial.
Sin duda, habría sido muy importante tenerlo en 2002 o 2003, cuando el tipo de cambio permitía que los extranjeros vinieran a quedarse con nuestras tierras por monedas. Las pocas estadísticas serias que hay nos indican que hubo picos de extranjerización de la tierra. La iniciativa, de todos modos, hay que tenerla para frenar estos avances en otros momentos y, por supuesto, en la actualidad.
Hace mucho tiempo que nuestro bloque trabaja en este tema. El diputado Pablo Orsolini, junto con otros diputados, presentó un proyecto hace dos años, al inicio de su mandato. Quien les habla fue diputado en el lapso 2003 a 2007, y por pedido del presidente del bloque de aquel momento, Horacio Pernasetti, estuvimos trabajando en estos temas para presentar iniciativas en ese sentido.
Me gustaría tener tiempo para poder explicar lo que pienso; por ejemplo, si la tierra es un bien renovable o no. Me gustaría tener tiempo para avanzar en muchos aspectos, pero como no lo tenemos –también por respeto a los diputados que hace muchas horas que estamos en el recinto-, trataré de ser breve.
No hay estadísticas serias en nuestro país que nos puedan dar un índice concreto. No pude tener acceso a la real dimensión de la extranjerización de la tierra en nuestro país, pero no es solo un tema nuestro. Hemos analizado los antecedentes de Uruguay, Canadá, Estados Unidos y Brasil. Algunos tienen leyes en las provincias o en las regiones; otros son más o menos permisivos. Tampoco tienen estadísticas y están discutiendo la cuestión.
Quiero puntualizar el tema de la unidad económica. No me cierra la cuestión de las mil hectáreas núcleo. No sé cuál sería el núcleo en el olivo, en el nogal o en la vid. Tampoco sé quién lo puede determinar. Una unidad económica en olivo, vid o nogal abarcaría 30, 40 o 50 hectáreas. Mil hectáreas implicaría dar mucho e estas zonas, donde precisamente la tierra no es lo más caro.
No quiero entrar en la discusión de la competencia de las provincias. Quiero analizar la practicidad de que las provincias fijen esas unidades económicas. En mi provincia creo que hay por lo menos nueve, cinco o cuatro unidades económicas. Es imposible que desde la Nación se puedan fijar. Lo tendrían que hacer las provincias por una cuestión de practicidad y para no equivocarse.
Quiero decir que en la provincia de La Rioja el diputado Yoma hizo mención a un problema muy serio que tuvimos con las obras de Valle Hermoso, donde en la compra que se hizo ha quedado un pueblo entero. Son temas puntuales y aislados.
No veo hoy mayor presión de extranjeros queriendo comprar tierras en nuestra provincia. Lamentablemente la presión por las tierras está dada por los funcionarios que se están quedando con toda la tierra de La Rioja. Tenemos una ley de saneamiento para dar títulos a los pequeños tenedores que no tienen acceso a escribanías, pero se han quedado con las tierras familiares directos del gobernador, a Cecilia Bolocco le han dado tierras y hay una larga lista de personas que podría mencionar. (Aplausos.)
Otro gran problema que tenemos es que se otorgan permisos a las compañías mineras extranjeras y no tienen necesidad de comprar la tierra, y les permitimos que vengan a destruir nuestro cerro, que lo contaminen, que usen el agua que no tenemos y de esa manera pueden quedarse con el patrimonio de nuestro pueblo.
Quisiera discutir esa ley como se ha hecho en ocho provincias. Quisiera tener la tranquilidad de que en nuestra tierra podamos estar en paz y que no vengan a destruir nuestras reservas de agua.
La legislación nacional les permite venir a nuestras montañas y detonar por un solo proyecto minero la misma cantidad de explosivos que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial.
Quiero rendir homenaje a las asambleas por la vida que están en Famatina, Chilecito y toda La Rioja, que son las mismas que han corrido a la Barrick Gold del territorio de la provincia y en el día de hoy han corrido a los funcionarios de la empresa Osisko que pretenden explotar nuestros cerros. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Casañas.- Señor presidente: voy a votar el dictamen de minoría de la UCR. Me hubiera gustado que el dictamen de mayoría, que sin duda se va a aprobar, sea una ley más federal.
Según el artículo 124 de la Constitución Nacional, el dominio de las tierras es un derecho de las provincias, que tienen el dominio originario de los recursos naturales. Y de acuerdo con el artículo 125 son las provincias las que deben determinar el porcentaje de tierras para promover la industria, la inmigración y la importación de capitales extranjeros.
No comparto el criterio que utiliza el oficialismo de mil hectáreas en la zona núcleo. Nosotros pensamos que se debe utilizar el concepto de las cinco unidades económicas.
El problema mayor que tenemos con las mil hectáreas de la zona núcleo es que toda la política nacional agropecuaria que se piensa en el Congreso de la Nación es para esa zona, y la realidad del NEA, NOA, Patagonia y otras regiones no tiene nada que ver con ella.
El recurso tierra es finito y escaso, y el proyecto habla de limitar o restringir el acceso a la tierra.
El día 14 de junio de 2011…

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Si me permite, la señora diputada Herrera está solicitándole una interrupción, señor diputado.

