- En la Ciudad Autónoma Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre de 2011, a la hora 13 y 34:
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IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Domínguez).- Con la presencia de 177 señores diputados queda abierta la sesión.
Invito al señor diputado por el distrito electoral de Buenos Aires, don Edgardo Fernando Depetri, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías el señor diputado don Edgardo Fernando Depetri procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Invito a los señores legisladores y público presente a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos.)
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convocatoria a sesiones extraordinarias
Sr. Presidente (Domínguez).- Obra en Secretaría el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se convoca al Honorable Congreso a sesiones extraordinarias desde el 12 hasta el 30 de diciembre de 2011.
AQUÍ MENSAJE Y DECRETO DEL PODER EJECUTIVO POR EL QUE SE CONVOCA AL HONORABLE CONGRESO A SESIONES EXTRAORDINARIAS DESDE EL 12 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011
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Convocatoria a sesión especial
Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura del pedido de sesión especial formulado por varios señores diputados, en número reglamentario, y de la resolución dictada por la Presidencia, mediante la que se convoca a dicha sesión.
Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así:
aquí PEDIDO DE LOS SEÑORES DIPUTADOS Y resolucion de la presidencia por la que se convoca a sesion especial
Sr. Presidente (Domínguez).- Señores diputados: todos los proyectos mencionados cuentan con sus respectivos despachos de comisión.
Esta Presidencia pone en conocimiento que, conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria a la que fueron citados todos los bloques políticos, se llegó a un acuerdo metodológico mayoritario, para establecer un mecanismo de trabajo a fin de considerar el temario de esta sesión especial.
Se debatirá en tres días. Hoy, se considerará el paquete económico, comprendido por los proyectos cuyos textos tienen en sus bancas los señores diputados: presupuesto 2012, prórroga de la emergencia económica, prórroga del impuesto al cheque y al impuesto al precio final de los cigarrillos, modificación del impuesto a las ganancias y prórroga de la ley de hidrocarburos.
El acuerdo al que se ha arribado consiste en que los temas serán tratados en forma conjunta.
Los bloques mayoritarios y los interbloques utilizarán treinta y cinco minutos; los bloques conformados por tres integrantes o menos, contarán con diez minutos; y los bloques mayoritarios cerrarán el debate.
A continuación del debate en general de los cinco temas, se votará cada uno en forma individual y se pasará a la discusión en particular.
Esta Presidencia solicita que en la discusión en particular los señores diputados se remitan exactamente al punto que está en consideración, efectuando las propuestas de modificación que crean convenientes.
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 1
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Feletti.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, conforme lo acordado expondré en primer lugar sobre el proyecto de presupuesto para el año 2012 y, en segundo término, sobre el conjunto de leyes conexas para una mejor gestión durante el año 2012.
En principio quiero señalar que el proyecto de presupuesto para el año 2012 no evidencia alteraciones respecto de la política fiscal seguida por el gobierno nacional desde el año 2003 en términos estructurales sino más bien todo lo contrario: constituye una ratificación de una política fiscal que se ha evidenciado como exitosa a lo largo de todos estos años como forma de recuperación vigorosa de la economía, pero con particular énfasis a partir de la crisis mundial de los años 2008 y 2009.
Se trata de una política fiscal que reúne dos características fundamentales, que están recogidas en el presupuesto. En primer lugar, es una política expansiva, es decir que el gasto público, la inversión pública, operan como factor de sostenimiento de la demanda interna con dos aristas de progresividad: progresividad tendencial sostenida en el tiempo en forma creciente en la recaudación y progresividad en lo que respecta a la asignación del gasto. Esta es la primera característica recogida en el presente proyecto de presupuesto que ha estado presente a lo largo de todo este período. Es una política fiscal sostenida, expansiva, destinada a mantener la demanda interna y la competitividad de la economía con características progresivas, tanto en el costado de la recaudación como en el de la asignación del gasto.
La segunda característica fundamental del proyecto de presupuesto es que ésta es una política fiscal sustentable, esto es, que a lo largo de todos estos años ha tenido superávit fiscal, se ha realizado con superávit en las cuentas públicas. Esto es algo fundamental porque junto con el superávit de la cuenta corriente le ha dado a la Argentina solvencia y autonomía frente a la volatilidad de los mercados internacionales.
La solvencia externa, el desendeudamiento y la solvencia fiscal son los factores de recuperación de la autonomía nacional. Esto permite que la política económica sea decidida por el gobierno nacional en forma autónoma, pero además obra como un escudo protector –en cuanto a empleo y salario‑ frente a los impactos de la volatilidad del mundo.
Hecha esta consideración, estableceré algunas características generales sobre el presente proyecto.
En primer lugar, en cuanto a la sustentabilidad, este presupuesto recoge la necesidad de producir, tanto en términos absolutos como relativos, una recomposición del superávit fiscal de modo de otorgar mayor solvencia al gobierno nacional y a la Argentina en su conjunto –como lo señalaba anteriormente‑ frente a un escenario volátil para el año 2012.
De este modo, prevemos un superávit fiscal incremental, un resultado primario de 46.254 millones de pesos, que supone respecto del producto bruto interno un incremento proyectado de entre el 1,5 por ciento y el 2 por ciento en relación con el año 2011.
Este costado de sustentabilidad, que podría ser leído como ausencia de carácter contracíclico, no lo es en realidad cuando se observa la evolución de la recaudación en forma incremental por encima del gasto. Y si a ello se agrega el carácter progresivo tendencial de la recaudación se verá que este mayor superávit fiscal dota de robustez a la economía argentina frente a la volatilidad internacional pero no altera los componentes fundamentales de lo que yo señalaba antes en cuanto a política fiscal expansiva.
Si uno observa el trienio 2009-2011 podrá notar que la sustentabilidad de la política fiscal que el gobierno siempre procuró lograr en relación con el producto bruto interno prevé tasas de expansión de los ingresos y de los gastos que fueran eminentemente contracíclicos.
Si uno observa el 2009, sin perder nunca el superávit fiscal –que es un aspecto fundamental‑, verá que la tasa de expansión del gasto, es decir, el incremento del gasto a lo largo de 2009 supera cómodamente en porcentaje del producto bruto interno al incremento de los ingresos. Esto permitió la recuperación vigorosa de la economía pero sin perder el excedente.
Si luego nos detenemos en el 2010 y 2011 advertiremos que con leves morigeraciones la tasa de crecimiento incremental de los ingresos acompaña la tasa de crecimiento incremental de los gastos, con lo cual se revela una nivelación de la política fiscal en tiempos donde la economía crece a una tasa promedio del 9 por ciento. Fue del 9,2 en el 2010 y esperamos cerrar arriba del 9,1 en el corriente año.
Es decir que la política fiscal está –y esto es lo que está recogido en el presupuesto‑ exactamente concatenada como pilar de la política económica para sostener el nivel de actividad interna. Además, precisamente para impedir cualquier ataque especulativo, es necesario el superávit fiscal.
Por eso, se plantea para el próximo año una recomposición del superávit donde la tasa de crecimiento de los ingresos es mayor que la del gasto.
Efectuadas estas consideraciones sobre la necesidad de una de las aristas de la política fiscal, que son la sustentabilidad y la capacidad en una economía globalizada con un coeficiente de apertura importante, cabe destacar la capacidad del Estado argentino de decidir asignación de recursos sin condicionamientos sobre el mercado interno.
Esto fue recogido en el presupuesto, y la recomposición del superávit fiscal apunta a nivelar lo ocurrido en el trienio 2009-2011 que, insisto, produjo una fuerte y vigorosa recuperación de la economía argentina.
Recordemos que en 2009 la tasa de crecimiento fue del 0,9 por ciento en un contexto muy duro para luego crecer al 9,2 y al 9,1, como señalaba previamente.
Este es el esquema ahorro-inversión. Es el esquema de recursos y gastos contenido en el presupuesto que apunta a trabajar en este escenario de política económica.
Vamos al tema de recaudación. Como se señalaba anteriormente la tendencia de la recaudación contenida en el presupuesto apunta a la progresividad. Es decir, la sustentabilidad de la ecuación del sector público se basa en una política recaudatoria con tendencia a la progresividad.
La política de recaudación contenida en el presupuesto recoge la experiencia previa en tres aristas fundamentales. Primero, la fuerte recuperación y presencia del Estado en la economía llevando la presión tributaria a niveles compatibles con los países de desarrollo medio del mundo, situación que no estaba contemplada en los períodos previos.
Sólo voy a citar algunos ejemplos, pero si tomamos el período 1993-2002, a nivel nacional la presión tributaria se ubicaba en el 17,1 por ciento. Durante el quinquenio 2003-2008 la presión tributaria se ubicaba en el 23,2 por ciento del producto bruto interno para ascender en el 2009 al 26,8 y aproximarse al 28,6 en 2010.
Por lo tanto, el movimiento del espacio de recaudación tributaria se debe a una mayor presencia activa del Estado en el quehacer económico de la población que, como dije antes, alcanza un nivel de presión tributaria compatible con otros países de desarrollo medio, teniendo en cuenta que la Argentina hoy, por el tamaño de su economía, se ubica en el vigésimo tercer puesto en el mundo y está considerada un país de desarrollo medio. Es decir que la presión tributaria, que marca una mayor presencia del Estado en el quehacer económico, se compatibiliza con lo existente en otros países de desarrollo medio.
Como señalaba antes, en 2010 estábamos aproximándonos al 29 por ciento; en 2011, la presión tributaria es del 31,6 por ciento, y para 2012 estamos previendo una presión tributaria del 32,9 por ciento, que ‑como decía antes‑ es el promedio de otros países de desarrollo medio.
En los países desarrollados, normalmente esa presión tributaria se ubica en el 40 por ciento. Países como Brasil están en el 34 por ciento. O sea que nos parece razonable en ese punto.
Entonces, la primera característica es la mayor presencia estatal.
La segunda característica es la progresividad de la presión tributaria. Si uno analiza el porcentaje del producto, la presión tributaria en el período 2003 ‑cuando se inicia nuestro gobierno‑ del impuesto a las ganancias más los derechos de exportación oscilaba ‑dentro de un contexto de presión tributaria más baja‑ en el 6,7 por ciento. Es decir que dentro de la estructura de financiamiento del Estado, la presión de aquellos tributos que apropian renta se ubicaba en torno del 6,7 por ciento del producto.
Hacia el año 2010, esa presión tributaria ‑derechos de exportación más impuesto a las ganancias‑ alcanzó el 9,6 por ciento, es decir que tuvo un incremento de casi 3 puntos. En un contexto de elevación global de la presión tributaria, los impuestos progresivos y los derechos de exportación alcanzan un mayor grado de presencia en el quehacer económico.
O sea que el financiamiento del Estado no sólo es sustentable sino que además se hace sobre la base de renta de aquellos sectores de mayor capacidad contributiva. Hay mayor presión tributaria y es financiada por los sectores de mayor capacidad contributiva.
Para el ejercicio 2012, dentro de un marco de incremento de la presión tributaria ‑32,9 por ciento del PBI‑, los derechos de exportación más el impuesto a las ganancias conformarán un 10,5 por ciento del producto, a diferencia del 6,7 por ciento registrado en el arranque.
Por eso comencé diciendo que el presupuesto recoge las tendencias de política fiscal seguidas a lo largo de todo este período, con un carácter progresivo, sustentable macroeconómicamente, autónomo a nivel nacional y de mayor presencia del Estado en el quehacer económico conforme al país de desarrollo medio que es la Argentina hoy.
La tercera arista del componente de recaudación en el financiamiento del Estado es el mayor grado de coparticipación federal, es decir, el mayor federalismo de la recaudación.
En suma, las tres características son: mayor presencia del Estado, tendencia a la progresividad tributaria y mayor grado de federalismo, de modo de alcanzar equilibrio entre las regiones en el componente de recaudación.
El presupuesto para 2012 también recoge esta característica fundamental de la política fiscal.
Voy a agregar un dato más: en 2003, el nivel de coparticipación alcanzaba el 6,7 por ciento del producto, para elevarse al 10,2 por ciento del producto en el 2011, es decir que estamos previendo una creciente coparticipación de recursos.
Entonces, las tres aristas del componente son recaudación, que es mayor presencia estatal en el quehacer económico, mayor progresividad tributaria en lo que hace al financiamiento del Estado y captura de renta y mayor capacidad de coparticipación federal de los tributos. El caso más importante fue el de los derechos de exportación, que se agregó y pesa en el armado o en el esquema de financiamiento dentro de lo que señalaba antes como un financiamiento sustentable del sector público, que no sólo ha permitido un desendeudamiento sino crecimiento e inclusión social.
Es muy importante tener en cuenta esto porque el presupuesto está recogiendo esta herramienta y esta política fiscal, que fue, como vimos antes, muy exitosa, sobre todo como escudo de 2009 y para recuperar vigorosamente la economía. También ahí se reveló la prudencia en el manejo fiscal entre el 2010 y el 2011, porque no se prosiguió con una tasa acelerada de crecimiento sino que se dejó aparear tasas de crecimiento del gasto con recursos en la medida en que se recuperaba la economía, del mismo modo en que se está planteando ahora.
En el costado de la recaudación, como dato importante debe tenerse en cuenta que en la proyección 2012 como porcentaje del PBI estamos previendo 8,9 por ciento la presencia del impuesto al valor agregado, 6,3 el impuesto a las ganancias, casi 8 las contribuciones a la seguridad social y 4,3 los derechos de exportaciones y otras recaudaciones del comercio exterior. Quiere decir que apuntamos a una política tributaria equilibrada en este marco y en relación a la evolución del producto.
Me referiré a continuación a la inversión pública. Y lo haré en el marco del esquema del presupuesto de ahorro e inversión, dentro del cálculo de recursos y gastos, y habiendo efectuado las consideraciones sobre la necesidad de la sustentabilidad fiscal, la recomposición del superávit y frente a un mundo difícil. Esto a los fines de dotar a la Argentina de autonomía, y caracterizando la política tributaria que contiene este presupuesto, que no es más que lo que se ha hecho en forma tendencial a lo largo de estos años, pero que fundamentalmente se profundiza a partir de lo que es el impacto de la crisis de 2009 y lo que fue el trienio 2009-2011.
Reitero que quisiera llamarlo inversión pública, porque si uno mira la totalidad de lo que está contenido en nuestro cálculo de gastos es realmente inversión.
Es inversión de carácter social y es inversión en infraestructura. A lo largo de todos estos años, incluso en los momentos más difíciles de 2009, nunca hemos concebido la necesidad del gasto como proceso de reducción, exceptuando los servicios de la deuda pública, que es el único componente del gasto que tiende a reducirse a lo largo de estos años.
Respecto a la inversión voy a dividirla en inversión social y en inversión en infraestructura. En materia de inversión social quiero hacer una salvedad en cuanto a los que son lo componentes de las partidas contenidas en el presupuesto. Una parte de la inversión social es lo que podemos denominar la política de ingresos de cobertura social. Otra parte es la oferta de bienes y servicios públicos de alcance universal que hemos procurado alcanzar a la población. Son dos componentes de la inversión social.
La primera parte de la inversión social tiene que ver con las políticas de ingresos de cobertura de los dos extremos de la pirámide etárea, niñez y adolescencia, y mayores, política previsional.
También en inversión social está la expansión de la inversión en educación, sobre todo salud, ciencia, tecnología y cultura. Es decir que la asignación de gastos va selectivamente en esa dirección.
En cuanto a la inversión en infraestructura, las tasas de crecimiento no se habrían podido sostener si la inversión pública en infraestructura no se hubiera expandido del 0,8 al 4,3 por ciento del producto bruto interno.
Estas son las grandes caracterizaciones del esquema de ingresos y gastos del presupuesto.
Asimismo solicito la consideración y aprobación del conjunto de leyes que hacen a un mejor funcionamiento del Estado. Se trata de los proyecto de ley de emergencia económica, de impuesto a los débitos y créditos bancarios, de impuesto a la venta de cigarrillos, de prórroga de los derechos de exportación de hidrocarburos y de modificación del artículo 23 del impuesto a las ganancias, que conexamente con este presupuesto ‑que expresa la política fiscal del gobierno- dotan al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para afrontar el año 2012, que conforme a nuestra proyección, y está contenido en el presupuesto, va a tener una desaceleración del crecimiento. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia aclara a los señores diputados que el bloque del Frente para la Victoria ha informado que hace reserva de los quince minutos que le restan para que posteriormente haga uso de la palabra el presidente de esa bancada.
Por el bloque de la Unión Cívica Radical, tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Buryaile.- ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente (Domínguez).- Sí, señor diputado.
Sr. Buryaile.- Señor presidente: para facilitar un orden del bloque de la Unión Cívica Radical en el uso de la palabra, quiero solicitarle, en virtud de los treinta y cinco minutos que tenemos para exponer, que al primer orador, el señor diputado Giubergia, se le marquen en el reloj del recinto diez minutos, y a partir de allí consecutivamente cinco minutos a cada uno de los siguientes oradores.
Sr. Presidente (Domínguez).- Así se hará, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Giubergia.- Señor presidente: yo entendía que en esta tormenta legislativa que quiere llevar adelante el oficialismo podía existir la posibilidad se analizar nuevas ideas y propuestas, pero lamentablemente en este combo tenemos que debatir cinco proyectos en general para posteriormente hacer una sola votación. Más allá de los acuerdos a los que se arribaron, sería importante contar con las posibilidades que determina el reglamento a los fines de que cada uno de los señores legisladores pueda evaluar, analizar y expresar lo que piensa, fundamentalmente en el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto, que debe ser una herramienta adecuada y transparente para el control de la aplicación de los recursos públicos.
Por ello, consideramos que se torna un sinsentido discutir el comportamiento o la evolución de las variables macroeconómicas de ingresos y de gastos si la construcción está hecha sobre premisas falsas.
¿Cómo se puede discutir seriamente si año tras año, desde 2007, el índice de inflación publicado por el gobierno y utilizado como referencia para la confección del presupuesto no refleja la realidad? ¿Cómo aprobar gastos que, según se ha hecho explícito, van a ser de diferente magnitud, como lo relacionado con el subsidio a la energía?
Al acercarnos al final de cada año se realizan cuantiosas ampliaciones del presupuesto, surgidas de las premisas inadecuadas para el cálculo de los recursos, y nunca el Congreso ha tenido la oportunidad de debatirlas, analizarlas, aprobarlas o rechazarlas.
Nos enfrentamos, como en la mayoría de las discusiones referidas a temas económicos, ante el evidente doble discurso por parte del gobierno. Por un lado,hemos escuchado en este recinto a la señora presidenta de los argentinos, que ganó con el 54 por ciento de los votos de los habitantes de este país. En el acto de reasunción nos hablaba de las maravillas de la economía argentina, tal como puede apreciarse de los indicadores que se muestran durante la emisión del programa televisivo “Fútbol para Todos”.
Todo esto sucedía simultáneamente con el pedido a los legisladores de la prórroga de la ley de emergencia económica, con la inclusión de los superpoderes.
¿Cuál es entonces la situación real, verdadera, la situación socioeconómica de nuestro país? ¿Es la que nos decía la señora presidenta en el acto de reasunción en este recinto? ¿Es la que se desprende de la exposición de motivos de la solicitud de prórroga de la ley de emergencia económica?
Vemos que no hay renovación de ideas sino una perpetuación de la política oficial de reducir las atribuciones constitucionales del Congreso Nacional. Esto también se desprende del intento de modificación de la ley de impuesto a las ganancias, especialmente en su artículo 4°, que es totalmente inconstitucional.
Hemos escuchado durante toda la campaña electoral victimizarse al gobierno, diciendo que el Congreso no le había dado un presupuesto, lo que nosotros sabemos que no responde a la realidad. Esto es lo que pretendía el Ejecutivo para manejar discrecionalmente los recursos de los argentinos.
Sólo tenemos que remitirnos a los números para tener una clara apreciación de la realidad. Mientras el presupuesto para el año 2010, aprobado por este Congreso, incluía un monto total de gastos de 276 mil millones de pesos, teniendo un cierre de 341 mil millones de pesos, o sea, un 23 por ciento más que lo votado. Por otro lado, el presupuesto de gastos prorrogado para el ejercicio 2011 por decreto 2.053/10, se estableció en 380 mil millones de pesos y cuenta con una proyección de cierre, según este proyecto que estamos discutiendo, de 425 mil millones de pesos. Esto implica un 24 por ciento más respecto del cierre del año 2010 y un 54 por ciento más que el último presupuesto aprobado.
Estos son los números duros. Acá no hay estimaciones ajenas. Con esta dinámica presupuestaria creemos que se torna inútil el análisis por incisos o por finalidad, ya que ante semejantes números es obvio que el presupuesto para este gobierno nunca fue límite en nada, y mucho más aún si incorporamos en el análisis la utilización habitual de superpoderes otorgados al jefe de Gabinete y la continuidad de la emergencia económica.
Esto muestra entonces que en la realidad no se fijan límites ni al monto total del gasto ni a su aplicación entre finalidades, y esto es sólo una de las casi infinitas malformaciones de la política presupuestaria del oficialismo.
Cabe destacar también que este gobierno se ha beneficiado enormemente de la particular estructura de origen de los recursos tributarios. El día sábado decía la presidenta que hubo un gobierno que sancionó muchísimas leyes. Son normas como las que hoy estamos considerando. Entre ellas la prórroga al comúnmente llamado impuesto al cheque y la prórroga del impuesto a los cigarrillos, que el señor presidente, como ex ministro de agricultura, conoce perfectamente. En este último caso se facultaría al Poder Ejecutivo a elevar la tasa del 7 al 21 por ciento, lo que significaría, ni más ni menos, quitar a las provincias tabacaleras 168 millones de pesos. Por eso, en este tema nosotros tenemos un dictamen en el que reivindicamos y sostenemos la defensa de nuestras economías regionales.
Hoy se pretende también perpetuar la emergencia económica y tratar la cuestión del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que afecta a los trabajadores. Hoy nuestros trabajadores terminan pagando el impuesto a las ganancias por el mero hecho de trabajar.
Cuando nos encontramos con trabajadores de zonas alejadas, como la puna jujeña, se quejan no sólo de la quita de las asignaciones familiares, debido a que superaron el tope, sino también por el pago del impuesto a las ganancias.
En lo expuesto, la Unión Cívica Radical basa los dictámenes que ha presentado.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Alvarez.- Señor presidente: decía ayer en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que el resultado electoral que originó una mayoría en las dos Cámaras no da derecho ni a un tratamiento exprés ni a dejar de hacer el debate que corresponde.
Se están convalidando delegaciones de facultades, superpoderes y violaciones a la ley de administración y al federalismo, lo que afecta la distribución de los recursos entre la Nación, las provincias, los municipios y, particularmente, los ciudadanos.
Por eso, no hay derecho a tratar temas tan importantes como el presupuesto con esta urgencia. Los superpoderes y la acumulación de facultades surgen del propio cálculo de recursos. Así como lo decíamos en 2011, para 2012 se prevé una subestimación de los recursos de más de 30.600 millones de pesos y en los egresos de más de 23 mil millones de pesos. Esto produce un efecto palanca a favor del Poder Ejecutivo.
Ni hablemos de los 75 mil millones de pesos en subsidios, que representan casi un 15 por ciento del presupuesto nacional. Después de que se envió el presupuesto, ya hemos empezado a ver cambios en ese sentido. Por supuesto que nosotros quisiéramos rediscutir los subsidios, que no pueden seguir creciendo geométricamente, pero ello no debería ser por una reacción política, sino por una política destinada a ese efecto, que hoy no existe.
Efectivamente, no sabemos quiénes serán los beneficiarios de los subsidios ni cómo se distribuirán regionalmente. Esto habilita a que tengamos un debate íntegro, a fin de conocer en qué se van a usar los recursos que se ahorrarán con el nuevo esquema de otorgamiento de subsidios.
Un párrafo aparte merece la prórroga del presupuesto del año 2010 por un decreto de necesidad y urgencia. La presidenta prorrogó por cinco años el Pacto Fiscal que perjudica al conjunto de las provincias argentinas. No se hizo por una ley, como ocurrió en otro momento, sin adhesión de las provincias, sino por medio de un decreto de necesidad y urgencia, violando totalmente al federalismo. Esto representa más de 20 mil millones de pesos para el conjunto de las provincias, es decir, para que vean la importancia de esto, el equivalente a tres fondos solidarios o dos partidas de asignación universal por hijo.
Pedimos la presencia de funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y el Ministerio de Planificación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero no lo obtuvimos en la anterior composición y mucho menos ahora.
Como santafesinos vemos cómo se perjudica a nuestra provincia en la distribución de obras públicas. Si analizamos en las planillas plurianuales la asignación para los tres primeros años, no llegamos ni siquiera al 4 por ciento. Podría hacer un análisis detallado sobre la autovía de la ruta 33, el puente Santa Fe-Santo Tomé, el puente Reconquista-Goya, el tramo Recreo-San Justo, pero no lo puedo realizar por falta de tiempo.
Recién el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda hablaba sobre la presión impositiva. No se pueden jactar de que exista presión impositiva. Estamos en una proyección lineal donde se perjudica a los que menos tienen. El contribuyente chico paga lo mismo que el grande, y hace falta una discusión profunda de la política argentina.
Mientras que la presión impositiva desde el 2001 hasta la actualidad creció un 83 por ciento, vemos cómo la transferencia de recursos a las provincias pasó del 5,8 por ciento al 6,4 por ciento. Es decir que se sigue perjudicando a las provincias. Lo mismo ocurre si vemos los recursos tributarios para las provincias, que alcanzan a 29.557 millones de pesos y equivale al 24,5 por ciento del total, lo que dista mucho de lo establecido por el régimen de coparticipación a las provincias.
En materia de impuesto sobre los débitos y créditos bancarios se perjudica a las provincias en 18 mil millones de pesos.
En materia de impuesto a las ganancias, hoy los trabajadores siguen pagando impuesto por la inflación. El salario mínimo, vital y móvil aumentó de 2004 a 2011 un 57 por ciento, mientras que el mínimo no imponible lo hizo en un 22 por ciento. Para muestra basta un botón, pero igual que con las asignaciones familiares, se sigue perjudicando a los argentinos.
Por falta de tiempo no puedo hablar sobre la prórroga de la emergencia económica. Como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad, y la realidad es que con el poco tiempo asignado se nos quiere cercenar el derecho a hablar, y lo grave es que seguimos delegando facultades y transfiriendo recursos de las provincias a la Nación. Y cada vez más los gobernadores de las distintas provincias tienen que venir con el jarro a pedirle al gobierno nacional que les transfieran recursos para obras y otras cuestiones que las provincias necesitan. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Benedetti.- Señor presidente: voy a efectuar algunas consideraciones sobre el proyecto de prórroga del impuesto a los créditos y débitos bancarios.
En primer lugar, quiero plantear una vez más la inconveniencia de este tributo, porque es un impuesto distorsivo que afecta fundamentalmente a los sectores medios de la economía: los pequeños y medianos comerciantes y las pequeñas y medianas empresas.
Escuché en este recinto a la señora presidenta de la Nación anunciar la creación de una oficina de competitividad. Esperamos que esa oficina logre dentro de sus primeras medidas proponer la derogación de un impuesto tan distorsivo y que atenta contra la competitividad de la economía y de las empresas.
No obstante, en las circunstancias actuales la Unión Cívica Radical propone apoyar el dictamen de minoría, que establece –durante la vigencia de este impuesto hasta el 31 de diciembre de 2012- coparticipar totalmente lo recaudado de acuerdo con la ley 23.548. Creemos que esto es de estricta justicia y necesidad en estos momentos particulares.
Escuchamos al señor miembro informante del oficialismo manifestar que en relación con el producto bruto se aumentó el porcentaje de distribución coparticipable entre las provincias argentinas, pero si hacemos la cuenta pertinente advertiremos que año tras año disminuye el porcentual presupuestado; así, hoy ese cálculo nos ubica en un 24,5 por ciento de recursos coparticipables.
Por lo tanto, vamos a apoyar este dictamen de minoría, mediante el que llevaremos un alivio a las provincias argentinas. No olvidemos que a partir del 1° de enero del próximo año terminará el período de gracia de la mal llamada “ley de desendeudamiento”, por lo que habrá dificultades en las cuentas fiscales.
Advertimos que en provincias como Entre Ríos las cuentas no cierran. Se ha comenzado a utilizar el recurso de abultamiento de deudas flotantes a fin de disimular las permanentes y crecientes dificultades financieras de cada una de las provincias de nuestro país.
Finalmente, deseo señalar a la Cámara que así como en los últimos tiempos ha abordado el debate de importantes temas para la sociedad, como las cuestiones relativas a los derechos humanos, a la igualdad de género, etcétera, aún tiene la deuda de reestablecer un verdadero federalismo en el país, en esta época de mejora económica. A los fines de este desafío, exhorto al cuerpo a que en el próximo período legislativo actuemos en consecuencia.
Nosotros, dando una señal en ese sentido, hoy apoyaremos el dictamen de minoría al que aludí, que establece la coparticipación total del impuesto al cheque. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
Sr. Martínez (J.C).- Señor presidente: en el corto tiempo que nos han dado para exponer trataremos de explicar por qué no apoyaremos la aprobación de este proyecto de presupuesto. Justamente, como no podremos decir todo lo que quisiéramos expresar, solicitaré autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
La Cámara seguramente hoy sancionará un presupuesto que contiene proyecciones macroeconómicas totalmente falsas. A ello debemos sumar la delegación de facultades, fondos fiduciarios que son verdaderas cajas negras, la no actualización de partidas que, a esta altura –desde que el presupuesto llegó al Congreso-, deberían estar actualizadas, y la reducción de subsidios anunciada por el gobierno, que viene a provocar un ajuste sobre los argentinos.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
Sr. Martínez (J.C).- Las falencias que acabo de enunciar son razones suficientes para no apoyar este proyecto de ley de presupuesto.
Además, en él se plantea un pago a cuentagotas a los jubilados ‑que dieron todo por este país‑, que deben recorrer un camino muy largo que va de ocho a quince años a fin de obtener una sentencia firme y poder lograr que les paguen lo que les deben; y si tienen la desgracia de encontrarse en una avanzada edad o en caso de afrontar alguna desgracia familiar, podrán cobrar en pesos, si no les pagan con bonos.
Ese es el camino que damos a nuestros jubilados, que no es el mismo por el que transitó la madre de la presidenta, que en menos de tres años logró sentencia firme y que le pagaran lo que le debían, y hoy está cobrando. Reitero, ese no es el camino que transita el resto de los mortales en este país, los jubilados, que son nuestros abuelos, nuestros padres. También tenemos un tipo de cambio que ni siquiera sigue el ritmo de la inflación trucha que nos ponen en el presupuesto, y que nos da el INDEC. Esto va profundizando los problemas y provocando que salgan de la rentabilidad de la economía muchos sectores regionales.
No tengo respuesta para ir a mi provincia a decir a sus habitantes si aquí hay solución para los más de setecientos suspendidos del sector textil. También existen problemas con el sector del cuero, que está a punto de despedir gente. Por eso el Estado debe hacerse cargo de los problemas de la vitivinicultura y la ganadería, que tienen un común denominador: la pérdida de competitividad.
En este proyecto de ley de presupuesto no hay solución para los problemas de la economía de la Argentina, sino que se profundizan.
Le estamos dando un cheque en blanco a Aerolíneas Argentinas; tampoco tengo respuesta para dar en mi provincia en el sentido de que en este presupuesto no se actualizaron las partidas extracoparticipables. Quedan las mismas del anteaño pasado y del año pasado. Tampoco tengo respuesta en este presupuesto para los diez mil trabajadores del Parque Industrial de La Rioja. Lo mismo pasa con tantos otros de las provincias andinas que no cuentan con la partida correspondiente contemplada en el decreto 699, de prórroga de la promoción.
También debemos considerar el tema del impuesto a las ganancias. Se trata de un tributo que abonan los trabajadores que es regresivo e injusto. También lo pagan nuestros jubilados. Pero con la maniobra que hace este gobierno de ir llevando las actualizaciones del mínimo no imponible muy por debajo de lo que es la inflación, cada vez agrega más trabajadores y jubilados para que tributen. O sea que de alguna forma está haciendo un ajuste de caja con el bolsillo de los trabajadores.
El proyecto de ley que nos han remitido es una falta de respeto al Congreso de la Nación, ya que el año que viene el Poder Ejecutivo podrá hacer lo que quiera, que seguramente no será lo que necesitan los trabajadores. En consecuencia, ni siquiera le permiten al Congreso de la Nación que sea una escribanía, porque le siguen delegando facultades y nada va a pasar por estas Cámaras legislativas.
En el discurso del sábado la señora presidenta de la Nación planteaba un país ideal, un país de las maravillas, el país de Cristina, que nada tiene que ver con las cosas que este gobierno hace.
Hay una palabra que a los funcionarios de este gobierno no les gusta escuchar. Es la palabra “ajuste”, pero la van a tener que escuchar, porque es lo que están haciendo. Significa un ajuste bajar los subsidios a las personas que ganan hasta 5.200 pesos. O sea que el 65 por ciento de los trabajadores formales queda fuera del beneficio del subsidio, por lo cual esto es un ajuste.
El pago de la deuda de la ANSES con cuentagotas, es un ajuste; el mínimo no imponible como lo están planteando, también es un ajuste; el no tratamiento de la ley para los trabajadores de YPF cesanteados por la dictadura, también es un ajuste; la no actualización de partidas de los fondos de La Rioja y del decreto 699, también es un ajuste.
La señora presidenta de la Nación ha dicho que no se va a sumar al club de los devaluadores ni al club de los endeudadores; se está sumando al club de los ajustadores. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Vaquié.- Señora presidenta: es la primera vez que me toca hacer algunas apreciaciones en el recinto.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.
Sr. Vaquié.- Quisiera hablar en un marco más amplio sobre federalismo. Para ello voy a hablar de tres leyes.
Una de ellas tiene que ver con el impuesto al cheque. Tal vez nos esté faltando que se discutan temas de fondo, como los vinculados con la reforma tributaria y con un federalismo fiscal que sea más serio. A nuestro criterio el federalismo fiscal tiene que incluir por lo menos cinco puntos. En uno, que quede en claro cuál va a ser la distribución de funciones que va a tener cada una de las jurisdicciones. Hoy día hay algunas funciones o bienes públicos que se encuentran provistos por provincia como por Nación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad social y las políticas sociales, entre otras. Otra tiene que ver con las potestades tributarias, qué va a cobrar cada Estado. Aquí a veces los impuestos nacionales se entrometen con las jurisdicciones provinciales.
El tercer punto se refiere a cómo se compensan los desequilibrios, tanto los verticales ‑esto es, si el gobierno nacional tiene que darles fondo a las provincias o viceversa‑ como los desequilibrios entre provincias, porque no todas pueden cubrir de la misma manera sus necesidades para proveer bienes públicos.
En cuarto término, hay que tener en cuenta cómo se financian las provincias tanto en materia de desequilibrio fiscal como en lo que respecta a las obras públicas.
Por último, hay que considerar el marco institucional.
Ninguna de estas cuestiones se discute hoy como debería hacerse: ni la reforma tributaria ni los temas federales, sobre todo en el contexto de un país que crece, que es cuando tendría que hacerse. Nos encontramos en la actual coyuntura con que las provincias cubren casi el 50 por ciento del gasto público primario. Con eso deben solventar los gastos de salud, casi todos los que tienen que ver con la educación, los de la seguridad y demás políticas sociales. Sin embargo, tienen el 25 por ciento de los ingresos.
Ese desequilibrio fiscal, que en parte es cubierto por trasferencias no automáticas del gobierno nacional y que da a la Presidencia un poder muy importante sobre los gobernadores, en alguna medida es cubierto por el incremento de impuestos que las provincias deben hacer sistémicamente todos los años, y en parte tiene que ver con el déficit. El propio gobierno estima dicho déficit para el año que viene en algo más de 15 mil millones de pesos, si los ajustes salariales son bajos. Si a ese monto se suma el pago de amortizaciones que van a tener que hacer, da a las provincias una necesidad de financiamiento que supera los 28 mil millones de pesos. El presupuesto nacional sólo contempla 15 mil millones de pesos, lo cual implica que las provincias tendrán que procurarse como puedan los otros 13 mil millones de pesos. Las provincias grandes lo van a poder hacer, pero no así las pequeñas.
Por lo tanto, para compensar en parte –una parte muy pequeña‑ es que pedimos que el impuesto al cheque sea coparticipado íntegramente. De ser así, las provincias se estarán llevando sólo el 28,25 por ciento del total, y de allí hasta llegar al 50 por ciento del gasto que tienen que financiar, hay una brecha grande.
Es importante recordar que la situación fiscal de un país se ve por la suma del consolidado de las provincias más el de la Nación, con lo cual con esta distribución que estamos haciendo la situación fiscal del país no cambia.
Por otra parte, quiero hacer algunas reflexiones sobre el otro proyecto de ley referido a las retenciones petroleras y al gas. En general, estamos de acuerdo y siempre lo estuvimos, pero hay que ver qué nos pasó en estos ocho años: se creyó que al incluirse un párrafo en el artículo 6° de la ley que se aprobó originariamente en el año 2002, las provincias petroleras quedaban a resguardo y podían seguir cobrando el precio pleno del crudo que produjeran. En la práctica esto no se ha dado, porque las empresas petroleras y la Secretaría de Energía se amparan en un artículo de una ley que fue dictada por Onganía, que tiene más de 40 años, y hace que las provincias petroleras cedan recursos a las empresas petroleras. En el caso de Mendoza, en el año 2011 esto sumó algo más de 700 millones de pesos.
Entonces, si bien en general estamos de acuerdo con que se siga cobrando retenciones a las empresas petroleras y gasíferas, en particular proponemos algunas modificaciones. Una de ellas tiene que ver con tratar de cubrir a las provincias petroleras para que las empresas no sigan quedándose con los fondos que les corresponde a aquéllas.
Finalmente –porque veo que se me terminó mi tiempo‑ voy a dedicar un párrafo a la competitividad y para qué las provincias están necesitando fondos. Lo voy a plantear desde otro punto de vista, con otro precio relativo y no contra el dólar.
La producción primaria de las provincias está perdiendo competitividad. Voy a dar solamente dos ejemplos: mientras que en 2008 con 1,8 kilos de durazno para industria se compraba un litro de gasoil, hoy hacen falta 3,5 kilosLos productores han perdido el doble y usted, señor presidente, como ex ministro lo conoce. En la ciruela es mucho peor: en 2008 se pasa de 1,8 kilo de ciruela para la industria a más de 5 kilos para industria hoy en día...
Sr. Presidente (Domínguez).- Ha concluido su tiempo, señor diputado.
Sr. Vaquié.- ...para toda la producción.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Aguad.- Señor presidente: el presupuesto es uno de los instrumentos de política económica más importante que tiene el país.
El Frente para la Victoria tiene mayoría para aprobar éste u otro presupuesto. Es decir, cuenta con la posibilidad de entregar una gran herramienta de política económica al gobierno o de no entregarle nada. El Frente para la Victoria tiene la última palabra.
Es una lástima que se haya acotado este debate, porque eso significa que al oficialismo no le interesa la crítica de la oposición ni lo que ella pueda decir, y les voy a decir cuál es el error.
Hace seis años que desde esta banca se dice lo mismo: sin inversión y sin energía este modelo económico de superávit fiscal, de superávit comercial, de dólar competitivo, de desendeudamiento y de acumulación de reservas, aun con éxito, no iba a generar los puestos de trabajo que el país necesitaba.
Jamás nos escucharon. Siempre nos dijeron desde el Frente para la Victoria que éramos obstruccionistas y que no teníamos ningún interés en tratar de acercar una crítica constructiva. Justamente esa fue la mejor crítica constructiva: tratar de adelantarnos a lo que el modelo nos estaba ofreciendo, pero no solamente no se cumplió el modelo sino que se derrumbaron sus pilares.
Hoy el país se quedó sin superávit fiscal. Se vino abajo la competitividad del superávit comercial. El tipo de cambio ya no es competitivo y la presidenta terminó su mandato con menos reservas que las que había cuando asumió.
Además, desde este bloque dijimos: “Ojo con la fuga de capitales. Cada peso que se va del país es un puesto de trabajo que se pierde”. La verificación de que este año se perdieron 24 mil millones de dólares en fuga de capitales es una comprobación de lo que estamos diciendo.
La pregunta es: ¿cómo puede ser que no habiendo problemas de gobernabilidad en la Argentina se fuguen capitales? ¿El gobierno no se hace esta pregunta? ¿Por qué después de las elecciones, donde la presidenta obtuvo el 54 por ciento de los votos, vino el período de mayor fuga de capitales del año?
La presidenta, preocupada porque no hay inversiones y por la fuga de capitales, fue a la UIA y le pidió a los empresarios que invirtieran, pero para que esto suceda no hace falta un discurso: hacen falta políticas, herramientas de política económica, credibilidad y confianza.
¿Cuántos puestos de trabajo son 24 mil millones de dólares de fuga de capitales?
