FONDO DE DESENDEUDAMIENTO ARGENTINO

Período 128º - Reunión 4º - 2º Sesión Ordinaria (Especial) - 13 de abril de 2010

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los trece días del mes de abril de 2010, a la hora 15 y 36:

fondo de desendeudamiento argentino
(Continuación)


Sr. Presidente (Fellner).- Corresponde considerar la comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros que informa sobre el dictado del decreto de necesidad y urgencia 298/2010, por el cual se crea el Fondo de Desendeudamiento Argentino (expediente 3-J.G.M.-2010).



aquí expediente 3-J.G.M.-2010

COMUNICACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

QUE INFORMA SOBRE EL DICTADO DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 298/2010 POR EL CUAL SE CREA EL FONDO DE DESENDEUDAMIENTO ARGENTINO.







Sr. Presidente (Fellner).- En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Lanceta.- Señor presidente: es un tanto extraño pero felizmente vamos a tratar, y este pleno resolverá, el rechazo por invalidez o la aceptación por la validez del famoso decreto de necesidad y urgencia 298/2010, a nuestro juicio espejo del 2.010/2009 oportunamente derogado y luego rechazado.

El señor presidente recordará que ya habíamos empezado con este tema y tuve que interrumpir Las Catilinarias de Cicerón a las que estaba haciendo referencia. Pero se ha modificado el escenario; desde el punto de vista institucional este es casi un leading case parlamentario. Por primera vez desde que se reformó la Constitución Nacional en 1994 y el artículo 99, inciso 3 trató con puntillosidad la prohibición legisferante del Poder Ejecutivo, dando datos excepcionalísimos según los cuales en circunstancias de necesidad y urgencia podía abocarse al tratamiento de algunos temas.

Según nuestros tribunales esta necesidad y urgencia tiene que ver con situaciones que podrían ser de guerra o de catástrofe. A Dios gracias no vivimos circunstancias de guerras ni de catástrofes, pero el decreto igual fue dictado.

Además esto tuvo el agravante de que fue anunciado y dictado el día en que la señora presidenta de la Nación abría el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. No sólo no había necesidad y urgencia sino que estaba reunido el pleno de ambas Cámaras en este recinto escuchando cómo nos decían que el Congreso iba a ser eludido dentro de lo posible.

A nuestro juicio son decisiones legisferantes atípicas, impropias y elusivas del Congreso, por lo cual son decididamente inválidas, y más allá del núcleo central de la cuestión de que se trate por sí mismas son inválidas.

Sostengo que estamos ante un leading case parlamentario porque hasta ahora los DNU habían sido tratados por la Comisión Bicameral correspondiente y luego sus despachos remitidos al pleno de los cuerpos. Hasta donde yo sé, por primera vez vamos a tratar –encomillándolo‑ el avocamiento al pleno del tratamiento del DNU 298/2010. Esto es porque resulta operativa la reglamentación que comienza en la propia Constitución de la Nación Argentina cuando habla de la celeridad y de los plazos que son preclusivos, lo cual reglamenta la ley 26.122.

La ley 26.122 dice con claridad: “…vencido el plazo del artículo anterior…”, y ese artículo anterior es el 19, que dispone que el jefe de Gabinete de Ministros tiene diez días –son corridos, no hábiles‑ para traer a las Cámaras el decreto del necesidad y urgencia, y luego de esetiempo la comisión respectiva tiene quince días hábiles para expedirse. Si no se expidiera, la comisión bicameral tiene que elevar a las cámaras el DNU para su expreso e inmediato tratamiento en los términos de los artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.

Es decir que esta ley reglamentaria, complementaria de la reglamentación por una manda constitucional, nos está pidiendo celeridad en los plazos. Habla de la inmediatez, es decir, de lo inmediato, y es una verdad de Perogrullo que no existen mediaciones ni dilaciones. Es ahora, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Todos los plazos para que el cuerpo se expida son rápidos y preclusivos. Cualquier otra dilación significaría una nueva, lisa y llana violación de la Constitución Nacional. Más allá de los reparos que tenemos, la ley 26.122, que está siendo sometida ausente debate y tiene despacho de las comisiones, es la que nos rige.

Por estas razones, este cuerpo tiene la obligación –no el derecho‑, y la estamos cumpliendo, de avocarse al tratamiento inmediato del decreto 298/2010.

Resulta absurdo continuar discutiendo estos decretos que ya han sido meneados públicamente, respecto de los cuales la ciudadanía poco sabe, y si sabe, poco le interesa, y tenemos que ver si de una vez por todas podemos superar este obstáculo y después de cuatro extenuantes meses salir de este lodazal alimentado por el oficialismo y ponernos a tratar los temas que la sociedad nos está demandando. Nos reclama racionalidad, nos pide acuerdos, y cuando digo “acuerdos” no me refiero a contubernios. Nos reclama consenso, pero nos reclama que hagamos esto en función de lo que es la demanda colectiva de políticas de Estado sobre determinados temas.

Señor presidente: la sociedad nos está pidiendo que miremos la realidad de la vida socioeconómica de los argentinos, que no está bien. Reitero, no está bien. La sociedad nos reclama que sinceremos las estadísticas porque no cree que la inflación sea la que dice el gobierno que es pero no es. La sociedad nos reclama seguridad, y para hablar de seguridad también hay que hablar de justicia¸ y para hablar de justicia en el sentido lato de la palabra, tenemos que hablar de una Justicia independiente. Es decir, la ciudadanía nos reclama más República.

Entonces, cuando nos vayamos poniendo de acuerdo sobre estos temas centrales ‑como el Consejo de la Magistratura, la modificación de la ley que reglamenta este tipo de decretos‑, cuando decidamos si intervenimos el INDEC o qué hacemos ‑pues hay proyectos muy variados para discutir y analizar‑ y cuando hablemos sobre los temas que le interesan a la gente, vamos a recuperar el valor de la democracia y el valor que tiene el Congreso para la democracia y para cada ciudadano.

Nosotros proponemos el rechazo de este DNU, pues las razones que apunté, independientemente de la materia en análisis, sólo ameritan su rechazo. Pero la disponibilidad de las reservas para pasar al Tesoro Nacional y afrontar

cualquier tipo de proyecto que fuere, necesita indudable e inexorablemente de la participación del Congreso de la Nación. En materia tributaria le está expresamente prohibido al Poder Ejecutivo, por el mismo artículo 99, legisferar mediante el dictado de un DNU. Además, la materia tributaria tiene que ver con una cuestión central: el aporte de la ciudadanía para solventar el financiamiento del Estado.

Las reservas no son de nadie en particular, sino de todos los argentinos. No por casualidad las reservas son las que son a lo largo de la historia: a veces más, a veces menos. Constituye una política de Estado decidir qué se hace con las reservas.

Si está prohibido disponer de una norma tributaria que fije una alícuota equis e ínfima mediante el dictado de un DNU, ¿a quién se le ocurre que el Poder Ejecutivo va a estar habilitado para ello mediante una maniobra elusiva para disponer de 6 mil y pico de millones de dólares? Es absolutamente improcedente.

Existe todo tipo de opiniones en ese aspecto, desde el oficialismo a la oposición. Están quienes piensan que las reservas son intocables; hay quienes piensan que las reservas se podrían disponer en alguna porción para determinados objetivos. Se trata de la discusión de fondo que habrá que darle a la gente.

Lo que hay que hacer, que lo trataremos al final, es ver qué tenemos los argentinos en materia presupuestaria. Se trata de la hoja de ruta de cualquier gobierno, y se relaciona con el presupuesto nacional y el cálculo de ingresos, porque de la situación pronosticada a la actual, van a existir quince puntos de diferencia. Se trata de mucho dinero. Es el impuesto inflacionario que va a percibir el Estado sobre la base de los sectores de ingresos fijos de la Argentina, o sea, de nuestros desposeídos.

Hay que ver cómo se reasignan los gastos de la República. Quizás en un momento sea necesario discutir un fondo de garantías para poder afrontar los servicios de la deuda, si es que hay que pagar servicios de la deuda. Generalmente las deudas no se pagan. También se ha dicho que pagamos intereses caros. Pero no es cierto que los intereses caros que pagamos surgen del default de donde provenimos.

Hemos visto cómo financiamos tasas del 7 por ciento durante el gobierno de Kirchner en algún momento, y la verdad es que todo ocurrió antes del 2007. Fíjense que antes de que hiciéramos pedazos el INDEC y rompiéramos con la credibilidad absoluta de la Nación, pagábamos tasas razonables. Ahora pagamos tasas insoportables, porque nos presta Chávez muy caro, porque no tenemos acceso a los mercados, y porque no somos creíbles mientras no tengamos seguridad jurídica.

Habilitar el pago con reservas así como así, mediante el dictado de un DNU, es lo mismo que sacarle la red a un trapecista de alto riesgo del circo más encumbrado del planeta. Es como tirarse a la pileta sin saber si existe agua. De ninguna manera podemos habilitar esta cuestión.

Para terminar, debo decir que al fin y al cabo esta oposición pudo traer este tema al recinto en unasesión especial, juntar el número suficiente de diputados para habilitar la sesión, y poder decir a la República que por fin los diputados sesionamos, que cumplimos el mandato de junio que nos indicó por diversas formas y alternativas poner límites a un gobierno que parecía no tenerlos. Reitero: estamos cumpliendo con un mandato popular.

Sé que el oficialismo como tal defiende algunas cuestiones, y es respetable que así sea. Ya nos tocará a nosotros, Dios mediante, en el año 2011.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Lanceta.- Gracias por la consideración colectiva. Así será.

Finalmente, con las mismas Catilinarias de Cicerón con que empecé mi discurso, pregunto: ¿Hasta cuándo Catilina abusarás de nuestra paciencia? ¿Cuánto tiempo más jugarás con nosotros esta locura tuya? ¿A qué límites llegará tu audacia desenfrenada? La audacia tiene un límite, señor presidente. Nuestra misión real es limitar la audacia en beneficio del pueblo de la Nación Argentina. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.



Sra. Conti.- Señor presidente: hablando de audacias, varias no se dan en este recinto y muchas están en cabeza de la señora presidenta de la Nación Argentina. Con audacia mejora día a día el bienestar de nuestro pueblo, y no vamos a ir al ajuste por más que ustedes se opongan. El pueblo nos va a apoyar en nuestra trayectoria. (Aplausos.)

No es un leading case por audacia este avocamiento que no está en nuestra cabeza cuestionar. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, creada por audacia de Cristina Fernández de Kirchner por la ley 26.122 en el año 2006, luego de una mora para nada audaz de este Congreso de la Nación que no cumplió con la manda constitucional, emitió desde su creación 65 dictámenes. Además, se dedicó a la tarea de dictaminar respecto de decretos emanados de gobiernos anteriores a 1994. Muchos de ellos corresponden a los radicales, y los integrantes de la comisión prefirieron no acompañarlos porque, en general, se trataba de decretos que cercenaban derechos, sobre todo, de carácter patrimonial. Entonces, no querían pasar vergüenza en este recinto recordando las actividades de sus correligionarios cuando estaban en el lugar de Cristina Fernández de Kirchner.

De esos 65 dictámenes que emitió la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo la Cámara de Diputados trató 59 y el Senado 34. Ningún integrante de esta Cámara ni del Senado requirió abocarse al tratamiento de esos dictámenes. Sólo ahora, y a partir del verano –creo que nuestra ciudadanía se está dando cuenta por qué‑ hay un fanatismo sin límites para impedir medidas de gobierno de rango constitucional.

No fue la democracia la que creó inseguridad jurídica inventando los decretos de necesidad y urgencia.Ellos existieron siempre en nuestro país, y hasta el Plan Conintes, diseñado para la persecución política y para generar extravío y locura, se hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia. Así que no nos rasguemos las vestiduras ahora.

El decreto 298 que creó el Fondo de Desendeudamiento Argentino, y a su vez la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de los Pagos de la Deuda, fue dictado por el Poder Ejecutivo tomando en parte considerandos del decreto 2010, ya que fueron absolutamente válidos. Era imprescindible apuntalar el proceso de desendeudamiento y dar certeza en cuanto al cumplimiento que la República iba a hacer de las obligaciones contraídas.

El proceso de normalización de la deuda pública, que estaba en cesación de pagos, debía ser desmarañado allanando el camino para el cumplimiento de la ley 26.547 a efectos de permitir un mayor y mejor acceso al financiamiento tanto para el sector público como también para el sector privado, dado que el proceso de endeudamiento, el déficit fiscal crónico, el déficit comercial y las políticas de ajuste permanente que se impusieron en nuestro país fueron los factores determinantes de la declaración del default y sus consecuencias trágicas, que fue celebrado a fines de 2001 en este Parlamento de la Nación, todo lo cual provocó incertidumbres sobre la capacidad y voluntad de pago de la Argentina.

El decreto 2010 de 2009 fue así comprendido y recibido positivamente por los mercados impactando benéfica y rápidamente en la disminución del llamado riesgo país, la disminución de las tasas y el fortalecimiento del valor de los bonos argentinos. Estos efectos benéficos se fueron esfumando en función de una judicialización que paralizó la puesta en marcha de ese fondo.

Los considerandos del decreto 298 que estamos tratando ahora agregan cuadros que denotan la volatilidad que actualmente atraviesan los mercados. El 30 de junio de 2009 el riesgo país estaba en 1.062 puntos, el 31 de diciembre con el decreto del fondo del bicentenario, bajó a 660 y el 24 de febrero de este año, por efecto de la judicialización, volvió a subir a 826.

Si analizáramos el cuadro de los Boden y de los discount en pesos veríamos los nocivos efectos de esa judicialización y de esta actitud de ustedes en esta Cámara en este momento, que dicen celebrar con felicidad. Pobres si esto es lo que les da felicidad: ya el pueblo se va a encargar de hacerlos cargo de la angustia que esto pueda provocar.

La judicialización de la política no es gratuita y provocó daños a los intereses del país. La actitud que ustedes están festejando hoy produce idéntico daño en momentos en que nuestro Poder Ejecutivo nacional está en Washington próximo a anunciar el canje de la deuda.

Anoche estaba viendo un programa de televisión en el que se pedía responsabilidad política y no escuché de la otra parte más que atajos conservadores y neoliberales que ya mostraron en nuestro país recetas que pauperizaron a nuestro pueblo.

Si don Raúl despertara moriría de nuevo al escuchar a algunos de sus correligionarios.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Conti.- Además de lo nefasto de la judicializacióny de la actividad opositora desestabilizante, egoísta, elitista, egocéntrica e individualista, otros acontecimientos sumaron elementos contundentes, como el debilitamiento de la llamada zona del Euro y, en particular, las vicisitudes atravesadas por economías como las de Portugal, Italia, Grecia y España, además del reciente alerta formulado por el titular del Fondo Monetario Internacional respecto al riesgo de burbujas, que podrían detonar en países emergentes y causar una nueva debacle. Estas situaciones muestran en forma notoria que es necesario actuar con urgencia para evitar contagios indeseables.

El exceso de reservas internacionales surge como una fuente de recursos que, de ser aprovechados estratégicamente, podrían promover el crecimiento e incrementar la competitividad de la economía mediante su utilización para profundizar el proceso de desendeudamiento.

El Poder Ejecutivo nacional consideró que, si estas acciones no se llevaran a cabo, se podrían constituir en un factor crucial que dificultaría el crecimiento de importantes sectores económicos en el mediano y largo plazo.

En este orden, así como resulta imperioso mantener la estabilidad monetaria y financiera –condición necesaria para el normal funcionamiento del mercado crediticio y el financiamiento del sector productivo- resulta necesario llevar adelante políticas activas que permitan aplicar los recursos disponibles para financiar el crecimiento económico, resaltando al mismo tiempo tanto la capacidad como la voluntad de pago que tiene la República respecto de sus compromisos.

Por ello se crea el Fondo de Desendeudamiento Argentino, cuyo objetivo es llevar adelante los pagos de la deuda pública que el Tesoro nacional mantiene con tenedores privados y que vencen en 2010. Se trata de 4.382 millones de dólares, que el Banco Central de la República Argentina le ha transferido al Tesoro nacional de las reservas de libre disponibilidad. Está y seguirá estando administrado por el Ministerio de Economía.

A su vez, el Banco Central recibió como contraprestación un instrumento de deuda emitido por el Tesoro nacional, que es parte de la autorización que hemos otorgado mediante el artículo 43 de la ley 26.546, de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2010. Es decir que el DNU en consideración complementa un artículo de una ley que sancionamos nosotros el año pasado.

Además, estando integrado el fondo con reservas de libre disponibilidad, su transferencia al Tesoro nacional no está alcanzada por la prohibición contenida en el inciso a) del artículo 19 o por el artículo 20, ambos de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Es imprescindible subrayar que el uso de estas reservas no tiene impacto en el diseño de la política monetaria, regido por el artículo 3º de la Carta Orgánica.

Para asegurar la transparencia de la instrumentación del Fondo de Desendeudamiento Argentino, el Poder Ejecutivo también propone en el decreto la creación, en el ámbito del Congreso, de una Comisión Bicameral Permanente para el seguimiento de los pagos de la deuda.

En el verano se reclamaba la existencia de esa comisión y la presidenta de la Nación, con los ministros que refrendaron el DNU, tomaron dicha propuesta, que partió del propio Congreso.

Por lo expuesto, las razones de necesidad y urgencia que fundamentan el uso de la potestadconstitucional legisferante del Poder Ejecutivo nacional ‑ya que no estamos en las materias prohibidas para que el Ejecutivo haga uso de esta facultad‑ surgen de lo dicho.

Además quiero recordar que en los sesenta y cinco dictámenes que emitió la comisión bicameral permanente, tanto del oficialismo como de la oposición, se ha reconocido que en los decretos de necesidad y urgencia, la necesidad y la urgencia las meritúa el Poder Ejecutivo, así como en las leyes de emergencia, la emergencia –que no es necesidad y urgencia sino otra cosa‑ la meritúa el Congreso y el Ejecutivo no puede avasallarla.

Dicho esto, vamos a proponer –como lo hicimos en otras ocasiones‑ que el decreto por el cual se crea el Fondo de Desendeudamiento Argentino sea aprobado por este Congreso, haciendo honor al sentido patriótico que todos tienen ‑estoy segura‑ en el fondo de su corazón, aunque a muchos les cueste mostrarlo. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Solá.- Señor presidente: en nombre del bloque del Peronismo Federal, propongo el rechazo del decreto de necesidad y urgencia 298/2010 que hoy nos ocupa, después de demasiados días en los cuales la mayoría de la oposición intentó trabajar y hacer oír su voz, lo que fue impedido, en cada caso, por artimañas.

Yo no voy a invocar a “Catalina”, porque en realidad era “Catilina”. “Katalina” es la perra que dicen que le regalé a la presidenta Cristina Kirchner –fíjense la casualidad‑, pero se escribe con “K”; tiene papeles.

Voy a decir algo que me parece más sencillo. Es absolutamente cierto que tenemos derecho a avocarnos porque está clarísimo que la fundamentación constitucional y legal así nos lo indican.

Me pregunto por qué llegamos a este martes 13; por qué llegamos a tener que trabajar como si fuera una cuestión de extrema urgencia sobre algo que debimos resolver hace tiempo; por qué nos pasamos el verano pidiendo sesiones extraordinarias a la señora presidenta ‑pedidos que nunca contestó‑; por qué tuvimos un verano en el cual la gente no pudo descansar ni estar tranquila porque el Gobierno con sus medidas no se lo permitió.

También me pregunto por qué se esperó cuatro días después de que asumiera el nuevo Parlamento ‑pero ya en el período de sesiones extraordinarias‑ para sacar el primer decreto de necesidad y urgencia de 2010.

Pregunto además por qué el año pasado se aprobó un presupuesto –no recuerdo si fue en noviembre o durante los primeros días de diciembre‑ que es absolutamente falso, tal vez no en cuanto a la intención que tenía sino a cuál va a ser el verdadero presupuesto que vamos a tener, y que además incurría en algunas falsedades sabiendo que las cosas no iban a ser como se planteaban. Por ejemplo, se planteaba un 6 por ciento de inflación y hoy sabemos que, con mucha suerte, tendremos una inflación de alrededor del 20 o 25 por ciento, si Dios quiere –y ojalá así lo quiera‑.

También nos preguntamos por qué en ese presupuesto se hablaba de un gap que se iba a suplir con un bono genérico, sin darle ninguna explicación adicional a la Cámara; total, no importaba. Y justamente una de las medidas para suplir parcialmente ese bono genérico iba a ser echar mano a las reservas.

¿Por qué no se dieron explicaciones? ¿Por qué no se discutió? ¿Por qué no se evitó un enorme mal rato para todos? ¿Por qué no se le evitó un enorme mal rato a la Argentina? ¿Por qué el gobierno insiste en ir por el camino más largo, más arduo, y generalmente más crispado, y no consigue de buena manera lo que es inseguro que necesite en mi opinión? Me refiero al monto de 4.400 millones de dólares a los que se refiere el decreto de necesidad yurgencia 298/2010. ¿Por qué el gobierno no deja que funcione el Congreso? ¿Por qué no permitió la realización de una sesión extraordinaria? ¿Cuál es el problema si es que se gobierna también, como dijo la diputada Diana Conti? ¿Cuál es el problema para admitir el debate? ¿Por qué se niega la inflación? ¿Por qué se discute sobre algo tan obvio? Todo esto es tan evidente que mencionarlo pareciera ser pecado, cuando en realidad todos estaríamos obligados a apoyar un plan antiinflacionario.

Si usted investigara –no tiene por qué hacerlo‑ qué ha ocurrido con la inflación y el crecimiento en varios países del mundo, observaría que en contra de lo que se dice hay una gran cantidad de países con baja inflación y buen crecimiento, incluso en Latinamérica. En este sentido, la Argentina se encamina tranquilamente, y sin debate, a convertirse en el tercer país con mayor inflación en el mundo durante 2010. Aclaro que para ello no hace falta que superemos el 25 por ciento de inflación.

Por esa razón los ingresos que se prevé en el presupuesto no son reales; los ingresos van a ser mayores. ¿Cuánto más? Aproximadamente 33 mil millones de pesos más si se calcula lo que se va a recaudar por mayor inflación y lo que el gobierno recibirá del Banco Central de la República Argentina por vía de las utilidades devengadas; esto podríamos denominarlo como superávit cuasifiscal o virtual.

Más allá del aumento en los ingresos por 33 mil millones de pesos –este cálculo es discutible, como cualquier otro‑, también existe el famoso bono gap, del que ya ha hablado hasta la propia señora presidenta. Hace unos días ella se refirió a ese bono en Olivos y dio una cifra de 55 mil millones de pesos. Este bono hace que las obligaciones que tiene el Estado argentino para 2010 –me refiero tanto a las obligaciones en moneda argentina como las obligaciones en dólares‑ no sean de 20 mil millones de dólares sino de algo más de 4 mil millones de la misma moneda. Esto es así porque se estima que el famoso bono gap representará 16 mil millones de dólares producto de los aportes que se van a recibir del sector público argentino ‑básicamente de la Anses‑, por la recompra y tenencia de títulos, por la recomposición automática de deuda intrasector público y por el financiamiento que recibirá del Banco Central de la República Argentina. Como pueden observar son recursos provenientes de distintas fuentes, sin dejar de mencionar lo que va a ingresar de los organismos internacionales. Obviamente, siempre se habla de lo que hay que pagar y de lo que se está pagando con reservas del Banco central, en este último caso en base a otro decreto de necesidad y urgencia, que no era necesario para llevar a cabo la operación.

Esas diversas fuentes representan 16 mil millones de dólares de alivio para las obligaciones que la Argentina tiene que afrontar durante el año 2010.

Con las obligaciones cubiertas de esa manera la cuenta financiera cerraría solamente con un superávit de 16 mil millones de pesos, lo cual representa el 0,8 por ciento del PBI. De esta manera se completaría el programa financiero para el año 2010.

Quiere decir que por subestimación de ingresos ypor mayores fuentes de financiamiento, lo que quiero decir es que si no hubiera DNU 298 no peligrarían los salarios ni todo el sistema previsional ni el gasto central del gobierno y ni siquiera programas no presupuestados, como la asignación básica por hijo de familia humilde.

No están en peligro esos fondos. No es cierto que estén en peligro, como dijo el gobierno nacional. Eso es casi un terrorismo barato. No están en peligro y el gobierno sabe que con el presupuesto así como está puede acomodar las cosas en la medida en que crezcan sus ingresos por inflación y en la medida en que esa cuenta financiera se vaya solucionado de esta manera.

Y si no están en peligro, ¿qué es lo que sí podría estar en peligro? Si no tuviera el gobierno los 4.400 millones de dólares, lo que estaría en peligro es lo que podríamos llamar el gasto discrecional en el margen del presupuesto total. Esos 4.400 millones serían en buena medida el gasto discrecional, al que se acostumbró el gobierno nacional durante todo este tiempo y que ahora tiene un contenido político muchísimo más duro y perverso que el que tenía antes.

Ese gasto discrecional sube cada vez más. Las provincias reciben cada vez más para gasto discrecional y menos en concepto de transferencias automáticas. Las provincias están abocadas a una problemática que todos conocemos, pero en los últimos quince años pasaron de tener el 33 por ciento del total del gasto primario consolidado ‑Nación más provincias- a tener el 41 por ciento. Es decir, gastan mucho más que la Nación porque tienen muchas más obligaciones que ella, y además, están mucho más endeudadas que la Nación.

Por otra parte, en el presupuesto del año pasado, en ese presupuesto falso, lo que no fue falso es que se les negó a las provincias la distribución que pedían del impuesto al cheque, pero en cambio, como dije la otra vez, como si se tratara de la administración española del siglo XVIII con sus colonias, se les permitió eludir la ley de disciplina fiscal y endeudarse más. Salgan a endeudarse más, al 18 o al 20 por ciento, que nosotros somos condescendientes y lo permitimos. Y que los pueblos de nuestras provincias, sobre todo las más perjudicadas y más endeudadas, se la banquen en salud.

Y que se la “banquen” también en educación, un ítem que requiere mayor inversión. No está bien la educación en la Argentina; no lo estaba antes, y requiere aumentar la inversión, aunque esto deberá hacerse con un buen debate previo.

Asimismo, se la bancan en menor seguridad. ¿O alguien cree que los menores presupuestos no inciden en la policía que se ocupa de la prevención del delito? No me refiero a la solución de los delitos ya cometidos, que sería la tarea de investigación, sino a la cantidad de policías, a su preparación física, a la preparación profesional y psíquica de esos miles de policías que faltan. Eso es muy evidente en mi provincia.

Entonces, aumenta el gasto, el envío de fondos discrecionales, aumenta el superávit de la ANSES, que lleva acumulados 45.000 millones de pesos entre 2003 y 2009. No ha devuelto nada y ha prorrogado todas las precoparticipaciones que vienen cediendo las provincias desde la década del 90 básicamente a raíz de la cuestión de la privatización de la previsión social.

Por esa cuestión las provincias han cedido el 15 por ciento de la masa coparticipable; el 10,3 por ciento del IVA; el 20 por ciento de ganancias; el 21 por ciento del impuesto a los combustibles, cuando se trata de la nafta, y el ciento por ciento en el caso de los demás combustibles; el 70 por ciento del monotributo, y el ciento por ciento del adicional del impuesto a los cigarrillos. Eso suma en un año 26.800 millones de pesos.

Está claro entonces quién se queda con la partedel león. Encima nos manda un DNU y estropea el verano de los argentinos. Tuvo que admitir que el primer DNU no correspondía y debió reanudar nuevamente el atropello con un segundo DNU.

El 1° de marzo se burla del Congreso cuando viene aquí a inaugurar las sesiones ordinarias y, para sorpresa de todos, anuncia el DNU 298, relativo al programa de desendeudamiento argentino.

Mientras tanto, hay negocios dentro y fuera del país. Los tenedores de bonos, los llamados holdouts argentinos o extranjeros están ávidos y resulta que todos tenemos que alegrarnos porque suben los bonos. Antes de alegrarse tanto, tal como lo plantea algún programa de televisión del canal estatal cuando suben los bonos, lo que habría que hacer es fijarse de quiénes son los bonos y quiénes los tienen.

Lo que habría que ver es quién sale ganando con la apertura a los holdouts. También habría que ver dónde está la avidez en este momento: la avidez está allí.

Entonces, ¿a quién le conviene el DNU? El DNU le conviene, primero, a un gobierno que quiere manejar discrecionalmente mucho dinero. Segundo, a quienes están dentro o fuera de la Argentina y son tenedores de bonos. Quieren tener la seguridad de cobrar, pero en 2005 no entraron en el canje, y entonces consiguieron que se rompiera la ley cerrojo. Esa era una ley sana –después de la del canje‑ y la aplaudimos en el 2005.

Entonces, la cuestión es política: ¿para quién trabajamos? ¿Para quién se nos pide que aprobemos el DNU? Por otra parte, ese DNU es nulo y de nulidad absoluta si tenemos en cuenta nuestro voto del día 17 de marzo pasado.



Sr. Rossi (A.O.).- Entonces, no tratemos esto ahora. Si es nulo, ¿para qué lo vamos a tratar? ¡No perdamos más tiempo!



Sr. Presidente (Fellner).- Por favor, diputado Rossi...



Sr. Solá.- Vamos a ver si lo tratamos o no, diputado Rossi. Discúlpeme, no quiero dialogar.



Sr. Presidente (Fellner).- Continúe, diputado Solá.



Sr. Solá.- Señor presidente: lo ocurrido desde el 14 de diciembre hasta ahora –que también ha sucedido especialmente en 2008 y 2009‑, la suma de desaguisados y las acusaciones de judicialización –éste ha sido un recurso de quienes pensaban de una manera y después pensaban de otra-, se podrían haber ahorrado perfectamente.

Finalmente, quiero pedir que nos sinceremos: no necesitan el decreto 298 y el fondo de desendeudamiento para cumplir con todas sus obligaciones. Lo necesitan porque hay elecciones y hace falta tener gasto político discrecional. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sra. Carrió.- Señor presidente: en primer lugar, quiero señalar que, para no perder la ilación del discurso, no voy a conceder interrupciones.

En segundo lugar, la Coalición Cívica va a ceñirse en esta primera intervención exclusivamente a lo que venimos a hacer en este momento: examinar la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia 298.

De acuerdo al inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional está claro que vencidos los plazos sin que la Comisión Bicameral se haya expedido –se expidió, pero fue judicializada‑ corresponde el inmediato tratamiento por parte del plenario de la Cámara ya que está en juego su competencia.

De modo que lo que todos venimos a examinar hoy es su validez y la de su contenido. Pero, en principio, lo primero que tiene que hacer el legislador -porque así lo manda el artículo 99- es examinar la validez del decreto en cuanto a que realmente exista necesidad y urgencia, no contenga materias prohibidas, etcétera.

¿Qué es lo que examinamos tanto en la Comisión Bicameral como en la Cámara cuando analizamos un decreto denecesidad y urgencia? ¿A qué conclusión podemos llegar? La validez o la invalidez; no hay otra forma porque en nuestra Carta Magna está establecido un régimen de nulidades. Voy a tratar de explicar esto porque a veces uno se encuentra ante debates más propios de compañeros de una clase de instrucción cívica que en un parlamento nacional.

¿Cuáles son las únicas tres nulidades constitucionales que figuran en la Constitución? Una pertenece a la Constitución de 1853, que sanciona con nulidad absoluta e insanable todos los actos de las legislaturas provinciales o del Congreso de la Nación que deleguen en cualquier Poder Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder público, por lo cual la vida, el honor o la libertad de los argentinos queden a merced de alguna persona. Es básicamente la vieja cláusula contra la dictadura que estaba establecida en la Constitución de 1853.

Advenida la democracia esta cláusula contra la dictadura fue usada en una declaración de nulidad de este Congreso de la Nación en relación con un tema mucho más complejo que el que estamos tratando ahora: la famosa declaración de nulidad de la ley de amnistía dictada por los militares, cuyo miembro informante fue Jorge Vanossi, fundamentando esta nulidad en el artículo 99 de la Constitución Nacional.

Al reformarse la Constitución en 1994 se establecieron dos nulidades más: la nulidad insanable del artículo 36, referida a quienes por acto de fuerza rompieran la división de poderes o usurparan funciones, y también de aquellos que se hayan enriquecido ilícitamente de una manera gravosa. Ese artículo 36 remite en la sanción de esos actos a la nulidad absoluta e insanable del artículo 29.

Pero también en el Núcleo de Coincidencias Básicas –yo no lo voté porque no estaba de acuerdo con la incorporación de los decretos de necesidad y urgencia ni con la legislación delegada, señalando que esto significaría la muerte del Estado de derecho y republicano por el exceso con el que se iban a usar‑ se estableció la sanción de nulidad absoluta e insanable para aquellos supuestos en que los decretos de necesidad y urgencia no se adscribieran a los requisitos de que hubiera efectivamente necesidad, de que la urgencia estuviera efectivamente demostrada, y de que se tratara de materia prohibida. Lo dice exactamente, no está fuera del orden jurídico, no es una construcción jus naturalista, está específicamente en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

¿Qué pasó después de eso en este Parlamento? Yo asumí como diputada nacional por el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995 y siempre ‑siendo oposición en 1995 y gobierno en 1999, lo cual me diferencia de algunos actuales miembros de la bancada oficialista que también pertenecían en ese entonces a la Alianza‑ presentamos proyectos ‑en este caso con Elisa Carca, que también formaba parte de ese bloque‑ en el sentido de la nulidad absoluta e insanable de los decretos.

En ese momento la ley no estaba reglamentada, pero nunca variamos de posición. No votamos ninguno de los decretos de necesidad y urgencia de la Alianza y tampoco votamos el megacanje, que además denunciamos penalmente siendo oficialistas. De modo tal que si hay una fuerza que desde el origen puede demostrar que pagó los costos es esta.

¿Qué pasó en este Parlamento? En el año 2003 se debatió un proyecto de la señora diputada Walsh. Con Marcela Rodríguez habíamos bajado al recinto durante varios años unos diecisiete o dieciocho diputados pidiendo la nulidad de las leyes de obediencia debida o de punto final, hasta que fueron tratados en una sesión. Aquí está el compañero de banca Díaz Bancalari, los dos éramos presidentes de bloque.

Así se trató en el Parlamento argentino la cuestión más compleja que se tuvo que decidir, que era la nulidad de una ley dictada por un Congreso en democracia y convalidada por la Corte Suprema de Justicia. Se tuvo que analizar si se podía llegar a ese extremo, donde había que argumentar en base a filosofía jurídica y derecho de gentes.

En esa ocasión el diputado Urtubey fue miembro informante del bloque oficialista y expresó que era perfectamente posible la nulidad absoluta e insanable de algo ciertamente discutible.

Yo también expuse como miembro informante, y en el fundamento de nuestro voto y en la inserción solicitada hacíamos mención a que esa decisión se podía adoptar sobre la base de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3.

Cuando el tema fue tratado en el Senado, el senador Yoma, entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo la misma tesis que nosotros; también la senadora Fernández de Kirchner sostuvo esa misma tesis, y asimismo la senadora Vilma Ibarra. Tengo aquí en mi carpeta sus intervenciones en esa oportunidad.

De modo tal que de lo que no se puede dudar es que si en ese caso, que era el límite del ordenamiento jurídico argentino, se aplicó esa tesis, entonces lo que tenemos que examinar en este caso es si el decreto es válido o no, y si llegara a serlo después determinaremos si estamos de acuerdo o no con su contenido.

Entonces, en cuanto a esa validez, este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, porque el Congreso podía funcionar, porque la deuda no vencía, porque habíamos rogado la sesión extraordinaria y porque además es la copia idéntica del decreto 2010, cuya nulidad y la de sus actos posteriores ya fue declarada, y lo que abunda no daña.

Esto es obvio, nadie lo discute. Todos sabemos que es nulo de nulidad absoluta porque hay un Congreso que quiere funcionar, una mayoría que lo impide y una Constitución que exige la forma de ley. De modo tal que no hay corte de justicia ni tribunal que pueda convalidar eso, y tampoco es bueno que este Parlamento defienda lo indefendible.

Es cierto que las mayorías y minorías han cambiado de opinión, y así lo hemos visto a lo largo de todos estos años. He visto a muchos decir en un período que no se revisaba, y después en otro decir lo contrario. A nosotros nos ha costado mucho a lo largo de dieciséis años mantener la posición, pero no van a encontrar ni un solo voto donde hayamos cambiado de opinión.

Por eso nosotros venimos a votar por el rechazo del decreto 298, porque es de nulidad absoluta e insanable.

Algunas cosas que dijo la diputada Diana Conti son perlas. Ella dijo que el decreto 298 se dictó con gran parte del contenido del decreto 2010. Se trata en consecuencia de dos decretos idénticos, por lo que justamente esa es la causa por la que el segundo ya no es inocente. El segundo decreto, señor presidente, es a sabiendas: a sabiendas de que había una orden judicial, a sabiendas de que el Congreso quería funcionar. Es a sabiendas, es decir, con dolo.

Las disposiciones de la Constitución Nacional que establecen nulidades absolutas e insanables determinan responsabilidades constitucionales, políticas y penales. Sólo la penal va a ser analizada. En el caso de losartículos 36 y 29 implican sanciones penales. Por eso el constituyente estableció la sanción como castigo.

¿Cuál es la tesis de Aníbal Fernández? Rechacen, que igual mantiene la vigencia. Entonces lo hecho, hecho está. Esto significaría por parte de esta oposición montar un espectáculo sin consecuencias jurídicas ni políticas ni penales. El mayor daño que desde 1930 se le hace a la República es no respetar la división de poderes. Y es mentira que van a bajar o subir los bonos.

¡Hay que decirlo de una vez por todas, porque si no es una locura! Los bonos son de los bancos. ¿Cómo no va a estar contento Brito? Los titulares de los bonos son los bancos. ¿Cómo no van a cotizarse, si es pura especulación?

¿No saben cuánto subió la supuesta confianza en el país cuando se aprobó el megacanje, que fue otro gran escándalo? ¿Ustedes no saben lo que nos decían a Mario Cafiero y a mí todo el establishment político y económico acerca de que estábamos destruyendo la Nación? ¿No recuerdan que cuando anticipábamos la fuga de capitales nos decían que éramos subversivos por decirle a la clase media que se iban a llevar los ahorros?

Hace varios años que con cambio de camiseta gobiernan los mismos. No nos digan que ahora gobiernan otros. En todo caso están peleados entre los mismos, que es una cosa diferente, pero se pueden arreglar en dos días y todo sigue igual. El modelo Siemens es un modelo de la Argentina: robamos todos y todos garantizamos impunidad.

Sería bueno que este Congreso rechazara el DNU con estos argumentos de nulidad absoluta no para que gane hoy la oposición, sino para que alguna vez en serio haya Parlamento en este país.

Finalmente quiero decir que nosotros no vamos a hacer nada contra el presidente de esta Cámara que en la sesión pasada cumplió con el reglamento. Nosotros vamos a defender las instituciones, y defender las instituciones también supone defender la Presidencia en tanto y en cuanto respete la Constitución.

No queremos ir por nada; no tenemos ninguna especulación política, y seguramente pagaremos todos los costos de este proceso tan difícil, pero siempre estamos sentados acá. Juramos defender la Constitución y la vamos a defender con todos los medios a nuestro alcance. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sr. Pinedo.- Señor presidente: hoy no estamos discutiendo temas de abogados ni temas de políticos que nadie comprende. Tampoco discutimos temas de oficialismo y de oposición o temas de quién gana o quién pierde. Hoy estamos discutiendo una cosa mucho más importante para la gente: estamos discutiendo inflación. Hoy discutimos el valor de los salarios, de las jubilaciones y del trabajo de los argentinos, lo que puede ser desbaratado por determinadas políticas de los gobernantes de los argentinos: Ejecutivo y Congreso.

Diría que ni siquiera estamos discutiendo de reservas del Banco Central. Estamos discutiendo cómo pagar los gastos del Estado, sobre quién decide cuáles son los gastos del Estado, y quién los tiene que pagar. Lo que noqueremos es que los tengan que pagar los más pobres de los argentinos por medio de un impuesto solapado, oculto, mentiroso como es el impuesto inflacionario.

Si se nos garantizara que no va a generarse inflación con estas medidas y tampoco embargos internacionales sobre los recursos de los argentinos por medidas que tome el gobierno, votaríamos a favor de la propuesta que se hiciera. Pero, repito, nos tienen que garantizar solamente dos cosas: que no se va a esquilmar a los más pobres con el impuesto inflacionario y que no se tomarán medidas que pudieran generar embargos de reservas provocando que miles de millones de dólares quedaran a merced de los llamados fondos buitres, tenedores de la deuda argentina impaga.

Teniendo en cuenta estas dos premisas hemos iniciado una serie de acciones en estos últimos tiempos. En primer lugar, cuando la presidenta decidió saltear al Congreso de la Nación, apropiándose de las reservas de los argentinos, fuimos a la Justicia para pedirle que garantizara el derecho de los diputados y senadores de la Nación ‑los representantes de la mayoría del pueblo argentino‑ de decidir sobre este tema, y así poder debatir, como lo estamos haciendo hoy, un día de abril, cuando la medida fue tomada el 14 de diciembre de 2009. Por eso fuimos a la Justicia y no por otros motivos.

En la vida de las sociedades hay situaciones que reglan la convivencia y se respetan o hay violencia. Por eso también defendemos las facultades del Congreso de la Nación y de la mayoría del pueblo argentino a través de sus representantes, para evitar la violencia y lograr que rijan las instituciones.

El famoso Banco Central del que estamos discutiendo en estos días no es una dependencia del Poder Ejecutivo. El Banco Central es una institución que creó este Congreso de la Nación para cumplir con funciones determinadas por este Parlamento. Hay que hacerle entender a la señora presidenta que las funciones del Banco Central son funciones del Congreso y no del presidente.

La Constitución Nacional es la que establece que el Congreso es el que tiene la responsabilidad de cuidar la plata de los argentinos, cuidar la moneda de los argentinos, preservar el valor de la moneda, fijar el valor de la moneda argentina y el de las monedas extranjeras y regular una entidad bancaria con facultades para emitir moneda. Estas son las facultades que la Constitución le otorga al Congreso. Cuando la presidenta se las agarra para sí, cuando decide poner a algún amigo en el Banco Central para que cumpla con sus órdenes, está quitando al Congreso, a través de sus representantes, las facultades de preservar el dinero del pueblo argentino. Esto también nos reveló y nos hizo acudir a la Justicia.