Sr. Casañas.- Ya termino con mi idea.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- El señor diputado no le concede la interrupción, señora diputada…
- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Casañas.- Como decía, el 14 de junio de 2011 el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julio Domínguez dijo en la Cámara que, a la fecha, registralmente podemos acreditar 7 millones de hectáreas en manos de extranjeros. Él es una persona a quien debemos creer, porque dijo que se trataba de un trabajo realizado entre el ministerio, el INTA y distintas universidades.
En la Argentina hay 280 millones de hectáreas, de las cuales 200 millones son tierras productivas potencialmente, ya sea para forestación, ganadería o siembra. Los 7 millones de hectáreas a los que aludió el ex ministro nos hablan de un 2,5 por ciento de la superficie argentina en manos de extranjeros.
Si el proyecto apunta a limitar o restringir, no entiendo por qué se fija un 15 por ciento, pues con ello estamos otorgando a los extranjeros seis veces más de lo que actualmente tienen; es decir que de 7 millones de hectáreas podrían pasar a 42 millones. En consecuencia, sugiero que cambien el título de la ley y digan: estamos potenciando o agilizando la compra de tierras por parte de extranjeros.
En relación con el registro de tierras rurales que se pretende crear, advierto que realmente es imposible conformar un registro nacional en un plazo de 180 días, como se prevé. Las provincias cuentan con registros que tienen diferentes formas de trabajar, y en Entre Ríos, por ejemplo, hay diecisiete registros de propiedad.
Por otro lado, esta ley no evitará la concentración; para ello necesitamos créditos blandos para los pequeños productores –créditos que no existen-, reglas de juego claras para ellos, pero principalmente se requiere que los dejemos trabajar.
En caso de sancionar el proyecto contenido en el dictamen de mayoría corremos el riesgo de que la Argentina sea demandada ante los tribunales internacionales por violación de los tratados bilaterales de inversión vigentes. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Buryaile.- Señora presidenta: seguramente “Momo” Venegas, quien venía hacia acá, estropeó el sueño del señor diputado Forte, pues en vez de tratar mañana este proyecto de ley, con el tiempo adecuado como habíamos convenido, tuvimos que tratarlo ahora, escondidos. Hubiese deseado dar a este tema un poco más de seriedad y un marco adecuado, pues se trata de una cuestión importante tanto para la República Argentina como para mi provincia en particular.
No comparto el proyecto del oficialismo. Tengo un enorme respeto por el señor miembro informante, pero se notó que le costó explicar los fundamentos de la iniciativa. En realidad, se advirtió que le costó decir que éste es un proyecto que no atenta contra las provincias.
Como diputado por Formosa vengo a defender el federalismo y los derechos de mi provincia. Hubiera querido que la iniciativa en tratamiento fuera considerada en el marco en que se debatió la ley de bosques; al respecto, leí las versiones taquigráficas correspondientes, de las que surge que los diputados no sólo de mi partido defendieron a rajatabla el artículo 124 de la Constitución Nacional. Lamento profundamente no poder discutir esta iniciativa dentro de ese encuadre.
Quiero señalar cuáles son los puntos de disidencia respecto del dictamen de mayoría. Tiene un error conceptual enorme que radica en el hecho de considerar que la tierra es un recurso natural no renovable. La tierra es un recurso natural finito degradable. Es degradable por el uso que le da el hombre. Por lo tanto, el problema consiste en conocer el uso que le damos a la tierra.
Reitero el concepto: es finito, porque la tierra no se reproduce. La tierra es lo que hay. La humanidad estaría en problemas si estuviésemos hablando de un recurso degradable, porque no vamos a poder sembrar. Entonces la tierra se repone con nutrientes o con el paso del tiempo.
Una cosa es la expansión de la frontera agrícola y otra muy diferente decir que la tierra es un recurso no renovable. Es un error conceptual grave.
Lo que es un recurso natural no renovable es la minería, y sin embargo se le da un tratamiento distinto a un recurso natural.
Estuve presente en el debate sobre los glaciares, por lo que me asombra la diferencia que tenemos en el trato que se da a las cosas: defendiendo a las provincias en un escenario, y cómo nos comportamos los diputados en otro escenario.
El proyecto del oficialismo claramente vulnera el artículo 1º de la Constitución Nacional. La Carta Magna dice que somos un país con un sistema representativo, republicano y federal. No deviene federal de la Constitución, sino de la historia de la Argentina, porque las provincias preexisten a la Constitución de 1853. El poder que tiene la Nación es de las facultades que delegan las provincias. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es violar la Constitución Nacional.
Entiendo que se trata de un proyecto de ley absolutamente xenófobo. Lo es porque a priori supone que cualquier argentino es mejor que cualquier extranjero.
Cada uno de nosotros provenimos de algún lugar del mundo, porque la Argentina es un crisol de razas. Lo que yo no quiero es juzgar o crear categorías sospechosas.
Quiero basar claramente mi rechazo en lo que tiene que ver con la falta de federalismo.
Decía el señor miembro informante que esta iniciativa se basa en lo que prescribe el artículo 41 de la Constitución Nacional. El artículo 41 supone la conformación de presupuestos mínimos, tal como se hizo con la ley de bosques. Y de lo que estamos hablando es de que los recursos naturales de las provincias pertenecen a las provincias.
Aceptamos, tal como dice nuestro dictamen, que se creen presupuestos mínimos. Hemos establecido un tope de unidades económicas sustentables para la extranjerización, cosa que es un fin loable y por eso estamos sentados acá.
El miembro informante también se ha basado en el artículo 75, inciso 12) de la Constitución Nacional. Pero lo que hace el Código Civil es legislar acerca del uso, el goce y el dominio de la tierra. La prohibición de la tierra tiene que ver con un marco constitucional y no con el del Código Civil.
El gobierno tiene una gran confusión y un gran desconocimiento de lo que tiene que ver con la estructura geopolítica y productiva de la República Argentina. El gobierno está preocupado si alguien va a venir a comprar las 30 millones de hectáreas productivas que tenemos en la Argentina. Nuestro país tiene 300 millones de hectáreas, con vastas zonas extrapampeanas...

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Vaya redondeando, señor diputado.

Sr. Buryaile.- No, señora presidenta. Me voy a extender tres minutos como lo han hecho otros diputados, si es que me lo permite.
El problema que tienen las zonas extrapampeanas se relaciona con las inversiones. Las inversiones que van a nuestras provincias o a otras como las de Cuyo. En muchos casos van a las provincias patagónicas y son inversiones productivas. Nosotros alentamos las inversiones productivas. No existe un solo renglón en el proyecto oficial que mencione la palabra “provincias”.
¿De qué federalismo estamos hablando con esta ley? Voy a votar por el dictamen de minoría que desde el bloque de la Unión Cívica Radical hemos trabajado seriamente.
Lo que sostenemos es que la Argentina no debe extranjerizar más de cinco unidades económicas sustentables, y la superficie sustentable será determinada por las legislaturas provinciales por intermedio de sus diputados, que son las autoridades electas. Ese es el federalismo que nosotros planteamos. No hablamos de un organismo que se reúna en el ministerio para que un funcionario de cualquier otra provincia nos diga cómo nos vamos a desarrollar en el interior del país a partir de una visión pampeana. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Barchetta.- Señor presidente: siento una gran emoción porque mi primera intervención en esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación tiene que ver con el proyecto de ley que intenta poner freno al avance de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país.
Si me permiten, voy a hacer algo de historia muy brevemente para que mis colegas que están en sus bancas, así como quienes están viendo y escuchando lo que hoy debatimos, tengan presente cómo se logró llegar a este debate.
El primer proyecto de ley presentado al Congreso de la Nación fue elaborado por la Federación Agraria Argentina, entidad gremial de pequeños y medianos productores de la cual provengo.
El 22 de agosto de 2002 ingresó a la Presidencia de esta Cámara una iniciativa sobre restricciones y límites a la adquisición de dominios de inmuebles rurales. Su finalidad era atacar uno de los problemas relacionados con el uso y tenencia de la tierra, es decir, la extranjerización.
Por entonces todavía estaba muy fresco el recuerdo del trágico diciembre de 2001 y los efectos de la convertibilidad permitían la llegada masiva de empresas extranjeras para comprar tierras en nuestro país.
Me tocó personalmente participar de varias jornadas de esclarecimiento en este sentido.

Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado: permítame que le haga una consulta a los efectos de administrar el tiempo. Tengo anotados para hacer uso de la palabra a cuatro diputados de su Interbloque. ¿Cuánto tiempo va a utilizar usted?

Sr. Barchetta.- Cinco minutos, señor presidente.

Sr. Presidente (Domínguez).- Entonces, le quedan diez minutos al resto de los expositores de su bloque, que son tres.

Sr. Barchetta.- No, señor presidente, son dos.

Sr. Presidente (Domínguez).- Esta Presidencia tiene anotados a los diputados Riestra, Parada y Duclos.