Señor presidente: no hay forma de decir lo que yo quiero manifestar. Hay dos etapas muy claras que se cumplieron con este plan económico. Durante el gobierno de Kirchner aumentó el empleo porque las empresas tenían capacidad para hacerlo y había mano de obra desocupada. Cuando se terminó la capacidad instalada ya no hubo crecimiento del empleo.
Podrán decir las cifras que quieran en cuanto al empleo, que aumentó en 4, 5 o 10 millones, pero el dato terrible y real es que el empleo público aumenta el doble que el empleo privado. El año pasado aumentó 42 por ciento el empleo público y 21 por ciento el privado. Esto es un fracaso, y estas son las causas que hay que revisar.
Lo peor que nos puede pasar es que el año que viene haya decrecimiento de la economía, como va a suceder, y que además haya inflación. Este es el peor de los escenarios.
Antes dije que sin inversión y sin energía el modelo no funciona, y hoy les pregunto: ¿saben cómo aplica el gobierno la sintonía fina? A costa del salario de los trabajadores. Este es el corolario que se viene para 2012 en la Argentina. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Amadeo.- Señor presidente: quiero iniciar mi discurso anticipando nuestra posición de no acompañar este presupuesto general de gastos por las razones que paso a exponer. También adelanto que tampoco voy a acompañar la prórroga de la ley 26.204 por los motivos que expuso el señor diputado Feletti y por lo expresado por la señora presidenta en su discurso de asunción. Ellos realmente nos han ahorrado argumentos, porque frente al panorama que nos han planteado queda claro que no es necesario prorrogar la ley de emergencia económica, salvo por la demanda del gobierno de tener aun más discrecionalidad que la que nos tiene acostumbrados. Aclaro que luego el señor diputado Pérez hablará sobre la prórroga del impuesto a los débitos y créditos bancarios y los demás diputados que me acompañan explicarán los otros temas.
Hay tres razones por las cuales no vamos a acompañar este proyecto de ley de presupuesto. La primera de ellas es el modo impuesto por el oficialismo en este Congreso, ya que desde el año 2003 ha desarrollado un estilo político que ni siquiera se frenó cuando tuvo minoría en esta Cámara. El estilo de construcción política es que la política es conflicto, lo que significa que el diferente nunca tiene razón.
Este modo de construir política se refleja, entre otras cosas, en la manera en que se trata la ley de leyes. El proyecto de presupuesto que estamos considerando tuvo apenas una hora y media de tratamiento, y anticipo mi decisión de enviar esto al libro Guiness de los récords.
En Estados Unidos el presupuesto tuvo tres meses de tratamiento; en Brasil, dos meses, y en Argentina –en la que nosotros nunca sabemos nada‑, una hora y media. Es decir que tuvo un tratamiento exprés. Esto es malo para la democracia pero también para los resultados.
Este supuesto de creer que uno siempre tiene la razón y que el otro no sabe nada llevó a que este Congreso aprobara, durante siete años, presupuestos sin asignación universal para los niños; durante nueve años, presupuestos con subsidios; durante seis años, presupuestos con inflación; durante siete años, presupuestos sin un plan de infraestructura, lo que ha ocasionado que hoy los trenes lleven sólo el 5 por ciento de las cargas; y durante nueve años, presupuestos inestables y sin señales claras para los inversores.
Pero afortunadamente ha habido otro Congreso, señor presidente; en algún lugar de este Congreso estarán las históricas discusiones que se dieron en otros momentos en los que se podía construir en conjunto.
Este presupuesto tampoco ha sido un elemento de previsibilidad para el futuro de la Argentina. Podríamos decir que es un presupuesto de goma, porque salvo el año pasado, durante todos los demás ejercicios los ingresos superaron largamente lo presupuestado. Entonces, ¿qué interés podemos tener en acompañar un presupuesto en el que el primer dato es la imprevisibilidad de los ingresos?
Por otro lado, durante todos estos años el presupuesto violó sistemáticamente las leyes de Administración Financiera y de Responsabilidad Fiscal, que obligaba a la creación de un fondo anticíclico. Este presupuesto repite esos mismos errores, ya que el artículo 22 vuelve a ignorar el fondo anticíclico. Otro sería el humor de los mercados hacia la Argentina, señor presidente, si hubiéramos creado los fondos anticíclicos tal como manda la ley.
Pero esta idea de que lo único que importa es crecer sin prever cómo se va a financiar el futuro ha llevado a que la Argentina sea el único país de la región que no tiene fondo anticíclico. Este error terrible se va a repetir en este presupuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a acompañar?
A su vez, el artículo 61 viola la Ley de Responsabilidad Fiscal y no pone límites a los financiamientos de diversos organismos del Estado, volviendo a repetir el error de no poner topes al déficit de Aerolíneas Argentinas y de Austral.
Este presupuesto tiene el 20 por ciento del gasto público en subsidios sin control: son 80 mil millones de pesos ‑aunque no sabemos todavía si la cifra es mayor o menor porque se dice que la van a cambiar‑ y 20 mil millones de pesos de financiamiento a 15 fondos fiduciarios.
Invito a los señores diputados que tengan una lupa y mucha paciencia que nos digan a quién se les van a repartir estos 20 mil millones de pesos, porque son fondos sin discriminar e incontrolables para el más avezado contador.
¿Cómo vamos a aprobar este presupuesto que nos quita la capacidad de control del gasto público, haciéndolo imposible para los organismos de control de la Constitución?
Esto se refiere al modo de aprobación que se nos solicita. La segunda razón por la cual no acompañamos este presupuesto es lo que llamamos genéricamente la macroeconomía. No voy a ampliar en el tema y acompaño muchas de las cosas que dijeron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda señores diputados de uno y otro signo político que han hecho y van a hacer seguramente en esta sesión un sesudo análisis de las inconsistencias macroeconómicas.
Solo quiero decir que el presupuesto no nos da una respuesta básica acerca de cuáles van a ser los equilibrios macroeconómicos básicos en un país que baja de crecer del 8 al 3 por ciento. Tampoco se aclara cuál va a ser el impacto sobre el financiamiento, sobre los salarios y sobre las reservas, porque aun en una hipótesis de crecimiento del 2 por ciento este modelo es inviable desde el punto de vista del sector externo.
La tercera razón por la que no vamos a acompañar el presupuesto es por el modo caprichoso –para decirlo de alguna manera‑ en que se distribuyen los recursos sociales. Quiero decir que es un mérito de este presupuesto el aumento de muchos recursos sociales. Es muy importante recuperar algunos programas que se habían perdido y también lo es que se asignen estos recursos, pero el punto es cómo se distribuyen.
Quiero llamar la atención a los 22 señores diputados de la provincia de Buenos Aires y a mis otros compañeros de la provincia acerca de la obligación que tenemos de mirar este presupuesto desde la perspectiva de nuestra provincia, la que acumula la mayor cantidad de excluidos y pobres de la República Argentina.
Después de ocho años de mayoría permanente del oficialismo, el 42 por ciento de la población de todo el país que no tiene acceso al agua vive en nuestra provincia de Buenos Aires. El 30 por ciento de los que no tienen saneamiento en el país viven en el conurbano. Solamente en Quilmes, el 65 por ciento de las personas no tiene acceso a cloacas.
¿Dónde está reflejado esto? ¿En la distribución de los recursos sociales que plantea el presupuesto? No lo podemos saber.
El programa de mortalidad materna, en el que los índices más elevados son Catamarca, con el 16 por mil; Formosa, con el 15 por mil; San Luis, con el 9 por mil y Chaco, con el 9 por mil, prevé en el presupuesto como fondos asignados a cada uno de ellos el 1 por ciento.
Las provincias que presentan tasa de mortalidad infantil más elevada son Formosa, con el 20 por mil; Chaco, con el 17 por mil; Corrientes, con el 15 por mil. El presupuesto del año que viene les asigna el 1,5 por ciento de los recursos.
¿Dónde están los dados? ¿Quién tira los dados con los que se asignan estos recursos que condenan a seguir en la miseria y en la exclusión a tantos hermanos nuestros?
Con respecto al plan de seguridad alimentaria, Santa Fe y Córdoba tienen los mismos indicadores de población y pobreza. Sin embargo, Santa Fe recibe un 47 por ciento menos de asignación de recursos de lo que recibe Córdoba.
Si se buscan estos datos en detalle se van a entender las razones por las cuales no se ha podido, después de 9 años de mayoría permanente del oficialismo, resolver el problema de la pobreza crónica y de la exclusión. Esta es otra razón por la que no vamos a acompañar y por la que vamos a volver a insistir, aunque nos convirtamos en testimoniales, para que el oficialismo haga un esfuerzo para entender que hay otros que pueden aportar sobre las ideas que ustedes tienen. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra. Cremer de Busti.- Señor presidente: lo que fundamentalmente me molesta es estar debatiendo de esta manera un proyecto de ley que es muy importante para el país. Dada la crisis que se está dando en todo el mundo, sobre todo en Europa, éste sería el momento oportuno para que la Argentina diera a conocer un presupuesto que realmente exprese en forma clara cuál es la situación económica real de nuestro país para que todos los habitantes puedan conocerla.
Observamos que las previsiones hechas en materia de recursos y de gastos no coinciden con la realidad, y nosotros queremos dar a los argentinos un presupuesto real, no un presupuesto virtual.
Esa es la razón por la cual considero que este presupuesto no es acorde a la realidad que estamos viviendo.
Por otro lado, como representante de la provincia de Entre Ríos quiero dejar asentado en forma específica el rechazo total a la segunda parte del artículo 15 del proyecto de ley de presupuesto. Esta norma delega al Poder Ejecutivo la facultad de hacerse cargo de todos los excedentes de la empresa de Salto Grande, que son fondos específicos establecidos por ley que no pueden ser afectados al presupuesto de la Nación.
Dichos fondos fueron ratificados en el año 2003 por otra acta suscripta por la Secretaría de Energía y por actas acuerdos que se hicieron entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones para establecer en qué porcentajes se iban a distribuir entre las tres provincias que fueron afectadas por esa empresa.
Quisiera que nuestra presidenta tuviera el mejor de los presupuestos, pero adecuado a la realidad que estamos viviendo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Quiero señalar cuatro puntos por los cuales no estoy de acuerdo con este proyecto de ley de presupuesto, además de sumarme, por supuesto, a los conceptos vertidos por mis compañeros de bancada.
El primer punto son los superpoderes. Aquí estamos acostumbrados a que la inclusión de los superpoderes al jefe de Gabinete llegue siempre dentro de la reasignación de partidas presupuestarias y sin control. Con tamaña reasignación de potestad nos damos cuenta de que la aprobación de este presupuesto se transforma en un mero rito formal donde no tiene mucho peso lo que podamos aportar ‑tampoco es tenido en cuenta‑ y convierte al Congreso en un órgano totalmente vaciado de poder.
En la República Argentina hemos llegado a tener en la práctica un sistema de altísima concentración de poder, cosa que se ve comúnmente, que es corriente, donde la forma republicana de gobierno prácticamente es letra muerta en la Constitución Nacional.
El segundo punto por el cual me voy a oponer a este presupuesto se relaciona con la inflación. La mayoría de los países del mundo tienen una inflación baja. En el ranking de países lamentablemente la Argentina ocupa el tercer lugar en materia de inflación, ya que en la actualidad tiene más del 19 por ciento, y casi el 60 por ciento de los países tiene una inflación menor al 6 por ciento.
Considero que a pesar de que es posible reducir la inflación sin costo de desempleo, con una buena administración de las expectativas inflacionarias, es difícil pensar que un gobierno con un discurso que niega la inflación y la validez de la teoría monetaria, que ha intervenido el INDEC y comprometido la independencia del Banco Central de la República Argentina, pueda creíblemente convertirse en un paladín de la ortodoxia monetaria.
Esto implica que es muy probable que un plan de estabilización implementado por este gobierno y el Banco Central tenga altos costos recesivos. El principal problema que debemos resolver, y especialmente en este presupuesto, es la inflación.
Otro de los temas que se destacan es el vinculado con la salud. En el presupuesto para el ejercicio 2012 se incrementó un 19,7 por ciento el presupuesto en salud, es decir un porcentaje raramente coincidente con la inflación real encubierta que tenemos en este momento.
Una de las cuestiones que me llamó la atención es que una enfermedad que estaba erradicada en nuestro país, como la tuberculosis, ha vuelto. Yo me preguntaba cómo podía ser que una enfermedad que no existía en nuestro país haya vuelto. ¿Es por la pobreza, la falta de alimentación adecuada? Tampoco se especifica en qué regiones se ha presentado la enfermedad y en qué cantidad. Esto me ha alarmado mucho cuando analicé el presupuesto.
Otro tema que me preocupa es el de los recursos humanos de la salud. El mismo Ministerio dice que faltan 500 médicos, pero la Federación Nacional de Profesionales Universitarios dice que no sólo faltan médicos sino que además se necesitan 3.000 profesionales no médicos, 1.200 técnicos, 600 auxiliares y 400 administrativos.
El aumento presupuestado para el próximo año en cuanto a recursos humanos debería ser de un 15 por ciento y no del 4 por ciento, como se establece en este rubro. De esto se desprende que existe y seguirá existiendo un manejo discrecional de los fondos.
Tampoco hay descripción presupuestaria por cada jurisdicción y por cada provincia; sólo se hace en forma global.
El cuarto punto es el tema del deporte. Tal como lo he dicho en anteriores oportunidades, es importante la creación del Ministerio de Deportes en todo el ámbito de la República Argentina. Esto daría una mayor oxigenación. En mi provincia, la de San Luis, esto se ha hecho por parte del nuevo gobernador.
El proyecto de presupuesto se refiere al deporte a nivel cualitativo y no cuantitativo, y no se menciona qué partidas van a recibir las provincias.
Un párrafo aparte merece el Ente Nacional de Alto Rendimiento, y si bien yo había votado en contra de su creación tengo que decir que son muy positivos los buenos resultados que está reflejando. Yo me había opuesto porque en ese momento no se incluía el deporte paraolímpico, que se está incluyendo desde hace un año, por lo que debo decir que me saco el sombrero ante el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que está haciendo muy bien las cosas.
Lamentablemente no puedo decir lo mismo del Programa Fútbol para Todos. Sabemos la nueva cantidad de partidas que existen, y lo triste es que los 928 millones de pesos, para que tengamos una idea, representan el 5,2 por ciento del presupuesto de salud, el 11,4 del presupuesto de tecnología, el 3 por ciento del presupuesto de educación, el 28,3 por ciento del presupuesto de trabajo, el 8,2 de promoción y asistencia social y el 17 por ciento del presupuesto de vivienda y urbanismo.
El programa Fútbol para Todos demanda por cada fin de semana 12,21 millones de pesos. Con esto podemos darnos cuenta de que en el 2009 la partida de fútbol llegó casi a 2 mil millones. El gasto total planificado superará los 3 mil millones si se suman los gastos de publicidad.
Me parece que se sigan reasignando partidas presupuestarias a nuestro amado fútbol, sobre todo cuando nos están faltando muchas cosas a todos los argentinos.
Reitero no a los superpoderes, no a los fondos reservados y basta de discrecionalidad sin control. Mi voto es por la negativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Germano.- Señor presidente: formalizando mi solicitud de insertar un texto con posterioridad, quiero manifestar brevemente mi posición con respecto al proyecto de presupuesto 2012 puesto a consideración.
¿Qué se espera de un presupuesto? Es de manual que tenga referencias creíbles y responda a interrogantes naturales. En términos de credibilidad presupuestaria, el pasado lo condena, ya que desde 2004 los desvíos observados en cuanto a cálculo presupuestario, en correspondencia con lo efectivamente ejecutado, muestran que estos últimos siempre han sido mayores.
En recursos, la tasa de variación de crecimiento prevista se presentó con 1,95 más en lo ejecutado, casi el doble, y en el gasto, 2,05, más del doble. No hubo error de cálculo: es especulación política. Se asignan los recursos excedentes sin intervención legislativa, permitiendo la aplicación discrecional.
Aun admitiendo que este presupuesto fue pensado suficientemente, ya no es ni siquiera representativo del escenario base considerado al tiempo de su formulación.
Hacia el 15 de septiembre –es más, hasta el 23 de octubre- la lectura oficial era que “estábamos blindados ante la crisis del narco capitalismo”, pero una lectura atenta de los mensajes recientes de la señora presidenta muestra la necesidad de trabajar con “sintonía fina”. Bienvenido sea el realismo económico.
A mi entender, estamos tratando el presupuesto que no fue o, quizás con mayor precisión, el que no se corresponde con el que será ejecutado.
Con optimismo se presenta la acumulación de reservas como un seguro anti crisis para desaliento de corridas contra el peso. Pero desde entonces, las reservas disminuyen y el mercado cambiario luce más comprometido.
Se habla de solidez fiscal respaldada por una mayor recaudación de impuestos y por una expansión prudente del gasto. En el mejor de los casos, esta es una verdad a medias y, con mayor probabilidad, una mayor inexactitud socialmente costosa.
En efecto, el resultado financiero proyectado como superávit de 1.446 millones de pesos es producto de tomar como recursos dos importantes activos sociales: las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y las utilidades del Banco Central. Entre ambos suman 19.392 millones. Sin esta cifra, el déficit sería de 17.945,8 millones de pesos; o sea, el 0,86 por ciento del PBI contemplado en la proyección.
La realidad podría acentuar la desactualización del proyecto, a partir de evidencias sobre un relato heterodoxo para el ajuste ortodoxo que comienza por los subsidios.
El PBI proyectado de 5,1 por ciento en el 2012 es esperado como una buena noticia, y ojalá lo confirme la realidad.
El texto también sostiene la preservación del esquema de “cambio competitivo vigente”, que opera como “pilar esencial del modelo aplicado desde 2003”. Para 2011: 4,13 pesos; para 2012, 4,40; para 2013, 4,69, y 5 pesos para 2014; obviamente, todo figura como tipo de cambio nominal. La única verdad será la realidad.
En la asignación de recursos, que el presupuesto representa por definición, se evidencia la inercia del gasto público total y en su composición sólo se ofrece más de lo mismo. La rigidez del gasto no libera suficientes recursos.
Hay un mínimo espacio para gastos de capital: 13.713,6 millones de pesos, que es la inversión real de la administración nacional, excluyendo bienes de uso. Es un 0,66 por ciento del PBI. No luce con espacio para hacer keynesianismo.
Para servicios económicos se focaliza en el gasto energético, con un mínimo espacio para el agro y la industria manufacturera -3.778,6 millones de pesos y 1.711 millones de pesos-, sobre un total de 94.994,5 millones de pesos. Entonces, representan 3,9 por ciento y 1,8 por ciento, respectivamente. Las metas lucen acotadas relativamente al universo de empresas.
Las transferencias, particularmente las de carácter social, están expuestas a un deterioro real, si el pronóstico inflacionario es desvirtuado por la realidad y más aun si la recaudación efectiva se subordina al oxígeno del impuesto inflacionario.
La contribución del presupuesto público a la demanda agregada, si se tratara de una expansión del gasto prudente, no generaría objeciones. Pero ya se ha renunciado a la expansión prudente del gasto y la gestión ha convalidado una tasa de inflación que no se corresponde con la intención presidencial de poner un tope a la nominalidad de las variables monetarias.
Se sigue negando el país federal, no se cumple con la coparticipación mínima de la ley 23.548. Las transferencias automáticas que deberían ser de un piso del 34,42 por ciento –es sólo un piso-, sólo llega al 26 por ciento incluyendo el fondo sojero.
En verdad, el presupuesto que se nos presenta repite la historia de la brecha entre proyecto y realidad, con recursos, gastos y resultados que difieren de las proyecciones serias.
Las divergencias que se han consolidado sobre la construcción de presupuestos anteriores y la reiteración de los vicios en su formulación hacen que esta herramienta no ofrezca señal alguna que aporte certezas ni al sector privado ni a la demanda social de bienes públicos.
La solvencia fiscal es inverosímil. Se apela a las reservas internacionales, a los activos de ANSES y a las ganancias del Banco Central. En consecuencia, en términos absolutos, la deuda pública aumenta.
La asignación de recursos para configurar la oferta de bienes públicos es inercial, con números que pretenden dar señales de bajar la nominalidad, pero que al fin de cada año incorporan inflación que supera el pronóstico.
Mantener el tipo de cambio en el valor establecido en el presupuesto y sostener que es competitivo y un pilar del llamado “modelo económico” es sólo retórica, una mera expresión de deseos.
En cuanto a la contribución sobre la distribución del ingreso y corrección de desigualdades, conviven asignaciones insuficientes y metas que no se cumplen, por lo que el resultado desde el punto de vista social no satisface las expectativas
Por todas estas razones, estoy convencido de que este presupuesto, que seguramente será aprobado a libro cerrado por el oficialismo, servirá únicamente como referencia administrativa o más bien un refresco en la mecánica burocrática de imputación de partidas.
Dejo así sentada mi oposición. Espero mucho más de un presupuesto nacional y de las instituciones.
Brevemente, quiero referirme al llamado impuesto al cheque, en función de que nuestro frente presentó un dictamen de minoría, pero llegó una hora tarde, y por la rigidez y celeridad de los temas que estamos tratando, puede en definitiva entenderse por qué no fue recibido.
Vamos a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo en esta materia, pero nos vamos a oponer al artículo 3º que se refiere a la coparticipación del fondo que se crea.
Queremos que la recaudación sea coparticipada conforme a la ley 23.548. No debe haber un solo diputado en este recinto que no sepa que se trata de un impuesto distorsivo, que no grava la riqueza ni manifestaciones de ganancia, pero que en definitiva tiene la facilidad de su recaudación.
Nuestra voluntad es no disminuir los ingresos del Poder Ejecutivo, pero tenemos que pensar en una reforma impositiva, y creo que este impuesto no sobreviviría a ninguna reforma tributaria.
Esta norma establece tasas diferenciales del impuesto al cheque que ofrecen pingües negocios a distintas actividades y sociedades que se dedican a la pesificación, que no es otra cosa que transformar el cheque en efectivo, aprovechando esas alícuotas diferentes. Esta es una verdad a voces y el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de reglamentarla con su poder de fiscalización. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr. Pérez.- Señor presidente: con respecto a la prórroga del impuesto a los créditos y débitos bancarios establecido por la ley 25.413, debo decir que estamos de acuerdo pero solicitamos que se coparticipe el 100 por ciento de lo recaudado.
Digo esto porque tenemos un nuevo escenario macroeconómico que nos muestra que se modificaría el frente fiscal de las provincias, en lo relativo a sus recursos tributarios, el costo del financiamiento, la disponibilidad discrecional de fondos de parte del gobierno nacional, los gastos de los gobiernos provinciales, especialmente aquellos gastos corrientes, fundamentalmente, sueldos.
Por otra parte, la desaceleración de los recursos tributarios, dada la disminución de la actividad que genera la fuga de capitales, impactará negativamente en el crecimiento de los recursos provinciales, tanto propios como coparticipados, que en las provincias en general llegan al 80 por ciento.
Además, existe un aumento en el costo financiero. Como usted sabe, señor presidente, la mayoría de las provincias están endeudadas y atraviesan problemas en ese sentido, y se ha encarecido el costo de financiamiento tanto local como internacional. Ello genera que las provincias necesiten hacer frente al déficit fiscal y a las amortizaciones de su deuda, que en el año 2012, en conjunto, ascenderá a 27.000 millones de pesos.
También quiero recordar que el año que viene se cumplirá el período de gracia establecido en el decreto 660/10, de manera que la situación fiscal de las provincias será aun más comprometida.
Debemos tener en cuenta, asimismo, que varias provincias se hallan endeudadas en moneda extranjera, que como todos sabemos, tiende a subir, generando consecuencias graves para las economías provinciales.
En otro orden de cosas, es preciso tener en cuenta los costos laborales. Al respecto, el consolidado del conjunto de las provincias se estima en 150.000 millones de pesos, y durante 2012 cada punto de aumento salarial tendrá un costo adicional global de 1.200 millones de pesos.
Es evidente que las provincias requieren una inyección de dinero importante. Si nosotros coparticipamos el ciento por ciento de este impuesto, ellas pasarán a triplicar –y quizá, más que eso- la recaudación que ahora perciben. Para el año 2012 nosotros estimamos que la recaudación de este impuesto será de 50.000 millones de pesos, y si se la coparticipara totalmente, las provincias recibirían 24.000 millones de pesos, lo cual permitiría que su situación no fuese tan difícil como se visualiza.
Un párrafo aparte merece la prórroga del impuesto a los cigarrillos. Si bien estamos de acuerdo con ella, queremos que se coparticipe el ciento por ciento de esos 1.300 millones de pesos que se estima recaudar.
En cuanto a las exportaciones de hidrocarburos, también estamos a favor de la prórroga de la ley 25.561, y en relación con el mínimo no imponible, adherimos a las disposiciones proyectadas, con excepción del artículo 4°; ello, porque entendemos que se trata de una facultad del Congreso de la Nación que no hay razón para delegar. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lozano.- Señor presidente: compartiré con la señora diputada Alicia Ciciliani el término del que dispone el interbloque del Frente Amplio Progresista para hacer uso de la palabra.
Plantearé nuestra posición respecto de los asuntos en debate.
En primer lugar, rechazamos el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y presentado en la Cámara por el bloque oficial. Lo haremos por dos razones. La primera es de orden conceptual. Si bien nosotros compartimos la idea de un Estado presente, creemos en otro tipo de Estado que el que tenemos hoy, capaz de intervenir para resolver desigualdades y de intervenir para orientar el proceso de inversión.
En segundo lugar, la razón por la cual lo rechazamos es porque este debate es una ficción institucional, ya que lo que tenemos aquí es un dibujo de los números presentados y una delegación de facultades para el Poder Ejecutivo.
Por esas dos razones rechazamos este proyecto de ley de presupuesto.
Sobre la emergencia económica debo decir que traer a este debate una ley de 2002, luego de los planteos hechos por la señora presidenta de la Nación respecto de la nueva Argentina, y pretender que sancionemos sin más una prórroga de una ley de esta naturaleza con cosas que ni siquiera existen, francamente nos parece un despropósito.
En tercer lugar, para no desfinanciar al Estado en un contexto de dificultades en materia internacional, vamos a acompañar la prórroga de impuestos correspondiente a cheques y cigarrillos. Sin embargo, vamos a disentir en la consideración en particular, porque creemos que el impuesto al cheque debería ser parte de otra historia. Puede ser un muy buen tributo en materia de recaudación pero es muy injusto. Al mismo tiempo, creemos que es imprescindible resolver el problema de la coparticipación que están percibiendo las provincias. Se trata de ingresos que están por debajo de la garantía legal que les correspondería por coparticipación.
En cuarto lugar, nos vamos a abstener en lo que tiene que ver con la modificación del artículo 23 del impuesto a las ganancias. No hubiéramos tenido ningún inconveniente en acompañar la convalidación de las resoluciones de la AFIP. Pero que por la ventana se haya introducido un proyecto que nos mete un artículo 4º para que en realidad deleguemos en el Poder Ejecutivo de aquí para adelante la fijación del mínimo no imponible, no hace más que consolidar una estrategia que transforma el impuesto a las ganancias en un impuesto más injusto, cayendo en sectores medios y trabajadores, en lugar de ser aplicado a los que tienen real capacidad contributiva.
Vamos a acompañar el tema vinculado con el derecho de exportación de las petroleras y su prórroga, destacando que es muy importante mirar los mecanismos de evasión y elusión legal que están practicando las petroleras para no pagar como corresponde el monto de derechos de exportación.
Ahora voy a profundizar algunos aspectos, concretamente sobre el tema del presupuesto. Ya dije que teníamos un rechazo de carácter conceptual.
Entendemos que ha habido tiempos importantes en la Argentina donde podríamos haber avanzado en la revisión e investigación de la deuda pública, en una estrategia de reforma impositiva, en la restitución de las contribuciones patronales sobre las grandes empresas, en la revisión adecuada de los subsidios y en el tema de la revisión del gasto, avanzando en las políticas universales que hacen falta.
No haber hecho todas esas cosas, provoca que estemos discutiendo un presupuesto que tiene algunas características muy particulares.
Si uno toma cuatro ítems, está contenido el 75 por ciento del presupuesto. Estoy hablando de subsidios y fondos fiduciarios que representan alrededor de 100 mil millones de pesos; deuda y pago de intereses, 44 mil millones de pesos; salarios, 56 mil millones de pesos; y jubilaciones, 136 mil millones. Este es el presupuesto del que estamos hablando.
La verdad es que cuando uno mira cómo se financia, es importante pensar la estructura impositiva no de manera abstracta, como lo hizo el señor miembro informante. Hay que pensar el impacto que tiene en la estructura de ingresos.
Tomando los estudios disponibles de hoy día, uno puede decir que el 10 por ciento más pobre, que percibe el 1.24 por ciento del ingreso total, paga de impuestos el 1.36. Es decir que paga más que lo que percibe como ingreso. Y el otro 10 por ciento –el 20 por ciento más pobre-, en realidad percibe el 2.5 por ciento del ingreso y paga el 2.74 por ciento.
Paga más impuestos en términos relativos que los ingresos que percibe, mientras que el 10 por ciento más rico que recibe el 37 o 38 por ciento de la torta total paga exactamente lo mismo.
No tenemos una estructura impositiva progresiva. Los instrumentos que se están utilizando para resolver la regresividad tributaria no sirven. Consecuentemente, yendo al tema de los subsidios, el 20 por ciento más rico de la población percibe el 43 por ciento de los subsidios y el 20 por ciento más pobre, el 6,4 por ciento.
Es por esta razón conceptual que no estamos de acuerdo con esta lógica de intervención del Estado, que sobre la base de una estructura impositiva injusta sostiene subsidios injustos que alimentan posiciones dominantes y sectores de capacidad económica; sostiene jubilaciones de 1.400 pesos para una canasta que está por encima de los 3.000 pesos; sostiene una deuda que no fue revisada; sostiene una estructura salarial de trabajadores del Estado que deja mucho que desear y sostiene una estrategia de reparto con las provincias que es absolutamente desigual. Por esta razón conceptual nosotros rechazamos el presente proyecto de presupuesto.
Si nos referimos a la cuestión práctica concreta, podríamos decir que por primera vez estamos en presencia de un dibujo presupuestario por partida doble. Este presupuesto ya vino dibujado de entrada cuando ingresó el 15 de septiembre. Nos decían que la tasa de inflación era del 9 por ciento cuando todas las estimaciones decían que era de alrededor del 20 por ciento. Y ahora, habiendo sucedido algunas cosas y teniendo la oportunidad de discutir nuevamente el tema, resulta que nos encontramos con que tampoco hay modificaciones. Este es un presupuesto invulnerable, tiene una suerte de coraza de acero, es inmune a las modificaciones en el contexto. Pero el contexto cambió.
Cuando se presentó el proyecto de presupuesto, la tasa de interés de referencia del sistema financiero era del orden del 12 o 13 por ciento. Hoy está entre el 19 y el 20 por ciento. ¿Esto no produce ninguna modificación en términos de la perspectiva del nivel de actividad económica? Sin embargo, nada ha cambiado en la presentación presupuestaria.
Cuando se presentó este presupuesto todavía no se habían tomado las decisiones que en materia de subsidios se tomaron. ¿Acaso no se va a producir ninguna modificación en cuanto a lo que plantea en esta materia la política oficial?
Asimismo, cuando ingresó el proyecto de presupuesto el 15 de septiembre, se trajo una presentación sobre cómo terminarían en 2011 las cuentas del sector público nacional. En esa oportunidad nos dijeron que habría un déficit de aproximadamente 11 mil millones de pesos.
Al hacer una comparación hoy, cuando estamos mucho más cerca del final de año, nos encontramos con que las previsiones que tenía el gobierno en materia tributaria cayeron cerca de 10 mil millones de pesos, mientras que las previsiones que tenía en materia de gastos subieron 14 mil millones de pesos. En realidad, el déficit para el año 2011 para el conjunto del sector público está en el orden de los 37 mil millones de pesos. Sin embargo, nada cambió.
Ahora bien, ¿cómo se está cubriendo todo esto? El 5 de diciembre, con un retraso formidable, la Subsecretaría de Financiamiento nos anunció que hasta septiembre de este año se realizaron emisiones de deuda pública por un monto total de 16 mil millones de dólares. Pareciera que la política de desendeudamiento ha terminado, pero en realidad estamos en un contexto de endeudamiento. Es más: esa subsecretaría nos dice que esto tiene que ver con el pago de los Bonar V, Boden 12 y otras letras, cuando en realidad debió haberse financiado con el fondo de desendeudamiento con uso de reservas. En realidad este tipo de financiamiento viene a cubrir el déficit presupuestario. Hay 5.700 millones de dólares puestos por el Fondo de Garantía de sustentabilidad del sistema previsional –es decir de la ANSES‑ para sostener el déficit de las cuentas públicas.
Para decirlo de manera precisa: el keynesianismo del cual habla el gobierno se sostiene sobre las espaldas de un sistema previsional que no cancela las deudas con los jubilados y que paga 1.430 pesos a ocho de cada diez jubilados, cuando para vivir en la Argentina necesita no menos de 3.000 pesos. Debo decir también que cuando uno proyecta el financiamiento que van a utilizar y la deuda, en realidad van a emitir 8.000 millones de dólares de nueva deuda pública que coincide, básicamente, con la cobertura del déficit de caja.
Este dibujo presupuestario está acompañado por la delegación de facultades, el uso de decretos de necesidad y urgencia y la fijación de cargos específicos que, por su naturaleza impositiva, debieran pasar por el Congreso para un tratamiento separado y no ser incluidos en un presupuesto para financiar gasoductos cuyo monto, resultado y características desconocemos.
Todas estas cosas hablan de un modelo institucional. Nosotros no compartimos el modelo institucional que está por detrás de un presupuesto que prescinde del papel del Parlamento en la asignación de los recursos públicos. Esta es una razón central por la cual lo rechazamos.
Hay otro tema que nos preocupa y tiene que ver con la deuda. Hace tiempo venimos planteando la necesidad de revisar e investigar la deuda pública, y venimos haciéndolo en este caso en particular porque nos encontramos con cosas muy extrañas.
En el rubro “Amortizaciones de deuda”, en la categoría “Otros”, aparecen pagos a realizar sin especificación por 43.000 millones de pesos, que representan el 25 por ciento del total de la deuda.
Por lo que sabemos allí están contemplados anticipos concretos comprometidos de la deuda con el Club de París, y la verdad es que nosotros querríamos que se discuta este tema.
La deuda con el Club de París tiene dos partes: por un lado, hay cerca de 2.000 millones de dólares que fueron tomados durante la etapa de la dictadura y, por lo tanto, dicha deuda tiene vicios de ilegitimidad e ilegalidad manifiestos. Y hay otra parte que fue tomada con aval del Fondo Monetario Internacional en el contexto del final de la convertibilidad, donde el fondo violó sus propios estatutos, ya que le impiden avalar créditos a países en situación de fuga de capitales. Esta es la otra parte de la deuda que también podríamos discutir.
Sin embargo, pareciera que esta deuda que terminó en torno a los 2.000 millones de dólares después de la dictadura, y que ahora parece que está cerca de los 9 o 10.000 millones, la tenemos que pagar sin discutir, sin revisar y sin investigar, del mismo modo que hemos avalado, profundizado y llevado adelante de manera conjunta todo lo que tiene que ver con el juicio correspondiente a las víctimas del genocidio en la Argentina.
Por lo tanto, discutir el tema de la revisión de deuda contraída en la etapa de la dictadura es algo que también deberíamos encarar, y no nos parece bien que esté incorporado en el presupuesto sin siquiera discutir de manera abierta los anticipos de pago para compromisos de esta naturaleza.
El otro punto que nos diferencia, señor presidente, es la cuestión social. Aquí hay dos aspectos que nos parecen centrales. Compartimos la idea de la universalidad en las políticas públicas y compartimos la necesidad de la Asignación Universal por Hijo.
Queremos discutir con el gobierno la situación de los 3.584.200 pibes que está excluidos. Queremos discutir en serio la universalización de la asignación vigente, y queremos debatir el camino para garantizar el 82 por ciento móvil de los jubilados que, sobre la base de los excedentes disponibles de una ANSES que no debiera ser utilizada para financiar al Tesoro -más la restitución de los aportes patronales a las grandes firmas-, es una política claramente factible para ser llevada adelante.
Tampoco compartimos el criterio de entregar un cheque en blanco al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que emita deuda por valores superiores a los 9.000 millones de dólares. No tenemos claridad acerca de si las obras que se van a llevar a cabo cumplieron con el Sistema Nacional de Inversiones Públicas y tampoco estamos de acuerdo en avalar sin control alguno, sin saber las condiciones sobre las cuales se van a construir esas deudas, un cheque en blanco de esa naturaleza por parte del Parlamento nacional.
Tampoco hay transparencia en este presupuesto respecto a cómo se asumen las deudas en materia energética, ni en cuanto a los criterios por los cuales se van a cubrir los déficit de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral.
Otro tema que vemos con preocupación es que, mídaselo como se lo mida ‑y más allá de hacer comparaciones con el desastre para sentirnos tranquilos‑, del total de la recaudación que el Estado nacional va a percibir en términos de contribuciones patronales y recursos tributarios y las transferencias que las provincias van a tener, lo que se va a transferir este año no supera el 25 por ciento del presupuesto. Si sacamos las contribuciones patronales, llegamos apenas al 32 por ciento. En todos los casos estamos por debajo de la garantía legal de coparticipación. Esta es una de las razones por las cuales disentimos con la idea de mantener la estructura de reparto provincias‑Nación que hoy tiene el impuesto al cheque.
Seguramente durante el tratamiento en particular vamos a presentar –porque está incluido dentro de nuestro dictamen de minoría‑ un acuerdo alcanzado por las provincias de Santa Fe y Córdoba para revisar el modo como se atienden los déficit provinciales y se reparte el IVA destinado a la financiación de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
También quiero decir que tenemos un problema con la ley de bosques, porque en lugar de destinarse 1.515 millones de pesos se destinarán alrededor de 300 millones. Realmente no entendemos por qué esto no se puede resolver.
Por otra parte, a nuestro juicio no corresponde incluir en un trámite presupuestario de esta naturaleza una discusión respecto de la modificación de los regímenes promocionales de inversión o de motopartes. Lo lógico sería discutir eso por otra vía.
Para ser muy preciso, nosotros tenemos tres razones para rechazar este presupuesto.
Primero, el modelo institucional que está detrás de él, porque prescinde del Parlamento nacional en el debate y la asignación de los recursos públicos.
Segundo, la mirada social, porque no consolida las políticas en materia de niños y mayores que queremos impulsar. En este sentido, cuando uno analiza cuál es la pauta de actualización de precios relacionados con el gasto social, advierte que está por debajo de la evolución de precios de los alimentos, con lo cual para el 30 por ciento de la población argentina sumida en la pobreza este financiamiento, que es absolutamente imprescindible, se va a deteriorar respecto al escenario que ha tenido durante el presente año.
Tercero, desde el punto de vista económico, el modo en que se están manejando los subsidios y las características de los regímenes de exención y promoción. No compartimos una mirada sobre el presupuesto en donde el Estado, en lugar de tener capacidad de decir cuál debe ser el rumbo productivo del país, sigue alimentando con subsidios las posiciones dominantes de actores que, en muchos casos, no requerirían de asistencia dada la capacidad económica que efectivamente tienen.
Estas son, básicamente, las cuestiones que queremos plantear. Insistimos en que el camino para garantizar bases fiscales sólidas en la Argentina pasa por revisar e investigar la deuda pública, restituir las contribuciones patronales a las grandes empresas y avanzar en una reforma impositiva de sesgo progresivo. Es por esto que nosotros proponemos la constitución de una comisión bicameral para que en 2012 elabore una propuesta de reforma impositiva que podamos discutir en esta casa y termine con el sistema de parches que hasta el momento hemos venido teniendo.
Estamos convencidos de que es necesario replantear los mecanismos de regulación para poder capturar rentas extraordinarias que hoy el Estado está perdiendo en petróleo, en minería, en el sector del comercio de granos y en otros, para poder financiar políticas públicas de otra naturaleza.
Creemos en serio en la revisión de los subsidios y en una orientación de la inversión que ponga el eje en aquellos sectores que pueden dinamizar un modelo productivo distinto. Petróleo, ferrocarriles e industria naval son parte de una estrategia diferente. Lo más grave de lo que ha pasado en la Argentina es que, a pesar del crecimiento económico, el cambio en el patrón productivo para sostener mejores niveles de empleo y mayores niveles de ingreso sigue estando pendiente.
Por estas razones rechazamos este proyecto de presupuesto. Nuestra posición con respecto a los otros temas que están en discusión ya ha sido planteada y será profundizada por la señora diputada Ciciliani. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.- Señor presidente: el señor diputado Lozano hablaba del modelo institucional y de nuestra posición política con respecto a los temas que hoy nos ocupan, que damos en llamar un bloque económico en el que incluimos al presupuesto de la Nación y la ley de emergencia económica, que está dada por el modelo institucional que nosotros proponemos para la República Argentina.
Se nos pide que prorroguemos la ley de emergencia económica y nosotros creemos que el estado de emergencia plantea un desvío de los canales institucionales establecidos en la Constitución, por lo que esto debería ser la excepción y no la regla en la democracia.