Hay una discusión de para qué sirven las reservas del Banco Central. La versión oficialista de este cuento es la siguiente: hay un gobierno maravilloso, lleno de bondad, de clarividencia y de entusiasmo por hacer el bien que cree que hay una cajita llena de plata: las reservas del Banco Central. También existen unos señores malos que son los diputados de la oposición. Estos señores malos no quieren que la plata se utilice para beneficiar al pueblo, quierenla plata de la cajita para jorobar al gobierno, que no se toque y así jorobamos al gobierno.

No se puede creer que las reservas del Banco Central son como plata en una cajita. Es un concepto un poco primitivo, y de esto ya escribió mucha gente antes. De esto ya escribió Carlos Marx en 1850 en su maravilloso libro sobre la crítica de la economía política, y de esto escribieron los más preclaros economistas progresistas, como Keynes. Y está claro qué son las reservas y para qué se tienen que usar.

Como decían estos íconos del progresismo, se tienen que usar para dos o tres cosas: para mantener la estabilidad de los cambios y de la vida de la sociedad, para hacer los pagos que se tengan que hacer y para evitar las fluctuaciones bruscas que siempre dejan en la cuneta a los sectores más desposeídos de la sociedad. Para esto son las reservas.

¿Está la plata en la cajita? ¿Qué es esa plata que está en la cajita? De un lado está la plata en la cajita, y del otro lado están las obligaciones del Banco Central. ¿Qué es lo que hay que pagar con esa plata en la cajita? ¿Cuáles son las obligaciones del Banco Central? El dinero que se emitió, los depósitos en los bancos, las obligaciones que el Banco Central tomó para evitar una inflación mayor que la que tenemos son los pasivos de esa institución. Y para eso tienen la plata en la cajita, para pagar esas cosas.

Doy un ejemplo. Otra fábula del discurso oficialista es que la enorme cantidad de reservas que hay en la cajita las hizo el gobierno, y no dicen o no piensan cómo las hizo este gobierno. Las hizo el Banco Central emitiendo billetes de pesos argentinos para comprar dólares, generando inflación con esos billetes.

La inflación está a la vista, no se puede ocultar por más que la dibujen. Entonces se generaba tanta inflación que el Banco Central tuvo que decir “voy a retirar dinero de la circulación para bajar el nivel de inflación”. Entonces, emite obligaciones que son como pagarés, que en el lenguaje técnico se llaman lebacs, letras del Banco Central, o nobacs, notas del Banco Central.

Cuando llegue en un momento el vencimiento del pagaré el Banco Central tendrá que pagarlo; para eso tiene la plata en la cajita, no para que se la lleve la presidenta. Porque si se la lleva la presidenta, el dinero para los salarios y la plata para las jubilaciones de los argentinos carecen de valor. Esto lo hemos visto con la devaluación del año 2002, un movimiento brutal en materia de cambios y la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza, sin poder satisfacer las necesidades básicas mínimas de una familia. Esto es lo que está en discusión.

Otra maravilla de la fábula oficialista es la del ajuste. Los buenos quieren gastar mucha plata, sin límites, aunque no la tengan, y los malos buscan el ajuste neoliberal. Acá hay que distinguir dos cosas. La primera es que no se pueden pagar los gastos sin dinero, y la segunda es de dónde sale el dinero. A veces se tiene por los impuestos y otras veces no se lo tiene y el gobierno lo saca de otro lado. Emite billetes y el que paga el ajuste es el pueblo, que tiene que sufrir la inflación.

Entonces, lo que estamos diciendo es que no queremos hacer ajustes a costa de más pobreza de los argentinos, para pagar gastos discutibles como los subsidios a los empresarios, a Aerolíneas, los gastos del fútbol y tantas cosas que no vale la pena recordar ahora.

Un segundo aspecto está vinculado con la tasa de interés y la cuestión del ajuste, que resulta ser interesante porque el gobierno dice que quiere utilizar las reservas del Banco Central para pagar deudas, pero sin aumentar el gasto por ese volumen.

En lugar de endeudarse en el mercado financiero mundial, el gobierno señala que quiere hacerlo con el Banco Central, ya que le pagaría un 0,5 por ciento en lugar de abonar el 12 al mercado mundial. La diferencia la ganaría el pueblo argentino.

¡Qué cuento lindo: nos endeudamos al 0,5 por ciento en lugar de al 12! ¡Qué tontos y malvados los diputados de la oposición, que no queremos hacer eso! No es un tema de maldad, sino de que el Banco Central tiene la plata como en una cuenta corriente.

¿Cuánto se le paga a las personas por la plata que tienen en cuenta corriente en los bancos? Nada. Al Banco Central, en cambio se le paga un poco más, porque tiene mucha más plata: 0,5 por ciento, pero el Banco Central para sacar el dinero de circulación emite pagarés al 12 o 13 por ciento.

Entonces, el gobierno quiere que el Banco Central, que es el lugar donde se defiende la moneda de los argentinos, se endeude al 12 por ciento y le preste plata al 0,5. Además, quieren hacernos creer que el pueblo argentino se beneficiaría porque se puede endeudar al 0,5 por ciento. ¿Por qué no le roban directamente la plata al Banco Central y no le pagan nada, con lo que así –según el criterio expuesto- se beneficiaría más el pueblo argentino? Lo que ocurre es que el razonamiento es un disparate.

Por último, me referiré al tema de la nulidad. Voy a acompañar el criterio de la doctora Carrió, por lo que vamos a votar el rechazo del decreto por considerarlo nulo.

En estos días se ha dicho muchas veces que el Congreso no puede decir que algo es nulo. Sin embargo, la realidad indica que todos los poderes del Estado están obligados a cumplir con la Constitución, lo que es obvio. En consecuencia, si algo contradice la Constitución, no tiene validez, lo que significa que es nulo.

En realidad, siempre existe una obligación primaria de los tres poderes del Estado de declarar la nulidad de lo que es nulo. Así sucede con el propio Poder Ejecutivo cuando emite un acto, un decreto o lo que sea y descubre que es contrario a la Constitución. Entonces, lo anula mediante otro decreto, salvo en un caso: cuando la norma que debe anular haya generado derechos a personas físicas o jurídicas.

¿Por qué en este último caso el gobierno debe pedir la nulidad en la Justicia? Porque la Justicia es el único poder del Estado que resguarda los derechos de las personas, pero cuando no está en juego el derecho de las personas, cualquier poder puede –y, en realidad, debe-declarar la nulidad de sus actos nulos.

La ley de procedimientos administrativos establece expresamente este mecanismo para el propio Poder Ejecutivo, que debe declarar la nulidad de sus propios actos nulos, salvo cuando genere derechos a terceros, en cuyo caso tiene que recurrir a la Justicia a pedir la declaración de nulidad.

En este tema de las reservas, no hay ningún derecho de un ciudadano o administrado involucrado, por lo que no habría ningún problema para que el Congreso declarase la nulidad. En consecuencia, ello es lo que debemos hacer y estoy convencido de que lo podemos hacer, ya que así está previsto en la Constitución.

Queremos evitar el drama mayor de los embargos en el exterior. Queremos que la Argentina no sufra la deshonra de no poder operar en dólares, que es la moneda mundial más expandida. Mientras acá se discute si se usan las reservas para pagar deudas o gastos sociales, para defender la moneda o para no hacer nada, queremos evitar que se terminen llevando las reservas los fondos buitres, y esta es una obligación de todo argentino.

Voy a terminar mi intervención con una anécdota. En medio del conflicto judicial por las reservas que se desató en el verano, un señor del gobierno pidió a quienes habíamos ido a la Justicia que levantáramos algunas de las medidas judiciales. Y yo le decía: “¿Cómo voy a levantar estas medidas judiciales si en el momento de poner la firma voy a estar permitiendo que un juez americano embargue al Banco Central por 3 mil millones de dólares? ¿Cómo voy a poner mi firma igual sabiendo que de mi firma depende que le saquen al pueblo argentino 3.100 millones de dólares?” No les voy a comentar lo que me dijo ese funcionario del gobierno porque no quiero perjudicar el interés nacional de los argentinos; simplemente voy a decir que me avergüenza que ese funcionario no pensara como yo, por decir algo suave.

Lo cierto es que ahí estamos, embargados. Lo cierto es que estamos en medio de un proceso inflacionario. Lo cierto es que la presidenta de la Nación quiere llevarse los 6.500 millones de dólares. Y lo cierto es que la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dijo que los va a recuperar rápidamente, en poco tiempo más, porque está entrando mucha cosecha de soja, de ese “yuyo fatídico”.

Señor presidente: me pregunto cómo va a hacer Mercedes Marcó del Pont para recuperar las reservas y recomponer el volumen de reservas que debe tener el Banco Central emitiendo dinero y generando inflación. Nosotros nos oponemos a esto en defensa de los que menos tienen en el pueblo argentino. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.



Sr. López Arias.- Señor presidente: voy a ser breve por una razón muy sencilla, y es que no veo la hora de que votemos este tema y demos vuelta la página de esta historia. Desde que se iniciaron las sesiones con esta nueva composición de la Cámara nos hemos encontrado con un gobierno o un Poder Ejecutivo que trata de entrar por la ventana cuando puede hacerlo por la puerta y con un Parlamento convertido en una especie de trinchera de guerra, esterilizándonos los unos a los otros, sin poder entrar a discutir los temas de fondo que realmente tendrían que ser motivo de debate en esta hora difícil que está viviendo nuestro país.

Creo que todos los diputados y la gente en general estamos hartos de que nos encontremos en esta discusión interminable sin saber muy bien de qué se trata. Por eso, señor presidente, quiero ser lo más breve posible para que podamos dar vuelta la página, terminar con este debate estéril y empezar a discutir los temas que realmente deberíamos estar discutiendo.

Obviamente, ese dar vuelta la página no puede dejar un precedente nefasto como sería el de no rechazar este decreto de necesidad y urgencia que estamos analizando. Sin ninguna duda, el hecho de haber anunciado un decreto de necesidad y urgencia el día en que se iniciaba el período ordinario de sesiones, y cuando no había ninguna necesidad y urgencia que lo justifique, fue una verdadera afrenta al Poder Legislativo que obviamente no se puede dejar pasar.

-Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Ricardo Alfonsín.

Sr. López Arias.- El decreto debe ser rechazado. Sin entrar en la discusión acerca de si se debe rechazar o declarar su nulidad, digo simplemente que el rechazo –que es lo que debemos hacer‑ implica la nulidad. Esto lo dice la Constitución al establecer que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas, bajo pena de nulidad insanable, absoluta y todas las tachas que se le quieran agregar, salvo en circunstancias muy excepcionales, y es el Parlamento el que tiene que juzgar si estas últimas existen o no.

En el caso de este decreto, esas razones no existieron –y confío en que este Parlamento así lo va a decir‑ porque no existían ni la necesidad ni la urgencia, que son las únicas circunstancias excepcionales que pueden justificar que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas.

Por eso estoy convencido ­‑y lo digo con toda la tranquilidad de conciencia‑ de que este decreto debe ser rechazado. Sería un precedente nefasto no poner toda la fuerza de esta Cámara para dejar sentado el principio de que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas –como lo dice la Constitución Nacional‑, salvo que existan circunstancias excepcionales, que en este caso no existieron.

Una vez rechazado este decreto –espero que sea hoy y que se dé lo más rápido posible‑ podremos dar vuelta la página y sentarnos a discutir todos los temas. En este sentido, aclaro que no soy de los que creen que las reservas son sagradas; sí creo que las reservas deben ser utilizadas con mucha prudencia, dado que constituyen un valor muy importante para la credibilidad y el funcionamiento de la economía argentina.

Además, las reservas del Banco Central no son de un gobierno; por su propio origen se trata de recursos federales, lo que constituye un concepto diferente al de un recurso gubernamental.

Por esa razón, cuando discutamos el tema de la deuda y de los recursos, no estoy dispuesto a facilitar las herramientas para que el gobierno nacional cumpla con sus obligaciones si no hacemos lo propio con las provincias, que se encuentran totalmente asfixiadas.

Hay un debate integral que debemos dar poniendo sobre la mesa los dos grandes problemas que constituyen las dos caras de la moneda de la realidad argentina de hoy: por un lado, la situación del fisco nacional; por el otro, la situación de los estados provinciales, que tiene que ser resuelta de la misma manera. Reitero estos conceptos porque estamos hablando de fondos que no son del gobierno nacional, ya que por su propia naturaleza son recursos federales.

Estamos dispuestos a dar esta discusión y tengo una posición absolutamente positiva en ese sentido. Pero ese debate debemos darlo en un marco de mayor información. Digo esto porque tal como lo señalaron varios de los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, nos estamos manejando con un presupuesto que es una fantasía. Si queremos discutir sobre los instrumentos necesarios para que el Estado nacional pueda cumplir con sus obligaciones, debemos conocer el verdadero estado de las cuentas. Necesitamos saber cuáles son los ingresos reales y los recursos que se van a obtener a través del impuesto inflacionario, que sin duda van a incrementar esos ingresos. También debemos saber cuáles son los gastos, qué deudas se van a refinanciar y cuáles se van a pagar, ya sea en concepto de servicios o de capital.

Esa es una información imprescindible para que con grandeza y altura nos pongamos a discutir teniendo en cuenta, ante todo, el interés de la Nación. Nadie quiere provocar el default; nadie quiere que el Estado incumpla con sus obligaciones, pero todos queremos saber cuáles son las necesidades reales, cuáles son los recursos con los que contamos y cuáles son las necesidades impostergables que debemos asumir. A partir de ahí, en base a un trabajo en conjunto, podremos dotar al gobierno de los recursos necesarios para que el Estado nacional cumpla con las obligaciones a su cargo.

Ese debate tenemos que darlo, pero previamente debemos sacar el tapón que nos tiene totalmente obturados. Ese tapón es este decreto de necesidad y urgencia. Por ello, no veo la hora de que este debate termine y votemos de una buena vez para retirar ese tapón que no nos deja funcionar y que no nos permite discutir sobre los temas que tendríamos que estar considerando en este Parlamento, que es el símbolo más importante de una democracia como la nuestra. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.



Sr. Viale.- Señor presidente: Ya hemos dicho que la forma en que el gobierno nacional maneja su política de administración de los recursos públicos es la más desembozadamente unitaria que se ha visto en la República Argentina desde la recuperación de la democracia.

Por un lado, tenemos el DNU del verano, es decir, el decreto 2.010/2009. Luego, el 1° de marzo, o sea el día en el que se inauguró el período ordinario de sesiones 128, el único anuncio que hizo la señora presidenta fue la anulación de aquel decreto para de inmediato imponer otros dos, que llevan los números 296 y 298 del presente año 2010.

Por último, tenemos lo que parecería ser la maniobra de una comedia de enredos: un juez federal dio lugar a una medida cautelar que vino a dejar sin efecto el tratamiento de uno de los temas en el mismo momento en que estaba siendo analizado por esta Cámara, en un clarointento de detener el normal funcionamiento de uno de los poderes de la República.

Al gobierno, para sostener un esquema que es insostenible, ya no le alcanza con apropiarse de los fondos de las provincias o del sistema previsional ni con recurrir a los préstamos del Banco Nación o blanqueos de capital, y entonces manotea las reservas del Banco Central.

Decimos que es un esquema insostenible porque se basa en un superávit fiscal primario que en realidad se logra a costa de la regresividad del sistema tributario y de la centralización de los recursos en detrimento de las finanzas provinciales y municipales.

Hablaba de un superávit primario basado en escamotear a las provincias sus recursos y condenar a la mayoría de ellas al déficit eterno y a la imposibilidad de afrontar políticas públicas en educación, salud, vivienda.

Vayamos a mi provincia, Entre Ríos: si se cumpliera la ley de coparticipación debería recibir 573 millones de pesos; en cambio, recibe 172 millones, es decir, hay una diferencia de más de 400 millones. Como dato complementario podemos decir que la cifra que debería recibir es casi idéntica a la que hoy configura el déficit fiscal entrerriano, que asciende a la escalofriante cantidad de 580 millones de pesos.

De modo que buena parte de los problemas vinculados con los magros salarios de nuestros docentes, policías, enfermeros, trabajadores estatales, así como la escasa inversión en infraestructura en escuelas que se caen a pedazos y en inexistentes caminos de la producción, podrían tener otro rumbo si se cumpliera lo que la ley establece.

En cambio, este gobierno que se dice progresista y continuador de una línea federal en la historia argentina, la desconoce y la agrava y profundiza en un sentido diametralmente diferente. Además, esto es así si tomamos los cálculos más moderados realizados sobre la base de los números que dio a conocer el Ministerio de Economía. Si en cambio nos remitimos al informe que acaba de divulgar la Fundación Mediterránea, resulta que mi provincia ha sido esquilmada en nada menos que en 1.443 millones de pesos.

En efecto, ese informe demuestra que Entre Ríos dejó de percibir esa enorme suma, y si se considera que la provincia gobernada por el kirchnerismo cerró 2009 con un déficit fiscal cercano a los 580 millones de pesos, resulta que si el federalismo se cumpliera debería tener un superávit de 863 millones de pesos.

Un gobierno no habla de federalismo; hace federalismo. Por eso la distinción entre el país real y el país virtual que proponía la presidenta en su discurso de inicio de las sesiones aparece como un ejercicio del absurdo. Mientras hablaba del país real, que es el que se configura en su discurso, en el país virtual sus funcionarios se apropiaban de manera subrepticia de los fondos públicos con destino a los acreedores.

El país real era el del engaño, el de la avivada, el de la maniobra distractiva, una verdadera jugarreta propia del campito o de la mesa de truco, no de la investidura presidencial ni del Parlamento nacional.

Pero el debate, al menos para nosotros, los socialistas, va más allá de estos aspectos. En un país en el que se ha hecho campaña con la calidad institucional es grave que se siga actuando de este modo.

Quisiera leer textualmente un párrafo que se dijo en este recinto: “Se observa una desnaturalización de la figura de los DNU, demostrando una verdadera ruptura del principio de división de poderes. El primigenio objetivo de limitar mediante la inclusión constitucional no dio resultado, habiendo por el contrario actuado como una suerte de legitimación a tan perversa práctica.

“Así el Poder Ejecutivo continúa legislando en forma habitual mediante una herramienta de excepción, con el consiguiente deterioro de las instituciones republicanas y la consecuente inseguridad jurídica.” Sigue un párrafomás: “Asimismo, eso se ve agravado por el cambio de posiciones políticas y jurídicas de los responsables de la reglamentación quienes -según sea el caso que ostenten el carácter de oficialistas u opositores- varían los presupuestos necesarios para su validez.”

Estas palabras pertenecen a la actual presidenta de la Nación, entonces diputada, Cristina Fernández de Kirchner. Datan del año 2000 y forman parte del fundamento de su proyecto en el que proponía reglamentar el uso de los DNU. Ese doble discurso, esa política de la avivada no contribuye a mejorar en lo más mínimo la calidad institucional que se pregona.

El economista Rubén Lo Vuolo señala con precisión que una política consistente no liquidaría activos públicos para seducir al capital financiero sino que se ocuparía de reformar la matriz de financiamiento del Estado, que es regresiva y alimenta la deuda. Asimismo, agrega que la valorización financiera subsidia al capital concentrado y se ocupa de las urgencias de corto plazo del poder político.

Por otra parte, la liquidación de activos públicos para atraer capitales suena a la venta de las joyas de la abuela en los años 90. ¿Es casual que ambos modelos de gestión muestren idéntico desprecio por la forma, la normativa y la Constitución? Como parte de ese mismo desprecio, el esquema de regresividad y centralización de recursos expresa la magnitud del deterioro del federalismo en nuestra Nación.

La recaudación total prevista a nivel nacional para 2010 asciende a 353 mil millones de pesos, de los cuales se coparticipan 82 mil millones a las provincias, o sea, el 23,4 por ciento, lo que revela el flagrante incumplimiento de la ley 23.548 que, como todos sabemos, la hemos violado.

Otro aspecto preocupante de este debate, agravado ahora por el nuevo decreto, es que se sintetiza alguna característica del particular modo de gobernar de la actual gestión.

Quiero mencionar al especialista Gerardo Scherlis, quien dice: “En primer lugar, la desaprensión por la norma constitucional. Se recurre a un DNU para un asunto que realmente no reviste necesidad ni urgencia y, además, en período de receso parlamentario para, en forma deliberada, evitar el control del Congreso.” Así parece que cumplir con los procedimientos constitucionales es una formalidad que sólo tiende a obstaculizar el accionar del Ejecutivo.

Por otro lado, la ausencia de un programa de gobierno y la comprobación de que el gobierno no tiene un rumbo en sentido general se agrava por la subordinación de toda decisión al afán recaudatorio.

Hasta ayer se tomaba crédito a tasas usurarias para no recurrir a los denostados mercados internacionales de crédito. De repente, se decide garantizar por anticipado el pago a los acreedores con el argumento de acceder a esos mismos mercados a tasas razonables.

Lo Vuolo vuelve a señalar: “Se sacan los problemas económicos a la luz, sobre lo que se viene alertando desde hace tiempo. Primero, el Estado argentino no se ha venido desendeudando y la renta financiera alimentada por los títulos públicos permanece en el centro del proceso de acumulación. Segundo, no existe una adecuada coordinación entre política monetaria y fiscal. Y, tercero, las fuentes de financiamiento del Estado son tan o más importantes que el gasto público y los precios relativos en la distribución del ingreso y la riqueza.”

En nuestra opinión, señor presidente, de esto no se sale con un nuevo decreto o con viveza criolla, y mucho menos con una inviable intención de concentrar mayor poder en una gestión que parece querer hacer todo aquello que la debilite aún más. De esto se sale con acuerdo, con consensos, con diálogo, entendiendo que a veces, como escribió hace muchos años un líder oriental que hace poco recordaba el flamante presidente uruguayo Mujica, el largo camino de la negociación es más corto. Ese camino es el que ahorra tensiones, rispideces y el que termina aprovechando más la energía de toda la sociedad.

La oportunidad que desechemos hoy por la apuesta a la pura voluntad acompañada de imprevisión y torpeza en el diseño e implementación de políticas sólo redundará en mayor injusticia, inequidad, dolor para los argentinos y argentinas, y fundamentalmente para esos 14 millones de pobres y 5 millones de excluidos que siguen esperando para tener un país normal. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comparte su tiempo con el señor diputado Lozano.



Sr. Solanas.- Señor presidente: hace aproximadamente cuatro meses que el debate político nacional está ocupado casi con exclusividad por los famosos DNU: el 2.010, por el que se crea el Fondo del Bicentenario, y el 298 llamado curiosamente Fondo de Desendeudamiento Argentino.

Lo grave es que esta interminable discusión política y doctrinaria sobre los DNU está soslayando el motivo central de su existencia. Hemos pasado estos meses discutiendo si era legítimo o no, si Redrado debía entregar las reservas, etcétera, todo lo cual fue tildado como culebrón estival de la política criolla.

El tema central es el decreto 1.953 dictado el 9 de diciembre del año pasado que habilita al gobierno nacional a emitir hasta 15 mil millones de dólares más de deuda para canjear con nuevos bonos los que tienen los holdouts que quedaron fuera del canje en 2005.

Seguir generando deuda para presuntamente satisfacer las necesidades del desarrollo omite otras cuestiones que son centrales y que alguna vez este Parlamento debe discutir sin chicanas ni aprietes sino con sincero patriotismo.

Se sostiene que estos decretos de necesidad y urgencia son para impulsar un nuevo desarrollo y abrirnos al mercado de capitales.

Curiosamente, al decreto 298 se lo llama “de desendeudamiento”, pero en sus fundamentos se dice claramente que es para todo lo contrario. Textualmente dice: “Se entiende conveniente y necesario habilitar la posibilidad de acceder al mercado doméstico de los Estados Unidos de América, y se prevé realizar operaciones de administración de pasivos y nuevas emisiones de deuda pública, tanto en el mercado local como en el internacional”.

Es decir que estamos ante una nueva operación que continúa el modelo antinacional e irresponsable de una clase dirigente que tomó alegremente la política de permitir que las rentas extraordinarias que genere el trabajo del pueblo argentino se fuguen libremente del país. En lugar de ayudar a financiar el trabajo genuino, la instalación de nuevas fábricas y empresas, el mejoramiento de los hospitales, la educación y las jubilaciones, en estos veintiséis años estos excedentes de riqueza –en vez de saldar la deuda interna que tenemos con el hombre argentino, que sigue solo y esperando‑ han salido del país para financiar el trabajo de las potencias extranjeras.

He ahí la causa del endeudamiento: estos argumentos bancarios de que sólo pidiendo dinero afuera y no echando mano a las rentas excepcionales que genera el país con sus recursos naturales, sus rentas financieras, se va a generar desarrollo.

Recordemos que la Argentina hasta el año 2000 ha pagado más de 120 mil millones de dólares de servicios de la deuda, y del año 2000 a la fecha seguramente otros 70 u 80 mil millones de dólares de deuda. Sólo en la etapa de los gobiernos Kirchner se pagaron 40 mil millones de deuda.

La cifra colosal que se ha ido de la Argentina con la grosera estafa de la deuda podría haber convertido a este país en uno de carácter desarrollado para los cuarenta millones de habitantes. En cambio, después de haber transitado por varios años de crecimiento a tasas asiáticas, aún la Argentina tiene el drama de un tercio de su población por debajo de la línea de pobreza y cinco millones de indigentes.

Es falso que para que un país pueda desarrollarse se tenga que endeudar. Los gobiernos argentinos que más desarrollo y bienestar tuvieron –les pido a los colegas radicales y peronistas que lo recuerden‑, recibieron muy poco crédito externo y no tuvieron endeudamiento. Me refiero a los gobiernos de Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Arturo Illia, y los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, que sin crédito externo, a caballo de un descomunal esfuerzo del pueblo argentino, tuvo un enorme crecimiento.

La realidad es que el cuento de pasarle al pueblo argentino las deudas privadas que siempre terminan en esto ya lo hemos vivido un par de veces. Recordemos la primera: los 23 mil millones de dólares que los grandes bancos y empresas multinacionales, a través de Domingo Cavallo, le pasaron al pueblo argentino al final de la dictadura. Plan José Alfredo Martínez de Hoz, ejecutado.

Recordemos que en 2001 se llevaron 27 mil millones de dólares de los ahorros argentinos. Y en esta Cámara se votó la vergonzosa modificación de la ley de quiebras para salvar a los gerentes extranjeros de la cárcel, cuando le robaron los ahorros al pueblo argentino. La vergüenza es que la dirigencia de entonces no quiso aplicar la jurisprudencia argentina que se aplica en todo el mundo que es la teoría del ex juez Salvador María Lozada, gestada en la causa de la quiebra fraudulenta Swift-Deltec, que dice claramente que los quebrantos de las sucursales los deben financiar las casas matrices. En lugar de quedarnos con los bancos salimos a generar bonos que seguimos pagando. Estas vergüenzas hay que sincerarlas. Proyecto Sur quiere más democracia, más calidad institucional, pero toda. No podemos ocupar cuatro meses de debate con estos dos decretos que por supuesto Proyecto Sur rechaza con la cabeza, con el estómago y con el corazón, porque son nulos de nulidad absoluta.

Pero eso no puede escamotear la monstruosa deuda que todavía este Parlamento no se ha dignado a investigarla.

Voy a lo ilegítimo del gobierno nacional. Nos propone generar hasta 15 mil millones de dólares para canjearlos por bonos que no valen nada. Valen a partir del gran negocio que inventaron los bancos amigos del gobierno para canjearlos por bonos buenos. Y la generación que viene terminará pagando el doble o el triple, porque es una tasa del 12 al 13 anual acumulativa. ¡Sinceremos los discursos, estimados colegas! Queremos discutir en serio todo esto. Pero además de todo, y como si fuera poco, lo que se quiere canjear es absolutamente ilegítimo. No nos podemos hacer la boca con la continuidad jurídica y el respeto al Estado de derecho cuando no queremos reconocer que existe una causa por la que se investiga esos bonos por estafa y fraude: Juzgado Federal Penal N° 2, a cargo del juez Martínez de Giorgi.

¡No se puede permitir el canje de los bonos por bonos nuevos cuando existe presunción cierta de que la mitad es una estafa y fraude!

Termino diciendo que reclamamos firmemente la auditoría de la deuda. De una vez por todas apelo al sentido patriótico de los diputados que vienen de grandes causas nacionales y democráticas, para dar vuelta la página y recuperar las rentas extraordinarias y defender lo que es nuestro. Y de lo nuestro sacarle el futuro de deuda a la generación que viene. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sr. Lozano.- Señor presidente: el decreto 298 se inscribe en el marco de la reaparición de un discurso en la escena pública que habíamos creído que había sido desplazado, y en el marco de una operación concreta que es el canje de deuda. Ese discurso es aquel que ha venido diciendo, cual latiguillo desde hace largo tiempo, que si la Argentina regulariza sus relaciones financieras con el mundo, el resultado de esto es reducción en las tasas de interés, acceso al financiamiento, al crédito y a la posibilidad de desarrollo.

El decreto 298 viene a concretar una pauta de garantía para inscribir el proceso de canje en esa estrategia. Resulta extraño que se siga alegando esto en un país donde casualmente a partir de la interrupción parcial de los pagos se abrió un proceso de crecimiento a tasas importantísimas, en el marco de una crisis mundial que ha demostrado que el comportamiento de los flujos financieros no es para garantizar financiamiento e inversión sino para propagar riesgo sistémico.

El debate de la inversión supone un vínculo selectivo con el mercado mundial, un vínculo selectivo con empresas discutiendo opciones de inversión concretas en el marco de una estrategia planificada de desarrollo y crecimiento.

Dicho esto, voy al punto del canje. En primer lugar, sostenemos que dicho canje es inconstitucional. Ninguno de los legisladores aquí presentes ha visto un solo número de la oferta financiera.

En segundo término, ese canje es ilegal porque el grupo que lidera financieramente el Banco Barclays está a un lado y al otro del mostrador; es el representante de los bonistas acreedores y al mismo tiempo el que hace la oferta financiera del Estado nacional. Como si esto fuera poco, ese mismo banco es socio de una de las principales empresas petroleras que violenta la soberanía nacional en el mar de las Islas Malvinas.

Además, en los últimos tiempos ha trascendido la participación asociada al Banco Barclays de una consultora con sede en Nueva York y Argentina denominada Arcadia, que tendría vínculos con un tal doctor Marcelo Etchebarne, que tendría importantes vínculos y relaciones con el ministro Boudou, con el señor Sergio Massa y con el señor Diego Bossio.

Este señor Etchebarne y esta consulta Arcadia han tenido participación en la operación de canje de deuda pública en las provincias de Formosa, Mendoza, San Juan y Buenos Aires; y hoy estarían asociados con fondos de inversión norteamericana en la operación del canje de deuda nacional.

Necesitamos despejar estas incertidumbres porque tenemos claro que el Banco Barclays opera a un lado y al otro del mostrador ‑por eso hemos presentado un pedido de informes a fin de que se esclarezca de manera inmediata esta situación‑ y porque también empieza a advertirse que a un lado y al otro del mostrador no sólo está el banco sino también el propio Ministerio de Economía. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.



Sra. Stolbizer.- Señor presidente: siento que el tratamiento del decreto 298 y la situación que ha vivido este Congreso en el último mes en particular, para no reflejar lo que ha sucedido durante todo el verano, han puesto en evidencia algunas cuestiones que nos generan mucha preocupación.

Creo que estas situaciones han dejado al desnudo los tres problemas centrales que hoy sufre la Argentina. El primero de ellos, sin duda, es lo que ha pasado a ser claramente una caricatura: el presupuesto nacional votado por este mismo Congreso. Ese presupuesto se ha convertido en un dibujo a la luz del propio reconocimiento implícito que ha hecho el ministro de Economía respecto de que los números no cierran o a que lisa y llanamente nos mintió hace menos de seis meses, haciendo cómplice incluso a este Congreso en su aprobación.

El segundo de los problemas que esto deja en evidencia son las secuelas sociales que viene teniendo conjuntamente con este tratamiento el problema de la inflación. Sin duda este es hoy el problema más grave, y debería ser objetivo prioritario en la agenda de este Congreso de la Nación y de la gente, porque condiciona la vida cotidiana de las personas que nosotros representamos, la de la Argentina real que la presidenta intentó ignorar en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, pero que evidentemente es lo que marca el horizonte para todos los argentinos.

El tercer problema es el de la baja institucionalidad. Este es para nosotros un problema central y no un mero formalismo porque es evidente que la baja institucionalidad también tiene repercusiones o secuelas hoy en la sociedad. Por lo tanto, el debate que nosotros tenemos hoy no es un debate que pueda abordarse desde una perspectiva meramente formal.

Se ha hablado acerca del tema de que esta Cámara tendría que abocarse al tratamiento del DNU, y me animaría a decir que ni siquiera es un derecho. Lo que tiene la Cámara es la obligación de abocarse al tratamiento del decreto porque además así lo dispone tanto la Constitución Nacional como la ley 26.122 en dos casos.

La ley dispone el tratamiento de oficio, el abocamiento de oficio del Congreso cuando en los plazos que están fijados en la Constitución y en la ley el jefe de Gabinete no cumpliera con el plazo de presentación del decreto al Congreso, y también cuando la Comisión Bicameral, que tiene un plazo para expedirse, no hubiera cumplido con él.

Por lo tanto, la obligación que la Cámara tiene para este tratamiento de oficio está muy vinculada también con ese término que usa la Constitución y repite la ley 26.122, que es el de la inmediatez.

Ahí es donde se fija la obligación de este Congreso de tomar este decreto de necesidad y urgencia y abocarse a su tratamiento, porque la inmediatez quiere decir inmediato. Esto es lo que da además la obligación del tratamiento con celeridad de los decretos de necesidad y urgencia, y es lo que ha estado en el espíritu tanto del constituyente reformador de la Carta Magna como también en el tratamiento que los legisladores han dado a la ley.

Además, esto es lo que nos impone que el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia por abocamiento o tratamiento de oficio de las cámaras sea propio, y no pueda pretenderse llevar ese tratamiento al procedimiento ordinario que tiene cualquier otro proyecto.

Esto lo digo porque quisiera que quedara muy claro en nuestro debate que no hay ninguna posibilidad de pretender un tratamiento con mayorías especiales ni pretender que el DNU podría haber ido a ninguna otra comisiones de las cámaras que no fuera estrictamente la Comisión Bicameral Permanente creada por el artículo 99 de la Constitución Nacional.

Porque lo que viene a hacer este plenario en su decisión de abocarse al tratamiento es suplir la voluntad ausente de esa comisión bicameral transcurrido el tiempo. Lo que dice la Constitución y la ley es que el único dictamen que se exige frente al DNU es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente, y ningún otro dictamen de ninguna otra comisión.

Por lo tanto, insisto en que tenemos no sólo el derecho sino también la obligación de hacerlo, y hacerlo en este plenario, que no tiene ninguna obligación de conformación de mayorías distintas sino que al final de nuestro debate la Cámara podrá decidir votando con una mayoría simple el rechazo, la validez o la invalidez, que es el término que utiliza la norma.

En este punto adelanto nuestra posición a favor del rechazo de la invalidez, y lo hacemos tanto por la falta de los requisitos formales como sustanciales, por lo que nosotros consideramos es la violación de las condiciones de excepcionalidad que establece la Constitución, y sobre lo que mucho se ha dicho. Simplemente la Constitución tiene un texto tan claro cuando dice que sólo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible el trámite ordinario de la sanción de las leyes, sólo en ese caso la presidenta podría haber hecho uso de estas atribuciones, y es lo que no existió.

Hay entonces, y esto es lo que seriamente nos preocupa, una situación de ilegalidad provocada por el propio oficialismo.

Y acá quiero también transmitir y compartir con los colegas la preocupación que me ha causado un fallo reciente festejado por el oficialismo. Me refiero al fallo dictado en la causa iniciada por la diputada Camaño, donde la Cámara rechaza la legitimidad de los legisladores nacionales para hacer el pedido que formulan.

En ese momento el oficialismo festejó y aplaudió a cuatro manos el fallo, que hay que leer íntegramente, porque allí figura una advertencia muy firme y fuerte no sólo a los legisladores, sino fundamentalmente al Poder Ejecutivo.

El fallo del juez Buján, integrante de esa Cámara, dice que se siente turbado en su ánimo, pretendiendo representar a la mayoría de los ciudadanos del país. Más precisamente, señala que la turbación de ánimo proviene de la evidencia de que quien viola la Constitución Nacional es la presidenta de la Nación. Esto es lo que dice el fallo judicial, que hay que leer íntegramente.

Se trata de un llamado de atención muy fuerte, pues dice que la presidenta de la Nación viola la Constitución cuando hace uso ilegítimamente –esta es la frase que utiliza el juez- de facultades legislativas.

Este es uno de los puntos que debemos sincerar, pues ha quedado al desnudo nuestra baja institucionalidad, que tiene origen y responsabilidades. Por eso nuestro llamado es a intentar reconstituir el funcionamiento de la institucionalidad democrática.

Compartimos que el decreto 298 –hemos presentado un proyecto de ley en tal sentido- es nulo de nulidad absoluta e insanable, por aplicación de la sanción que la propia Constitución establece.

El Congreso de la Nación tiene facultades para declarar la nulidad de ese decreto de necesidad y urgencia. Dicha facultad sólo puede ser ejercida mediante la sanción de una ley, y esta es la diferencia que tenemos con algunos planteos a favor de la nulidad.

Por supuesto que abrazamos la causa de la nulidad, pero ella sólo puede ser declarada mediante una ley. Por eso el temario de la sesión especial ha establecido –con buen criterio- como primer punto el abocamiento nuestro a resolver -según lo determina la Constitución-, mediante sendas resoluciones de cada una de las Cámaras, el rechazo por invalidez, y no la declaración de nulidad, que debería depender de una ley. Entonces, nos encontramos en un tratamiento de oficio de la Cámara para resolver el rechazo por invalidez.



- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.



Sra. Stolbizer.- También hay otro problema muy grave, que lo sería aún más si aceptáramos el planteo formulado por la presidenta en su decreto. Me refiero a la cuestión de la inflación, que es un serio problema para la Argentina.

Sin embargo, muchos sacan provecho de la inflación. Lo hacen muchos empresarios, que suben los precios antes que los demás. También muchos sindicalistas se vuelven más necesarios que nunca para sus representados, porque les consiguen los aumentos que les permiten ir corriendo atrás de la inflación. Así tienen atados a los trabajadores de una correa y ello les permite abusar de esa posición, logrando que se les disculpen muchos atropellos y desvíos de fondos en su beneficio.

Por otra parte, la inflación también es un instrumento útil para los gobiernos, que cuando no recauda lo suficiente o cuando quiere gastar más de lo que tiene, emite moneda y la reparte. Si la economía creciera aceleradamente, como cuando sucedió entre 2003 y 2007, esto tal vez no generaría un mayor problema, pero cuando la economía ya no crece con aquella rapidez, esa mayor cantidad de moneda no encuentra mayor oferta de bienes equivalentes, y entonces ocurre lo que debe ocurrir: suben los precios. Esto no sucede siempre, como dicen los liberales, pero sucede a veces, contra lo que dicen, a veces, los funcionarios de este gobierno.

Lo más importante del caso es que cuando sucede, los gobernantes pueden aparecer también como grandes beneficiarios, porque están repartiendo plata. Eso es lo que parece o lo que simulan, pero en realidad no reparten plata sino cargas, porque lo que reparten es inflación, es impuesto inflacionario. Esto también es una forma de engaño a la gente: si me dan un 20 por ciento de aumento pero la inflación es del 30 por ciento, lo que ocurrió en verdad es que me sacaron el 10 por ciento; y este 10 por ciento quedó en algún lugar.

El impuesto inflacionario es el más regresivo porque lo pagan los que no pueden escaparle al uso de la moneda argentina. Si la gente de clase media o alta ahorra una parte del sueldo, no lo hace en pesos, y entonces esa parte del ingreso no paga el impuesto inflacionario. En cambio, aquellos que tienen que gastar todo lo que ganan porque no les alcanza, son los que terminan pagando el impuesto inflacionario.

No me quiero demorar mucho más en este tema. Lo cierto es que frente al problema de la inflación hemos tenido la peor de las respuestas, que es negarla, y los problemas se esconden porque no hay voluntad de solucionarlos. En ese mismo sentido también apunta todo lo que ha ocurrido con el INDEC, los atropellos en el INDEC y, obviamente, la pérdida de estadísticas oficiales confiables para la Argentina.

Yendo a la cuestión de fondo, queremos aclarar que no estamos de acuerdo con este decreto. Por eso hemos impulsado su rechazo y también su nulidad, pero no solamente porque no cumple con los requisitos formales y por su manifiesta inconstitucionalidad. Nosotros estamos en contra aunque esto pueda convertirse en un proyecto de ley que sirva de disfraz puesto por los pseudoprogresistas que, de todos modos, quieren discutir cómo le transfieren buenos negocios a los tenedores privados de bonos a través del esfuerzo que hacen los argentinos entregando parte de sus reservas. Estamos en contra aunque se convierta en una ley porque en realidad eso no ataca el problema.

La utilización de las reservas como garantía del pago de la deuda tendría una lógica económica si se abordara el problema de fondo, pero eso es lo que no ocurre. Por lo tanto, el año que viene va a volver a ocurrir lo mismo. Es decir, si el uso de las reservas se da en un contexto en el que se formula conjuntamente un plan de acción para solucionar el problema de fondo, que es el no acceso a los mercados ‑o las tasas altas, según lo ha manifestado la propia presidenta en el decreto‑, ¿cómo se haría? Con mayor transparencia, obviamente, limitando los superpoderes y los gastos discrecionales, sincerando el problema inflacionario, normalizando el INDEC, renegociando de otra manera.

Pero lo cierto –insisto‑ es que no solamente tenemos los problemas sino que éstos se ocultan y se intenta resolverlos por atajos.

Nuestra propuesta es que la Cámara rechace este decreto de necesidad y urgencia. Pero también hacemos un pedido al Poder Ejecutivo nacional para que deje de interferir en la acción de los otros poderes. Esto es algo que no nos afecta a nosotros en el ejercicio propio de la representación que tenemos después de la elección del 28 de junio. La mala conducta es lo que provoca la baja institucionalidad, y esto siempre lo terminan pagando los sectores más pobres. La baja institucionalidad o la crisis de representatividad la pagan aquellos que no tienen otra defensa que un Congreso que pueda hacer oír su voz.