Sr. Barchetta.- De acuerdo, señor presidente, pero todos los oradores se han extendido un poco.
Lo que se buscaba hace más de ocho años era poner en debate en la sociedad la problemática de millones de argentinos. Empezaron a resonar nombres como Benetton, Douglas Tomkins y Lewis, y lugares como los Esteros del Iberá o Lago Escondido. También había otros que alertaban sobre el escándalo en la venta de tierras a extranjeros.
En julio de 2004 realizamos un gran evento en la Federación Agraria, que fue el primer Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de la Tierra. Aquí me gustaría hacer una breve mención de los temas que abarcan la discusión sobre el uso y tenencia de la tierra, que no se agota en el necesario debate sobre la extranjerización.
Si hoy logramos sancionar el proyecto que estamos discutiendo y el Senado lo convierte en ley la Cámara de Diputados debe avanzar a la brevedad en las leyes que pongan fin a la concentración económica que hoy pensamos que existe en el campo argentino. Debemos darnos un necesario debate sobre los arrendamientos rurales y revisar lo que sucede con la titularidad de miles de campesinos y representantes de los pueblos originarios, entre otros desafíos que tenemos por delante.
Quiero dejar claro que si durante estos años no hubiera habido una profunda militancia por la tierra hoy no podríamos estar debatiendo este proyecto.

Sr. Presidente (Domínguez).- Agotó su tiempo, señor diputado.

Sr. Barchetta.- Espero que lo de hoy sea apenas un primer paso de un cambio mayor y que en muy poco tiempo tengamos toda la batería de leyes que realmente estamos necesitando para evitar esta gran concentración que se está dando hoy en la Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Riestra.- Señor presidente: vengo a continuar una iniciativa que ya planteara mi compañera partidaria Verónica Benas, diputada mandato cumplido.
Va a ser difícil encontrar en cuatro minutos argumentos que convenzan, pero a diferencia de Groucho Marx, no tengo otros.
Como Nación nos urge establecer las reglas que garanticen a todos los argentinos el acceso a la tierra en condiciones que permitan el desarrollo de actividades productivas y de subsistencia, así como de protección de los recursos naturales y culturales. No podemos permitirnos más esquilados rurales, más comunidades indígenas desalojadas, más fondos de inversión decidiendo sobre el destino de una comunidad.
Si bien hoy nos encontramos discutiendo la extranjerización de tierras, no podemos quedarnos sólo en quién detenta su titularidad sino que estamos dispuestos a avanzar en el cómo y para qué se es propietario de ellas. Esperamos que el oficialismo nos acompañe con el mismo entusiasmo y celeridad e impulse reformas en ese sentido.
La concentración y el uso de la tierra definen un modelo de país. La posesión y el uso de la tierra están directamente ligados a la soberanía alimentaria, a las posibilidades de desarrollo y a la generación de empleo y producción. Un estudio del INTA dice que la mitad de las tierras pertenece al 2 por ciento de los propietarios y que los pequeños y medianos propietarios detentan el 3 por ciento del total de las tierras cultivables. Me pregunto cómo se garantizará en nuestro país con semejante porcentaje una soberanía alimentaria, el sustento del agricultor familiar.
Sé que lo que tenía preparado para decir no va a alcanzar para muchos, pero es en este marco que debemos discutir el modelo agrario actual, que excluye al campesino del campo y ha introducido nuevos actores y fortalecido a viejos.
El plan estratégico alimentario tiene como meta ampliar la producción agropecuaria de 100 millones a 160 millones de toneladas. Para el año 2020, se prevé extender la superficie sembrada de 34 a 42 millones de hectáreas de explotaciones. Esto necesariamente va a implicar avanzar sobre nuevas tierras que son frágiles, como las del Chaco, Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, con expulsión de unidades familiares, campesinas, deforestación e impactos ambientales.
Cuando avancemos en el tratamiento en particular vamos a plantear fundamentalmente precisar a dónde se dirigen las inversiones foráneas, que generalmente apuntan a bosques nativos, a áreas protegidas, a lugares declarados de interés cultural. Lo mismo haremos con las zonas de frontera, para las que decimos que no debe aplicarse el límite de mil hectáreas ni otro que se determine, y que en ningún caso podrán ser vendidas a extranjeros.
Otro tema que queríamos plantear se refiere a la ley 15.385, que declara de conveniencia nacional los bienes ubicados en zonas de seguridad y que pertenezcan a argentinos nativos.
Esta conveniencia o preferencia es lo que ha determinado la línea de excepción. La resolución del Ministerio del Exterior excluye a 14 provincias fronterizas y a más de 88 departamentos.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Duclos.- Señor presidente: desde el Frente Amplio Progresista habíamos cuestionado la agenda propuesta para extraordinarias, y felizmente estamos ante uno de los temas que tienen urgencia en su tratamiento. El otro fue obviamente el presupuesto nacional, por razones obvias, y la prórroga de leyes impositivas.
Este tema que nos convoca hoy es verdaderamente urgente porque a todos nos preocupa el avance en la extranjerización del dominio de tierras rurales. Estamos frente a un proceso acentuado y es necesario detenerlo.
Nos habría gustado que se hubiera legislado sobre este tema mucho antes. Hubo muchos proyectos que fueron reivindicados en este debate. Hay antecedentes desde hace varios años, pero como ha sucedido con muchos temas, el oficialismo recién habilita su tratamiento cuando aparece la iniciativa oficial, desconsiderando los antecedentes de quienes han trabajado fuerte y durante muchos años en estos temas.
Mientras no se trataban estos proyectos, anteriormente se ha dado por ejemplo incumplimiento a lo que recién señalaba mi compañero de bancada, el diputado Riestra: el abordaje de la zona de seguridad.
Hay un informe de la Auditoría General de la Nación del año 2008 que marca cómo se han autorizado operaciones en las zonas de seguridad, es decir, en las zonas limítrofes, y hay una cantidad importante de operaciones realizadas bajo excepción y con marcadas irregularidades en el procedimiento, destacándose las provincias de Santa Cruz y Chubut como las de mayor incumplimiento.
Por lo tanto, debemos trabajar para sacar la mejor ley y pedirle especialmente al Poder Ejecutivo que sea consecuente en la aplicación de la norma.