En 2002, cuando acompañamos la ley de emergencia económica, el contexto socio-económico comparado con el del 2011 que plantea el oficialismo en cada uno de los discursos que tiene oportunidad de manifestar, es absolutamente distinto y de ninguna manera justifica tener una ley de emergencia pública o de emergencia económica.
Solamente queremos brindar algunas referencias que avalan nuestra posición. El contexto económico del año 2002 hablaba de que la indigencia medida por el INDEC estaba en un 27,7 por ciento. En 2011 el propio INDEC nos habla del 2,4 por ciento de indigencia.
Si medimos la pobreza y la comparamos entre 2002 y 2011, el INDEC nos hablaba de un 54 por ciento y hoy de un 8,3 por ciento. Si medimos las reservas en millones de dólares, en 2002 eran de 10.000 millones de dólares y hoy de aproximadamente 46.000 mil millones de dólares. Estos datos socio-económicos nos eximen de toda discusión sobre nuestra posición de no acompañar la ley de emergencia económica.
El otro modelo institucional se refiere claramente a la relación con las provincias. Nosotros creemos que debemos priorizar el federalismo fiscal, y ninguna de las leyes que hoy se nos pide que acompañemos garantiza el federalismo fiscal.
El impuesto a los cigarrillos y el impuesto a los débitos y créditos bancarios son dos recaudaciones en las cuales no existe coparticipación. El impuesto a los cigarrillos va enteramente en un ciento por ciento a la seguridad social, y del impuesto a los débitos y créditos bancarios solamente un 15 por ciento va a la coparticipación provincial.
En el esquema del modelo institucional en que cree el Frente Amplio Progresista, con la responsabilidad política de no desfinanciar al Estado nacional, ya que se estima una recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios de casi 44.000 millones de pesos, es que venimos a aprobar en general esta prórroga del impuesto al cheque, pero queremos dejar constancia de que la no coparticipación de este impuesto va a transferir a favor de la Nación cerca de 15.000 millones de dólares en el año 2012.
Por eso, buscando una solución alternativa posible, confiable y responsable en este contexto, es que trabajamos sobre el proyecto del diputado Fortuna para dar automaticidad a las transferencias a las trece provincias que no hemos transferido las cajas provinciales al ANSES y que dependemos de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional para financiar los déficit de las cajas provinciales.
Creemos que el proyecto del diputado Fortuna permite la solución del problema, no desfinancia a la ANSES y garantiza la automaticidad de los recursos a cada una de estas trece provincias.
También queremos dejar constancia de que las trece cajas previsionales provinciales no pertenecen a los gobernadores que circunstancialmente gobiernan en esas provincias sino a los trabajadores activos, a los jubilados y a los futuros jubilados.
Por eso pedimos a cada uno de los diputados, sin importar qué partido político representen, que hoy acompañen esta incorporación en el Título I del proyecto de ley de presupuesto de la Nación. Ello daría certidumbre al financiamiento de las cajas y además vendría a reparar una deuda histórica a cada una de las provincias, ya que se sigue detrayendo ese 15 por ciento de la ANSES aunque no persista ninguna de las circunstancias que dieron origen en su momento a esa medida, cuando había una emergencia nacional y las provincias -con gran responsabilidad- cedieron esta parte de los recursos provinciales para el financiamiento de la ANSES nacional.
Queremos dejar constancia de nuestros planteos haciendo un llamado a la responsabilidad para fijar este modelo institucional basado en la equidad social, en el federalismo y en federalismo fiscal. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Triaca.- Señor presidente: me voy a referir no solamente al proyecto de ley de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo nacional sino también a los distintos proyectos que se van a tratar hoy: el de débitos y créditos, el referido al artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias, el del impuesto al tabaco y el vinculado a los hidrocarburos. Me parece que esto requiere primero un análisis político y luego un análisis técnico.
Adelanto que voy a compartir el tiempo que me corresponde con otros diputados de mi bloque.
La primera cuestión que hay que analizar es simple: ¿lo que hoy estamos tratando responde a la realidad de nuestra Nación o no? Nosotros pensamos que no, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Somos propositivos en cada una de las cosas que planteamos y vamos a presentar un dictamen propio en ese sentido donde damos al Poder Ejecutivo la posibilidad de contar con un proyecto de ley de presupuesto razonable, así como de ejecutar su plan de gobierno, pero por supuesto con algunas restricciones operativas que corresponden al Congreso de la Nación. Me refiero al caso de los superpoderes y de algunas facultades delegadas.
Queda claro que este presupuesto plantea una serie de discusiones bizantinas para esconder los problemas reales que tiene nuestra economía. Entiendo que el principal problema es la inflación creciente, y sospechamos que a esta altura ya ni siquiera el gobierno sabe exactamente en qué valores reales está. Tanto ha ocultado la inflación e intentado maquillar con medidas laterales lo que realmente sucede que ahora no sabe a ciencia cierta cómo salir del propio laberinto que se ha creado.
Sólo así pueden entenderse ciertas medidas que plantea hasta como gestas patrióticas y que no son más que simples ajustes que termina pagando, como siempre pasa, el bolsillo de los trabajadores y los que menos tienen.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
Sr. Triaca.- Nos estamos enfrentando a un peligroso cóctel diseñado por este gobierno: reducción de subsidios, aumento sostenido de la inflación, techo para las paritarias inferior a la inflación, controles de cambio al estilo policial y aumento de la presión impositiva récord ‑como lo señalaba el señor diputado informante por el bloque oficialista‑ sobre los trabajadores, lo que terminará produciendo un grave daño al salario e ingresos medios de los argentinos, tanto como a la economía general del país.
En ese sentido, y de acuerdo con el modo en que ha sido acordado el debate y los tiempos para cada orador, me permito hacer una breve digresión para tratar la cuestión central del impuesto a las ganancias, que afecta claramente a un número de trabajadores que se incrementa cotidianamente.
El concepto de ganancia es ajeno al trabajador y propio de los empresarios. El trabajador en relación de dependencia no tiene ganancia sino salario. Dicho salario representa un ingreso de carácter alimentario que sirve para su sustento diario y el de su grupo familiar.
Resulta obvio que no compartimos esta política llevada adelante por el gobierno hace largo tiempo de gravar con este tributo el salario del trabajador. En tiempos en que se proclama la distribución de la riqueza como supuesto norte, está claro que no debería comenzarse por la que generan los trabajadores con su mérito y su esfuerzo, siendo que ambos les pertenecen, y no debería ser apropiados por el Estado.
Debemos considerar además que el ajuste que el gobierno ha iniciado con la quita de subsidios y su intención de que las paritarias tengan topes, techos no acordes con la inflación real, conforman un cuadro de situación sumamente comprometido para el mundo de los trabajadores.
Indudablemente, si nos tocara la responsabilidad de gobernar buscaríamos los fondos que se generen por medio de este tributo mediante fuentes alternativas y por diseños que no fueran tan regresivos ni con tantos problemas políticos, legales, constitucionales y económicos como el que nos presenta el oficialismo.
En el marco institucional que nos toca vivir consideramos como solución de compromiso mientras se mantenga este tributo, que el mismo sólo puede subsistir si se incrementan los pisos para que menos trabajadores queden atrapados y, al mismo tiempo, quienes tengan capacidad de pagar no queden sujetos a las categorías más altas, de modo de asegurar al trabajador la intangibilidad y protección de su salario frente al flagelo de la inflación.
Insisto, la inflación es el problema central de los temas que tenemos en debate hoy.
Por lo tanto, las actualizaciones que se aprueban para las deducciones personales del impuesto a las ganancias deben necesariamente ir en ese sentido, buscando que los aumentos salariales no sean absorbidos por la no actualización de las deducciones permitidas.
En tal sentido, son cada vez más los trabajadores que sufren descuentos en sus sueldos por el pago del impuesto a las ganancias. Y aunque no ganan más en términos reales, esto se debe a la falta de actualización del mínimo no imponible en un nivel que compense la inflación real. Así, en los últimos cuatro años se habría duplicado el número de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Ahora, uno de cada cinco empleados está alcanzado por este impuesto. En 2007 la relación era uno cada diez, y los que antes pagaban ganancias, ahora pagan más.
Si estamos hablando de un sistema progresivo, esto claramente muestra lo contrario.
El dictamen de mayoría no corrige esta distorsión, sino que la confirma y agrega algo más: delega en el Poder Ejecutivo la actualización del mínimo no imponible, cuando esta atribución es propia del Congreso. Es por ello que, a nuestro entender, esta situación es netamente confiscatoria y perjudicial para los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, creemos que debe ser revisada y ajustada como corresponde.
Nuestra disidencia parcial en este asunto, en el dictamen sobre la modificatoria del artículo 23 del impuesto a las ganancias, muestra los valores ajustados en ambos períodos y asegura equidad en la distribución del ingreso, generando las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan mantener el valor adquisitivo del salario a través del tiempo.
Nosotros hemos hecho la estimación de que los montos a modificar promedian el 57 por ciento del valor. Y hemos tomado los datos del INDEC y del coeficiente de variación salarial que el INDEC produce. Me parece que esto es lo que tenemos que hacer.
Bajo esta misma línea acordamos que la actualización de las deducciones personales debe ser periódica, siguiendo algún parámetro certero y de difusión masiva, por lo que nuestra propuesta incluye una actualización semestral a través del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC, a partir del 1° de enero del 2012.
Es fundamental crear previsibilidad para las negociaciones de escalas salariales en el marco de las convenciones colectivas de trabajo y los acuerdos entre el sector empresario y la representación de los trabajadores, de tal forma que se genere certidumbre a la hora de acordar aumentos salariales seguidos de aumentos en las deducciones personales del impuesto a las ganancias, en la misma cuantía.
Si estamos discutiendo convenciones colectivas, paritarias y demás, y no sabemos cuál es el marco impositivo que van a sufrir esos trabajadores, claramente estamos dando imprevisibilidad a todo ese sector.
Debemos entender que la discusión de todos los temas económicos presentados a esta Honorable Cámara, desde la central discusión del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores y sus escalas de mínimo no imponible a la que acabo de referirme, la cuestión de la emergencia económica –que después abordarán otros diputados de mi bloque-, los restantes proyectos impositivos y hasta esta discusión central del presupuesto, absolutamente todos –reitero- están cruzados por la misma bisectriz: o admitimos y resolvemos el problema de la inflación o las discusiones que demos son artificiales y no sirven para nada.
Los representantes del gobierno y del oficialismo en esta Cámara deberían poder estar autorizados a hablar de este tema; pareciera que tienen prohibido el uso de la palabra “inflación”. El tiempo electoral ya terminó y va siendo hora de que los representantes del gobierno en esta Cámara y el propio Poder Ejecutivo se sinceren delante de la sociedad y del pueblo en general, y admitan los problemas reales de la economía. De otro modo, seguiremos un peligroso camino para el país.
Debemos asumir las responsabilidades gubernamentales con seriedad. No se puede seguir presentando la cuestión económica como una serie de torneos entre los campeones de la decencia y la moral y ficticios enemigos de turno cambiantes que, se denominen como se denominen, son apenas ficciones del gobierno para evitar hablar de los temas esenciales y de cómo resolverá no sólo los problemas provenientes de un contexto internacional cambiante, cada vez más complejo, sino los propios inconvenientes que deben enfrentarse, muchos de los cuales se generan por no querer asumirlos.
Hasta ahora no hemos escuchado más que circunvalaciones y desvíos del problema real, que atraviesa todos los campos de la economía. Una secretaría de competitividad, una idéntica secretaría de comercio interior y exterior, enfrentarse con supuestas extorciones gremiales e, incluso, afirmar con vehemencia que éste no es el gobierno de las metas de inflación no solucionarán por arte de magia el verdadero dilema inflacionario al que nos enfrentamos.
Cuando señalo que en nuestro bloque respetamos las competencias de cada poder del Estado, quiero dejar en claro que no existe la mínima duda de que pretendemos que el Poder Ejecutivo cuente con un verdadero presupuesto, que le resulte una herramienta eficaz, eficiente y oportuna para el logro de sus objetivos de gobierno, que no deben ser otros que los mismos que nos animan y sustentan a todas las fuerzas políticas: el bienestar general y progreso de la Argentina.
Lamentablemente, tengo la poca grata tarea de señalar que observamos las inconsistencias de tipo político a las que me referí anteriormente, además de las económicas, a las que me referiré más adelante.
A efectos de que el gobierno nacional cuente con su presupuesto y no se queje de que desde el Congreso nacional intentamos manejarles sus propias dependencias, presentamos un dictamen en donde, en esencia, reproducimos el esquema seguido por el gobierno. Lo animamos a la vez a que utilice esta herramienta, que es esencialmente la suya, pero mejorada institucionalmente.
Creemos que no puede tener ningún temor el gobierno nacional, puesto que las mayorías existentes en la Cámara le permiten enfrentar las discusiones en este recinto seguro de que las superará con éxito.
Nuestro dictamen rescata las funciones y atribuciones del Honorable Congreso de la Nación Argentina; por eso no aceptamos los artículos 8°,9° y 10 del dictamen de mayoría, cuya redacción refleja el pretendido uso de los denominados “superpoderes”, que no son otra cosa que la utilización por parte del Poder Ejecutivo nacional de competencias y facultades del Poder Legislativo. Entendemos que estas facultades son cuestiones de excepcionalísima admisión, y hay que tener cuidado con las excepciones que se convierten en permanentes por cuestiones de comodidad del gobernante y no por necesidad de la Nación.
En este sentido, si es por lo que escuchamos recientemente en este mismo recinto, estamos viviendo una época de bonanza tal que dichas facultades no se justificarían; si es por lo que vemos en la realidad, dicha bonanza no es tal y los tiempos difíciles ya están aquí. De tal manera, le pedimos un poco más de coherencia al Poder Ejecutivo, pues todos aquí sabemos que la ola no nace cuando llega la espuma a la costa, sino mucho antes, de profundos y muy complejos movimientos económicos que es necesario enfrentar con seriedad, decisión y solvencia técnica.
Si aceptáramos la redacción del artículo 8°, el Honorable Congreso perdería su poder de decisión sobre el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, como así también sobre los cambios en la distribución de las finalidades o un incremento de las partidas referidas a los gastos reservados y de inteligencia.
Similarmente, el artículo 9° sigue haciendo uso discrecional de los superpoderes. Por esto, nos permitimos proponer una nueva redacción, mediante la cual sería el Congreso el que tendría la facultad exclusiva de asignar el destino de los excedentes de recaudación que se produzcan. Recordemos que los impuestos en su gran mayoría se tributarán en 2012 sobre las ganancias de 2011, por lo cual tenemos una responsabilidad y función que ejercer en salvaguarda de la tan mentada “distribución equitativa del ingreso nacional”.
En cuanto al texto del artículo 10 presentado por el Poder Ejecutivo en su proyecto de ley de presupuesto nacional, se hace mención a la Constitución Nacional, concretamente al artículo 99, inciso 10. Sólo quisiera recordar aquí que el texto del mencionado inciso 10 señala, con respecto al Poder Ejecutivo: “Supervisa el ejercicio de la facultad del Jefe de Gabinete de Ministros respecto de la recaudación de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales”. Cotejen la redacción del artículo 10 contra la cita que acabo de mencionar y huelga mencionar por qué lo eliminamos.
Mención especial merecen dos aspectos. El primero de ellos es el Fondo de Desendeudamiento. Para nuestro bloque, la colocación de deuda por parte del Estado nacional para obtener financiamiento es una de las tantas maneras que, incluidas en el buen manejo de las finanzas y la hacienda públicas, permiten administrar y ejecutar los planes de gobierno. Por esta razón, no estamos de acuerdo con la creación del Fondo de Desendeudamiento con reservas del Banco Central de la República Argentina, medida a la que oportunamente nos opusimos hasta en los tribunales de la Nación.
El uso de los fondos del Banco Central ha sido uno de los motivos centrales por el que hoy estamos enfrentando el flagelo inflacionario.
Por el contrario, estamos dispuestos desde el bloque del PRO a aceptar y permitir la posibilidad de que el Estado coloque deuda y mejore los perfiles de endeudamiento que tiene hoy la madurez de nuestra deuda.
También creemos que se deben financiar algunos proyectos de inversión de mediano y largo plazo o de montos significativos que pueden exceder el ejercicio fiscal 2012.
El segundo tema es el conjunto de aspectos que no deberían estar incluidos en el proyecto de ley de presupuesto. Entre ellos señalamos dos. En primer lugar, la creación de nuevos cargos, gravámenes, impuestos silenciosos o como quieran denominarlos, como por ejemplo los artículos 66 y 67.
El otro aspecto es que este Congreso y la población argentina deben conocer las verdaderas necesidades de financiamiento, ordenamiento y perfeccionamiento del grupo Aerolíneas Argentinas, tanto para sus operaciones y mantenimiento como para inversiones. Entendemos que en este caso el Poder Ejecutivo debe presentar un proyecto de ley específico donde plantee las necesidades concretas y los beneficios esperados para que este Congreso pueda expedirse al respecto, y no a través del artículo 18 que oportunamente se enviara a las Cámaras.
Finalmente, me permito señalar con el mayor énfasis y fuerza posible, que existe un divorcio significativo y sorprendente entre lo que el Poder Ejecutivo en pleno declama y expresa continuamente por todos los medios de difusión respecto de las políticas públicas que dice encarar, y los proyectos de ley que envía a este Congreso de la Nación.
Esta dicotomía entre la oratoria y los hechos reales y concretos señala una y otra vez que su accionar no es adecuado para un país que necesita no sólo generar una distribución equitativa del ingreso sino también inclusión y oportunidades de riqueza para el pueblo y a la vez insertar a la Argentina generando confianza en el sistema económico internacional.
El camino no es subrogando las funciones del Congreso en materia de aprobación de ingresos y egresos públicos y fuentes de financiamiento.
Párrafo aparte merece el tratamiento de la ley de impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Este es uno de los impuestos más regresivos que existen en la legislación tributaria nacional, ya que grava los depósitos por el sólo hecho de materializarse en una cuenta bancaria, sin considerar que esos fondos ya tributaron otros impuestos como el IVA y ganancias.
Más aún, este tipo de impuestos, lejos de fomentar una mayor transparencia en las operaciones comerciales, induce a que no se exterioricen las transacciones para no tributar un impuesto adicional a la generación de riqueza.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Señor diputado: su tiempo ha concluido. Redondee su discurso.
Sr. Triaca.- Ya termino, señora presidenta.
En tiempos de desaceleración del crecimiento, tal como lo han enunciado las autoridades del Poder Ejecutivo recientemente, es importante generar condiciones que aseguren a los contribuyentes que los impuestos que tributan sean sólo los necesarios para incrementar el ciclo de crecimiento de la economía y no vayan en deterioro de su capacidad de inversión, para lo cual se hace necesario plantear la disminución progresiva del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.
En tal sentido, es imprescindible generar señales inequívocas acerca de la intención de discontinuar este impuesto a partir del año subsiguiente, pero que al mismo tiempo se señale una gradualidad que evite el desfinanciamiento del Estado y asegure la coparticipación federal.
Nuestra propuesta concreta es disminuir la tasa del 6 por mil al 4 por mil en el 2012 y fijarlo en una tasa inferior en los años subsiguientes.
Para el caso específico del impuesto nacional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, acompañamos la propuesta que presentara el señor diputado de Prat Gay.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Señor diputado: le recuerdo que tiene la posibilidad de insertar su discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Triaca.- Pido al resto de los diputados de mi bloque que me concedan dos minutos.
En el PRO tenemos el convencimiento, como fuerza política con vocación de mayoría nacional, de respetar los mandatos electorales, puesto que existen razones por las cuales el pueblo elige un gobernante que resulta imperioso escuchar y acompañar. Es imprescindible para la democracia que juntos construimos que sepamos apoyar incluso al Poder Ejecutivo de distinto signo, en virtud de la institucionalidad necesaria para nuestra seriedad como Nación.
También es necesario que la discusión sea franca, que los fríos números que discutamos hoy sean honestos, que no existan dobleces entre las intenciones y las propuestas que se formalizan por escrito, y que cada cual haga aquello para lo que fue votado...
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Por favor, señor diputado, no comprometa a la Presidencia, colabore.
Sr. Triaca.- Estoy terminando, señora presidenta; además, pedí permiso al resto de los diputados.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Desde hace rato viene diciendo que está terminando, señor diputado.
Sr. Triaca.- Para finalizar, debemos mantener una división de poderes real para la grandeza y el avance de la Argentina y el bienestar general del pueblo. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Obiglio.- Señora presidenta: en primer lugar, la felicito por ejercer su cargo en esta primera sesión de la Cámara con su nueva composición.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Muchas gracias, señor diputado.
Sr. Obiglio.- En relación con la prórroga de la ley de emergencia económica, cuando uno empieza a revisar este tema y mira lo que ha ocurrido en los últimos años, no puede creer que nuevamente estemos discutiendo sobre la misma cuestión. Habiendo repasado los discursos de años anteriores advierto que se está diciendo prácticamente lo mismo; es más, simplemente bastaría insertar tales exposiciones.
Mediante la ley de emergencia económica otorgamos facultades al Poder Ejecutivo para dictar medidas relativas al sistema financiero y bancario, a la reestructuración de la deuda, al régimen bancario, a la renegociación de contratos, al derecho de los consumidores. Desde 2003, todos los años otorgamos estas facultades al Poder Ejecutivo con la excusa de que estamos en emergencia económica, que en verdad constituye un recurso excepcional y no normal; sin embargo, en nuestro país vivimos en una permanente emergencia económica.
Al respecto, a fin de determinar si la prórroga obedece a que realmente estamos dentro de los parámetros de la emergencia económica o a la necesidad de conceder al Poder Ejecutivo la totalidad de atribuciones, restando así facultades al Poder Legislativo, debemos recordar que la Corte Suprema ha indicado que tal emergencia es una situación de grave perturbación económica, social y política que representa un máximo peligro para el país.
Lo cierto es que no escuché al señor miembro informante decir que estamos en máximo peligro y que por ello debemos prorrogar nuevamente la emergencia. Tampoco escuché a la señora presidenta de la Nación decir eso en el discurso inicial de su nueva gestión.
Por lo tanto, deberíamos pensar si realmente estamos atravesando una situación gravísima que justifica que el Poder Ejecutivo disponga de estas facultades, o si es preciso cumplir con lo establecido en la Constitución siendo nosotros quienes legislemos.
Por otro lado, siempre que se dicta una emergencia económica deben existir medidas razonables y proporcionadas respecto del estado de gravedad. Me gustaría saber qué relación existe entre el estado de situación actual y la supuesta gravedad que importa esta nueva declaración de emergencia económica.
Antes de que haga uso de la palabra el señor diputado Tonelli, quien utilizará el término que resta a este bloque a los fines de fijar nuestra postura, quisiera señalar que la sumatoria de superpoderes otorgados prácticamente hace innecesaria la votación del proyecto de presupuesto y de la prórroga de la ley de emergencia económica, porque lo que ahora decidamos con doscientos cincuenta y siete diputados después podrá ser cambiado con absoluta discrecionalidad por una sola persona -la presidenta de la Nación- que ejercerá el poder absoluto. Por lo tanto, pensemos cuál es nuestra función y qué estamos haciendo acá. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Tonelli.- Señora presidenta: brevemente, al igual que el señor diputado Obiglio, me referiré al proyecto de ley por el que se prorroga la emergencia económica.
Tal emergencia es una manifestación del poder de policía estatal, que consiste en restringir derechos individuales en beneficio del conjunto, en pro del bienestar de la comunidad.
Las primeras emergencias aparecieron en nuestro país en la primera mitad del siglo pasado y fueron reconocidas por la Corte Suprema como un instrumento legítimo del Estado para superar situaciones de grave perturbación económica o social; pero posiblemente el abuso de declaraciones en ese sentido y el hecho de que el país ha vivido en permanente emergencia durante los últimos cincuenta años, han llevado a la Corte a revisar su propio criterio y jurisprudencia en torno de la legitimidad de la emergencia.
Así, en su actual composición, la Corte ha dicho recientemente: “La prudencia aconseja volver a un criterio estricto en el control procedimental y sustantivo de la legislación de emergencia”. Esto, en relación con el caso de la Asociación Bancaria, que obtuvo fallo el 14 de noviembre de 2006. De este modo la Corte ha anunciado y se ha propuesto examinar no sólo las formas, sino también las sustancias de la declaración de emergencia. Es decir, si son ciertas y existen las causas invocadas, y que no se trate de una medida de mera comodidad en beneficio del gobernante.
Avanzó más la Corte declarando la inconstitucionalidad del decreto 558 de 2002 en el caso “Consumidores Argentinos”. Dijo que la concurrencia de una genuina situación de emergencia debe ser verificada por el tribunal, que tiene el deber de hacerlo, además de corroborar que la declaración del legislador encuentra debido sustento en la realidad.
De tal manera que uno de los aspectos que en los últimos años la Corte no consideraba para fallar sobre la validez o invalidez de la emergencia, con esta nueva línea jurisprudencial ha pasado a ser crucial. Tiene que ver con el aspecto del plazo de la emergencia.
En ese sentido, recuerdo una vez más que esta emergencia que se nos propone prorrogar ha sido declarada originariamente en 2003, es decir, llevamos ocho años continuos de emergencia, lo que contradice integralmente los anuncios que nos hizo la señora presidenta el sábado pasado, y lo que ha dicho el señor miembro informante al referirse al proyecto de presupuesto.
Pero existe un caso más paradigmático de la Corte Suprema, donde este criterio queda expuesto con toda claridad. Se trata del caso “Galli”, fallado por la Corte el 5 de abril de 2005. Allí la Corte reconoció que había que revisar este criterio de interpretación amplia respecto de la emergencia. En cuanto al plazo dijo textualmente: “La legislación de emergencia debe tener un plazo para que se produzca su propia extinción, pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que permiten su conservación. De tal modo la excepción se ha convertido en regla, y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad de los remedios.”
Además, la Corte agregó lo siguiente: “Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de modo contundente que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad.”
Es el caso exacto de la prórroga hoy se nos solicita que la aprobemos. Entiendo que este proyecto de ley no supera el test de constitucionalidad debido al plazo de la emergencia, por lo que no debería ser aprobada.
Finalmente, correspondería preguntarse qué ocurriría si el Congreso no prorrogara la declaración de emergencia económica. ¿Quedaría el Estado inerme frente a una verdadera situación de emergencia económica? La respuesta es “no”. Simplemente ocurriría que para afrontar esa emergencia económica quien debería resolver cuáles son los instrumentos económicos adecuados para enfrentarla sería el Congreso.
Es decir que si no prorrogamos la emergencia económica, pasaríamos a aplicar –nada más y nada menos- la Constitución Nacional y el régimen republicano que ella ha consagrado. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. De Marchi.- Señora presidenta: más allá de las distorsiones manifiestas que contiene este proyecto de ley de presupuesto para 2012, vinculadas con índices y estimaciones que son claramente falsas en función de crecimiento, de inflación y del valor del dólar; más allá de los superpoderes que se han reiterado, transformando el presupuesto en un dibujo y en una farsa; más allá de ser el presupuesto más unitario de las últimas décadas –no sé si de la historia, pero sí de la historia contemporánea con seguridad-, vemos que se reparte a las provincias casi el 24 por ciento del total de los recursos, reservándose la Nación el manejo del 77 por ciento del total de los dineros.
Más allá de todos estos perjuicios generales que este presupuesto ocasiona al país y en consecuencia a todas las provincias, quiero referirme brevemente a los daños puntuales que provoca a la provincia de Mendoza, de la que provengo.
Como decía recién, la inclusión de los superpoderes trasforma al presupuesto en un dibujo porque habilita a la Jefatura de Gabinete o a la presidenta a poner o quitar partidas con su sola voluntad, como le venga en ganas.
Entonces, corresponde decir con claridad que cuando el gobierno de las leyes desaparece y cede su lugar a un gobierno sostenido en la voluntad, en el humor o en el afecto de una sola persona, el grado de indefensión y de peligrosidad institucional en el cual ingresamos es muy grave.
Si estando en presencia del gobierno de las leyes yo dijera que Mendoza está fuertemente perjudicada con éste y con los últimos presupuestos, entonces podría indagar acerca de cuáles son esas leyes que perjudican a mi provincia y, en consecuencia, podría intentar corregirlas o cambiarlas. Pero cuando este gobierno de las leyes no existe y en cambio solamente existe la decisión de una única persona, entonces los mendocinos deberíamos indagar sobre cuáles son las conductas, los hechos o paisajes de mi provincia que no le agradan a la presidenta y que la ponen de tan mal humor que nos castiga de manera tan injusta.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.
Sr. De Marchi.- Mendoza es una de las provincias que recibe menos obra pública. Se encuentra en el lugar número 21 o 22 en materia de redistribución de recursos para vivienda. Y lo más grave –en esto me voy a detener en los cuatro minutos que me quedan para concluir‑ es que se ha incluido de manera subrepticia y tramposa una nueva redacción del artículo 70 donde se rehabilita la promoción industrial para una provincia vecina, por supuesto, siempre en desmedro de Mendoza, tal como viene sucediendo desde hace muchos años.
Dicho artículo 70 otorga concretamente a la provincia de San Juan la posibilidad de reasignar cupos de promoción industrial vencidos. Obviamente, los sanjuaninos no tienen la culpa de esto; al contrario, quizás tengan un gobernador más preocupado que el nuestro.
He escuchado por allí alguna defensa que decía que en realidad eran solamente para asignarlos a obras energéticas, y que en definitiva sirven a todo el país. A esto respondo que Mendoza también tiene un banco de proyectos importante para realizar obras energéticas.
Estas son las iniquidades o injusticias que realmente nos afectan como mendocinos porque no hay ninguna explicación que justifique la introducción tramposa –repito la palabra‑, de última hora y oculta, porque ni siquiera la redacción del artículo 70 es clara. Solamente deriva a un artículo de un presupuesto que ya es viejo; ni siquiera han tenido la lealtad de trascribir en ese artículo específicamente lo que querían hacer.
En consecuencia, más allá de que vamos a votar en contra de este pseudo presupuesto, modificable a sola firma por el jefe de Gabinete, y más allá de todo lo que planteamos al inicio, este último aspecto señalado es de un desagrado muy importante para nuestra provincia.
Solamente pido a los diputados que representamos los intereses de la provincia de Mendoza y que estamos en este recinto que actuemos en consecuencia.
Es hora de eliminar también los doble discursos. Aquí hay diputados que ya se han expresado con claridad en contra de este artículo. No queremos transformar esto en una cuestión personal pero vemos que se siguen sosteniendo argumentos para tratar de enmascarar una situación que a todas luces perjudica a la provincia de Mendoza.
Quienes somos mendocinos y estamos aquí, en este recinto, hoy tenemos dos opciones: defendemos el mandato inconsistente de quien confunde persona con partido, partido con gobierno y gobierno con Estado o defendemos en serio ‑y sin dobleces‑ los intereses de nuestra querida provincia. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Pradines.- Señor presidente: seré muy breve. Me voy a referir a la prórroga de la ley del cheque, la 25.413. Esta ley, como todos saben, fue sancionada allá en el 2001 como consecuencia de la difícil situación que estaba atravesando la República en ese momento.
Se trata de un impuesto totalmente distorsivo que representa 45 mil millones de pesos dentro de este presupuesto. Si bien la República necesita de este dinero, nosotros sostenemos que las provincias también lo necesitan.
Con posterioridad a esta ley se sancionó una norma que establecía que el 70 por ciento se destina a la Nación y el 30 por ciento a las provincias. Esto tampoco es así porque de ese 30 por ciento que va destinado a las provincias, si hacemos una cuenta fina –a los provincianos esto nos interesa‑ veremos que solamente recibimos 15 centavos por peso que se recauda en función de este impuesto.
Si hacemos una comparación y analizamos finamente los números, tal como manifestó la primera mandataria, la provincia de Mendoza –de la cual soy oriundo‑ es deficitaria en sus presupuestos. Esto lo hemos discutido en reiteradas oportunidades desde hace cuatro años aproximadamente.
En 2011 ha tenido un déficit fiscal directo de 431 millones de pesos para lo cual ya se ha solicitado un crédito, y el actual gobernador de la provincia está desesperado porque tiene que pagar los sueldos y los aguinaldos.
Si nosotros coparticipamos este impuesto en un ciento por ciento directo, como tiene que ser de acuerdo con la ley de coparticipación y a los efectos de que no exista ningún tipo de discusión, el proyectado sería de más de mil millones de pesos. Lo mismo debe estar sucediendo con el resto de las provincias.
Entonces, la pregunta es muy sincera y fácil. ¿Por qué no dan a las provincias lo que se recauda por esta ley? Nosotros, los provincianos, vamos a saber de qué manera lo vamos a gastar y dónde lo vamos a afectar.
Tal como viene sucediendo desde hace algunos años a esta parte entre unos pocos se decide el destino de muchos otros, y se rasgan las vestiduras cuando dicen que hay que gobernar para el interior del país.
Gobernar para el interior del país es dar a las provincias lo que les corresponde, y en este sentido ‑debido al poco tiempo del que dispongo‑ voy a responsabilizar al oficialismo. Deberían distribuir lo que corresponde entre las provincias para que luego nosotros decidamos de qué manera se afectan los recursos.
En la provincia de Mendoza hacen falta más de 120.000 viviendas. Han fracasado los gobiernos que hemos venido teniendo, seguramente porque han sido pésimos en su gestión pero, sobre todo, porque no han tenido dinero. Entonces, demos a las provincias lo que les corresponde y afectemos los fondos. Seguramente nosotros los sabremos manejar de la mejor manera posible para brindar una mejor calidad de vida no sólo a los mendocinos sino, como en este caso, a los habitantes de todo el país. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. de Prat Gay.- Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestar mi preocupación por la premura con la que se están tratando cuestiones centrales. Si bien entendemos que hay plazos que se vencen y urgencias que atender, quiero llamar a todos a la reflexión porque de manera expeditiva y con una sola discusión en general estamos decidiendo una cantidad de medidas que tendrán un impacto o una incidencia directa sobre millones de argentinos.
Por ejemplo, el paquete de medidas impositivas que está siendo sometido a consideración de esta Honorable Cámara implica nada menos que una recaudación de 60.000 millones de pesos al año. Vale decir que en una sola tarde y a las apuradas estamos decidiendo el destino de un monto equivalente a 60.000 millones de pesos anuales y su impacto en el bolsillo de los argentinos: 44.000 millones de impuesto al cheque; 1.000 millones de impuesto al tabaco; 10.000 millones provenientes de las retenciones a la exportación de hidrocarburos y alrededor de 5.000 millones de pesos que el gobierno nacional no debería recaudar si ajustara conforme a la inflación los mínimos no imponibles y las deducciones correspondientes al impuesto a las ganancias.
Es decir que en una tarde decidiremos dónde corresponde que estén ubicados 60.000 millones de pesos dentro del territorio nacional fuera del bolsillo de los argentinos.
Además, vamos a estar decidiendo acerca del presupuesto, que es la ley de leyes, dándole la misma entidad que a los otros cuatro temas que discutiremos hoy, y quizás también la misma entidad que alguna de las otras normas que debatiremos entre mañana y pasado. Como si fuera poco, señor presidente, también estaremos discutiendo en una tarde una “ley sábana” de facultades delegadas, mal llamada “de emergencia económica”, a la que ya se ha hecho referencia anteriormente.
Es por eso que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria propusimos que si había tiempo de trabajar hasta el sábado, lo hiciéramos de esa manera a fin de demostrar a la sociedad que cuando decidimos el destino de 60.000 millones de pesos de recaudación impositiva y de 500.000 millones de pesos de gasto público y facultades delegadas, nos lo tomamos en serio y lo analizamos en profundidad.
En segundo lugar, señor presidente –es una opinión personal, por lo que le solicito que me asista en esta interpretación‑, entiendo que no ha sido respetado el acuerdo al que arribamos en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, que fue la primera tanto para usted como para mí. Entendí que los 35 minutos que usaría cada bloque iban a ser corridos. Hasta ahora, todos los bloques lo han entendido igual que yo, con excepción del bloque Frente para la Victoria que se ha reservado 15 minutos para más adelante. Creo que esto no estaba en el espíritu de lo que acordamos ni de lo que usted expresó al inicio de esta sesión. Me parece importante respetar la palabra; por eso hago esta admonición para que todos lo comprendan de esa manera.
Yendo a los temas en discusión, y quizás no utilizando todo el tiempo disponible –en este caso será un servicio a la premura que nos han impuesto‑, nosotros desde la Coalición Cívica-ARI tenemos cuatro dictámenes, todos de minoría, que sometemos al escrutinio y el análisis de nuestros colegas diputados.
Vamos a empezar con la discusión en torno de la emergencia económica. Desde ya adelantamos el rechazo a la propuesta del dictamen de mayoría y en nuestro dictamen de minoría, el artículo 1° establece derogar la emergencia económica.
Lo planteamos de esta manera básicamente por tres razones: en primer lugar, porque entendemos que es absolutamente incongruente e incompatible con el relato oficial. No sólo el relato oficial del señor miembro informante del oficialismo sino también el relato oficial en cabeza de la máxima autoridad del gobierno nacional, que hace menos de una semana estaba sentada en el lugar que ocupa el señor presidente y nos explicó todas las bondades del modelo y toda la maravilla económica ocurrida en la Argentina desde el 2003 en adelante.
Esta ley de emergencia económica es de 2002. Si de 2003 en adelante de a poco fuimos alcanzando el cielo, no se entiende por qué se necesita en 2011 o en 2012 la misma emergencia que cuando estábamos en 2002.
La señora diputada Ciciliani lo explicó, concentrándose en los índices de pobreza y de indigencia. Podríamos concentrarnos en cualquier índice, en cualquier foto que queramos mirar, y creo que no hay ninguna duda de que en 2011 estamos en una situación muy diferente a 2002 y que es absolutamente innecesaria la ley de emergencia económica, además de ser absolutamente incongruente con el relato oficial.
En segundo lugar, entendemos que tal como está planteada la ley de emergencia económica, es difícil encuadrarla dentro del marco de lo que permite la Constitución Nacional en su artículo 76, cuando establece que las facultades delegadas deben ser acotadas en objetivos y en tiempos.
No hay ninguna acotación en alguna de las facultades delegadas que propone esta ley de emergencia económica. Es tan amplia esa delegación que ni siquiera se detallan en el dictamen de mayoría y simplemente se procede a prorrogar lo que en su momento fue aprobado, sin explicitación de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve.
Me gustaría que nos preguntáramos, por ejemplo, cuál es la necesidad de seguir teniendo facultades en torno al objetivo del Programa de Jefes y Jefas de Hogar, cuando dicho plan ya ha sido reemplazado por alguna que otra cuestión.
También me pregunto cuál es la necesidad de tener la facultad de suspender la ley de intangibilidad de los depósitos. En la sesión de la asunción del mando de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ella criticó –y yo comparto esa crítica‑ aquellas leyes del final de la convertibilidad que eran meros esfuerzos testimoniales pero que iban en contra de la más básica lógica económica.
¿Por qué vamos a entrar nosotros como Congreso en la dinámica de facultar para que se suspenda la vigencia de una ley que todos creemos que no hace falta? ¿No sería más fácil directamente derogar la ley de intangibilidad de los depósitos? ¿No nos estaríamos dando un servicio de cara a la sociedad, al menos dentro del sentido común?
Yo creo que sí, y me parece que estas cosas las tendríamos que haber planteado antes; tendríamos que haberlas pensado antes, y en todo caso el gobierno debiera haber propuesto prorrogar aquellas facultades que efectivamente necesita.
En ese debate hubiéramos descubierto por dónde pasan esas herramientas adicionales que el señor miembro informante estableció que el gobierno nacional necesita para atender la desaceleración económica del año próximo.
Nosotros tenemos una diferencia fundamental en ese sentido. Creemos que lo que mal se denomina ley de emergencia económica es una ley de emergencia política. Es una ley que tan solo le va a cubrir algunas dificultades al gobierno nacional, le va a proveer comodidad al gobierno nacional, como si ya no la tuviera con las mayorías y con el acceso a los decretos de necesidad y urgencia, y en todo caso no se está atendiendo la verdadera emergencia económica que muy probablemente sea necesario atender el año próximo, que es el impacto del ajuste fiscal y tarifario que propone el gobierno nacional sobre todos, y no exclusivamente sobre la clase media.
Por eso en nuestro dictamen de minoría, referido a la ley de emergencia económica, proponemos una emergencia económica en serio, de estímulo fiscal para que, como dije antes, sufra menos el bolsillo de la clase media.
Esencialmente proponemos modificaciones al impuesto a las ganancias y al impuesto al cheque, vale decir, dos dictámenes que se cruzan con la discusión que nos toca atender hoy, por un monto aproximado de 11 mil millones de pesos. Paso a detallarlo, aunque por supuesto que esto tiene toda la especificación en el dictamen de minoría.