Finalmente, señor presidente, proponemos que la Cámara vote el rechazo, por invalidez, del decreto de necesidad y urgencia, y que además intentemos abocarnos rápidamente a las reformas que necesita la ley reglamentaria del uso de las facultades legislativas por parte del Ejecutivo, que es la 26.122. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vilma Ibarra, quien compartirá su tiempo con el señor diputado Heller.



Sra. Ibarra.- Señor presidente: efectivamente, voy a compartir mi tiempo con el señor diputado Heller, quien se va a abocar al tema de fondo, que es el uso de las reservas.

Yo voy a utilizar unos pocos minutos para discutir sobre la cuestión de la nulidad. Quiero abordar este tema con la responsabilidad de saber que las decisiones que tomemos en este cuerpo respecto de su funcionamiento, sus alcances y competencias tienen un sentido que se proyectan más allá de un gobierno, porque se proyectan institucionalmente.

En ese sentido, debo plantear que, a mi juicio, este cuerpo tiene hoy la posibilidad de rechazar o de aprobar el decreto de necesidad y urgencia que se ha dictado, pero de ninguna manera tiene la posibilidad de dictar la nulidad. Lo digo no porque vaya a cambiar la suerte de este decreto, de un gobierno o de otro; es una posición que voy a sostener más allá del gobierno que fuere, en tanto sea un gobierno legítimamente votado y haga uso de una herramienta constitucional en los términos de la legislación vigente.

Yendo al tema en análisis, debemos tener en cuenta que la Constitución Nacional establece en su artículo 99, inciso 3°, la prohibición al Poder Ejecutivo de dictar disposiciones legislativas bajo pena de nulidad. Pero inmediatamente establece la excepción y prevé como herramienta excepcional la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia en caso de que no se pueda seguir el trámite normal de las leyes, de que haya necesidad y de que haya urgencia. También prevé cuatro materias de prohibición: impuestos, partidos políticos, sistema electoral y temas penales.

Además, la Constitución Nacional habla de una ley aprobada por mayoría especial, es decir, por la mitad más uno de la totalidad de los miembros de la Cámara, tendiente a reglamentar el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Así se sancionó la ley 26.122.

En ese sentido, les recuerdo que durante el debate de esa norma mantuve fuertes disidencias que me valieron una dura discusión con quien hoy es la presidenta de la República, que además es quien dictó el DNU que hoy nos ocupa. Lo cierto es que existe una ley que establece mayorías especiales y que indica que los alcances se limitan a la aprobación o al rechazo.

Aquí se ha dicho que la posibilidad de anular es una facultad que deriva de la propia Constitución. Al respecto, aclaro que la Constitución establece que hay pena de nulidad. La pena es una sanción y la sanción comprende hechos, pruebas y alegaciones que son propias de la acción judicial. Todos sabemos que cuando vamos a pedirle una nulidad a un juez alegamos, establecemos hechos, probamos, alegamos sobre la prueba y así podremos obtener o no una decisión a nuestro favor.

También se habló de los actos administrativos. Sobre el particular, me pregunto cuándo se puede dictar en sede administrativa una nulidad inmediata. Cuando hay una nulidad manifiesta. Nosotros podríamos incorporar en la ley 26.122, si es que la vamos a reformar –creo que así tiene que ser y tengo proyecto presentado en tal sentido‑, la posibilidad de que ante las nulidades manifiestas el Congreso pueda resolver una nulidad. En ese caso, no habría rechazo y nulidad; es rechazo o es nulidad. Lo nulo es nulo. Es tan nulo que se le quita toda existencia y efecto. Por lo tanto, rechazar y anular es una trampita. Repito: se rechaza o se anula. El Congreso no puede anular el decreto en estos términos, porque no hay nulidad manifiesta.

¿Qué es una nulidad manifiesta? La nulidad que se percibe por la sola lectura del acto. Nosotros no somos jueces ni abogados. En una democracia se establece la representación popular y, por eso, acá hay sindicalistas, trabajadores, obreros y profesionales, pero no vienen abogados a ejercer y en verdad no podemos hacer alegaciones de hecho y prueba cada vez que tenemos que analizar un DNU.

¿Cuál es la nulidad manifiesta que sí podríamos incorporar en la ley? La nulidad que se advierte con la sola lectura: le falta la firma de la presidenta, no fue hecho en acuerdo de ministros, es un tema impositivo, es un tema penal, es un tema de partidos políticos o del sistema electoral. Esto está prohibido y con la sola lectura la nulidad se manifiesta. Ese control podría hacer el Congreso si lo incorporáramos en la ley; pero la ley que establece hoy los alcances de la competencia del Congreso no lo permite.

Ahora estamos avanzando en una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia que tenemos que resolver y para eso nos mandan el DNU al control del Congreso. Si algo dice la Constitución es que al dictar un DNU, en forma inmediata debe ser mandado al Congreso. En forma inmediata lo tiene que tratar la comisión bicameral, y también en forma inmediata, aunque no haya dictamen, lo debe tratar el Congreso.

Está claro que la Constituyente quiso que este Congreso se abocara al tema político. ¿Estamos de acuerdo con el fondo o no del DNU? ¿Estamos de acuerdo con que había una necesidad? ¿Estamos de acuerdo con que había urgencia? ¿Estamos de acuerdo con que se podía seguir o no el trámite normal de las leyes? Son todas evaluaciones políticas que hace un cuerpo político. Ese es el control y ese es el dictamen de aprobación o rechazo. Pero de ninguna manera podría extenderse a una nulidad, ni siquiera a la anulación, porque los actos anulables son aquellos donde se investiga la nulidad. Tiene que haber prueba, estudio e investigación. Esa es la anulación.

Nosotros estamos diciendo que es nulo de nulidad absoluta e insanable, algo que no puede hacer ni un juez sin hacer prueba y alegación.

Les digo que estas cosas son graves institucionalmente porque conviene hoy y uno lo deja asentado para el futuro. Son cosas de las que tendríamos que hacernos cargo. No se puede avanzar, no porque sea este DNU o porque sea este gobierno. La realidad es aunque sea el gobierno que a mí no me guste, el máximo gobierno de derecha, al que yo no le pongo el voto, no defendería que declaráramos nulo un DNU porque me parece que no es urgente o necesario. Para eso está el rechazo y así lo estableció la Constitución.

Estas son las cosas que verdaderamente cuidan la institucionalidad. En las comisiones estamos tratando la modificación de la ley. Entonces, incorporemos la anulación para casos de nulidad manifiesta y reservemos el control político como lo hacen los órganos políticos: analizan el mérito, la conveniencia, es decir, estoy de acuerdo o no, me parece mal o me parece bien, y rechazo o no. Eso es lo que corresponde hacer hoy, es decir, aceptar o rechazar; de ninguna manera creo que es plausible una nulidad.

A continuación, le cedo el uso de la palabra el señor diputado Heller.



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sr. Heller.- Señor presidente: en los minutos que me quedan, como dijo la señora diputada Ibarra, voy a referirme al fondo de la cuestión, porque se han dicho muchísimas cosas de distinto tono alrededor de algo que nosotros entendemos que es sustancial.

Efectivamente, hoy hemos escuchado a muchos señores diputados decir con justeza –y compartiríamos esa idea- que llevamos varios meses discutiendo sobre cuestiones de procedimiento y de reglamento y no hemos logrado abocarnos al tema de fondo.

El bloque que integramos presentó un proyecto que hoy comenzó a tratarse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde proponemos la discusión que creemos que es de fondo: si deben o no utilizarse reservas para pagar parte de la deuda externa. Por eso quiero hacer algunas rápidas consideraciones.

¿Qué son las reservas? Porque también aquí se habla muchísimo de qué son, de quién son y cómo se generan. Las reservas del Banco Central son, sin duda, un respaldo que garantiza estabilidad económica. Desde el año 2003 hasta la fecha han servido, por ejemplo, para posibilitar la administración de un tipo de cambio de equilibrio, para que el dólar se mantenga a un precio competitivo para la industria nacional, evitando así la importación y la desnacionalización de la economía. De ese modo, también se esfuma el peligro de las corridas bancarias, toda vez que cuando sube la demanda de dólares ante algún factor de incertidumbre el Banco Central sale a ofrecer a la venta parte de sus reservas y estabiliza el precio que, obviamente, se guía a través de la oferta y la demanda.

Una y otra vez en los últimos años el Banco Central ha demostrado que tiene poder de fuego suficiente como para impedir cualquier corrida. Esa ha sido una de las razones por las que ha podido administrar eficazmente el tipo de cambio.

Ahora bien, ¿fue siempre esto así? En el año 2003 las reservas eran de 8.245 millones de dólares. A fines de 2009 ascendían a 47.539 millones de dólares y en el medio se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que hubo una política que permitió esa acumulación de reservas.

¿Cómo evolucionaron las reservas y cómo se acumularon durante los años anteriores? Durante el gobierno del doctor de la Rúa se llegaron a tener 37.000 millones de dólares en concepto de reservas, pero eso se logró a través del “blindaje”, es decir, a través de un proceso de enorme endeudamiento y no de un superávit comercial y fiscal producto de un buen funcionamiento de la economía, tal como ha sucedido desde 2003 en adelante. En un solo año ese gobierno permitió que se esfumen cerca de 30.000 millones de esos 37.000 que tenía, lo que provocó la caída del país en la crisis del 2001.

Algunos de los que se rasgan las vestiduras protegiendo las reservas y diciendo que son del pueblo y de todos los argentinos ocupaban importantísimos cargos en aquel momento, cuando se permitió que se fueran 30.000 millones de dólares de reservas.

Antes del golpe de Estado del 76 la deuda externa argentina ascendía a 7.800 millones de dólares. Cuando finalizó la dictadura militar, era de 45.000 millones. l gobierno del doctor Alfonsín, a través de sucesivas renovaciones, facilitó el progresivo aumento de esa deuda, que en 1989 alcanzó a 65.000 millones de dólares. Durante la gestión del doctor Menem la deuda externa llegó a 146.000 millones de dólares, y en los años del gobierno de de la Rúa ascendió a 180.000 millones, punto previo a la caída en default ante tan brutal crecimiento de la deuda y la imposibilidad de pagarla.

El default no fue producto de un acto sino de políticas que se aplicaron y que llevaron a convertir a la deuda en algo absolutamente inviable.

La política seguida desde 2003 en adelante hizo que, medida en términos de producto, la deuda pasara del 150 por ciento del PBI al 45 por ciento. Entonces, nadie puede decir seriamente que no ha habido en estos años una política de desendeudamiento. Sin embargo, a esta altura sería interesante analizar cómo se generan las reservas internacionales.

La economía del país generó ingresos netos de dólares por el comercio de mercancías con el exterior. El superávit comercial en el año 2008 ascendió a 20.343 millones de dólares, y en el año 2009, a 16.435 millones.

En el año 2008, por la formación de activos externos, salieron 23.000 millones, y en el 2009, 14.000 millones. Es decir que todo ese esfuerzo se fue hacia fuera.

Comparto lo que dijo el diputado Solanas respecto a qué están financiando esos recursos que son producto del

trabajo argentino, de rentabilidad argentina y de esfuerzo nacional. Estas son conductas que un país también debe regular a fin de no dilapidar los recursos obtenidos. Esa es otra de las discusiones que tenemos que dar: cómo se evita la salida de divisas provocada por flujos especulativos. Es también un debate muy interesante, porque de los sectores que dicen preocuparse por las reservas, que sostienen son del pueblo, ninguno de ellos habló de la permisividad para enviar dinero al exterior y posibilitar la fuga de capitales. Muy probablemente no aprobarían limitaciones a esta sangría de las reservas pues atenta contra la llamada libertad de mercado que muchos defienden a ultranza.

Nuestra postura de permitir que se pague deuda con reservas tiene que ver con todas estas consideraciones, con la existencia de un stock de reservas más que significativo, con la capacidad que tiene el Estado de seguir generando reservas, por lo cual no vemos ningún peligro en ese sentido y creemos que puede contribuir a un proceso virtuoso de desendeudamiento y mejora de las condiciones de acceso al financiamiento por parte de la Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.



Sr. Martínez (E.F).- Señor presidente: durante el transcurso de la tarde me estuve preguntando el porqué de la tranquilidad -y llegada esta hora prácticamente la indiferencia- del bloque oficialista frente a las exposiciones de los distintos sectores del arco opositor. Digo esto reconociendo las espadas filosas, leales, constantes y valiosas con que el Frente para la Victoria cuenta en esta casa para defender cada una de las posturas que vienen de la Presidencia de la Nación y del diputado hoy ausente –está en Washington‑ Néstor Kirchner.

Quiero recordar una cita que realizó el señor diputado Pinedo. Estoy persuadido de que esta cuestión es estrictamente política y que no se trata sólo de economicismos o bemoles jurídicos. Para ello me remito a ratificar la posición expuesta en la sesión del 17 de marzo pasado, que hasta podría insertarse en mi intervención, y que jurídicamente hoy coincide con la mayoría de las otras posturas, que adelanto es por la invalidez del DNU que se está analizando.

Lo que falta es la crítica política de lo que está sucediendo. Desde el Frente Cívico de Córdoba consideramos que hay una decisión de desarrollar un plan de política económica merced a estos decretos de necesidad y urgencia, o a leyes que en su defecto se dicten y tengan la misma sustancia que debió ser expuesta aquí por su ideólogo, y no –lo digo con respeto‑ estar ausente de este debate.

Como es una cuestión política sólo se trata del correcto funcionamiento de los tres poderes del Estado, y en lo que nos ocupa, del Congreso de la Nación, esta Cámara de Diputados y el Senado de la Nación.

Ya me doy cuenta cuál es la indiferencia que ronda al bloque del oficialismo. Seguramente en un tiempo más se podrá declarar la invalidez del decreto de necesidad y urgencia 298/2010, pero mientras tanto el Senado de la Nación está paralizado y clausurado, como se intentó aquí desde el 10 de diciembre de 2009, con ese bochorno del 1º de marzo de este año y todo lo que siguió con ulterioridad hasta llegar a esta sesión.

Respetuosamente advierto que ocurra lo que ocurra en esta Cámara, como el Senado de la Nación no funciona –se ha logrado el objetivo de clausurarlo‑, el DNU 298/2010 pervivirá. Esto es así porque en tanto y en cuanto no sean las dos Cámaras del Congreso de la Nación las que lo invaliden esto tiene virtualidad.

Esa virtualidad permitirá, a su vez, que se siga gastando el dinero y birlando las reservas del Banco Central para usarlas en el desarrollo de una política económica de clientelismo barato y electoral.

El diputado Pinedo nombró a algún autor en desuso y su contribución a la crítica política de la economía, y de eso me he prevalido para darle una introducción política a mi intervención.

Y se volvió a nombrar, por supuesto con el tono que se merece un amigo, a Catilina o la perra Katalina ‑con “K”‑, de Felipe Solá.

Quiero entender que la falta de respeto del 1° de marzo de llegar a la clausura virtual de este Congreso y real de esta Cámara de Diputados pertenece prácticamente a una zarina. Podría ser Catalina II, de Rusia, a la que no le hizo falta cosacos; simplemente úcases que fueron altamente festejados por el bloque del oficialismo y por algunos que, inadvertidamente no supimos darnos cuenta de a dónde se nos llevaba.

Cabe también entonces, ya que estamos con autores y zarinas del siglo XIX, recordar el resultado de la Restauración luego de la caída del imperio napoleónico y las palabras de Talleyrand advirtiendo a aquellos que volvían al absolutismo despótico que había traído la Revolución Francesa como contrapeso, que si no habían aprendido nada ni olvidado nada, iban a terminar absolutamente igual.

Hoy por hoy, estimado presidente, puedo decir que no hemos aprendido nada ni olvidado nada y la Argentina hoy se muestra como un país crispado, dividido, sectarizado, donde todo es blanco o negro. No se llega a la cordura ni a la racionalidad para obtener soluciones para el pueblo de la Nación, cuando la situación económica general permitiría una dosis de equilibrio que nos sacara de este marasmo.

Desde luego que el Frente Cívico de Córdoba no olvida nada: no olvida al correo del zar enviado para crear candidatos fantasmas en la provincia con sumas de dinero y compra de medios de comunicación en sus intentos de perjudicarlo; tampoco las operaciones de la SIDE contra quien preside nuestro partido; tampoco la proclividad hacia alguna fuerza en la elección provincial del 2 de septiembre de 2007.

Tampoco olvidamos el compromiso que hemos contraído las tres fuerzas mayoritarias de Córdoba para defender sus intereses en este Congreso de la Nación. Ni dejamos a un lado que en ciertas circunstancias históricas actuar privilegiando la paz interior como mandato constitucional otorga una superioridad moral inocultable y gigantesca.

Por ello, más allá de la indiferencia del oficialismo, que ya alcancé a entender, desde el Frente Cívico de Córdoba decimos que no teman, que nosotros no venimos a respaldar una irracionalidad. Hemos gobernado una ciudad que, mal o bien, es equivalente a cinco provincias del norte argentino y venimos a apuntalar la institucionalidad argentina.

En tal sentido, si anticipamos nuestro apoyo a la invalidez del DNU, también como concepto general y para tranquilidad de todos los presentes, no hacemos un dogma de la utilización de las reservas y sostenemos que si son bien utilizadas y no dilapidadas en prioridades que no se alcanzan a entender, nuestra fuerza política estaría en condiciones de apoyar una ley que con seriedad, con el buen uso de las prioridades políticas, privilegie la reparación a las provincias argentinas y el pago de una inocultable y gigantesca deuda interna a la cual estamos obligados a hacer referencia.

Humildemente entendemos que esta es nuestra contribución conceptual a este debate para salir del marasmo en que nos encontramos, evitando enconos o rencores ‑pese a las cosas que he señalado‑ que entorpezcan tanto desde el oficialismo como de la oposición esta necesidad de tener una visión de Estado. Existe una sola forma para ello que será motivo del último tema del orden del día: reformular el presupuesto 2010, luego de que la señora presidenta de la Nación y fuentes del gobierno aceptaran que existe un déficit de 55 mil millones de pesos, lo que nos releva de cualquier prueba.

A ritmo de matacaballo se aprobó un presupuesto que bien puedo llamar un dibujo y que ha traído todos los actuales problemas que llevan a la necesidad de apelar a las reservas para continuar con una política económica que finalmente encubre el financiamiento de una nueva elección del diputado Néstor Kirchner, hoy ausente en esta sala. Algunas pruebas al canto: Aerolíneas Argentinas demandará este año 1.000 millones de pesos; Fútbol para Todos, 900 millones de pesos; el Programa Argentina Trabaja, 6.500 millones de pesos ya devaluados por la inflación, producto de la inestabilidad política y la falta de inversión productiva que este mismo gobierno genera, licuando minuto a minuto la ayuda a la pobreza; los gastos secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado llegan a 600 millones de pesos, utilizados para armar operaciones persecutorias de opositores, que en nuestro caso o en el del presidente de nuestro partido lejos de arredrarnos nos fortifican en nuestra responsabilidad. Sólo esos cuatro rubros que acabo de mencionar se llevan más que un tercio de las reservas que el gobierno nacional ha querido birlar del Banco Central, mediante este decreto de necesidad y urgencia -cuya invalidez vamos a declarar-, para luego dilapidarlos en pagos que entendemos no tienen ninguna urgencia.

Que alguien me explique del texto de este decreto la prioridad que existe en pagar 2.600 millones de dólares en concepto de Boden 2012 para abonar la pesificación asimétrica al sistema bancario local, que habiendo jugado sin riesgo por la cobertura estatal que luego le dio la República Argentina, bien puede contribuir con su espera al progreso del país.

En declaraciones publicadas en el diario La Nación del día de la fecha el diputado Kirchner, dijo se deben entre 6 y 7,5 millones de dólares al Club de París, lo que permitiría el ingreso de nuestra Nación al mercado de capitales europeos con todas las operaciones que ello implicaría.

Lejos de procurar ese camino se insiste con aquellos otros rubros que venimos señalando, especialmente este del pago del Boden 2012 que da pábulo a la murmuración, cuestión que ya ha sido desarrollada por el señor diputado Lozano. Sospecha pública fundada al explicar cómo el cobro de comisiones puede aceptarse por tan patriótica tarea de canjear deuda.

Entendemos que debemos salir rápidamente de este entuerto con la altura que exige la continuidad de las instituciones y la estabilidad de la economía. Rechazamos entonces este DNU en los términos de la Constitución Nacional y la ley 26.122, a la espera no sólo de una norma que contemple prioridades, sino que privilegie la satisfacción ya inocultable de la deuda interna y equilibre las detracciones que en forma sistemática el gobierno le viene haciendo a las provincias no favoritas, en especial a nuestra provincia de Córdoba, que humildemente aspiramos a gobernar, y cuya deuda bien podría aliviarse con un uso de reservas que atempere equitativamente sus necesidades.

Finalmente voy a contestar en el marco de la seriedad, porque algún diputado preguntó si alguien seriamente podía responder a las cifras que daba en orden al sube y baja de la deuda pública argentina. Cito la fuente –yo escuché los datos sin cita de fuentes- que es el Instituto de Investigaciones Económicas sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la ciudad de Córdoba. En 2001, para que no se relativice la cuestión, la deuda pública equivalía al 53,8 por ciento del producto interno bruto; en 2010 equivale al 52 por ciento del producto interno bruto. Y ha subido nominalmente 2.666 millones de dólares desde 2001. He citado la fuente y he tratado de contestar con seriedad. Estamos en la misma situación que en la época del default, lo que es consecuencia de un gasto público si no improductivo, por lo menos direccionado a cuestiones electoralistas y de perduración en el poder, que el bloque del Frente Cívico y nuestra fuerza política no están dispuestos a tolerar ni a financiar. Cualquier otra situación que implique cordura económica va a ser motivo de apoyo por este bloque; aquello que importe –como dije‑ soportar por todos los argentinos la aspiración reeleccionista del diputado Kirchner será motivo de nuestro rechazo.



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Macaluse.- Señor presidente: en estos últimos cuatro meses hemos asistido a un debate vehemente y duro en el que la descalificación y la adjetivación desmesurada taparon el fondo de la cuestión, generando un supuesto estado de zozobra que en realidad no existía. En el medio de este debate uno advertía adjetivos y descalificaciones que no coincidían con las posturas que cada grupo tenía.

Hoy estamos discutiendo los efectos de la reapertura del canje, tema que se votó aquí con una mayoría holgadísima. Entonces, con todo respeto, cabe hacer algunas preguntas. Un politólogo polaco dice que calidad institucional es lograr que el dinero no maneje la política. Creo que todos tendríamos que lograr esto; pero a veces, por un exceso de celo el oficialismo se tropezó con su propio pie, y también la oposición al tratar de resolver velozmente algunas cuestiones que necesitan cierto tiempo.

Los acuerdos de Estado necesitan tiempo, y en el medio creo que hubo cosas que es mejor olvidar o tal vez recordar para evitar que vuelvan a repetirse. Que la presidenta de la Nación anuncie en una Asamblea Legislativa que ha firmado un decreto que tiene como objetivo eludir la atribución que la Constitución otorga al Parlamento, me parece que no es lo más decoroso. Que la oposición haya impedido hablar a la presidenta del Banco Central, demostrando una intolerancia que no tuvo con otros presidentes a los cuales se les aprobó los pliegos a pesar de haber estado investigados por la comisión de delitos, es algo para no volver a repetir.

Por eso en todo este tiempo hemos querido contribuir dentro del respeto de las ideas de cada uno, y sosteniendo la firmeza en nuestras convicciones, a transitar los caminos necesarios para alcanzar un acuerdo de Estado y resolver esta cuestión.

Coincidimos con este politólogo en que la calidad institucional es impedir que el dinero maneje la política. El Banco Central no es autónomo, nunca lo fue. Aquí hemos visto a muchos desgarrarse las vestiduras planteando una supuesta economía que jamás existió en la Argentina ni en el mundo. Si no, vean a Europa y a quién postulaba la mayoría de los países serios para presidir el Banco de Europa. Vean qué sucede en cualquier lugar el mundo. El Banco Central responde a la autoridad política o al poder económico; no hay otra alternativa. Ahora bien, la autoridad política no es un asado en la quinta presidencial; la autoridad política también somos nosotros y debemos ser respetados.

Las reservas no son sagradas; no sacralizamos las reservas, deben servir en la medida en que se cumpla lo pactado en una ley que es la que rige la Carta Orgánica del Banco Central, reglamentación que consideramos deberá ser reformada oportunamente ya que estamos en absoluto desacuerdo con la mayoría de las atribuciones que ella contiene.

En este punto quiero hacer una observación respetuosa. Muchas veces desde el gorilismo más concentrado se ha achacado al general Perón la distribución del ingreso descomunal como nadie ha hecho en la Argentina y muy pocos en esta región: tomó los lingotes de oro del Banco Central y los repartió.

En este caso las reservas del Banco Central van para pagar una deuda externa que en su mayoría es espuria, y he ahí la diferencia que nosotros encontramos entre el peronismo más genuino y algunas de las decisiones que se están tomando, y quiero explicar por qué.

Hoy, mañana o pasado mañana, por lo menos nosotros todavía no lo sabemos, se va a llevar a cabo el canje de deuda, que es consecuencia de esa reapertura del canje que se votó acá y que la enorme mayoría de esta Cámara levantó la mano para votar autorizando al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 65 de la ley de administración financiera, que es claramente inconstitucional.

Porque si nos vamos a desgarrar las vestiduras por las violaciones de un solo lado, veamos qué dice la Constitución. Se otorgan facultades privativas del Congreso al Poder Ejecutivo para que defina en qué términos va a hacer el canje, observando que tiene que mejorar una sola de las tres variables, aunque las otras dos variables a tener en cuenta para el canje sean tremendamente perjudiciales en el resultado final. Y esto se votó acá y tuvo mayoría.

Primera pregunta, ¿el oficialismo no pudo, ya que tenía aquiescencia de enorme cantidad de opositores, haber traído acá una ley que se discutiera, constituyendo una mayoría holgadísima para sacar esto? Segundo, ¿los opositores que votaron esto, de dónde pensaban que se sacaba la plata?

Si habíamos discutido un presupuesto del que se decía que estaba en rojo, que estaba dibujado y que no preveía dinero, ¿de dónde se iba a sacar la plata para hacer ese canje que autorizaron a hacer en términos inconstitucionales?

Otra cuestión: en estos momentos se va a hacer este canje y ninguno de nosotros, ni ninguno de los senadores, ni ninguno de los habitantes de la Nación, conoce en términos específicos en qué consiste este canje. Pero sí lo conocen la SEC de los Estados Unidos, la banca extranjera, la banca coordinadora del canje y el Fondo Monetario Internacional.

Es decir, la Constitución también ahí es clara. Artículo 75 de la Constitución: el Congreso es el que arregla la deuda externa.

No voy a hacer mención a lo de la Banca Barclays, que es vergonzoso y ya lo planteó el diputado Lozano. Sí voy a hacer mención al decreto 1953, que acompaña al decreto 2010 y al sustituto del 298.

Todavía no hemos podido discutir el decreto 1953, porque acá hubo vehemencia, adjetivos y descalificaciones, pero hasta ahora nadie hizo mención de las cuestiones de fondo. Se establece la prórroga de la jurisdicción reconociendo competencia en los tribunales de Nueva York en detrimento de los tribunales argentinos.

Segundo, se establece la renuncia a oponer la inmunidad soberana, y también junto con esto hay otra cosa que es sugestiva. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice en sus documentos, en los años 2004, 2005 y 2006, que está sobrexpuesto en la Argentina, el gobierno nacional decide desendeudarse –entre comillas‑ y pagarle todo lo que le debe por adelantado.

Cuando el Fondo Monetario Internacional observa que hay exceso de liquidez e incentiva la toma de préstamos, el gobierno en los considerandos del decreto dice que es bueno endeudarse para mover el mercado de la economía. Lo dice en todos los decretos que firma. Esto es sugestivo.

Ahora, con el calentamiento global hemos visto cosas que creíamos no ver nunca. Y permítanme observar la rareza. ¿No resulta extraño que después de estos decretos se reciban los beneplácitos del Fondo Monetario Internacional, de los fondos de inversión, de la banca extranjera y de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, que no iba a venir a la Argentina y cruzó el charco para felicitar por esto?

¿Alguna vez vieron que todas estas instituciones saludaran y felicitaran una medida soberana de la Argentina? ¿No nos cabe, por lo menos, la duda respecto de esto?

Así somos compelidos a votar y se nos dice que si no votamos, le hacemos el juego a la derecha. Entonces, se presenta una paradoja, pues para no hacerle el juego a la derecha vernácula, deberíamos votar para que se le pague a la plutocracia internacional más concentrada, que encima actúa como un supra gobierno en los últimos tiempos.

Nosotros no queremos entrar en ese juego. Le reconocemos al gobierno que ha hecho cosas beneficiosas, aunque ello nos perjudique electoralmente, y lo hemos acompañado con el voto. Pero esto, sinceramente, no lo podemos acompañar, porque siempre hemos estado en contra de este tipo de medidas.

La deuda externa es un problema político gravísimo, y hasta que no lo desentrañemos no podremos resolver el resto de los problemas ni ninguna de la ristra de reivindicaciones que se plantearon aquí, como la inflación, la pobreza o la desigualdad.

La deuda externa no es un problema financiero, sino un sistema de dominación y de enervamiento de la soberanía jurídica y económica argentina. Por eso decimos que hay que revisarla y auditarla.

No intentamos deteriorar ni lijar al gobierno. No deseamos que se entre en un callejón sin salida, y pagar sin revisar la legitimidad es hacerlo. La auditoría no es una chicana que planteamos al gobierno, sino un problema enorme de la democracia argentina, que deberíamos resolver entre todos.

En primer lugar, la auditoría permite conocer la verdad. En segundo término, permite castigar a los culpables y responsables. Es bueno que se juzgue a los autores de un genocidio, pero los autores intelectuales de ese genocidio –por el que se mataron 30 mil personas en la Argentina y se violaron los derechos de muchísimos más-, están libres y han dejado las huellas en el origen de la deuda externa. Como Congreso tenemos la obligación de auditarla.

Frente a la posibilidad de un canje y una reestructuración, no podemos dejar de revisarla. Eso permitiría disminuir la deuda y concretar todas las cosas que queremos hacer.

Esta no es una cuestión del pasado. Alcanza con mirar los vencimientos de este año: 22 mil millones de dólares. Son iguales a los del próximo año. También están los de la década que viene y los que van de 2030 a 2040, que alcanzan a 33 mil millones de dólares. Esta es una cuestión que está vinculada con el futuro.

Aquí estamos votando por la coyuntura, por la elección de 2011 y, fundamentalmente, por si dejamos a las generaciones futuras una herencia que no podrán resolver y que hará que se vayan a enredar como nosotros. Entonces, con la verdad deberíamos comenzar a aliviarles esa carga. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.



Sr. Prieto.- Señor presidente: no es casualidad que a lo largo de este debate se haya insistido con la declaración de nulidad del decreto en tratamiento. No se trata de algo inocente o de que lo que abunda no daña. En realidad se trata de buscar que no haya surtido ningún efecto y de no esquivar lo que la Constitución y la ley establecen para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.

En primer lugar el inciso 3) del artículo 99 de la Constitución Nacional establece clara y explícitamente la nulidad absoluta de las disposiciones de carácter legislativo que dicta el Poder Ejecutivo. Es una nulidad absoluta e insanable. Esto es lo que establece el inciso 3) del artículo 99. Esto se refiere, por ejemplo, a la posibilidad de que al Poder Ejecutivo se le ocurriera modificar el Código Civil mediante un decreto. Esto sería algo nulo de forma insanable.

A continuación, ese mismo inciso del artículo 99 dice que únicamente podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, y establece determinado procedimiento para que, con el control parlamentario debido, se establezca la aceptación o el rechazo de la medida tomada por el presidente juzgando acerca de la necesidad y urgencia.

Cuando –como ocurrió en este caso‑ el presidente opta por el camino del decreto de necesidad y urgencia, queda absolutamente descartada la nulidad del decreto. Podrá, como establece la ley 26.122, aprobarse o rechazarse por parte de una o ambas Cámaras del Congreso, con los efectos previstos en la ley, y es la ley 26.122 –cuya modificación está en debate en este momento en el Congreso‑ la que establece cuáles son las consecuencias.

Pero esto no lo hizo el Congreso porque se le ocurrió reglamentar esta parte de la Constitución. Lo hizo mucho tiempo después del que originalmente estaba previsto simplemente porque hay una delegación expresa de la Constitución para que el trámite que regule los efectos de estas normas lo realice el propio Congreso.

Entonces, hay que descartar en forma terminante la nulidad que se ha invocado aquí, prevista en el artículo 99, inciso 3.

También debo decir –porque fue señalado por el miembro informante‑ que no hay una cuestión de invalidez por la materia que trata el decreto de necesidad y urgencia. Aquí se dijo que se trata de una materia tributaria, pero estamos muy lejos de eso. El tributo es una imposición unilateral por parte del Estado para financiar el Tesoro público a los particulares. La utilización de las reservas para el pago de la deuda pública no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión tributaria. De modo que seguramente habrá sido un lapsus parecido al de Catalina en lugar de Catilina.

Así como se ha hablado aquí de calidad institucional, de respeto a la Constitución y de las demoras que ha tenido el trámite para la consideración por parte de este Congreso, debo recordar que en buena medida la demora en la tramitación obedece a una irregular composición de la comisión bicameral por una resolución contraria al texto expreso de la Constitución y de la ley, tomada y ejecutada por el presidente del Senado. Ello impidió que se realizara el trámite normal que prevé la ley 26.122 con respecto a la emisión del dictamen, que de hecho no ha sido expedido ni tratado, y si lo estamos haciendo hoy es por la facultad de esta Cámara de avocarse en forma oficiosa.

Una cuestión que no debe obviarse, y que está tiñendo el debate político en la Argentina desde hace un tiempo, es la vinculada con la judicialización. Y esto también ha sucedido aquí. La judicialización demuestra, en cierta medida, la incapacidad de la política para resolver las cuestiones de la política en los ámbitos políticos; pero, por otra parte, significa también la indebida intromisión en las cuestiones de la política por los poderes de baja legitimación democrática. Esta es una cuestión que tanto oficialistas como opositores, actuales y futuros, tenemos que reconsiderar en nuestro propio accionar, porque más allá de que las decisiones de la política puedan ser erróneas o estar influenciadas por la coyuntura, no tengo ninguna duda de que contemplan de mejor modo los intereses del conjunto que emergen de la representación popular, que aquellas decisiones de la política que son ejercidas por los jueces bajo un aura de pureza o de asepsia que todos sabemos que no es tal.

Aquí también se ha planteado otra cuestión vinculada con la nulidad. Me refiero a la pretensión contemplada en el siguiente punto del plan de labor de esta sesión, que además ha sido expresada en diversas comisiones, en relación con la potestad del Congreso para declarar la nulidad. Al respecto debemos fijar una pauta interpretativa hacia el futuro en cuanto a la aplicación de la propia Constitución. En mi opinión el Congreso no tiene facultades para declarar la nulidad de las leyes o de actos equiparables como el que hoy nos ocupa, es decir, un decreto de necesidad y urgencia. Este es el “abc” de la Constitución.

En ese sentido, voy a citar el considerando treinta y cuatro del voto del doctor Petracchi en la causa Simón, que dice: “El Poder Judicial es el único órgano constitucionalmente facultado para declarar nulas las leyes o cualquier acto normativo con implicancia jurídica.” Por su parte, el considerando veintiocho del voto del doctor Lorenzetti en la misma causa, señala: “Una vez sancionada la norma, si se detecta inconstitucionalidad o ella ha sido declarada por un juez, puede ejercer un control reparador derogándola con efectos para el futuro, pero es necesario establecer con toda precisión que de acuerdo con nuestra Constitución la única vía para privar de efectos a una ley es, de modo excluyente, la declaración de su inconstitucionalidad por parte de un tribunal de Justicia.”

Por lo tanto, debemos definir con claridad cuál es el objeto de la resolución que hoy va a adoptar esta Honorable Cámara. Se aprobará o rechazará el decreto de necesidad y urgencia según el resultado de la votación, lo cual está muy lejos de constituir una declaración de nulidad expresa o implícita.

Por otra parte, cualquiera sea el alcance de esa resolución tiene que ajustarse a la Constitución en orden a que la valoración primera de la necesidad y urgencia la realiza el Poder Ejecutivo, mientras que la valoración política de esa necesidad y urgencia luego es convalidada o rechazada por el Poder Legislativo. En consecuencia, la decisión política la toma la política y no la Justicia.

Por otra parte, los efectos eventuales del rechazo del decreto de necesidad y urgencia no afectan los derechos adquiridos a la luz del decreto que se trate. Esto surge del propio texto de la ley 26.122, que ha sido pensada para casos como el que nos ocupa. Este concepto alcanza no sólo a los particulares sino a todo género de personas, como en este caso lo es el Banco Central, que es una persona jurídica estatal, pero con personalidad propia.

En definitiva, no está mal que en el ámbito de la política, aun cuando por esas cosas del sistema es posible que un presidente con legitimidad democrática conviva con un Congreso que también tiene su propia legitimidad democrática -pero que tiene distintos períodos, distintas composiciones y distintos liderazgos-, se produzcan estas tensiones en el sistema. Pero estas tensiones y estas resoluciones, reitero, deben ser aceptadas o rechazadas en el ámbito de la política, y en este caso, en el ámbito del Congreso de la Nación.



Sra. Carrió.- Pido la palabra para una aclaración.



Sr. Presidente (Fellner).- Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sra. Carrió.- Señor presidente: el señor diputado tendría que leer, aparte de ese texto, que está en el Control de constitucionalidad, de Bidart Campos, el tomo correspondiente a los decretos de necesidad y urgencia, donde complementa el control del Congreso y dice exactamente lo que hemos dicho. Si analiza ambos textos lo va a entender.



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.



Sr. Fortuna.- Señor presidente: realmente, que en el día de la fecha esta Cámara de Diputados haya podido avanzar para debatir y resolver un tema pendiente desde el mes de diciembre pasado, a nuestro juicio sirve para saldar una deuda que tenemos con todos nuestros conciudadanos.

Lo quiero expresar con todas las letras, porque creo que los decretos de necesidad y urgencia, como instrumento que usó el Poder Ejecutivo nacional, tuvieron dos consecuencias absolutamente claras y evidentes: precisamente, que el Parlamento nacional quedara afuera de un debate tan importante y tan necesario para nuestro país, así como también, que quedaran afuera todas las provincias argentinas.

Esto también lo quiero expresar con toda claridad. El ejercicio y el estilo de este gobierno nacional ha estado concentrando en forma permanente decisión económica y política en el Poder Ejecutivo nacional, olvidándose de que las provincias argentinas hicieron grandes aportes para que este querido país pudiera sobrellevar aquella difícil crisis del año 2001, en que las provincias cedieron recursos a la Nación con la expectativa de que, una vez superada esa crisis y a través de una institucionalidad clara y definida, esos recursos pudieran volver a las provincias renovados y enriquecidos.

Lamentablemente, ese escenario no se ha venido dando en este país. Cuando hablamos de que las instituciones deben funcionar es porque son efectivamente la garantía de que este país puede cumplir con la Constitución y con las leyes, y de que a su vez podamos ser, como lo dice nuestra Carta Magna, un país federal en el que se escuche la voz de las provincias y en el cual, en este Congreso Nacional, aquellos que además de representar a todo el pueblo argentino representamos a nuestras porciones provinciales, tengamos la posibilidad de defender legítimamente el interés de aquellos a quienes estamos representando.

Por eso creo que hoy estamos dando un paso adelante, porque en definitiva estamos derogando y rechazando un decreto de necesidad y urgencia que ‑insisto‑ no contempló al Parlamento ni tampoco a las provincias argentinas. Desde el bloque Córdoba Federal, que representa la opinión de una porción importante de nuestros comprovincianos, hoy venimos a decir que, en definitiva, pretendemos que de una vez por todas se discuta el uso de las reservas en el ámbito del Congreso Nacional y que tengamos posibilidades de opinar y discutir en ese sentido a la luz del día. Queremos encontrar la solución que las provincias argentinas requieren.

Señor presidente: estamos en el año del Bicentenario. Cuando hablamos de desendeudar a la Nación también debemos tener en cuenta la necesidad de atender al financiamiento automático que permita que nuestras provincias puedan resolver los problemas de endeudamiento que tienen. Dicho endeudamiento se ha venido generando a través de estos años y tiene una matriz injusta, porque precisamente en el año 2001, cuando se llevó adelante la pesificación indirecta, las provincias tuvieron que equiparar sus deudas con un 40 por ciento más, a las cuales después se les aplicó invariablemente el coeficiente que conocemos como CER. Esto llevó a que casi el 50 por ciento de endeudamiento nominal que hoy tienen las provincias, que está en el orden de los 90 mil millones de pesos, sea precisamente producto de esa pesificación indirecta y de esos intereses sobre los intereses. Ya hubo un proceso de desendeudamiento en la Argentina, pero no se midió con la misma vara a cada una de las provincias argentinas.

Señor presidente: hoy vengo aquí a decir que es injusta la distribución de los recursos. Ellos están concentrados en la Nación y no atendemos la realidad de nuestros territorios. Centralmente, nuestras provincias necesitan financiamiento automático para resolver sus problemas porque, efectivamente, de esa manera se va a mejorar sincera y legítimamente la calidad institucional en nuestro país.

Una deuda pendiente importantísima es la mejora en la relación entre la Nación y las provincias, pero para ello tenemos que conseguir mayor calidad institucional. Esos significa un financiamiento genuino y soberano de los recursos, que son de todos los argentinos. Insisto: hoy esos recursos se concentran de manera inequitativa en el Estado nacional y son usados también de manera inequitativa por el Poder Ejecutivo nacional.

Estamos convencidos de que con el esfuerzo que debemos hacer en este Congreso Nacional para mejorar estas relaciones vamos a avanzar en soluciones para todos los argentinos. No somos pesimistas en ese sentido, pero tampoco somos ingenuos.