Creo que el proyecto que fue elevado por el Poder Ejecutivo era casi meramente declarativo, y quiero reconocer el trabajo que se ha hecho desde las comisiones, donde se han introducido modificaciones y se lo ha mejorado, buscando que sea una herramienta verdaderamente eficaz.
Desde nuestro punto de vista aún falta introducir modificaciones para que verdaderamente se pueda detener este proceso de concentración en manos extranjeras del dominio de la tierra rural y preservar este recurso estratégico. Todos sabemos de la riqueza que tiene nuestro país. Todos conocemos el valor estratégico vinculado con la seguridad alimentaria global, y esto se va a acentuar en los próximos años.
Si queremos detener este proceso de extranjerización, no entendemos por qué se plantea el límite del 15 por ciento.
Si la propia presidenta de la Nación planteó su preocupación por el informe de la FAO, que sostiene que aproximadamente un 10 por ciento de nuestra superficie territorial estaría en manos extranjeras, creemos que ya hay que dejar de autorizar compras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Por lo tanto, después del relevamiento que plantea el registro, queremos que se detenga y no se autorice más este tipo de operaciones.
En cuanto a la unidad de las mil hectáreas, coincidimos en que son excesivas. Debemos estar en 500 hectáreas, porque estamos hablando de la zona núcleo, donde las 500 hectáreas son suficientes como unidad productiva.
Por último, quiero señalar que vamos a proponer modificaciones al artículo 12 durante el tratamiento en particular. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia solicita autorización para conceder el uso de la palabra durante tres minutos a la diputada Liliana Parada.
-Asentimiento.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Parada.- Señor presidente: habida cuenta de la hora, voy a usar menos de tres minutos.
Desde el Frente Parlamentario contra el Hambre ‑integrado por diputados y senadores del Congreso-, que responde a una iniciativa de la FAO para América Latina y el Caribe, el día 6 de noviembre se realizó una audiencia pública relativa al proyecto que se encuentra en tratamiento.
A raíz de esa audiencia surgió un informe que hemos entregado a los presidentes de las tres comisiones que trataron el tema en consideración. Algunas sugerencias fueron tomadas, pero muchas quedan por ser analizadas en esta Cámara.
Finalmente, solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones la versión taquigráfica de la audiencia pública celebrada oportunamente. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Piemonte.- Señor presidente: hoy es un día contradictorio para nosotros, porque aquí se han aprobado leyes a las que nosotros nos opusimos en forma contundente, pero también hemos apoyado otras. En particular, este proyecto que se está tratando ahora tiene para nosotros un valor fundamental, porque es casi fundacional de nuestro partido.
Es cierto que, tal como refirieron varios señores diputados, este proyecto se presentó en la Cámara a partir de una iniciativa de la Federación Agraria. Lo que no dijeron los señores diputados –me parece que tendrían que haberlo hecho- es que la autora de esa iniciativa fue la doctora Elisa Carrió.
Desde la Coalición Cívica-ARI vamos a votar favorablemente el proyecto en consideración. Si esto se hubiese discutido cuando fue planteado allá en el año 2001, y si en sus ocho años de gobierno el oficialismo hubiese traído esta iniciativa al recinto algunas de las propiedades que hoy están en manos extranjeras –tal vez no por la cantidad sino por su ubicación en zonas de seguridad- no se hubiesen vendido.
Quiero hacer una breve mención y un reconocimiento a la lucha que se llevó a cabo en la provincia de Río Negro a raíz de la compra de tierra que había hecho Joe Lewis alrededor del lago Escondido, que ha impedido el libre acceso de todos los argentinos a dicho lago.
A partir de la iniciativa de legisladores de dicha provincia, como la compañera Magdalena Odarda, quien presentó una acción de amparo en la Justicia y que jugó con su cuerpo al ir a demostrar que no se podía acceder al lago Escondido, la Justicia acaba de fallar a favor de su libre acceso.
En honor a la brevedad, quiero rescatar tres cuestiones vinculadas a este proyecto de ley. En primer lugar, limitar y restringir la adquisición de tierras por parte de extranjeros significa regular y evitar el avasallamiento corporativo de extranjeros sobre los bienes naturales productivos argentinos, previniendo una mayor concentración de tierras argentinas en manos de grupos financieros de capitales transnacionales.
La segunda cuestión que quiero remarcar es que al proteger la tierra estamos preservar los recursos naturales, que constituyen un activo fundamental para el desarrollo de los pueblos.
En tercer lugar, deseo referirme a dos cuestiones que hacen a la característica de nuestro dictamen –a diferencia del de mayoría‑ y que necesariamente debemos discutir. Una de esas cuestiones se vincula con la zona de seguridad. En este sentido, el dictamen de mayoría propone hacer lo mismo que en la actualidad. Digo esto porque hoy funciona la Comisión Nacional de Seguridad, que otorga permisos, aprueba o da excepciones para la venta de tierra en esas zonas, y el dictamen de mayoría propone que esas atribuciones pasen al ámbito del Ministerio del Interior.
Sin embargo, nosotros sostenemos que la prohibición tiene que ser taxativa, porque no se pueden vender tierras a corporaciones o extranjeros en zonas de seguridad, por el riesgo que eso implica.
La otra cuestión a la que me quiero referir también marca una diferencia entre nuestro dictamen y el de mayoría, porque el proyecto del Poder Ejecutivo fija un límite de mil hectáreas, mientras que nosotros sostenemos que tiene que restringirse a las unidades productivas, que incluso están dentro de las potestades de las provincias.
Para nosotros este es un paso importantísimo. En este sentido, varios diputados han señalado que es un paso trascendental, pero que es sólo eso, es decir, un paso, porque la pelea que se viene es por la concentración de la tierra, por el agua y por la defensa de los recursos naturales. Esta pelea la seguiremos dando para evitar que suceda lo mismo que hoy ocurre con la minería a cielo abierto.
Por último, debo señalar que la Argentina es uno de los países que tiene la legislación más flexible en términos de limitación de compra de tierras por parte de extranjeros. Brasil, Estados Unidos, Japón y Canadá han regulado la compra de tierra en forma mucho más severa que la Argentina.
Para nosotros este es un día importante, ya que vamos a aprobar un proyecto sumamente relevante para que la Argentina no siga siendo zona de remate. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.