Respecto del impuesto al cheque proponemos esencialmente dos cosas. La primera es reducir a la mitad su alícuota para las pequeñas y medianas empresas. Entendemos que el impuesto al cheque es regresivo. No compartimos la visión que a veces surge de los despachos oficiales en el sentido de que este gravamen es un impuesto a los bancos. Ojalá los bancos fueran tan caritativos de cobrar el impuesto al cheque sin transferirlo a sus usuarios finales, que en gran medida pertenecen a la clase media y en una medida aun mayor son pequeñas y medianas empresas que de acuerdo con distintos cálculos ven la erosión de su capital de trabajo a lo largo de un año simplemente por la decisión de participar en el sistema financiero y de pagar un impuesto cada vez que cobran o emiten un cheque.
Nosotros proponemos aliviar esa carga tributaria a las pequeñas empresas y microempresas usando la definición de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria. Esto se puede aplicar con muchísima facilidad, sería progresista, contracíclico y justo e incentivaría de una vez por todas el despegue de las pequeñas y medianas empresas, algo que tanto nos hace falta en la Argentina.
También proponemos que el porcentaje de coparticipación de este impuesto aumente del 30 al 50 por ciento, y no vamos al ciento por ciento porque quisiéramos –como se dijo antes‑ que en algún momento de los próximos años este impuesto se eliminara por completo por su capacidad distorsiva, a la que hice referencia. Esta mejora en la coparticipación estaría dando a las provincias una fuente de recursos que ellas seguramente van a necesitar el año que viene en un marco ‑como reconoció el señor miembro informante‑ de desaceleración de la actividad económica.
Las provincias no tienen el margen de dictar decretos de necesidad y urgencia, no pueden llevarse por delante a la ANSES ni tienen acceso a las reservas del Banco Central. Las provincias están en una situación mucho más incómoda y vulnerable cuando la economía se desacelera.
Con respecto a las modificaciones que proponemos respecto del impuesto a las ganancias, la primera y principal ‑porque forma parte de uno de los cinco temas que discutimos hoy‑ se refiere a la adecuación y actualización de las deducciones y del mínimo no imponible.
Compartimos la idea de que para dar certidumbre hay que ratificar lo que ya hizo la AFIP a través de resoluciones; aun siendo de dudosa constitucionalidad, deben ser ratificadas para eliminar la incertidumbre. Me estoy refiriendo a lo que se ha decidido en materia de mínimo no imponible para los años 2010 y 2011.
Nos permitimos recordar a esta Cámara que la última vez que se aprobó por ley una modificación de los mínimos no imponibles fue en 2008. Vale decir que nos quedaron afuera de esta actualización los años 2008 y 2009, y tenemos que tomar alguna decisión con respecto al año 2012.
El bloque de la Coalición Cívica-ARI no cree que la mejor manera de tomar esa decisión sea, como propone el artículo 4° del dictamen de mayoría, delegar en el Poder Ejecutivo esa facultad y que éste pueda modificar el mínimo no imponible.
Para que se entienda bien –como dije antes‑, por la no actualización del mínimo no imponible hay 5 mil millones de pesos de más que pagan más de un millón de asalariados simplemente porque la inflación fue incrementando una alícuota efectiva que nunca fue modificada por el Congreso de la Nación.
Por eso proponemos en nuestro dictamen de minoría devolver esos 5 mil millones de pesos a la clase media a través de un ajuste del 56,3 por ciento de las deducciones y del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Si lo hacemos, sí sería emergencia económica, sí sería atender las expectativas de quienes necesitan que demos un alivio y no meramente los deseos de quien tiene todos los resortes para gobernar y pide más.
En segundo lugar proponemos en el dictamen sobre el impuesto a las ganancias establecer una exención de pago del impuesto a las ganancias a los jubilados. En el esquema actual, aquél que contribuyó con sus aportes durante su vida activa, pagó el impuesto a las ganancias y resulta que cuando llega a la edad pasiva tiene que además, en algunos casos, pagar un impuesto a las ganancias sobre los aportes que ya hizo en su momento, hechas las deducciones que correspondan.
No es mucho dinero, estamos hablando de 300 millones de pesos, pero estaremos aliviando la carga tributaria de un sector que como ya se ha dicho antes, siempre está en el límite de la línea de la pobreza, porque las jubilaciones en la Argentina no alcanzan para cubrir las necesidades de nuestros abuelos, que han tenido muchos años de trabajo y hoy apenas pueden llegar a fin de mes.
En segundo lugar, proponemos la deducción de los alquileres en el cómputo del impuesto a las ganancias. Todavía en la Argentina hay muchas familias que no tienen acceso a un crédito para la vivienda, entre otras cosas porque con una inflación del 25 por ciento es imposible imaginarse un crédito a largo plazo. Para ellos, para quienes no pueden comprar y sólo pueden alquilar, proponemos una deducción de esos pagos de alquileres en el cómputo del impuesto a las ganancias.
Proponemos también lo mismo para aquellos que sí tengan la suerte de acceder a un crédito hipotecario. Y como dije al principio, en este paquete de emergencia económica, en serio, no para la galería, no para la tribuna, no para la letra de molde, destinamos 11 mil millones de pesos a atender esa dificultad, y financiamos buena parte de esta cifra con la propuesta de algo que tenemos pendiente en esta Cámara, que es eliminar la exención en el impuesto a las ganancias para las rentas financieras.
Así como es inadmisible que a los jubilados les cobremos dos veces el impuesto a las ganancias, también es inadmisible que cobremos un impuesto a las ganancias a los asalariados y que no se lo cobremos a quienes perciben una renta financiera.
Es difícil avanzar en esa dirección habida cuenta de la alta inflación, pero nosotros en nuestro dictamen de minoría proponemos dos vías alternativas para ir avanzando tanto para la compra y venta de acciones como para la renta financiera que surja del cobro de cupones de títulos públicos y privados indexados o expresados en moneda extranjera, en los que la inflación no tiene un impacto.
Como dije antes, todo este paquete tendría un impacto positivo sobre las finanzas provinciales de 3.400 millones de pesos, y tendría un impacto negativo sobre las finanzas del gobierno nacional de 7.500 millones de pesos. Entiendo bien que esto se financia casi de aire con los anuncios que se han hecho hasta ahora respecto de la eliminación de subsidios, cuyo monto no se ha incluido en el dictamen de mayoría del proyecto de presupuesto de la Nación.
Esto entendemos que sí sería una política anticíclica en momentos en que la economía se está desacelerando, y esta es una de las razones que nos hacen imposible aprobar otro de los proyectos que tenemos que discutir, que es el proyecto de presupuesto que ya se ha comentado anteriormente en esta reunión.
Aprecio enormemente los esfuerzos del miembro informante para no reconocer que acá hay un ajuste fiscal. Se habla de “sintonía fina”, se habla de “parece procíclico pero no lo es”, se habla de “recomposición del superávit fiscal”. En otras épocas a la recomposición del superávit fiscal la llamábamos “ajuste fiscal”. Un aumento del ahorro público no es otra cosa que un ajuste fiscal que le quita recursos a la economía privada para guardarlos en la economía pública, teniendo por lo tanto un impacto sobre la demanda agregada.
El miembro informante se refirió a un aumento del superávit primario del 0,7 por ciento del PBI. Si yo miro los cuadros del dictamen del presupuesto nacional, que nos presentaron en tiempo y forma, la cuenta que hay que hacer se refiere a un superávit primario que pasa de 1,38 por ciento del PBI al 2,22 por ciento del PBI.
Si no me mal asiste la aritmética, eso implica un ajuste fiscal del 0,84 por ciento del PBI y no del 0,7 por ciento.
Parece una nimiedad, pero debemos mantener una consistencia interna a lo largo de toda la presentación. En ocasión de la visita de quien entonces era el viceministro de economía a la Comisión de Presupuesto y Hacienda también lo planteamos con algunos cuadros, que mostraban su inconsistencia.
A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si el gobierno entiende que hay que recomponer la situación fiscal, debatamos si es una buena decisión, en medio de una desaceleración de la economía, proponer un ajuste fiscal. Nosotros, desde la Coalición Cívica-ARI pensamos que es una muy mala idea.
Entendemos que el superávit primario del 2,22 por ciento sería el más alto desde 2009. Recordemos que en 2009 estaba en el 3 por ciento del PBI, y luego se redujo fuertemente debido una correcta política contracíclica –cuando la economía se desaceleraba en 2009, el superávit bajó dos puntos-, como reconocí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
No entiendo por qué, si va a pasar lo mismo en 2012, el superávit, en vez de bajar dos puntos, va a aumentar casi un punto; para ser más precisos, un 0,84 por ciento.
Esta es la principal razón por la cual rechazamos el proyecto de presupuesto del gobierno nacional. Entendemos que no es la respuesta adecuada a las inconsistencias internas y a los riesgos externos imponer un ajuste fiscal que le quite fuerza a la demanda interna.
La segunda cuestión la hemos planteado más de una vez. El gobierno elabora las proyecciones del presupuesto utilizando los números del INDEC, al que ya nadie le cree; mal favor nos haríamos los diputados si nos hiciéramos los distraídos y le pusiéramos la firma a un índice de inflación que para el INDEC es del 9,7 por ciento.
Me gustaría dar una rápida leída a distintos índices de inflación que elaboran las direcciones estadísticas provinciales de la República Federal Argentina.
Recordemos que el INDEC se encarga de recolectar la información en la Capital Federal y en algunos partidos del Gran Buenos Aires. Nuestro país es federal y hay una serie de provincias –no todas, pero sí 14 o 15- que tienen su propia manera de registrar el avance del costo de vida.
Las metodologías no son las mismas, pero leeré los números de acumulación del aumento de índices de precios “oficiales”. Se trata de 15 índices oficiales de inflación registrados en el país en los últimos doce meses.
Jujuy: 21,9 por ciento; Neuquén: 27,7 por ciento; San Luis: 23,7; Santa Fe: 21,2 por ciento; Chubut: 24,0 por ciento; Río Negro: 22,8 por ciento; Entre Ríos: 25,1 por ciento; Misiones: 23,9 por ciento; Tierra del Fuego: 32,8 por ciento; Mendoza: 21,2 por ciento y Chaco: 25,1 por ciento. La mediana de todos estos números –repito que son oficiales, a fin de que después no se caiga en la facilidad de criticar a los índices privados- es del 23,1 por ciento.
Me gustaría que me explicaran cómo vamos a hacer para que la inflación pase del 23,1 por ciento al 9 por ciento, que se usa en los cálculos de presupuesto para el año que viene, sin que medie una fuerte recesión, que nadie quiere.
El índice del INDEC, en relación con todos estos índices a los que me he referido, se encontró siempre por encima del mínimo y por debajo del máximo entre 2004 y 2007; o sea, durante tres años. Desde 2007 a 2011, el índice del INDEC estuvo siempre por debajo del mínimo de estos 15 índices provinciales. ¡Qué casualidad! ¡Qué notable cambio metodológico se ha producido para que haya dos velocidades de inflación en la Argentina: una, en el puerto y la otra en el interior del país! Tan notable es el cambio de velocidad que en el acumulado de los últimos cinco años la inflación para el INDEC fue del 57 por ciento mientras que para las provincias fue del 171 por ciento.
Creo que aquí está el meollo de la diferencia de diagnóstico que muchas veces tenemos entre la oposición y el oficialismo. Si nos creemos los números del INDEC, entonces suben los salarios reales y el tipo de cambio es competitivo. Pero cuando lo cruzamos con la realidad, descubrimos que los salarios prácticamente no aumentan en términos reales, la economía es cada vez menos competitiva, y por ello uno de los pocos anuncios que escuché en el acto de reasunción de la presidenta de la Nación fue debido a la preocupación por los planes de competitividad. Perdón, quise decir la Subsecretaría de Competitividad, que en efecto se parece mucho a los planes de competitividad que en el año 2001 ofreció el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.
Me parece que además de los problemas mencionados, hay cuestiones centrales en el presupuesto que no se pueden obviar. ¿Cómo podemos aprobar un presupuesto que nos pide un aumento en los subsidios del orden de los 10 mil millones, cuando los anuncios que se han hecho van en sentido absolutamente contrario? Nos parece que es al revés: nosotros debemos pedirle al Poder Ejecutivo que calcule cuál será el ahorro fiscal por vía de los subsidios para después discutir, si fuera posible como corresponde e indica la Constitución Nacional, en el seno del Congreso de qué manera vamos a reinvertir y devolver a la economía ese ahorro en subsidios para que el aumento de tarifas no sea otro ajuste que potencia el ajuste ya planeado por el lado fiscal.
El gobierno, al subestimar la inflación, subestima los ingresos, y además propone un ajuste fiscal de 22 mil millones de pesos, vale decir un aumento del superávit primario con respecto a este año de más de 20 mil millones de pesos.
En cambio, en nuestro dictamen proponemos devolver buena parte de ese ajuste y que el gasto total no sea de solamente 505.130 millones de pesos sino de 535.088 millones de pesos.
¿Por qué digo “solamente”? Porque en el presupuesto del oficialismo el gasto público sube un 18,8 por ciento y los recursos un 23,4 por ciento, si mal no recuerdo. Si se tratara de una economía familiar, y mis ingresos suben más que mis gastos, vale decir que el aumento de los ingresos no lo destino por completo a gastar sino que me guardo algo, ¿no es un ajuste de la economía familiar? Entonces, ¿por qué esto no es un ajuste fiscal? Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Podemos hablar de sintonía fina, de que parecen medidas contracíclicas o procíclicas cuando no lo son, pero lamentablemente no tuvimos tiempo suficiente para discutir en esta Cámara.
Nosotros proponemos un aumento del gasto de 30 mil millones de pesos por encima de lo que prevé el oficialismo. Entendemos que hay fuentes de financiamiento para atender ese aumento del gasto, inclusive dentro del mismo sector público, a las que siempre hace referencia y echa mano el gobierno nacional.
Para que ustedes sepan cuáles serían desde nuestro espacio político las prioridades a las que nos gustaría asignar ese mayor gasto, las voy a enumerar.
Proponemos una recomposición de los haberes jubilatorios de 19 mil millones de pesos por encima de la movilidad jubilatoria, que no está contemplada en el cálculo del presupuesto nacional para 2012.
Proponemos un aumento del 25 por ciento en la asignación universal por hijo, que representa 3 mil millones de pesos.
Proponemos el cumplimiento a partir del año que viene de la ley de bosques. Se dijo aquí y hemos discutido el año pasado que no se cumple con los fondos que hay que destinar, de acuerdo con la ley de bosques, a defender el medio ambiente en zonas que lo requieren.
Proponemos que se cumpla con el artículo 60 del acuerdo entre la Nación y las provincias, actualizando los montos que se deben transferir a éstas –entre ellas, pero no la única, la provincia de Santa Fe-, que implicaría una transferencia de 1.089 millones de pesos.
Proponemos que se sincere la discusión salarial. En el cálculo de presupuesto actual identificamos que no hay una propuesta de aumento de salarios para el próximo año, a pesar de contar con los recursos para ello. Estamos en un momento en que el gobierno ha empezado a reconocer que es necesario atender la cuestión de la inflación, aunque sea por la puerta de atrás, con la competitividad. Entonces, ¿por qué desde el presupuesto no ponemos un ancla a las expectativas y fijamos un número de crecimiento del salario público? Para el año que viene hablamos de un impacto fiscal de 7.000 millones de pesos, que hoy no está siendo sincerado en el presupuesto de la Nación. Básicamente, ésa es nuestra propuesta de presupuesto.
Por otro lado, desearía que en algún momento habláramos del desendeudamiento y de la utilización de las reservas. En relación con este tema, que mucho nos dividió en el último año, sólo quiero decir en esta ocasión que si analizamos la evolución de la deuda pública nacional entre diciembre de 2007 y diciembre 2011 –independientemente de que esté en manos del sector privado o público‑ advertiremos que las obligaciones del Tesoro nacional han aumentado en 30.000 millones de dólares. Según entiendo, desendeudar es reducir la deuda y no aumentarla. Acá también tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre.
Respecto del impuesto de emergencia al tabaco expresaré nuestra interpretación, sin perjuicio de que el señor diputado Triaca ya ha hecho referencia a nuestro dictamen. Interpretamos que nos engañamos a nosotros mismos todas las veces que prorrogamos ese impuesto –venimos haciéndolo desde hace dieciséis años-, al decir que la tasa es del 21 por ciento pero que se faculta al Poder Ejecutivo reducirla según le parezca. Aclaro que en estos últimos dieciséis años sólo durante seis meses la alícuota del impuesto fue superior al 7 por ciento.
Entonces, ¿acaso no sería más sencillo modificar la ley para llevar efectivamente la alícuota al 7 por ciento suspendiendo así la delegación que concedemos para que el gobierno haga lo que de todos modos no hace, que es regular el nivel de ese impuesto? Pongo esto a consideración del cuerpo. En tal caso, estaríamos prestándonos un servicio a nosotros mismos –aunque más no fuera un servicio de sentido común‑, a fin de no estar prorrogando la delegación o delegando la prórroga.
En síntesis, nos oponemos firmar un presupuesto falso, pero esto no significa que pongamos palos en la rueda, y tampoco hace falta que el oficialismo se victimice pues para el próximo año tendrá un presupuesto aprobado por ley, como lo tuvo aprobado para este año –sin que se tocara coma alguna‑ mediante decreto de necesidad y urgencia.
No podemos avalar la mentira de algunas cifras, pero tampoco queremos rechazar el presupuesto. Por eso, hemos proyectado uno alternativo en línea con lo que hicimos el año pasado, ocasión en que nuestras predicciones estuvieron muy cerca de la realidad.
Entendemos que no hace falta una emergencia política para que el gobierno tenga las herramientas a los fines de un buen pasar, sino que se requiere dicha emergencia para revertir en la clase media el impacto que va a generar el ajuste fiscal y tarifario.
Señor presidente: en el bloque Coalición Cívica- ARI siempre va a encontrar predisposición para evitar que el ajuste recaiga sobre los que menos tienen y los más vulnerables.
No es viable la actual política de atraso y control cambiarios, y la situación no se resuelve con planes o subsecretarías de competitividad. En todo caso, si explicamos al mundo que la idea del ajuste fiscal no es buena, no entiendo por qué acá hacemos exactamente lo contrario. Nosotros estamos aumentando el ahorro, o como bien se dijo antes, recomponiendo el superávit fiscal; así, hacemos exactamente lo mismo que las naciones europeas a las que critica la presidenta cuando tiene oportunidad de hacerlo.
Nuestra propuesta de presupuesto contiene un cálculo adecuado y una mejor estimación de los recursos. Entendemos que es necesario aumentar el gasto público por encima de lo que propone el gobierno, a efectos de que no haya un ajuste fiscal. Entendemos que es posible bajar los impuestos. La presión tributaria es récord. Si es así, ¿por qué no aliviamos la carga que soportan los más necesitados? También entendemos que es importante aliviar la situación fiscal de las provincias.
No vamos a acompañar el dictamen de mayoría, pero proponemos alternativas. Una de ellas consiste en considerar un error un ajuste fiscal en medio de una desaceleración económica como propone el gobierno para 2012. (Aplausos).
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: me toca hacer uso de la palabra en nombre del bloque Nuevo Encuentro y lo primero que quería señalar es que he escuchado numerosas intervenciones en las que se alude a la falta de tiempo, al apuro y a la metodología que se ha utilizado para el tratamiento de este presupuesto.
Lo acabo de escuchar al señor diputado De Prat Gay, y le quería decir –tomando como ejemplo lo que ha manifestado- que el 30 de septiembre de este año, o sea, hace aproximadamente setenta y cinco días, el señor diputado escribió un artículo en el diario “La Nación” donde dijo que el gobierno le tendía una trampa a la oposición con el tratamiento de este presupuesto, porque estaba planteado de forma tal que se pretendía hacerlos elegir entre el menor de dos males: ser cómplices de una mentira o ser acusados de obstaculizar la gestión de un gobierno constitucional.
Continuó diciendo que esto era así desde 2003, cuando el Poder Ejecutivo inauguró la metodología de presentar un presupuesto con premisas falsas, subestimando los recursos y presentándolo al Congreso sólo para su aprobación o rechazo.
Sin duda que la primera observación es que el señor diputado De Prat Gay tiene mala memoria, porque fue presidente del Banco Central entre diciembre de 2002 y septiembre de 2004, es decir, mientras se aprobaron y se ejecutaron los presupuestos de 2003 y 2004. Que yo sepa en su momento no realizó ninguna crítica, y hoy las incluye porque sostiene que el presupuesto contiene premisas falsas.
También formuló un cargo para el conjunto de la oposición que no asume una postura de rechazo. El señor diputado De Prat Gay dice que algunos destacados diputados opositores evalúan optar esta vez por la complicidad y aprobar lo que venga del Poder Ejecutivo, porque no lo pueden dejar sin presupuesto.
Debo decir que la palabra “cómplice” tiene dos acepciones, porque me he tomado el trabajo de buscarla. Una es gentil, porque se refiere a la solidaridad y a la camaradería. Me parece que no es el sentido que le ha querido dar el señor diputado De Prat Gay.
La otra acepción tiene que ver con el hecho de participar o de estar asociado a un crimen o culpa imputable a dos o más personas, según lo que dice la Real Academia Española.
Es decir que todos aquéllos que se presten a aprobar este proyecto de ley de presupuesto que nos ha enviado el Poder Ejecutivo, serán cómplices de esta acción criminal, basada en un conjunto de falsedades.
Digo esto porque, luego de esas declaraciones, pareciera que lo que discutimos carece de sentido. Acá se asevera que estamos hablando de datos falsos, de un presupuesto falso, de un país que no existe y todos parecemos unos simples y obsecuentes seguidores de una propuesta que se hace y se vota porque hay que darle un presupuesto al Poder Ejecutivo. No es ésa nuestra postura, señor presidente. Hemos trabajado en ese análisis y adelanto que vamos a votar favorablemente partiendo de una cuestión esencial: el presupuesto es una ley eminentemente política, yo diría una ley política por excelencia, pues es la que permite plasmar un plan de gobierno que es la continuación de lo que se vino haciendo hasta aquí, aquello que llamamos el modelo. El resto de las cosas, los complejos cuadros de asignaciones presupuestarias, etcétera, son herramientas que se utilizan para cumplir este plan: pre‑supuestos, pre‑suponiendo que las cosas van a funcionar de determinada manera. Esta es la otra cuestión que es necesario tener presente cuando se habla de pre‑supuestos: se suponen escenarios, se supone que van a suceder determinadas cosas, y en función de ello se estima cuáles serán los resultados que tendrán esas acciones.
Por lo tanto, a mí y a nuestro bloque nos pareció muy importante, antes de entrar en el análisis de los números, tener en cuenta las orientaciones y guías que se expresan en el mensaje de remisión del proyecto de presupuesto. Allí se dice: “...durante el ejercicio 2012, las prioridades en las políticas públicas estarán dirigidas a seguir generando las condiciones necesarias para lograr el desarrollo económico con inclusión social, dando continuidad al actual modelo económico de crecimiento con equidad”. No veo que aquí aparezca la palabra “ajuste”.
De la misma forma, al definir las prioridades de los gastos, dice: “...el objetivo de inversión en el área social continuará siendo uno de los pilares fundamentales de la gestión del Gobierno. Se profundizarán las políticas de inclusión y desarrollo comunitario de la población más desprotegida de la sociedad, impulsadas y articuladas desde un Estado activo que concibe a los derechos de las personas como sujetos centrales en el proceso de acción colectiva”.
Por su parte, bajo el título “Gastos Prioritarios”, dice: “En el contexto de una solvencia fiscal basada en un resultado primario superavitario y en una sustentabilidad a mediano plazo, la asignación del gasto público se orienta conforme las prioridades que se reseñan a continuación:…” ‑insisto que son las prioridades que se establecen en el mensaje‑ “…la seguridad social –en primer término‑, la educación, ciencia y tecnología, la inversión en infraestructura económica y social, la salud, la promoción y asistencia social y la seguridad interior y sistema penal, procurando dar continuidad al proceso de crecimiento económico con equidad”. Estos son los objetivos que están incluidos en el mensaje que acompaña la elevación del proyecto de presupuesto.
En ese marco, el presupuesto prevé un crecimiento para el año algo superior al 5 por ciento. En el debate que tuvimos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda muchos diputados se han encargado de considerarlo subestimado. Tal vez hoy no lo crean así y digan que es excesivo en función de la situación derivada de la crisis internacional.
Este crecimiento que el presupuesto plantea está sustentado en un aumento del consumo del 4,7 por ciento y de la inversión del 7,9 por ciento. Estas cifras son bastante inferiores a las del año en curso, lo que nos lleva a suponer que se está previendo la volatilidad del entorno mundial y el impacto que esto pueda tener en nuestro país. Por eso se plantean cifras menos ambiciosas de las que tenemos en el desarrollo de la actividad en el año 2011.
En lo que respecta a las exportaciones, se espera que crezcan un 8,8 por ciento. Repito que estamos hablando de supuestos. Asimismo, en un supuesto que considero audaz, se plantea que las importaciones sólo aumentarán el 8,1 por ciento. Esta cifra sólo se podrá alcanzar con un fuerte control del ingreso de importaciones y con una fuerte política de fomento a la sustitución de importaciones, objetivos que, por otro lado, fueron específicamente expuestos por el entonces ministro de Economía –hoy vicepresidente de la Nación‑ en la presentación que hiciera oportunamente y que están avalados por un conjunto de hechos; por ejemplo, el último convenio que se acaba de suscribir con Brasil para incrementar la cantidad de autopartes de fabricación local en los automotores que se producen tanto en la Argentina como en dicho país.
Las exportaciones medidas en dólares alcanzarían los 90.833 millones y las importaciones, 82.254 millones, generándose un saldo comercial positivo de 8.579 millones, valor similar al que tuvimos en el año 2010 e inferior al que tendremos en este año en curso.
También forman parte del presupuesto 5.674 millones para el fondo de desendeudamiento destinados a la cancelación del servicio de la deuda pública con tenedores privados correspondiente a 2012.
Aquí también me voy a permitir una digresión y, seguramente, voy a polemizar otra vez con el diputado De Prat Gay ya que él no puede ignorar que cuando se toman fondos del Banco Central para pagar a acreedores privados el Tesoro toma una deuda con dicho banco. Entonces, decir que no ha habido desendeudamiento es cuanto menos contar la película de una manera parcial. Ha habido desendeudamiento con el sector privado y los tenedores privados, y ese desendeudamiento ha sido reemplazado por deuda que el Tesoro Nacional contrae con otros organismos del Estado.
Una definición importante que trae el presupuesto es la forma en la cual se crece, centrada en el consumo y en la inversión. Esta es una característica que no es propiedad exclusiva de este presupuesto sino que continúa una tendencia de los dos años anteriores, donde la inversión bruta fija supera su participación como porcentaje del PBI, guarismo que se espera llegue al 23,9 por ciento en el 2012, superando el nivel máximo alcanzado en 2008.
La presión tributaria, tal como explicó el miembro informante, crece y se ubica por encima del 32 por ciento. Nosotros siempre sostuvimos que una de las condiciones esenciales para que el Estado desarrollara sus políticas –en especial las sociales‑ es que contara con recursos suficientes. Una debilidad de nuestra economía era que la presión tributaria era escasa, ubicándose -en la búsqueda de ejemplos compatibles- muy por debajo de los otros países de la región.
Este 32 y pico de presión tributaria significa un aumento de 15 puntos porcentuales respecto a 2002, cuando no se llegaba al 17 por ciento. Esta es una definición importante, porque marca efectivamente una decisión del Estado de proveerse de recursos suficientes, y esto debe ser valorado muy positivamente. De todos modos, coincido con muchas de las intervenciones que aquí se han hecho en el sentido de que resulta imprescindible cambiar el sesgo regresivo de la tributación a través de una profunda reforma tributaria.
Observamos que los gastos sociales crecen el 20,6 por ciento, mientras que los gastos totales lo hacen el 18,8 por ciento. Por lo tanto, nadie puede decir que hay una política de ajuste en el medio. El gasto social subirá por encima del total del gasto presupuestario. Con este crecimiento el gasto social representará nada más y nada menos que el 6 por ciento del gasto corriente, que se compone por los gastos de la seguridad social, jubilaciones, asignación universal y otros, que representan el 41,8 por ciento del gasto alcanzando un total de de 18.916.958 beneficiarios.
En esta línea sobresalen las acciones que otorgan cobertura a niños, jóvenes y embarazadas, y las relacionadas con la seguridad alimentaria, la creación de capital social y desarrollo productivo y comunitario, y el otorgamiento de pensiones asistenciales no contributivas. En este rubro, justamente, se destacan las prestaciones de la seguridad social, jubilaciones y pensiones, que alcanzan a 7.664.000 beneficiarios, aumentando en 283.300 el número de beneficiarios con respecto al año anterior.
La asignación universal alcanzará a 3.368.105 beneficiarios más, y la asignación por embarazo se extenderá a 95.400 mujeres, unas 33.500 más que el corriente año. Es decir que estamos hablando de un aumento del 54 por ciento de las prestaciones en este rubro.
Las pensiones no contributivas han sido promocionadas e incrementadas en un 150 por ciento desde el año 2005; en este caso hablamos de 700.000 personas. Además –como se ha dicho en otras oportunidades‑, gracias a las moratorias ofrecidas se incorporaron al sistema previsional 2.300.000 personas.
Completan el gasto social: educación y cultura, 7,6 por ciento del total de gastos; salud, 3,6 por ciento; promoción y asistencia social, 2,2 por ciento; ciencia y técnica, 1,6 por ciento; agua potable y alcantarillado, 1,4 por ciento, y vivienda y urbanismo, 1,1 por ciento.
En educación superior, se transferirán fondos a las universidades públicas para que alcancen una matrícula de 1.400.000 estudiantes con más de 83.000 egresados. Además, se incorporarán un millón más de computadoras portátiles mediante el programa Conectar Igualdad para alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas e institutos de formación docente.
El gasto total de Nación‑provincias en educación llegará al 6,47 por ciento del PBI, cuando en 2003 era del 2,2 por ciento. En el rubro salud, entre otras cosas, está prevista la entrega de 54.000.000 de vacunas; en 2012 habrá dieciséis tipos de vacunas gratuitas, cuando en 2003 sólo había seis.
De las finalidades no destinadas al gasto social, la que mayor gasto absorbe es la de servicios económicos, con el 19 por ciento del gasto total, principalmente los subsidios orientados a energía, combustibles, minería y transporte. Le siguen en importancia los servicios de la deuda, con el 8,9 por ciento del total, que aumentan con respecto al 2011 debido al pago del cupón del PBI que se llevará a cabo próximamente.
En las distintas intervenciones que ha habido hasta ahora se ha hablado del resultado fiscal. Para el año 2012 se estima que los recursos tributarios corrientes crecerán un 23,1 por ciento, mientras que los gastos crecerán un 18,8 por ciento, generando –como ya se explicó‑ un superávit primario superior a los 46.000 millones y un resultado financiero ligeramente superavitario.
No se puede decir que esto es un ajuste. Esto es un superávit que se obtiene por la vía del incremento de los ingresos y de ninguna manera por la del recorte del gasto. Aquí se da un tema bastante paradojal, porque los que toda la vida defendieron el superávit fiscal ahora quieren déficit y critican la idea del superávit. En realidad, lo que no dicen y está implícito en esa postura es que si hay déficit, para resolver el problema hay que recurrir nuevamente al endeudamiento, para lo cual es necesario pasar por la ventanilla del Fondo Monetario Internacional. Lo que quieren es mandarnos a esa ventanilla otra vez. Por eso les molesta que se traiga un presupuesto que no presenta déficit fiscal y que otorga autonomía a la Nación para la toma de decisiones, sin verse obligada a tener que recurrir al endeudamiento externo. En este punto parece obvio, pero quiero dejarlo expresamente dicho: nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la transferencia de utilidades del Banco Central y las rentas del Fondo de Garantías Sustentables de la ANSES, que son recursos genuinos de la Administración Nacional, y por lo tanto son incluidos correctamente entre los ingresos corrientes del presupuesto.
También estamos cansados de escuchar que habría un déficit de tanto si no se computaran estos ingresos. A nadie le llama la atención que la Reserva Federal de los Estados Unidos transfiera al Tesoro todos los años el total de sus resultados positivos, pero parece una transgresión ‑vaya a saber a qué principio‑ que el Banco Central, concebido como un país independiente dentro de otro país más grande, transfiera sus utilidades para fortalecer las arcas del Tesoro Nacional.
Por la ley de presupuesto se habló aquí también de que se faculta al ministro de Planificación a realizar operaciones de crédito público nacional para inversiones prioritarias por 9.178 millones de dólares.
Se dijo que era un número del que no se conocía el destino, y voy a darles alguna información que saqué del presupuesto:
Mil quinientos millones son para la ejecución de proyectos ferroviarios, adquisición de equipos y otros en el marco del acuerdo con China. Mil cuatrocientos millones para obras de generación, transporte y distribución, adquisición de energía o combustible. Mil trescientos cincuenta millones para la construcción del gasoducto del Noroeste argentino. Mil doscientos millones para la prolongación Villa Central Atómica Embalse, cuarta central nuclear CAREM, obra material insumos Atucha II. Seiscientos cincuenta millones para los acueductos regionales de Chaco, Santa Fe y Bahía Blanca. Seiscientos quince millones para otros proyectos de infraestructura ferroviaria.
Quiere decir que no hay tal cheque en blanco, porque están detallados los fondos y los proyectos en los que serán utilizados estos recursos.
Una de las orientaciones fundamentales a nuestro juicio para profundizar el modelo recientemente validado en las urnas tiene que ver con ir desarmando la legalidad que se instituyó en los períodos que denominamos neoliberales, que incluyen períodos democráticos y dictatoriales, porque es un lastre que frena la posibilidad de instalar un verdadero desarrollo a largo plazo con mayor equidad distributiva.
Uno de esos lastres es, precisamente, la estructura impositiva, que tiene un sesgo efectivamente muy neoliberal y por eso resulta altamente regresivo.
Este cambio no se puede aprobar así como así y requiere un gran debate de la sociedad, que debe darse sin dilación, y este Parlamento seguramente podrá tomar como uno de los temas que podrá llevar adelante con iniciativas propias en debates durante el año 2012.
Es necesario avanzar hacia una reforma impositiva de carácter progresivo que grave con mayor intensidad las altas rentas y los altos patrimonios.
Nosotros acompañaríamos con gusto un proyecto como el mencionado por el señor De Prat Gay, referido a gravar determinado tipo de renta financiera, las transacciones, las rentas de los cupones, bonos, etcétera. Quiere decir que si hay voluntad, por lo menos de nuestra parte va a encontrar apoyo para trabajar juntos en proyectos de esa naturaleza.
Hay que saludar las últimas decisiones del gobierno sobre la reasignación de los subsidios, eliminando los dedicados al gas, electricidad y agua en los sectores de altas rentas y creando una comisión para estudiar la reasignación y los recortes para el resto de los sectores.
Si bien el proyecto de ley de presupuesto prevé un crecimiento del 19,7 de los subsidios, que es muy inferior al 31,5 que se espera terminará siendo este año, hay que profundizar ese proceso, defendiendo el concepto de los subsidios como instrumento que puede mejorar la distribución del ingreso y la promoción de sectores estratégicos, pero reorientándolos en forma más eficiente.
En este aspecto reafirmamos nuestra postura de seguir subsidiando a los consumidores de menores ingresos, estableciendo herramientas que permitan direccionar los subsidios directamente a los usuarios. Como ejemplo, y respecto al transporte, la generalización de la tarjeta SUBE será un avance importante.
También hay que estudiar cuidadosamente las distintas actividades económicas y el impacto que la redistribución de subsidios puede causar en cada una de ellas, prestando particular atención a la situación de las pymes, que merecen un tratamiento especial, segmentado, para que puedan continuar invirtiendo y de esa manera incrementar más aún su producción y el empleo.
Por todos estos comentarios nuestro bloque va a apoyar el dictamen de mayoría respecto del presupuesto nacional.
Con respecto a la prórroga de la ley de emergencia económica, aquí aparece también otro contrasentido. Me he cansado de escuchar a diputados decir que el país está maravillosamente bien cuando se trata de hablar de esta ley y que no hace falta declarar la emergencia, pero al ratito el país está lleno de problemas. Cuando se habla de la ley de emergencia parece que los datos fueran todos positivos y no existe ninguna razón para mantenerla.
Yo quisiera hacer un análisis que parte de otro lugar. Estamos en un mundo cruzado por incertidumbres, que existe en especial en los países centrales de Europa y en los Estados Unidos. Allí sí se están llevando a cabo políticas de ajuste aplicadas prácticamente en todos los países, y por la reciente firma de un pacto fiscal los Estados de la Unión Europa ‑excepto el Reino Unido, que no lo hace por ser más progresista sino para defender la autonomía de los bancos, para que no haya ninguna duda‑ se comprometen a aplicar lo que se llama la regla de oro, es decir, déficit cero. Más precisamente, el pacto establece que el déficit fiscal no podrá superar el 0,5 por ciento del PBI. Esto nos permite suponer que varias economías seguirán en recesión, algunas estarán ingresando en ella y sin duda la mayoría verá abruptamente disminuido su ritmo de crecimiento a niveles mínimos.
Este panorama augura, en el mejor de los casos, una baja en la demanda externa de esta región, siempre y cuando la crisis financiera por la que atraviesan los bancos ‑con carteras plagadas de activos tóxicos provenientes tanto de deuda hipotecaria como soberana‑ no se agrave ni tenga consecuencias aún mayores.
Si bien la región se ha unido a través del Consejo Económico y Social de la UNASUR y, más recientemente, con la conformación de la CELAC para encarar en forma conjunta los problemas que la crisis puede generar sobre nuestras economías, ello no significa que nuestra región, como tampoco nuestro país, estén blindados ante las amenazas de la crisis externa.
En ese entorno la emergencia económica cobra sentido, y si bien hemos crecido significativamente desde 2003 –como bien se ha dicho‑ resulta imperioso consolidar lo que se ha hecho. Creo que este ha sido otra vez el sentido del voto popular que ratificó este rumbo con el 54 por ciento de los votos ciudadanos.
Para consolidar lo ganado y enfrentar los efectos de la crisis internacional resulta esencial que el gobierno continúe con las atribuciones que le asignó la ley 26.204, por ejemplo, para regular los servicios públicos, para proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambio, para reactivar el funcionamiento de la economía –en el caso de que fuera necesario‑ y para mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales. Del mismo modo debería continuar con la facultad que tiene por ley para crear condiciones tendientes al crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública, aunque hoy deberíamos decir, con mayor precisión, continuar creando condiciones para el crecimiento económico.
El país acaba de transitar por una situación especial que derivó este año en una intensa dolarización de portfolios de los agentes económicos, lo que generó una caída de reservas de alguna significación. Hay que destacar que esta caída evitó una devaluación brusca, que hubiera perjudicado significativamente los ingresos de los trabajadores y frenado la importación de necesarios bienes de capital e insumos industriales para sostener la expansión de la frontera productiva.
Este suceso se ha enfrentado satisfactoriamente sin tener que utilizar siquiera los poderes especiales conferidos por la ley 26.204. Se logró a través de una importante decisión fiscal en el sentido de exigir transparencia a las operaciones cursadas por el mercado de cambio ‑alguien acá habló de control de cambio y no hay ninguna medida vigente en tal sentido‑; solamente se pide que todas puedan justificar el origen de los fondos utilizados para comprar divisas. Esto generó. Esto generó algún cimbronazo inicial por la manera en que estas medidas fueron instaladas en la opinión pública, pero a medida que todo el mundo podía retirar dinero de los bancos sin ningún problema, porque el Banco Central estaba en condiciones de proveerlo sin dificultades, la situación se fue normalizando paulatinamente, y podemos decir que, según los datos que tenemos, en la última semana prácticamente ha desaparecido el drenaje de depósitos en dólares.
Es decir, hubo una minicorrida que se desactivó rápidamente, en parte por las medidas del Banco Central y de la AFIP y, en parte también, por la solidez que ofrecen el sistema financiero y la economía argentina.
Esto nos sirve a nosotros para evaluar la necesidad de intervención del Poder Ejecutivo en materias esenciales como la cambiara y financiera, que la prórroga de la ley de emergencia económica le confiere. Porque además significa avanzar en la participación del Estado, y esto es algo que repetimos permanentemente: todavía hay muchas leyes de la dictadura y de la década del 90 en vigencia, que mantienen el espíritu neoliberal de desregulación de los mercados y de reducción de las funciones del Estado.
Entonces, ante los efectos que pueda desatar la crisis internacional, contar con un mayor poder de fuego del Ejecutivo, que debe ser rápido, tal cual lo requieren los acontecimientos, es sin duda una herramienta indispensable para enfrentar mejor los efectos de esa crisis.
En ese aspecto, los tiempos que se manejan en la formación de las leyes pueden ser demasiado largos para la rápida resolución que puedan requerir los problemas a encarar. De allí que nuestro bloque va a votar a favor de la prórroga de la ley 26.204, de emergencia económica.