Por eso, queremos que todos estos temas que tienen que ver con el futuro, con la posibilidad de tener empleo, recursos genuinos y obra pública genuina puedan ser discutidos en este Congreso Nacional. Asimismo, el endeudamiento de las provincias también debe ser incorporado a la discusión en los próximos días para que tengamos definitivamente la posibilidad de debatir una iniciativa en ese sentido en el Parlamento. De más está decir que nuestra posición ha sido siempre muy clara.

Obviamente, creemos que hay que discutir un proyecto de ley que nos permita poner al día esta deuda que tenemos con nuestras provincias. Asimismo, queremos contemplar un financiamiento genuino y automático para las provincias argentinas.

Por eso, nosotros vamos a rechazar el decreto de necesidad y urgencia bajo análisis. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.



Sra. Donda Pérez.- Señor presidente: quiero comenzar recordando una cuestión que algunos olvidaron señalar o pasaron por alto quizás por el énfasis que cada uno de nosotros pone a su intervención.

Digo esto porque, del mismo modo que el diputado Macaluse, yo creo que hay que reconocer las cosas que este gobierno hizo bien. Una de ellas fue anular las leyes de obediencia debida y de punto final, lo que dio la posibilidad a la familia Poblete de enjuiciar a Julio Simón por delitos de lesa humanidad. Y precisamente un diputado preopinante fundamentaba su posición de que no correspondía la nulidad de este DNU en fallos contrarios al enjuiciamiento de Julio Simón. Me parece que hay que tener cuidado con lo que se menciona, sobre todo conociendo que la mayoría de los que estamos aquí sentados sino todos ‑creo que hoy todos‑ estamos a favor de enjuiciar a los genocidas.

Por eso al hablar de la deuda me parece importante recordar el pasado, a esa dictadura que hizo aumentar de modo exponencial la deuda externa argentina y que aún hoy en democracia estamos reconociendo.

Hace un rato un periodista me preguntaba: “¿No es todo muy viejo ya? Eso pasó hace tanto, ¿por qué no se revisó antes? Me parece que ya no se puede revisar.” Quería contestar a ese periodista desde mi banca. Sí se puede revisar. Si las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo hubieran pensado que los crímenes del terrorismo de Estado no se podían revisar hoy no estaríamos enjuiciando a quienes llevaron adelante el genocidio de nuestro país.

Nosotros creemos que la deuda externa fue uno de esos crímenes de la dictadura que después fue continuado por gobiernos democráticos. Hablo de crímenes porque si bien todavía deben ser enjuiciados hay juzgados que han abierto causas penales en contra de muchos funcionarios de la democracia que llevaron adelante actos jurídicos que por lo menos están cuestionados en su licitud.

Los actos jurídicos siempre se pueden revisar, sobre todo cuando tienen efectos en el presente. Por eso desde el interbloque Proyecto Sur queremos tener la posibilidad de revisar esos actos jurídicos. Por eso desde este grupo de hombres y mujeres que nunca participamos de los canjes ni del endeudamiento del país y siempre nos opusimos y lo denunciamos, creemos que como legisladores y legisladoras nos debemos la posibilidad de revisar esos actos jurídicos.

En varios discursos la presidenta de la Nación nos pedía propuestas. Nosotros las dimos; propusimos la creación de una comisión bicameral para investigar la deuda. Nos contestaban que nos embargarían todo y que los pagos no se pueden suspender, a lo cual respondimos que se consignaran los pagos.

Nosotros no decimos que las reservas no se pueden tocar. Son los ahorros de los argentinos y las argentinas, y como en toda casa, si hay alguien que tiene hambre creemos que deben usarse. Pero eso debe discutirse en el Congreso de la Nación, porque si bien la Argentina tiene un régimen presidencialista también es verdad que está dividida en tres poderes, y mal que les pese uno de ellos es el Poder Legislativo.

Digo “mal que les pese” porque desde el 3 de diciembre de 2009 a la fecha lo único que hemos recibido fueron maniobras para que el Congreso no funcione, maniobras para ensuciarnos a todos y a todas. Se ve que cuando las encuestas les dan mal a algunos la única respuesta no es mejorar para que cambie la opinión de la gente sino tratar de ensuciar al resto. Nosotros no vamos a dejar que nos ensucien. Nosotros no somos lo mismo: sabemos lo que queremos y qué intereses defendemos.

Propusimos también un fondo de desarrollo, porque consideramos que las reservas pueden utilizarse y se puede cambiar la matriz productiva para dar trabajo a los argentinos y argentinas que no lo tienen.

Asimismo, propusimos rever el presupuesto, porque si existe un déficit en él es porque los que lo votaron el año pasado no lo han corregido. Entonces, tenemos que reverlo.

Siguen mintiéndonos. Se abren las sesiones del Congreso derogando el DNU que crea el Fondo del Bicentenario, y se crea un Fondo de Desendeudamiento, que tiene bastante poco de desendeudar y mucho de “miento”. Digo “miento” porque nos mienten cuando nos dicen que hay dos opciones: el ajuste ortodoxo de la derecha o pagar la deuda evidentemente progresista, porque ahora es progresista pagar la deuda que no sabemos si debemos o no.

Nosotros decimos que eso es falso y que nos mienten. Es mentira que al ajuste ortodoxo de la derecha se le oponga el no ajuste pagando las deudas con las reservas; se le opone otro ajuste, el ajuste por inflación. Pregúntenle a un jubilado que cobra 800 pesos cómo hace para vivir con los actuales niveles inflacionarios.



- Varios señores diputados hablan a la vez.



Sra. Donda Pérez.- Esa es la verdad aunque a muchos no les guste y griten. Por más que en la calle nos digan que estamos con la derecha es bastante difícil hacérselo creer a todos, porque eso no es así. Somos hombres y mujeres consecuentes que siempre hemos peleado para defender a nuestro pueblo. Sabemos de dónde venimos y no decimos que Hilary Clinton sea progresista porque nos felicite por pagar la deuda. ¿Desde cuándo Estados Unidos felicita la decisión soberana de otros países?

Yo sé que cuando pierdan nos van a decir que fuimos funcionales a un golpe de Estado. Sería el primer país en América Latina al que se le quiere hacer un golpe de Estado por pagar la deuda. Eso nunca lo había visto.

Sinceramente creemos que hay una responsabilidad del gobierno y también de algunos bloques opositores que votaron el canje. Como decía nuestro compañero el diputado Macaluse: ¿de dónde pensaron que el gobierno iba a sacar la plata para canjear los bonos de la deuda? Por eso nosotros en ese momento nos opusimos al canje.

No tengo mucho más para agregar. Sencillamente hoy tenemos una posibilidad histórica que vamos a seguir defendiendo. Hoy vamos a estar en contra del DNU, como decía el diputado Pino Solanas. Vamos a estar en contra del decreto que vaya a aprobar el canje de los bonos.

Pero también vamos a estar en contra de cualquier ley que contenga el espíritu de ese decreto. No creemos que haya que pagarle a nadie sin saber si le debemos o no. Consideramos que tenemos que revisar esos actos jurídicos que son revisables y son deudas contraídas no con la plata de ninguno de nosotros sino con la del pueblo.

También entendemos que este Congreso tiene que funcionar. No es posible que nos obturen la posibilidad de discutir los proyectos que tenemos para frenar la inflación, dar seguridad al pueblo, terminar con la pobreza y generar trabajo.

El Congreso tiene que funcionar porque para eso nos pagan un sueldo. Vamos a seguir presentando proyectos. Vamos a concurrir a las comisiones a discutirlos, porque no dejaremos que cierren este Congreso, que estuvo cerrado en épocas muy oscuras de la historia argentina que no queremos que vuelvan.

Vamos a seguir discutiendo acá sentados. Si es en minoría, lo haremos en minoría, y si tenemos quórum, lo haremos con quórum.

Desde este interbloque quiero ratificar que nosotros vamos a votar en contra del DNU, y si viene una ley con el espíritu de éste también la vamos a votar en contra, porque las deudas primero hay que investigarlas para luego honrarlas.

Es el momento de que este Congreso asuma la responsabilidad histórica de quitar de las espaldas del pueblo argentino la pesada losa que tiene. Nos hacemos cargo de esa responsabilidad, o seremos cómplices de todos los que saquearon esta Nación. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.



Sr. Robledo.- Señor presidente: hace tiempo que venimos discutiendo cuestiones de forma.



- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Susana Fadel.



Sr. Robledo.- Discutimos si los DNU son las herramientas jurídicas adecuadas para utilizar las reservas excedentes para el pago de la deuda, si el gobierno abusa de las normas, etcétera. Ahora, obligados por las circunstancias, todos nos convertimos en tecnócratas, especialistas en leyes, decretos y reglamentos, pero nos olvidamos de hablar y hacer política en el sentido amplio de la palabra.

Respecto al decreto 298/10, con el objeto de no generar un vacío jurídico en el momento del canje de la deuda, proponemos el tratamiento de la ley de manera inmediata. Creemos que en primer lugar se debe tratar la norma para darnos el debate necesario y darle al gobierno las herramientas para continuar cumpliendo con los compromisos asumidos. Al respecto informo que los diputados que conformamos el bloque Justicialista La Pampa hemos ingresado un proyecto, que también ha sido presentado por los senadores de mi bloque en la Cámara correspondiente. Tiene que ver con el tema del desendeudamiento. Nosotros comprometemos el debate parlamentario.

La creación del Fondo de Desendeudamiento Argentino brindará un horizonte de certidumbre mayor a los mercados locales e internacionales, toda vez que su creación surja de un acuerdo político en las instancias del Parlamento nacional, lo que redundará en beneficio del canje de la deuda.

Resulta imprescindible apuntalar el proceso de desendeudamiento, a la vez que dar certeza en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de la República, continuando así con la normalización de la deuda pública en cesación de pagos, allanando el camino para el cumplimiento de lo dispuesto por la ley 26.547.

Por medio de la norma también damos un marco legal a lo que prescribe el artículo 51 de la ley 26.546 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2010. Por ella se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional, mediante la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública, quedando facultado el Poder Ejecutivo Nacional para realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de esa deuda a las posibilidades de pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo.

Entendemos adecuada la estrategia de crear el Fondo de Desendeudamiento. También coincidimos con que el Honorable Congreso de la Nación tiene la competencia constitucional de velar por el seguimiento y cumplimiento del pago de la deuda.

Consideramos que la profundización del proceso de desendeudamiento iniciado en 2003 debe constituir una política de Estado, ya que resulta necesario acceder a un mayor refinanciamiento, tanto para el sector público como para el privado.

Debemos apoyar la alternativa razonable de regresar al mercado voluntario del crédito internacional. No es que el Estado argentino necesite endeudarse urgentemente. Se trata de un error. La urgencia está dada en algunas provincias que requieren financiamiento, muy especialmente las empresas privadas que necesitan una tasa de referencia mucho más baja para lo cual debemos salir definitivamente de la situación de default y volver razonablemente al mercado de crédito internacional.

Lo que sí necesita el país es inversión productiva generando empleo; más inversión implica más trabajo, y más trabajo representa mayor distribución, esa es la meta y la verdadera necesidad de la urgencia.

¿Qué nos pide el pueblo argentino? Responsabilidad política para resolver este inconveniente. ¿Es responsabilidad política rechazar hoy el DNU y dejar al gobierno en un estado de indefensión ante los acreedores internacionales o tratar las diversas iniciativas que fueron presentadas para resolver el problema de fondo otorgándole las herramientas necesarias no sólo para desendeudarse sino también para seguir adelante con este proceso democrático?



Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.



Sra. Fadul.- Señora presidenta: durante estos días, y después de la última sesión en mayoría, fue imposible no plantearme la verdadera situación en la que estamos inmersos. Así, en el marco de esta cuestión, no dejé de pensar en un Poder Ejecutivo que se arroga funciones del Poder Legislativo, en acreedores que se negaron a negociar antes y que ahora cambiaron de parecer, y en un país donde se habla de reacomodamiento de precios.

No solamente se trata de la existencia de fondos buitres en el escenario de este debate, sino que como telón de fondo –como lo han planteado muy bien señores diputados que han hecho uso de la palabra anteriormente‑ nos encontramos con el grupo Barclays, accionista en la exploración de nuestros recursos hidrocarburíferos en la cuenca de las Islas Malvinas, ungido en parte como coordinador global de este nuevo canje de deuda.

Insisto, como lo manifesté al momento de rechazar el decreto 2010 en aquella sesión, en que si el Congreso no reacciona ahora luego será tarde y nos lamentaremos. Esta es la verdadera cuestión: asumir el genuino mandato establecido por nuestra historia, sabiendo frente a quién tenemos que rendir cuentas. En todo caso, se trata de separar las causas reales de las excusas virtuales. Se trata de saber real y no virtualmente si nos encontramos ante un desendeudamiento. Se trata de entender si primero debemos verificar la legitimidad de la deuda que está en tratamiento en este momento, dado que en la mayoría de los casos proviene de compromisos de dudoso origen. En este sentido, no voy a hacer mención a las causas que ya han sido nombradas previamente por algunos señores diputados, para no abundar en el debate.

De todos modos quiero decir que se trata de explicar sin rodeos y tapujos a nuestros representados que el posicionamiento del Poder Ejecutivo por pagar deuda externa, aun a este costo instrumental, desnuda que la Argentina se encuentra hoy frente a una crisis de deuda pública, y corresponde estar atentos para que el árbol virtual no tape el bosque real.

Lo cierto es que el llamado fondo de desendeudamiento está destinado al pago de los acreedores financieros con reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina. Porque no existe posibilidad real de cubrir tales erogaciones con recursos ordinarios del presupuesto, elaborado primariamente por el Poder Ejecutivo, porque esos recursos hoy son virtuales en él. La única realidad es la realidad, y esta realidad es muy clara. Se pretende usar las reservas para volver así al mercado internacional de capitales para, seguramente, tomar después más deuda pública.

Lo cierto es que el presupuesto aprobado por este Congreso para el año 2010 no cierra frente a los vencimientos de la deuda pública, y entonces el gobierno recurre por decreto a los activos financieros del Estado, que son las reservas de nuestro Banco Central.

Las cuentas fiscales tampoco cierran porque el gasto público crece y también crece el pago de los servicios de la deuda. Por eso, mientras algunos creen ‑entiendo yo, virtualmente- que el decreto 298 es una herramienta para que los empresarios puedan invertir más fuerte y generar así empleos formales, debemos asumir la verdadera responsabilidad de una vez por todas de terminar con este procedimiento de reendeudamientos permanentes, porque una deuda sin capacidad de repago es una deuda perpetua.

Para concluir, quiero repetir lo que alguien antes ya dijo y es que estoy segura de que la Nación bien entendida es la sucesión de los hombres de la patria, en el pasado y en el porvenir, así como en el presente; no es el simple total de los que hoy estamos.

Así, nuestra Nación existe antes que nosotros, lo sabemos, y nos sobrevivirá cuando ya no estemos. Pero lo que sí tenemos bien claro es que nuestro espíritu nacional reside primeramente en nuestra conciencia, y de lo que también estoy muy segura es de que el pueblo fueguino no me colocó en esta banca para avalar un decreto de necesidad y urgencia como este, el 298.

Por eso expresamente lo rechazo desde el bloque del Partido Federal Fueguino.



Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.



Sr. De Marchi.- Señora presidenta: gracias, estimada comprovinciana, que al estar en la Presidencia seguramente hoy no va a pedirme ninguna interrupción.

Es notable cómo en el transcurso de la sesión se ha ido corriendo la discusión hasta detenerse en lo que creo que es el centro del debate de hoy día, que es la importancia y el protagonismo real del Parlamento argentino.

¿Cuál es el papel que, como Parlamento, tenemos en el juego de las instituciones? Ése es el fondo de lo que hoy aquí estamos discutiendo, independientemente de las intervenciones excesivamente tecnicistas o de aquellas sólo fundadas en cuestiones de tipo político.

Es entonces que resulta muy oportuna la introducción de la cuestión central del debate, quizá ya ahora sí con algún ropaje técnico, que es la viabilidad jurídica o no de la valoración del rechazo del decreto 298, mal llamado de necesidad y urgencia.

Y aquí se han expresado una serie de fundamentos vinculados a la imposibilidad de que este Parlamento valore las condiciones en torno a las cuales el Poder Ejecutivo emitió un decreto.

Adelanto, obviamente, mi posición en el sentido de que no solamente este Parlamento debe rechazar el decreto 298 en los términos de la ley 26.122, sino que tiene la obligación constitucional de valorarlo. Eso es, en definitiva, lo que estamos haciendo, porque si no, correríamos el riesgo de institucionalizar un vicio: dar una herramienta al Poder Ejecutivo para que sancione un decreto considerando que cumple las condiciones de necesidad y urgencia del inciso 3) del artículo 99, y luego entretenga al Parlamento dos o tres meses con su discusión, mientras los efectos jurídicos del decreto están vigentes.

De nada sirve una expresión tardía del Parlamento o, eventualmente, de la Corte, para quienes creen que el monopolio del control de la legalidad depende sólo de dicho órgano. Un remedio que llega tarde no es un remedio.

Además, el Poder Ejecutivo ya lo ha hecho. Alguien podría decir que estamos pensando mal, pero ya está hecho. Cuando se le complicó la vida jurídica del 2010, a fin de no acatar las precautorias que el Poder Judicial de la Nación había emitido, automáticamente inventó un nuevo decreto, que repite el contenido del anterior, con la única diferencia de que le cambió el número: fue el 298.

Hoy resulta que, después de cuatro meses, estamos discutiendo la valoración de dicha norma, cuando la plata ya se la llevaron del Banco Central y ya están pagando compromisos a tenedores privados, a partir de recursos que entendemos que se están utilizando de forma ilícita e ilegal.

Entonces, ¿cómo no va a poder discutir el Congreso el entorno en virtud del cual el Poder Ejecutivo emite un decreto que se le ocurre llamar, caprichosamente, de necesidad y urgencia? El artículo 99 es clarísimo y establece el principio general, ratificando el artículo 1º de la Constitución Nacional: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.

El artículo 1º de la Constitución concede el monopolio de la creación normativa al Parlamento y no al presidente de la Nación. Algunos dirán que es un DNU, y en realidad esta es una articulación periodística, porque lo que existe institucionalmente son los decretos que, como dije recién, cumplen o no con las condiciones de necesidad y urgencia.

Aquellos que apoyan los efectos jurídicos de este decreto, ¿pueden defender sensatamente –no políticamente- que hubo necesidad y urgencia? Estamos para defender la legalidad y la vigencia de la Constitución, y no a las personas que integran un determinado proyecto político.

Entonces, si estamos falseando el objetivo constitucional, deberíamos blanquear los fundamentos, diciendo sinceramente que no nos interesa aplicar la letra de la Constitución. Se debería señalar que se va a inventar un nuevo esquema jurídico que se llamaría DNU, por ejemplo, y que se valorarían las condiciones de necesidad y urgencia a partir de las necesidades políticas de un presidente circunstancial.

Para quienes sostienen que finalmente es la Corte la que tiene el control monopólico de legalidad, diremos que dicho órgano ya se ha expresado claramente en el caso de Rocchi, que también ya se ha citado. Allí la Corte ha expresado que para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesario la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: primero, que sea imposible –utiliza la

palabra imposibilidad‑ dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, es decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan. Es más; para quien le quede alguna duda, la Corte ejemplifica ‑no muchas veces lo hace en sus fallos, pero en este caso lo hace‑ y dice “como ocurriría en caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal”.

La segunda condición es que la situación que requiera solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.

¿Alguien puede sensatamente defender que esas condiciones se dieron cuando la señora presidenta, sentada en ese mismo sillón, en las narices del Parlamento, en el momento en que se inauguraba el período de sesiones ordinarias –o sea, en pleno funcionamiento de este Congreso‑ nos decía que había dictado un decreto de necesidad y urgencia? Y lo que es más grave: en ese momento empleados calificados del Poder Ejecutivo –como son el edecán, el ministro de Economía y la empleada con orientación financiera Mercedes Marcó del Pont- tomaban, en la más oscura clandestinidad, las reservas del Banco Central para transferirlas a una cuenta del Banco Nación.

Esta es la discusión. ¿Cómo no vamos a valorar y cómo no vamos a declarar de nulidad absoluta este decreto en los términos del artículo 99, inciso 3, de la Constitución?

Esa es, en definitiva, la discusión de fondo para terminar con esta jugarreta de cabotaje, de pretender trampear todos los días y forzar la vía de las instituciones. Por eso, insisto, es importante que este Parlamento se exprese en ese sentido.

Por último, quiero hacer una consideración rápida de tipo político. Desde el oficialismo se ha simplificado la cuestión tramposamente diciendo que la oposición se ocupa de las formas y que ellos se han ocupado del fondo del asunto. Esto es mentira, a medias. En realidad, claro que nos hemos ocupado de las formas, porque las formas son, ni más ni menos, la Constitución, las reglas de juego. Cumplimos con lo que la Constitución establece o no. Esas son las formas, que peyorativamente desde sectores del oficialismo se han disminuido en los discursos.

Pero no nos quedamos en las formas. Queremos dar la discusión de fondo. Lo cierto es que el oficialismo no la quiere dar. Está imposibilitado de dar la fundamentación de fondo, porque si hablan del fondo del tema tienen que hablar necesariamente del grave despilfarro al cual están sometiendo, no ya las cuentas de la República sino a los sectores más humildes de este bendito país. Todos sabemos que cuando existe despilfarro, existe una necesidad de los sectores más humildes sin cubrir. Esto es así.

No quieren dar la discusión de fondo porque no pueden explicar en qué invierten los dineros de los argentinos, porque no pueden explicar que las reservas están para otros fines y no para gasto corriente disfrazado de pago de deuda pública; esto es, dejar plata en el presupuesto para utilizarla en gasto corriente y utilizar reservas para pagar deuda. Esa es la discusión de fondo que no pueden dar; algunos la quisieran dar, pero no lo pueden hacer porque no tienen fundamentos.

La verdadera discusión es cómo hacemos para construir entre todos un país serio, con un Parlamento protagonista, adulto, maduro, y cómo hacemos para generar confianza al mundo. A propósito de esto, no se consigue generar confianza al mundo corriendo a un presidente para conseguir una foto para publicar en los diarios amigos. La confianza se construye con gestos cotidianos y permanentes, con coherencia en el tiempo.

Aspiro a que estas discusiones abunden y finalmente terminen colocando al Parlamento en el lugar que la Constitución ha elegido para él. (Aplausos.)Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.



Sr. Favario.- Señora presidenta: ni el temprano pedido del señor diputado López Arias ni lo avanzado de la jornada parlamentaria me relevan de la responsabilidad de venir a fijar la posición del partido Demócrata Progresista en este largo debate, que ya lleva cuatro meses ocupando la primera plana del escenario argentino.

Rafael Bielsa –no me refiero al ex canciller sino a su abuelo‑, el ilustre maestro del derecho público argentino, dijo alguna vez que la división de poderes es la barrera de protección contra los despotismos.

Sobre la base de la división de poderes se construyó el sistema constitucional de los argentinos. En ese sistema está inserto el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional, que le atribuye con exclusividad al Congreso la sanción de las leyes. Esa norma constitucional también establece el principio de que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. No existen dudas de que la norma debe interpretarse con carácter restrictivo. Así lo considera la unanimidad de la doctrina constitucional argentina.

Como excepción a ese principio la Convención Constituyente de 1994 incluyó en forma excepcionalísima el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, para lo cual establece dos condiciones: el impedimento insalvable del Congreso para funcionar –posición que ha sido sostenida por la Corte, a la que ya hizo referencia precedentemente el señor diputado De Marchi‑ y que el tema a tratar –esta es la segunda condición‑ no admita demoras.

En ese sentido, el tiempo transcurrido desde el dictado del primer decreto –recordemos que fue el 14 de diciembre, cuatro días después de finalizar las sesiones de prórroga‑ demuestra que la urgencia no existía. El Congreso podría haber sido convocado, pero no hubo interés por parte del Poder Ejecutivo de regularizar la situación en torno a la norma excepcional que había dictado. Es más, ni el decreto 2.010 del año 2009 ni el 298 del presente año contienen una sola consideración que exprese el fundamento del Poder Ejecutivo para sancionar la norma basado en argumentos constitucionales. Solamente hizo referencia a la deuda, a las reservas, etcétera, pero la cuestión esencial, que era el porqué del ejercicio de la facultad excepcional de dictar un decreto de necesidad y urgencia, no fue expresada en ninguno de los dos decretos. La Constitución no tiene importancia.

La nueva composición del Parlamento y también, vale decirlo, la decisión en su momento del ex presidente del Banco Central y algunas resoluciones judiciales, impidieron que el Poder Ejecutivo ejerciera su pretensión, y por eso, tarde o temprano, debíamos considerar esta cuestión en el Congreso.

¿Por qué esa larga demora, que desnaturaliza la letra y el espíritu de la Constitución? También se dijo hace un momento: porque el oficialismo no acepta la realidad parlamentaria surgida después del 28 de junio, que ha producido una modificación sustancial en su composición.

De ahí que en vez de urgencia hayan sido postergaciones. La urgencia la tenían los sectores de la oposición, que estaban reclamando el tratamiento del DNU.

Después del fracaso de la última sesión, hemos escuchado durante todo ese día y al día siguiente la gira mediática de los presidentes del bloque oficialista de la Cámara de Diputados y del Senado, usando el argumento de que la oposición quería imponerle la agenda al bloque oficialista y que no había dictamen de comisión para poder considerar el DNU.

Lo cierto es que los artículos 19 y 20 de la ley 26.122, tal como lo explicitó en su momento la señora diputada Stolbizer, indican con precisión y claridad indubitables el porqué esta Cámara podía considerar el decreto sin necesidad de que existiera dictamen de comisión, porque precisamente la falta de dictamen de comisión a que refiere el artículo 19 lleva a legislar en el artículo 20 la necesidad del abocamiento inmediato por parte del cuerpo al tratamiento del DNU.



- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

Sr. Favario.- A mi juicio existen dos cuestiones distintas que se han debatido en conjunto a lo largo de esta tarde: una es la constitucionalidad del DNU 298. Coincido con el diputado De Marchi en que esa es la cuestión de fondo. No obstante, el señor diputado Heller dijo en su exposición que la cuestión de fondo no era esa sino el uso de las reservas.

El contenido del decreto de necesidad y urgencia es dependiente de la cuestión de fondo. Si el DNU carece de validez, su contenido sigue la suerte del principal. Ello no quiere decir que el tema de la deuda y de las reservas sea una cuestión secundaria, ni que el contenido del DNU carezca de importancia. Pongamos las cosas dentro del orden constitucional.

A partir de aquí vamos a discutir la deuda y el uso de las reservas. Y ahí sí esta cuestión se va a transformar en la cuestión de fondo, porque a través de la ley vamos a impedir que se sustraiga la materia que es propia de este Congreso, no por un decreto sino a través de una ley, y vamos a fijar oportunamente nuestra posición.

Termino afirmando que ni somos irresponsables, como se han cansado de decir algunos de los ministros del Poder Ejecutivo, ni somos desestabilizadores. Por lo tanto, de acuerdo a mi leal saber y entender y con la convicción de que lo hago en cumplimiento de la Constitución y en resguardo de las facultades indelegables de esta Cámara, voy a votar por el rechazo del decreto de necesidad y urgencia 298.



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.



Sr. Wayar.- Señor presidente: con la democracia se come, se estudia y se trabaja. Estos fueron algunos de los conceptos que tenía un líder argentino a quien luego, la mayoría de su pueblo le dio la responsabilidad de llevar adelante la institucionalidad democrática de la República Argentina.

Durante el gobierno de ese líder se suscitaron distintos acontecimientos –positivos y negativos‑ para el conjunto de los argentinos. La hiperinflación y, tal vez, la falta de ejercicio de la democracia del conjunto hicieron que ese líder no pudiera terminar su gestión de gobierno. Tal vez algunos se pusieron contentos y creyeron que ganaron, pero a la hora de la verdad perdimos todos: la democracia, la Argentina y nuestro pueblo.

Estoy convencido de que ese gran dirigente argentino quería que la democracia tuviera las herramientas necesarias para garantizar el alimento, la educación, el trabajo y una calidad de vida justa y equitativa para cada uno de los argentinos. Pero no lo pudo lograr y tuvo que pasar a la historia para que la mayoría de los argentinos lo reconocieran y dejaran de achacarle únicamente a él las partes negativas que tuvo su gestión. Quizás la historia no se las achaque sólo a él, a su equipo de trabajo y a sus partidarios, sino al conjunto de los hombres y mujeres que hacemos política en esta etapa democrática.

Los argentinos quieren que en este Congreso se debatan leyes que garanticen los conceptos esenciales que aquel político argentino mencionó en sus mensajes. Creo que el mucho debate en los medios de comunicación y el poco debate en este ámbito es lo que está produciendo el debilitamiento de uno de los pilares de la democracia que es este Poder Legislativo. Es aquí donde tenemos que buscar los consensos y también marcar nuestros disensos y diferencias. Representamos distintos partidos y puntos de vista, que podrán tener coincidencias y disidencias, pero cuando discutamos sobre la agenda que la gente necesita y no la que nos fijan desde la trastienda, los hombres y las mujeres con representatividad política podremos decir desde lo más profundo de nuestro ser –no de la boca para afuera‑ que estamos cumpliendo con la responsabilidad de quienes nos votaron para que ocupemos estas bancas.

Hoy es necesario debatir un concepto fundamental: si se aprueba o no un decreto de necesidad y urgencia. En ese contexto yo sostengo que no estoy de acuerdo con que se dicte un decreto de necesidad y urgencia cuando el Congreso está en funcionamiento, porque éste es el ámbito para legislar. En cambio, un decreto de necesidad y urgencia actúa con fuerza de ley sin necesidad de que intervenga el Congreso, siempre que se den esas circunstancias.

Hago míos y adhiero a los conceptos técnicos y constitucionales expuestos por la diputada Vilma Ibarra. Existe una gran diferencia entre aceptar y rechazar por nulidad absoluta, lo que a mi juicio no está dentro del marco de la Constitución.

Me gusta fijar mis posiciones con claridad. Me habría gustado más tratar no solamente la aceptación o el rechazo de este decreto sino también un proyecto de ley que brinde al Estado las herramientas para discutir y refinanciar la deuda externa. Eso es lo que tendría que haber sucedido hoy. Podríamos haber discutido las dos cosas simultáneamente. De ese modo los diferentes puntos de vista de los sectores de la oposición y del oficialismo se podrían haber visto enriquecidos con los argumentos y fundamentos vertidos, y luego con una ley sancionada con el voto mayoritario de este Congreso.

Esa ley podría haber incluido lo que plantean aquí algunos diputados: la revisión y auditoría sobre la legalidad de la deuda. No decimos que esa cuestión no debe estar o que tiene que ser discutida para poder sancionar una ley; lo que por lo menos yo digo, es que al Estado no se le pueden quitar herramientas que le permitan llevar adelante estos conceptos.

Por eso mencioné en el inicio al primer presidente de esta nueva etapa democrática, el doctor Raúl Alfonsín. Tenemos que garantizar las necesidades básicas de todos los argentinos en materia de salud, educación, trabajo y dignidad. Para ello vamos a tener que discutir muchas leyes trascendentes que tienen que ver con el pago de la deuda interna. Ahí voy a querer ver cuál es la posición de los señores legisladores, sobre todo los de aquellas provincias denominadas grandes o ricas; cuál es su visión, su concepto de lo ideal y la búsqueda de la equidad aportando y sumando sus votos para que las reparaciones históricas a las provincias más pequeñas se plasmen también con fuerza de ley.

He escuchado mencionar a los fondos buitres. El mismo nombre “buitre” a uno le pone la piel de gallina y le da una sensación de bronca y angustia. Pero si hay fondos buitres que tienen papeles de la deuda argentina es porque primero alguien generó esos papeles. No depende del Estado argentino ni del Congreso evitar que un juez de otro país pueda embargar capitales argentinos. Justamente por eso cada país es soberano, tiene sus constituciones y las autoridades que emanan de ellas. En cambio, sí está en los legisladores garantizar que vamos a honrar los compromisos que son legítimos. No estoy hablando de aquellos que no lo son. Para ello se necesita transmitir gestos de certeza, y eso creo que es lo que habría significado el tratamiento en el día de hoy de una ley que enmarque el concepto mayoritario del Congreso y que pueda ser leído en el mundo.

No digo esto porque crea que tengamos que recibir las felicitaciones de una potencia extranjera, pero cuando nos felicitan se dice que está mal, y si no nos hubieran felicitado ni venido a la Argentina los titulares de algunos medios de comunicación habrían expresado que no le prestaron atención a nuestro país. No se trata de una cosa ni de la otra. No me interesa ver si a los de afuera les caemos bien o no, sino cómo hacemos aquí adentro para ser serios con los argentinos, con los países hermanos de esta querida Latinoamérica y con el mundo.

Este Congreso debe tratar con responsabilidad leyes que cambien la pobreza estructural del país. No debemos pensar tanto en las elecciones del 2011, convencidos de que a través de discursos en este Congreso las vamos a ganar. Aquellos que llevemos adelante políticas serias y responsables para la Argentina tendremos alguna posibilidad de obtener el acompañamiento de los votos, pero eso se verá cuando estemos en campaña. No podemos vivir permanentemente en campaña cuando tenemos responsabilidades institucionales.

Quería hablar para dejar en claro mi postura, que se la comenté a algunos pares al tercer día de haber jurado como diputado. Me consultaron sobre mi posición en relación con el pago de la deuda. Dije que compartía el pago mediante una ley que posibilitara el uso de las reservas. Pero también acepto la sugerencia de que esa deuda debe ser auditada y controlada. Eso debe estar en el marco y en el espíritu de una norma.



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por el Neuquén.



Sra. Comelli.- Señor presidente: celebro que estemos debatiendo este tema hoy en esta sesión especial. Lo mismo pensaría si hubiera ocurrido en una sesión de tablas, sobre todo porque muchos medios han estado haciendo difusión y difamación de un Congreso paralizado, cuando en realidad todos tendremos que poner nuestro empeño para que funcione el Congreso con estas nuevas variables que ha determinado la nueva composición de la Cámara. Pero no prestarnos a la difamación de un Congreso que no trabaja, porque les puedo asegurar que al menos en lo que uno conoce –estoy halando de los diputados de mi bloque- tenemos más problemas con la superposición de horarios de las comisiones, ya que todas trabajan.

Me indignó muchísimo ayer un programa donde se hacía una apología de lo que está muy lejos de ser nuestra labor, coincidamos o no en algunas posturas.

Una profesora de Derecho Constitucional que tuve en el posgrado –diputada nacional-, me decía que era difícil verla en un programa de televisión porque le llevaba mucho tiempo trabajar en las comisiones. Era tanto el trabajo y el estudio que esa asistencia a la comision es le demandaba que no podía asistir a los programas de televisión. Después fue compañera diputada.

El manejo de las reservas es un asunto complejo que requiere de objetivos claros, fuertes sistemas de control, e información abierta y transparente. Se trata de una apreciación realista de la situación económica a la que hay que hacer frente.

Los usos de las reservas pueden ser amplios. Es lo que deberíamos haber tenido la posibilidad de discutir y espero que la tengamos con una ley, para poder hacer verdaderamente un análisis más amplio y profundo del tema, donde incluso hablemos –por qué no- de las deudas de las provincias y de cómo llegamos a tantos pactos fiscales y tantos acuerdos de complementariedad y operatividad entre las provincias y la Nación, donde siempre salieron desfavorecidas las primeras.

Digo eso para que quede en claro que entiendo que frente a un DNU –nuestro bloque lo dijo en diciembre ni bien se dictó el decreto- es necesaria una ley.

Esta Cámara debe expedirse aprobando o rechazando. Estoy convencida que declarar la nulidad y sentar un precedente por encima de las competencias que le corresponden al otro poder –que es el Judicial- está fuera de nuestro alcance. Eventualmente analizaremos esto en el tratamiento de un proyecto de ley que se encuentra en las comisiones.

En cuanto al decreto sobre el uso de las reservas, a mí me queda muy claro el porqué de la necesidad pero no la urgencia. La necesidad es clara. La constitución de un fondo reúne dos condiciones: que el Banco Central transfiera los fondos y que el Tesoro emita letras como contrapartida de los fondos que recibe del Banco Central.

El decreto 298 afirma que la operación es necesaria para la constitución del fondo, que está autorizada por el artículo 43 del presupuesto. Se trata de una condición necesaria pero no suficiente.

La emisión de letras del Tesoro está efectivamente autorizada en el marco del artículo que votamos en el presupuesto aprobado, pero no implica que el uso de los recursos esté autorizado. El Poder Ejecutivo, autorizado por el Congreso a captar nueva riqueza, no está autorizado para aplicar esa riqueza a la cancelación de servicios de la deuda a tenedores privados. Por eso la necesidad de que el Poder Ejecutivo recurra, para poder emitir esas letras, a la vía del decreto de necesidad y urgencia. La necesidad existía, la urgencia me parece que no estaba dada.

Como muchos sectores han planteado aquí, no sé si habrá estado presente en diciembre la voluntad de discutir el desendeudamiento a través de una ley. Hoy por hoy creo que esa voluntad existe, por lo menos para dar lugar al debate.

Coincidiendo con lo expresado con otros señores diputados anteriormente, la decisión del gobierno de no descansar hasta cumplir con los vencimientos de la deuda no deja de lado la necesidad de revisar dicha deuda. Precisamente esto mismo planteé el 9 de febrero de 2005 en el ámbito de una comisión investigadora de este Congreso, donde dicha postura obtuvo muy poco apoyo por parte de los señores diputados, y si no los invito a que relean aquella sesión, donde advertirán lo que estoy señalando.

La deuda recibida del gobierno militar generó una crisis de difícil resolución. A diferencia de lo que sucedió respecto de las responsabilidades penales vinculadas con la represión, donde de una forma u otra, con idas y vueltas, se han producido hechos significativos en lo jurídico y en lo político, en materia de deuda contraída poco ha sido lo que ha hecho la democracia, salvo asumir esa herencia recibida.

Las incipientes y originales investigaciones no fueron continuas. El caso Olmos fue resuelto mucho tiempo después, recién en el año 2000 llegó a este Congreso. Inclusive en esa sesión del año 2005 solicité la constitución de la comisión de la que nos hablaba Ballesteros. De modo que más allá de algún debate, el Congreso no tuvo voluntad política de hacerse cargo del asunto.

La posibilidad jurídica de analizar la legitimidad de la deuda contraída por el gobierno de facto para eventualmente repudiarla o no –creo que esto quedó acreditado en la causa‑ siempre resultó pura expectativa. Peor aún, después fue objeto de reestructuraciones que, en algunos casos, intentaron hasta darle una legitimidad retroactiva. De modo que la situación se tornó cada vez más confusa.

Mientras tratábamos de conseguir un avión que nos trajera hasta acá repasábamos con mi compañera las versiones taquigráficas de las leyes de presupuesto. Así empezamos revisando la del 24 de septiembre de 1984, primera ley de presupuesto de la democracia. En todas y cada una de ellas se advertían dos posiciones estructurales en la vida política: por un lado la concentración del poder en el Poder Ejecutivo a través de la delegación de facultades financieras de diferente índole, y por el otro la defensa del rol del Congreso como ámbito de delegación y decisión.

Estas posiciones estructurales se hacen presentes una y otra vez a lo largo de toda la historia, donde cada oficialismo, independientemente del partido, asume la primera visión, y la oposición, también independientemente del partido, asume la segunda. Los invito a releer todos los debates de las leyes de presupuesto.

En las dos décadas posteriores los diferentes partidos ocuparon ambas posiciones y todos ellos asumieron el papel estructural que les correspondía, más allá de alguna vivencia. Si algo podemos rescatar de todo esto que hemos vivido desde diciembre hasta hoy, donde en algunos casos ha sido el reglamento el que ha primado en sus interpretaciones, y considerando el debate en profundidad que debe darse, es tratar de que en la sesión de hoy, independientemente de su resultado, cada uno defienda su postura. Dejemos de boicotearnos a través de procedimientos erráticos, judicialización de la política y mediatización de posiciones que deben darse en el debate aquí y en las comisiones. Encaremos decididamente el tema del desendeudamiento con las reservas y también

–porque nos lo merecemos ante la historia‑ discutamos la deuda externa. Si quieren me iría, tomando como base la causa Olmos, hasta las aprobaciones que hizo el Congreso de la deuda externa contratada por la Junta, la convertibilidad, el endeudamiento, todo lo que fue la historia de las relaciones carnales, todo lo que fueron las renegociaciones de de la Rúa, las del gobierno de Cavallo, las comisiones con el Credit Suize, del First Bank of Boston, y la influencia que tuvieron los economistas del CEMA, del cual este gobierno tampoco está exento de tener. Incluso algunos nos decían que había que pagar con el hambre y la sed de los argentinos.

Hay mucho que tenemos que discutir, hay muchísimo que tenemos que tratar de clarificar en el debate a la ciudadanía, pero no lo vamos a hacer si no tenemos esta vocación de acuerdo político, de apostar al éxito de una Cámara que es más plural que nunca, y no sumarnos a los intereses de quienes históricamente estuvieron en contra de la Argentina y hasta como especialistas y consultores de entidades nacionales y extranjeras siempre fueron, son y van a seguir siendo los cómplices de la situación en la que nos encontramos.

En ese sentido nuestra postura es clara. Apostamos por el debate de una ley que nos permita hablar con mayor profundidad de todo esto. Entiendo clara y jurídicamente la necesidad que tuvo el gobierno nacional, pero me parece que la urgencia no la tuvo; pero tampoco por ello vamos a habilitar lo que creemos que no corresponde a este Parlamento, que es declarar nulidades que son propias del Poder Judicial.



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Salta.



Sra. Torfe.- Señor presidente: como presidenta del bloque del Partido Renovador de Salta voy a apoyar el mensaje 106 del día 15 de marzo de 2010 donde se comunica el decreto de necesidad y urgencia 298 por el cual se crea el Fondo de Desendeudamiento Argentino.

¿Por qué voy a aprobar este mensaje? Porque este es el debate que pone en el tapete los verdaderos ejes de la agenda política, que son los que en realidad están en discusión. El primer eje es el debate y la discusión del gasto público como herramienta pública.

Esto es así porque el gasto público puede ser objeto de ajuste, con lo cual se afectarían políticas sociales. Puede ser objeto de aumento a través de implementación de políticas sociales y de inversión en infraestructura pública, entre otras políticas públicas que permitirían sostener la actividad económica.