Sra. Re.- Señor presidente: tal como lo manifesté en el plenario de las comisiones que se reunieron el 13 de diciembre próximo pasado, no puedo dejar de referirme al apuro y la improvisación con que el Ejecutivo y el bloque oficialista han abordado esta temática compleja.
Como señalé en su momento, no existe nada que impida que este tema sea abordado en el período de sesiones ordinarias del año próximo, y que su resultante sea fruto de una elaboración legislativa seria, en contribución a la calidad institucional tantas veces declamada por nuestra presidenta.
Quisiera remarcar que la Coalición Cívica –bloque del que formo parte‑ y la señora diputada Elisa Carrió son los que han venido sosteniendo desde 2002 la necesidad de contar con una regulación en esta materia.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia solicita a los señores diputados que respeten a la oradora.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Entre Ríos.

Sra. Re.- Señor presidente: nuestro bloque ha presentado un dictamen de minoría que, a diferencia del de mayoría, avanza en una clara y razonable prohibición hacia quienes no son argentinos de adquirir tierras en zonas de seguridad o de frontera. Este no es un tema menor, pero pese a nuestro reclamo no ha sido incorporado en el dictamen oficial, apartándose curiosamente de lo que la legislación comparada resuelve en este sentido.
Digo “curiosamente”, porque esa legislación comparada es la que tantas veces se cita en el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo a este Parlamento como la razón fundamental para legislar sobre la restricción en la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Si me permite, a continuación pasaré a detallar los fundamentos por los cuales no acompañaré el dictamen oficial, y para eso mencionaré desde mi punto de vista alguna de las problemáticas que posee esta iniciativa del Poder Ejecutivo y que hoy se piensa sancionar.
Uno de los defectos más importantes es el problema de la definición de tierras rurales y el desconocimiento total de la cosa sobre la que se está legislando, es decir, como sostienen los expertos, se define a la tierra rural como aquella que no es urbana o como aquélla ubicada fuera de los ejidos urbanos de manera negativa, dejando una zona gris a la agricultura periurbana, o sea aquella que se desarrolla en el borde de las ciudades, justamente en ese borde que nunca se define muy bien si es urbano o rural, sin determinar sus características ni ubicación.
Pero lo más grave de definir a la tierra rural de esta manera es que no conocemos la superficie con aptitud agrícola o productiva con la que cuenta nuestro país y esto es grave, ya que no podemos legislar seriamente sobre aquello que no tenemos definido y de lo cual desconocemos su extensión.
Es más, esto nos coloca en un segundo problema grave también. No podemos hablar de límites o cantidades de superficie de la que pueden ser propietarios un extranjero o la totalidad de ellos, si no conocemos sobre qué estamos legislando.
Es decir, no podemos hablar de un límite del 15 por ciento sobre 1.000 hectáreas si no sabemos a cuánto asciende la totalidad de hectáreas aprovechables en nuestro país.
Pero eso no es todo, ya que el mecanismo indicado en el dictamen de mayoría en su artículo 12 no soluciona el problema. La razón es sencilla: en nuestro país no tenemos catastro tecnificado ni hay información unificada de elos catastros que permitan determinar estos datos.
Además, como nos dicen correctamente los especialistas, el catastro no define la identidad o el origen del dueño de la tierra, o sea que pretender hacer en 180 días lo que no hicimos en 200 años es verdaderamente un despropósito.
Tampoco se puede decir como en el proyecto oficial que se asegura la soberanía nacional. La soberanía estatal es una atribución que el Estado tiene para ejercer el poder de policía,y aquí lo que importa es el poder del Estado para que compruebe planes de población, de desarrollo, de colonización o de inmigración. Llenar los espacios y dar facilidades a aquellos que quieran acceder a la tierra.
En definitiva, vamos a tener soberanía nacional en la medida en que todos nuestros compatriotas estén incluidos en el sistema…

Sr. Presidente (Domínguez).- Ha vencido su término, señora diputada.

Sra. Re.- Ya concluyo, señor presidente.
Quiero decir que no es un recurso natural no renovable y que además somos conscientes que debemos avanzar en una regulación sobre este tema, pero no solamente lo haremos con esta norma prohibitiva sino que son las políticas proactivas o de estímulo las que asegurarán un campo con agricultores. Queremos que sean los propios argentinos los dueños y defensores de esta soberanía.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Comi.- Señor presidente: para terminar con la intervención de la Coalición Cívica, tengo que decir que no son días fáciles para nosotros, algo que está bien claro. No nos ha ido bien en estas elecciones y tenemos muchos desafíos por delante.
Pero eso no empaña en nada todo el trabajo que hemos desarrollado en esta Cámara en todos estos años, donde muchas de las propuestas y muchos de los programas que se llevaron adelante en este país han surgido de ideas de nuestro bloque.
La asignación universal por hijo es también hija –valga la redundancia‑ de un viejo proyecto de nuestro bloque, y hoy es calificada como la medida más revolucionaria en política social en los últimos 50 años. También es un proyecto de Elisa Carrió la asignación universal por hijo.

Sr. De Petri.- ¡También de la CTA!

Sr. Comi.- ¡Es nuestro, compañero, léalo, porque salió antes!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Comi.- Saludablemente existe aquí un registro de expedientes, desde hace varios años, muchos anteriores a los de la CTA.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Sírvanse no dialogar los señores diputados y respetar al orador.

Sr. Comi.- También este proyecto y esta vieja pelea es un proyecto de la diputada Carrió, de la diputada Carca, de la diputada Susana García y también de la Federación Agraria.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Comi.- Y también la diputada Conti.

Sra. Conti.- La senadora Conti.