La ratificación de las deducciones del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, dispuestas por la AFIP para los años 2010 y 2011, que estamos votando, resulta imprescindible, dado que de no producirse, se impactaría negativamente en una gran cantidad de trabajadores. Aun con la ratificación de esos mínimos no imponibles, efectivamente en algunos casos el impuesto alcanza a los mínimos de los convenios firmados, una situación que no es totalmente equitativa puesto que además ha erosionado parte de los aumentos salariales percibidos.
En ese aspecto nosotros proponemos, acompañando la idea de que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de fijar los niveles, que como mínimo se trabaje con la media de los aumentos salariales, lo cual formó parte de un proyecto que nuestro bloque presentó cuando durante el ejercicio legislativo pasado se discutió el tema del impuesto a las ganancias. Nuestra propuesta -en minoría‑ consistía en que hubiera un ajuste automático que se hiciera por el promedio de los aumentos salariales pactados en convenciones colectivas de trabajo.
Nosotros compartimos la idea de que hay que dar mayor progresividad a este impuesto, no solamente en el tratamiento de los ingresos del trabajo sino también en cuanto a eliminar exenciones injustificables, como la que existe a la renta financiera, obviamente procurando no gravar los pequeños ahorros de los trabajadores, es decir, haciendo aquí también una adecuada segmentación.
Acompañamos también, por consiguiente, este proyecto que plantea el Poder Ejecutivo, con un agregado y una sugerencia, que tiene que ver con nuestra pertenencia cooperativa. Nosotros tenemos un mismo planteo respecto de que las entidades cooperativas no son sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias porque no generan las ganancias. En la actualidad se encuentran exentas, pero nosotros creemos que deberíamos avanzar para que sean sujetos no alcanzados por el impuesto.
Respecto de los impuestos a los débitos y créditos bancarios y a la venta de cigarrillos, los apoyamos, aun aceptando aquí también todo lo distorsivo que tiene el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, porque entendemos que para cambiarlo es necesario una discusión de fondo que incluya una reforma impositiva. Sería grave no aprobar esto hoy porque se generaría un fuerte desfinanciamiento para el Estado nacional.
En cuanto al proyecto sobre prórroga por cinco años del derecho de exportación a los hidrocarburos, se trata de una herramienta fundamental para el manejo de la política de precios y recursos naturales del país. Apoyamos la iniciativa y hacemos nuestros sus fundamentos, que expresan que, siendo los hidrocarburos un componente esencial de la matriz insumo-producto de la economía argentina, se hace necesario sostener un equilibrio de precios internos y tipo de cambio que permita mantener el actual esquema económico del país.
Sería altamente saludable que, al igual que con el petróleo, lo mismo se pudiese repetir con la minería. Esta es una asignatura pendiente sobre la que el Parlamento debería trabajar en el próximo ejercicio.
Me he referido a todos los temas en debate hoy y he expresado el voto favorable a todos ellos por parte del bloque de Nuevo Encuentro. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Presidencia aclara que los señores diputados Solanas, Argumedo y Cardelli dispondrán, entre los tres, de diez minutos.
Sr. Solanas.- Señor presidente: mis primeras palabras están dirigidas a expresar mi profundo desagrado por el mecanismo que se acordó a la mañana para esta sesión.
Mi desagrado no es sólo hacia el bloque oficialista, sino también hacia la Unión Cívica Radical, el FAP y el PRO, quienes acordaron un sistema por el cual discutiremos cinco leyes económicas en la jornada de hoy.
Se trata de la imposición de una suerte de metodología de hegemonismo: los bloques con tres o menos diputados pasaron a disponer de 10 minutos en lugar de 35. En verdad, es un mal indicio, estimados colegas, que empecemos así. Me hace acordar a las peores prácticas del menemato, y fui diputado en los años 90.
Hoy, en el ojo de la tormenta de la crisis del capitalismo global, esperábamos otra cosa. Incluso, el sábado esperábamos un llamado de la señora presidenta a la unidad nacional de los argentinos.
La Argentina y el mundo están en peligro. A los países emergentes como nosotros nos quieren hacer pagar la deuda y la crisis brutal del capitalismo global, que hemos venido denunciando durante todos estos años. Esperábamos un gesto de grandeza, un llamado a la unidad, una convocatoria al diálogo y a la unión de fuerzas alrededor de un gran proyecto nacional, a fin de recuperar poder de decisión, disponer de energía y reconstruir nuestras estructuras.
Sin embargo, nos encontramos con la misma ley de leyes, sin ninguna corrección con respecto a la que se presentó hace varios meses. Se trata de un pobre diseño de un pobre plan político para plantarse frente a la crisis brutal que hoy vive Occidente.
Hay sólo un 12 por ciento para la inversión pública; hay 100 mil millones de pesos destinados a subsidios, pero sólo 25 mil millones a subsidios sociales, mientras que el resto se lo lleva la máquina de subsidios de las corporaciones, como consecuencia del fracaso estrepitoso de la política energética del gobierno.
No se perforó un pozo en la Argentina. Pasamos de ser un país que se autoabastecía de gas y petróleo a ser importador de esos productos. Producíamos a un dólar el millón de BTU, y pasaremos a importarlo a un costo de 16 o 17 dólares. ¿Quién lo paga? Hay 41.700 millones de pesos destinados al subsidio de la energía. ¡Tarifazo! Este es el presupuesto del cambio de rumbo. Este es el presupuesto del ajuste, y encima construido sobre la falacia de la tergiversación de las estadísticas públicas, como es la metodología empleada en el INDEC con un dibujo de inflación del 9 por ciento cuando nadie da menos del 20 por ciento.
El bloque Proyecto Sur no apoya este presupuesto y plantea que no es posible que en una Argentina con un promedio de 8.500 muertos al año por accidentes en rutas y caminos no se asuma la reconstrucción de la crisis y la emergencia del transporte, y tampoco se asuma la reconstrucción de los ferrocarriles y la recuperación de los hidrocarburos.
Nosotros decimos que la dependencia que hay en este presupuesto muestra un falso progresismo, que está claramente expresado en la subordinación al pago de la deuda externa; una deuda externa que jamás se investigó, que hubo una sentencia firme dictada por Jorge Ballesteros en la causa Alejandro Olmos que nadie apeló. Una de las verdaderas manchas que tiene este Parlamento es no haber sido capaz ni siquiera de votar una comisión investigadora.
Cuando todo el mundo cruje por sus deudas externas y las están tirando a la basura, ¿cómo se puede pensar en negociar la deuda espuria del Club de París, nacida del riñón de la dictadura? Deuda odiosa, de acuerdo a la jurisprudencia norteamericana que estableció William Taft y que pusieron en funcionamiento en Irak para no pagar la deuda de Saddam Hussein.
Entonces, cuando se destina el 8,9 por ciento de este presupuesto al pago de intereses de la deuda y se van a refinanciar además 55 mil millones de pesos, no se puede hablar de refinanciación ni se puede hablar de no estar con las corporaciones, cuando por la mayor parte de las corporaciones y los agroalimentarios -con la estafa de los commodities- en la Argentina se paga el arroz al mismo precio que en Italia que lo importa de la Argentina. Esa es la historia del commodity.
Entonces, no vamos a apoyar esta iniciativa.
Vamos a apoyar la prórroga de la ley del cheque porque no queremos desfinanciar al Estado. Pero es una vergüenza que en la Argentina se siga pateando para adelante una profunda reforma fiscal. Hay que convocar a todos los sectores de la producción y el trabajo a un Consejo Económico y Social para establecer en cuatro o seis meses una salida gradual de este sistema regresivo y hacerlo positivo, para que se cobre impuesto a la renta sobre el patrimonio, sobre la tierra, y de una manera diferente sobre las ganancias. El conservador Rodolfo Moreno a comienzos de los años 40 estableció un impuesto al latifundio.
Entonces, aquí no hay voluntad de recaudar rentas extraordinarias ni de establecer retenciones a la minería ni de exigir a las compañías mineras refinar en la Argentina para saber qué exportamos. El sistema se hace por declaración jurada. Es una verdadera payasada que da vergüenza.
Entonces, este presupuesto está mucho más cerca de la concepción de un país bananero, dependiente y neocolonial que de un país que quiere aprovechar la crisis mundial para zafar, como hizo Perón cuando aprovechó la crisis de 1945 para nacionalizar el Banco Central, los depósitos, hacer una gran reforma impositiva y recuperar las empresas de servicios.
¡Constitución de 1949! ¡Honor y gloria a Arturo Sampay! (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien le restan dos minutos.
Sra. Argumedo.- Señor presidente: continuando con el discurso de mi compañero de bloque quiero decir que el tema de los subsidios es especialmente escandaloso, y expreso esto no para aprovechar una crítica sino por propias declaraciones del oficialismo.
Entre 2005 y 2007 el monto destinado a subsidios creció de 3.748 millones de pesos a 75.925 millones. Pasamos de 790 millones de dólares a 17.400 millones de dólares, en seis años; es decir, un crecimiento del 2.100 por ciento. Ello no sería grave si los subsidios estuviesen bien distribuidos.
Por ejemplo, a fin de darnos cuenta de la situación, se nos reconoce que se otorgaron 4.800 millones de pesos en concepto de subsidios a bancos, hipódromos, casinos, aeropuertos, petroleras, etcétera, lo cual representa 1.000 millones de dólares por año. Estos sectores tienen nombre y apellido: Cristóbal López, Eurnekian, Repsol, Barrick Gold, Citibank, etcétera, que no son los más desfavorecidos de la sociedad.
Sólo con lo que en cinco años se dio a esos sectores se podrían haber reconstruido entre 18.000 y 20.000 kilómetros de ferrocarriles, con producción propia de locomotoras, vagones e instrumental necesario, creando así decenas de miles de puestos de trabajo legítimos, tanto en el sector ferroviario como en las industrias proveedoras. Además, hubiésemos podido recuperar los pueblos fantasmas y las economías regionales.
Ese solo elemento, sobre la base de los datos que da el oficialismo acerca de lo que hizo con los subsidios, constituye el fundamento para que no apoyemos el presupuesto en debate. Muchas veces un fuerte respaldo popular no garantiza que quienes lo tienen actúen correctamente. Para ello, veamos la acción de los representantes del pueblo en los años 90, que con un 50 por ciento de apoyo a Menem y un similar porcentaje en su reelección, destruyeron este país. Cuidado con eso. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.
Sr. Brillo.- Señor presidente: como hemos venido haciéndolo en otras ocasiones, nuestro bloque acompañará el dictamen de mayoría no sólo en materia presupuestaria sino también en los proyectos de ley que lo acompañan.
Consideramos que el presupuesto de la Nación es una herramienta de gestión que refleja el perfil de cada gobierno, y no vamos a entorpecer a quienes tienen la responsabilidad de administrar el país. Esta es la metodología que han venido utilizando los integrantes de este bloque, que pertenece a un partido político que desde hace más de cuatro décadas gobierna la provincia del Neuquén.
Nuestro concepto es simple: discutimos el presupuesto en los ámbitos que corresponde, cambiamos lo que podemos y luego la sociedad juzga con su voto. Hoy, tenemos la experiencia de un 2011 sin presupuesto aprobado, y nos damos cuenta de lo significativo que es encuadrarnos en la dimensión, en el tiempo, de los gastos y de los ingresos. Sin embargo, quiero marcar algunos elementos positivos y negativos del presupuesto.
Los elementos negativos son estructurales, provienen incluso de otras gestiones de gobierno y se han convertido en asignaturas pendientes. Uno de los puntos positivos está dado por la importancia que tienen la inversión y el gasto social en este presupuesto: más de 300.000 millones de pesos, sobre los 500.000 millones de pesos del gasto total; esto representa un 60 por ciento destinado al gasto social.
Ese gasto público social prácticamente duplica los fondos que se distribuyen a través de la coparticipación de impuestos, esto es 164.000 millones de pesos. Ello demuestra la magnitud y la importancia del gasto social, como herramienta clave de la distribución de recursos a las provincias, en su mayor parte –como señalaron otros señores diputados‑, al margen de la coparticipación federal, sin dejar de considerar que continuamos en menores niveles de coparticipación que los que algunas provincias en pactos federales acordaron en un 34 por ciento.
Recordemos también que hace más de quince años las provincias resignaron un 15 por ciento de la coparticipación en una emergencia jubilatoria. Es hora de que trabajemos para esta recuperación para las provincias.
Retomando el gasto social, algunos estudios específicos resaltaron la concentración de la distribución del gasto social en pocas jurisdicciones. De un total de 300 mil millones de pesos, cinco provincias -Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires- se llevan 217 mil millones de pesos, casi un 70 por ciento y 19 provincias reciben el resto, que es un 30 por ciento.
La Ciudad de Buenos Aires recibe por habitante más de 20 mil pesos por año, frente a un promedio a nivel país de 7.500 pesos por habitante.
Por ejemplo, mi provincia del Neuquén estará recibiendo 2.800 millones de pesos anuales para 2012, o sea, un 0,9 por ciento del gasto social total, que es bajo comparado con un 1,3 por ciento de coparticipación. Esto es un poco más de 5 mil pesos por habitante.
Es buena la parte social del presupuesto. Es fundamental que exista una mayor equidad en la distribución y más coparticipación a las provincias.
Los aspectos positivos del presupuesto los paso a detallar.
Tenemos el presupuesto de la ANSeS, que concentra el 70 por ciento del gasto social, con un aumento del 37 por ciento en relación con 2011.
La Asignación Universal por Hijo, con un presupuesto de casi 12 mil millones de pesos, que ha sido incrementado en un 20 por ciento para este año, previendo cubrir a 3.700.000 niños y casi 100 mil mujeres embarazadas.
El Programa Conectar Igualdad, para proporcionar computadoras a alumnos y docentes, que supera para este año los 3.200 mil millones de pesos.
Los programas Pensiones Contributivas y Argentina Trabaja, que se incrementaron en un 50 por ciento en relación con 2011.
El desarrollo de la educación superior que pasó de 14 mil a 18 mil millones, con un aumento del 30 por ciento destinado básicamente a las universidades nacionales.
El mantenimiento de los fondos previstos en el programa Vivienda y Urbanismo en más de 5 mil millones de pesos para construir 50 mil viviendas, y los programas de agua potable y alcantarillado.
El mantenimiento de los recursos de 2011 para programas de capacitación y empleo. Los fondos para ciencia y tecnología.
Me parece que esos puntos constituyen un valor agregado para este proyecto de ley de presupuesto.
Me importa reflexionar sobre los siguientes puntos del proyecto. La autorización al Poder Ejecutivo Nacional para realizar operaciones de crédito público destinados a programas de inversiones prioritarias, donde se incluyen obras de infraestructura, de transporte, generación de energía, infraestructura educativa, ambiental y vivienda. Además, la posibilidad de aportar avales de hasta 27 mil millones de dólares.
Aquí está incluido un proyecto clave para los neuquinos como es el proyecto energético Chihuidos. También tiene relevancia los 43.200 millones de pesos para el sector energético y minero, gastos influenciados por los subsidios. Financiamiento para la adquisición de combustible en el exterior y la ampliación en la capacidad de transmisión eléctrica y gasoductos.
Todos sabemos que también hay 34.800 millones para el transporte, subsidio, mantenimiento y conservación de rutas, aportes a operadores ferroviarios y la atención a entes reguladores.
Sobre esos tres puntos me parece fundamental y fundacional la actitud del gobierno nacional de comenzar a eliminar los subsidios. Los precios de gas, la energía eléctrica y los combustibles están condicionando y perjudicando a las provincias desde hace tiempo. Para quienes somos productores de energía, constituyen un obstáculo serio para las inversiones, la actividad económica y el empleo. Los resultados están a la vista: perdemos reservas, producción, exportación y actividad económica.
Neuquén, con el apoyo de los programas nacionales, está haciendo grandes esfuerzos para el desarrollo de reservas de petróleo y gas en estructuras no convencionales. Pero aún nos quedan importantes reservas de hidrocarburos en estructuras convencionales.
Hoy nos pagan 2,50 dólares el millón de BTU, frente a los 10 dólares que se pagan en Bolivia y a los 15 dólares de los barcos metaneros.
El precio de la energía eléctrica es de la mitad del que se requeriría para hacer rentable una central como la de Chihuidos.
La eliminación de los subsidios en el gas, la energía eléctrica y los combustibles posibilitará mejores precios en la fuente de producción y previsibilidad jurídica para las inversiones.
Gracias a esto –aquí me quiero referir al presupuesto‑ necesitaremos menos asignaciones presupuestarias para el empleo, para subsidios, aportes o garantías del Estado para desarrollar el sector energético y para evitar que sigamos importando recursos energéticos a valores incompatibles con las condiciones que tiene nuestro país en esta materia. La Argentina no se merece estar importando energía.
Voy a referirme ahora a un tema mucho menor de este presupuesto, pero que para mí es importante. A diferencia de presupuestos anteriores –debo decir que hace seis años que integro la Cámara‑, el presente presupuesto carece de un relevamiento de proyectos y obras que aportábamos las provincias por medio de una planilla subsidiaria o secundaria. Se ha decidido no incorporarlas. Sabemos que muchas de ellas no se hacían porque dependían de recursos excedentes ‑que podían incorporarse al presupuesto‑ y de la suscripción de acuerdos o convenios con el gobierno nacional. Pero para nosotros era algo importante porque nos ayudaba frente a nuestros municipios, a nuestro pueblo y a nuestros organismos. Para ellos era importante ver estas obras en el presupuesto nacional; facilitaba concluir con los estudios previos o definitivos; los discutíamos con la Nación y esto nos ayudaba en algunos casos a concretarlos. Aquí están los hospitales, el hospital de San Martín de los Andes, el puente Curí Leuvú-Chos Malal y la multivía Plottier‑Arroyito. Estas obras, que hoy se están llevando a cabo, aparecieron en esta planilla en presupuestos anteriores y comenzaron a ser incluidas en el presupuesto nacional.
Por lo tanto, solicito que este relevamiento a favor de las provincias se vuelva a incorporar, tal como se hacía anteriormente.
Finalmente, reitero que acompañamos el dictamen de la mayoría del proyecto de presupuesto y las leyes que lo acompañan. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor presidente: este bloque va a votar favorablemente el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de presupuesto y las leyes complementarias.
Quisiera hacer dos o tres comentarios que pese a ser poco conocidos son historia vieja en este Parlamento.
En primer lugar voy a referirme a algunas virtudes del presupuesto, en líneas generales y políticas.
Entendemos que en aquellos países en los que durante muchísimos años ha aumentado la desigualdad, el porcentaje de gastos totales con un sentido social en el más amplio sentido de la palabra –por supuesto que no me refiero al presupuesto de acción social‑ pasa a ser un tema central para analizar un presupuesto. Recién ahora tenemos una sospecha todavía no confirmada de que puede haber un muy pequeño achicamiento de la brecha en la distribución del ingreso. La Argentina es uno de los países con peor distribución del ingreso de América del sur, que es el continente con peor distribución del ingreso, además de ser el más violento.
Nosotros apoyamos que ese porcentaje destinado al área social sea muy alto: supera el 60 por ciento, tomando en cuenta todos los conceptos. También estamos de acuerdo con que exista un nivel de presión tributaria coincidente con un país que quiere redistribuir el ingreso y que necesita emparejar la cancha tanto a nivel social como productivo. Nivelar la cancha quiere decir poner en igualdad de condiciones, lo cual es imposible en este tipo de capitalismo, pero al menos se intenta poner en igualdad de condiciones a los muy pequeños empresarios, a los cuentapropistas, a las pymes hechas y derechas con las ventajas de las grandes empresas. Y ni qué hablar de nivelar la cancha en términos sociales, entre los connacionales, entre los argentinos. Para nivelar la cancha hay que tener ingresos estatales altos. Ya no cabe ninguna duda de que puede haber alguna posición progresista que no entienda que la intervención del Estado en estos años es muy importante, fundamental y condición sine qua non para cualquier intento de tratar de reducir la injusticia social en todos los sentidos y en todas las políticas.
Pero esa presión tributaria, en nuestra opinión, debería modificarse en su estructura. El altísimo porcentaje que obtuvo la presidenta Cristina Fernández en octubre pasado debería dar lugar a que en algún momento la Argentina pueda debatir una reforma fiscal y tributaria que llevara al grueso de los impuestos a tener un carácter progresivo que esté asociado con las ganancias individuales y empresarias.
La Argentina sigue teniendo como principal impuesto a aquel por el que por peso gastado paga mucho más el más pobre que el más rico. Me refiero al IVA.
La reforma tributaria es una ambición de todos los partidos progresistas de toda América Latina que, en la mayoría de los casos, no han llevado a cabo esa reforma. Pero la Argentina tiene una composición política en este momento que la habilita a poder llevarla a cabo, y si así lo hiciera la presión impositiva global, que va en aumento, tendría un sentido muy diferente que el que puede tener ahora.
Resulta siempre más cómodo, más pragmático y más demagógico hablar en contra de todos los impuestos y decir que son una barrera al crecimiento. Nosotros decimos lo contrario: los impuestos, cuando son sanos y justos, no sólo no son una barrera al crecimiento sino que constituyen una vía directa de mejoramiento de la calidad de vida del pueblo y de incorporación de la ciudadanía, algo más todavía que lo que llamamos inclusión, que sería la primera etapa, pero nosotros decididamente apoyamos una fuerte presión fiscal. No hay Estado sin fuerte presión fiscal y sin eficiencia fiscal.
Si esa reforma no llegara porque el Estado no se anima a hacerla, entonces la Argentina será un país con fuerte presión fiscal y con injusticia fiscal, e intentará devolverle a los que menos tienen después de sacarle por la vía impositiva precisamente a ellos mismos.
Este presupuesto no dice exactamente lo que va pasar. Ya sabemos que no. El dólar no será el que está estipulado. Tampoco la inflación, el crecimiento ni las otras variables. Nosotros no vamos a exigir tanto al presupuesto para aprobarlo sino que lo vamos a pensar como una ley que es la condición sine qua non para llevar adelante el programa económico y todas las acciones del gobierno. Ese es el sentido que vamos a dar a nuestro voto.
Este presupuesto, como sucedió con muchos otros, no contempla las cosas que realmente van a pasar el año que viene.
Cuando yo era gobernador en la provincia de Buenos Aires el presupuesto se elaboraba contemplando la tasa de inflación, pero sin contemplar el aumento que seguramente iba a haber en los salarios del personal del Estado bonaerense. De esta manera estoy convalidando que no todos las variables pueden preverse, pero a veces no es conveniente hacerlo.
Este presupuesto sincera un poco más las variables que el del año pasado, pero no del todo, por supuesto. Nosotros pensamos que debe mantenerse ‑como dijo el diputado Feletti‑ el consumo como pilar del crecimiento del producto bruto interno y que debe haber medidas contracíclicas. Estamos de acuerdo en eso, pero sospechamos que en el 2012 será difícil tener acceso a medidas contracíclicas. El ajuste previsto en cuanto al tema de las tarifas estaría indicando lo contrario.
De la misma manera, pensamos que habrá una reducción de la inflación y también que es inevitable una caída de la demanda, aun cuando se inyecten mayores emisiones intentando que ese componente quede elevado.
Me pregunto si la coparticipación que el señor diputado Feletti anunció que había crecido incluye todos los rubros, y supongo que sí. Supongo que incluye todos los rubros y formas de llegada de fondos del gobierno central hacia las provincias, y que no es la coparticipación que marca la ley exactamente sino con todos los agregados, es decir, la inversión pública, etcétera.
Si es así, cabe decir que la coparticipación automática es cada vez menor en porcentajes relativos con respecto a aquellas transferencias a las provincias que están ligadas a acuerdos políticos y que, por tal motivo, no son conocidas previamente. Es decir, no pueden transparentarse ex ante y, en todo caso, a veces las conocemos después.
Supongo que ese es el componente que lleva al crecimiento de la coparticipación global que anunció el actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En la Argentina del futuro sería bueno que los componentes de obra pública, ayuda social, y a veces la ayuda para los tesoros provinciales que acompaña o va después que la coparticipación federal, no fueran motivo sólo de acuerdos políticos sino también prenunciadas y conocidas con mayor transparencia por las Cámaras que representan a esas provincias. En muchos casos podemos llegar a estar peleando fondos que un gobernador de otro color político está consiguiendo en ese momento o que ya consiguió, sin decir nada, en su propia provincia; eso sí, entre bambalinas.
Por otro lado, el presupuesto no anuncia inversiones relevantes ni un plan importante para lo que nosotros pensamos que es la columna vertebral de la infraestructura física de la Argentina y que cambiaría al país de una manera formidable. Me refiero a un cronograma de mediano y largo plazo para la revitalización de la red ferroviaria. Creo que no hay tema más importante para el futuro…
Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia informa al señor diputado que se ha agotado su tiempo.
Sr. Solá.- Muchas gracias, señor presidente. Para finalizar, adelanto mi voto afirmativo más allá de las cinco o seis cuestiones –si bien disponía de diez minutos para hablar de todas las iniciativas, me referí solamente a una‑ que hubiésemos querido que estuvieran incluidas en este presupuesto pero no lo están.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: en primer lugar quiero adelantar la posición de mi bloque, Córdoba Federal, respecto de los proyectos de ley que estamos considerando. Vamos a aprobar el presupuesto general de gastos para el ejercicio 2012, la prórroga de la ley de emergencia económica, la prórroga del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, la modificación de la ley de impuesto a las ganancias y la prórroga del derecho de exportación de hidrocarburos.
Entendemos que estas leyes son fundamentales para el funcionamiento del Estado nacional y de las provincias, y por eso les vamos a dar nuestro apoyo.
Vamos a utilizar nuestro tiempo esencialmente para referirnos a un proyecto de ley que hemos presentado oportunamente y que tiene dos versiones. Una de ellas, que es la que voy a poner en consideración, propone la inclusión de un capítulo en el título I de la ley 11.672; como es la Ley Complementaria Permanente del Presupuesto, sugerimos su incorporación cuando estamos tratando el tema presupuestario.
También queremos presentar otro proyecto de ley, que es autónomo, que tiene los mismos contenidos y que hoy se encuentra en tratamiento en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de esta Cámara. En este sentido, se trata de un proyecto muy importante para las provincias argentinas, porque está encaminado a conseguir la automaticidad en la transferencia de los fondos nacionales hacia las cajas provinciales que permanecieron en la competencia de las provincias argentinas.
Como sabemos, en la década del 90 se produjo este cambio, y en la actualidad hay 13 provincias argentinas que mantienen precisamente a sus cajas en sus competencias y hay otras 10 que fueron transferidas a la Nación y que están bajo la competencia directa de la ANSES.
Voy a mencionar esas provincias, que son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Esas provincias mantienen hoy las cajas bajo su propia competencia y realmente estos sistemas no transferidos tienen innumerables problemas en la ejecución presupuestaria para poder abordar los haberes jubilatorios de más de 700 mil jubilados provinciales que son los que permanecen en la órbita de estas provincias.
Como sabemos, estos sistemas no transferidos se financian con aportes y contribuciones de los activos y con transferencias desde el nivel Nación. Estos operan a través de dos mecanismos: una pequeñísima fracción mediante el IVA y el impuesto a los bienes personales, y la cobertura del déficit de estas cajas a través de los convenios de armonización.
A través de esta segunda vía que he mencionado más del 90 por ciento se cubre con estos convenios de armonización. Por ende, estos convenios de armonización, que son el producto del acuerdo bilateral de cada uno de estos gobiernos y de estas provincias con el Poder Ejecutivo Nacional, generan una situación de incertidumbre todos los años, porque en definitiva no se conoce, cuando se debaten los presupuestos provinciales en cada una de las provincias, con cuántos recursos se va a contar para poder responder después a los jubilados de cada una de las provincias.
Hemos trabajado mucho este proyecto y en definitiva el objetivo central es mantener similares volúmenes de los montos transferidos, pero hacerlo a través de mecanismos que sean más trasparentes y más automáticos.
Esto implica que para la ANSES las erogaciones que estamos planteando se van a mantener a niveles parecidos a los históricos, pero con la ventaja de que se van a hacer de una manera más equitativa y previsible.
Por otro lado, se prevé que la participación de cada sistema previsional provincial no transferido en el producido por el Impuesto al Valor Agregado destinado al sistema de previsión social se definirá en función de una serie de porcentajes que mantienen una proporcionalidad absolutamente histórica en su distribución.
Esto se basa precisamente en la cantidad de pasivos que cada provincia tenía cuando esas cajas quedaron en órbita de la provincia en la década de los 90.
Lo principal del proyecto es que los importes que surjan de estos porcentajes se van a girar directamente y en forma diaria a cada provincia con afectación específica a sus respectivos regímenes previsionales.
Este aspecto se presenta como central, pues está destinado a que precisamente las cajas provinciales puedan trabajar con un horizonte de antelación y de previsibilidad que les dé certeza para sus políticas previsionales.
La distribución que estamos planteando se comenzaría a partir del primer día hábil del año 2012. A partir de esa fecha también quedará automáticamente derogada la cláusula 12 del compromiso federal aprobado por la ley 25.235, que es la referida a los convenios de armonización.
Por otra parte, para fortalecer la previsibilidad de las cajas, en los casos en los que el monto anual transferido por este mecanismo sea inferior a lo recibido por una provincia durante el año 2011 a través del IVA más transferencias devengadas correspondientes a convenios de armonización, durante el mes de enero del año siguiente se aumentará su participación hasta cubrir la diferencia.
Estamos planteando un proyecto que tiene absoluta racionalidad, que establece una cláusula de garantía para que las trece provincias que han firmado oportunamente convenios de armonización con la Nación mantengan los mismos valores actualizados como corresponde, por lo que significa la evolución del IVA desde 2010 hasta 2012. Esto no implicaría mayores erogaciones para la ANSES durante el año 2012.
Con la provincia de Santa Fe acordamos mantener la automaticidad en los valores históricos, que rondan el 40 por ciento del ciento por ciento del IVA previsional que está en el ámbito de los recursos que maneja la ANSES a nivel nacional.
Por lo tanto, pretendemos simplemente establecer reglas de juego claras para la Nación y para las provincias a efectos de que no pase lo que está sucediendo actualmente con la provincia de Córdoba, que pese a haberse firmado un convenio de armonización hace dos años, estando a fines del año 2011 todavía no hemos recibido ninguna de las remesas correspondientes, que representan más de cien millones de pesos por año. Esto también lo quiero dejar absolutamente en claro.
En mis últimas palabras quiero agradecer especialmente a los treinta señores diputados que han firmado los dos proyectos en una primera instancia, como así también a los compañeros de los distintos bloques parlamentarios de las diferentes provincias que nos están acompañando: al Frente Amplio Progresista, como representación de los bloques parlamentarios del Partido Socialista; al Frente Cívico de Córdoba; al GEN y a Unión Popular, que se han agregado y nos han manifestado su apoyo –son veintiún diputados más‑ y a muchos otros diputados del Frente Peronista, del PRO, de Unión Peronista, de Unión Popular de San Juan y del bloque Demócrata Progresista de Santa Fe, que también nos ha prestado su apoyo.
Quiero que en esta sesión se tenga en cuenta esta realidad para que mejore la situación de las provincias argentinas y así también mejore la situación de nuestra patria y del Estado nacional.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: en estos tres días sin lugar a dudas vamos abdicar de lo que son nuestras más preciadas funciones desde los inicios del parlamentarismo. Basta con remontarnos a la época de Juan sin Tierra, cuando los Parlamentos empezaron a tener atribuciones sobre la bolsa y la posibilidad de decidir sobre las tierras, para ver cómo era el sistema, y nosotros ahora vamos a delegar esas facultades.
Además, y en primer lugar, lo estamos haciendo de una manera que parece una farsa. En una semana votamos cinco iniciativas en comisión y en los próximos días serán muchas más.
Muchos diputados, casi la mitad de la Cámara, recién ingresaron, y estas leyes son de absoluta complejidad. Hoy estamos tratando, por ejemplo, la llamada ley de leyes. Por supuesto así salen no pocas leyes inconstitucionales, que se van reiterando año tras año.
Lamento no poder ser muy original acá, pero dada la actitud del oficialismo en violar las disposiciones constitucionales relacionadas con el artículo 76, de la delegación legislativa, y el 99 inciso 3, sobre decretos de necesidad y urgencia, en realidad me voy a remitir a las mismas objeciones que expresara en relación con los proyectos de ley de presupuesto para los ejercicios de los años 2002 a 2010.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
Sra. Rodríguez.- Básicamente, mis intervenciones respecto de los proyectos de presupuesto y decretos de necesidad y urgencia ampliatorios de ejercicios presupuestarios fueron en las sesiones de los días 28 y 14 de octubre de 2009; 15 de octubre y 9 de abril de 2008; 9 de diciembre y 6 de junio de 2007; 3 de noviembre de 2006; 15 de diciembre de 2005; 4 de noviembre de 2004, y 18 de diciembre de 2002. También me remito a mis inserciones en el Diario de Sesiones para las leyes de presupuesto de los años 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, y a mis observaciones presentadas para los ejercicios 2006 y 2008.
También me remito a los dictámenes que ampliaron los presupuestos mediante los decretos de necesidad y urgencia 1.472/08, 1.801/09, 1.798/10, 2.052/10 y 2.054/10.
Ahí están expuestos los mismos argumentos que hoy hacen que rechace este presupuesto, pero no puedo dejar de observar que, además, esta premura hace que incurramos en engendros jurídicos, como el del artículo 10, por el que las facultades se delegan en el jefe de Gabinete.
Ahora bien, en cualquier caso la presidenta puede asumirlas, lo cual quiere decir que estamos violando los artículos 76 y 99. Este Congreso, con muchísima cautela y en casos excepcionales, delega en la presidenta, quien delega en el jefe de Gabinete. Este es el orden de las autoridades de la Nación, no al revés.
Claramente se nota que estamos descuidando la idea de cómo deben ser nuestras funciones en relación con la bolsa, ya que el Ejecutivo tiene la espada. Esto no solamente se dijo en la época de Juan sin Tierra, sino que también lo dijo Hamilton, en El Federalista, de 1778, y se refiere a la defensa de la posibilidad de controlar la constitucionalidad de las leyes. Nosotros también estamos delegando nuestra capacidad de fijar penas.
También vamos a estar violando uno de los principios supremos de nuestra Constitución, que es el de igualdad. Además, el principio que viene de nuestra historia de gobiernos nacionales y populares: la tierra es para quienes la trabajan.
En realidad, respecto del presupuesto estamos hablando de un espejismo, porque los subsidios han distorsionado los números de los que estamos hablando. Quiero hacer referencia a algunas situaciones en particular, como por ejemplo cómo se contraen, en relación con otros rubros, algunos aspectos fundamentales, como el de la salud. Me refiero, por ejemplo, al Hospital Posadas o al de Clínicas, cuyo incremento -salvo que se haya hecho algún cambio a último momento- es cero. No sólo no se tuvo en cuenta la inflación, sino que es cero, por lo que está decreciendo, y se trata del mejor hospital de nuestro país.
Con relación al Conicet, el gobierno se vanagloria de haber hecho un incremento, lo que hay que reconocer, pero también es cierto que una deficitaria –en términos técnicos- Secretaría Legal y Técnica aumenta su porcentaje en un 49 por ciento, y su personal en un 33 por ciento. En cambio, el Conicet aumenta en una proporción mucho menor. Basta preguntarse cuánto gana un becario de doctorado del Conicet y cuánto los funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica.
Posteriormente, sin ruborizarse, el gobierno nos dice que en 2012 se pondrá énfasis en el seguimiento y control de los centros de detención, pero las inspecciones decrecerán en un 29 por ciento; la atención médica, en un 36, y la investigación interna de damnificados aumentará sólo en un 2,27, luego de que disminuyera un 21 y un 39 por ciento en 2010 y 2011.
En verdad, las personas privadas de la libertad son las más vulnerables en relación con la violación de los derechos humanos; esto lo reconocen hasta organizaciones como el CELS, que precisamente no se opone al gobierno.
Espero que el gobierno nacional y popular no se inscriba en la tesis de quienes dicen que los derechos humanos son para las personas y no para los delincuentes. Espero que los derechos humanos sean para todos y, especialmente, para las personas detenidas o privadas de libertad.
Con relación a ganancias, basta decir que el artículo 4° es un mamarracho. Jamás he visto algo semejante.
En relación con los hidrocarburos sería bueno que por lo menos apunten a la ley y no acudan a una emergencia cambiaria. ¿Por qué no tratan de sacar una ley que esté vinculada con una emergencia energética? Ya no me refiero al impuesto en sí, sino a cuestiones básicas, como para no faltarle el respeto a los diputados y al pueblo de la Nación Argentina. En general, pese a las deficiencias del sistema, la mayoría está aprendiendo a leer y escribir, así que realmente sería bueno…
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Su tiempo se ha agotado, señora diputada.
Sra. Rodríguez.- Ya he terminado, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
Sra. Fadul.- Señora presidenta: en nombre del bloque del Partido Federal Fueguino quiero expresar que la ley fundamental, el presupuesto general de la administración nacional, es el programa de gobierno que diseña el Poder Ejecutivo, pero el Congreso de la Nación la viabiliza mediante su sanción, aprobando o desechando las partidas presupuestarias propuestas.
En cumplimiento del mandato otorgado, debemos defender celosamente las facultades exclusivas del Congreso de la Nación. Ello no significa atentar contra la gobernabilidad. En todo caso, es reafirmar el principio de la división de los poderes, sabiamente plasmado por nuestros constituyentes.
El dictamen de mayoría contempla situaciones importantes, que apoyo decididamente, como el incremento de la partida presupuestaria relacionada con la industria nacional, hecho que se condice con la política productiva de sustitución de importaciones adoptada, rumbo que desde aquí hemos reconocido y acompañado siempre.
Por otro lado, también consideramos sustancial la inclusión de obras para el pueblo de la provincia que represento –Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur-, algunas de carácter impostergable, como las relacionadas con el abastecimiento de agua potable a los ejidos urbanos de la provincia más austral del país.
Ahora bien, ante la responsabilidad que la hora nos demanda, debemos defender nuestras ideas, haciendo respetar los límites que la Constitución nos impone.
Es por ello que los déficits que plantea el dictamen de mayoría deberían ser subsanados para converger en la decisión política para su sanción final.
El primer déficit es de índole constitucional: la subestimación de recursos para posibilitar al Poder Ejecutivo una mayor distribución discrecional posterior a través de la utilización de facultades propias del Poder Legislativo nacional.
El segundo déficit o disidencia planteada al dictamen en tratamiento tiene que ver con aquel que afecta día a día el bienestar de la sociedad. Me refiero a la inflación, que es la que golpea cotidianamente a los sectores más desprotegidos de nuestro pueblo.
No hace falta que mencione que la inflación del 9,2 por ciento que contempla este presupuesto no se condice en lo más mínimo con la realidad. Por ejemplo, en mi provincia, la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo ha estimado un índice de precios al consumidor acumulado interanual que al mes de septiembre en Ushuaia llegaba a 31,7 por ciento y en la ciudad de Río Grande a 33,6 por ciento.
¿Hace falta que insistamos en que se deben tomar medidas concretas para contener este proceso inflacionario que afecta a toda la sociedad argentina pero que oprime con mayor fuerza a los sectores más vulnerables? Parece que sí.
En el mismo plano social encontramos déficits en lo que tiene que ver con la no consideración de la debida recomposición de los haberes jubilatorios.
Estoy convencida de que tampoco podemos ni debemos dejar pasar un tema relacionado estrechamente al plano financiero que se trató en este recinto pero cuyo debate no terminó de saldarse de forma que trascendiera el mero plano institucional. Me refiero a la utilización de reservas del Banco Central de la República Argentina.
Está muy claro que el artículo 43 de este proyecto contempla la transferencia de 5.674 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad a cambio de letras del Tesoro Nacional, amortizables íntegramente en un plazo de diez años, pero de cobro efectivo que creo difícilmente –lo digo con sinceridad- se produzca dentro de una década.
Con ello vuelven a mi memoria objeciones técnicas muy válidas al concepto de “reservas de libre disponibilidad”, que en el fondo tienen que ver con la fortaleza real de la institución central que debe preservar el valor de la moneda, anticipando y disolviendo los fantasmas de algunos ataques especulativos que han salido no hace muchos días en algunas tapas de los diarios.
Tampoco puedo dejar de señalar un déficit no menor que se presenta en el plano ambiental. Este presupuesto nuevamente incumple con los montos de financiamiento exigidos en la ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Me veo en la obligación de resaltar una última consideración que se relaciona con la obra pública y tiene un fuerte sentido estratégico, federal y soberano.
Así como reconozco que se han incluido obras de suma relevancia para la provincia de Tierra del Fuego, también debo señalar que la asignación en este presupuesto 2012 para algunas de ellas apenas supera el 2 por ciento de lo estipulado en los montos finales totales de las obras incluidas.
También debo indicar que así como se incluyeron las primeras tres etapas del trayecto Punta Loyola-Cabo Vírgenes de la ruta nacional 40 en la hermana provincia de Santa Cruz. Hubiera deseado que también estuviera la continuación del trayecto de dicha ruta hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego, obra estratégica y necesaria que se vincula con la soberanía de la República Argentina, y que además, está contemplada en el tan anhelado Corredor Austral, proyecto que tiene sanción del Senado pero que aún esta Cámara no se ha dispuesto a tratar. Sinceramente, anhelo que el año próximo tal iniciativa sea considerada y sancionada.