Con posterioridad a la intervención del Congreso en el tratamiento de la sanción de la ley de presupuesto para el año 2010, se han implementado políticas sociales por gastos en concepto de asignaciones familiares y de asignaciones universales.

Estos dos conceptos hacen una suma de 12.600.465 pesos. Ahora bien, ¿qué ha producido esto? Un aumento de presupuesto justamente por la implementación de estas dos políticas. Entonces, cabe preguntarse cómo se financiarían estos gastos de políticas sociales, y la respuesta sería la reducción del presupuesto en otros destinos por una suma equivalente, o puede ser con crédito público en un mercado internacional que es favorable por las altas tasas de interés que podrían aplicarse.

También puede ser con recursos presupuestarios desafectados de su imputación a la cancelación de los pagos de servicios de deuda con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2010. Esta desafectación sólo sería importante por el uso de las reservas de libre disponibilidad.

Por otra parte, la acumulación y movilización de las reservas representa una onerosidad elevada si se subutiliza; o sea, si no se aplican a los fines de un desarrollo económico interno.

Vinculado con el gasto público viene el segundo eje en discusión, que es el debate sobre el modelo económico y social que se quiere para nuestro país. En efecto, el gasto público es una herramienta política que, previsto en la ley de presupuesto, se expresa a través de prioridades y políticas, fijando las fuentes de financiamiento de los gastos derivados de las necesidades de la sociedad en general.

Para las provincias y, específicamente, para Salta, que represento, resulta prioritaria la implementación de políticas públicas que promuevan y fortalezcan al mercado interno, que a su vez brindará sustentabilidad a una política pública de impulso y de apoyo efectivo a las pymes; o sea, una industrialización que genere, por un lado, fuentes de empleo genuino y, por otro lado, productos de valor agregado cuya exportación brindará una considerable cantidad de divisas.

Me interesa hacer conocer a los diputados que a mediados del año 2008 se registraron en mi provincia una importante cantidad de pymes industriales. Más de un tercio de esas pymes nacieron a partir de los años 2001 y 2002.

Esto muestra una importante creación de empresas. El informe lo ha brindado el Observatorio de Pymes ‑ Regional Salta. En otras palabras, gracias a las políticas públicas de fortalecimiento del mercado interno y de inclusión social implementadas a partir del año 2002 se han creado nuevas pymes, lo cual ha generado nuevas fuentes de empleo genuino.

No obstante, también hay que destacar que el 88 por ciento de las pymes industriales de Salta ocupan menos de cincuenta personas, mientras que a nivel nacional esta proporción desciende al 73 por ciento, lo que indica una alta tasa de preponderancia de establecimientos industriales pequeños en mi provincia. Este dato también proviene de la misma fuente, que es un observatorio serio y está trabajando en el seguimiento de las pymes.

Esto significa que hay desafíos pendientes que requieren nuevas y audaces acciones políticas, que permitan a las provincias no sólo crear pymes, sino también lograr que las ya creadas puedan crecer y mantenerse competitivamente, con el objeto primordial de aumentar las fuentes de empleo genuino, a fin de generar un desarrollo económico con equidad social.

Consecuentemente, mediante el uso de las reservas de libre disponibilidad para la cancelación de los servicios de la deuda con tenedores privados se está discutiendo cómo se gastan esos recursos públicos. Se está discutiendo cómo sostener un crecimiento económico en un contexto internacional desfavorable por la disminución de la demanda internacional y por las altas tasas de interés vigentes en el mercado mundial. Se está discutiendo el objetivo de la acumulación e inmovilización de las reservas en el marco de la política de preservación del valor de la moneda. Se está discutiendo cómo sostener y, además, cómo impulsar el crecimiento económico con desarrollo social que apunte a disminuir la desigualdad social.

Finalmente, no puedo dejar de subrayar que hay cuestiones que son objetables y que se vinculan con la ausencia del Congreso en la discusión de este modelo de políticas públicas de inclusión social, de fortalecimiento del mercado interno de las pymes y de la diversificación de las exportaciones, con la inclusión de mayor cantidad de productos con valor agregado, por lo que la consecuencia más importante es la ausencia de las provincias en la fijación de esas prioridades sociales, de acuerdo con la situación económica, social y, ante todo, fiscal, y según en la región en la que se articulan.

Estas cuestiones tienen que ver con la imperiosa necesidad de fortalecer la institucionalidad. Este fortalecimiento y sustentabilidad de la institucionalidad es una responsabilidad política, tanto del oficialismo como de la oposición, y sólo se pueden lograr avances a través de un diálogo político basado en propuestas y alternativas concretas que sinceren qué modelo de país se quiere construir.

Al tratarse de un debate sobre invalidez y nulidad de los decretos de necesidad y urgencia, es importante destacar que la ley 26.122, de régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, establece claramente en su artículo 22 que las Cámaras se pronunciarán por el rechazo o aprobación de los decretos de necesidad y urgencia puestos a consideración.

Por su parte, el artículo 23 de ese mismo texto legal dice que deberá limitarse a la aprobación o el rechazo, no pudiendo introducir modificaciones, enmiendas y/o agregados.

Por último, el artículo 24 expresa que el rechazo importa la derogación de acuerdo con el artículo 2º del Código Civil, esto es, que la derogación entra en vigencia desde su publicación y hacia el futuro, o sea, que no es retroactivo. En cambio, la nulidad produce efectos hacia el pasado, o sea que la nulidad elimina la norma desde su origen y vuelve todos sus efectos al momento anterior. Esto trae como consecuencia que la nulidad es una facultad propia del Poder Judicial.

En resumen, se trata de aprobar o rechazar la norma pero no de pedir su invalidez y la nulidad, ya que en caso de que el Congreso tuviera la facultad de anular normas se alteraría gravemente la seguridad jurídica y con ello se afectaría la garantía constitucional de la seguridad jurídica.



Sr. Presidente (Fellner).- Ahora, va a comenzar la lista de oradores a título individual.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.



Sr. Vargas Aignasse.- Señor presidente: no me sentiría bien si antes de avanzar en el tema que nos ocupa no manifestara mi más enérgico rechazo a lo que ha ocurrido en la sesión del miércoles pasado. Nunca había vivido una situación como de la que fui testigo en la sesión del miércoles pasado; me refiero a las descalificaciones a que ha sido sometido el presidente de esta Cámara.

En estos seis años que llevo en el Parlamento hemos participado de debates muy virulentos, con mucho fragor, considerando desde cuestiones económicas de sectores que han planteado sus necesidades, con diputados que han estado a favor o en contra, hasta cuestiones vinculadas con los derechos humanos, como cuando nos tocó impugnar el pliego de Patti, rechazarlo y debatir con quienes estaban a favor de Patti por conveniencia política o por convencimiento ideológico. Pero nunca ingresamos en la esfera de las cuestiones personales; fueron debates políticos donde discutimos ideas y posturas dentro del marco de la democracia.

Señor presidente: quiero que sepa que lamento mucho lo que ha ocurrido y que espero que este tipo de actitudes antidemocráticas y prepotentes se erradiquen para siempre de este Parlamento.

En el día de ayer el presidente del Senado publicó una solicitada en la que comunica su decisión de aplicar el reglamento a los senadores que no participen de las sesiones. Los ha citado por edictos, habló del descuento de dietas, y hemos escuchado varias críticas ‑algunas irónicas‑ de muchos senadores sobre la decisión del presidente del Senado. Pero nadie ha hablado de su persona. Nadie ha puesto en duda la honorabilidad u honestidad del presidente del Senado, cosa que tristemente ha ocurrido en esta Cámara cuando su presidente aplicó el reglamento.

Para nosotros también resulta triste saber que el acompañamiento que recibió la designación del presidente de esta Honorable Cámara durante la sesión preparatoria estaba condicionado. Lo acompañaban si no aplicaba el reglamento para un sector o si no lo hacía para la conveniencia de algún otro sector. Creo que esto no es bueno para la convivencia democrática.

Por estas razones, reitero que me he sentido muy triste por todo lo que ha pasado. Me solidarizo con usted y espero que estas cosas no ocurran nunca más en la Cámara de Diputados.

En los cuatro o cinco minutos que me restan de tiempo e ingresando al tema en discusión, debo decir que desde la época de la última reforma de la Constitución nacional hacia atrás los presidentes de la República Argentina han tenido únicamente la posibilidad de regular la aplicación de las leyes o de ponerlas en ejecución a través de los decretos de necesidad y urgencia. Mediante esos decretos de ninguna manera podían desvirtuar el contenido de una ley.

A medida que el presidencialismo se fue acentuando en la Argentina, observamos que los presidentes comenzaron a legislar a través de decretos. Así, el ex presidente Alfonsín los utilizó en ocho oportunidades. En una de ellas, mediante el dictado de un decreto modificó la moneda, ya que pasamos del peso al austral. Recordemos que no existían los decretos de necesidad y urgencia y que el presidente no tenía facultades legales para legislar por decreto; sin embargo, lo hizo. Al respecto quiero ser honesto y decir que si en ese momento hubiese sido diputado hubiera votado a favor, porque cuestiones de esa naturaleza que tienen tanto impacto en la ciudadanía y en la economía de un país a veces es necesario tomarlas rápidamente mediante el dictado de un decreto y no someterlas a la burocracia legislativa.

Por su parte Menem utilizó esa herramienta en más de 130 oportunidades. Recurrió a ella en temas que van desde el indulto hasta decisiones unilaterales, como la desregularización de las obras sociales.

En 1994 los constituyentes debatieron profundamente esta cuestión. Era difícil ponerse de acuerdo. Había un sector que sostenía que no debía incorporarse en la Constitución el tema de los DNU; sostenía que ese instrumento tenía que quedar como una facultad extraordinaria que debía ser regulada por ley. Otro sector sostenía que era necesario demarcar la facultad que pensaba otorgarse y que de hecho los presidentes ya utilizaban; de ese modo buscaron acotar dicha facultad a través de un procedimiento.

Esa última teoría fue la que prosperó y quedó plasmada en un artículo muy controvertido. Digo esto porque por un lado se niega la calidad legisferante del Poder Ejecutivo y, por el otro, se determina por vía de excepción que puede ejercerla mediante el dictado de los DNU. Además, se establecen cuáles son las materias vedadas, se prevé un marco de funcionamiento a través del acuerdo de ministros, se crea una comisión, se determina un procedimiento y se le otorga al Poder Legislativo la facultad de determinar cuál va a ser el alcance y el rol que va a jugar el Parlamento en relación con los DNU.

Hay diputados que son constitucionalistas, que han estudiado este tema y que además son docentes en la materia; uno es apenas un abogado que por ahí lee la Constitución de vez en cuando, sobre todo cuando debemos expedirnos sobre temas como el que hoy nos ocupa. Lo cierto es que leyendo el artículo 99 de la Constitución podemos darnos cuenta, sin ser tan doctrinarios y sin abrevar en aquellas fuentes que siempre han escrito en contra de los intereses del peronismo –digo esto porque bañados en una asepsia que no tienen siempre que han tenido que interpretar normas o institutos constitucionales en relación con la actividad política lo han hecho en contra de los intereses populares‑, de que es cierto lo que manifestó la señora diputada Carrió, que es innegable que sabe de derecho constitucional. En esa norma observamos que el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Ese es el principio general, eso está clarísimo, pero si nosotros observamos el segundo párrafo nos damos cuenta de que allí claramente se dispone la excepción, y al final del párrafo del último inciso dice claramente que una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.

Esto quiere decir que la ley 26.122 determina cuál es el alcance de ese dictamen, que podemos aprobar o rechazar en este Parlamento, y la ley 26.122 en ningún momento dispone que la Cámara de Diputados o de Senadores puede sancionar con pena de nulidad un DNU que provenga del Poder Ejecutivo.

Por último, es bueno decir que la nulidad es una sanción que está prevista en el Código Civil y, como sanción, inexorablemente necesita de un proceso -denuncia o demanda- y un trámite previo: prueba, vista a la parte, alegato y una eventual sentencia. Esa potestad jurisdiccional, según lo que ha marcado la Corte, está reservada pura y exclusivamente al Poder Judicial. (Aplausos.)



Sra. Carrió.- Pido la palabra por haber sido aludida.



Sr. Presidente (Fellner).- Por haber sido aludida, tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sra. Carrió.- Señor presidente: aquí se confunden dos cosas. Es cierto que el intérprete final de la Constitución Nacional es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esto no quiere decir que en el proceso anterior no haya control de constitucionalidad. Esto es un disparate.

Cuando cada órgano examina su competencia, interpreta la Constitución, y cuando la interpreta en su competencia, hace control de constitucionalidad, preventivo o reparador.

Cuando la señora presidenta analiza su competencia, interpreta la Constitución. Cuando deja sin efecto resoluciones u ordenanzas, interpreta la Constitución. Y lo mismo hace el Congreso: cuando el señor presidente interpreta las facultades de esta Cámara dadas por la Constitución, las interpreta.

No se puede negar el poder de interpretación. Ya en el caso Madbury versus Madison –el primer antecedente en este sentido-, el juez Marshall dijo esto: porque tenemos poder de interpretar la Constitución es que podemos no aplicar en el caso concreto una ley inconstitucional. Por eso el sistema es difuso.

Si ustedes leen a Harold Lasky y a todos los juristas norteamericanos, no podrán dudar de que el Congreso de los Estados Unidos, en el marco de su competencia, interpreta la Constitución, y también lo hace la presidencia de ese país.

Tengo carpetas con toda la jurisprudencia y la doctrina americana, que les voy a acercar tanto a la señora diputada Ibarra como al señor diputado Vargas Aignasse, para que puedan corroborarlo.

En segundo lugar, yo fui miembro informante del dictamen de nulidad de la ley de obediencia debida. Hay que tener más respeto: jamás votamos lo que creemos que es una ley inconstitucional.

Me parece que esta alusión indirecta no corresponde, porque éste es un debate con altura. Estamos debatiendo una cuestión compleja y me parece que no tenemos que perder la altura ni agraviar a nadie para debatir la cuestión.



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Ferrari.- Señor presidente: creo que cabe mencionar algunas consideraciones de orden institucional, luego de que se ha analizado bastante profundamente cuáles son las consecuencias de la aprobación o no del decreto.

La Corte dice que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.

Quiere decir que en realidad no es discrecional por parte de los poderes del Estado establecer si tiene que ser una ley o un decreto, que regule temas de gran importancia para el país, y sobre todo aquellos que tengan que ver con la división de poderes, que necesariamente tiene que ser respetada en el orden institucional.

¿Por qué ha sido ratificada por la Constitución de 1994 la división de poderes? Ha sido ratificada porque ningún poder es superior a otro, y establece límites precisos respecto de cómo debe dirigirse cada poder de acuerdo a sus atribuciones. Eso está legislado. La Constitución lo ha establecido.

La Constitución del año 1994 pudo establecer la preeminencia de un poder sobre otro. Sin embargo, no lo hizo. Lo que sí estableció son límites precisos y podemos decir, incluso con la doctrina que se ha mantenido durante años, que probablemente sea el Poder Legislativo el más importante de los tres poderes porque ciertamente es el que establece la normativa sobre la cual se van a basar los otros poderes del Estado.

Los decretos de necesidad y urgencia son actos complejos porque participan dos voluntades. Existe una concurrencia de dos voluntades que son imprescindibles que se manifiesten.

Esas dos voluntades concurrentes tienen que ser observadas a la luz de lo que establece la Constitución cuando anticipadamente dice que es nula una atribución ilegítima por parte del Poder Ejecutivo.

¿Cuándo es nula? Ya lo han dicho suficientemente los diputados. ¿Quiénes pueden controlar esa nulidad? Se dice en el derecho moderno que hay un control concurrente o complejo de constitucionalidad. Dicho control, tal como sostienen Sagüés y Quiroga Lavié, establece que pueda existir la posibilidad de que el mismo Poder Legislativo intervenga. ¿Cómo interviene? Resulta paradójico que en algunos momentos se diga que existen cuestiones políticas no judiciables y, a su vez, al mismo tiempo se sostiene que el Poder Legislativo no puede controlar la nulidad.

Entonces, ¿qué podría ocurrir en algún caso según lo que se sostiene desde el oficialismo? Puede ocurrir que un DNU que no puede ser controlado por el Poder Legislativo en su nulidad, de acuerdo a lo que se argumenta, tampoco pueda ser controlado por el Poder Judicial porque se trata de una cuestión política no judiciable.

Entonces, se estaría en un claro desbalanceo por parte de los poderes, que no es deseado por la Constitución. Ahí sí que aparece una atribución preeminente para uno de los poderes respecto de los otros dos. Entonces, este es un caso en el cual evidentemente puede sostenerse que hay una recuperación que está ínsita en la facultad legislativa y determina que es nula esa atribución ilegítima por parte del Poder Ejecutivo.

Esto también lo ha dicho la Corte respecto a las condiciones. Lo han repetido hasta el hartazgo muchos de los diputados preopinantes, por lo cual quizás no valga la pena volver a exponer sobre esta cuestión.

Tenemos una cantidad de casos en los cuales se considera la excepcionalidad de esta atribución. Pero, ¿por qué vamos a rechazar este DNU? Vamos a rechazarlo porque corresponde hacerlo, por un acto de justicia. No se trata solamente de que no se dieron las condiciones o de que efectivamente no había necesidad ni urgencia. Todo está probado. Si las consecuencias de este DNU fueron el argumento noventista de que se disminuyó el riesgo país, efectivamente parece que no costó nada estar cuatro meses sin dicho decreto. Esto corresponde. ¿Por qué? Porque hay que decirle que no a una manera de gobernar. Hay que decirle que no a una forma de ejercer el poder por la que se intenta evitar al Poder Legislativo. Se intenta establecer un sistema que no sólo se manifiesta en este DNU sino en todos los atropellos al Poder Judicial, en la forma en que llevan adelante las campañas electorales y en una violación permanente de la ley.

Por eso, teniendo en cuenta que pareciera que siempre existe una actitud de parte del Poder Ejecutivo de decir que aquí no pasó nada, quiero dejar en claro que dicho poder no debe entender que existen derechos adquiridos por parte del Estado respecto del dinero del Banco Central que se tiene en el Tesoro. Es muy importante subrayar esto, porque siempre pensé que algunas cosas no iban a pasar en este país y siempre me equivoqué: sucedieron durante este gobierno. Todo lo que pensé que no iba a pasar ocurrió.

Quiero subrayar que los únicos derechos adquiridos que existen son los de esos terceros bonistas que ya cobraron; los demás tienen un derecho en expectativa. Por lo tanto, si la presidenta de la Nación es audaz, como aquí se sostuvo, su audacia no la puede llevar a disponer de los fondos cuando hoy seguramente el DNU será rechazado por el voto de la mayoría.

Efectivamente debe darse una indisponibilidad de esos fondos porque los derechos de los bonistas que no cobraron son en expectativa. Los derechos adquiridos solo son de aquellos que ya cobraron; del dinero no puede disponer, que la audacia no llegue a tanto. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.



Sra. Fadel.- Señor presidente: debemos hacer un poco de memoria. Si hoy estamos debatiendo el uso de reservas internacionales es porque contamos con ellas.

Podemos plantear si tal uso puede disponerse por un decreto de necesidad y urgencia o por medio de una ley. Hoy he escuchado a muchos diputados abogados y constitucionalistas opinar sobre el tema. Sin embargo nadie puede discutir que la existencia de este debate surge como consecuencia de la política de acumulación de reservas implementada por las dos gestiones presidenciales.

Debemos hacer un poco de memoria. El primer paso es admitir que hoy tenemos algo sobre lo cual discutir. ¿Qué teníamos para discutir cuando el gobierno de la Alianza cayó? En ese momento la cuestión era cómo distribuir la carencia. Hoy el debate gira en torno a qué hacer con el stock de reservas que supimos conseguir. Es una discusión sobre la abundancia.

Dado que los números no mienten, otra cosa que no se puede negar es que cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en mayo de 2003 había 11 mil millones de dólares de reservas internacionales. Tras años de crecimiento hoy contamos con más de 47 mil millones de dólares de reservas.

Podemos seguir acumulando divisas y más divisas, pero la pregunta que surge es para qué hacerlo. ¿Para qué ahorramos? ¿Para qué pagamos al Fondo Monetario Internacional en su momento si hoy no podemos disponer de una porción de las reservas para hacer frente a un gasto que es de todos?

Hoy mismo en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el diputado Prat Gay admitió que tras el pago al Fondo Monetario Internacional en enero de 2006 las reservas recuperaron su nivel en tan sólo nueve meses. Debemos tener memoria entonces.

En ese momento el pago al Fondo Monetario Internacional representaba cerca del 30 por ciento del stock de reservas internacionales. Hoy estamos armando un revuelo por menos del 10 por ciento de las reservas internacionales, con niveles más elevados y perspectivas de crecimiento inigualables.

Como ejemplo de lo que sostengo se puede señalar que en agosto del año pasado se utilizaron aproximadamente 1.500 millones de dólares del Banco Central vía venta de pesos del Tesoro para afrontar el pago del BODEN 2012, y tan solo tres meses más tarde se recobró ese nivel de reservas.

¿Cuál es entonces el inconveniente del uso de reservas? Tenemos capacidad para generar divisas y se están usando con responsabilidad, asumiendo las deudas previamente adquiridas.

Debemos tener memoria. Los que se niegan hoy al uso de las reservas, aceptaron allá por el año 2001 reducir jubilaciones para pagar deuda siguiendo las recomendaciones del FMI.

¿Cuál es la propuesta para el debate de hoy? Lo curioso es que los responsables de esas medidas en el año 2001 y que dicen asumir la culpa son los mismos que hoy se niegan a aceptar esta política activa.

En esa época el debate giraba en torno a cómo hacer frente a los compromisos en medio de la escasez. Hoy estamos discutiendo –les guste o no‑ en un entorno de excesivo stock de reservas. Esto es algo sumamente irónico: ahora que disponemos de ellas no las podemos tocar. No podemos jactarnos de los más de 47 mil millones de dólares pero tampoco podemos utilizarlos. ¿Para qué los poseemos?

¿Qué vamos a decir cuando tengamos que hacer el ajuste, por ejemplo, si tenemos que achicar la asignación universal por hijo? ¿Saben qué podríamos hacer con ese dinero fruto de la acumulación de reservas que se ha hecho en las últimas dos gestiones presidenciales? Por ejemplo, durante veinticinco años podríamos pagar la asignación universal para hijos de desocupados y trabajadores informales.

Muchos hablan del costo del financiamiento, pero pocos tienen en cuenta el costo social del atesoramiento excesivo. Los economistas de la oposición parecen olvidar al realizar sus cálculos que hay un costo social de oportunidad que no se debe medir en dinero. Es el costo de acumular reservas y no pensar en la gente, y oponerse por la oposición en sí misma, sin hacer una propuesta.

Si no pagamos con reservas debemos afrontar la situación de contracción del gasto, como se hizo otras veces. Esto no es para asustar a nadie sino para pensar. ¿Qué pensarán esos chicos si tuviéramos que suspender la asignación? Vamos a tener que decirles a los hijos de los desocupados: “tenemos 47 mil millones de dólares pero en una caja fuerte; los vamos a dejar ahí y no vamos a solucionar ningún otro problema; ahí van a quedar”.

Estamos frente a la encrucijada de un país serio, responsable y atento al cuidado de sus ciudadanos o un país en crisis que aun teniendo con qué y cómo prefiere afrontar deuda quitándole recursos a su población.

Pido seriamente a los diputados y diputadas que cuando se dice que no a algo piensen en las consecuencias de esa negativa. Tienen que pensar en la Argentina en general y si dicen que no a algo tienen que decir cómo se hace si no es de ese otro modo.

Hasta ahora lo único que he escuchado durante todo el día es un análisis constitucional sobre si es un decreto o una ley, pero no he oído hablar sobre el fondo de la cuestión ni he escuchado propuestas en lugar del uso de reservas.

Les pido que recapaciten y reflexionen sobre las consecuencias que puede traer esto hacia adelante. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Piemonte.- Señor presidente: en primer lugar quiero responderle a la señora diputada Fadel que en realidad hoy no se está discutiendo el uso de las reservas, pero no porque no queramos sino porque seguimos esperando que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para discutirlas.

Hoy estamos generando un acto de reparación con el Congreso, con la República y con el conjunto de la ciudadanía. Estamos declarando la nulidad insanable del decreto 298 que el 1° de marzo nos anunciara la presidente de la Nación. Fue en esa nefasta primera sesión donde la presidente no solamente nos anunció el decreto, sino que con su anuncio nos comunicó el camino que había elegido para transitar.

Ese día la presidente podría habernos sorprendido diciéndonos que había entendido la etapa histórica en que le tocaba ser presidente: era la etapa donde el partido del gobierno no tenía mayorías en el Congreso. Es más: debe ser la primera vez en la historia de este país donde el Partido Justicialista gobierna sin las mayorías de las cámaras. Se trataba de un proceso novedoso y desafiante. Y hubiera sido desafiante que la presidente convocara a discutir desde su responsabilidad cómo iba a encarar esa etapa histórica. Pero no lo hizo.

La verdad que el 1° de marzo lo que hizo la presidente una vez más fue una trampa. No a nosotros, sino a la sociedad. Y una vez más eligió la confrontación.

Después la confrontación continuó con la amenaza de vetos, con la parálisis institucional, con el intento de golpe institucional a este Congreso, llevando a la Justicia cada una de las acciones legislativas que no les convenía, después de rasgarse las vestiduras hablando de la judicialización de la política. Hubo un intento claro de vaciar y obstaculizar el Poder Legislativo.

Uno se pregunta por qué la presidente en vez de elegir el camino del consenso eligió el de la confrontación, como también se lo preguntaba el señor diputado Solá.

Creo que la presidente eligió el camino de la confrontación, porque el oficialismo nunca pudo salir del esquema de la suma del uso del poder absoluto con el que gobernó los primeros años.

Pocas veces vimos en la Argentina en etapas democráticas una concentración de poder tal como la que tuvo el kirchnerismo en los primeros años: supresión absoluta de los poderes del Estado, oficinas de trámites del Poder Legislativo y condicionamiento del Poder Judicial vía reforma del Consejo de la Magistratura, supresión del federalismo, quitando autonomía a gobernadores e intendentes que iban de rodillas a tratar de conseguir fondos a la Casa Rosada, supresión de la libertad sindical, teniendo a la CTA con la zanahoria de la personería durante seis años y cerrando los acuerdos con Hugo Moyano para fijar los topes salariales de las discusiones paritarias, y concentración del poder en los negocios, augurando un patrimonialismo corrupto con un capitalismo de amigos y testaferros del poder.

Esa fue la concentración de poder del kirchnerismo en esta etapa. Pero esa etapa terminó. En realidad, finalizó con la resolución 125.

En esa época era diputado en la provincia de Buenos Aires. En medio del conflicto con el campo se me acercó un diputado del Frente para la Victoria. En general era un diputado autocrítico y reflexivo. Pero para mi sorpresa, en medio del conflicto con el campo, llegó y me dijo: “A los del campo los vamos a hacer pelota.”

Venía de un acto presidido por la presidente. Estaba ofuscado y con una tensión que auguraba ese camino de confrontación que se ratificó el 1° de marzo, camino del que el gobierno nunca pudo salir, porque luego de la 125 ‑la sociedad tenía expectativas de que tal vez existía una recapacitación y se iniciaba otro camino- el oficialismo fue por más, volviendo a la trampa y a la confrontación, convocando el adelantamiento de las elecciones y generando candidaturas testimoniales.

En esa época estuve en Uruguay apoyando la campaña del Frente Amplio. Se sorprendieron del proceso electoral argentino. Allá un ministro si quiere ser candidato tiene que renunciar a ser ministro. Acá existen gobernadores que fueron candidatos testimoniales y que siguen siendo gobernadores. Es más: tenemos al diputado Kirchner que juró en estas bancas, y no lo vimos más por cuatro meses. Hasta ese punto es testimonial. Este es el proceso en el que estamos.

Vamos a rechazar el decreto de necesidad y urgencia y lo vamos a declarar nulo, porque se inscribe en este atropello institucional con el que ejerce el poder el kirchnerismo, con desprecio a las instituciones y abuso de autoridad. No sólo vamos a rechazarlo sino declararlo nulo de nulidad absoluta, porque está claro que no es facultad exclusiva del Poder Judicial el control de constitucionalidad; y en este sentido también está claro lo que señala el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.

Además de eso, ya se ha dicho que nuestro sistema es complejo y concurrente de control de constitucionalidad de todos los poderes del Estado. El Congreso de la Nación tiene facultades de control de constitucionalidad más allá de que el último órgano de control de constitucionalidad sea la Corte Suprema de Justicia.

El Congreso no sólo está facultado sino obligado a hacer dicho control de constitucionalidad, y esto no lo digo yo. Permítanme citar al constitucionalista Pablo Manili, quien dice: “El Congreso puede anular decretos del Poder Ejecutivo de sustancia legislativa, es decir, los de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de las leyes. Ello se funda en que al dictar ese decreto el presidente no sólo violó la Constitución sino que además invadió la esfera del Poder Legislativo. En esos casos preferimos utilizar el instituto de la nulidad en lugar del instituto de la derogación.” Esto lo dice un constitucionalista, no lo digo yo solamente. Por eso ratificamos y decimos a los diputados del Frente para la Victoria lo que estamos haciendo: no solamente estamos; estamos recuperando las instituciones, la República, la democracia, y para eso no sólo vamos a devolver la autonomía a los gobernadores y al Poder Judicial sino también respetaremos la Constitución Nacional. Esto se hace declarando la nulidad absoluta e insanable del decreto 298. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Recalde.- Señor presidente: como mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, quiero demostrar que nosotros sí somos capaces de dialogar, consensuar y no descalificar.

No podría contestar en siete minutos ‑porque me apartaría del tema en cuestión‑ todas las afirmaciones que se hicieron. Destaqué algunas que me parecieron muy valiosas, como la de los señores diputados Macaluse, Prieto y Ernesto Martínez.

Sólo voy a hacer referencia a una cuestión. Si hubo una conquista importante para los trabajadores a partir de mayo de 2003 fue la posibilidad de negociar convenios colectivos de trabajo sin techo, sin piso, con poca conflictividad, cada uno de acuerdo con su realidad. De modo que acá no hay un mandamás que diga a los dirigentes de los sindicatos cómo negociar. Tenemos muchísimos acuerdos con los compañeros de CTA, hemos hecho muchísimas cosas juntos y tenemos algunas diferencias en relación con el sistema de organización sindical, pero siempre dialogamos con respeto.

La última actividad en conjunto que hicieron CGT y CTA fue pelear por la libertad de los trabajadores de prensa de las radios de Rosario y del diario “La Capital”, donde hubo despidos masivos. Todo esto demuestra la posibilidad de diálogo y de consenso.

Con absoluto respeto hacia este tema complejo jurídico y opinable, es muy difícil sentirse dueño de la verdad. Por eso quiero expresar mi opinión jurídica en torno de este asunto. En este sentido, he advertido algunas cuestiones que realmente me cuesta comprender.

Empecemos por el decreto 2.010. La jueza Sarmiento, cuya persona me merece absoluto respeto hacia su investidura, dictó una medida cautelar. El artículo 195, párrafo 3° del Código Civil Procesal y Comercial de la Nación dice textualmente: “Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado.” Los recursos del Banco Central son recursos propios del Estado.

Acá hago un paréntesis para decir ­–creo que vamos a discutirlo próximamente­‑ que debemos analizar cuál es el rol del Banco Central; es decir, definir qué es la autarquía, la autonomía y la independencia o interrelación que debe tener este organismo con la política económica del gobierno electo por la soberanía popular. Esto es algo que le debemos a la sociedad argentina.

No comparto algunas cosas que se dijeron acá en cuanto a la posibilidad de que esta Cámara o este Congreso pueda declarar un acto del Poder Ejecutivo como nulo de nulidad absoluta, y respeto otras posiciones.

Hoy traje a colación –usted no me había dejado hablar‑, en homenaje al doctor Floreal Ferrara ‑quien fuera mi maestro y con quien trabajé; y lo menciono ahora porque viene al caso‑, el decreto 446 del año 2000, que también fue un decreto de necesidad y urgencia. Se dictó el 2 de junio de 2000 para comenzar a regir el 1 ° de enero de 2001. Realmente se autodescalificaba.

Como este podría citar otros pero no quiero ir al pasado, sino que quiero fundamentar por qué nosotros no podríamos sancionar una ley que disponga que el decreto es nulo de nulidad absoluta. No podríamos hacer esto. Voy a citar algunos constitucionalistas. Yo hice un posgrado, y uno de los profesores fue el autor citado por el diputado Pimonte, el doctor Pablo Manili. Bueno, no hay “manili” que por bien no venga.

Voy a citar otras afirmaciones. El artículo 116 de la Constitución dice que “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución Nacional.

¿Qué dice Bidart Campos? La función de administrar justicia –que incluye la de expedirse sobre la validez jurídica de un acto‑ en forma privativa, que se asigna a los órganos judiciales excluye también totalmente su arrogación y ejercicio por el órgano ejecutivo y por el órgano legislativo. Es una severa y tajante división de poderes que encasilla a la administración de justicia en el Poder Judicial, sin participación, delegación o avocación de ninguna índole o hacia otros dos poderes.”

Acá se mencionó como ejemplo de lo que podemos hacer lo que yo entiendo que no podemos hacer, la ley 25.779 que declaró la nulidad insanable de las leyes 23.492 y 23.521, de obediencia debida y punto final. Pero no es el mismo caso. Porque esa declaración de nulidad recayó sobre leyes en sentido formal emanadas del mismo órgano que las dictó, no de otro órgano.

¿Por qué no se hizo lo mismo con el decreto de indulto? No se hizo porque era una norma emanada de otro poder. Nosotros podemos hablar de nuestras normas porque son actos propios para nosotros.

¿Qué dice otro constitucionalista, el doctor Joaquín V. González? Dice lo siguiente “La única vía para privar retroactivamente de efectos a una ley es, de manera excluyente, la declaración de su inconstitucionalidad –en un caso concreto‑ por parte de un tribunal de Justicia”.

Y como le había permitido a mi distinguida colega la diputada Carrió, que no está, voy a citar también a un constitucionalista que nadie puede acusar de oficialista, que es el doctor Daniel Sabsay. ¿Qué dijo Daniel Sabsay? Dijo textualmente: “El ordenamiento jurídico vigente no admite la sanción de nulidad de las leyes por el Congreso, siendo ésta una potestad judicial, de modo que la sanción legislativa carece de efectos jurídicos toda vez que fue llevada a cabo por un órgano que no tiene tal facultad”. Y cito la publicación, Obediencia Debida y Punto Final, La Ley, Suplemento Actualidad del 16 de septiembre de 2003.

Yo no quiero decir con esto que Sabsay haya tenido la razón en ese momento o la tenga yo ahora o estén equivocados los otros diputados que opinaron distinto. Lo que digo es que es un tema absolutamente opinable y estoy convencido de que el artículo 1° del proyecto que hoy se vote por mayoría no va a decir que el decreto es nulo de nulidad absoluta. Seguramente va a decir que cumpliendo con lo que dice la Constitución Nacional y la ley 26.122 se rechaza el decreto.

Entonces, al final, como decía el Quijote, “Cosas vederes, Sancho, que non crederes”.



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sr. Cortinas.- Señor presidente: tal como lo manifestara el vicepresidente de mi bloque, el diputado Viale, los socialistas estamos a favor del rechazo de este decreto de necesidad y urgencia que tantas idas y vueltas ha generado en la política del país en los últimos meses. Su excepcionalidad y peculiaridad es una exacerbación de lo que ya de por sí son los DNU: saltear atribuciones que tiene el Congreso de la Nación.

Filosóficamente, los socialistas siempre los hemos rechazado. Así lo han manifestado nuestros convencionales constituyentes en 1994. Pensamos que acentúan el hiperpresidencialismo, que ya de por sí caracteriza nuestro sistema político.

Durante todos estos meses en los que se ha debatido este tema hemos planteado algo muy sencillo y compartido por muchos bloques y partidos políticos: una decisión tan trascendente como la de disponer las reservas del Banco Central la tiene que tomar el pueblo argentino en el Congreso de la Nación.

Es interesante recordar la matriz de argumentaciones y críticas a quienes nos opusimos a la creación del Fondo del Bicentenario y al posterior Fondo de Desendeudamiento.

Se dijo que el uso de las reservas para desendeudarse implicaría una baja de la tasa de interés de endeudamientos futuros. Se señaló que quienes no estábamos de acuerdo con la medida proponíamos políticas de ajuste y de enfriamiento de la economía y que queríamos aislar al país de los mercados internacionales.

Se mencionó que el Banco Central era un nido de economistas ortodoxos, representados por su anterior directorio. Se dijo que endiosar las reservas y el superávit fiscal era una política neoliberal característica de la década de los 90.

Sin embargo, la verdad es que no hemos cambiado en nada. Ha sido el gobierno nacional el que ha cambiado a partir de algunas aseveraciones. Así ha sostenido durante cinco años a Martín Redrado. Seamos claros: han creído ingenuamente en la independencia del Banco Central o han dialogado con Redrado en los últimos cinco años; creo más en lo segundo que en lo primero.

Nosotros no hemos cambiado. El único voto en contra de la designación de Martín Redrado en el Senado fue el del Partido Socialista por intermedio del senador Giustiniani. Fue el gobierno el que endiosó el superávit fiscal a costa de jubilaciones de miseria y del empobrecimiento de las provincias.

Fue el gobierno el que nos dijo en 2005 que había que desendeudarse del Fondo Monetario Internacional para tener autonomía internacional, y nosotros acompañamos esa medida en el Congreso, aunque luego pagásemos tasas más altas.

Ahora nos hablan de dar una señal a los mercados para bajar la tasa de interés. Es evidente que hay dos cosas sobre las que el gobierno no cambia. En primer lugar, utiliza en un corto lapso los mismos argumentos para justificar dos cosas totalmente contradictorias. En segundo término, las reservas, tanto en los años anteriores como en la actualidad, siempre se utilizan para dar señales a los mercados y no para solucionar la enorme deuda interna, social y federal del país.

No es un problema de tasas de interés ni de la consigna simplificadora de que se roban los ahorros de los argentinos. Se trata de un problema presupuestario y de cómo se financia el Estado nacional, reformulando la concepción de federalismo económico frente a las decisiones actuales.

Se trata de un problema surgido de hacer mal las cuentas por parte de quienes han dibujado el presupuesto. Esto es lo que planteábamos los socialistas y muchos bloques de la oposición cuando rechazábamos el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo a fin del año pasado.

Aquí lo que se está discutiendo es cómo se tapa un bache de por lo menos 50 mil millones de pesos más que tienen las cuentas nacionales. Y el camino que ha elegido el gobierno, señor presidente, es pagar lo más rápido posible en una ventanilla de los organismos internacionales casi al mismo tiempo en que por otra ventanilla de esos mismos organismos se retiran fondos frescos en dólares por los nuevos préstamos que se solicitan. Y ni siquiera así tapan el dibujo del presupuesto 2010.

Muchos de nosotros rechazamos esto. Nosotros queremos abrir la discusión del presupuesto. No queremos que se gaste menos; queremos que se gaste lo mismo o más, pero que se gaste mejor. Y mejor en democracia significa consensuar, y en democracia consensuar significa consensuar en el Congreso de la Nación.

Eso se puede hacer si se avanza hacia un país realmente federal donde las provincias reciben lo que les corresponde, y no seguir en un país donde desde la caja del Estado uno o dos funcionarios castigan o premian a tal o cual gobernador.

Eso se puede hacer si se avanza en una real universalización de los planes sociales y se elimina la multiplicidad de planes clientelares. Se puede hacer si se deja de subsidiar a los grupos económicos que manejan importantes resortes básicos de la economía argentina, si avanzamos hacia una reforma gradual del sistema impositivo para terminar con la vergüenza de que en la Argentina paguen más los que menos tienen.

Eso se puede hacer si con un fuerte consenso nacional de este Parlamento, e incluso de la región, hacemos un análisis de nuestra deuda; por supuesto para pagar, como cualquier país serio, pero también para revisar aquellas deudas que han contraído gobiernos dictatoriales en nuestro país y que son ilegítimas.

Termino diciendo que es posible hacer todo esto si tenemos la voluntad ‑y esperamos que el oficialismo la tenga‑ de discutir los temas trascendentes de la Argentina que todavía están pendientes, fundamentalmente para respetar lo que el pueblo argentino votó el último 28 de junio. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.



Sr. Mera.- Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer algunas consideraciones respecto de lo que se ha dicho en el sentido de que este bloque rehúsa los debates. De ninguna manera esto es así. Nosotros nos hemos rehusado a incumplir el reglamento y a incumplir la Constitución para no tener que estar debatiendo en sesiones trasnochadas ‑como lo hiciéramos‑, rechazando DNU derogados con expresiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto o insistiendo sobre vetos presidenciales con mayoría simple cuando por la propia temática de la ley se exigen los dos tercios de los votos.

Estamos aquí y vamos a estar cada vez que debamos dar un debate, llevando adelante nuestras convicciones. Y hoy, respecto de este decreto de necesidad y urgencia que se pone a consideración de la Cámara para su rechazo o aprobación, tenemos la claridad absoluta de que corresponde aprobarlo.

Los constituyentes han establecido como fórmula indeterminada circunstancias excepcionales. No es propio de la Constitución hablar de catástrofes ni de guerras; son interpretaciones que hace la Corte como guardiana de la Constitución. Pero el constituyente dejó abierta la posibilidad, cuando nos encontramos ante nuevas situaciones, como se hace en cada juzgamiento y en cada sentencia sobre un caso específico, de aplicar la fórmula “bajo circunstancias excepcionales”. Y está claro que éstas se daban cuando la presidenta firmó el decreto de necesidad y urgencia. Está claro que había urgencia porque el Poder Ejecutivo nacional estaba negociando deudas con los bonistas porque nos encontrábamos en default. Sin duda era necesario y así lo establecieron los mercados financieros luego de la lectura que hicieron de las expectativas que ellos tenían sobre lo positivo o negativo de las medidas económicas.

Tampoco hay dudas de que a partir de la firma del decreto de necesidad y urgencia todos los índices económicos arrojaron resultados positivos para la Argentina.

Por lo tanto, debemos bajar el tono de la discusión, dejar de lado el uso de los improperios y parar con las facturas y las chicanas de unos hacia otros. Como han dicho muchos de los señores diputados preopinantes, debemos discutir los problemas que a la gente le interesan.