Sr. Comi.- Y también la senadora Conti, pero también de la doctora Carrió.
En verdad, estamos muy orgullosos. Además, siempre hemos estado en el mismo lugar y siempre hemos venido al Congreso a defender estas ideas. Como decían “Chito” –así le digo cariñosamente al diputado Forte‑ u Omar Barchetta: este es un día histórico, ya que se van a discutir y sancionar estos temas.
Hoy vemos contentos por esto a algunos señores diputados que han sido voceros, caras, espadas y alfiles del mayor proceso de entrega del patrimonio nacional, de concentración de la tierra y de destrucción de la economía en la década del 90. Creo que este es un gran cambio para el país y habla bien de este proceso político.
Hace algunos años decían otra cosa. Nosotros, nos vaya bien o mal, siempre estamos en el mismo lugar y venimos a defender las mismas ideas. Por eso vamos a votar a favor de este proyecto.
Celebramos este día y también hacemos nuestras las palabras de los compañeros de la Federación Agraria, que señalan que hay que discutir un plan integral de defensa del interior productivo, de los pueblos del interior, de nuestros agricultores y de nuestros campesinos, a fin de que sigan estando allí y no sean barridos por el capital extranjero o nacional, que concentra la tenencia de la tierra y la propiedad.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Solá.- Señor presidente: me habían dado diez minutos, pero ya me “afanaron” tres. De todas formas no se trata de cuánto hablar, sino de qué decir.
Está calculado cuántas hectáreas trabajables desde el punto de vista agropecuario hay en la Argentina. Algunos no lo quieren ver, no lo estudian o no le preguntan al INTA. Se trata de 170 millones de hectáreas, incluyendo todos los tipos de pastizales naturales aprovechables, lo cual no significa que se los estén aprovechando.
No está calculada cuánta tierra extranjera hay en la Argentina. El señor presidente aportó una cifra de 7 millones de hectáreas, y hay un trabajito muy sencillo que habla de 5,6 millones de hectáreas; la Federación Agraria dio una cifra mucho mayor.
A título comparativo, hay estados norteamericanos en los que no se puede invertir si se es extranjero, como Iowa, pero también hay otros en los que cualquiera puede comprar tierras, como Texas.
En Canadá, en la zona triguera, que está al Oeste, no se puede comprar ni una piedra. Si se va a la zona Este, lechera, donde están los franceses, la cosa es más abierta.
En Brasil está en vigencia una ley desde el año 1951, que dice que un extranjero puede comprar hasta cuarenta módulos, que suponemos que sería la unidad económica agraria.
En Uruguay, el 25 por ciento de la totalidad de la tierra es extranjero, y ahora el presidente Mujica le pide al Congreso que empiece a estudiar el tema, sin que haya enviado un proyecto de ley.
Me parece que esta iniciativa no tiene por qué ser la mejor ni la que solucione los problemas estructurales muy fuertes, como la concentración. Podríamos tener un día de debate entero sobre la concentración agrícola-ganadera, especialmente la agrícola.
Se trata de una concentración en el número de empresas más que en la tierra en sí. Cada vez un menor número de empresas opera sobre un número de propietarios que se mantiene más o menos estable, pero que han salido del proceso productivo por falta de escala, por la agricultura moderna y por la tecnología. En la Argentinala agricultura va exactamente al mismo ritmo que Estados Unidos, el más rápido del mundo. Al mismo tiempo están aquí y allá las innovaciones, porque éstas son las mismas, no dependen del manejo de las personas sino de los insumos que se compran. Las innovaciones están en las semillas, en los pesticidas y sobre todos en los herbicidas.
¿Por qué me parece que no tenemos que pedirle nada extraordinario a esta ley, ni siquiera que sea totalmente clara? Porque para mí es un punto de partida, y esa es la importancia que le asigno.
Uno de los compañeros de la Federación Agraria dijo que era un crisol de razas. Es cierto, pero tratemos de no ser un país de zonzos en cuanto a ponerle un principio al fin de la compra libre de tierra por los extranjeros.
La compra de tierras por parte de extranjeros no es estratégica en la Argentina. No es una inversión. Lo mejor que aporta esta ley es la definición de inversión. Comprar tierra no es una inversión; es un cambio de manos, un cambio de dueños.
En este momento la compra de tierras por extranjeros se convierte en estratégica por la situación del mundo desde hace varios años. Esta crisis, casi civilizatoria, hace que los capitales puedan llegar sorpresivamente y en un número inusitado, y que nadie pueda preverlo.
Entonces, esta ley es estratégica porque empieza a preocuparse por un tema que no es limitar la inversión en la Argentina. Los argentinos y extranjeros que trabajan bien lo hacen en el mismo nivel, generalmente en superficies grandes. Pero no es estratégico, no aporta generación de empleo; esa tierra va a ser trabajada por A o por B, por un criollo o por un gringo, pero el nivel de empleo va a ser el mismo, los camiones que van a llevar esa producción van a ser conducidos por argentinos, pero no va a cambiar mucho si es uno u otro.
La tierra es un bien finito, pero bien dice Buryaile que es un recurso renovable. De lo contrario, en Italia no se podría sembrar ni una hectárea, porque en Etruria se viene sembrando desde hace 2.500 años. Si se trata bien a la tierra será renovable en un tiempo incluso más breve.
En definitiva, me parece que el cambio del concepto de inversión es un hallazgo y es fundamental.
La definición del artículo 10 es muy mala, pero no importa. No es para acusar a nadie. No importa que lo dejemos abierto. La zona núcleo puede tener hectáreas que valgan desde 5 mil a 15 mil dólares, porque existe una dispersión muy grande, con lo cual el concepto de las mil hectáreas resulta difuso. Quedará en manos de los organismos que se crean.
Creo que ni por asomo vamos a tener en 180 días un registro de extranjeros con tierras en la Argentina. Hay un enorme atraso en los catastros provinciales y la información que pueden proveer es muy antigua. En muchas provincias argentinas está lleno de “precaristas”, gente que trabaja la tierra hace muchos años pero no tiene título y no puede legitimar ser dueña de esa propiedad.
Entonces, no nos preocupemos demasiado si hay algunas indefiniciones, porque lo que importa es que el objetivo está logrado.
Para terminar, quería decir que la agricultura moderna se sigue ampliando, y algún día Monsanto va a producir un gen resistente a la sequía, con lo cual va a haber que caminar rápido para que no le siembren a uno el traste con soja. (Risas.)
Si uno toma un auto de acá hasta el Amazonas va a pasar por un inmenso océano verde desde aquí hasta Paraguay, Mato Grosso Sur, Mato Grosso, y cuando llegue al Amazonas recién ahí empezará a ver selva, donde una parte está desforestada y el resto se encuentra absolutamente sembrado de soja. Esto demuestra la importancia…

Sr. Presidente (Domínguez).- Por favor, señor diputado….

Sr. Solá.- Permítame concluir, señor presidente.
Finalmente, como antes hablábamos del trabajo rural, la categorización que hoy se hizo por la geografía en la que se trabaja y no por la naturaleza del trabajo, es errónea; ello, porque la agricultura moderna saca a la gente del campo y crea trabajo en las ciudades rurales. Por lo tanto, cada vez será más débil el gremialismo rural si sólo juzgamos como “rurales” a quienes están en el campo.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: sin perjuicio de solicitar autorización para insertar parte de mi discurso en el Diario de Sesiones, efectivamente, Cristian Ferreyra fue asesinado pero no por Benetton. En realidad, según sus compañeros del MOCASE Vía Campesina, fue asesinado por mercenarios bajo las órdenes de José Ciccioli, que es un terrateniente santafesino.
Por otro lado, si recordamos a los muertos por el brutal desalojo del ingenio Ledesma, advertiremos que tampoco fueron asesinados por la defensa de los intereses de una multinacional extranjera; fueron muertos por la policía de la provincia en defensa de los intereses del ingenio.
Ello pone de manifiesto que, efectivamente, el problema de la tierra es grave, pero no se trata de una cuestión simplemente de banderas. Sé que acá han dicho que estoy pretendiendo la reforma agraria, pero es evidente que no he sido la única que en el curso de estas discusiones se ha referido a la concentración como al mayor problema que debemos enfrentar en relación con la democratización de la tierra.
Yo puedo creer en las buenas intenciones del mensaje y que no se trata de una cuestión de xenofobia; pero si presumimos que el extranjero va a apropiarse de los recursos, del agua potable, de los bosques nativos, de la riqueza del suelo; si pensamos que los argentinos no harán eso y actuarán en defensa de las personas de escasos recursos, del derecho de los pueblos originarios sobre sus tierras, y del agua potable, creo que estamos siendo muy ingenuos.
En realidad, pienso que hay que poner un límite inteligente a la extensión territorial del dominio rural. Esta idea de confundir el ejercicio de derechos de nacionales y extranjeros no sólo genera problemas de índole constitucional; y los problemas no se encuadran dentro de la lectura que podría hacer nuestro liberalismo vernáculo en el sentido de lo que habitualmente se interpreta, sino que es posible hacer una interpretación con una enorme potencia progresista diciendo que nuestra Constitución justamente está alentando una distinción entre empresarios y trabajadores, con el propósito de impedir la concentración abusiva de riquezas y la explotación del trabajo.
La tierra deben tenerla quienes la trabajan. Así, una reforma agraria es urgente. Hay que poner un límite absoluto en relación con cuál es la posibilidad de compra, de la misma forma que hay que imponer tributos a la tierra ociosa, porque lo que tratamos de hacer es alentar el trabajo, impidiendo fines especulativos. Lo que digo va más allá de lo que planteaba el señor diputado Yoma. Hay que poner tributos para los que no trabajan la tierra y garantizar el acceso a la semilla.
Cuando se sancionó la ley de medios se fue en contra de los grandes grupos económicos, de los grandes oligopolios y de los monopolios. En el caso de Papel prensa y de la ley de medios nos encontramos con que todo esto se ha hecho porque este gobierno tiene una enorme legitimidad popular. Por lo tanto, si no es ahora, ¿cuándo?
Lo cierto es que son muchos los que creen que hay que estar alentando y que lo que hay que restringir son intereses de capitalistas y de ciertos latifundistas. Se debe alentar el derecho de los trabajadores. Si son esos los derechos que quieren alentar, háganlo, porque la Constitución lo permite. En realidad, la Constitución Nacional está totalmente a su favor. Para eso, con todo gusto los voy a acompañar, porque creo que es la solución. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por el Neuquén.