Señora presidenta: estoy solicitando que se respeten las facultades que a este Parlamento otorga la Constitución, para que la concepción de gobierno federalista sea íntegramente reflejada.
Por todo lo expuesto, me dispongo a apoyar el dictamen de mayoría en general, pero siempre que se practique la votación del articulado en particular; de lo contrario, por las disidencias y razones expuestas, por supuesto, adelanto el voto negativo.
En segundo término, voy a referirme a la actualización del mínimo no imponible de la ley de impuesto a las ganancias. El inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional establece como facultad del Congreso de la Nación fijar las contribuciones directas e indirectas en todo el territorio del país. Hoy, la realidad nos muestra un panorama diferente: el impuesto a las ganancias es legislado de manera fáctica por el proceso inflacionario en que vivimos día a día los argentinos, escenario por cierto muy disímil al admitido oficialmente por el INDEC.
Asistimos a un panorama en que el poder adquisitivo de los trabajadores ‑y por lo tanto, de las familias‑ se ve mermado significativamente cuando caen en las categorías más bajas de dicho tributo. Pareciera que los salarios fueran por la escalera, los precios, por el ascensor, y el mínimo no imponible ni siquiera hubiese aprendido a subir adecuadamente, hasta hoy.
Lo que en este recinto estamos discutiendo es ni más ni menos que parte de las consecuencias de la omisión del proceso inflacionario, y ello conlleva múltiples efectos sobre diferentes ámbitos, en este caso, produciendo una sensible distorsión en el espíritu mismo del impuesto a las ganancias. El tributo más progresivo que hoy tenemos atenta contra el salario del trabajador, y por ende, contra el poder adquisitivo de las familias.
Una solución definitiva debe atender al principio de capacidad contributiva, los costos de vida explícitos e implícitos de los trabajadores y sus familias, y fundamentalmente debe prever situaciones de pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y de aumentos de la presión fiscal sobre los contribuyentes, como sucede en la actualidad.
Soy consciente de que el dictamen de mayoría plantea una solución transitoria, pero estoy absolutamente convencida de que las situaciones de urgencia e injusticia sociales nunca deberían esperar la voluntad del Poder Ejecutivo ni los reiterados procesos de consenso legislativo determinados por la coyuntura política.
Por ello, soy de los que piensan que hoy se discute no un costo fiscal sino social. Lo que está en juego es el valor del trabajo que sostiene las familias de todos los argentinos; sí, señora presidenta, de todos los argentinos.
Un tema aparte pero insoslayable es la continua delegación de facultades que se propone desde el Poder Ejecutivo. Estoy convencida de que el Congreso de la Nación debe conservar y hacer uso de todas las facultades que la Carta Magna le otorga. Ésa es la base de la división justa y equilibrada de poderes que debe conservar un Estado verdaderamente republicano.
Finalmente, como se ha agotado el tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra, solicito que en los diferentes asuntos la votación se practique primero, en general, y luego, en particular y no conjuntamente, para poder así apoyar determinadas posturas, pues de otra forma no podré hacerlo.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Favario.- Señor presidente: pensaba que de haber sesionado la Cámara regularmente después de estas largas “vacaciones”, para referirme en conjunto a los cinco proyectos que están a consideración del cuerpo me habría correspondido una hora; pero como consecuencia del acuerdo realizado entre los bloques mayoritarios, estoy constreñido al término de 10 minutos para referirme a temas de tanta trascendencia. Esto, de más está decirlo, constituye un imposible.
Por eso voy a tratar sobre todo de reivindicar mi derecho a votar en contra del presupuesto.
Acá parece que votar en contra del presupuesto es poner palos en la rueda o ser un opositor sistemático a las políticas “progresistas” del gobierno. No constituye una regla imperativa que el Congreso deba aprobar a libro cerrado el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo eleva a su consideración. Por el contrario, el artículo 75, inciso 8, le atribuye al Congreso la facultad de fijar anualmente el presupuesto.
Por lo tanto, es absolutamente falso que el Congreso no le quiso aprobar al gobierno el presupuesto para el ejercicio 2011. La verdad es inversa. El gobierno se negó a aceptar las facultades constitucionales del Congreso, porque pretendía que se le aprobara el presupuesto sin cambiar nada, como si se tratara de una exigencia indiscutible que estas cámaras tenían que acatar.
Entonces dije que creía que el gobierno en el fondo deseaba que no se aprobara el proyecto de ley de presupuesto para tener mayores facultades discrecionales. Lo que pasó a posteriori ratifica mi creencia, sin que pretenda afirmar por supuesto que se trata de una verdad.
Hoy estamos igual que antes: sin cambiar una coma, sin promover el diálogo para llegar a los acuerdos y sin buscar consensos.
Se le hace una imposición al Congreso, como si constituyera una obligación votar el presupuesto. Es cierto que algo ha cambiado, y no se trata de una cuestión menor. El gobierno ha triunfado como más del 54 por ciento de los sufragios en la reciente elección, que ha cambiado sustancialmente la composición de esta Cámara.
A algunos que el año pasado eran opositores, ese 54 por ciento de los votos pareciera que les haya impuesto la obligación de encolumnarse con el gobierno. En otros casos, tal vez de moderar sus posiciones de hace un año.
Los democrataprogresistas reconocemos respetuosamente el triunfo electoral rotundo del gobierno. Pero nosotros cambiamos nuestras posiciones en función de las razones y no de los votos de nuestros adversarios. Y si el año pasado expusimos motivos para no votar el presupuesto, entendemos que subsisten este año casi exactamente igual.
Presentar un presupuesto dibujado, falseado en pautas esenciales –como simplemente la referencia a esta estimación del 9,2 por ciento de pauta inflacionaria‑ nos hace sentir vergüenza ajena. Se incluyen los superpoderes y ello torna casi inútil la discusión de lo que debería ser la ley de leyes. En definitiva, es una norma ficticia que aprobamos y a la cual llamamos presupuesto. Además, a través de su articulado, incluimos delegaciones, reformas de leyes –algo prohibido‑, etcétera. Creo que con esto está justificado nuestro rechazo al proyecto de presupuesto.
Aprovecho que me quedan tres minutos ‑y alguna gracia que se me conceda renunciando por anticipado a intervenir durante el tratamiento en particular‑ para hacer referencia al proyecto de prórroga de la emergencia.
Néstor Sagüés, un jurista eminente de Santa Fe, dice que deben darse razones de inmediatez y grave riesgo social para dictar una emergencia. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido el estado de emergencia como un verdadero estado de sitio y ha reiterado conceptos que ha vertido aquí en su exposición el señor diputado Tonelli.
Si la necesidad transitoria propia de una crisis coyuntural pasa a ser una necesidad permanente característica de una crisis estructural, la norma es inconstitucional, decía Germán Bidart Campos.
¿Cuánto dura la emergencia, si se prorroga año tras año, señora presidenta? Es una barbaridad. La única emergencia que existe en la Argentina es la de los jubilados, que no pueden cobrar sus legítimas acreencias, no obstante los fallos judiciales, porque el gobierno deriva los fondos hacia otro lado.
Existe una razón fundamental para oponerme. No es una argumentación propia. Me remito al orden del día N° 2795, de noviembre de este año, que informa el dictamen de presupuesto que había emitido la mayoría de la comisión. Dice así: “El presupuesto fue elaborado en el marco macroeconómico de crecimiento sostenido de la actividad económica de los últimos años, previendo en función del entorno interno e internacional que en el mediano plazo continúe la expansión de la economía…
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Se le agotó su tiempo, señor diputado.
Sr. Favario.- Ya termino, señora presidenta. Permítame concluir y renuncio a intervenir durante el debate en particular.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- No, señor diputado. Dado que los demás diputados se han ajustado a su tiempo, sería conveniente que usted también lo hiciera.
Sr. Favario.- Termino el párrafo, señora presidenta.
El bloque de la mayoría decía: “…continúe la expansión de la economía a un ritmo razonable. Nuestro país logró superar los efectos derivados de la crisis financiera y económica internacional de los años 2008 y 2009. Se encuentra en una adecuada posición para...”
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Por favor, diputado Favario: colabore con esta Presidencia.
Sr. Favario.- Estoy colaborando, señora presidenta. Ya termino.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Todos los legisladores tienen que tener la misma oportunidad, señor diputado.
Sr. Favario.- Termino, señora presidenta.
No nos tomen de estúpidos: estamos en el paraíso o estamos en el infierno, pero digan de una vez la verdad. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Bullrich.- Señora presidenta: quiero sintetizar en tres conceptos mi posición frente a este presupuesto.
El primer concepto es el de ficción institucional, porque estamos votando un presupuesto que no será el que se va a ejecutar. El año pasado hubo una gran queja porque el gobierno nacional no tuvo presupuesto. Sin embargo, no se sintió. ¿Por qué? Porque como el presupuesto es una ficción institucional, tener o no tener presupuesto es más o menos lo mismo.
El segundo concepto que podemos plantear es el de la discrecionalidad. El año pasado el 24 por ciento del presupuesto se movió, es decir, las partidas no fueron usadas para aquello que el presupuesto había previsto. Por supuesto, no se va a mover todo el presupuesto porque sabemos que hay gastos fijos que son inamovibles, pero el 24 por ciento es una cifra impresionante.
El tercer concepto que quiero utilizar para la definición del presupuesto es el de los datos subestimados o los datos “mentira”, que durante muchos años han planteado una construcción del presupuesto estableciendo que iba a haber una determinada proyección sabiendo que esta no iba a ser tal, para poder utilizar una masa de recursos de manera discrecional atándola con el segundo concepto.
El diputado Heller sostuvo que el presupuesto es un instrumento político, pero entiendo que es algo más que eso: es un instrumento de planificación y de control de gestión. Por tal motivo lo dicta el Poder Ejecutivo y lo votan ambas Cámaras.
Estas dos naturalezas mixtas hacen que el presupuesto deba pasar por el Parlamento. Si fuera solamente un instrumento político de gestión no tendría sentido que viniera al Congreso.
Señora presidenta: es muy importante pensar que a lo largo de un año puede haber tantos giros y tantos cambios de partidas y, sin embargo, parece que no sucediese nada. Es decir que estas dos funciones fundamentales que debe tener el presupuesto en el sentido de planificar y de controlar quedan de lado. Entonces, ¿qué nos queda? Si no se planifica, porque la planificación es supuesta, y no se controla, porque casi el 25 por ciento del presupuesto –es decir, lo que se puede mover‑ se cambia, ¿qué nos queda del presupuesto?
¿Cuáles son las herramientas utilizadas para poder plantear estos tres conceptos? La primera es la de los superpoderes. A esa ficción se agrega otra, que es ‑como su nombre lo plantea‑ la de los gastos figurativos; es decir, gastos sin asignación específica. Esto existió antes en lo que era la asignación de la partida 99, que era una partida que concretamente no tenía un fin específico. Ahora esta realidad ha crecido de una manera exponencial.
La segunda es la de los datos falsos. Fíjense que cuando planteamos una distorsión de las variables macroeconómicas, estamos generando una falsa realidad o un imaginario que después choca con esta última. El 8 de diciembre, cuando el ex jefe de Gabinete y actual senador Aníbal Fernández otorga a la AFA una partida de 225 millones de pesos por ajuste de contrato –además de los 600 millones de pesos‑, lo que está haciendo es un ajuste del 40 por ciento, cuando estamos con la ficción de una inflación del 8,9 por ciento. Sin embargo, a la hora de tener que reajustar un contrato por aumentos de distintos gastos que tendrá la AFA o por la relación Fernández‑Grondona, se aplica un número que parece más cercano a la realidad.
La tercera herramienta es la delegación al Poder Ejecutivo de márgenes realmente amplios de negociación y de manejo de la deuda. Esto está contemplado en los artículos 42 a 47. Hasta en la ley de superpoderes se consagra que las atribuciones del Congreso son indelegables. Sin embargo, en el presupuesto vuelven a aparecer como por arte de magia.
En el artículo 8º, el presupuesto genera de nuevo una situación bastante llamativa respecto a cómo se va a plantear esta negociación de la deuda que, como he dicho, ni siquiera está prevista en la ley de superpoderes.
Quiero plantear algo que ya expresó la señora diputada Rodríguez. Me refiero al artículo 10 del proyecto de ley de presupuesto. La verdad es que se trata de una construcción magnífica: es la delegación de la delegación, es decir, la doble delegación. Las facultades que se le otorgan al jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de responsable político alcanzan ya a cualquier secretario de Estado, que podrá cambiar o modificar partidas. Creo que éste es un tema sumamente importante que debemos tener en cuenta.
En consecuencia, señora presidenta, si tomamos algunos números podemos decir que de 2007 a 2010, o sea, durante la anterior gestión de la presidenta Fernández de Kirchner, hubo 40.000 millones de dólares que fueron mal presupuestados o presupuestados con esta ficción. ¿Cuánto tendremos este año que viene? Entonces, la subestimación ha terminado siendo una especie de combustible vital que ha alimentado esta discrecionalidad.
Por eso, señora Presidenta ‑la veo mirando el reloj muy atentamente y voy a terminar antes de que ese reloj suene‑, quisiera plantear un último tema. En las obligaciones al Tesoro Nacional han crecido de manera realmente increíble temas que no parecen ser los de la urgencia o de la emergencia que tiene nuestro país. Me refiero al tema de la radio y la televisión, la agencia Telam, los servicios de las radios…
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Señora diputada: su tiempo ha terminado.
Sra. Bullrich.- ...de las universidades. Han crecido los servicios públicos de comunicación, han tenido una inflación que no la contempló el presupuesto.
Por eso, por estos tres conceptos ‑discrecionalidad, supuestos erróneos o mal medidos y ficción‑, voy a votar negativamente el presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo nacional.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr. Wayar.- Señora Presidenta: en la jornada de hoy esta Cámara está tratando proyectos importantes, entre ellos la ley de leyes, el presupuesto, y otras que tienen que ver con temas económicos.
Estoy seguro de que la gran mayoría de los señores diputados mantiene una lucha interna en el análisis de cada uno de estos proyectos. Tenemos que tomar decisiones y para ello podemos analizar distintos aspectos y caminos.
Podría ser que uno de los señores diputados utilice un informe escrito por un señor asesor y lo lea. Podría ser alguno de los que siempre dicen que nos apeguemos al reglamento y no pide ni siquiera permiso para leer, pero lee porque se lo ha preparado el asesor. Entonces, lee ese informe lleno de números y de cifras, y hace proposiciones.
Podría analizar este conjunto de leyes desde una visión justa, una visión provincial o regional, y entonces, decir que hay números que tal vez no me gustan tanto y que quisiera mayor presupuesto para las obras de infraestructura de mi provincia, para la inversión social.
Podría decir que sería bueno que llegue el momento en que no tengamos que votar prórrogas de la ley de emergencia. Sería bueno decir que tenemos los ingresos necesarios para no tener la ley de impuesto al cheque o a las operaciones bancarias.
Podría analizar las cosas desde ese punto de vista, pero voy a analizarlas desde mi condición de militante político, de hombre comprometido con el campo popular, de hombre del interior profundo que hace política desde adolescente, convencido de los ideales y de las convicciones, pero sabiendo que hay que atenerse a los contextos y a la realidad de cada uno de los momentos.
Por eso, como cree la mayoría del pueblo argentino, hay que darle a la señora presidenta las herramientas necesarias para que la crisis económica y social mundial ‑que está produciendo consecuencias devastadoras en países más desarrollados que el nuestro‑ no pegue tan duramente. Este Congreso y los distintos sectores asociados debemos trabajar y acompañar a la señora presidenta, justamente, para atemperar esa crisis.
He escuchado aquí distintas voces en nombre de las provincias diciendo que si aprobamos el dictamen de mayoría tal vez estemos cercenando autonomías y derechos. No he escuchado decir esto a la gran mayoría de los gobernadores de las provincias argentinas que acompañan este proyecto nacional y a esta presidenta. Por lo tanto, creo que le quita fortaleza a ese motivo pasando a oponerse por oponerse. Pero por sobre todas las cosas lo que más he escuchado es a videntes, a profetas decir lo que va a suceder en el futuro no al conjunto de argentinos sino en cada despacho de cada funcionario de este gobierno. Son videntes que no sólo están prejuzgando sino también juzgando y condenando al error, para decirlo más suavemente.
Hago un análisis también desde la experiencia. Qué contradicción tenemos a veces los hombres y mujeres que hacemos política, que tenemos una visión totalmente distinta a la del pueblo. El pueblo se ha expresado mayoritariamente en las urnas, y no voy a hablar de porcentajes –del 54 por ciento, del 36 por ciento‑ ni de otras cosas para ver si la ley tiene legitimidad o no. Una ley aprobada por este Congreso tiene legitimidad para ser herramienta del gobierno nacional.
Me hubiera gustado escuchar a quienes defienden los dictámenes de minoría expresar puntos concretos no de lo que ellos creen que va a pasar sino de lo que piensan hacer para mejorar la generación de trabajo, fortalecer la educación y desarrollar con equidad nuestras regiones. Esas posiciones no las he escuchado, pero sí he escuchado a videntes y agoreros del mal.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.
Sr. Wayar.- Hoy más que nunca, después de escuchar distintas posiciones, también tengo derecho a pensar que así como hay videntes que ven que todo lo que puede hacer el gobierno nacional va a estar mal, hay sectores en la Argentina que quieren que a esta presidenta le vaya mal y son capaces de apostar a que le vaya mal a la Argentina para que le vaya mal a la presidenta, y tienen sus voceros.
Por eso, no como dirigente militante provincial que soy sino como diputado nacional voy a pensar que en estos momentos de crisis mundial debemos aportar ‑a veces dejando a un lado posiciones que teníamos firmes respecto de algunos puntos de estas leyes‑ para dotar a la presidenta de las herramientas necesarias a efectos de que su gobierno se mueva con agilidad y el peso de la crisis mundial no les pegue a los que menos tienen. Digo esto porque muchos hablan de los problemas de quienes menos tienen para esconder la defensa de los intereses de los que más tienen.
Estoy convencido de que los resultados de las urnas nos deben enseñar. He ganado y he perdido elecciones a lo largo de mi vida; he perdido una gobernación por 4.500 votos, pero luego, en esta última, he perdido la gobernación por paliza. Sin embargo tengo la fortaleza y la dignidad de seguir parado firme en la lucha y en la militancia. Pero también sé que debo respetar al pueblo que se ha expresado y darle tiempo a este nuevo mandato del gobernador para desarrollar los cambios que yo creo que debía haber hecho. Durante la campaña formulé las críticas que le hacía, pero la población no las creyó válidas y por eso no me votó. Si no, somos más sabios que el pueblo mismo: criticamos, planteamos, atacamos, no nos votan y seguimos creyéndonos los dueños de la verdad, los paladines de la honestidad. (Aplausos.) Tengo la suerte de siempre haberme desempeñado en representaciones elegidas por el voto del pueblo, desde hace muchos años. Por eso conozco muchas caras y veo decir lo que no las vi hacer a muchas de ellas.
Por eso mi voto es positivo en apoyo a las herramientas necesarias para esta etapa que debe vivir la Argentina, acompañando a un pueblo que se ha expresado, para dar las herramientas al gobierno nacional. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Concluyendo la primera etapa de la metodología acordada en la Comisión de Labor Parlamentaria, el interbloque FAP tiene un crédito de 9 minutos para terminar los 35 asignados originalmente, y después le sigue en el uso de la palabra el bloque del Frente para la Victoria, que tiene un crédito de 15 minutos.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lozano.- Señor presidente: no vamos a hacer uso de estos 9 minutos. Ya está fijada nuestra posición y directamente vamos al cierre.
Sr. Presidente (Domínguez).- Gracias, señor diputado Lozano.
De los 15 minutos del Frente para la Victoria, a Fabián Ríos le corresponden 2 minutos; a Jorge Cejas, 3 minutos; a Rodolfo Yarade, 4 minutos, y a Eric Calcagno y Maillmann, 5 minutos.
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. Ríos.- Señor presidente: voy a hacer una mención rápida porque considero que el señor miembro informante describió el panorama del presupuesto como debe ser. Es un presupuesto repetitivo, ya que desde hace varios años viene en el mismo sentido: hay un superávit fiscal gemelo, una política de desendeudamiento, fortaleza fiscal y previsibilidad en función de los escenarios que se presenten.
Alguien dijo que este presupuesto no es novedoso, y es cierto, es más o menos lo mismo, con un fuerte impulso sobre la inversión para sostener el crecimiento. La fortaleza del Estado para invertir va a tener que acompañar la demanda interna en función del contexto internacional.
Las obras que están previstas van a permitir a los argentinos tener un 20 por ciento de incremento en el suministro de gas, un 12 por ciento de incremento en el suministro de energía, que son las obras que se vienen desarrollando con características interanuales y que van a proporcionar herramientas para el consumo interno y el fortalecimiento de la estructura industrial de la Argentina, para que no sigamos siendo un país absolutamente primario.
Debo algún comentario de lo que significa la región NEA, porque desde el corazón les digo que los artículos 66 y 67 de este presupuesto crean el Fondo Fiduciario para la Construcción del Gasoducto del NEA y lo hace pagar, a través de un aporte, a aquellos que tienen desde hace mucho tiempo gas natural en este país. Esto se hace para que nosotros tengamos gas natural y es realmente una reivindicación que merece ser explicitada y puesta en el contexto de lo importante. (Aplausos.)
Es cierto, como alguien dijo, que tal vez no haya una obra troncal de ferrocarriles dentro de este presupuesto que le cambie la historia al país. Pero yo les digo que el gas en el NEA cambia la historia del país, da oportunidades a nuestra gente, es la mano tendida del Estado para permitir inclusión social en las provincias en las que vivimos.
Respecto de las leyes impositivas no tengo mucho más que decir que lo que hemos discutido durante estos años: para que este presupuesto tenga financiamiento deben existir estas leyes impositivas.
Algún diputado dijo que el bloque del Frente para la Victoria tiene el número suficiente para imponer este presupuesto u otro. Queremos imponer este, no otro.
Alguien hablaba de que estábamos en el paraíso o en el infierno. Estamos en el paraíso, pero haciendo las cosas para mantenernos en el paraíso.
Por último, más allá de todo lo que se diga, el presupuesto es una herramienta eminentemente política, con lo cual, si este presupuesto resulta aprobado, va a ser ni más ni menos que el cabal reflejo de la voluntad popular expresada en octubre, como también se dijo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Cejas.- Señor presidente: el Congreso de la Nación empieza a pagar una deuda con la sociedad argentina. Hubo quienes tuvimos responsabilidad, mientras que otros no la poseyeron.
Concretamente, por primera vez en la historia institucional argentina el Estado nacional se quedó sin presupuesto el año pasado, cuando la crisis internacional arreciaba. Ni mencionar la historia del Vodka o del Tequila: afuera estornudaban y nosotros trastabillábamos en la Argentina.
Me parece que es necesario interpretar el valor institucional del presupuesto, que representa las políticas económicas que un gobierno lleva adelante.
Dijo un compañero que este es el presupuesto que queremos votar, fundamentalmente porque está vinculado con nuestra idiosincrasia y con nuestras condiciones fundacionales como movimiento nacional y popular.
El 60 por ciento del presupuesto se relaciona con la justicia social: se trata de las políticas que desarrolla el Estado en salud, en educación, en obras públicas, en paritarias y en la posibilidad de que, mediante el financiamiento educativo, nuestros niños, jóvenes y docentes puedan disponer de la tecnología más avanzada para pelearle a la vida de la mejor manera posible.
No es poca cosa lo que decimos. En un presupuesto que considero federal, invitaría a los legisladores que viajan en avión a reflexionar sobre que pueden hacerlo gracias a que la Argentina nacionalizó Aerolíneas Argentinas, lo que ha permitido vuelos de cabotaje que antes no se hacían.
Es un presupuesto que tiene a la ciencia y a la tecnología como una avanzada. En definitiva, solicito incorporar en el Diario de Sesiones toda la obra pública que se realizó en mi provincia, Río Negro, durante estos años. Se trata de obras de infraestructura básica, viales, de viviendas y de hospitales.
Tenemos que reflejar todas estas cosas, que se hacen porque hay una conducción política del Estado. Hay que tener talla de estadista para haberse bancado sin presupuesto todo lo que pasó en la República Argentina.
Hubo opositores que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Ello fue así porque de por medio estaban las elecciones, pero mucho más importante que las elecciones es el pueblo argentino, y la presidenta de la Nación trabajó incansablemente para que hubiera un pueblo que estuviese todos los días mejor. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta, quien dispondrá de cuatro minutos.
Sr. Yarade.- Señor presidente: nuestro país en los últimos 150 años soportó 23 crisis, de las cuales 15 fueron muy severas; algunas de ellas superaron el año. Si sumáramos la cantidad de años, estuvimos 43 años de los últimos 150 en crisis; prácticamente, un tercio.
Hace algunos días nuestra presidenta de la Nación nos decía que este es un modelo de crecimiento, y los datos sustentan esa afirmación. Hemos tenido un crecimiento promedio sostenido del 8 por ciento, junto con la secuencia trimestral de crecimiento más extensa de la historia argentina: 26 meses.
Para el año próximo proyectamos un crecimiento del 5,1 por ciento, aún teniendo en cuenta lo que ocurre en el mundo. Hemos tenido siete años consecutivos de crecimiento, y para este año prevemos el 8,3 por ciento.
Tampoco nos hemos olvidado de una razón fundamental de nuestro proyecto: hemos tenido crecimiento, pero lo hemos acompañado con inclusión social. Hemos pasado de un nivel de pobreza en el año 2003 del 54 por ciento a uno actual del 8,3 por ciento, medido por persona. En el caso de la indigencia pasamos del 27,7 por ciento al 2,4 por ciento.
Hay un aspecto muy interesante que es el trabajo por la mejor distribución del ingreso y por la mayor equidad. Eso se mide a través del coeficiente de Gini. Hemos logrado quebrar ese círculo vicioso negativo que marcaba una inequitativa distribución de la riqueza. Hoy hemos logrado que ese indicador tienda a cero -cuando tiende a 1, el país se hace más inequitativo-, con lo cual es una cadena de equidad permanente. Así podemos construir una historia de crecimiento con mayor equidad.
Hace unos días el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, dijo aquí en la Argentina que Europa tiene mucho que aprender del ejemplo de nuestro país.
Hemos pasado de un nivel de endeudamiento en 2002 del 150 por ciento del PBI a un 33 por ciento en la actualidad. Si vemos lo que pasa en el mundo esto es mucho más llamativo: Estados Unidos tiene una relación deuda-PBI del 80 por ciento; Alemania, 80 por ciento; Italia, 116 por ciento; España, 75 por ciento; Portugal, 114 por ciento, y Grecia, 165 por ciento.
Allá por 2003 la deuda total en moneda extranjera representaba diez veces las reservas; hoy es solamente dos.
Los peronistas sabemos claramente que no hay mejor política social que generar puestos de trabajo. El desempleo bajó de manera considerable del año 2003 a la fecha, pasando del 21 al 7,2 por ciento, generándose 4 millones de puestos de trabajo. Si vemos lo que pasa en la eurozona, el promedio de desocupación es del 10 por ciento.
Sr. Presidente (Domínguez).- Su tiempo ha concluido, señor diputado.
Sr. Yarade.- Hemos pasado momentos difíciles el año pasado, nos hemos quedado sin presupuesto, pero no nos hemos quedado sin cuestiones fundamentales, tales como mantener nuestras banderas, nuestros ideales y la convicción de que mantenemos el rumbo correcto, y así lo entendió la gente. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Calcagno y Maillmann.- Señor presidente: quisiera empezar mi reflexión pensando en Stefan Zweig, quien escribió sobre la vida de Fouché, el inventor de la policía moderna en la época de Napoleón, a principios del siglo XIX.
Este escritor cuenta que cuando estaba reuniendo documentos para la biografía de ese poco simpático personaje se dio cuenta que el 14 de julio de 1789, mientras el pueblo, los pequeños burgueses de París, tomaban la Bastilla, a ocho cuadras de esa fortaleza había gente pescando en el Sena. Entonces se interrogaba acerca de cómo hay acontecimientos históricos que implican el cambio de una era y a veces no son percibidos.
A lo largo del debate de hoy he tenido la sensación de que hay algunos que toman la Bastilla y otros que están pescando en el Sena. No se distingue ‑lo que es una característica de la inteligencia política o filosófica- entre lo esencial y lo accesorio.
Hubo críticas importantes al proyecto de ley de presupuesto, y está bien que las haya, porque la oposición está para controlar; pero ha habido críticas que resaltaban un nivel de intrascendencia bastante importante, lo cual hacía un poco engorroso ver qué contestar.
¡Qué dilema! ¿Tomar la Bastilla o irse a pescar al Sena con este tiempo tan lindo que hay?
Este presupuesto no es un dilema; en realidad es un trilema, porque viene de la legitimidad política que dan los resultados electorales; viene de la demanda social acumulada, la demanda social que se ha solucionado, la demanda social que queda por solucionar, sobre todo en los temas relativos a la pobreza. Por eso, nos parece que está bien que dos millones y medio de adultos mayores que no tenían aportes hayan sido incluidos en el sistema jubilatorio; está bien la asignación universal por hijo, las universidades del conurbano, etcétera.
Esa legitimidad política que tiene que llevar adelante, mediante hechos de gestión, la solución de la demanda social, debe tener solvencia fiscal; si no, estaríamos en el mejor de los mundos, sancionaríamos leyes para abolir la muerte, aprobaríamos la felicidad, pero ello sería de imposible cumplimiento.
Nosotros, como bloque del oficialismo, tenemos la responsabilidad de llevar adelante la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo; creemos en este trilema que da la legitimidad política, a fin de encarar con los hechos de gestión la demanda social; pero sobre todo, no debemos olvidar que a los fines de esas ambiciones debemos tener solvencia fiscal.
De lo contrario, cada uno dice cualquier cosa. Hemos hablado del cielo, del infierno, de los adivinos. Para bien o para mal, todo eso ha pasado. No hay política que valga fuera de las realidades. Si queremos tener medios para cumplir nuestros deseos, el proyecto nacional aprobado en las urnas, debemos cuidar las cuentas públicas, no como un fin en sí mismo ni en una actitud fetichista de decir que vamos a recomponer como instrumento político el equilibrio y la soberanía fiscales porque es “copado”, sino porque no somos suficientemente ricos, ni tontos, como para darnos el lujo de un déficit.
El hecho de tener cuentas públicas ordenadas demuestra una sana y rigurosa gestión; no olvidemos que ahorro es igual a inversión. No vamos a pretender la fascinación de tener dinero “amarrocado” por ahí, disfrutando de su contemplación, o como adorno. Superávit fiscal, superávit en el comercio exterior, reservas en el Banco Central, etcétera, nos da la capacidad soberana de instrumentar las políticas sociales, culturales y demás, que queremos llevar a cabo, sin excluir a nadie.
En el minuto que me resta me hubiese gustado hablar del escenario internacional; ya los llevé a pasear un poquito por París, pues era un día de calor y zumbaban las balas. No hay como el olor a pólvora por la mañana.
Ese escenario nos muestra que Europa está desmantelando el Estado de bienestar. Los imperialismos que antes nos daban el veneno del ajuste, de las privatizaciones, de la flexibilización laboral, de la baja de salarios, ahora son quienes están tomando ese mismo veneno.
Nosotros debemos reconstruir el Estado de bienestar no sólo como logro de este gobierno, de esta presidencia, sino porque también quedará para los demás gobiernos, si es que alguna vez logran ganar las elecciones. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Siguiendo con el procedimiento acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Pinedo.- Señor presidente: en vez de ir a pescar al Sena voy a tratar de tomar la Bastilla. (Risas y aplausos.)
A diferencia de Francia, la Argentina es uno de los pocos países del planeta en que tener o no presupuesto es lo mismo.
Los presupuestos son limitaciones que la representación popular pone a los presidentes en cuanto a la utilización de los recursos del pueblo. Dado que en la Argentina de los últimos años hemos inventado los superpoderes, cualquier cosa que diga el Congreso de la Nación puede ser modificada por el jefe de Gabinete, con lo cual –repito‑ da lo mismo tener presupuesto o no tenerlo; en última instancia, el jefe de Gabinete puede hacer otro.
Se acaba de decir que el gobierno nacional ha sufrido mucho, ya que el año pasado no se aprobó su proyecto de presupuesto. Tampoco se aprobó otro proyecto de ley de presupuesto, porque nadie tuvo la mayoría suficiente.
¿Qué era el proyecto oficialista? Tenía un crédito para 2011 que poseía una pequeña diferencia con el crédito que actualmente figura, redactado por el jefe de Gabinete de Ministros. La diferencia que el oficialismo propuso y lo que ahora efectivamente puede gastar es de 70.100 millones de pesos. Es un pequeño error que me parece que da la razón a los que decían que el presupuesto no estaba bien hecho. Esto no pasó este año. Desde 2003 hasta ahora los gobiernos de los Kirchner han gastado por encima de lo autorizado por el Congreso la suma de 54 mil millones de dólares. Esta es la política presupuestaria de la Argentina de los últimos años y lo que estamos discutiendo ahora.
De todas maneras no voy a ocupar mi tiempo en criticar al gobierno y decir que son unos señores malvados y que hacen todo mal. Voy a ocupar mi tiempo para tratar de hacer un aporte y una reflexión sobre qué necesitaría a nuestro criterio la Argentina para tener mayor inclusión social y un mejor proceso de desarrollo en 2012.
La Argentina tiene algunos problemas de todo tipo. La obligación de los argentinos, sean oficialistas u opositores, consiste en afrontarlos. Uno de los problemas tiene que ver con la seriedad fiscal. En los últimos meses de este año, mientras el gasto aumentaba el 38 por ciento, los ingresos eran del 28 por ciento. Como todo el mundo sabe esto no es sostenible.
También nos hemos anoticiado de un problema muy importante para los más necesitados: el de la inflación. Ha generado dos efectos, entre otros. Uno tiene que ver con el retraso en el tipo de cambio, que afecta la competitividad de la industria exportadora argentina, y también la competitividad de nuestro país ante los productos importados.
Además, el retraso del tipo de cambio está generando algún problema adicional en el ámbito laboral cuando se plantea a los trabajadores o sindicatos que negocien a la baja el aumento de los salarios, sin que tengan en claro cuál será el nivel de inflación. Todo indicaría que si las tendencias actuales se mantuvieran, los salarios deberían bajar el año que viene en este contexto.
El proyecto de ley de presupuesto que consideramos es muy conservador y ortodoxo. Busca limitar el crecimiento del gasto público de manera muy notable. De un nivel del 40 por ciento por año que venía creciendo, pasaríamos al 18. También se prevé un tipo de cambio congelado, con una inflación baja. O sea que la conclusión que saco por salarios bajos y dólar bajo, es que llegaríamos a una inflación baja. Sé que no es la política del gobierno pero es el presupuesto que está por votar el oficialismo.
Nos parece que están utilizando un mal mecanismo para bajar la inflación. El mejor mecanismo consiste en pensar en la expansión de la economía por medio de la inversión productiva, en lugar de ajustar el gasto.
El principal problema que tiene la Argentina para que haya inversión productiva y generación de empleos no pasa por el hecho de no tener recursos. De hecho este año se han fugado de la Argentina 24 mil millones de dólares más o menos. A fin de año veremos la cifra exacta. Durante todo el kirchnerismo se han fugado 90 mil millones de dólares, que más o menos es el monto necesario para pagar toda la infraestructura de energía, de ferrocarriles, de autopistas y de puertos para que la Argentina sea competitiva. O sea que los recursos están.
El tema es cómo lograr que en lugar de fugarse se inviertan productivamente en la Argentina. Este es el desafío de crear credibilidad, confianza y tranquilidad para invertir y generar empleo en nuestro país. Reglas claras, Estado de derecho, Justicia independiente. Esto es lo que tenemos que lograr para evitar una crisis, terminar con la inflación, aumentar los puestos de trabajo e incrementar la inversión en lo que dependa de nosotros.
El PRO considera que los presupuestos hay que votarlos en general en forma afirmativa. Ustedes me habrán oído decir y hacer esto muchas veces durante los primeros años del kirchnerismo. También hemos dicho en los últimos años que no podíamos cumplir con esta actitud mientras existieran los superpoderes que permiten al jefe de Gabinete alterar todo el presupuesto.
En nuestro bloque hemos tenido una discusión acerca de estas dos posiciones que siempre chocan. Había algunos diputados que querían votar el presupuesto favorablemente en general por este principio general que mencioné, mientras que otros pensaban lo contrario a raíz del tema de los superpoderes. Entonces, lo que decidimos fue elaborar un proyecto propio en el que trascribimos el presupuesto y el plan de gobierno del Poder Ejecutivo nacional, con dos pequeñas pero relevantes cláusulas y algunas eliminaciones de delegaciones. La primera de esas cláusulas es la suspensión de los superpoderes por un año ‑el año del presupuesto que estamos considerando‑, mientras que la segunda es una cláusula que dice que toda recaudación adicional que haya sobre la prevista requiere autorización del Congreso para ser gastada. Entonces, no nos preocupa tanto la subestimación de recursos porque si se quiere que se gasten van a tener que venir nuevamente al Congreso.
Por lo tanto, creo que de esta manera eliminamos la hipótesis de que estamos trabajando para que el gobierno ‑que ha ganado muy contundentemente en las urnas en forma reciente‑ no tenga su plan. No obstante ese triunfo electoral, queremos que se respete la Constitución Nacional, porque eso es a lo que nos comprometemos cuando juramos al incorporarnos a esta Cámara.
Quiero terminar mi exposición diciendo que apoyo, tal como lo ha dicho el diputado Fortuna, el proyecto de asignación automática de recursos para el pago de las cajas de jubilaciones provinciales, como la de la provincia de Córdoba. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. de Prat Gay.- Señor presidente: si bien he sido aludido por el diputado Heller, no solicité una interrupción para no perder más tiempo. Es por eso que voy a utilizar parte del tiempo de que dispongo, no para contestar sino para hacer alguna apreciación. En primer lugar, agradezco mucho la promoción que el diputado ha hecho de mi artículo del diario La Nación, particularmente la selección de los párrafos que creo que son muy oportunos para la discusión de hoy. Esto me ha eximido de tener que mencionarlo, ahorrando así algunos minutos de mi propia exposición. Agradezco entonces esa promoción.
Sin embargo, lamento que hayan pasado 75 días sin que el diputado Heller me llamara para discutir sus apreciaciones o su disgusto aparente con este artículo, ni siquiera cuando yo lo llamé para felicitarlo cuando fue elegido presidente de la Comisión de Finanzas. Solía hacerlo el diputado cuando yo presidía el Banco Central, y prefiero seguir pensando que entonces lo hacía por cariño y respeto profesional y no porque yo estaba a cargo de la regulación de su banco, y así prefiero seguir pensando. (Aplausos.)
En cuanto a la cuestión concreta que hizo el diputado respecto de lo que ocurría a partir del año 2003, no he perdido la memoria. Yo era presidente del Banco Central, y la aclaración que tengo que hacer es la siguiente: el presidente del Banco Central no participa del ejercicio presupuestario en ninguno de sus aspectos. En todo caso, el Banco Central toma las proyecciones de ese presupuesto, y durante nuestra gestión nosotros usábamos proyecciones diferentes a las del presupuesto nacional. Siempre teníamos proyecciones de crecimiento superiores a las que proponía el presupuesto nacional. No lo hacíamos por rebeldía; lo hacíamos porque si tomábamos como punto de partida la subestimación del crecimiento que proponía el gobierno nacional entonces íbamos a dotar a la economía de menos moneda provocando una inflación y recesión innecesarias.
Hablando de inflación, vale aclarar que en ese entonces no había manipulación del INDEC. Por lo tanto, no había necesidad de estar quejándose por su actuación.
De esta manera saldo la alusión que se hizo. Me parece que todas las otras cuestiones ya están planteadas.
Me gustaría terminar con una nota esperanzadora de cara al próximo ejercicio presupuestario. Si el presidente me lo permite, voy a leer dos párrafos de un informe económico que creo que son interesantes de cara a esta discusión relativa al año que viene.
El primero de ellos dice así: “Es de amplio conocimiento público que el índice de precios al consumidor –IPC‑ ha sido manipulado en diversas instancias con lo cual el guarismo obtenido para este indicador por el ente oficial se aleja cada vez más de la situación real”.
También están cuestionados los resultados sobre el mercado de trabajo y, más adelante, este informe contiene un párrafo más largo que dice lo siguiente: “La crisis desatada en el INDEC a partir de la intervención en enero de 2007 afectó en principio y de manera directa a los trabajadores de ese organismo que fueron sometidos a diversas represalias laborales y/o sobre sus ingresos por haber denunciado la manipulación de las estadísticas. Pero la pérdida de confiabilidad de las estadísticas públicas perjudica también al resto de los trabajadores y a la sociedad en general. La abierta manipulación del índice de precios al consumidor ha dejado a los trabajadores sin un dato esencial a la hora de negociar los convenios colectivos de trabajo”. Y podría seguir leyendo pero creo que con esto alcanza.