Lo cierto es que para tomar una medida de estas características no sólo hay que hacerlo con legalidad –como lo hizo la señora presidenta‑ sino que también hay que tener legitimidad. Digo esto porque me resulta extraño que en esta discusión la oposición sostenga la imposibilidad del uso de las reservas frente a una administración que fue la encargada de acumularlas a partir de una gestión exitosa al frente de la primera magistratura del país. Creo que sin necesidad de chicanearnos y sin echarnos culpas sobre el pasado debemos reconocer los éxitos de este gobierno.

Algunos señores legisladores han expresado que resulta contradictorio que el gobierno necesite de estos fondos porque el país anda muy bien. Sin embargo, hacia fines del año pasado el discurso de la oposición versaba sobre la falta de gobernabilidad, sobre el enorme empobrecimiento de los argentinos y sobre la falta de perspectivas y de proyección. Pero hoy, habiendo transcurrido muy poco tiempo, los escucho debatir sobre la necesidad de controlar al gobierno nacional para que en vez de crecer al 5 por ciento lo hagamos al 5,5 por ciento. En tan pocos meses no se puede tener semejante cambio en el discurso.

Sin duda esto ocurre porque los hechos son más fuertes que los dichos y porque del aislamiento del que venían acusando permanentemente al gobierno nacional hoy se dan cuenta que para lo único que corre la señora presidenta de la Nación es para volver de Washington a fin de reunirse con un presidente ruso que por primera vez visita la Argentina. ¿Este es el aislamiento del que nos hablaban? ¿Este es el fracaso económico al que hacían referencia? Lo cierto es que la única discusión que se da es sobre el porcentaje al cual crecemos.

Evidentemente debemos sincerarnos, actuar con honestidad intelectual y proceder con legitimidad sin chicanearnos. Tenemos que hacer propuestas positivas y discutir seriamente –como muchos han dicho‑ los problemas reales que tiene el país. Por eso estamos aquí sentados dando este debate, como lo haremos en cada una de las discusiones de las que nos toque participar. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sr. Gil Lavedra.- Señor presidente: en los pocos minutos de los que dispongo me gustaría centrar mi exposición en tres puntos. En primer lugar, quisiera dejar en claro qué estamos discutiendo y para qué estamos reunidos aquí esta noche. En segundo término, voy a demostrar que el decreto 298 es un mellizo que reproduce el decreto 2.010. Por último, intentaré replicar alguna de las cuestiones que se han suscitado a lo largo del debate, sobre todo respecto de los argumentos que se han dado para el sostenimiento de este decreto.

Con respecto al primero de los puntos, estamos aquí para ejercer las facultades de control del Congreso sobre el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Este ejercicio de las facultades de control, como han dicho otros señores diputados preopinantes, es el que se desprende de la Constitución y de la ley que regula la intervención del Congreso.

Con esto quiero decir que el control se centra sobre si concurren o no las circunstancias que justifican que el Poder Ejecutivo ejerza facultades del Congreso; dicho de otra manera, que legisle.

Si éste es el centro del debate, es decir, si se dan las circunstancias de excepción, queda afuera todo lo relativo al mérito, lo que aquí se denomina el fondo, queriendo en forma artificiosa dividirlo de la forma, que sería la forma constitucional.

Queda afuera -y no porque no querramos discutirlo, sino porque hasta el presente el Poder Ejecutivo no ha enviado un proyecto de ley que lo permita hacer- el análisis de si está bien o no utilizar las reservas, qué impacto económico tiene en la economía la utilización de las reservas. Queda afuera también qué significa esto respecto de la necesaria separación –no digo autonomía- que tiene que haber entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo.

Asimismo, queda afuera si ésta es la mejor manera de conseguir la rebaja en las tasas de interés, es decir, todo lo que tiene que ver con el fondo del asunto.

En cuanto al segundo tema, en la sesión del 17 de marzo lo debatimos largamente y esta Cámara declaró la nulidad del decreto 2010. No es cierto que estuviera derogado, sino que estaba vigente a través del 298. No lo hicimos con relación al 298 porque no lo teníamos en consideración. No podíamos hacerlo pero sí dijimos que el 2010 y todo aquel que tuviera su mismo contenido era nulo.

Pues bien, el decreto 298 es la reproducción del 2010, y para eso me basta no sólo su simple lectura, estando reproducidos literalmente los mismos fundamentos ‑sólo cambian los montos y la cosmética-, sino la propia confesión de la señora presidenta, cuando dice que dicta el decreto para tratar de sortear la medida judicial, para evitar lo que denomina la judicialización de la política.

Es un argumento falso, porque en realidad esa semana lo iba a tratar el Congreso. Lo dictó para evitar que el Congreso se pronunciara, y es el mismo decreto con otro ropaje.

Por eso, a este nuevo decreto le caben las mismas consecuencias que al 2010. La Cámara ha declarado que son nulos todos los decretos que tengan los mismos contenidos.

En cuanto a los argumentos que se han dado, generalmente la bancada oficialista se ha basado en tres o cuatro ideas centrales. Una es que lo han hecho todos los gobiernos. En segundo lugar, se dice que esto es muy bueno, porque ha sido beneficioso para el país. En tercer lugar, se dice que de esta manera se podría evitar una debacle financiera, y en cuarto lugar –que es lo más grave-, se dijo que aquí se estaba ejercitando una potestad constitucional legislativa del Poder Ejecutivo.

Pues bien, tienen razón en cuanto a que esto lo han hecho otros gobiernos, y también en que hasta el presente los Poderes Ejecutivos han hecho un uso abusivo de los DNU.

Creo también que el Congreso ha abdicado en numerosas oportunidades de las facultades de control que le manda la Constitución. Pero el hecho de que lo hayan hecho otros gobiernos no justifica que esto se siga reiterando, porque precisamente estamos tratando de establecer cuáles son las mejores prácticas constitucionales.

Dejo de lado el otro argumento de fondo, en cuanto a que esto es bueno, porque se trata de algo que no estamos discutiendo.

En cuanto al otro argumento, en el sentido de que se trata de una facultad constitucional, es falso. El Poder Ejecutivo no tiene facultades equivalentes a las del Legislativo. No es una opción ni es una cuestión de forma.

Es grave que en este recinto se diga que cumplir con los recaudos constitucionales es una cuestión de forma, y no se ha esgrimido ni una sola razón que justifique las circunstancias excepcionales que permitan legislar al Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo esta noche es reivindicar las facultades del Congreso. Estamos defendiendo lo que votó el pueblo. Todos nosotros somos depositarios de la soberanía popular y, precisamente, lo que quiere la Constitución es que los representantes del pueblo sean los que decidan estas cuestiones.

Por eso, también estamos defendiendo los principios básicos del constitucionalismo. Una democracia que no respeta la división de poderes ni las facultades que le asigna la Constitución es una cáscara vacía que queda a merced del capricho discrecional de un mandamás de turno.

Voy a votar por el rechazo del decreto. En el escaso tiempo que me queda me gustaría explicar brevemente que votar por el rechazo conlleva a la declaración de nulidad del DNU. La sanción de nulidad es la consecuencia que trae la Constitución ya que solamente lo autoriza cuando concurren circunstancias de excepción. Cuando no concurren estas circunstancias, la consecuencia inexorable que deriva del propio texto constitucional es la nulidad del decreto. En consecuencia, al votar el rechazo estamos votando la nulidad de este decreto. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Landau.- Señor presidente: estamos aquí reunidos para considerar el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña un DNU. En consecuencia, el análisis no puede iniciarse sino por los aspectos formales, que es lo que corresponde.

Entonces, se observó el acuerdo general de ministros. Fue refrendado por los ministros juntamente con el jefe de Gabinete y comunicado al Congreso de la Nación dentro de los diez días. No legisló sobre las materias vedadas expresamente, es decir, los temas penales, tributarios, electorales o de partidos políticos.

El Poder Ejecutivo acreditó las circunstancias excepcionales que fundan la necesidad y urgencia en los fundamentos, y lo hizo extensamente. En consecuencia, el decreto es formalmente válido.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Ricardo Alfonsín.

Sr. Landau.- Entonces, corresponde que ingresemos en la consideración de las circunstancias excepcionales que llevaron al dictado del decreto. Ya han sido fundadas ampliamente las razones para la aprobación en forma expresa.

No voy a ser yo quien abunde en los fundamentos que aquí se vertieron, pero no corresponde que se pronuncie de otra forma que la expresa, porque esos son los alcances que la ley 26.122 le fija al Congreso, ya sea que se trate de la Comisión Bicameral o del pleno, tal como estamos haciéndolo ahora.

Entender que la regla general de la nulidad que establece el artículo 99 rige para calificar los actos es ir más allá de lo que la propia Constitución determina para estas situaciones.

En la consagración del principio de división de poderes la Constitución Nacional regla las competencias de cada uno. Así como en el artículo 99, inciso 1, se pone en cabeza del Poder Ejecutivo la responsabilidad de la administración general del país, el inciso 3 veda precisamente avanzar sobre el Poder Legislativo.

Se establece una excepción: los decretos de necesidad y urgencia. Allí se determinan los límites dentro de los cuales el Poder Ejecutivo los debe emitir.

Considero que no puede ser otro el alcance del pronunciamiento del cuerpo. Es decir, lo hace por la aprobación o por el rechazo. Entiendo que hacerle decir a este cuerpo lo que la Constitución Nacional no establece implica degradarlo ya que torna vulnerable sus resoluciones. Precisamente, ése es el camino de la judicialización de las cuestiones políticas. En consecuencia, me pronuncio por la aprobación del decreto en atención a que en mi criterio en los considerandos del DNU están absolutamente fundadas las razones excepcionales que la Constitución Nacional exige para dar validez al acto.

Para finalizar, deseo realizar tres consideraciones. Primero, aquí se ha dicho que los bonos son de los bancos. Los bonos no son de los bancos sino de la Nación Argentina. Los bancos pueden ser transitoriamente adquirentes, depositarios, gerenciadores, etcétera, pero la titularidad es siempre de la Nación Argentina.

Segundo, los embargos en el exterior sobre las reservas se producen precisamente porque existe deuda en default en trámite judicial. Si existe tanta preocupación por el embargo de las reservas no se advierte la razón por la cual se quiere obstaculizar la salida del default que justamente evitaría estos embargos.

Tercero, en rigor no correspondería el avocamiento de hecho que este cuerpo está realizando en los términos de la ley 26.122 toda vez que debiéramos haber tratado el dictamen de la Comisión Bicameral, que es lo que correspondería.

Interpreto que los diez días exigidos por la Constitución y la ley rigen desde el momento en que la comisión está en condiciones de deliberar válidamente y emitir dictamen. Sólo en esas condiciones corresponde el avocamiento del artículo 20 de la ley 26.122.

Al respecto se deber recordar que la comisión no estuvo en condiciones de reunirse hasta el día 7 de abril, fecha en la cual el presidente del Senado accedió a cumplir el fallo judicial del mediados de marzo, que obligaba a modificar la conformación de la misma incluyendo a la senadora Rojkés de Alperovich. De modo que para que la comisión pudiera funcionar en plenitud y que sus decisiones no resultaran atacables, vulnerables, debió haber estado constituida por quienes legítimamente estaban investidos por la resolución del presidente del cuerpo del mes de diciembre. Eso es lo que la Justicia puso en su lugar, motivando aquella deliberación en este cuerpo y la interrupción del tratamiento.

Precisamente porque no se produjo esta circunstancia advierto que el procedimiento adecuado hubiera sido el tratamiento de este dictamen. En consecuencia, creo que si bien se está produciendo el avocamiento de hecho, no se está concretando de acuerdo con las circunstancias previstas en el artículo 20 de la ley 26.122. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.



Sr. Comi.- Señor presidente: más allá de los esfuerzos del diputado preopinante y el respeto que me merecen sus consideraciones, sinceramente creo que a esta altura del debate el oficialismo no ha podido fundamentar con seriedad lo más importante que tiene un decreto de necesidad y urgencia según el imperativo constitucional, que es demostrar que en el momento de ser dictado existió necesidad y urgencia, para que pueda ser considerada esa excepción que la Constitución prevé ante la negativa expresa del artículo 99.

El argumento más claro lo expuso el señor diputado De Marchi cuando recordó a todos que el decreto fue anunciado en este recinto frente a la Asamblea Legislativa. ¿Qué necesidad y urgencia existía para que el Parlamento no pudiera funcionar si el decreto fue dictado el día en que se abría el período de sesiones ordinarias?

Podemos buscar los recaudos formales del itinerario previo, podemos buscar palabras. La verdad es que esto es así y la Nación sabe que aquí se hizo trampa, se pretendió impedir el funcionamiento de la Justicia y ganar tiempo hasta que recién hoy, en este martes 13 de abril pudimos llegar a debatir.

Nos queda por determinar cuál es el carácter del pronunciamiento que esta Cámara va a tomar en este avocamiento que nos hemos impuesto. Nosotros creemos, como Coalición Cívica y siguiendo lo que hemos hecho hace dos semanas ‑cuando declaramos la nulidad absoluta e insanable del decreto 2010 y todos los decretos que le reemplazaran, tortuosamente pero que fueran esencialmente lo mismo‑, que corresponde esta declaración de nulidad absoluta e insanable. Esto no lo creemos porque a nosotros nos parezca un argumento forzado sino porque es lo que dice nuestra Carga Magna.

Una vez más, porque ya se ha hecho en varias oportunidades, leo la disposición prevista dentro de las facultades del Poder Ejecutivo: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, salvo, como todos sabemos porque no se puede negar la realidad, que haya habido circunstancias extraordinarias que demostraran la necesidad de ese decreto.

¿Qué decimos ahora? Vamos a votar por la aceptación o el rechazo, que es lo que dice la ley, pero nosotros proponemos votar por el rechazo en función de la nulidad absoluta e insanable que tiene el decreto, por esta disposición estricta que establece la Constitución Nacional en esta materia.

En intervenciones anteriores se ha dicho –en una construcción más bien fundada en una diferencia personal que en un criterio político que pueda ser sustentado‑ que en realidad debemos limitarnos a hablar de la validez o invalidez del decreto, según lo establece la ley. Esto no es así. En primer lugar, es la Constitución Nacional la que fija la regla, y la ley aprobada oportunamente, reglamentaria del decreto, se refiere a la actuación de la comisión bicameral permanente, que por cuestiones fácticas que todos conocemos ni siquiera estamos analizando esta noche. Insisto una vez más: debemos rechazar o aceptar, fundados en nuestro caso en la nulidad.

La otra discusión es si no podemos declarar nosotros la nulidad. A lo largo de la jornada se han citado numerosos casos en los cuales este cuerpo se ha avocado, siendo el más glorioso la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y se citaron a los autores. Muchos de los que hablaron hoy –no quiero dar sus nombres, pero ellos lo saben‑ dijeron exactamente lo contrario en esa oportunidad a favor de la declaración de nulidad absoluta e insanable de esas dos leyes.

Me extraña que partidos de izquierda y el peronismo, el partido de los trabajadores y los sectores populares en la Argentina, digan que este cuerpo, que es donde se resume la voluntad popular y donde están los representantes del pueblo, de todas las extracciones y sectores -como dijo algún diputado-, no puede hacer el control de constitucionalidad, y que se lo deje reservado casi en forma aristocrática al Poder Judicial, en lugar de reservarlo a esta asamblea legislativa donde está la voluntad del pueblo expresada cada dos años en las urnas.

Nos diferenciamos totalmente, ideológica y básicamente, de estas concepciones que le quitan a este cuerpo la posibilidad de interpretar la Constitución ‑por la cual juramos y tenemos la obligación de defender‑ y se la delegan al Poder Judicial.

Como se explicó hoy, tenemos un sistema concurrente. Claro que el Poder Judicial en una República es la última instancia de revisión de todos los actos y última salvaguarda de la vida y los bienes de las personas, pero los poderes de la República, en esta fórmula particular de controles mutuos, tienen no sólo la posibilidad sino la obligación de controlar la constitucionalidad y la legalidad de los actos que emanan de sí.

Por todo esto, por lo que este cuerpo votó por unanimidad y ahora no podemos tener otra interpretación porque seríamos poco serios, por lo que dice la Constitución Nacional en el artículo antes citado y que ya la Constitución de 1853 mencionaba respecto de la nulidad absoluta e insanable cuando se delegaran facultades a otros poderes, y por lo que impone la ley, votamos por el rechazo basados en la nulidad absoluta e insanable de este decreto de necesidad y urgencia, ya que nunca existió necesidad y urgencia.

El señor diputado Recalde, por el que tengo el mayor de los respetos, citó a un constitucionalista que es muy leído por muchos de nosotros: el doctor Daniel Sabsay. A sabiendas de que existía esta discusión, a las 20 y 25 del día de hoy le solicitamos nos enviara un mail –lo dejo a disposición del señor diputado Recalde, de la Presidencia y de los señores periodistas- para evacuar una consulta. Nos contestó lo siguiente: “A vuestra consulta sobre el alcance del control del Congreso en materia de DNU's les expreso: el principio general prohibitivo contemplado en el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional al dictado de este tipo de instrumentos, bajo ‘pena de nulidad absoluta e insanable’ está sujeto al control ante todo del Poder Legislativo que es el órgano al que le compete el ejercicio de esta fiscalización con alcance general. Ello, tiene que ver con la pérdida eventual y excepcional de una competencia propia que sólo se ve compensada precisamente por la atribución de esta potestad de control.

“El control judicial va por otro carril y tiene lugar en relación con los diferentes casos en los que le tocare conocer como consecuencia de la eventual violación de la mencionada prohibición.”

Eso es lo que dijo Daniel Sabsay. Está a disposición de todos los señores diputados. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.



Sra. Córdoba.- Señor presidente: la verdad es que mucho se ha debatido hoy sobre el asunto que nos ocupa. Pero existe un tema que no se introdujo y tiene que ver absolutamente con la validez o rechazo del decreto 298: los objetivos de política de Estado a los que se aspiraba llegar luego de la firma de ese decreto.

Deseo mencionar alguno de esos objetivos, porque considero que tienen que ver con la vida de los argentinos en el día a día, que ya deben estar hartos de escuchar discusiones académicas que pasan por los procedimientos, las formalidades, los dimes y diretes y la conflictividad con la que se ha abordado este tema en el Congreso. En definitiva, los termina confundiendo, sin que lleguemos a hablar de lo fundamental y la cuestión de fondo de este decreto.

Por eso pido autorización para leer algunos de los objetivos del decreto que nosotros vamos a apoyar desde esta bancada. En primer lugar, se busca garantizar el sostenimiento de la inversión pública y privada, sostener el crecimiento de la economía, la creación de trabajo decente y genuino, llevando adelante a su vez iniciativas con criterio federal en etapas negativas del proceso económico, y que las reservas no sólo sirvan como respaldo de la moneda sino que también contribuyan a un mayor desarrollo interno.

Sobre el tratamiento de este tema, deseo plantear que no se trata de una cuestión formal o constitucional simplemente. Estamos ante un problema político central que tiene que ver con decisiones de política económica que le corresponden a la presidenta, que es quien conduce la administración del Estado argentino.

En ese sentido deseo plantear que la opción que hoy se presenta frente a este decreto es que desde el oficialismo se propone seguir con un proceso político que se inició en 2003, mediante una decisión que nos llevó al desendeudamiento y la inclusión social; en cambio, desde la oposición se propone el obstruccionismo a cualquier intento del gobierno de continuar con esa política económica. Los mismos que endeudaron a la Argentina, que le descontaron el 13 por ciento a los trabajadores y a los jubilados, que impusieron el corralito, y los mismos que pasaron las jubilaciones a la esfera privada son los que hoy se oponen a que la Argentina se desendeude con este procedimiento de renegociación de la deuda, con un proceso de inclusión social.



- Varios señores diputados hablan a la vez.





Sr. Presidente (Alfonsín).- Solicito a los señores diputados que no interrumpan a la oradora.



Sra. Córdoba.- La decisión fundamental de pagar la deuda externa en los compromisos asumidos y llevar adelante esta renegociación en los términos propuestos por la señora presidenta creando el Fondo del Desendeudamiento ya no se discute en los lugares donde se expresan opiniones sobre política económica. Es más, hasta algunos diarios que en la Argentina sistemáticamente son opositores al gobierno nacional están hablando de las buenas expectativas de este canje y de lo que va a significar para la continuidad de los planes económicos del país.

Si no creyera en la buena fe de los señores diputados podría pensar que hay algunos miembros de la oposición que están tratando de impedir que se lleve a cabo esta renegociación o que se dilate para que los fondos buitres adviertan que las reservas siguen acumulándose en nuestro país, y en una etapa posterior poder exigir un endeudamiento más caro y una menor quita, lo que implicaría un perjuicio para la gran mayoría de los argentinos.

Desde la oposición hoy se ha pedido y se viene hablando de institucionalidad y sensatez. Dudo mucho de que si nuestra presidenta hubiera enviado al Congreso una ley, las consideraciones habrían sido diferentes, ¿saben por qué? Porque en el marco de la conflictividad de este tema he presenciado un absurdo que nunca antes había presenciado en el Congreso de la Nación desde finales de 2001. En esta Cámara de Diputados se ha tratado de aprobar dictámenes que no contaban con las firmas necesarias y de insistir frente a vetos del Poder Ejecutivo nacional sin la mayoría calificada. Hemos estado discutiendo hasta las cuatro o cinco de la madrugada decretos que ya habían sido derogados.

Un acápite especial merece la actitud del vicepresidente de la Nación que lejos hacer honor al recuerdo del ex presidente Alfonsín y de seguir su tradición democrática, ha tratado de violentar las convicciones de los senadores intentando llevarlos al recinto por medio de edictos o fuerzas policiales. Esa no es la institucionalidad que yo quiero para los argentinos.

El vicepresidente de la Nación debió haber actuado como articulador y generador de consenso en lugar de tomar decisiones arbitrarias para privar a una senadora de su derecho de participar en una comisión bicameral por acuerdo de los bloques. Por eso cuando se habla de sensatez, me pregunto dónde reside y si esa es la institucionalidad que se nos ofrece frente a las propuestas del oficialismo.

En este momento la discusión que llevamos adelante se reduce a una cuestión central: desde el oficialismo se sigue proponiendo un programa de crecimiento para los argentinos, de desendeudamiento y de inclusión social; y desde la oposición no se ha formulado ninguna propuesta alternativa. Quiero decir a los colegas de la oposición, creyendo en la buena fe de muchos de ellos, que se siguen confundiendo con el resultado de las elecciones del año pasado. Puede que los argentinos hayan querido tener una mayor paridad de fuerzas, pero no se mareen con las luces del escenario porque pueden enceguecerlos y caerse.

Después de haber presenciado hoy algunas aficiones camaleónicas de los que antes aplaudían a Cristina, le regalaban mascotas, y no defendían la coparticipación de sus provincias como hoy pretenden hacerlo, quiero decir que lo que nos diferencia es que nosotros seguimos en un proceso político que se inició en 2003, que vamos a reivindicar, e implica la recuperación de la soberanía política, la inclusión social, la baja del desempleo, el aumento de las jubilaciones, la renegociación de los salarios de los trabajadores, la política de derechos humanos volviendo de un camino de impunidad, y nuestras metas son mucho más ambiciosas que ganar una votación. Algunas metas políticas ya las hemos cumplido, y aunque algunos que se asustan abandonan el barco vamos a seguir en ese proceso porque creemos que el objetivo es beneficiar a la gran mayoría de los argentinos. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Tunessi.- Señor presidente: trataremos de aportar algo más a este debate ya extenso, y quisiera simplemente decir que este latiguillo permanente de recordar las situaciones del pasado está hablando de la falta de propuestas para el futuro.

En todo caso nosotros hemos sumado a la cuenta de nuestro haber los errores. El pueblo ha tomado decisiones y nos ha sancionado. Ya ha pasado esa historia. Nosotros esperamos que alguna vez el partido que integra la señora diputada preopinante se haga cargo de los cuatro millones de desocupados y de sus familias que dejó el menemismo en la década del noventa, que era el partido que la señora diputada integraba. (Aplausos.)

Estamos esperando que alguna vez, por el bien de este país, se hagan cargo de haber llevado adelante la profundización del Consenso de Washington. Ustedes fueron más a la derecha que el Consenso de Washington, que no exigía las cosas que se atrevió a hacer en la década del noventa el peronismo. Fueron más a la derecha que el Consenso de Washington y hoy hablan como si no tuvieran pasado y como si no tuvieran ninguna circunstancia de la que hablar.

A esta altura del debate ya ha quedado más que suficientemente aclarado que si el gobierno hubiera mandado al Congreso un proyecto de ley y hubiera estado dispuesto a discutirlo, esta cuestión se habría terminado y el gobierno habría tenido una ley.

Ustedes simplemente se pueden poner a analizar y evaluar la opinión de los distintos diputados respecto a esta situación, respecto a este permanente envilecimiento del debate público a que nos lleva el gobierno, obligándonos a discutir sobre falsas antinomias con “consignismos” y con un maniqueísmo anacrónico que hace que discutamos siempre del pasado y sobre ejes falsos.

¿Por qué no discutimos la inflación en la Argentina? ¿Por qué no discuten sobre el peor de los impuestos que afecta a los pobres en la Argentina? ¿Por qué no discutimos que han tenido que adulterar las estadísticas para esconder la bochornosa pobreza que existe en la Argentina?

Si quieren discutir el presente, no están de este lado los ajustadores y del otro lado los progresistas. Esa simplificación, ese envilecimiento del debate, nos conduce a una confrontación que no buscamos, nos conduce a una idea de estar unos contra otros, de enredarnos en una dialéctica de guerra donde algunos generales ganan algunas batallas pírricas porque no ganan batallas a favor del pueblo argentino, sino que postergan el debate y las decisiones, el consenso y el diálogo, además de la tregua que está necesitando la Argentina. Se posterga así permanentemente el acuerdo político que está necesitando de la sensatez, no de los odios ni de la revancha

Vamos a analizar entonces la situación fiscal de la Argentina. Ustedes han dicho todo el tiempo que quienes supuestamente queremos ajustar somos nosotros. Estamos en un proceso de incremento de los ingresos fiscales. El gobierno está teniendo mayores ingresos fiscales porque crece la economía y por la inflación.

La pregunta que yo me hago es: ¿hay que gastar por encima de los ingresos? ¿Eso es ser progresista? Eso es ser irresponsable, porque ustedes no quieren gastar como corresponde. Ya no hablan más de superávit gemelo. Se terminó en el discurso oficialista el superávit gemelo. No hay más superávit fiscal en la Argentina, sino déficit, y ustedes se quieren financiar con el Banco Central de la República Argentina porque es la última caja que encuentran a su disposición, ya que saquearon todas las otras.

El Banco Central le prestó al gobierno desde 2004 la suma de 105.500 millones de pesos, según surge de un informe de la Auditoría General de la Nación. El gobierno se ha financiado gratis, llevándose los revalúos del Banco Central, los adelantos transitorios y también las reservas.

Terminemos con la falsa discusión de pagar o no con reservas. Nosotros no entronizamos las reservas en el altar de lo intocable. Que la diputada Fadel no nos diga que queremos suprimir la asignación universal a la niñez.

Queremos ser responsables y tener mediano y largo plazo en la Argentina. Deseamos crecer sin inflación e integrados seriamente al mundo. Terminemos con la cantinela, que nos tiene cansados, de decir que somos ajustadores cuando somos responsables.

De ninguna manera somos ajustadores. Sólo decimos que se debe gastar con calidad y donde corresponde. Hay que cuidar los recursos del pueblo y terminar con el flagelo de la pobreza. No se debe gastar de cualquier manera para comprar tiempo escaso y disponer de cajas para controlar y disciplinar la política.

Me pregunto cuánto tiempo van a seguir sustentando la idea de que baja el riesgo país y sube el precio de los bonos virtuosamente. ¿Quién ha dicho que deberíamos aceptar una decisión de esta naturaleza en base a su virtud de bajar el riesgo país y subir el precio de los bonos?

Por supuesto que los bancos, que están empapelados, verán con muy buen agrado la idea de que se les pague de cualquier manera. Entonces, es probable que el precio de los bonos suba y el riesgo país baje circunstancialmente. No hay peor afrenta a la credibilidad del país que la prepotencia del Poder Ejecutivo, que quiere utilizar las reservas sin ley.

Se da una visión mezquina del corto plazo por no querer discutir el presupuesto. Nosotros pensamos que no se paga con las reservas sino que se manotean las reservas. Se trata de llevarse lo que queda, pero nosotros queremos saber cuánto tiene el gobierno, cuánto debe y cuál es su necesidad de financiamiento.

Para conocerlo debemos discutir el presupuesto y, en ese contexto, debatir una ley que permita usar las reservas, como corresponde. Esto es lo que estamos dispuestos a hacer. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.



Sr. Merlo.- Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso, ya que el presidente del bloque del Peronismo Federal explicó en exceso por qué rechazamos este decreto. Sólo quiero referirme a un tema que hemos escuchado en forma reiterada últimamente.

Considero que ha existido un ataque injusto al ex presidente y actual senador Adolfo Rodríguez Saá, cuando la señora presidenta hizo referencia a la declaración de default del año 2001, cambiando intencionalmente su discurso. Creo que el propio discurso que expusiera en esta Cámara durante la Asamblea Legislativa aquel 23 de diciembre de 2001 nos exime de mayores comentarios. En ese discurso Adolfo Rodríguez Saá decía: “Quiero ser muy claro. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto no significa el repudio de la deuda externa. Esto no significa una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro gobierno abre las puertas a este Congreso para tomar conocimiento de todos los expedientes y los actos administrativos que estén vinculados con la deuda externa argentina.”

Por eso creo, señor presidente, que es necesario reivindicar la actitud de aquel gobierno en la figura del actual senador Adolfo Rodríguez Saá. Suspender el pago de la deuda externa no era repudiarla sino honrar la deuda legítima. Era poner en el Congreso la determinación de qué deuda era legítima y cuál ilegítima. Era rescatar para el Congreso Nacional el arreglo del pago de la deuda interior y exterior, como lo dice el artículo 75, inciso 7º, de nuestra Constitución.

Que no cambien el discurso, que no deformen la realidad, y menos quienes hasta hoy siguen usufructuando esa decisión, quienes con argumentos falsos pretenden pagar, entre otros, a los fondos buitres sin haber hecho nada hasta hoy para determinar cuál es la deuda legítima y cuál es la ilegítima.

Por lo expuesto, señor presidente, rechazamos el decreto de necesidad y urgencia, que es nulo de nulidad absoluta. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.



Sra. Giannettasio.- Señor presidente: haciendo un parangón con una de las exposiciones que escuchamos, quizás por una cuestión práctica, podemos preguntarnos por qué estamos acá. Voy a preguntarme cuál es la naturaleza de los derechos, si es que nacieron, a la luz del decreto de necesidad y urgencia 298/10 y cuál es el límite o no del control de constitucionalidad que puede ejercer el Congreso en un caso particular. Y vamos a verlo en éste.

Venimos al recinto por pretendida avocación al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 26.122. La norma sanciona con un plazo fatal de diez días la inacción de la comisión bicameral prevista por el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional. Digo esto porque la comisión bicameral permanente no emitió dictamen en virtud de haber sido desintegrada por el presidente del Senado y vicepresidente de la Nación para alterar su composición, violentando ‑lo digo textualmente‑ la proporcionalidad de las representaciones políticas ‑así lo dice la Constitución Nacional‑ de las Cámaras del Congreso.

Tan así es que, judicialmente recurrido el acto del presidente del Senado, se ordenó la reposición a la composición original –a través de la causa Alperovich Beatriz sobre amparo‑, resolución que, si bien fue apelada, sus efectos siguen ejecutándose hasta que se expida la alzada. Pese a ello el presidente del Senado ‑y vicepresidente de la Nación‑ fue moroso en la ejecución de la medida, ya que recién la concretó a fines de la semana pasada. Lo hizo exactamente luego de tres semanas de la decisión que le ordenó la reposición de Alperovich, sin haberse resuelto en la alzada. Es decir que esperó tres semanas porque quiso –permítanme la vulgaridad‑, porque gli piace.

Con esto pretendo demostrar que la comisión bicameral permanente –instituto incorporado en la última reforma constitucional‑ no sesionó para expresarse en los términos de la ley 26.122 por un acto de irresponsabilidad exclusiva y excluyente del vicepresidente de la República. Digo esto porque él era el único que podía corregir el acto que ilegítimamente había concebido al desintegrar la comisión.

¿El artículo 20, puede suplir el texto constitucional? A esta primera pregunta respondo negativamente, porque ese artículo es una previsión para la morosidad y no para evadir la comisión creada. Por ende, el rechazo no se ajustará a derecho.

El decreto 298 seguirá produciendo efectos jurídicos, pero esta demora no resulta accidental. Fue utilizada temerariamente para interrumpir el pago conforme al cronograma previsto.

Los mismos que hoy piden abocarse al tratamiento de este tema desconociendo la ilegalidad de su proceder por haberse violado los mecanismos previstos en la Constitución, rechazan el decreto invocando vicios de la misma naturaleza que practican. Dicho de otro modo: pretenden el rechazo por considerar que el decreto 298 no se ajusta a los requisitos previstos para el caso de la instancia contemplada en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional, pero intentan lograr ese objetivo violando ese mismo artículo.

No se entiende la demora en la constitución de la comisión bicameral ni tampoco en el tratamiento por parte de este pleno, que hoy ha demostrado ‑veremos qué ocurre en la otra Cámara‑ que cuenta con número suficiente para obtener el resultado que pretenden.

Lo cierto es que con la dilación buscan obtener la suspensión del pago de manera coincidente con la reapertura del canje. La oposición quiere evitarlo a través de caminos difusos: en primer término, rechazando el decreto conforme a los mecanismos previstos en la ley 26.122 y luego, por las dudas, mediante su anulación.

En ese sentido, tal como lo manifestó en la última sesión la señora diputada Stolbizer, a la ley 19.549 le hacen decir aquello que no dice.

A la luz de este decreto han nacido derechos subjetivos, y el único poder del Estado que puede revocarlos es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Judicial es la última instancia que puede actuar en este caso, y como todos sabemos es un poder que no está dentro del Poder Legislativo. No digo esto porque esté en desacuerdo con el doctor Sampay o con gran parte de la doctrina, sino porque tenemos un límite al control de constitucionalidad.

Además, como bien manifestó hoy la señora diputada Carrió y tal como todos lo aprendimos en la facultad, todos los poderes deben velar por la constitucionalidad. Lo hace el Poder Ejecutivo cuando busca la legalidad objetiva, que como hemos aprendido es el primer elemento que integra el acto administrativo; justamente por eso puede revocar sus propios actos. Pero también tiene un límite, que es el que surge del artículo 17; éste se da cuando nacen a su amparo derechos subjetivos.

En ese sentido, Manuel María Diez –por citar a uno de tantos autores del derecho público argentino‑ planteaba en relación con la sanción de la ley 19.549 a partir de la creación del artículo 17 de que otra manera entender la última parte de ese artículo si ni siquiera el Poder Judicial podía decretar de oficio las nulidades cuando a su amparo han nacido derechos subjetivos.

Me parece entonces que no quedan dudas de que existe control de constitucionalidad, eso es cierto; pero, como dice el Evangelio, la lluvia cae sobre el campo de los honestos y de los pecadores, de los pobres y de los ricos, sobre el campo de todos.

Cuando hay derechos subjetivos que han nacido, nuestra obligación es respetarlos, se beneficie quien se beneficie. Eso hace a la seguridad jurídica y ese decreto seguirá produciendo efectos no sólo hasta que sea aprobado o rechazado por una de las Cámaras sino por ambas.

Con esto vuelvo a quién y solamente quién puede declarar la nulidad, prescindiendo de la lectura de los fallos de la Procuración y solicitando desde ya autorización para insertar la totalidad de mi exposición. Sí quiero recordar lo que dice la jurisprudencia de la Corte, expresada en el caso Simón, cuando manifiesta que al declarar la nulidad insanable de una ley –se refiere al Poder Legislativo- viola la división de poderes al usurpar las facultades del Poder Judicial, que es el único órgano constitucional realmente facultado para declarar nulas las leyes o cualquier acto normativo con eficacia jurídica.

Por lo demás, de ese modo se perdería –sigue diciendo- el sentido de la ley, que no es otro que el de formular una declaración del Congreso sobre el tema –se refiere a la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final-, y que de hecho, la ley sólo es apta para producir un efecto político simbólico. Esto le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- La Presidencia informa que corresponde la intervención de la señora diputada Carrió por haber sido aludida.



Sra. Carrió.- Señor presidente: es cierto lo que dice una vieja amiga mía, con la que hemos participado en muchísimos congresos de derecho administrativo y de derecho constitucional. El Poder Legislativo no puede declarar la nulidad y tiene que ir a la Justicia. Estoy hablando en el sistema de derecho administrativo, porque estaba invocando la ley de derecho administrativo, si se concedieron derechos subjetivos.

El problema es que aquí no hay derechos subjetivos, por una simple razón: el Estado tiene atribuciones. Los poderes tienen atribuciones, no derechos subjetivos. Seguramente si le pagaron la deuda, tendrán que devolver los fondos de otro lugar al Banco Central. Al gobierno argentino le corresponde devolver los fondos.

El Estado tiene atribuciones. Los gobiernos tienen atribuciones, y cuando las violan se produce la nulidad.

En cuanto a la segunda cuestión, esto tiene efecto jurídico. Es cierto que en la nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final la cuestión era más compleja, porque había ley del Congreso, fallos de la Corte y, en todo caso, el pronunciamiento histórico e incluso simbólico sirvió para la declaración final de la Corte.

Pero éste no es el caso. Este es el caso del ejercicio del control en virtud del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Pero vuelvo a insistir: comparto plenamente con la señora diputada el tema de los derechos subjetivos, pero aquí no se trata de derechos subjetivos.

Ni el Estado, ni el gobierno, ni Cristina Kirchner; ninguno de nosotros, como Cámara, tiene derechos subjetivos. El gobierno tiene atribuciones, y si las viola tiene responsabilidades penales, políticas y administrativas, y debe devolver el dinero, reparando en todo caso lo que hubiera pagado a estos actores.

Lo que tiene que hacer el gobierno es poner la plata en el Banco Central. El tema de cómo arregla la ilegalidad que hizo es un problema del gobierno de Cristina Kirchner y no de este Parlamento. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Corresponde dar el uso de la palabra a la señora diputada Giannettasio, por haber sido aludida.



Sra. Giannettasio.- Señor presidente: yo no hablo de los derechos subjetivos de los poderes. Sé que los poderes tienen atribuciones y no pretendo hacer una dúplica. Todos lo entendemos; el señor diputado Ferrari habló de derechos en expectativas, yo sostengo que son derechos subjetivos y todos nos estamos refiriendo a lo mismo.



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.



Sr. Vega.- Señor presidente: creo que el análisis jurídico de este acto de alta complejidad ha sido llevado con mucha altura por este Congreso. Me enorgullezco de estar participando de esta sesión, salvo por la participación de una diputada del Frente para la Victoria a quien noté terriblemente agresiva y ahistórica en sus análisis. Pero, en general, me siento absolutamente orgulloso, y voy a tratar de seguir en esta línea.

Quiero partir de un silogismo. A mi juicio es un silogismo jurídico que se desprende del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Este silogismo dice lo siguiente: ante la ausencia de dictamen de la Comisión Bicameral, dicha ausencia de dictamen debe ser interpretada como rechazo al DNU. Segundo paso del silogismo: el rechazo del DNU, como decía el diputado Gil Lavedra, implica su nulidad.

Voy a tratar de fundar este silogismo. Creo que nadie duda de la capacidad legisferante que tiene el Poder Ejecutivo en un Estado de Derecho. Esa capacidad legisferante de los Ejecutivos en un Estado de Derecho apunta a producir iniciativas en el proceso de formación de leyes, a promulgarlas y a ejercer el derecho de veto.

Esta es la capacidad legisferante de los Ejecutivos en los Estados de Derecho, pero resulta que hay situaciones de excepción en donde las constituciones facultan a los Ejecutivos a legislar fuera de esta norma.

Esas situaciones excepcionales son las que están regladas por la reforma constitucional de 1994 en el artículo 99, inciso 3. ¿Cuál es el principio? El principio es uno solo: la nulidad de todo ejercicio legisferante del Poder Ejecutivo que no se atenga a las cuatro condiciones de excepcionalidad que fija el tercer párrafo.

¿Cuáles son esas condiciones de excepcionalidad en que la Constitución le permite legislar al Poder Ejecutivo? Veamos si se han dado en algún caso concreto, para no hacer tantos análisis en teoría.

Las condiciones que fija el artículo 99, inciso 3, son muy claras. Primero, que se trate de una situación de excepcionalidad. Pero esa situación de excepcionalidad no es posible interpretarla volitivamente ni conforme al buen saber y entender de ningún ministro ni presidenta. Existen parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar qué debe entenderse por excepcionalidad. Creo que ese tema no se debe discutir porque existe un criterio jurisprudencial que con toda claridad –por ejemplo, en el caso Verrochi, fallo 322‑ los ha establecido.

Segundo requisito: en diez días debe intervenir la Comisión de Control y Seguimiento.

Tercer requisito: de ninguna manera el Poder Ejecutivo, aun en situaciones excepcionales, legisla sobre materias penales, tributarias o electorales.

El cuarto requisito establece que esa comisión en diez días tiene que elevar su dictamen al plenario.

En el caso concreto del decreto que nos ocupa se han violado dos de esas cuatro condiciones de excepcionalidad a través de las cuales se le permite al Poder Ejecutivo escapar de la regla prohibitiva de no legislar.

¿Cuáles son esas dos condiciones por las cuales este decreto debe ser declarado nulo? No hay excepcionalidad ni emergencia en los términos de la jurisprudencia de la Corte, y no hay dictamen. Esto es lo más interesante. Estamos asumiendo la capacidad de juzgar la validez o invalidez del DNU sin tener un dictamen. Al no tener un dictamen, mi opinión personal es que tenemos que interpretar la validez o no del acto del Poder Ejecutivo no conforme al reglamento sino a la Constitución Nacional. No se aplica el reglamento. Es decir que este silogismo que identifica ausencia de dictamen con rechazo y rechazo con nulidad emerge de la Constitución y solamente procede en el caso de ausencia de dictámenes. Esto vale para la Cámara de Diputados y el Senado.