Sra. Comelli.- Señor presidente: obviamente que mi bloque va a apoyar el proyecto, ya que se corresponde con las presentaciones que hemos hecho desde abril de 2009.
Si no les parece mal, voy a insertar mi discurso. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Robledo.- Señor presidente: si me permite, pretendo seguir el principal pensamiento ideológico que se encuentra en la escritura misma del pensamiento nacional. Para nosotros la titularidad, tenencia y uso de la tierra rural constituye un derecho irrenunciable del Estado para ejercer su soberanía en nombre del pueblo y de las generaciones futuras.
En los mismos términos se expresó usted, señor presidente, en esta Honorable Cámara, cuando fundamentó la importancia de este proyecto cuando se desempeñó como ministro del área. La tierra básicamente no es un bien, sino un bien de trabajo. El trabajo dignifica, decía Perón.
En el contexto del pensamiento nacional, fue el propio general Perón quien aportó una visión estratégica acerca del desarrollo sustentable de las actividades agropecuarias y la preservación de los recursos naturales como parte de la riqueza del país. Lo hizo en el libro Modelo Argentino para el Proyecto Nacional.
Decía lo siguiente: “El mundo actual observa, con creciente preocupación, el paulatino agotamiento de los recursos naturales, al punto de temer el desencadenamiento de una crisis en materia de productos esenciales para la subsistencia de la humanidad.
“Nuestro país, en tal sentido, resulta un privilegiado de la naturaleza y una esperanza para la sociedad en la etapa universalista”.
De allí que la definición de una política estable y definida para el agro constituye una responsabilidad ineludible de las generaciones del presente para con las del futuro. Pero fue más allá Perón cuando reflexionó específicamente sobre el régimen de tenencia de la tierra y dijo: “Esta política debe señalar, con precisión, los objetivos a alcanzar en materia de colonización, infraestructura, régimen de tenencia de la tierra, explotación, investigación, capacitación e incentivos, para lograr, a la vez, una fuente continua de riqueza para el país y un aporte vital para el mundo del futuro, con criterio de solidaridad universal.”
Entendemos que la tenencia de la tierra implica la responsabilidad de no atentar contra la finalidad social que debe satisfacer la explotación agraria. Dicha finalidad social sólo se cubrirá cuando la tierra sea explotada en su totalidad y en relación con la actitud real y potencial, tomando al lucro como un estímulo y no como un fin en sí mismo.
En línea con esta corriente de pensamiento nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias de este año que es simplemente dar un instrumento que asegure que los recursos que van a ser vitales para el siglo XXI sigan precisamente en la órbita y competencia nacional. Expresó también que no significa desalentar las inversiones extranjeras. Nuevamente reafirma el derecho irrenunciable del Estado a ejercer su soberanía sobre los recursos naturales para definir su uso estratégico: alta escuela peronista.
Este proyecto, que es también un viejo anhelo de la Federación Agraria, intenta corregir los defectos de la estructura agraria de nuestro país, que se caracteriza por la acumulación de tierras por parte de grandes grupos económicos, que mantienen su dominio sobre la tierra con el solo propósito de especular con su valor. Es decir que el uso improductivo que se da al recurso se manifiesta en el momento en que se producen las ventas a título meramente especulativo, mientras que en todo ese tiempo se excluye a miles de productores agropecuarios de la explotación del recurso.
Por las razones expuestas, adelantamos nuestro voto favorable al proyecto en tratamiento. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rossi- Señor presidente: voy a ser muy sintético. Yo le había solicitado a usted que hiciera uso de la palabra porque en su carácter de ministro de Agricultura ha sido una pieza clave en la elevación de este proyecto por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.
Usted dijo que no quería entorpecer el desarrollo de la sesión y que le parecía que había que seguir acelerando los tiempos. Pero en nombre de nuestro bloque ‑esto seguramente es compartido por el resto de la Cámara- quiero hacerle un profundo reconocimiento por el trabajo que a instancias de la presidenta realizó como ministro de Agricultura para que esta iniciativa hoy tuviera sanción. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Rogel.- Señor presidente: dado que esta noche, como dijo recién el presidente de la bancada justicialista, el Congreso de la Nación va a votar una norma para el conjunto de los argentinos, quiero que quede registrado, por honor y respeto al querido amigo Humberto Volando y a todos los hombres de la Federación Agraria, que el proyecto original que ha enviado el Poder Ejecutivo y que todos vamos a convertir en ley a continuación, pertenece a la Federación Agraria. (Aplausos.)
Yo no he hablado porque no quiero ser “todólogo” y hay gente en el bloque que merece mayor respeto...

Sr. Presidente (Domínguez).- Gracias, señor diputado.

Sr. Rogel.- Déjeme terminar, señor presidente. Hace ocho años que la Federación Agraria...

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General y otras recaído en el proyecto de ley sobre protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales (Orden del Día N° 9).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 182 señores diputados presentes, 153 han votado por la afirmativa y 26 por la negativa, registrándose además una abstención. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 153 votos por la afirmativa y 26 por la negativa. (Aplausos.)


aquí votación nominal


Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en particular el artículo 1º.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 2º.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 3º, que corresponde al capítulo III.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cigogna.- Señor presidente: proponemos que después de las palabras “personas jurídicas” se agregue una coma y la expresión “según el marco previsto en el artículo 32 del Código Civil,”. Luego la redacción sigue igual.
Asimismo, a continuación del inciso c) proponemos que se agregue un inciso, que sería el d), con el siguiente texto: “Simples asociaciones en los términos del artículo 46 del Código Civil o sociedades de hecho, en iguales condiciones respecto de su capital social, a las previstas en el inciso b) de este artículo.”
Proponemos que el artículo se vote con esos dos agregados.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Solá.- Señor presidente: si bien es un detalle, me parece que en lugar de poner “mayor al 51 por ciento” podríamos poner “mayor al 50 por ciento”.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cigogna.- No aceptamos las modificaciones propuestas, señor presidente.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 4º, que corresponde al capítulo III.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. de Prat Gay.- Señor presidente: solicito que se incluya un artículo 4º que diga lo siguiente: “Las sociedades anónimas titulares de inmuebles rurales deben convertir sus acciones en nominativas y ajustarse al cumplimiento de los requisitos de la presente ley.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor miembro informante del dictamen de mayoría.

Sr. Cigogna.- No aceptamos la modificación propuesta, señor presidente.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 4º.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 5º a 9º.