Este informe es del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, y lleva la firma del señor Axel Kicillof, actual viceministro de Economía. Entonces, si hay consistencia entre estos pensamientos y su actuación quizás el año que viene tengamos un INDEC que ya no deforme las estadísticas y buena parte de las diferencias presupuestarias en este recinto van a estar saldadas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Heller.- Señor presidente: creo que la intervención que hice con anterioridad fue suficientemente amplia y no tendría sentido tomar más tiempo, pero ya que me corresponde hacer uso de la palabra nuevamente, voy a aprovechar para contestar algunos conceptos vertidos por el señor diputado de Prat Gay.
La primera vez que él me llamó cuando era presidente del Banco Central fue para que le cuente cómo eran las cosas en Boca y que le diga cómo era Maradona.
Él venía de estar muchos años afuera y, aunque es hincha de Boca, estaba desinformado. Por lo tanto, suponía que yo estaba actualizado y quería que lo actualice.
Pero él ha insinuado una cosa que yo no puedo permitir, porque sabe muy bien que yo jamás tuve que ir a verlo para pedirle absolutamente nada pues administro una entidad que no necesita pedir absolutamente al presidente del Banco Central. Al contrario, él me ha llamado muchas veces para pedirme opinión sobre cuestiones que pensaba implementar ya que consideraba que yo tenía una experiencia valiosa y, a su entender, una actuación intachable. Me consideraba una persona que no tenía intereses personales en la gestión. Por eso me llamaba, y lo digo para aclarar sus expresiones, porque me siento mal.
Él señaló que no sabía si iba a verlo para pedirle algún favor como presidente del Banco Central, pero quiero aclarar que nunca le pedí ningún favor al diputado de Prat Gay, más que nada porque nunca lo necesité hacer.
Por otra parte, mi mención a su artículo está dada en el marco del debate que hoy tenemos considerando que reiteradamente ha hablado de falsedad de datos, de falta de tiempo para el debate y de esta aprobación virtualmente sobre tablas sin tener posibilidad de discutir, pero quise dejar claro que él ya tenía una posición tomada hace mucho tiempo –como muchos otros diputados y como todos nosotros‑, y tenía una fundamento que dejaba sin ninguna validez todos los argumentos que se podían dar en defensa del presupuesto. Si alguien califica de falso lo que el otro dice, realmente no sé cómo tiene que reaccionar quien recibe esa calificación. Creo que si uno quiere que lo respeten en el uso de la palabra y que respeten su opinión, al dirigirse a los demás y hablar de las opiniones ajenas debería aplicar el mismo respeto.
Acá escuchamos hablar de presupuesto mentiroso, de presupuesto dibujado, de falsedades y de una cantidad de cuestiones con una soberbia tal que parece que estuvieran respaldados vaya a saber por qué estudio o base científica, cuando realmente se trata de conjeturas construidas muchas veces sobre presupuestos absolutamente artificiales. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lozano.- Señor presidente: antes de que haga uso de la palabra la señora diputada Graciela Villata, quien hará una presentación acerca de la acreditación automática de fondos para cajas provinciales, quiero hacer algunas puntualizaciones a partir del debate que se ha dado.
La primera aclaración es que nosotros pescamos en el río Paraná y no en el Sena, y que en realidad estamos preocupados por el 47 por ciento de los hogares que en la Argentina no tienen cloacas, por el 22 por ciento que no tienen agua de red y por el 44 por ciento que no tiene gas de red. Estas son nuestras preocupaciones.
Estamos abiertos para discutir sobre la solvencia fiscal y cómo se construye, lo cual implica un debate franco y cierto acerca de la composición de la recaudación –o sea, quién paga y quién deja de pagar‑, la composición del gasto y su direccionalidad, el tipo de intervención del Estado y su capacidad para capturar rentas, orientar la inversión y cambiar el perfil productivo. Estamos totalmente abiertos para la discusión de estas cuestiones.
La segunda puntualización que quiero hacer es que cuando hablamos de cheque en blanco al Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios no nos referimos al hecho de que no estén enumeradas las obras sino a que no tenemos claridad ni información acerca de si las obras que allí se colocan han cumplido los pasos que corresponden al sistema nacional de inversión pública; entre otras cosas, porque ya tenemos experiencias en las que ello no ha ocurrido. Además, en el presupuesto no existe ninguna aclaración ni referencia explícita sobre el origen y las condiciones del financiamiento que nos piden que avalemos para el Ministerio de Planificación.
Otra de las puntualizaciones que quiero hacer tiene que ver con el uso de las reservas. Nosotros somos proclives a usar reservas; no tenemos problema con esta cuestión. Lo que hemos discutido con el gobierno es que nos parecía mejor utilizarlas para ampliar capacidad productiva e inversión en lugar de usarlas para pagar una deuda que no había sido revisada. Sí queremos señalar que en el contexto actual, donde el Banco Central prevé terminar con 43.500 millones de dólares, las reservas brutas menos los encajes exigibles –que ascienden a 5.500 millones‑ y menos lo prestado –que suman otros 5.000 millones‑, quedan en 33.000 millones.
La libre disponibilidad está un poquito más complicada, pero esto no nos preocuparía tanto como el hecho de que el balance en cuenta corriente hoy en la Argentina es negativo. Digo esto para ir al otro punto que quiero aclarar, que es el tema de la emergencia. Nosotros rechazamos prorrogar esta ley de emergencia. Si el gobierno quiere discutir la delegación de facultades para afrontar el escenario internacional actual, no tenemos ningún inconveniente en debatir una norma que tenga que ver con lo que ocurre hoy y no con lo que pasó en el año 2002.
En términos concretos, nos parecería razonable pensar mecanismos mucho más profundos de regulación financiera y cambiaria en la Argentina; por ejemplo, para discutir el tema de la fuga, pensar en colocar al Banco Central –como se hizo en su momento‑ en el centro de las principales operaciones en divisas de comercio y de financiamiento de nuestro país. Este es el tipo de criterio que tenemos.
Dicho esto, concluyo aquí para dar paso a la exposición de mi compañera Graciela Villata. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra. Villata.- Señor presidente: recién escuchaba hablar de demanda social. Obviamente que nosotros estamos de acuerdo con la transferencia automática de los recursos que van a asistir a las cajas de las trece provincias, y sería tan importante que todos y cada uno de los señores diputados que representamos a las provincias estemos de acuerdo con esta transferencia.
Sin duda que es una demanda social lo que reclaman los jubilados, porque ellos ven peligrar su pago. Obviamente ellos han aportado durante toda su vida y todos los meses no saben si van a poder percibir su jubilación.
Hoy no podemos explicar a ese sector pasivo que por una cuestión política le retacean los fondos. ¿Es necesario que cada una de las provincias tenga que reclamar en privado, ya sea al ministro o a la señora Presidenta, para que le giren los fondos correspondientes que la Nación se comprometió a enviar? ¿Es necesario ese tipo de reuniones o sería mucho más sencilla la automaticidad en el traspaso de los fondos?
Sabemos perfectamente que el proyecto considera que un porcentaje del IVA sea transferido automáticamente a las trece provincias que no han transferido la caja a la Nación. Hablamos del IVA porque es uno de los impuestos que se ajusta automáticamente y con esto no veríamos vulnerado un derecho que tenemos todas las provincias que no transferimos los recursos. De esa manera evitaríamos que los gobiernos locales tengan que esperar para recibir los recursos, es decir, que el gobierno nacional gire o no los recursos a las provincias según cómo se levanta.
Acompañando lo dicho por el señor diputado Lozano, no pensamos en el Sena ni nos interesa tomar la Bastilla. Nos interesa un gobierno más justo y federal. No puede ser que el federalismo quede solamente en la letra muerta de la Constitución.
Cuando hablamos de distribuir la coparticipación y de distribuir los fondos en forma automática, estamos diciendo que queremos provincias que sean independientes, pero no existe independencia si no hay independencia económica.
Eso es lo que venimos a defender aquí. No nos interesa ni el Sena ni la Bastilla, nos interesan los argentinos, y los argentinos están sí o sí compuestos por cada una de las provincias.
Tendríamos que recordar que el poder central fue delegado de las provincias al centro, y no puede ser que todos los meses podamos decir que el gobierno central tiene las cuentas ordenadas, cuando tenemos a los gobiernos provinciales arrodillados y a los gobiernos locales esperando que las obras necesarias en cada uno de los lugares tengan el visto bueno del ministro o de la señora Presidenta. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Thomas.- Señor presidente: discrepaba escuchando a mis colegas que reclamaban más tiempo para este debate. En verdad creo que el tiempo está bien, y fui parte del acuerdo de limitación del horario porque en realidad, cuando ya están tomadas las posiciones –eso se nota en el tratamiento en las comisiones‑, lo que queda es fijar la posición de cada uno, y en ese sentido utilizar más tiempo hubiera sido inútil e innecesario, fundamentalmente por el posicionamiento del bloque mayoritario, que cuenta con la mayoría necesaria para aprobar este presupuesto.
Dentro de ese contexto debo hacer algunas consideraciones. En el bloque analizamos la posibilidad de producir un dictamen de minoría o votar en contra del presupuesto. Nos pareció que hacer un dictamen de minoría era una facultad que no nos corresponde.
Reconocemos la facultad que tiene el bloque mayoritario y el Poder Ejecutivo de tener una propuesta de presupuesto. Siempre nos quedamos con la esperanza de poder hacer algunos aportes que enriquezcan esa visión.
Cuando no se puede lograr que nos aprueben nuestras propuestas, por lo menos las expresamos. Así, escuchando y tratando de no ser originales, voy a repetir algunas consideraciones que hicieron mis pares y sobre todo los representantes del bloque de la oposición.
Quería dar una visión federal de cómo pensamos muchos de los diputados que vivimos en el interior del país, en provincias alejadas de la Capital Federal.
Creo que ya lo ha dicho el señor diputado De Marchi: éste es uno de los presupuestos más unitarios de los que me ha tocado estudiar. Fundamento esta visión en que el porcentaje que les corresponde a las provincias está en un 23 por ciento.
En los 90 hubo momentos en que estuvimos en el 40 por ciento en cuanto a los fondos que les tocaban a las provincias en forma automática. Hoy estamos en el 23 por ciento.
También escuché al diputado Solá cuando decía que seguramente es un poco mayor por los fondos que van por otro lado a las provincias, y esa no es un ventaja: es el centro del problema, porque se va disminuyendo el envío de fondos coparticipables automáticamente y se aumenta el envío de fondos discrecionales a través de ATN, de intendentes amigos, como el de la capital de Mendoza, que siendo radical es amigo del oficialismo y entonces está pavimentando hasta el Parque General San Martín con fondos que van directamente de la Nación sin pasar por el gobierno provincial. Ya van a ver al gobernador peregrinar por acá la semana que viene porque está consiguiendo un crédito del Credit Suisse ‑el banco suizo‑ para poder financiar su presupuesto.
Si estamos en el paraíso, no estamos todos en el mismo paraíso. Les aseguro que me toca vivir en una provincia que no sé por qué no termina de ser amiga, siendo que el gobierno es oficialista, kirchnerista. Entonces, tenemos diferencias notables con respecto a otras provincias.
Nosotros insistimos en rechazar este presupuesto porque lo consideramos unitario: sigue concentrando en el poder central recursos que luego llegan a las provincias en forma discrecional. Es decir: “Yo te doy. Vos recibís porque yo te doy. Como yo te doy, me debés esta actitud que tengo para con vos.”
Esto pasa igualmente, y quiero expresar también el apoyo de nuestro bloque, en el proyecto al que se refirió el señor diputado Fortuna. Me refiero a la automaticidad del envío de fondos a las cajas previsionales que no fueron transferidas.
No tengan ninguna duda de que con esto a Córdoba la tienen al borde del precipicio. Tiene que recibir fondos por 1.200 millones de pesos ‑según tengo entendido‑; si no los recibe, arde Troya. Estamos hablando de enero. Espero que este debate sirva para que Córdoba reciba lo que tiene que recibir en forma automática.
Este presupuesto es arbitrario; contempla los superpoderes y la emergencia económica. Es la tormenta perfecta. Es inútil lo que estamos discutiendo. Por eso voy a ser breve; los diez minutos sobran. Vamos a aprobar un presupuesto que después será modificado en una proporción tal que todo esto va a quedar en una entelequia. Estamos discutiendo en abstracto; no tiene sentido, si esto sigue vigente.
En cuanto a la variable macroeconómica, estuve escuchando atentamente los discursos. No me he levantado de la banca para ver si algún diputado oficialista decía que creía que la inflación del año que viene va a ser del 9 por ciento. Si lo escuchaba, lo felicitaba, pero nadie lo dijo, así como tampoco nadie sostuvo que el dólar estará en 4,4 pesos durante todo el año 2012. No son detalles menores; no le estamos buscando el error. Es que esto condiciona todo el presupuesto y las previsiones que se hacen.
Por otra parte, como soy miembro de la comisión bicameral encargada de analizar el seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia, nos encontramos con el DNU al final del año ‑ya llegó el de 2011‑ asignando partidas por 50 mil, 60 mil o 70 mil millones de pesos. Esto sucede todos los años. Por eso digo que esto no es un tema menor, y esa reasignación de partidas se hace en forma arbitraria, a gusto en este caso de la presidenta de la Nación o del jefe de Gabinete.
No hay manera de que nosotros podamos sostener la postura de votar afirmativamente esta iniciativa.
Para finalizar quisiera puntualizar dos temas. Primero, el de la inflación. Mi generación sabe lo que es la inflación. Los más jóvenes no tienen la menor idea de lo que es. Se está recreando la conciencia inflacionaria –es lo que yo observo‑ y estamos aprendiendo a vivir de nuevo en inflación, lo cual no es bueno para el país. Para solucionar el problema de la inflación primero hay que reconocerla. Como no la reconocemos, no podremos resolverla, por lo menos en el corto plazo.
El otro punto que quiero explicar es la visión desde el interior de las producciones regionales.
Nuestros productos, los de la región de Cuyo, tienen alto valor agregado, es decir, mucha cantidad de insumos. El precio de estos insumos crece en dólares, o sea que es una inflación en dólares del 20 o 25 por ciento. Cuando vamos a vender una botella de vino a Inglaterra no podemos explicarles a los ingleses que nos compran la botella un 25 por ciento más cara que tenemos inflación en dólares porque a los cinco minutos van a comprarles a los chilenos. Este es un problema serio que produce desocupación e inconvenientes en materia de mano de obra. Esto ya lo está viviendo la fruticultura, la olivicultura, la vitivinicultura y la horticultura, es decir, todas nuestras producciones.
Por eso digo que nosotros no estamos viviendo en el paraíso, y estamos advirtiendo que vamos a pasar momentos difíciles.
Esta es la situación que nosotros vemos. Por supuesto, rechazamos la emergencia económica y apoyamos la prórroga del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Insisto en que soy autor de un proyecto, que lo vengo ofreciendo hace años, de coparticipación de los fondos provenientes del impuesto al cheque.
Para que ustedes tengan una idea, la provincia de Mendoza genera actualmente por el impuesto al cheque aproximadamente 900 millones de pesos y recibe 300 millones de pesos. O sea, estamos exportando las divisas que genera la provincia de Mendoza en el impuesto al cheque al gobierno central. Por lo menos que nos devuelvan lo que generamos.
También vamos a apoyar las normas respecto del impuesto a las ganancias. Por supuesto, pedimos la no delegación en el Poder Ejecutivo de la facultad de establecer el piso. Además, apoyamos la prórroga, por el término de cinco años, de las retenciones a los hidrocarburos.
Quiero hacer una apelación final a aquellos diputados que dicen que cuando un partido gana- porque el Frente para la Victoria ganó y muy bien- todos tenemos que acompañarlo y pensar de la misma forma. Esto es un error grave, porque la sociedad da a cada espacio político un rol, y evidentemente a nosotros nos dio el rol de la oposición. Hubo tres millones de argentinos que nos votaron; entonces tenemos que respetar eso, plantear nuestra visión con todo respeto, y que en esta casa de las leyes se saque el promedio y se obtenga lo mejor para el país. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Gil Lavedra.- Señor presidente: en primer lugar, quiero comenzar manifestando el apoyo de nuestro bloque a la transferencia automática a las provincias de las cajas de jubilaciones, como lo han expresado el señor diputado Fortuna y legisladores de otros bloques. Apoyamos enfáticamente esto porque consideramos que debe ser así.
Muchos de los que me precedieron en el uso de la palabra vienen aludiendo a cierta sensación que hay en el ambiente: una especie de mezcla de tedio y de inutilidad. Es como si la suerte estuviera echada, que todo estuviera decidido de antemano, y esto no tiene nada que ver con que el oficialismo cuente hoy con una importante mayoría fruto de la voluntad popular.
Digo que esto no tiene nada que ver porque sin duda los diputados del Frente para la Victoria van a poder acompañar, por supuesto si así quieren, el proyecto oficial, por más que hubiera sido deseable que en el Congreso hubiese habido una deliberación que permitiera de alguna manera introducir algunos cambios favorables al proyecto del Poder Ejecutivo.
En una deliberación se supone que el intercambio objetivo y de buena fe permite llegar a mejores soluciones y arribar a conclusiones con mayor legitimidad. Pero nuestra sensación no deriva de ahí, de cómo va a votar el Frente para la Victoria. Nuestra sensación deriva de que todos sabemos, tanto la oposición como el oficialismo, que lo que hoy vamos a votar de nada sirve.
Y de nada sirve porque puede ser cambiado mañana. Mañana la presidenta de la República puede dar vuelta lo que hoy sancione el Congreso. En realidad, esto tiene que ver no con la distribución de los poderes parlamentarios o con la legitimidad que ha dado al gobierno el voto popular, sino con una concepción de poder absoluto que tiene el gobierno.
Y ya que se aludió a la toma de la Bastilla, debemos decir que un siglo antes Hobbes, cuando trataba de fundar el poder absoluto del monarca, utilizó una expresión célebre hoy: legibus solutus, que quiere decir amnistiado, libre o sin ataduras de la ley; el soberano está excluido de la ley, y contra esto se hizo la toma de la Bastilla.
Esta idea de un poder sin límites, sin ataduras y que hace lo que quiere es el hilo conductor de cada uno de los proyectos que estamos discutiendo hoy.
En lo que se refiere estrictamente al presupuesto que estamos considerando, hoy se ha dicho mucho en las exposiciones en general. Hay un triple orden de razones que explican por qué vamos a votar en contra.
No hay que enojarse cuando decimos que el presupuesto está dibujado. Ello es así porque parte de parámetros macroeconómicos que no son ciertos. Me parece que ha quedado suficientemente demostrado que subestima la inflación y los ingresos. Así ocurrió siempre, y todos lo sabemos. De la manipulación y la farsa del INDEC no pueden surgir parámetros objetivos sobre los cuales construir el presupuesto.
Otra índole de razones se vincula con reparos concretos. En algunos casos, se trata de la asignación de recursos, mientras que en otros surgen por vulnerar principios federales o convalidar deudas de la dictadura, como en el caso del Club de París. A veces, lisa y llanamente, tenemos objeciones por diferencias en la asignación de los recursos del presupuesto. Así mismo, también tenemos reparos institucionales con la delegación de atribuciones, con los fondos fiduciarios sin ningún tipo de control y con la creación de impuestos, cuando el presupuesto no puede hacerlo.
El último punto, que me pareció muy bien destacado por el diputado De Prat Gay, se vincula con las inconsistencias. Aunque se tomen por ciertas todas las cosas que dice el presupuesto, la iniciativa es inconsistente en sí misma, ya que parecería absolutamente irrazonable que el presupuesto tome medidas procíclicas.
Se trata de un presupuesto que admite la existencia de un superávit, que no vuelca en beneficio de los jubilados, en obras públicas o en ayuda social, lo que permitiría contrarrestar la desaceleración de la economía.
Por estas razones vamos a votar en contra. Pero quisiera referirme al otro paquete de leyes, que están unidos por la concepción de una democracia vertical y personal, que concentra el poder de modo absoluto y discrecional.
No se trata sólo de la emergencia económica. Desde la ley 25.561 en adelante hubo muchas leyes y decretos. Desde 2001 la Argentina se encuentra en emergencia económica, financiera, cambiaria, alimentaria, social, sanitaria y ocupacional. ¿Alguien puede pensar que esto es razonable? En un Estado de derecho, ¿se pueden vivir diez años en emergencia en todos esos rubros?
Muchas de estas emergencias se han traducido en algunas sanciones concretas. ¿Por qué se mantienen? Para conservar las facultades y la posibilidad de contar con facultades abiertas, al margen de lo que dice la Constitución y de los límites legales. De vuelta, el poder absoluto.
Por eso se está votando la emergencia con estos alcances; emergencia que no solamente no existe desde el punto de vista práctico. Creo que el diputado Tonelli hizo referencia a los estándares de emergencia que estableció la Corte Suprema desde 1934 en el célebre caso “Avico c/ de La Pesa”. Debe tratarse de una cuestión extraordinaria y excepcional, y por lo tanto tiene que tener una duración perentoria, preverse las medidas para solucionarla y existir proporcionalidad y razonabilidad entre esas medidas y la declaración del Estado de emergencia.
El mensaje del Poder Ejecutivo se limita a enunciar las dificultades del frente externo, como la crisis europea, como la conveniencia para mantener el Estado de emergencia.
Quiero decirles que la conveniencia no justifica la emergencia. La emergencia se justifica por un acontecimiento extraordinario y excepcional que signifique la necesidad de apartarse del reparto ordenado de poderes de la Constitución para dárselos al Poder Ejecutivo. En la antigua Roma se le daban esos poderes al dictador por un período extraordinario de seis meses y concentraba así todas las facultades para poder hacer frente a un peligro externo. Hoy nuevamente le estamos dando al Poder Ejecutivo poderes en todos estos campos.
En relación con el impuesto al cheque estamos también frente a un claro ejemplo de apropiación de fondos de las provincias. Desde la reforma constitucional de 1994, como muchos señores diputados conocen sobradamente, todos los impuestos, salvo los que la propia Constitución declara a cargo del Estado nacional –como los derechos de exportación o las rentas de correo- son coparticipables, excepto los casos de leyes-convenio entre las provincias y la Nación y los recursos con afectación específica.
El impuesto al cheque nació con una afectación específica pero la perdió en el año 2005. Este impuesto no tiene actualmente ninguna afectación ni existe razón para apartarlo del régimen general de coparticipación.
Como muchos diputados han señalado, es posible que este sea un impuesto distorsivo, y una disminución gradual de su alícuota puede ser favorable, pero en caso de mantenerse tiene que ser coparticipado a las provincias en su totalidad, no solamente en el actual 30 por ciento.
Sepan que cuando se esté votando la prórroga del impuesto al cheque se estará detrayendo a las provincias 40 mil millones de pesos, que entrarán a la masa coparticipable y de los cuales la Nación se estará apropiando sin razón.
Termino, señor presidente- para cumplir con mi tiempo- con esta sensación de inutilidad que tenemos todos, como decía al comienzo.
Creo que estamos frente a un claro caso de decisionismo, en el más claro sentido que esta expresión ha tenido en la historia constitucional, que es la concentración en una persona de todo el poder, y todas las decisiones se legitiman por esa sola circunstancia.
La democracia se legitima por dos circunstancias: no sólo por el voto y la soberanía popular sino también por el ejercicio del poder. El constitucionalismo nació en el siglo XVII en Inglaterra, luego en el siglo XVIII con la toma de la Bastilla y la Revolución Americana, precisamente para limitar al poder, para que pueda ejercerse de acuerdo con la Constitución y las leyes, y que cada órgano pueda cumplir las facultades que tiene asignadas.
Entonces, no estamos frente a una emergencia económica, más allá de algunas dificultades que en este momento pueda padecer el país; nos hallamos frente a una verdadera emergencia institucional que se traduce en el desprecio de la división de poderes y del rol del Congreso, en la afectación de la independencia de la Justicia, en el acoso e intolerancia a la prensa y en los aprietes que muchas veces sufren quienes piensan distinto.
Estamos ante un gobierno que se cree dueño de la verdad, que en vez de construir ‑entre todos y sobre fines comunes‑ un destino que pertenece al conjunto de los argentinos, trata de imponer a sangre y fuego la voluntad de una persona. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor presidente: estaba pensando cómo abordar el debate sobre el presupuesto. Cada uno se refugió en su formación profesional. La señora diputada Diana Conti recordará que en el año 2006, en ocasión del debate sobre el Consejo de la Magistratura, en mi discurso utilicé el concepto físico del equilibrio inestable. En esa oportunidad señalé que, desde el punto de vista de la física, existían tres tipos de equilibrio: estable, inestable e indiferente.
La mejor manera de dar una explicación del presupuesto la encontramos en la idea de perspectiva, que es estudiada por los alumnos de arquitectura. La perspectiva es la imagen que uno recibe de algo en función del lugar desde donde lo mira. Así, las perspectivas que generan en el objeto mayor deformación son aquellas en que el sujeto está ubicado en los extremos; entonces, si uno mira algo desde un extremo u otro, en general la perspectiva del objeto es deformada. La perspectiva más real es la que se obtiene cuando uno se para frente al objeto, o levemente inclinado, en caso de que se quiera resaltar algún punto.
En general, suelo decir que la mejor manera de tener una idea real acerca de la cuestión económica consiste en obtener una fotografía aérea; es decir que mirando la economía desde arriba podemos ver cómo se mueven las diferentes variables. Es necesario pararse en un lugar e ir desgranando nuestra mirada; de lo contrario, corremos el riesgo, por ejemplo, de pronunciar discursos en valor absoluto, independientemente del entorno que se está viviendo, planteando una situación de crisis y agonía que en realidad no describe lo que sucede en la economía real.
Fíjense lo que dicen estos periódicos que estoy exhibiendo. El diario El País, de España, en su edición del 14 de diciembre, señala: “El paro en la zona euro alcanza el punto más alto de la crisis.” Allí, el término “paro” significa la cantidad de desocupados que hay en la zona, el desempleo. El diario Clarín, dice: “Casi cinco millones de personas tienen problemas de empleo”. Que no se asusten los muchachos de Clarín, que miente pero no tanto. Ese titular es del 14 de diciembre, pero de 2001. Esto mismo pasa hoy en Europa. Diez años después Europa expresa –lo dice el diario El País, de Madrid- que tiene 16,3 millones de desempleados.
En España, que es precisamente el punto medio de la Eurozona, la desocupación es del 22,8 por ciento.
Fíjense lo que dice Clarín el 14 de diciembre de 2001. Se refiere al paro que hicieron en ese momento las tres centrales obreras: la CGT de Moyano, la que lideraba el compañero secretario general de la Alimentación y la CTA. Existe una frase de la presidenta referida al Senado. Sigue hablando Clarín de la clase media y del paro. La clase media ya empezaba a sentir la crisis, porque se hablaba del “corralito”.
Los dos ex presidentes coincidieron en rechazar una devaluación. Continúa diciendo el matutino que 5 millones de personas tienen problemas de empleo. Existe un recuerdo para Néstor, porque la ciudad con menos desempleo era Río Gallegos: 2,5 por ciento. Pronostican una fuerte caída del PBI para el 2002.
Fíjense lo que dice El País de España: “La crisis retrasa ocho años la convergencia con Europa en lo que es riqueza por habitante.”
Continúo con Clarín: Cavallo, Menem y los gurúes de la city en contra de la devaluación. El Fondo Monetario Internacional insiste con que la Argentina debe poner la casa en orden. Hay un recuerdo para los compañeros que militaban en el FRENAPO en ese momento, por su voto contra la pobreza.
Sigue diciendo el diario que Cavallo se había reunido con legisladores para proponer un recorte mayor de los salarios y anular el aguinaldo. Esta era la Argentina que teníamos hace diez años, esta es la crisis que tiene la mayoría de los países centrales. La crisis que nosotros sufrimos hace diez años, es la crisis que hoy vemos, con las mismas recetas que nos querían imponer. Esto es lo que están sufriendo los países centrales.
La señora presidenta, con muchísima inteligencia y justeza -porque acá se habla tanto de la presidenta y hay cosas que no se dicen- hizo cosas que otros nunca hicieron.
¿Cuántos líderes mundiales van y se paran como ella en Cannes y dicen lo que ella dijo en una reunión con empresarios? Les manifestó que si siguen ajustando van a seguir teniendo la misma recesión. Ajuste más ajuste no es salida. Ajuste más ajuste es crisis.
Simplemente les transmitió la experiencia de estos ocho años y medio de gestión.
El presupuesto –por ello hablo de perspectiva- si algo tiene de valioso, además de todo lo que han dicho ustedes en cuanto a que es una herramienta de gestión que marca la hoja de ruta del gobierno, es una fotografía o, si se quiere, una película de un año de la economía.
Nosotros venimos gobernando hace ocho años y medio. Lo venimos haciendo con presupuestos similares durante este lapso. No modificamos sustancialmente ninguna de las cosas con las cuales hemos venido gobernando.
Ninguna de las herramientas posteriores que vamos a votar luego del proyecto de ley de presupuesto son nuevas. No es que la ley de emergencia le da nuevas potestades a la señora presidenta de Ȁ?Ȁ@ȀAȀBȀCȀDȀEȀFȀGȀHȀIȀJȀKȀLȀMȀNȀOȀPȀQȀRȀSȀTȀUȀVȀWȀXȀYȀZȀ[Ȁ\Ȁ]Ȁ^Ȁ_Ȁ`ȀaȀbȀcȀdȀeȀfȀgȀhȀiȀjȀkȀlȀmȀnȀoȀpȀqȀrȀsȀtȀuȀvȀwȀxȀyȀzȀ{ȀȀ}Ȁ~ȀȀȀȀȀȀȀ Ȁ¡Ȁ¢Ȁ£Ȁ¤Ȁ¥Ȁ¦Ȁ§Ȁ¨Ȁ©ȀªȀ«Ȁ¬ȀȀ®Ȁ¯Ȁ°Ȁ±Ȁ²Ȁ³Ȁ´ȀµȀ¶Ȁ·Ȁ¸Ȁ¹ȀºȀ»Ȁ¼Ȁ½Ȁ¾Ȁ¿ȀÀȀÁȀÂȀÃȀÄȀÅȀÆȀÇȀÈȀÉȀÊȀËȀÌȀÍȀÎȀÏȀÐȀÑȀÒȀÓȀÔȀÕȀÖȀ×ȀØȀÙȀÚȀÛȀÜȀÝȀÞȀßȀàȀáȀâȀãȀäȀåȀæȀçȀèȀéȀêȀëȀìȀíȀîȀïȀðȀñȀòȀóȀôȀõȀöȀ÷ȀøȀùȀúȀûȀüȀýȀþȀÿȀŒȀœȀŠȀšȀŸȀŽȀžȀƒȀˆȀ˜Ȁ–Ȁ—Ȁ‘Ȁ’Ȁ‚Ȁ“Ȁ”Ȁ„Ȁ†Ȁ‡Ȁ•Ȁ…Ȁ‰Ȁ‹Ȁ›Ȁ™�� …ňȌ쮬ヴ��蔬ポ쭼ヴ軘 ���쿜ブ��刘 ??���������� ŃȈ �abstenciones� ŞȈ蕘ポ軘 ���¤� �陬շ眨͖ ŕȌ耈ֆᶨյ‘ ŗȈ��������屣㑴닰䞄枋烈ㄚ��������ⰊЊ�� �??Español���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������澨���̯ᇓ놵쀀썏ꄤ㳑떧荕䉫憡頥ᑫ之৪䛎䑩傴䍪뭛������??Reconocimiento de voz�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3‘�Ȁ̐ 蒐 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3ƓȎSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2�LL� ƾȈ蕘ポ軘 ���r� �펔ջ䒸͔ ƵȊMarcas�� ƶȌ���� �㔷� ƳȈ蕘ポ軘 ���(� �ᰤյİ ŎȈ �240�ng ŋȈ皀 郠 ŅȈ����% GȌʠ ʠ ocuments and Settings\jlaterza.dtaquigrafo\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.IE5\A1AHLAAC\129EE01_01_R12[1].pdf��� %ŢȈ �afirmativa�攀猀 ŹȎ� ᄐ ŻȈ��滌 ꦐ ꐨ �������� ŶȐ �por���� 〫鴰�匀 ŲȈ �＊?Range1����������������튾ŭ튾㹭Range2���������������� ĀȈ �y���վ�Ȁ ĝȈஔ� �타à䭋Ţ（ � � � �#͠����������������䭃Ŏ（섄ヴӸյ삘ヴ菠ポΨյὠյ ���㥘͘��욀 ������䭻ij（ � � � �#͠����������������䭳Ů（섄ヴԈյ삘ヴ菠ポỠյῠյ ���㥘͘��욀 ������䭫Ġ（ � � � �##����������������䭣ũ（섄ヴԘյ삘ヴ菠ポὠյյ ���㥘͘��욀 ������䲛Ā（ � � � �#͠����������������䲓Ā（섄ヴԨյ삘ヴ菠ポῠյ⃠յ ���㥘͘��욀 ������䲋Ā（ � � � �#͠����������������䲃Ā（섄ヴԸյ삘ヴ菠ポյⅠյ ���㥘͘��욀 ������䲻Ā（ � � � �#͠����������������䲳Ā（섄ヴՈյ삘ヴ菠ポ⃠յ⇠յ ���㥘͘��욀 ������䲫Ā（ � � � �#͠����������������䲣Ā（섄ヴյ삘ヴ菠ポⅠյ≠յ ���㥘͘��욀 ������䳛Ā（ � � � �#͠����������������䳓Ā（섄ヴըյ삘ヴ菠ポ⇠յ⋠յ ���㥘͘��욀 ������䳋Ā（ � � � �#͠����������������䳃Ā（섄ヴոյ삘ヴ菠ポ≠յ⍠յ ���㥘͘��욀 ������䳻Ā（ � � � �#ᒈ৲����������������䳳Ā（섄ヴֈյ삘ヴ菠ポ⋠յ⏠յ ���㥘͘��욀 ������䳫Ā（ � � � �#퓐ਐ����������������䳣Ā（섄ヴ֘յ삘ヴ菠ポ⍠յ①յ ���㥘͘��욀 ������䰛Ā（ � � � �##����������������䰓Ā（섄ヴ֨յ삘ヴ菠ポ⏠յⓠյ ���㥘͘��욀 ������䰋Ā（ � � � �##����������������䰃Ā（섄ヴָյ삘ヴ菠ポ①յ╠յ ���㥘͘��욀 ������䰻Ā（ � � � �##����������������䰳Ā（섄ヴյ삘ヴ菠ポⓠյ◠յ ���㥘͘��욀 ������䰫Ā（ � � � �#ሠ৲����������������䰣Ā（섄ヴטյ삘ヴ菠ポ╠յ♠յ ���㥘͘��욀 ������䱛Ā（ � � � �##����������������䱓Ā（섄ヴרյ삘ヴ菠ポ◠յ⛠յ ���㥘͘��욀 ������䱋Ā（ � � � �#ሠ৲����������������䱃Ā（섄ヴյ삘ヴ菠ポ♠յ❠յ ���㥘͘��욀 ������䱻Ā（ � � � �#͠����������������䱳Ā（섄ヴ؈յ삘ヴ菠ポ⛠յ⟠յ ���㥘͘��욀 ������䱫Ā（ � � � �#͠����������������䱣Ā（섄ヴؘյ삘ヴ菠ポ❠յ⡠յ ���㥘͘��욀 ������䶛Ā（ � � � �#͠����������������䶓Ā（섄ヴبյ삘ヴ菠ポ⟠յ⣠յ ���㥘͘��욀 ������䶋Ā（ � � � �##����������������䶃Ā（섄ヴظյ삘ヴ菠ポ⡠յ⥠յ ���㥘͘��욀 ������䶻Ā（ � � � �#㕰ճ����������������䶳Ā（섄ヴوյ삘ヴ菠ポ⣠յ⧠յ ���㥘͘��욀 ������䶫Ā（ � � � �#ᓀ৲����������������䶣Ā（섄ヴ٘յ삘ヴ菠ポ⥠յ⩠յ ���㥘͘��욀 ������䷛Ā（ � � � �#興մ����������������䷓Ā（섄ヴ٨յ삘ヴ菠ポ⧠յ⫠յ ���㥘͘��욀 ������䷋Ā（ � � � �#ᓸ৲����������������䷃Ā（섄ヴٸյ삘ヴ菠ポ⩠յ⭠յ ���㥘͘��욀 ������䷻Ā（ � � � �#ᔰ৲����������������䷳Ā（섄ヴڈյ삘ヴ菠ポ⫠յ⯠յ ���㥘͘��욀 ������䷫Ā（ � � � �#մ����������������䷣Ā（섄ヴژյ삘ヴ菠ポ⭠յⱠյ ���㥘͘��욀 ������䴛Ā（ � � � �#մ����������������䴓Ā（섄ヴڨյ삘ヴ菠ポ⯠յⳠյ ���㥘͘��욀 ������䴋Ā（ � � � �#ᕨ৲����������������䴃Ā（섄ヴڸյ삘ヴ菠ポⱠյⵠյ ���㥘͘��욀 ������䴻Ā（ � � � �##����������������䴳Ā（섄ヴۈյ삘ヴ菠ポⳠյⷠյ ���㥘͘��욀 ������䴫Ā（ � � � �##����������������䴣Ā（섄ヴۘյ삘ヴ菠ポⵠյ⺠յ ���㥘͘��욀 ������䵛Ā（ � � � �##������������������������������������ȀȀĝȈઘஔ� �타à䶫Ā（섄ヴۨյ삘ヴ菠ポⷠյ⼠յ ���㥘͘��욀 ������䶣Ā（ � � � �#ሠ৲����������������䶛Ā（섄ヴ۸յ삘ヴ菠ポ⺠յ⾠յ ���㥘͘��욀 ������䶓Ā（ � � � �##����������������䶋Ā（섄ヴ܈յ삘ヴ菠ポ⼠յだյ ���㥘͘��욀 ������䶃Ā（ � � � �#〠յ����������������乻Ā． ��� la Victoria. Nuestra���乳Ā（섄ヴܘյ삘ヴ菠ポ⾠յムյ ���㥘͘��욀 ������乫Ā（ � � � �#聘մ����������������乣Ā（섄ヴܨյ삘ヴ菠ポだյㅠյ ���㥘͘��욀 ������乛Ā（ � � � �#մ����������������乓Ā（섄ヴܸյ삘ヴ菠ポムյ㇠յ ���㥘͘��욀 ������之Ā（ � � � �#興մ����������������乃Ā（섄ヴ݈յ삘ヴ菠ポㅠյ㉠յ ���㥘͘��욀 ������主Ā（ � � � �#͠����������������丳Ā（섄ヴݘյ삘ヴ菠ポ㇠յ㋠յ ���㥘͘��욀 ������丫Ā（ " w:st="on">la Nación. No tiene ninguna potestad nueva distinta de las que tuvo durante estos ocho años y medio. ¿Qué cosa se hizo mal en el uso de esa herramienta que tiene la presidenta de la Nación? ¿Quién se sintió abusado?
Entre otras cosas, he escuchado hablar de la delegación de facultades. ¿Nadie va a reconocer que Cristina es la primera presidenta que gobierna sin delegación de facultades? ¿O nos olvidamos de lo que pasó en agosto del año pasado, cuando teníamos que prorrogar todas las facultades delegadas? No prorrogamos ni una de las facultades delegadas. Ninguna. Aquí se ha hablado de de federalismo y de concentración económica. Entre paréntesis, con todo respeto, creo que es una exageración la frase que aquí se usó, “sangre y fuego”. Sangre y fuego había en 2001. (Aplausos.)
¿Nadie va a reconocer que la presidenta decidió voluntariamente coparticipar en forma directa el 30 por ciento de los derechos de exportación? El artículo 4° de la Constitución Nacional dice claramente que los derechos de exportación no son coparticipables; son parte de los recursos del Tesoro nacional. Si bien soy ingeniero, algo sé de historia. Fue un debate que tuvo que ver con los inicios propios de nuestra Nación, y fue un triunfo del federalismo que los derechos de exportación quedaran en poder de la Nación.
La provincia de Santa Fe tiene más de 800 millones de pesos presupuestados para el año 2012 en concepto de Fondo Federal Solidario, esto es, el 5 por ciento del monto total de los recursos coparticipables. La presidenta de la Nación no extrajo recursos de las provincias para la Nación, como alguien dijo. Al contrario: aumentó las trasferencias de recursos nacionales para cada una de las provincias. Es cierto que le pusimos una asignación; dijimos que debían utilizarse para hacer obras y que no debía quedarse todo en las provincias sino que el 70 por ciento debía ser para éstas y el 30 por ciento restante para los municipios. No tengo duda de que la mayor cantidad de obras que se realizan en muchas de las provincias se están haciendo con los recursos del Fondo Federal Solidario. Esta fue una decisión de la presidenta, entre otras cosas, por un DNU que nunca criticaron. A nadie se le ocurrió criticar el DNU referido al 30 por ciento de la coparticipación del Fondo Federal Solidario.