Yo no sé hasta qué punto hace falta un pronunciamiento de la Cámara de Diputados y del Senado. Personalmente creo que por la ausencia de un dictamen en el plazo de diez días el DNU es nulo, pues corresponde aplicar en toda su plenitud el segundo párrafo del artículo 99 que establece la regla de la prohibición, y la sanción a la prohibición que es la nulidad absoluta.

En cuanto a los embargos internacionales, basta leer las sentencias del juez Griesa para darse cuenta de que el DNU que hoy estamos debatiendo es el fundamento principal para ellas.

En lo referido al impacto de la deuda externa, acabo de mandar una carta documento al ministro Boudou y al secretario de Finanzas, Lorenzino, recordándoles la doctrina Drago. Más allá de la capacidad que el Poder Ejecutivo tiene para negociar la deuda externa por el artículo 51 de la ley de presupuesto, están obligados a aceptar e imponer en el acuerdo que la única jurisdicción aplicable es la argentina. Esta es una elemental norma de derecho internacional, y el no hacerlo acarrea las responsabilidades establecidas en los artículos 29 y 36 quinto párrafo de la Constitución Nacional.

Por último, señor presidente, la diputada Fadel dijo algo que me gustó: “Pensemos en las consecuencias de nuestros actos”. Yo pienso en ellas; no interesa tanto si esto se aprueba o no. Aquí estamos haciendo una especie de test a un determinado modo de ejercer el poder. Creo que éste es el verdadero test.



Sr. Presidente (Alfonsín).- Discúlpeme, señor diputado, pero se ha excedido en su tiempo.



Sr. Vega.- De acuerdo, señor presidente.



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.



Sr. Yoma.- Señor presidente: creo que este debate marca una mejora en la situación general del tema de la deuda en los últimos años en la Argentina.



- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

Sr. Yoma.- Las dos últimas veces que este Parlamento trató el tema de la deuda fue cuando se declaró el default y cuando el Congreso de la Nación debatió la ley de déficit cero, por la cual toda la recaudación impositiva del Estado se constituía en garantía para el pago de la deuda, estableciéndose un privilegio para los acreedores externos según el cual primero se atendía el pago de la deuda y después los salarios, las jubilaciones, la salud, la educación, etcétera.

El sólo hecho de estar debatiendo el pago a los acreedores, los bonistas, con los excedentes de las reservas, deducida la base monetaria, está marcando una mejora sustancial en la situación del país. Mucho tiene que ver con esto la política económica y –reconozcámoslo de una vez‑ los gobiernos que asumieron en la Argentina a partir del año 2001.

Recuerdo que cuando el Senado trató el acuerdo del entonces propuesto como presidente del Banco Central, doctor Alfonso Prat Gay, en la reunión de la Comisión de Acuerdos hablamos bastante de estos temas. Tuvo definiciones que motivaron que muchos de los que querían impugnar el pliego por distintas razones, lo terminaran acompañando.

Por ejemplo, cuando se le preguntó por el manejo de la deuda pública, dijo que el Banco Central era una herramienta financiera del Estado y que el manejo de la deuda pública era una cuestión exclusiva del Poder Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Economía, con lo cual era un tema que en todo caso tenía que explicarlo el Ministerio de Economía, que es quien dicta la política económica.

También dio otras definiciones con las que no estuvimos muy de acuerdo. Por ejemplo, dijo que el dólar tenía que estar a 2,80, no a 3,50 como en ese entonces. Por suerte el presidente Kirchner no le hizo caso, porque si no, no tendríamos el actual nivel de reservas.

Es decir que la acumulación de reservas es consecuencia de una correcta política económica en materia de priorizar las exportaciones e inversiones, y no de la autonomía, el aislamiento o la sacralización del Banco Central. Esto tenemos que reconocerlo.

¿Qué estamos decidiendo hoy? Hoy el Congreso está tratando un proyecto que implica el rechazo de la decisión tomada por decreto de necesidad y urgencia para el pago de la deuda con reservas. Y lo hace con un argumento que deslegitima totalmente todas las razones que nos dieron hasta ahora, que es el de declarar la nulidad del decreto de necesidad y urgencia.

Como bien se dijo aquí, es cierto que en dos oportunidades este Congreso declaró la nulidad de leyes: fue con la ley de autoamnistía del gobierno militar y la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Pero ello tuvo que ver con una muy fuerte señal del Congreso acompañando la decisión del presidente Kirchner de ratificar el tratado de imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad, que había firmado la Argentina en 1970 y aprobado el Congreso en 1985. Esto fue lo que hizo caer las llamadas leyes del perdón, ya que se estableció la retroactividad de la sanción de los delitos de guerra y de lesa humanidad, y no esa señal que dio el Congreso y que tuvo ese solo valor para derogar estas leyes.

Durante la Convención Constituyente se debatió el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Como bien definió el doctor Landau recién, están cumplidos acabadamente los pasos formales e incluso está cumplido el criterio de oportunidad. Si no, ¿cómo es posible que desde hace cuatro meses que se renovó este Congreso y no se haya constituido todavía la comisión bicameral que manda la Constitución para tratar este tema? ¿Cómo si no está fundamentado el criterio de oportunidad en la necesidad y urgencia si ni siquiera el tema pudo tener tratamiento en la comisión que marca la Constitución? ¿Cómo es posible que el Congreso no se haya reunido en estos cuatro meses?

Vemos reiterada y recurrentemente que amigos de la oposición recorren los canales de televisión y también en este mismo Congreso, echándole la culpa al Poder Ejecutivo por no haber convocado a sesiones extraordinarias. Pero bien sabemos que este Congreso puede reunirse para tratar cuestiones que le son propias. Lo único que no puede hacer es sancionar leyes si no hay convocatoria a sesiones extraordinarias, pero lo que puede tratar son proyectos de resolución, de declaración o de comunicación, y se pueden reunir las comisiones. Pero hace cuatro meses que el tema está acá y recién ahora puede tener tratamiento.

Es cierto y lo digo con plena honestidad intelectual: nadie habla de que este Congreso no ejerce el control de constitucionalidad sobre las leyes y decretos de necesidad y urgencia. Lo que no podemos hacer es declarar la nulidad o inconstitucionalidad de las leyes ni de los actos jurídicos. Eso sí que es patrimonio absoluto del Poder Judicial de la Nación. Esto va a deslegitimar cualquier pronunciamiento en contra del decreto de necesidad y urgencia que se dé en esta Cámara, ese accesorio de la declaración de nulidad que no corresponde absolutamente.

Cuando se debatió en la Convención Constituyente se dejó librado a la ley que reglamentaría el trámite de los decretos de necesidad y urgencia los efectos de ese tratamiento, ya fuera por el silencio del Congreso, la demora en el trámite o el trámite en el Congreso. Y la ley fue dictada: la 26.122. En ella se establecieron los efectos y cuáles se cumplen hasta tanto el Congreso no se pronuncie. No existe retroactividad en el pronunciamiento del Congreso. Esto debe quedar absolutamente en claro. Está la ley, y si quieren darle otro sentido al pronunciamiento del Congreso, hay que reunir la mayoría absoluta y modificar la ley. Por el momento rige la ley 26.122, que es lo que estableció la Convención Constituyente. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.



Sr. Giubergia.- Señor presidente: llevamos siete horas de debate y por eso no vamos a hacer reminiscencias de años atrás, donde por ahí se le descontaban a los empleados públicos y jubilados un 15 por ciento en algunas provincias del Sur. No vamos a discutir esa situación.

Pero cuando estuvo el ministro de Economía le preguntamos cuáles eran las proyecciones de ingreso del presupuesto 2010, y si se seguía manejando la proyección de 297.200 millones de pesos para el sector público nacional; si se continuaba creyendo que la inflación para el 2010 iba a ser del 6,1 por ciento, como figuraba en el presupuesto; qué monto estimaban que el Banco Central de la República Argentina les iba a transferir en concepto de utilidades, puesto que en el presupuesto figuran sólo 3 mil millones de pesos, y ya se estima que las utilidades ascienden a 24 mil millones de pesos.

Allí también le preguntábamos si iba a instrumentar la ampliación de este presupuesto ya que, como lo discutíamos hoy en la comisión, todos coinciden en que mínimamente los ingresos se iban a incrementar en 40 mil millones de pesos. Queríamos saber qué se piensa hacer con estos recursos.

También deseábamos conocer si este año además se va a contar con 50 mil millones de pesos del Banco Central de la República Argentina: 23 ó 24 mil millones por utilidades, como les decía; 24 mil millones por este decreto de necesidad y urgencia; y 5 mil millones por adelantos transitorios.

Queríamos saber cómo se va a armonizar esto con el programa monetario aprobado por el Banco Central. ¿Cuánto tendrá que esterilizar el Banco Central de la República Argentina? De esto se trata.

Por eso consideramos –es el punto siguiente- la necesidad de solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional la remisión de la ampliación del presupuesto para saber cuál va a ser el destino de los recursos de los argentinos. No estamos pensando que las reservas del Banco Central deben estar entronizadas para que todos los argentinos las estemos adorando. Muy por el contrario, creemos que tienen que ir a la gente y servir para desarrollar el crecimiento de la República Argentina.

Esto tiene que definirlo el Congreso de la Nación. No queremos más que estos recursos sean definidos como obras enlatadas en las provincias, como se acostumbra y viene manejándolo el matrimonio Kirchner desde hace seis años; nosotros lo sabemos porque vivimos en las provincias.

Queremos conocer todas estas cuestiones, porque tenemos la obligación de controlar. No queremos que sigan existiendo más Jaimes, que se quedan con barcos, aviones, casas y mansiones; tampoco queremos más Skanskas ni Antoninis que llegan con valijas llenas de dólares de sus negocios.

¿Cuál es la falta de financiamiento? ¿Por qué allá por el año 2008 nos financiamos con el gobierno de Venezuela por 2 mil millones de dólares a una tasa del 15 por ciento? Recordemos que el riesgo país en el año 2006 y principios de 2007 era similar al de Brasil y Uruguay; se encontraba en torno de los 200 puntos básicos, mientras que hoy Brasil mantiene este mismo guarismo y nosotros superamos los 600 puntos.

La hipótesis del gobierno de que el pago de la deuda con reservas es condición necesaria para finalizar el canje de dicha deuda y acceder a los mercados de crédito es falaz. La propuesta de canje incluye la alternativa de conseguir un nuevo préstamo por mil millones de dólares a tasas que no sabemos si superarán el 14 por ciento.

Ser un país predecible y confiable pasa por tener acceso al mercado de capitales a tasas similares a las que obtienen países vecinos como Brasil y Chile.

Esta política de acumulación de reservas que contribuyó a altos índices de inflación fue pagada por la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, que no tienen la posibilidad de defenderse como los señores que pueden acceder y resguardar el valor de sus recursos. Los asalariados únicamente tienen la posibilidad de acceder a una canasta básica mínima que no alcanza.

El Congreso elegido el 28 de junio de 2009 por mandato popular tiene la potestad de administrar, evaluar y controlar las operaciones vinculadas con la utilización de las reservas de la Argentina.

Advertimos que pretenden incrementar el presupuesto en 50 mil millones de pesos, y nos parece correcto que de allí se utilicen los recursos para aumentar las jubilaciones y las asignaciones familiares. Pero cuando vemos que dentro de esos incrementos se contemplan 3.000 millones de pesos para Cammesa, 1.800 millones para Aerolíneas Argentinas, fondos para ferrocarriles y transportes, sabiendo cómo viaja y tiene que trabajar la gente, no terminamos de comprender cómo actúan esos recursos que hoy pretende incrementar el Poder Ejecutivo ni tampoco por qué se modifica el presupuesto de la ONCCA llevándolo a 2.700 millones de pesos.

No queremos que esos recursos vayan a los amigos del poder sino que estén destinados al pueblo argentino para lograr mínimamente salir de esta situación de atraso, abandono y pobreza que sufre nuestro pueblo.



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.



Sr. Yarade.- Señor presidente: en el análisis que llevamos adelante hay una realidad causa‑efecto. Yo diría respecto del efecto que naturalmente se produce la acumulación de reservas, y en relación con las causas, estas son varias y tienen que ver con un conjunto de indicadores económicos que se vienen desarrollando en estos últimos años.

Entre ellos se encuentra la variación del PBI. Arrancamos por el año 2002 con 102 mil millones de dólares y en la actualidad prácticamente se ha triplicado: estamos por encima de los 320 mil millones de dólares.

También pasa lo mismo si analizamos la relación que existe entre el PBI y la deuda. En algún momento la deuda llegó a ser del 153 por ciento del PBI allá por el año 2002 y actualmente está por debajo del 39 por ciento. Hay una serie de indicadores que llevan a esta acumulación de reservas.

En otro orden de cosas podemos citar el ejemplo de la balanza comercial. Ésta ha pasado el promedio de los 10 mil millones anuales en la serie 2002 en adelante. Es decir, hubo saldos favorables superiores a los 10 mil millones en estos últimos años.

También podemos ver lo que ocurre con la situación fiscal, con los sucesivos superávits fiscales que se han ido dando en nuestro país.

Si analizamos lo que ocurre con las cuentas del Banco Central por el lado de los activos, naturalmente estos están representados por las reservas del Banco Central, por los créditos internacionales y también por el crédito doméstico. Si tomamos en consideración el monto vemos que al 31 de diciembre de 2009 el país contaba con reservas que superaban los 47 mil millones de dólares.

Si analizamos el lado de la contraparte, o sea el pasivo del Banco Central, podemos decir respecto de este que la base monetaria, el circulante más depósitos de los bancos en el Banco Central, oscilaba en los 122 mil millones de pesos.

Si cotejamos estas dos cifras tenemos un excedente que supera los 16 mil millones de dólares. Es decir, si tenemos en cuenta el análisis de la ley 26.076, estos saldos serían de libre disponibilidad.

Recuerden que la ley 26.076 modificó la ley 23.928, y estos saldos serían de libre disponibilidad. Mucho más interesante es el análisis si vemos lo que ocurre, por ejemplo, con los excedentes, estos excedentes de saldos de libre disponibilidad.

Es muy llamativo ver qué pasó en el año 2005, cuando se pagó al Fondo Monetario. En esa ocasión quedaron como excedente luego del pago solamente 122 millones de dólares. Hoy, si eventualmente pagáramos lo que se genera con el fondo de desendeudamiento, estaríamos por encima de los 11 mil millones de dólares.

Si analizamos la cuestión en un contexto de proyección económica creciente donde seguramente se van a seguir aumentando las reservas, veremos que el excedente actual supera a la última serie de diez años, o sea que estamos aún pagando los pagos estipulados y estaremos en una situación de excedentes que no registra la serie histórica, es decir, de saldos de libre disponibilidad en el marco de la 23.076.

Otro análisis interesante que tiene que ver con el impacto de los indicadores económicos es la evolución de las reservas. Las reservas no han parado de crecer en estos últimos años. Si analizamos lo que ocurría por ejemplo en el año 2002, veremos que había 9.884 millones de dólares; en el año 2003, estaban por encima de los 13 mil millones; en el 2004, por encima de los 18 mil millones; en el año 2005, por encima de los 26 mil millones; en el año 2006, por encima de los 29 mil millones; en el año 2007, por arriba de los 43 mil millones; en el año 2008, por encima de los 45 mil millones, y en el caso de 2009, estaban en 47.717 millones.

Hemos tenido una paulatina y creciente acumulación de reservas como base de un conjunto de medidas y de estrategias que se han adoptado y que se vinculan con indicadores económicos que han llevado a una acumulación de reservas. Ello hoy permite que discutamos como cuestión de fondo la posibilidad de pagar deudas con reservas, generadas por una serie de decisiones que se han tomado en el ámbito económico.

Si tomamos el período 2002-2009 vamos a ver que las reservas prácticamente se han quintuplicado. Es interesante analizar también lo que ha ocurrido con el riesgo país, que mide el spread o la relación entre el costo de tomar deuda por parte de nuestro país y la tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El riesgo país representa el castigo que tiene el gobierno cuando toma crédito en relación con el costo del Tesoro de los Estados Unidos.

El riesgo país está influido por muchísimos indicadores y variables económicas, entre las que se encuentra la incertidumbre política, que ahora se ve aumentada por el tratamiento que procura el rechazo de un decreto que ha generado que todas las señales económicas mejoren.

En la actual coyuntura se puede observar que el riego país ha bajado la barrera de los 600 puntos básicos, porque ha mejorado el precio de los títulos. El riesgo país se mide en puntos básicos y hoy estamos en el nivel más bajo de los últimos dos años. Quiero recordar lo que ocurría el 31 de marzo de 2009 –un año atrás-, cuando el riego país alcanzaba 1.894 puntos básicos.

En consecuencia, estamos ante un conjunto de variables económicas que están mejorando y muestran un aspecto muy positivo. Encontramos lo mismo si observamos el consumo, pasando por supermercados, indumentaria y vehículos. Este último rubro es muy llamativo, ya que en marzo prácticamente se batieron todos los récords históricos, al igual que en primer trimestre del año pasado.

Ello indica que en la economía hay un círculo virtuoso y, naturalmente, con estas cuestiones impedimos que la economía siga evolucionando favorablemente.

Otro aspecto que quiero analizar es la confusión que se presenta cuando se analizan las fuentes de financiamiento de los gastos del Estado. Las fuentes de financiamiento del Estado son aprobadas por el presupuesto, y entre ellas se encuentran las reservas, a un costo mucho más bajo que lo que se podría obtener en el mercado.

No se trata de dos montos iguales o de que se cuente con tantos recursos como erogaciones del Estado, más la plata que se tomará de las reservas. Aquí se confundió a la opinión pública, pues se trata de recursos que el Estado usará en el marco de las fuentes de financiamiento que establece el presupuesto, que oscila en 55 mil millones, y serán aplicados a las erogaciones autorizadas por el presupuesto.

Otro aspecto interesante es la realidad de las provincias, que se verán beneficiadas si bajan los costos, porque prácticamente todas deben acceder a los mercados financieros. También mejorarán sus deudas si se reduce el costo del riesgo país, que es un componente de la tasa de interés.

Hemos analizado un conjunto de variables vinculado con un círculo virtuoso que presenta la economía, tendiente al crecimiento, al desarrollo, a la inversión y, naturalmente, a la posibilidad de los argentinos de volver al mercado de capitales, que no sólo afecta favorablemente a la economía, sino también al sector privado. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Morán.- Señor presidente: tal como han adelantado algunos diputados de este bloque, desde la Coalición Cívica venimos a plantear la nulidad absoluta e insanable del decreto de necesidad y urgencia en tratamiento.

Hoy este Congreso tiene que abocarse precisamente al tratamiento del decreto 298/10, y decimos que de alguna manera el acto que seguramente en forma mayoritaria vamos a realizar hoy en este Parlamento tiene continuidad en lo que hiciéramos el día 17 de marzo, cuando se resolvió decretar la nulidad absoluta e insanable no solamente del decreto por el que se creaba el Fondo del Bicentenario sino de todo acto posterior que tuviese el mismo objeto.

Pero no quiero referirme a lo jurídico, a lo que ya se han referido muchos diputados de la oposición, particularmente de este bloque. Creo que este tema tiene una arista institucional, por un lado, y por otro, una arista que tiene que ver en parte con el segundo punto que debemos tratar –el que seguramente no se va a llegar a debatir y por eso quiero adelantar algunas cuestiones‑, que es la necesidad de reformulación del presupuesto.

La verdad es que entonces también está en discusión la estrategia económico-financiera de este gobierno. La crisis financiera internacional junto con las erróneas políticas del gobierno kirchnerista en los últimos años produjo una combinación casi explosiva entre la mezcla de un gasto público inercial –y a veces, en algunas áreas, oscuro gasto público‑ y un financiamiento intra sector público que tiene que ver –como bien decía el señor diputado Tunessi‑ con ir a la caja del PAMI, ir a la caja de los jubilados o de la ANSES, ir a fondearse con el Banco Nación y también, violando su Carta Orgánica, con el Banco Central.

Desde la Coalición Cívica vemos claramente que este año la economía de nuestro país va a estar dependiendo de la cosecha de soja –como decía hoy el señor diputado Pinedo‑, del despegue de Brasil y de otros socios comerciales, de que China nos siga comprando y de la liquidez internacional.

Pero hay una cuestión que se está debatiendo aquí que tiene que ver con el programa de financiamiento. Evidentemente hubo un hilo conductor en los últimos meses que los diputados que estamos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda desde hace dos años venimos planteando, y que también planteamos cuando discutimos el presupuesto 2010. Cuando junto con el presupuesto 2010 se discutía la reforma de la ley de responsabilidad fiscal, aprovechando la desesperación de los gobernadores y de las provincias, y cuando se discutía la ley sobre el canje de la deuda sin discutirse los problemas de fondo de nuestras provincias ‑que tienen que ver con la discusión en profundidad de la coparticipación y del incumplimiento del artículo 7º, que marca el 34 por ciento de coparticipación para esas provincias‑, sin discutir el impuesto al cheque para que sea coparticipable en su totalidad, se iba a este hilo conductor que marcaba un camino que se veía desde el año pasado, por parte de este gobierno, de entrada en forma desesperada al mercado internacional de capitales.

Nos mintieron hace unos años y nos están mintiendo otra vez. Nos hablan de las tasas de interés. También hablaron de las tasas de interés cuando con reservas pagaban al Fondo Monetario Internacional al 5 por ciento para luego financiarse al 15 por ciento en forma usuraria con Chávez en Venezuela.

También se ha tratado de desmerecer la posición contraria al financiamiento con reservas diciendo que no quieren el ajuste. La verdad es que el ajuste lo está haciendo este gobierno. ¡Vaya si está haciendo ajuste! Está haciendo ajuste por inflación en las jubilaciones y en los salarios, ajuste por la extremada inflación que afecta a los planes sociales, ajuste por el 16 por ciento de inflación –porcentaje con el que coinciden la mayoría de las consultoras‑ que repercute sobre el ingreso a la niñez. Este es el verdadero ajuste.

Obviamente que también queremos hablar del gasto público. Queremos hablar de cierto gasto público que tiene que ser auditado y transparentado. Queremos hablar del gasto en la obra pública, en Aerolíneas Argentinas y en los subsidios por 90 mil millones de pesos que han repartido las secretarías de Transporte y de Energía. Muchas veces quisimos discutir este tema en el recinto, pero nos trataron de confundir planteando que era una cuestión de tarifazos versus subsidios. Muchas veces dijimos que querían subsidiar la oferta y no la demanda a través de una tarifa social. Ahora ha quedado a las claras por qué querían subsidiar el transporte a través de la oferta; lo hicieron porque también se tienen que hacer cargo del secretario de Transporte.

Lamento que Néstor Kirchner hoy se haya hecho la rata, porque si no podríamos haberle preguntado en la cara si va a negar a Jaime como en su momento negó al propio Menem.

Tienen que hacerse cargo del hecho de que con los subsidios al transporte y a la energía buscaron esconder un enorme sobreprecio, como lo hicieron con la política vial y de obra pública.

Es verdad que queremos discutir el gasto y la planificación presupuestaria. Pero lo que deseamos remarcar en este momento es que todas las acciones desesperadas del kirchnerismo para pagar a los de afuera hambreando a los de adentro con inflación tienen más cara de menemismo que de cualquier otra cosa.

Por estas razones, desde el bloque de la Coalición Cívica vamos por la nulidad absoluta e insanable del decreto que crea el fondo del desendeudamiento, dado que él constituye el inicio de una nueva etapa de endeudamiento.

También vamos a reafirmar el principio de división de los poderes; vamos por el respeto a los fallos y a la independencia de la Justicia; vamos por la reivindicación del Parlamento, pero en esta época de crisis e inflación vamos sobre todo por las instituciones, por la República y por la protección de nuestra moneda. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Pasini.- Señor presidente: la verdad es que esta sesión ha sido una fuente inagotable de sorpresas y de perplejidades. A lo largo del debate no hemos escuchado una sola propuesta, ni buena, ni mala, ni más o menos. Hay una ausencia total de alternativas en términos de propuestas programáticas. Simplemente hemos escuchado discursos impugnando fuertemente la estrategia oficial de desendeudamiento. Han sido discursos cargados de adjetivaciones, agravios y descalificaciones.

Por esa razón es lícito que nos preguntemos cómo puede ser que quienes vaciaron las arcas del Banco Central cuando fueron gobierno hoy nos den lecciones sobre el manejo prudente de las reservas. Digo esto porque cuando asumimos al gobierno en el Banco Central había apenas 11.600 millones de dólares y hoy hay casi 50 mil millones. Estas reservas no llueven ni brotan espontáneamente; las acumulamos porque pusimos de pie a la Argentina productiva que genera divisas genuinas para todos sus ciudadanos.

¿Cómo es posible que quienes endeudaron irresponsablemente a la Nación –el proyecto económico era tapar déficit con deuda a tasas desorbitantes‑ hoy vengan a ponerle palos a una rueda a una clara política de desendeudamiento? ¿Cómo es posible que quienes llevaron a la Argentina al default vengan a poner palos en la rueda en la semana en la que estamos a punto de reabrir el canje de deuda? ¿Cómo puede ser que quienes endeudaron a la ciudad de Buenos Aires con el 12,5 por ciento y con comisiones desmesuradas –hay que decirlo- pongan palos en la rueda a esta política que nos va a llevar, con decreto o sin decreto, a volver a tener crédito para el sector productivo, para el sector público nacional, para las provincias de las que tanto se habla, pero también para el sector productivo, que se defiende no con palabrería obstrusa sino con políticas públicas, que tienen que ser responsabilidad del gobierno pero también de la oposición y del conjunto de las fuerzas políticas?

¿Cómo puede ser que nos hablen de seguridad jurídica y del cumplimiento de aquellos contratos que confiscaron el ahorro nacional, primero con el “corralito” y después con el “corralón”? ¿Cómo puede ser que nos hablen de prudencia, de equilibrio, de respeto a las formas aquéllos que desquiciaron al país en términos económicos, sociales e institucionales?

¿Cómo puede ser que nos hablen de formas aquéllos que, como legado histórico de su obra de gobierno, dejaron a cuarenta compatriotas muertos, asesinados por defender conquistas conculcadas?

Yo no recuerdo a ningún legislador, tan afecto ahora a ir a la Justicia, que en aquellos tiempos fuera a trajinar o fatigar estrados judiciales para recuperar aquellos derechos conculcados, a lo mejor porque estaban del otro lado del mostrador o porque eran ellos los que protagonizaban el cercenamiento de derechos y la entrega de tantos años de historia y de lucha.

Por eso hago un llamado a la racionalidad, y quiero decir que si no es en esta instancia, cuando llegue el proyecto de ley, discutamos entre todos propuestas y cómo sacar a la Argentina del default, cómo volver a tener crédito barato e inversiones, cómo impulsar al sector productivo y cómo seguir pensando en un horizonte de crecimiento económico sostenido en el tiempo.

Nosotros tenemos una política, que puede ser buena o mala, pero que es una política, y queremos escuchar alguna propuesta; si es superadora, mejor, pero si no lo es y sirve para enriquecer el debate, queremos escucharla. Porque hasta acá lo único que hemos escuchado han sido adjetivaciones, clases de derecho constitucional, apelaciones, si el recurso tiene efecto devolutivo o suspensivo, cómo se integra una comisión bicameral, pero no discutimos los temas de fondo.

Nosotros, que tenemos pensamiento estratégico, que tenemos un liderazgo y un proyecto de Nación, lo que queremos discutir acá es cómo desendeudar a la Argentina. Porque el desendeudamiento es hoy uno de los rostros de la independencia económica. La relación deuda-PBI, deuda-exportación, deuda-reservas del Banco Central, que era del 722 por ciento en el año 2002, hoy es del 120 por ciento.

Eso nos da una gran holgura fiscal, para que los recursos de nuestro presupuesto puedan ser dirigidos no a ser drenados para que se vayan afuera, sino para saldar otra deuda, que es la deuda social, la que los argentinos tenemos con los argentinos.

Hemos hecho mucho y estamos orgullosos de ello, pero nuestro empeño no está puesto en defender lo que hicimos. No vamos a hablar de aquella reestructuración de la deuda, en la que nos decían que por la tozudez de Kirchner nos íbamos a chocar con la pared. Fue muy exitosa.

Pero sí queremos hablar de los desafíos que tenemos para adelante, y en eso necesitamos de todos. Ojalá que cuando se trate el proyecto de ley de Martín Sabatella o del senador Verna discutamos de verdad una estrategia de desendeudamiento para todos los argentinos. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Gribaudo.- Señor presidente: a esta altura de la noche y del día vivido en el Congreso –algunos de nosotros hemos empezado muy temprano con reuniones de las comisiones, en mi caso en la Comisión de Agricultura y Ganadería, con un debate de casi cinco horas con el ministro Domínguez-, tengo el mismo cansancio, no por este día sino porque llevo casi dos años y medio, desde que asumí en este Congreso y decidí jurar por la Constitución Nacional. Pero cada vez que tuvimos que discutir algo en alguna comisión o en el recinto, nos hemos encontrado con interpretaciones diferentes de la Constitución Nacional.

Siempre con la Constitución en la mano, hemos encontrado un oficialismo que permanentemente hurgueteaba en las formas de violar la Constitución Nacional. Y distintos bloques tratamos de encontrar propuestas, a diferencia de lo que decía el señor diputado Pasini. En el medio de esa discusión de propuestas siempre llegaban estas sorpresas del Poder Ejecutivo nacional. La primera sorpresa que me tocó a mí –aclaro que asumí en diciembre de 2007‑ como vicepresidente de la Comisión de Agricultura ocurrió el 11 de marzo. Con mi amigo, el diputado Passini, no discutimos una propuesta sino que tuvimos que empezar el año legislativo con un conflicto de poderes que muchos de nosotros considerábamos evitable si la presidenta decidía enviar al Congreso un proyecto de ley y discutirlo como correspondía.

Más tarde lo mandaron, más tarde discutimos y más tarde tuvimos un conflicto que nació siendo el mayor que tuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me refiero al conflicto con el sector agropecuario.

Hoy, después de esa experiencia vivida tanto por el oficialismo como por la oposición, y luego de haber vivido también algunas situaciones de anormalidad dentro de la casa, nos encontramos con una presidenta que vuelve a inaugurar un período de sesiones ordinarias elaborando un discurso perverso. Ese día muchos de los diputados de los distintos bloques nos fuimos pensando que se estaba haciendo lo correcto: se estaba anulando un decreto y se estaba retrocediendo al reconocer un error y enviar un proyecto de ley al Congreso, cosa que no se hizo. Así, se reemplaza esa maniobra por el último decreto que estamos considerando hoy: el 298. Siempre hablamos de números: en el año 2008, discutíamos la resolución 125; hoy discutimos, dos años después, sin haber tomado ninguna experiencia de parte del oficialismo ni de la oposición, el decreto 298.

Este es un debate terminado para la gente, que es a quienes nosotros representamos y para quienes tenemos que trabajar en este Congreso. Por suerte, tal como lo ha expresado nuestro jefe de bloque, el diputado Pinedo, hoy vamos a votar la nulidad del decreto 298.

He escuchado hablar a la diputada Stella Maris Córdoba acerca de políticas de Estado. La verdad es que yo he estudiado ciencias políticas, y si hay algo que este gobierno no construye son políticas de Estado, porque con ellas podríamos evitar los conflictos.

Con las políticas de Estado podríamos incorporar a todos: a los dirigentes de los partidos políticos, a la sociedad civil, a las universidades, y podríamos generar políticas a largo plazo olvidándonos por lo menos de algunos conflictos que pueden ser evitables en la Argentina. Además, seguramente podremos discutir visiones ideológicas de modelos de construcción de país.

Hoy, los argentinos, en las calles y en sus casas están viviendo momentos de tensión que tienen que ver con una mayor inflación, con el desempleo, con la pobreza, con la marginación. Estos problemas no van a parar con el campeonato mundial de fútbol. Van a seguir, y probablemente sea un momento en el que algunos tendrán en forma gratuita la televisión digital y el “Fútbol para todos”, pero los problemas van a ir incrementándose.

Frente a ese incremento de la conflictividad social quiero decir principalmente a los diputados del partido del gobierno que van a encontrar en nosotros un bloque dispuesto a colaborar y a proponer, pero también dispuesto a controlar y a criticar.

Somos diputados de este Congreso y básicamente tenemos dos funciones: controlar y proponer. Ninguna de esas dos funciones hoy se nos permite, aunque tengamos mayoría en alguna de las comisiones, porque los pedidos de informes no son respondidos. Así, cuando los ministros vienen al Congreso, hablan de lo que quieren y pierden un poco de tiempo explicando de más, tal como pasó en el día de hoy en la Comisión de Agricultura y Ganadería. De esta manera, pocas propuestas son tomadas en cuenta en las comisiones.

Creo que a partir de esta noche, de esta madrugada o de esta mañana, cuando el argentino vea que por fin tal vez terminó el debate de los DNU –que a la mayoría nunca le quedó muy claro de qué se trataba‑, podremos empezar a hablar en el idioma de los argentinos y no en el otro idioma que se habla a veces en este Congreso, que no es el idioma de los argentinos. Ese idioma es el de la propuesta –coincido nuevamente con el diputado Pasini‑, el diálogo, el consenso. Para eso necesitamos un partido de gobierno mucho más abierto, una oposición tal vez mucho más constructiva y un Ejecutivo dispuesto a escuchar. (Aplausos).



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.



Sr. Dato.- Señor presidente: después de ocho horas de debate en una sesión que no dudo empezará a marcar el rumbo de la puntualidad en esta Cámara, no sé si es posible agregar algún argumento en torno al aspecto netamente jurídico en el que se ve involucrada esta cuestión.

La primera inconsistencia estaba dada por el temario, porque el primero y el segundo puntos podían ser tomados como antitéticos. Si los debates no tuvieran votaciones anticipadas, la Cámara correría el riesgo de que se votaran proposiciones contradictorias. Podría haber aprobación del decreto en un punto y nulidad en otro.

Como era de esperar, con el transcurso de la sesión el punto uno se deslizó al punto dos, y empezó, por supuesto que dándonos cuenta, un tratamiento promiscuo de la aprobación y el rechazo y la nulidad.

En ese tratamiento advertimos que los dos puntos aparecen imbricados de tal manera que cuando el artículo 23 de la ley 26.122 sostiene que las Cámaras no pueden introducir enmiendas ni supresiones sino sólo circunscribirse a la aceptación o el rechazo de la norma, observamos que el planteo ha mutado hacia la nulidad.

Es tal esta contradicción ‑digamos‑ que cuando la Cámara apruebe la nulidad, será la que plantea el proyecto de la doctora Carrió, que en su parte resolutiva dice: “Declarar nulo de nulidad absoluta el decreto de necesidad y urgencia 298/2010 por falta de adecuación a los requisitos sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional”.

¿Qué es lo que advertimos? Que esta Cámara aparece tratando lo mismo que aquella madrugada del 18 de marzo, cuando el Frente Para la Victoria se abstuvo porque se declaraba la nulidad del decreto 2010 y todos los decretos que tuvieran el mismo contenido, y casi como una bendición papal de los decretos que urbi et orbe el Poder Ejecutivo pudiera dictar. Porque en relación con los decretos que en el futuro tuvieran el mismo contenido, como acá se ha imputado que tienen el 2010 y el 298, en realidad esta Cámara ya decidió la nulidad en esa sesión en la que el Frente para la Victoria se abstuvo de votar.

Pero en cuanto a la nulidad también debemos advertir lo siguiente. Como se ha dicho a lo largo de esta sesión la nulidad está reservada al Poder Judicial, habiéndose citado con precisión los casos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que si bien estaban derogadas el Congreso dispuso su anulación.

De modo que lo que hizo la Cámara fue bailar un minué con la Corte porque mientras en la madrugada del 18 de marzo declaraba la nulidad de un decreto que la Corte consideró cuestión abstracta, la Corte decía que el Congreso no podía declarar nulidades.

Nos introducimos así en el primer punto, que es la aceptación o el rechazo del decreto 298. En esta cuestión hay un ingrediente central. El de la Comisión Bicameral Permanente, que como bien se señaló aquí ningún órgano puede correrle plazo alguno mientras no esté constituida. En realidad, el órgano se constituye por decisión del vicepresidente de la República recién el 7 de abril, y éste –como si dijéramos “otra vez sopa y arroz”- introduce en su resolución una cuestión que evidentemente la afecta o la nulifica. Mientras la orden judicial era reponer a Beatriz Rojkés de Alperovich, el vicepresidente dicta una resolución y dice que se reponga a la senadora ad referéndum del cuerpo, cuando la condición distintiva de la comisión bicameral es que por ley no la constituye el cuerpo sino que su integración está deferida a los presidentes de las dos cámaras. Es decir que el vicepresidente ha incumplido la orden judicial.

Incumple la orden judicial y hace esta suerte de reposición interina de la senadora por Tucumán. Creer que ese cuerpo constituido el 7 de abril puede producir un dictamen, que es lo que habilita el tratamiento del Congreso, aparece casi como materialmente imposible.

En estas condiciones no debemos dudar de que lo que ha pasado aquí es que en el día de hoy la oposición ha salido a la cacería del decreto 298 con una escopeta de dos caños: tiene un tiro para la aprobación o el rechazo y otro tiro para la nulidad. Desde el oficialismo les advertimos: no vaya a ser que cometamos un papelón y se les vuele la perdiz. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.



Sr. Fernández.- Señor presidente: solicito autorización para insertar una parte de mi discurso en el Diario de Sesiones.

A raíz de todo lo que se ha comentado acá quiero decir que hubo cuatro gobernadores, que representan a sus pueblos, que dijeron: uno, que este decreto fue un manoseo a las instituciones; otro, que era una avivada muy pobre; el tercero, refiriéndose al discurso de la señora presidenta, lo calificó como discurso de barricada con un nivel confrontativo que no corresponde. Y el último dijo que era injusto que las reservas fueran utilizadas sólo por la Nación y que tendrían que servir para pagar las deudas de las provincias.

Estos gobernadores también piensan, como nosotros, que no hay extrema necesidad ni urgencia para el pago de la deuda. Recién en agosto de este año se tienen que pagar más de 2.400 millones de dólares.

El Congreso no participó. La Justicia se ha expedido para un lado y para el otro pero con una advertencia: que no se están respetando la división de poderes y la Constitución Nacional.

Aquí todos somos responsables, los oficialistas y los que no lo somos, de hacer respetar la Constitución, la división de poderes y las facultades y atribuciones de cada poder.

Por eso, a los correntinos que representamos particularmente les decimos que lamentamos que en este decreto no haya una seguridad de algún beneficio para nuestra provincia. Si la hubiera, seguramente lo acompañaríamos.

Pero no nos quedamos solamente con votar el rechazo o aceptación del decreto o su nulidad, sino que tenemos que asumir el compromiso de modificar mediante un proyecto de ley parte del presupuesto nacional para que todos los argentinos podamos ser beneficiados por el uso de los excedentes de las reservas, que pueden ser destinados a pagar la deuda externa legítima pero también para contemplar la situación de las provincias. La reprogramación de las deudas de las provincias debe ser automática e igual para todos. Además –por qué no-, comenzar a concretar cada vez más el Plan Estratégico Territorial de Obras de Infraestructura y Servicios, del que todas las provincias y municipios en su momento participamos. Pero lo que más me importa en este momento, como cooperativista, ingeniero agrónomo y ex intendente de una ciudad que es autónoma de la provincia y de la Nación, por depender exclusivamente de la producción y el valor agregado de lo que produce y exporta, es el Plan de Desarrollo Productivo Federal, que también se puede concretar en parte con el uso de estas reservas. Por qué no, si son de todos los argentinos.

Permítanme leer lo que dijo una persona muy importante de la Argentina cuando visitó el INTA el 29 de marzo de 2004. Sostuvo: “Vengo feliz al INTA, porque el INTA es un lugar donde se ha hecho verdadera fe de lo que es construir una economía con sentido nacional, de defender los técnicos y los productores que durante tanto tiempo tuvieron que trabajar casi en soledad para poder servir a un proyecto de cambio de la Argentina.

“El INTA también dice que el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial representa el 53 por ciento de las exportaciones, el 36 por ciento del empleo y el 30 por ciento del producto bruto interno. Somos el séptimo exportador mundial de alimentos y el sexto productor mundial. Tenemos tierras disponibles en todo el país; tenemos tecnología en insumos, maquinarias y genética a través del INTA y de otros organismos; tenemos mercados que esperan nuestros productos; podemos acordar mayor producción y más exportaciones por menos retenciones, asegurando el mercado interno y los mismos ingresos o más ingresos para el gobierno nacional, las provincias y los municipios.”

¿Saben quién dijo eso? El ex presidente Néstor Kirchner. En esa oportunidad todos estábamos de acuerdo. Debemos retomar ese camino aprobando un proyecto de ley que contemple todas estas situaciones. Los argentinos podemos acordar. Es lo que votó el pueblo el 28 de junio del año pasado. Hagámoslo y no nos dejemos empantanar en cosas que no nos traen beneficio alguno. Lo debemos hacer por los argentinos que están esperando que terminemos con estas discusiones para arrancar con el país que nos merecemos. (Aplausos.)Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.



Sr. Díaz Roig.- Señor presidente: el 13 de noviembre de 1973 el general Perón reunió a todos los partidos políticos en la Casa Rosada. En la composición anterior de esta Cámara hubo alguien que estuvo presente en esa reunión.

Perón les dijo a los políticos que hiciéramos una comunidad política. Solicitó que no se usara el agravio ni la descalificación. Pidió que los políticos defendieran el sistema. Dijo Perón: “Algún día alguno de ustedes será gobierno y nosotros lo apoyaremos.” Estoy hablando del 13 de noviembre de 1973.

Días después decían los políticos que si entre ellos se peleaban, el Pentágono se iba a hacer un sainete con nosotros. En rigor de verdad, en estos tiempos que son los de la dictadura democrática de los medios de información pública, y de la dictadura democrática de los monopolios de la información pública, los que se hacen un sainete con los políticos son los medios de comunicación social. Hasta se dan el lujo de hacer ese programa titulado “Gran Cuñado”, donde por el sólo hecho de descalificar a un dirigente o a una dirigente, logran que bajen del segundo al tercer lugar en Capital Federal y provincia de Buenos Aires en menos de diez días. No sé si esto será cierto.