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 10.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. de Prat Gay.- Señor presidente: para ahorrar tiempo quisiera preguntar al miembro informante si va a estar dispuesto a aceptar modificaciones. Si no lo está, queremos fijar las dos grandes diferencias que tenemos: una, referida a la unidad económica de producción, que creemos que debería ser el límite y no un número de hectáreas, y la otra, vinculada a una serie de restricciones que nosotros quisiéramos proponer en reemplazo del artículo 13 para la zona de seguridad.
Por eso pregunto antes, para ahorrarnos el tiempo de enumerarlas y después el diputado Cigogna me diga que no las acepta. Además, no queda claro lo que dice, porque cuando se enciende el micrófono no se entiende si dijo que no las acepta o que las acepta.

Sr. Cigogna.- Seré preciso: no las aceptamos. (Risas y aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Barchetta.- Señor presidente: nosotros proponemos que en vez de mil hectáreas sean 500 hectáreas, o superficie equivalente.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cigogna.- No se acepta la modificación, señor presidente.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 10.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 11 y 12.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Duclos.- Señor presidente: también estaba registrado para hablar sobre el artículo 8º...

Sr. Presidente (Domínguez).- No lo tengo registrado...

Sr. Duclos.- ¡Sí!

Sr. Presidente (Domínguez).- ...y ya está votado. Estamos considerando el artículo 13.

Sr. Duclos.- Pero en el artículo 12...

Sr. Presidente (Domínguez).- Ya fue votado, señor diputado.

Sr. Duclos.- Pedí la palabra.

Sr. Presidente (Domínguez).- No lo tenemos registrado, señor diputado.

Sr. Duclos.- Fui hasta el estrado y la secretaria parlamentaria me anotó. Me registré.
Sr. Presidente (Domínguez).- Ya fue votado, señor diputado. Quedará registrada su opinión.
En consideración el artículo 13.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. de Prat Gay.- Señor presidente: justamente para ahorrar tiempo me adelanté al “no se acepta” del señor diputado Cicogna.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el capítulo IV, artículos 14 y 15.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el capítulo V, artículos 16 y 17.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cicogna.- Señor presidente: proponemos agregar un artículo 18, con lo que el de forma pasaría a ser el 19, que dice así: “Cláusula transitoria: toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación y extensión temporal que le impongan las partes, a favor de personas físicas o jurídicas extranjeras en los términos del artículo 3°, que se realice en el período comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y su reglamentación por el Poder Ejecutivo Nacional, queda alcanzada por las disposiciones de la presente ley y sujeta a las consecuencias previstas en el artículo 7°.”

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 18 del dictamen de la mayoría.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 19 es de forma.

Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.

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reconocimiento a la labor de las madres de plaza de mayo

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rossi.- Señor presidente: el diputado de nuestro bloque, Edgardo Depetri, estuvo trabajando durante todo el día de ayer y hoy porque queríamos aprobar un proyecto de declaración que firmamos todos los presidentes de bloque, para el cual necesitamos apartarnos del reglamento y demás, que expresa nuestro reconocimiento al rol y labor que cumplieron las Madres de Plaza de Mayo durante estos últimos 35 años en la lucha por los derechos humanos y la construcción social.
Lo hemos firmado todos los presidentes de los bloques y solicito a la Cámara que podamos apartarnos del reglamento para tratarlo y aprobarlo.
Por otra parte, mientras juntamos el quórum –esto lo había hablado con el señor diputado Gil Lavedra y otros‑, aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo a quien fue diputado nacional hasta el 10 de diciembre de este año, nuestro compañero Gerónimo Vargas Aignasse. (Aplausos.)
Ustedes saben que a través de un trabajo del equipo de antropología forense encontraron y descubrieron los restos de su padre, que fue detenido y desaparecido durante la dictadura militar. Había sido senador por la provincia de Tucumán. Sabemos de la consternación que esto produjo. Se encontraron una cantidad de restos de cuerpos en Tucumán y toda la ciudad y la provincia está muy consternada.
Queríamos especialmente mandarle este abrazo a Gerónimo porque fue nuestro compañero, por todo el momento que está viviendo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Gil Lavedra.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical quiere expresar en primer lugar que ha adherido enfáticamente al reconocimiento a la lucha que han desarrollado las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura militar y a posteriori. Han sido un verdadero ícono en la historia argentina en la lucha por la verdad y la justicia.
Por otro lado, también queremos sumarnos a la congoja por haberse encontrado los restos del padre de Gerónimo Vargas Aignasse. Quiero destacar que este equipo de antropología forense nació de la mano de un antropólogo americano, Clyde Snow, que vino a declarar en el juicio a las juntas y trajo una técnica que aquí era desconocida, que consiste en ir separando lentamente cada uno de los pedacitos que se encuentran, tal como lo hace un arqueólogo.
Aquí formó un equipo de chicos que comenzó a trabajar en la década del 80, y luego de hacer un trabajo maravilloso la Cámara Federal los cobijó allá por el año 1990. Ellos trabajan en todos los cementerios buscando en las distintas fosas comunes y, merced a ello, se ha logrado identificar a casi 1.300 personas.
Este equipo extraordinario que ha venido trabajando con abnegación ha permitido la recuperación de los restos del ex senador Vargas Aignasse, y vaya todo nuestro reconocimiento para ellos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Donda Pérez.- Señor presidente: simplemente quiero sumarme al reconocimiento, por supuesto, a las Madres de Plaza de Mayo y a su trabajo, por el símbolo que ellas representan para el pueblo argentino.
Asimismo, quiero enviar un abrazo a quien fuera nuestro compañero, el ex diputado Vargas Aignasse, que se encuentra en este momento recuperando los restos de su padre.
También manifestamos nuestro apoyo incondicional a la Asociación de Antropólogos Forenses, que viene realizando su trabajo en todo el país. Creo que su accionar debe reflejarse en la legislación. Por lo tanto, pido a mis colegas que insten a los senadores de sus respectivos bloques a que aprueben el proyecto de protección de los restos NN que la Asociación de Antropólogos Forenses viene solicitando hace varios años a los efectos de poder seguir llevando adelante este trabajo tan importante. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado Rossi para considerar sobre tablas el proyecto de declaración por el que se expresa el reconocimiento al rol y labor cumplido por las Madres de Plaza de Mayo.
Se va a votar. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda aprobada la moción.
En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda aprobada la moción.

aquí proyecto de declaración del señor diputado depetri

Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el proyecto de declaración.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Zabalza.- Señor presidente: había pedido el uso de la palabra, pero la señora diputada Donda Pérez ya expresó el sentir del Frente Amplio Progresista.

Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de declaración.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
Se va a votar si se efectúan en el Diario de Sesiones las inserciones solicitadas por los señores diputados.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se harán las inserciones solicitadas.
Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles a todos los presentes una Feliz Navidad. Esta ha sido una jornada intensa de trabajo. Cada uno debe tener sensaciones encontradas. Nosotros sentimos la satisfacción de cumplir con nuestra labor como legisladores, y esta jornada de trabajo habla del compromiso republicano de este Parlamento.
Les deseo una Feliz Navidad, y que todos juntos podamos estar a la altura de las expectativas del pueblo argentino. (Aplausos.)
Queda levantada la sesión.
- Es la hora 5 y 59 del día 16.