También he escuchado hablar nuevamente de las provincias. ¿Nadie va a decir que hace dos años sancionamos un plan de desendeudamiento de las provincias? Entre otras cosas, ese plan aminoró –no quiero utilizar la palabra licuar porque no me parece que corresponda‑ la presión que tenían las provincias en el pago de las deudas hacia el Estado nacional. Esto fue así a punto tal que tuvieron un año de gracia y recién en enero del año próximo tienen que empezar a pagar nuevamente. ¿Nadie va a reconocer eso?
No hay que decir las cosas con verdades parciales. He escuchado aquí las referencias que se hicieron a la coparticipación. Hemos coparticipado más del 34 por ciento. No hagan las cuentas con verdades parciales. La precoparticipación de ganancias que va a la ANSES debe incluirse entre los impuestos que tienen destino previsional y no solamente los aportes y contribuciones, porque nuestro sistema impositivo tiene un componente casi igualitario de recursos impositivos y previsionales.
Nosotros tomamos la decisión de estatizar los fondos de jubilaciones y pensiones no para tener una ANSES deficitaria y utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para sostener el déficit cotidiano de la ANSES–la ANSES que aumentó las prestaciones‑ porque de ese 15 por ciento que reclaman todas las provincias se paga a los nuevos jubilados y pensionados que tiene cada una de las provincias argentinas y también para cada uno de los chicos que reciben la Asignación Universal por Hijo en cada una de las provincias argentinas. (Aplausos.)
Los chicos santafesinos, cordobeses, bonaerenses o entrerrianos que reciben la Asignación Universal por Hijo son solamente argentinos. ¿Nadie va a reconocer que tenemos un Estado que aumentó claramente los niveles de prestación?
Escuché en este recinto que el fondo de garantía de sustentabilidad tiene mucho posicionamiento en préstamos al Tesoro y en bonos de la deuda pública, pero no escuché ninguna manifestación cuando las AFJPs compraron las acciones de Clarín que, a los quince días, valían 50 por ciento menos.
Nosotros votamos esta decisión estabilizar los fondos de las AFJP. Una de las cosas que quedó absolutamente permitida era que ese fondo de garantía de sustentabilidad podía posicionarse, entre otras cosas, en bonos del Tesoro.
No es lo mismo tener deuda pública en dólares que en pesos, y tampoco es lo mismo tener una deuda pública cuyo mayor componente esté en manos de privados o del intrasector público, y digo esto simplemente porque esta última no es exigible. Si hay deuda pública intrasector público se debe a que simplemente recuperamos, las agencias del Estado. Si el PAMI le puede administrar fondos al Tesoro es porque es superavitario y porque lo hemos sacado de las páginas de temas policiales, donde transcurrían muchísimas de las acciones del PAMI durante los últimos años de la Argentina. (Aplausos.)
También hemos recuperado el Banco de la Nación Argentina y cada una de las agencias del Estado que pueden prestar al Tesoro Nacional.
Yo entiendo los posicionamientos políticos. Entiendo que cada uno se ubica en el lugar que cree que tiene que estar, pero me parece que a veces hay bajo nivel de reconocimiento a una gestión. Todos saben cuánto nos costó el 54 por ciento de los votos. No los sacamos de la galera. Trabajamos mucho y superamos situaciones difíciles en términos políticos, y también la presidenta superó situaciones difíciles en términos personales. Desde ese lugar pudimos ofrecer una alternativa a los argentinos.
Algunos hablaban de un ajuste dibujado en el presupuesto. Yo me pregunto: ¿dónde está el congelamiento de las jubilaciones y pensiones? ¿En qué artículo del presupuesto está?
¿En qué artículo del presupuesto está que este año no vamos a aplicar la ley de movilidad? ¿En qué artículo del presupuesto está que vamos a sacar el 13 por ciento a los empleados estatales? ¿En qué artículo del presupuesto aparece algún indicador que pueda llegar a insinuar esto?
Así como la presidenta de la Nación aumentó los niveles de transferencia de la administración central a cada una de las provincias, también se quitó ingresos.
Esta Cámara votó la derogación de lo más perverso y perjudicial que tenía el sistema impositivo para los empleados calificados de altos salarios, que era la tablita de Machinea. La votamos acá porque fue un proyecto enviado por la presidenta, y de un plumazo dejó de existir la tablita de Machinea en nuestra economía. Eso también lo hizo la presidenta de la Nación.
Señor presidente: nosotros venimos a votar un presupuesto que refleja la economía argentina, que ha crecido durante estos ocho años y medio.
Tampoco he escuchado de parte de legisladores que tienen mucha historia en este Parlamento admitir que nosotros hemos recuperado el Estado.Cuando durante dos años nos negamos a que ustedes nos desfinancien el Estado, cuando nos querían derogar la ley de impuesto al cheque y bajar las retenciones agropecuarias, nosotros les decíamos que no queríamos volver más a tener un Estado bobo. Nosotros queríamos volver a tener un Estado con recursos, porque la diferencia entre los liberales y nosotros es que, si bien ambos pensamos en un Estado con superávit, ellos piensan en un Estado chico, es decir, en un Estado de pocos ingresos y de pocos gastos. Los pocos ingresos se deben a que cobran pocos impuestos, porque los impuestos más importantes los pagan los que más tienen, y los pocos gastos se deben a que atienden menos las demandas sociales de los que más necesitan. Nosotros queremos un Estado con superávit pero un Estado fuerte, grande, que cobre impuestos donde los tenga que cobrar y que gaste donde tenga que gastar, siempre con sentido inclusivo.
Nosotros recuperamos ese Estado con cada una de las medidas que hemos tomado. También lo recuperamos cuando estatizamos las AFJP. Por eso, cuando en 2009 tuvimos la necesidad de poner el Estado en el centro del dispositivo económico de la Argentina lo pudimos hacer, conociendo la crisis y la recesión económica que existía en el mundo y que empezaba a afectar a nuestra economía.
Por eso, señor presidente, en el cuarto trimestre de 2009 empezamos a sentir la recuperación económica y la crisis de ese año no afectó verticalmente a la Argentina. Estuvo atenuada. Es por ello que cuando comenzó la recuperación, empezó desde un punto más alto y pudimos recuperar el Estado muchísimo más.
Así como tuvimos un Estado que defendimos y recuperamos y fuimos capaces de ponerlo en el centro del dispositivo económico, también hicimos algo que no hicieron todos los países. Es mentira lo del viento de cola. Cuando uno analiza cualquiera de los precios de los commodities, los que menos aumentaron fueron los precios de nuestros commodities; aumentaron mucho más los precios de commodities como los minerales y otros productos, que tienen efecto en otros países.
Nosotros no solamente crecimos por la performance de nuestro sector exportador. Crecimos porque defendimos el mercado interno y el aumento del consumo. El mercado interno lo defendemos permanentemente: con la asignación universal por hijo, la inclusión jubilatoria, las paritarias, las negociaciones colectivas, los 5 millones de puestos de trabajo y la recuperación del poder adquisitivo del salario. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr. Buryaile.- Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia informa al señor diputado que luego se autorizarán todas las inserciones solicitadas.
Se va a votar en general en forma nominal el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2012 (expediente 16‑J.G.M.-2011).
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 246 señores diputados presentes, 141 han votado por la afirmativa y 104 por la negativa, registrándose además una abstención.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 141 votos por la afirmativa y 104 por la negativa. (Aplausos prolongados.)
Sr. Müller.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto por la negativa.
Sr. Presiente (Domínguez).- Queda registrado, señor diputado.
aquí VOTACION NOMINAL (EXPEDIENTE 16-jgm-2011)
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en particular.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Feletti.- Señor presidente: solicito que el tratamiento en particular se haga por título y por capítulo.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración. Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consecuencia, en consideración el título I, capítulo I, artículos 1° a 10.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Giubergia.- Señor presidente: en el caso del artículo 9° desde la Unión Cívica Radical vamos a solicitar que se deje sin efecto porque aquí se están delegando facultades por parte del Congreso de la Nación en el Poder Ejecutivo.
Proponemos la eliminación de este artículo.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra. Juri.- Señor presidente: quisiera que se vote en particular el artículo 70.
Sr. Presidente (Domínguez).- Señora diputada: la Presidencia le informa que estamos votando los artículos 1° a 10.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solo quería hacer una aclaración obligada, teniendo en cuenta los dichos del señor diputado Giubergia, porque de lo contrario tendría que hacer la misma propuesta en por lo menos 45 artículos.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¿Qué dice la comisión?
Sr. Feletti.- No se aceptan modificaciones.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Giubergia.- Señor presidente: solicito que la votación sea nominal.
Sr. Presidente (Domínguez).- La Cámara debe expedirse si el pedido del señor diputado Giubergia resulta suficientemente apoyado.
- Resulta suficientemente apoyado.
Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia pone en consideración los artículos 1° a 8°.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 9°, cuya votación será en forma nominal.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Moreno.- Señor Presidente: deseo aclarar el sentido del voto. Recuerdo que aquí se aprobó votar por título y posteriormente se puso en consideración la votación o el rechazo de un artículo. El voto positivo en todos los casos es por el dictamen de la mayoría, no por la propuesta del señor diputado Giubergia. Quiere decir que quienes estamos de acuerdo con el dictamen votamos por el sí.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr. Díaz Roig.- Señor presidente: nosotros ya votamos todo el título.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Díaz Roig.- No tengo inconveniente en que volvamos a votar el artículo 9º, pero para aclarar la metodología…
Sr. Presidente (Domínguez).- Disculpe, señor diputado. Votamos desde el artículo 1º hasta el 8º. Está en consideración el artículo 9º.
Sr. Díaz Roig.- Se había votado la totalidad del capítulo, pero yo quiero plantear lo siguiente. Propongo que los señores diputados que quieran aclarar algo en particular con respecto a un artículo lo hagan antes de que se vote el capítulo. En este caso votamos y aprobamos la totalidad del capítulo. Le pido que consulte la versión taquigráfica, señor presidente. De todos modos, no importa, ahora votamos el artículo 9º.
Hago moción de que los señores diputados que quieran reformar o hacer una aclaración respecto de un artículo lo hagan antes de que se vote el capítulo.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar nominalmente el artículo 9º.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 244 señores diputados presentes, 138 han votado por la afirmativa y 105 por la negativa.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 138 votos por la afirmativa y 105 por la negativa. (Aplausos.)
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Domínguez).- La votación ha resultado afirmativa.
Se va a votar el artículo 10.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el capítulo II, que comprende los artículos 11 a 19.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Albarracín.- Señor presidente: como ha surgido una controversia quisiera saber previamente a la votación si el señor miembro informante del dictamen de mayoría podría aclarar si la obra de la presa Portezuelo del Viento, que la Nación se comprometió a financiar desde el año 2007, está contemplada en la planilla anexa al artículo 11.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr. Sacca.- Señor presidente: con respecto al artículo 12, teniendo en cuenta la financiación del sistema universitario nacional creo que tendríamos que debatir también un poquito el rol que tiene la universidad pública en la Argentina.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.
Sr. Costa.- Señor presidente: como representante del pueblo de Santa Cruz y dado que mi bloque va a votar en forma negativa quiero adelantar el voto de los diputados del pueblo de Santa Cruz de manera favorable al artículo 11. Ello obedece a que dicho arttículo contiene obras estratégicas importantes que la provincia viene reclamando hace años para poder cambiar el perfil social, económico y productivo de la región.
Una de esas obras es el aprovechamiento del agua del lago Buenos Aires, que nuestro partido viene impulsando a nivel provincial y nacional desde hace quince años. Esta obra permitirá dar solución a la escasez de un recurso tan vital que sufre una región de 80 mil kilómetros cuadrados, donde vive el 40 por ciento de los ciudadanos santacruceños. Esta región hoy está en crisis sanitaria por falta de disponibilidad de agua y por su calidad.
Sr. Presidente (Domínguez).- Le ruego precisión sobre el particular, señor diputado.
Sr. Costa.- Estoy adelantando que voy a votar favorablemente las obras, pero permítame explicar…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Costa.- Son dos minutos, nada más.
Sr. Presidente (Domínguez).- Por favor, señor diputado: sea breve y preciso.
Sr. Costa.- Adelanto que voy a votar favorablemente, pero permítame explicar el porqué.
Además voy a acompañar las obras energéticas como la represa del río Santa Cruz, la megausina de Río Turbio y el interconectado.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Lozano.- Señor presidente: solicito que se vote por separado el artículo 16, correspondiente a la asignación de fondos para los bosques nativos. Con este artículo no se está cumpliendo la ley de bosques. Proponemos que se eleve el monto de pesos de acuerdo con lo que la ley establece.
Solicito que se vote por separado y en forma nominal.
Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.
- Resulta suficientemente apoyado.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
Sra. Fadul.- Señor presidente: había pedido la palabra para solicitar también la votación nominal del artículo referido.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.
Sra. Alvarez.- Señor presidente: en igual sentido que el señor diputado Eduardo Costa, voy a apoyar –a diferencia de mi bloque- solamente el artículo 11 del presupuesto nacional en tratamiento, apoyando todas las obras que tienen importancia para mi provincia. Entre estas se encuentran las que ya ha nombrado el señor diputado Eduardo Costa, la mega usina, el interconectado y especialmente la obra que proveerá de agua a toda la zona norte de mi provincia, impulsada por correligionarios desde hace muchos años.
Ella proveería de agua potable…
Sr. Presidente (Domínguez).- Muchas gracias, señora diputada. Se entendió su posición sobre el particular.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Cejas.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración respecto de los aportes correspondientes al presupuesto nacional en lo que tiene que ver con la ley de bosques nativos. Estos dependen de la firma de convenios de la Nación con las provincias. Aquellas que han firmado los convenios tienen los presupuestos aportados, por lo que pediría a los legisladores que revisen bien cuáles son aquellas provincias que reclaman el dinero pero que aún no han firmado los convenios correspondientes.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Benedetti.- Señor presidente: quiero hacer un comentario respecto del artículo 16. En el mismo sentido que lo planteó el señor diputado Lozano, solicito la adecuación del monto establecido en este artículo a lo que prevé la ley 26.331, promulgada a fines de 2007. Se refiere a los montos para proteger los bosques nativos.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Chaco.
Sra. Mendoza.- Señor presidente: creo que nos estamos desviando del eje de la cuestión y apartándonos del reglamento. Esto lo digo básicamente en dos sentidos: a esta altura de la sesión no se puede fundamentar ya que ya se ha realizado la votación en general y estamos haciendo el tratamiento capítulo por capítulo. Después los diputados podrán fundamentar cuáles son las obras que quieren, lo cual ya todos lo sabemos porque hemos leído el proyecto de presupuesto.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
Sr. Sacca.- Señor presidente: quiero solicitar la modificación del artículo 12.
Sr. Gil Lavedra.- Primero tenemos que votar el artículo 11.
Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado: tiene que referirse a los artículos 11 a 19.
Se van a votar los artículos 11 a 15.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar en forma nominal el artículo 16.
Sr. Tunessi.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Tunessi.- Señor presidente: el bloque está pidiendo la palabra a través de nuestro presidente para aclarar el sentido de nuestro voto en el artículo 11. Solicitaría que se nos otorgue la palabra a fin de reconsiderar la votación…
Sr. Presidente (Domínguez).- Ya se ha votado y quedó registrada la posición de los legisladores en actas.
Se va a votar el artículo 16 en forma nominal.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 239 señores diputados presentes, 139 han votado por la afirmativa y 97 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Bozzano).- Han votado 139 diputados por la afirmativa y 97 por la negativa.
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda aprobado el artículo 16.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Solanas (J.R).- Señor presidente: dejo constancia de mi voto por la afirmativa en el artículo anterior.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el Capítulo III, que comprende los artículo 20 a 30.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el capítulo IV, que comprende los artículos 31 y 32.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el capítulo V, que comprende los artículos 33 a 39.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el capítulo VI, que comprende los artículos 40 y 41.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el capítulo VII, que comprende los artículos 42 a 59.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el Capítulo VIII, que comprende los artículos 60 a 63.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Alvarez.- Señor presidente: en el artículo 60, se compensa a cinco provincias: La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y San Luis, que en el pacto de 2002 no participaron de la reprogramación de la deuda.
Como quedaron valores congelados a ese año, corresponde que sean ajustados. Por ello propongo que los valores para esas provincias sean equivalentes al 13 por ciento del total de las transferencias nacionales, a fin de alcanzar un valor ajustado a la realidad y no perjudicar a ese conjunto de provincias, que en su momento no eran deudoras de la Nación.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. Portela.- Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto por la afirmativa en el artículo 62.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Feletti.- Señor presidente: con respecto a la inquietud del señor diputado Álvarez, no se acepta su propuesta de modificación.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el Capítulo VIII, que comprende los artículos 60 a 63.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el Capítulo IX, que comprende los artículos 64 a 73.
- Varios diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Disculpe, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra. Juri.- Señor presidente: solicito la votación nominal del artículo 70 y quiero defender la observación presentada por escrito, de acuerdo con el reglamento de la Cámara.
Voy a explicar las dos razones por las que queremos que se excluya este artículo del proyecto. Por un lado, fue incorporado con posterioridad al envío del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo. Curiosamente, ha aparecido en el dictamen de mayoría, por lo que consideramos que ni siquiera ha surgido de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Además, en 1999 el Congreso de la Nación tomó la decisión de cancelar la reasignación de cupos de la promoción industrial, con la certeza y seguridad de que ello beneficiaba solamente a una de las provincias argentinas y no al conjunto, lo que no era óptimo para el país. No lo digo como mendocina solamente, y ya hemos explicado ampliamente los perjuicios que la promoción industrial tiene para nuestra provincia. El Congreso tiene la obligación de encontrar una forma más equilibrada de promoción industrial que permita a las provincias argentinas en su conjunto encontrar mejores formas de empleo.
Sencillamente quiero aclarar que este artículo, que está muy brevemente redactado –y no creo que sea por casualidad-, es el que permitiría a San Juan reasignar los cupos de la promoción industrial.
Reitero, no es nada contra San Juan, pero creemos que el conjunto de las provincias argentinas merecemos un trato distinto para equilibrar mejor todo lo que los argentinos resignamos cada vez que damos algún cupo para la promoción industrial.
Sr. Presidente (Domínguez).- Los artículos 64 a 73 ya fueron aprobados, señor diputado. Queda registrada su posición.
Sr. Tunessi.- Señor presidente: déjenos fijar posición.
Sr. Presidente (Domínguez).- Quedará registrada la posición de los señores diputados, pero el artículo ya ha sido votado, salvo que quieran reconsiderarlo.
Sr. Tunessi.- ¿Cómo se pudo votar si no hicimos uso de la palabra?
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Gil Lavedra.- Señor presidente: es cierto que cuando la votación es a mano alzada y se levanta la mano para hacer una observación puede ser un gesto equívoco, porque no se sabe si se está votando o pidiendo la palabra.
Quiero destacar, dada la confusión que hubo cuando se votó el artículo 11, donde se incluyen muchas obras beneficiosas para las provincias, que nuestro voto fue afirmativo, pero quedó perdido en la marejada.
En esa confusión también se perdió la oportunidad de que el diputado Sacca hiciera una observación sobre la asignación de fondos a las universidades y el tema quedó precluido con la votación.
Sin perjuicio de que el bloque de la Unión Cívica Radical entiende que el presupuesto no puede crear nuevos impuestos y que el fondo fiduciario para el NEA tiene esas características, además de que pareciera violar el principio de legalidad tributaria, los diputados de la región van a votar por la afirmativa porque, sin lugar a dudas, esta puede ser una obra beneficiosa para la zona.
Para terminar, le quiero aclarar al señor diputado Rossi que cuando dije “a sangre y fuego”...
Sr. Presidente (Domínguez).- Perdóneme, señor diputado, sea breve por favor y refiérase al artículo en cuestión.
En realidad, el tema no forma parte del debate.
Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr. Tomas.- Señor presidente: quiero ratificar que el artículo 70 ha sido votado y quiero hacer una aclaración, porque parece que existe una confusión.
El artículo 70 no se refiere a nuevos cupos sino que se trata de cupos no utilizados para empresas que se llevan a cabo en emprendimientos destinados a la generación, transporte y distribución de energías eléctricas alternativas, con el fin de incrementar la oferta de energía nacional dentro del marco...
Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado: estos artículos ya fueron votados. Reitero: ya fueron votados.
Sra. Juri.- Señor presidente: el artículo 70 no se votó. Pedimos la palabra para hacer una observación.
Sr. Presidente (Domínguez).- Los artículos 64 a 73 fueron votados. Su posición quedó registrada.
Tiene la palabra la señora diputada por Chaco.
Sra. Terada.- Señor presidente: quería solicitar autorización a este cuerpo para abstenerme de votar los artículos 66 y 67, porque entiendo que estas obras son importantes para mi provincia y mi región, pero la modalidad con que están establecidas en el presupuesto a través de un fondo fiduciario...
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda registrada su posición, señora diputada, pero esos artículos ya fueron votados.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. De Marchi.- Señor presidente: quiero pedirle un poco más de serenidad en la conducción del cuerpo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- ¿El señor diputado va a referirse a los artículos votados?
Sr. De Marchi.- Justamente, apelo a una mayor serenidad. Estoy haciendo referencia a los artículos que están siendo votados. Reitero que el artículo 70 no fue puesto en consideración, señor presidente; el título que contiene los artículos 64 a 73 no se puso en tratamiento.
Sr. Presidente (Domínguez).- Sí, señor diputado, y fue votado.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. De Marchi.- Le pido que me respete...
Sr. Rossi.- Señor presidente: los artículos 64 a 73 fueron votados a mano alzada con absoluta claridad y contundencia. Todas las votaciones en particular que se practicaron nominalmente tuvieron casi el mismo recorrido que la votación en general. Estamos enredándonos en una discusión que ningún tipo de sentido tiene, por lo que debemos seguir avanzando en el debate.
Por otro lado, señor presidente, a nuestro juicio usted está conduciendo maravillosamente esta sesión (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
Sr. Orsolini.- Señor presidente: simplemente quiero dejar en claro lo que dijo nuestro jefe de bloque. Los diputados de la Unión Cívica Radical pertenecientes al NEA votamos favorablemente los artículos 66 y 67, relativos a obras para nuestra región.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
Sr. Maldonado.- Señor presidente: nos parece contradictorio que luego de haber escuchado discursos en los que se nos plantea acompañar el presupuesto nacional fundamentando en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, al momento de pretender expresar nuestros argumentos a favor de determinados artículos no se nos permita hablar.
Quiero dejar constancia del acompañamiento a los artículos 66 y 67 relativos al proyecto Gasoducto del Noreste Argentino, aunque quisiera señalar que la reparación ha quedado inconclusa.
Como dato ilustrativo para los compañeros legisladores de todo el país, permítaseme referirme a la injusticia que todavía está viviendo mi región. Mediante la firma de un decreto por parte de la presidente de la Nación se impuso un mínimo de justicia con el plan “Gas para todos”. Se trata de un programa limitado que permite que algunos ciudadanos de nuestra región que consumen gas envasado paguen 16 pesos por 10 kilogramos de GLP. El resto, por tratarse de un plan limitado, no tenemos subsidio.
Mediante diferentes proyectos presentados planteamos la necesidad de un criterio más federal en la distribución; no ya en este presupuesto, pero sí en la consideración política de la elaboración de los próximos, e incluso en alguna ley, pretendemos que se incluya en tales planes a los ciudadanos de nuestra región. A modo de ejemplo, señalo que quienes consumimos cilindros de 45 kilogramos, por cada uno de ellos pagamos 240 pesos.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Tunessi.- Señor presidente: quisiera que se pudiera comprender y aceptar el esfuerzo que estamos haciendo. No se trata de una chicana ni del interés en demorar la votación o complicar la sanción del proyecto de ley de presupuesto. Pediría que tratáramos de escucharnos, de entendernos.
Hemos hecho un esfuerzo notable para llegar a este recinto, en un trámite parlamentario muy complejo, muy arduo, con múltiples iniciativas; y los diputados de un partido nacional como el nuestro tienen derecho a expresarse, porque cuando vuelvan a sus provincias deberán justificar su posición...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Tunessi.- Como inveteradamente ha sucedido en la Cámara, existe tradición y antecedentes –se lo digo de muy buena manera y con todo respeto, señor presidente‑ de que los partidos nacionales siempre han podido fundar su posición política, por ejemplo, mediante una disidencia total, como hemos firmado el dictamen de mayoría. Y se puede fundamentar en particular; el Congreso se compone de diputados por las provincias, señor presidente. Debería recordarlo. Ése ha sido el sentido de nuestra preocupación.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: he solicitado la palabra para ayudar a acelerar la sesión. Entiendo lo que ha dicho el señor diputado Tunessi, pero viendo la dinámica que se quiere imprimir a la sesión, y que no se va a producir ninguna modificación, cuando se autoricen las inserciones solicitadas por los señores diputados propongo que también se posibilite insertar las vinculadas con el tratamiento en particular. De esta forma los señores diputados podrán dejar sentada su posición y difundirla en sus provincias.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr. Buryaile.- Señor presidente: para aclarar el sentido de mi voto en los artículos 66 y 67: voto por la afirmativa por el proyecto GASNEA, porque más allá de las discrepancias legislativas que podamos tener en relación con este proyecto, quiero dejar en claro que es de vital importancia para nosotros.
Sr. Presidente (Domínguez).- Ha quedado debidamente registrada su posición, señor diputado.
En consideración el capítulo X, que comprende los artículos 74 y 75.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el título II, que comprende el artículo 76.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el Título III, que incluye los artículos 77 y 78.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 79 es de forma.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos prolongados.)
Se comunicará al Honorable Senado.
- 5 -
- 6 -
prórroga de la ley 26.204 de emergencia económica
aquí orden del día nº3
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013 la vigencia de la ley 26.204 de emergencia económica.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 240 señores diputados presentes, 139 han votado por la afirmativa y 100 por la negativa.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 138 votos afirmativos y 100 negativos.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Domínguez).- La votación resulta afirmativa en general.
Ha quedado constancia del voto afirmativo del señor diputado Pais.
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en particular el artículo 1°.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Giubergia.- Señor presidente: voy a sostener lo que alguien dijera hace tiempo en la Cámara de Senadores: no quiero dejar más mi vida, mi patrimonio y el del resto de los argentinos en manos de un funcionario que decida sobre estas cosas, porque ya sabemos cómo ha sido la historia.
Por ello voy a solicitar que el artículo 1° diga: “Derogase la vigencia de la ley 26.204, prorrogada por sus similares 26.339, 26.456 y 26.563.”
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Feletti.- Señor presidente: la comisión no acepta modificaciones.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 1°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones se vota y aprueba el artículo 2°.
- El artículo 3° es de forma.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 7 -
IMPUESTOS SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y ADICIONAL DE EMERGENCIA SOBRE EL PRECIO FINAL DE VENTA DE CIGARRILLOS
AQUÍ VOTACIÓN DEL DÍA Nº4
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013 la vigencia del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias y hasta el 31 de diciembre de 2012 el impuesto adicional sobre el precio final de venta de cigarrillos.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 237 señores diputados presentes, 178 han votado por la afirmativa y 58 por la negativa.
Sr. Secretario (Bozzano).- Han votado 178 señores diputados por la afirmativa y 58 por la negativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez). Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr. Pérez.- Señor presidente: ante todo quiero aclarar que yo pedí autorización para hacer uso de la palabra antes de que se votara. Propongo una modificación al artículo 1° del dictamen de mayoría para que quede redactado de la siguiente manera: “Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2013 inclusive la vigencia de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6° de la ley 25.413 y sus modificaciones.”
Fundamento esta solicitud en mi intervención anterior referida a este impuesto.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda registrada su posición, señor diputado.
En consideración el título II, artículo 2°.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Giubergia.- Señor presidente: propongo la siguiente redacción para el artículo en consideración: “Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2013 inclusive la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos establecido por la ley 24.625 y su modificatoria.
“Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 1° de la ley 24.625 la alícuota del 21 por ciento por la alícuota del 7 por ciento.
“Artículo 2°: Derógase el artículo 9° de la ley 25.239.”
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Thomas.- Señor presidente: queríamos proponer la modificación del artículo 1° antes de la votación, pero esto no fue posible. La opinión del diputado Pérez es la del Bloque Frente Peronista.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Feletti.- Señor presidente: no se aceptan modificaciones al despacho de mayoría.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en particular el artículo 2º.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 3º y 4º.
- El artículo 5º es de forma.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 8 -
- 9 -
modificación del artículo 23 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias
AQUÍ ORDEN DEL DÍA Nº5
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre modificación del artículo 23 de la ley de impuestos a las ganancias.
Tiene la palabra el señor diputado por Ciudad de Buenos Aires.
Sr. De Prat Gay.- Señor presidente: quiero aclarar el sentido de nuestro voto. Nosotros tenemos un dictamen que no va a contar con la mayoría de los votos. Por lo tanto, en general vamos a votar por la negativa pero vamos a apoyar los primeros tres artículos durante la votación en particular.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Álvarez.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical tiene un dictamen alternativo. No obstante eso, atento a que está en consideración el dictamen de la mayoría, consideramos inadmisible el artículo 4º de este proyecto de ley que estamos tratando.
En el Orden del Día 1.133 existe un dictamen de minoría firmado por los diputados Pais, Heller y Pérez en donde se plantea una cláusula de actualización del mínimo no imponible. Por lo tanto, solicitamos que dicha cláusula sea incorporada en lugar del artículo 4º, de manera tal que el mínimo no imponible sea actualizado por un índice razonable.
El artículo 4º quedaría redactado de la siguiente manera: “Sustituir...”
Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado Álvarez: todavía no se ha votado en general.
Sr. Álvarez.- Estoy planteando esta cuestión porque después nos dicen que no tenemos derecho a hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (Domínguez).- Durante la consideración en particular va a poder hablar, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Triaca.- Señor presidente: en el mismo sentido vamos a acompañar en general el dictamen de la mayoría, pero vamos a pedir una modificación al artículo 4º.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar en general en forma nominal.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 238 señores diputados presentes, 168 han votado por la afirmativa y 46 por la negativa, registrándose además 23 abstenciones.
Sr. Secretario (Bozzano).- Afirmativos, 168. Negativos, 46.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda aprobado en general.
En consideración en particular el artículo 1º.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 2º y 3º.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 4º.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Amadeo.- Señor presidente: el Frente Peronista va a votar negativamente el artículo 4º.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Triaca.- Señor presidente: nosotros no vamos a acompañar el artículo 4º del dictamen de mayoría. El interbloque Propuesta Federal pretende modificar ese artículo y adecuarlo al coeficiente de variación salarial.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por La Rioja.
Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Señor presidente: quiero profundizar lo que anticipó mi colega de bloque, el señor diputado Alvarez, con respecto a nuestra oposición al artículo 4º en virtud de que está vulnerando una cláusula constitucional. Luego de la reforma constitucional de 1994, el artículo 76 prohíbe expresamente delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo. Entendemos que con la redacción de este artículo se está vulnerando esa cláusula constitucional, cosa que nosotros como diputados no podemos avalar, porque al asumir nuestro cargo hemos jurado respetar la Constitución Nacional.
Por eso pedimos que se rechace la redacción del dictamen de mayoría y se establezca un criterio de previsibilidad, proporcionalidad y progresividad fiscal para que no quedemos librados a la voluntad del Poder Ejecutivo en esta cuestión.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lozano.- Señor presidente: simplemente quiero dejar constancia de que nuestro interbloque se abstuvo en la votación en general. Obviamente, no tenemos ningún inconveniente en convalidar las resoluciones de la AFIP en materia de mínimo no imponible, pero vamos a votar en contra del artículo 4º ya que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de fijación de este mínimo.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. De Prat Gay.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración en el mismo sentido. Nosotros estamos en contra del artículo 4º por los argumentos ya planteados y en nuestro dictamen –que no se llegará a votar‑ tenemos una propuesta en el mismo sentido que la expresada por los señores diputados Triaca y Alvarez, que todavía no ha sido considerada por el miembro informante. La propuesta consiste en ajustar de manera automática los distintos parámetros en función de un índice de salarios que publica el INDEC.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Alvarez.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical no apoyó los artículos 1º y 2º; primero, porque tenemos nuestro dictamen de minoría, y segundo, porque los valores que habíamos fijado en el dictamen contenido en el Orden del Día N° 1.133 del 23 de septiembre de 2010 eran superiores a los establecidos por la AFIP.
Con respecto al artículo 4º, es inaceptable delegar facultades a la presidenta de la Nación, fundamentalmente cuando se trata del tema impositivo. Por eso proponemos que ese artículo sea reemplazado por uno similar al presentado por diputados de otros bloques. Puntualmente, nuestra propuesta dice: “Sustituir el tercer párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. decreto 649/98 y sus modificaciones) por el siguiente texto: Los importes a que se refiere el artículo 23 serán actualizados anualmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos conforme la variación experimentada por el Índice de Salarios Básicos de Convenio de la Industria y la Construcción elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante el año de que se trate y regirá para el ejercicio fiscal del año siguiente”.
Asimismo, proponemos la incorporación del siguiente artículo: “Las disposiciones del artículo 2º serán de aplicación a partir del 1º de enero de 2012, debiendo la Administración Federal de Ingresos Públicos actualizar los importes previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. decreto 649/97 y sus modificaciones) conforme la variación experimentada por lo especificado durante el año 2011.
Solicito que la votación sea nominal.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Parada.- Señor presidente: quiero dejar sentada mi abstención en la votación en general.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
Sra. Fadul.- Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo al artículo 4°.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Ciudad de Buenos Aires.
Sra. Bullrich.- Señor presidente: para que cada uno no tenga que plantear cómo va a ser su voto, sería mejor que la votación se haga en forma nominal, lo que dará más claridad a la cuestión.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Thomas.- Señor Presidente: solicito que la votación sea nominal.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Cardelli.- Señor Presidente: igualmente, solicito que la votación sea nominal.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
Sr. Yoma.- Señor Presidente: en reiteradas oportunidades en este debate he escuchado que se cuestionaba la constitucionalidad del artículo 4° de esta ley en consideración.
Después de la reforma de 1994, quiero citar dos antecedentes de cesión de facultades en materia impositiva por parte del Congreso. Uno es la reforma de la ley 24.631 que es la reforma al Impuesto al Valor Agregado de 1996, donde se estableció un tope del 21 por ciento de la alícuota y se facultó al Poder Ejecutivo a reducirla hasta el 10 por ciento. Esta es una delegación de materia impositiva.
El otro antecedente más cercano en el gobierno de la Alianza fue la llamada ley de competitividad. Se estableció también una delegación en materia impositiva para que puedan establecerse exenciones o eliminar exenciones de impuestos.
Luego el Senado propuso la derogación de esa facultad que se había otorgado al gobierno de la Alianza, ya que lo primero que hizo fue establecer una exención impositiva a los fabricantes de pieles y de joyas. Como se usó mal esa facultad se derogó esa delegación legislativa. Pero hay suficientes antecedentes.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¿Qué dice la comisión?
Sr. Feletti.- No se aceptan modificaciones.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.- Señor Presidente: teniendo en cuenta que el señor diputado Yoma salió con una refutación, simplemente le contesto que hay antecedentes de sobra respecto del principio de legalidad tributaria y le invito a leer los fallos de la Corte Suprema de Justicia.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 237 señores diputados presentes, 138 han votado por la afirmativa y 97 por la negativa. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 138 votos afirmativos y 97 negativos. (Aplausos.)
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Domínguez).- El artículo 5° es de forma.
Se comunicará al Honorable Senado.
- 10 -
prórroga de la ley 25.561 de exportación de hidrocarburos
aquí orden del día n°2
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar en general en forma nominal el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se prorroga por cinco años el derecho a la exportación de hidrocarburos creado por la ley 25.561, prorrogado por la ley 26.217.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 233 señores diputados presentes, 182 han votado por la afirmativa y 45 por la negativa, registrándose además 5 abstenciones.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 182 votos por la afirmativa y 45 por la negativa. (Aplausos.)
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en particular el artículo 1º.
Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
Sr. Martínez (J.C.).- Señor presidente, señores legisladores: si tuviéramos que ceñirnos a un estricto espíritu histórico de lo que ha representado para el desarrollo nacional el tema de los hidrocarburos, la Unión Cívica Radical debería haber rechazado in limine la prórroga por cinco años que establece el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.
El bloque ha querido obrar dentro de la racionalidad que siempre se le pide y que no tienen con nosotros cuando otros son oposición, y ha presentado un dictamen de minoría. Por lo tanto quiero apelar a la posibilidad de que en el artículo 1º del dictamen de mayoría que estamos considerando solamente se establezca un plazo de un año y no de cinco años, como dice el proyecto del Poder Ejecutivo.
He escuchado desde las 13 y 5 a cada uno de los señores legisladores, entre ellos al presidente de la bancada del Frente para la Victoria. Quiero creerle que van a involucrarse en las cuestiones del Estado. Si yo dijera hoy que este proyecto está bien ‑como lo ha dicho la bancada de la Unión Cívica Radical, que tiene un proyecto alternativo‑, prorrogar por cinco años nada menos que el derecho a la exportación estaría suponiendo que el justicialismo nacional y popular no va a encarar en los próximos cuatro años la discusión de la renta petrolera.
Por lo tanto, confiando en la recuperación de la presencia del Estado yo creo que el oficialismo debería apoyar esta prórroga solamente por un año –como lo hemos establecido para que no haya desfinanciación‑ a los efectos de que durante los próximos tres años vuelva a discutirse en esta Cámara la base esencial del desarrollo nacional. Recordemos que en la época peronista de Carlos Saúl Menem fue privatizada la empresa creada por Hipólito Yrigoyen para todos los argentinos.
Propongo que en vez de un año sean cinco… (Risas.) Perdón, decía que propongo que en vez de cinco años sea uno…
Sr. Presidente (Domínguez).- Por favor, señores diputados, guarden silencio.
Sr. Martínez (J.C.).- Seguramente muchos de los que se rieron también lo hicieron la noche que privatizaron el gas y el petróleo.
Además, señor presidente, el destino de los fondos debe ser como lo establece nuestro proyecto, no para cubrir el déficit fiscal, como dice vergonzosamente el dictamen que está en consideración...
Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia solicita al señor diputado que se ciña al artículo 1º.
Sr. Martínez (J.C.).- Es decir, para energía renovable, como dice el inciso b) del dictamen de minoría de nuestra bancada.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Feletti.- Señor presidente: no se aceptan modificaciones.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º y 3º.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 4º.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.
Sr. Costa.- Señor presidente: con respecto a este artículo queremos proponer el siguiente texto: “Para el pago de las regalías hidrocarburíferas se tomará en cuenta el valor del precio internacional conforme su calidad sin considerar el descuento por retenciones. Idéntico parámetro se tendrá en cuenta para el pago de las regalías respecto a las ventas en el mercado interno.”
Este artículo es de suma importancia para cada una de las provincias hidrocarburíferas porque hoy la liquidación de esas regalías se está haciendo a 59 dólares y no al valor real, y estamos hablando de recursos no renovables.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Feletti.- No se aceptan modificaciones, señor presidente.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 4°.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 5° es de forma.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.
Hemos terminado el temario previsto para el día de hoy y queremos pedir un cuarto intermedio para mañana a las 11, pero solicitando el adelantamiento de un tema. Pedimos que mañana se trate en primer término la declaración de interés público de la fabricación, distribución y venta de pasta de celulosa, habida cuenta de que estamos trabajando, a través del presidente de la Comisión de Legislación Penal, para encontrar mayores niveles de consenso con los tres temas que tienen como cabecera dicha comisión.
Todos me manifestaron su acuerdo y por eso quería transmitir esto: que mañana empezamos a las 11 y el primer tema es el que hice referencia recientemente.
- 11 -
MOCIÓN DE ORDEN
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor presidente: hablé con la mayoría de los presidentes de bloque, no alcancé a hacerlo con todos.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Gil Lavedra.- Señor presidente: no tenemos inconveniente en cambiar el orden de tratamiento de un tema si esto favorece la posibilidad de llegar a un acuerdo en los otros. Pero solicito que mañana la sesión empiece a las 12 y no a las 11.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Thomas.- Señor presidente: deseo apoyar la propuesta del señor diputado Rossi, pero solicitamos que la sesión se realice a las 11, como habíamos quedado, ya que arreglamos todo para ese horario.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor presidente: pido disculpas si esta información ya la conocen todos, pero quisiera saber si se va a reunir nuevamente la Comisión de Labor Parlamentaria o si la reunión que ya se realizó involucraba a todos los temas que se iban a tratar en estos días.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Tunessi.- Señor presidente: quiero explicar el motivo de por qué estamos solicitando la postergación de una hora. Tenemos que reunir a nuestro bloque para discutir temas que se van a considerar. Tenemos citado al bloque y por eso necesitamos una hora más. Queremos discutir temas muy importantes, cuyo tratamiento ha sido muy acelerado.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor presidente: no tenemos problema en que la sesión comience mañana a las 12.
Sr. Presidente (Domínguez).- Así se hará, señor diputado.
La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados.
-Asentimiento.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se harán las inserciones solicitadas.
Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 12.
- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 21 y 45.
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