Respetémonos más los políticos. Por eso felicito al señor diputado Gribaudo. Salvo dos opiniones descalificativas, aplaudí su exposición, porque me levanta el ánimo. Vengo solicitando que elevemos el debate político. Debemos dejar de descalificarnos. Ustedes tienen la visión de que el Poder Ejecutivo los descalifica, pero también saben que yo tengo otra visión. A lo largo de toda esta feroz campaña ‑no sé si se han dado cuenta‑ treinta, cuarenta o cincuenta miembros de la oposición fueron citados por los principales medios de comunicación a diversos programas políticos mientras que a nosotros no nos han invitado. Esto me pasó con un colega de la oposición al que invitaron cuarenta veces a un programa y a mí, ninguna; después yo obtuve el 65 por ciento de los votos y él un 35 por ciento; pero vamos a seguir siendo amigos, aun en la diversidad, construyendo desde nuestras propias convicciones.

Corremos serio peligro de entrar en lo que mi maestro Jauretche nos dejó como herencia. El analizó algunas frases de nuestra historia y decía que era un manual de sonseras. Para no apropiarme del término, creo sinceramente que en estos últimos meses ‑me incluyo‑ estamos construyendo un auténtico manual de tilinguerías institucionales.

Así como desde todos los medios señalan nuestros errores, permítanme remarcar algunas cuestiones. Esto de querer cambiar el veto con menos de los dos tercios es una tilinguería. También lo es declarar nulo un decreto que ya es nulo y plantearlo ex nunc o ex tunc, violando la Constitución Argentina que señala que el decreto de necesidad y urgencia, una vez que no es válido, sus efectos anteriores lo serán por derivación a la ley que lo dispuso.

Hoy vi un proyecto de ley, no sé si será real, que dice que esta ley no puede ser vetada. Estamos en el Poder Legislativo, y declaramos la nulidad que es facultad exclusiva del Poder Judicial. Recordemos que el Poder Judicial hace declaraciones no sentencias. Para colmo, el más anciano de sus miembros, que debería retirarse aunque sea por cuestiones de ética, hace conferencia de prensa todos los días en la puerta de su casa como aquel ministro amigo de otro gobierno.

El otro día el presidente de una comisión invitó por nota a sus integrantes sin pasar por la autoridad. Recordemos lo que ha sucedido en el Senado: a dos provincias no se le dio ninguna representación en ninguna comisión.

Dicho sea de paso, está bien que nos saquen la dieta, pero yo propongo que lo hagamos ex nunc ex tunc. Quiero que le saquen la dieta a todos los que no se sentaron en este recinto por lo menos en los últimos cuatro o cinco años. Hay algunos que no he visto más de dos o tres veces en este recinto. De modo que no vengamos a rasgarnos las vestiduras. No hace un mes que el bloque de la oposición en el Senado no dio quórum. No bajemos a ese nivel porque no tenemos nada que construir allí.

Creo que los problemas más graves se vinculan con dos o tres aspectos fundamentales: hay un bien mostrenco que es la oposición. Todo el mundo quiere hacerse dueño y hablar por ese bien mostrenco. Creo que lo está conduciendo gente que no es de la política. Por respeto a los miembros de la oposición les pido que reflexionen hasta dónde son manipulados en este debate. Estoy dispuesto a rectificarme si me equivoco, pero no he escuchado un solo argumento que haya sido escrito en dos diarios en los últimos siete días.

Otro tema es el origen de la deuda. Acompaño la postura del socialismo, sobre todo si investigamos la sentencia de Alejandro Olmos, principal causa de nuestra deuda externa. El origen de la deuda son las AFJP, por eso no podemos tener una posición dual. En los años 1991 y 1992 hicimos un estudio con Amancio López y determinamos –lo que fue aprobado por todos los organismos internacionales‑ que el trasvasamiento del sistema privado no iba a generar más de cien mil millones de dólares de deuda al sistema previsional y a la Argentina. Esto se pagó con deuda externa. Entonces, no puede ser que voten en contra cuando recuperamos para el Estado los fondos previsionales y después vengan a decirnos que hay que estudiar la deuda externa. Ahí está el origen. Si alguien tiene que ser procesado por eso, que lo sea, en buena hora.

También es muy importante el debate federal. En este sentido apoyo la posición del señor diputado por Salta. Esta es la postura que esperamos de las provincias marginales. No se trata de que porque Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, facturan tanto tienen que recibir tanto. Tenemos que discutir otro tipo de equidad y acuerdo federal, no importa si va por vía de coparticipación directa o de presupuesto. Lo que nos interesa es que llegue a nuestras provincias. Las provincias marginales también deben ser beneficiadas, porque hasta hoy somos productoras de chicos de dieciocho años que vienen a engrosar las villas miserias de las cuatro grandes provincias y que hacen que ahí se radique mucho más el problema de la salud, de la educación, de la justicia y de la seguridad. Debemos hacer el debate.

Por último, les digo que muchos de nosotros somos viejos militantes, no nos amenacen más con denuncias penales. Si alguien tiene que hacer una denuncia penal, que la haga, que no use el Congreso para amenazar, porque nosotros ya sufrimos mucho.

Morales planteaba a Boudou: “Yo voy a hacerle una denuncia penal porque usted desobedeció una orden judicial de primera instancia”. Después llegó el fallo de segunda instancia. Miren si Boudou le decía: ahora yo le voy a hacer a usted una denuncia penal por falsa denuncia. O como acá le pasó a una diputada que por una noticia hizo una denuncia.

Es decir, por favor elevemos la política, respetémonos, quizás ustedes sean mayoría próximamente, sobre todo si llegan a establecer un proyecto, una conducción. Yo aprecio a muchos compañeros socialistas, peronistas y liberales. Hagamos una comunidad política, levantemos el nivel. Esto es lo que los argentinos esperan de nosotros: que hablemos de lo que estamos de acuerdo y no de lo que nos separa, porque esto ya es conocido. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por La Pampa.



Sra. Regazzoli.- Señor presidente: he escuchado con mucha atención a todas las diputadas y diputados preopinantes. Mucho se habló aquí de la Constitución, de leyes, de cuestiones reglamentarias, de DNU, de opiniones de constitucionalistas, de análisis jurídicos y de indicadores económicos. Lo mío no es técnico ni académico, es muy simple pero merezco la oportunidad de hacer unas pocas reflexiones, profundamente convencida y con mucha honestidad personal, como lo manifestó el diputado Solanas, de que tengo un alto compromiso patriótico.

Celebro que estemos sesionando. Es una muestra responsable que asumamos nuestra obligación de trabajar. Hay un país que nos está mirando. Además de trabajar en este recinto cuando las cámaras de televisión nos están enfocando, tenemos que asumir el compromiso de trabajar en las comisiones, que es donde tenemos la obligación de lograr, sobre la base de debates y diálogos, el consenso para mejorar las normas legales que nos exige la sociedad.

El presidente de mi bloque ya les ha manifestado que el bloque al que yo pertenezco, el del Partido Justicialista de La Pampa, ha presentado en el día de la fecha un proyecto de ley ya que estamos seguros de que es necesaria la sanción de una norma superior, como es una ley del Congreso de la Nación, y no un DNU, para aprobar las normas necesarias a fin de autorizar la utilización de reservas para el pago de la deuda pública del Estado nacional.

Como nuestros mayores nos inculcaron, debemos honrar las deudas porque esto es una máxima de vida. Estamos convencidos de que salir definitivamente del default implicará volver razonablemente al mercado internacional. Lo que sí necesita nuestro país es inversión productiva que genere más empleo.

Más empleo es mayor distribución, y esta contribuye a la felicidad del pueblo argentino. Esa debe ser nuestra meta, esa debe ser la verdadera necesidad y urgencia que debemos asumir como premisa todos los aquí presentes.

La aprobación del proyecto de ley que presentamos consideramos que permitirá acceder a los mercados de crédito, tanto al sector público como al privado, para generar condiciones favorables para el financiamiento productivo y la inclusión social. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Carlotto.- Señor presidente: a esta altura del debate me parece que el planteo del diputado Pasini es un guante que no está siendo recogido por los sectores de la oposición. Se trata de explicitar con mucha claridad cuáles son las alternativas al pago de los servicios de la deuda con reservas.

Nosotros estamos a favor de un modelo y una matriz de país con un proceso de inclusión. Lo hacemos con muchas dificultades y con errores, pero también con una importante cantidad de aciertos, que han sido señalados por el diputado salteño preopinante, que presentó un informe con un detalle precioso.

Me resultaría extraño que señalen alternativas, porque en estas horas de debate no lo hemos visto. Sí hemos observado que en los medios de comunicación plantearon con mucha claridad que esto se resolvería mediante una reducción del gasto. Desde nuestra perspectiva plantean disminuir el proceso de inversión pública en la Argentina. Se trata de la idea de frenar o enfriar la economía, que va al dedillo con lo que históricamente han sido los planteos del neoliberalismo.

Coincido con los bloques que señalan que debemos analizar y estudiar la deuda externa. Para mí ha sido una reivindicación histórica el planteo con respecto a quiénes fueron sus responsables y beneficiarios. Entre estos últimos encontraremos a las grandes corporaciones, que están siendo defendidas por vastos sectores de la oposición.

También me parece importante pensar en la posibilidad de que la misma cantidad de recursos que el DNU dedica al pago del servicio de la deuda se utilice para procesos de inversión productiva en la Argentina. Me parecería una buena decisión hacerlo.

En cambio, no estoy de acuerdo con el planteo del ajuste, que me llevaría a pensar que el denominado “grupo A” representaría al “grupo ajuste”. Ya vimos las consecuencias que ello tuvo en la Argentina.

Hay que hacerse cargo de la historia de cada uno y qué determinaciones se tomaron cuando se debió gobernar, pues sus consecuencias las padeció el pueblo argentino. Entonces a partir de las conductas se deben observar sus consecuencias.

Menem contaba que si decía lo que iba a hacer no lo votaba nadie. Yo espero que ustedes planteen lo que piensan hacer con la Argentina, si llegan a ser gobierno. Deben hacerlo con mucha claridad, porque sin ninguna duda van hacia las medidas de ajuste.

Nosotros estamos esperando la aprobación del pliego de Mercedes Marcó del Pont para la presidencia del Banco Central. Así encontramos dificultades, que no surgen de un problema de carácter procedimental, sino de que por primera vez en esa institución asumirá una persona vinculada con el proceso de desarrollismo en la Argentina, lo que molesta.

En cambio, no molestaba que aquí tuviéramos al gerente de la banca Morgan haciéndose cargo de la administración de los recursos del Estado nacional. De la misma manera estamos viendo cuál ha sido la conducta que se ha tenido a lo largo de los años.

Cuando nosotros planteamos el proceso de recuperación de las AFJP por parte del Estado, que significaba la manera en que íbamos a garantizar en el futuro las jubilaciones y pensiones en la Argentina y volcar esos recursos en función de una matriz productiva, aquí se votó en contra. Se votó a favor de las corporaciones; entre ellas, el grupo multimediático que tanto se defiende a través de los medios de comunicación por parte de muchos sectores de la oposición, que hizo pingües negocios con las AFJP, estafando a los futuros jubilados en la Argentina.

De la misma manera, cuando en la Argentina se contrapuso la discusión entre la democratización de los medios de comunicación o la defensa de las corporaciones, se optó por esta última. Cuando nosotros planteábamos la recuperación de derechos, se plantearon los negocios.

Por lo tanto, no me extraña que no esté en el debate de qué manera se propone desde los distintos bloques de la oposición que debemos dar cumplimiento a nuestras obligaciones.

Lo mismo pasó con el tema del ADN. Cuando se discutió el tema, se planteó que nosotros estábamos buscando quitarle los hijos a la señora Ernestina Herrera de Noble.



Sra. Quiroz.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?



Sr. Carlotto.- No voy a conceder interrupciones, señor presidente.

Siguiendo con el tema del ADN, lo que nosotros estábamos planteando era el derecho de los jóvenes a conocer su verdadera identidad. Incluso se planteó por parte de un integrante de esta Cámara que los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble eran nuestros hijos. Y nosotros coincidimos con eso, porque estamos convencidos de que los hijos apropiados por la señora Ernestina Herrera de Noble son los hijos de nuestros compañeros. Esperamos que la Justicia determine muy prontamente la forma en que este tema se debe resolver.

Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esta discusión y escuchamos conceptos como el del senador Sanz, que plantea que en la Argentina se estaba aplicando terrorismo de Estado, yo les pido que encuentren la brújula, porque lo que necesitamos quienes estamos acompañando la gestión de gobierno e impulsando un proceso de transformación estructural en la Argentina es el acompañamiento de una oposición que venga con propuestas, y no que venga con un propósito difamatorio.



Sr. Presidente (Fellner).- Vaya redondeando, señor diputado.



Sr. Carlotto.- Ya termino, señor presidente.

Por eso, en lo que resta del debate me gustaría escuchar claramente cuáles son las propuestas de los sectores de la oposición para dar cumplimiento al pago de la deuda. De otra manera, nosotros solamente podemos tomar lo que han expresado en los medios de comunicación: que en definitiva el grupo “A” es el grupo del ajuste. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Amadeo.- Señor presidente: hay partes de esta discusión sobre el DNU que ya son historia. Hemos oído enjundiosas presentaciones sobre los temas legales, pero todavía queda mucho por sacarle a esta experiencia que hemos tenido en estos meses, porque creo que lo que estamos discutiendo acá no es solamente un problema jurídico sino una lección para todos nosotros sobre cuáles son los límites de la ambición política, es decir, hasta dónde se puede llegar en la búsqueda desesperada por sostener el poder.

Esto tiene que ver con dos ejes de la acción del gobierno en este tema. El primero de ellos es un proceso que venimos viendo cotidianamente en los últimos cuatro meses, en el cual el tema del DNU es solamente un paso. El DNU fue un primer intento para ampliar el gasto sin límites y sin control, y ha fracasado.

El segundo componente de este proceso lo tuvimos hace poco tiempo, cuando el ministro Boudou nos visitó para no decirnos nada. Como una parte central de este proceso de gastar sin límites, el gobierno está convencido de que podrá ocultar toda la información que esta Cámara necesita para construir las propuestas que los señores diputados están pidiendo pero que la gente necesita para tomar decisiones, para saber dónde está parada y hacia dónde vamos; pero la segunda parte de este proceso es no darnos ninguna información como parte del proyecto de gasto sin límite y sin control.

El tercer paso lo vamos a ver el próximo jueves, cuando el Banco Central –donde ya tienen firmada el acta‑ transfiera de manera ilegal 24 mil millones de pesos al Tesoro. Al respecto, aprovecho la oportunidad para señalar que este sería un buen momento para que la Comisión de Finanzas cite a la presidenta del Banco Central a fin de analizar qué responsabilidades legales le caben por la decisión que va a adoptar en este proceso de gastos sin ningún tipo de control.

El cuarto paso es la negativa sistemática de la señora presidenta para otorgar algún tipo de recurso a las provincias. No hay coparticipación del impuesto al cheque, ni ATN, ni PAF, ni ley de coparticipación. Tal como ocurrió con aquel famoso episodio de la segunda guerra mundial cuando Hitler dijo “Si París no es mía, que la quemen”, en el momento en el que aquí se planteó la posibilidad de modificar alguna de esas alternativas, la señora presidenta expresó: “Voy a terminar con la ley del impuesto al cheque. Nadie va a usar el dinero si no es mío.”

Pero ese proyecto no sólo tiene como eje juntar dinero para tratar de ganar las elecciones, sino que también busca dejarle una bomba de tiempo al que asuma la próxima administración. Digo esto porque la expansión de la base monetaria en más de un 50 por ciento es una bomba de tiempo económicamente inmoral, ya que le deja a los que vienen un nivel de inflación que nadie podrá soportar, en particular los más pobres.

Por eso, el primer proyecto que tenemos es que eso no suceda. Tenemos que aprender de la historia argentina que los más desprotegidos frente a la inflación y a la ambición política del gasto sin límite son los más pobres. Este es un proyecto suficientemente importante.

La otra parte de aquella iniciativa pasa por dividir la realidad por pedacitos. Nos piden que nos ocupemos sólo de una parte y que neguemos las consecuencias sistémicas de lo que está pasando con la economía. La mentira sobre la inflación implica que hay un tipo de cambio que se atrasa, pérdida de competitividad, caída del salario real y conflictos de todo tipo.

Otro paso de este proceso es el uso irracional de diversos recursos, como ocurre en el caso de la ANSES, ya que con plata de los jubilados se le dará dinero a las empresas multinacionales –como acaba de señalar la señora presidenta en Estados Unidos‑, se financiará la adquisición de computadoras sin licitación y se pagarán proyectos megalómanos de todo tipo. ¿Qué podemos decir sobre los gastos del Ministerio de Planificación por 29 mil millones de dólares que heredará el próximo gobierno?

Esa es una parte central del proyecto que debemos delinear todos juntos. No se trata de venir a discutir proyectito por proyectito; se trata de tener una visión de las responsabilidades políticas para con la gente y con el próximo gobierno.

Por eso, es importante que como oposición retomemos nuestras capacidades de control. Lo digo porque me atrevo a decir que de todas las cosa que he mencionado nos vamos a enterar por los diarios. Dándole el gusto al ministro Boudou, el viernes nos vamos a enterar de la medida adoptada por el Banco Central; luego nos vamos a enterar también por los diarios de la utilización de los dineros de la ANSES una vez que hayan hecho uso de esos recursos. Por eso el primer proyecto para un buen funcionamiento de la democracia pasa por retomar nuestras facultades de control.

Por otra parte me voy referir al tema de las provincias, porque en mi opinión es una cuestión central. Muchos de los señores legisladores presentes tienen aspiraciones políticas a nivel provincial, pero también tienen responsabilidades para con sus conciudadanos. Muchos querrán ser gobernadores en 2011. Por eso, al igual que el general alemán que se negó a quemar París, sugiero que asuman sus responsabilidades y peleen por la coparticipación, por los derechos de las provincias y por los derechos de los ciudadanos provinciales.

Ese es un proyecto grande que debemos discutir, porque eleva la política. No vamos a caer en la trampa de las discusiones pequeñas. La responsabilidad de actuar la tiene el Poder Ejecutivo; nosotros tenemos la obligación de controlar e invitamos a quienes tienen responsabilidades políticas a que vuelvan a sus provincias con la frente bien en alto porque no se dejaron correr por los locos que quieren quemar todo. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.



Sr. Godoy.- Señor presidente: dado lo avanzado de la noche, uno ya puede ir haciendo un análisis y una evaluación sobre las distintas exposiciones escuchadas. Me parece que éste es un debate muy importante para el gobierno, para el bloque oficialista, y seguramente también es importante para quienes aspiran a ser gobierno.

En definitiva, creo que es bueno que la sociedad se involucre y se interese en el debate, porque no es un tema menor. Hemos venido escuchando distintas posiciones y voluntades de los distintos bloques con respecto al desendeudamiento. Esto guarda íntima relación con las distintas concepciones que se pueden tener sobre el crecimiento económico y social en la Argentina.

Si bien a algunos no les gusta que miremos hacia atrás, me parece que para poder hacer un análisis equilibrado y objetivo tenemos que hacer un breve repaso de las evidencias que nos aporta la historia reciente de la Argentina y las distintas actitudes y propuestas que tuvieron los diferentes gobiernos frente a la cuestión del endeudamiento.

Bajo la premisa de achicar el Estado y silenciar a la sociedad se inició el más brutal y descarnado de los ajustes que haya conocido la Argentina. En ese proceso de ajuste se implementaban medidas cuyo componente fundamental era, justamente, el endeudamiento.

Si se analiza lo que sucedía en 1976, nos damos cuenta de que además de tirar abajo ese estado de bienestar que era el que había generado el desorden social en la Argentina y había posibilitado la movilidad social, además de aniquilar e intervenir todas las estructuras, de perseguir, de torturar, de hacer desaparecer gente, hubo un equipo económico cuyo objetivo era permanecer mucho tiempo conduciendo la economía, porque tenía un plan de generar situaciones de irreversibilidad en el país.

La evidencia histórica nos demuestra que fue muy difícil revertir la situación que nos generó la dictadura militar. Esto lo vimos a lo largo del proceso mismo de la democracia. Y esto no está desligado de lo que sucedía en el mundo.

En 1970 se desata una crisis, que es la crisis del petróleo, y en 1979 la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos impactó fuertemente en las economías emergentes, limitando y condicionando la autonomía de las políticas nacionales.

Es decir que nosotros comenzamos a vivir un proceso donde, por un lado, estaba la concentración y por el otro, el ajuste y el endeudamiento. Es así que en los años 1970, 1974 y 1975 nosotros teníamos una deuda de 7.000 millones de dólares, y al finalizar la dictadura militar, estábamos casi en 50.000 millones de dólares.

Eso no ocurría solamente en la Argentina. Eran recomendaciones que había comenzado a sugerir el Fondo Monetario Internacional para los países de Latinoamérica.

En 1982, cuando México declara la imposibilidad de cumplir sus compromisos porque no podía pagar, había cuatro países que concentraban el 74 por ciento de la deuda: Argentina, Brasil, México y Venezuela.

Había un contexto internacional que facilitaba todo este proceso de endeudamiento, y los gobiernos democráticos, tal vez por condiciones objetivas de debilidad, no pudieron revertir esta situación; por el contrario, fueron funcionales a este contexto internacional que sugería el endeudamiento.

Es así como viene el Plan Brady, con 87.000 millones de dólares de deuda; luego viene el megacanje, después el default, el corralito, el corralón y la pesificación asimétrica. Es decir que tenemos un proceso en la historia donde están involucrados distintos gobiernos, y este modelo de concentración, de endeudamiento y de ajuste generó determinadas políticas sociales.

En la evidencia de la historia hay una cuestión que es absolutamente contundente: con las políticas económicas convergen determinadas políticas sociales y humanas que generalmente responden a intereses, actores y grupos económicos.

¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Qué consecuencia tuvo todo este proceso que vivió la Argentina? La desaparición del Estado, la desaparición de la política, el quiebre del aparato productivo, la imposibilidad del trabajador de poder discutir su salario, etcétera. Eso se profundizó, obviamente, con el proceso de globalización que tuvieron los mercados, con esta prédica que tenían los capitales que se podían desplazar por los mercados del mundo sin ningún tipo de control. Así vino la desregulación y la precarización laboral.

¿Cuáles fueron las consecuencias en términos sociales? La desocupación, el desempleo, el quiebre de las economías regionales y la migración. Mucha gente que hoy vive en el conurbano se vino del interior porque no tenía posibilidades de trabajo en su provincia.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Ricardo Alfonsín.

Sr. Godoy.- Entonces, esto es lo que pasó durante mucho tiempo en la Argentina, con políticas funcionales a las decisiones que se tomaban afuera.

A partir de 2003 este país comienza a pensarse desde nosotros, desde lo nacional, y empezamos a propiciar un programa que tenía que ver con la producción, con el trabajo, con el fortalecimiento del mercado interno y con políticas macroeconómicas absolutamente consistentes.

Nos hablan de déficit, pero este gobierno no ha conocido el déficit, ha conocido el superávit fiscal, el superávit comercial, el desendeudamiento. Esto se ha traducido en que el país haya crecido como nunca lo hizo en la historia. Esto ha significado que nos volvamos a industrializar. Esto ha significado incorporar cuatro millones de trabajadores nuevos...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Alfonsín).- La Presidencia solicita a los señores diputados que no interrumpan al orador.



Sr. Godoy.- Esto ha implicado la asignación familiar por hijo. Esto ha significado más educación. Ha significado infraestructura.

Quienes vivimos en el interior hemos visto escuelas, viviendas y hospitales. Esto es lo que nosotros queremos decir aquí. (Aplausos prolongados.)

La gente tiene que saber que nosotros queremos el consenso con los trabajadores y los empresarios. El consenso no lo queremos con aquellos que quieren ajustar. Que la gente no olvide cuando le congelaron los salarios, cuando le redujeron las jubilaciones y cuando no había paritarias.

Por eso, vamos a votar con mucho orgullo el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo para seguir construyendo un país en crecimiento y con inclusión social. (Aplausos prolongados.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.



Sra. Baldata.- Señor presidente: la verdad es que la intervención del diputado preopinante parece que no fuera ni para esta Cámara ni para esta coyuntura ni para este país...



Sr. Rossi (A.O.).- ¿Para dónde tiene que ser?

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Alfonsín).- Por favor, señores diputados: no interrumpan a la oradora.



Sra. Baldata.- La verdad, señor presidente, es que quienes han violado la Constitución Nacional se escudan en la mentira para asfixiar...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Alfonsín).- La Presidencia ruega a los señores diputados que no interrumpan a la oradora.



Sr. Rossi (A.O.).- ¡Dígaselo a los diputados de su bloque!



Sr. Presidente (Alfonsín).- Se lo pedí al diputado Rossi y ahora se lo pido al diputado...



Sr. Rossi (A.O.).- ¡Que se aplique para todos!



Sr. Presidente (Alfonsín).- Lo estamos aplicando para todos.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Alfonsín).- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Córdoba.



Sra. Baldata.- Gracias, señor presidente.

En nombre del bloque de la Coalición Cívica ratifico lo que ya han manifestado los diputados y las diputadas, que es precisamente …



- Varios señores diputados hablan a la vez.



Sr. Presidente (Alfonsín).- No podemos escuchar a la oradora y es una falta de respeto; debemos tratar de escucharla.

Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Córdoba.



Sra. Baldata.- Agradezco su intervención, señor presidente, para que esta Cámara retome la sensatez y el nivel del debate después de las mentiras.

Dos años y medio atrás, a escasos metros del estrado de la Presidencia presté juramento de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Desde mis más profundas convicciones republicanas y democráticas hoy vengo a esta Cámara precisamente para honrar ese juramento.

Muchas diputadas y diputados han descripto con absoluta prolijidad los alcances del artículo 99, inciso 3, de la Constitución, que avalan y sostienen de manera clara y precisa la posición que la Coalición Cívica ha venido a sustentar en este recinto: la nulidad absoluta e insanable del decreto de necesidad y urgencia 298.

Pero esta Constitución Nacional, que tiene la particularidad de que puede ser interpretada y sometida a un complejo, delicado y fino análisis de constitucionalistas y juristas -muchas de las intervenciones en esta sesión fueron en esa dirección-, también tiene la virtud jurídica de que es posible ser interpretada con sencillez por el ciudadano y la ciudadana común.

En la complejidad y en la sencillez que la virtud del constituyente le supo dar, esta Constitución nos indica que es muy clara, contundente e inapelable la división de poderes, las atribuciones que tienen cada uno de ellos, los controles que entre ellos deben tener y al indicar cuándo un poder invade las atribuciones y las facultades de los otros. Esto es lo que se está haciendo y no sólo en esta instancia.

Retomo la línea discursiva del señor diputado Piamonte. El no sólo habló de la inconstitucionalidad de un Poder Ejecutivo que invade atribuciones que no le son propias y que son de este Congreso, sino que efectuó una clara descripción de que en muchas otras oportunidades, casi con naturalidad y de manera sostenida, hemos asistido a una violación de la institucionalidad.

Hemos asistido a un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, y hoy nosotros estamos defendiendo a este Poder Legislativo, a esta Cámara.

En función de que lo que acabo de decir no es una sola cuestión sino que es un tiempo y un modo o metodología de operar, me voy a permitir asimilarlo a lo que tan prolijamente Néstor Sagüés describe en uno de sus trabajos respecto de las consecuencias del desapego a la Constitución. Bien dice que el proceso de desconstitucionalización es el desapego a la Constitución, la interpretación forzada de la misma en sentido contrario al espíritu que el constituyente le quiso dar.

Esta idea la retoma Karl Lowenstein, cuando dice que la desvalorización de la Constitución escrita, entre otras cosas, y la falta de observancia consciente de la Constitución, nos puede llevar a ese proceso.

En esa línea de pensamiento Linares Quintana también aborda el concepto de desconstitucionalización como el abandono de los principios políticos liberales y constitucionales.

No quiero terminar esta intervención sin contestarle al oficialismo que tanto demandó esta noche que discutiéramos propuestas.

Señores diputados y diputadas del oficialismo: las propuestas se discutieron el 28 de junio, pero además, ¿cómo vamos a discutir proyectos, como decía el diputado Carlotto, sobre la base de la violación a la Constitución? ¿Qué proyecto político serio vamos a discutir a partir de la violación de la Constitución, que claramente realizan los decretos cuya nulidad, por suerte, ya hemos dispuesto?

Vamos a discutir proyectos políticos una y mil veces, pero dentro del marco de la Constitución Nacional y de las instituciones de esta República. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sr. Triaca.- Señor presidente: me toca hoy estrenar el uso de la palabra como diputado ingresante a esta Cámara. Lo primero que tengo para decir es que a muchos de los que están acá les quiero agradecer el esfuerzo que han hecho para que hayamos tenido veintisiete años de democracia, porque muchos de ustedes fueron los actores para que recuperáramos la democracia. Muchos de los que están aquí también fueron responsables de que la democracia se haya sostenido durante estos veintisiete años.

Pero quizás el componente más importante que la democracia tiene que enseñar a quienes pudimos votar desde la primera vez que nos correspondió, es que una de las reglas de este sistema es entender la aceptación de las diferencias, que el otro pueda opinar distinto a nosotros, y que en el juego de las mayorías unos ganan y otros pierden. Cuando eso ocurre, a veces a uno le toca ganar y a veces le toca ganar al otro. Esto no tiene que hacer romper las reglas de juego.

Lamentablemente, tengo que decir que durante los cuatro meses de experiencia en esta Cámara he visto que las reglas fueron imponiéndose de una manera muy extraña. Pero el debate de fondo no apareció, y la sociedad ‑que nos está mirando y está alerta a lo que hacemos‑ nos reclama constantemente que nos pongamos a debatir las cuestiones de fondo.

Quiero hacer una crítica al oficialismo cuando señala que no somos propositivos. No queremos que se hagan las cosas de cualquier forma, pero siempre estamos dispuestos al debate. Lo dejamos muy en claro en cada una de las comisiones donde estamos trabajando, y en cada propuesta que estamos elevando. Quizás esas propuestas no son aceptables por parte del oficialismo, pero tiene que sacarse los tapones de los oídos y empezar a escuchar, porque muchas veces es lo que nos demanda la democracia. Quizás esto no sea importante solamente para nosotros, sino para las generaciones por venir y para seguir sosteniendo este sistema, con el fin de que el Congreso vuelva a recuperar la reputación que debe tener: el lugar donde se resuelvan los conflictos de intereses.

No soy abogado, pero se ha hablado de una cantidad de artículos que tienen que ver con la interpretación que cada uno tiene de si están bien o si están mal. Pero la cuestión de fondo tiene que ver con la intención política del gobierno de pagar la deuda. El riesgo que plantea la propuesta del gobierno consiste en que, al tocar las reservas, vamos a tener mayores niveles de vulnerabilidad ante el mayor problema que hoy tiene la economía argentina: la inflación.

Me parece que de eso hemos aprendido mucho los argentinos. No somos un país como el resto que no ha vivido procesos de algún riesgo de inflación. En la Argentina se ha vivido con mucho riesgo de inflación. Por eso es sumamente importante tener en claro que debemos ser muy precavidos en las cosas que proponemos debido a estos riesgos. Deberíamos invitar al oficialismo no sólo a rever este decreto, sino a plantear una modificación del presupuesto que ha quedado muy alejado de la realidad que se planteaba en noviembre, cuando fue votado.

Los convoco al sentido común para que tratemos de hacer un esfuerzo para evitar las crispaciones y encontrar los ámbitos de debate. Quizás hoy resolvamos de una manera, pero vamos a seguir trabajando para encontrar soluciones de fondo.

Esa es la tarea a la que nos debemos encomendar. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra la señora diputada por Catamarca.



Sra. Acosta.- Señor presidente: la verdad es que después de las reflexiones realizadas por el diputado Godoy, a las que adherimos porque me parece que fueron una apretada síntesis de todos nuestros aciertos, quiero decir que luego de una larga historia de ejercicios deficitarios del Tesoro Nacional en sucesivos y diferentes períodos de gobierno, además de los genuinos recursos tributarios se utilizaron otras fuentes de financiamiento con sofisticadas ingenierías, tales como el uso acumulado del crédito, endeudamiento, y emisión descontrolada de la moneda. Pero, fundamentalmente, la venta del patrimonio del sector público mediante privatizaciones.

En los últimos seis años, el gobierno nacional ha sostenido un superávit primario, por lo que entendemos que los recursos son mayores que los gastos de funcionamiento. Además hubo un superávit financiero, considerando que en los gastos se incluyen los intereses de la deuda acumulada.

También debemos recordar que no era este el perfil del país que precedió a este ciclo histórico y político.

Todos recordamos muy bien cómo desaparecía el Estado y cómo caía el empleo. También estuvieron aquellos que con visión optimista pronosticaron un mundo nuevo y una nueva historia, a pesar de que se equivocaron.

Sin embargo, hoy sí podemos hablar de un país previsible con un esquema de racionalidad. Por suerte la historia no se repite, a no ser que nosotros propiciemos su repetición.

Estamos convencidos de que nuestro país necesita un mejor destino. El hecho de ir cancelando los servicios de la deuda a través del Fondo de Desendeudamiento Argentino está destinado a pagar títulos emitidos en 2001 y 2002, megacanje, títulos emitidos por compensación de pesificación asimétrica, bonos de reestructuración de la deuda de 2005, canje de los títulos de préstamos garantizados de 2009... El comportamiento de los mercados, los títulos, el sistema financiero de cuentas responden a la reacción casi inmediata que se produce cuando caminamos por donde debemos caminar.

Si hoy estamos honrando nuestras deudas es porque hemos acumulado, no por casualidad, 48.000 millones de dólares.

Todos sabemos que hoy se nos está pagando un interés anual del 3 por ciento por las reservas, por lo que resulta irracional que nosotros paguemos el 14 por ciento. También entendemos que la acumulación excesiva de reservas en sí misma y sin utilización de dichos recursos en forma concreta nos lleva a lograr mejores condiciones de crédito en los mercados externos.

China, Rusia y Japón han comenzado a administrar las reservas de sus bancos centrales buscando obtener de ellas un mayor beneficio, invirtiendo tanto en títulos públicos como en acciones de capital privado, a fines no solamente de diversificar sus carteras sino y principalmente de coadyuvar al desarrollo económico interno.

El Banco Central de Brasil decidió en marzo de 2009 prestar reservas internacionales para ser utilizadas por empresas brasileras. Cabe recordar también que anteriores gobiernos democráticos dispusieron mediante el dictado de decretos actos de trascendencia social, política y económica, que no fueron rechazados por el Congreso de la Nación; por ejemplo, el plan austral, los indultos, el aumento de la edad jubilatoria, la renegociación de deudas, el “megacanje”, la flexibilización laboral, el “corralito” y el denominado “corralón”, como lo han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra.

Desde el año 2003 hemos tenido una economía sostenida de crecimiento, con superávit gemelos y una seria responsabilidad en el gasto público, sin que nos inquiete –como todos sabemos‑ una capacidad demandante de dólares que podría generar una situación de cambio del precio relativo de la moneda, precisamente gracias a una política de flotación que persiste hace tiempo.

Lo que hoy se trata en este recinto se relaciona y se parece mucho a una firme decisión de volver a las políticas de ajustes que todos recordamos, sumando oposiciones sistemáticas y forzando argumentos que, en definitiva, van en dirección opuesta a los intereses de la Nación. En este sentido, quiero traer a colación una dura expresión de Eduardo Galeano que decía que había que resistir “para que en nuestro país no nos vuelvan a hundir los dientes en la garganta”.

Por eso, y porque es saludable ejercitar la memoria con el convencimiento de que los países son el resultado de sus biografías colectivas, quiero recordar que cuando gobiernos anteriores administraron reservas nos dejaron 8.000 millones, y hoy tenemos 48.000 porque venimos administrando el país con el fuerte respaldo de un proyecto político distinto.

Porque entendemos que la única verdad es la realidad con razón, y que la historia deviene racionalmente según sus actores, transferimos toda la responsabilidad política y económica a quienes hoy se niegan irracionalmente a honrar nuestras deudas. Como aquella anécdota que Jauretche mencionaba respecto a Dávalos cuando en una ocasión se le reclamaba que iba muy lento en su automóvil, y él respondió: “Lo importante es ir, no llegar”, yo quiero cerrar estas reflexiones diciendo: déjennos ir. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.



Sr. Forte.- Señor presidente: ya mucho se ha dicho. Quizás cometemos el error de ser reiterativos, pero cabe aclarar que crecimiento sin desarrollo tiene un sentido relativo. El crecimiento sin equidad genera mucha riqueza para unos pocos y demasiada pobreza para demasiada gente.

Está demasiado claro y demasiado obvio, ni el INDEC lo pudo tapar, que del 2003 a la fecha la brecha entre unos pocos que tienen demasiado y demasiados que tienen demasiado poco es cada vez más grande. Es por eso que aceptamos el crecimiento, aceptamos las reservas, pero también sabemos que junto con el crecimiento de las reservas ha crecido sustancialmente la pobreza en la Argentina. Pero este no es el tema de debate esta noche.

Hoy venimos a discutir un DNU y cabe aclarar que nosotros no somos la “a” del ajuste. Quisiera saber sobre la “b” de beneplácito de la historia a los indultos, el beneplácito de la historia a las privatizaciones, y el beneplácito de la historia a cuando iba el presidente Menem y lo recibió el gobernador Kirchner aplaudiendo porque se privatizaba YPF. A lo mejor existe la “b” de beneplácito.

Como venimos a discutir quiero decir que no somos la “a” del ajuste ni tampoco decimos que no se pueden usar las reservas. Nosotros venimos a plantear el cómo y el para qué, y en el cómo está claro que disentimos totalmente.

No se pueden inaugurar las sesiones ordinarias sacando un decreto para meter otro decretazo. Nos invitó la presidenta, nos desafió a debatir. Hoy por ahí se dijo que traigamos las propuestas. Éste es el ámbito. Discutamos acá en el recinto, en el presupuesto, volvamos a discutir si realmente es necesario o no usar las reservas, pero por ley, donde participemos todos, no por antojo de un decreto de necesidad y urgencia.

No había necesidad, no había urgencia. Por eso disentimos en el cómo. Por eso no podemos exigir independencia de poderes cuando nos favorece y hacernos los distraídos cuando no nos favorece. No podemos ser férreos defensores de la independencia de la Justicia cuando tenemos fallos a favor y cuando tenemos fallos en contra decimos que se judicializa. En momentos decimos que una jueza es pareja de otro juez y al otro día la Justicia es hermosa porque nos beneficia. Esto no es democracia, es demagogia.

Tampoco podemos ser reglamentaristas cuando el reglamento nos favorece, como el otro día que por cinco minutos no pudimos sesionar, y dejar de ser reglamentaristas cuando se dice: “Muchachos, si no laburan no cobran”.

Entonces, yo también voy a citar a Jauretche cuando dijo que “es pa’ todos la cobija o es pa’ todos el invierno”.

Por eso estamos discutiendo y estamos en total desacuerdo en el cómo del decreto de necesidad y urgencia, y vamos a ver el para qué. La verdad es que estoy casi sorprendido de escuchar a algunos sectores totalmente convertidos en un progresismo trucho; son los que levantan la bandera del pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Lo hacen como un acto progresista y resulta que le pagaron en forma adelantada, en efectivo y sin descuento. Si eso es progresismo, yo soy anoréxico.

En el “¿Para qué?” debemos fijar las prioridades. No podemos seguir honrando nuestras deudas. Este es el gobierno que más deuda externa pagó, cuando las veredas están llenas de gente que duerme en la calle. Tenemos un 54 por ciento de los pibes bajo la línea de pobreza.

Cuando yo era dirigente sectorial nos juntábamos ‑si la memoria no me falla‑ con otros dirigentes sectoriales en un coqueto piso 9º de Reconquista y Lavalle. Un banquero se asombraba y decía: “¿Cómo van a pagar la deuda externa, mientras hay tantos pobres en la Argentina?”, pero ahora convertido en el mejor defensor de los “K”, se olvida de los pobres y dice que hay que honrar la deuda. Es necesario que nos empecemos a sincerar: ¡basta de progresismo trucho en la Argentina! (Aplausos.)

No podemos hablar de aparatos productivos cuando los mismos que privatizaron las jubilaciones, después las estatizaron. Cuando llegó el momento de invertir, en vez de repartir, siguieron poniendo la plata en la patria financiera. Son los mismos que siguen financiando las grandes corporaciones.

Debemos discutir en serio para qué se usarán las reservas. ¿Se utilizará para el pago de la deuda, para la chequera disciplinadora o para repartir entre algunos capitalistas amigos a través de subsidios millonarios, que aunque sean legales, son inmorales? Nos deberíamos poner a discutir en serio una justa y digna distribución de la riqueza.

Me parece muy bien discutir hacia adelante, pero para ello hay que ser memoriosos con la historia. Nosotros nos hacemos responsables de la nuestra, porque somos republicanos y pagamos nuestras deudas. Los que tienen mentalidad monárquica dicen: “Muerto el rey, que viva el rey”.

Hasta donde yo sé, a López Rega no lo parió un repollo; Menem era presidente del Partido Justicialista. ¡Que se hagan cargo del indulto, de las privatizaciones y de toda la gente que quedó en la calle!

Ya termino y disculpen que me exceda en el tiempo, pero hoy una diputada se preguntaba qué sería de don Raúl. Yo digo que como don Raúl era un caballero político seguramente le estará alcanzando un pañuelo a Evita, porque ella, que era protagonista de la escala social ascendente, ahora lo es de la escala social descendente. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.



Sr. Alvarez (J.M.).- Señor presidente: en honor a lo avanzado de la hora no me voy a detener en los fundamentos legales por los que planteamos el rechazo y la nulidad del decreto 298.

La exposición de los representantes del bloque de la Unión Cívica Radical ha sido clara, pero quiero agregar un argumento adicional para el rechazo del decreto 298. Esto lo planteaba cuando el ministro Boudou concurrió a un tratamiento conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas. Ante un planteo puntual de mi parte –cuando se generaban las preguntas continuadas-, no obtuve respuesta. Terminada la reunión, ante mi insistencia, ya fuera de micrófono, reconoció que lo que le planteaba tenía un fundamento.

Me refiero a que el artículo 1º del decreto 298 dice que se destinará a la cancelación de servicios por deuda pública con tenedores privados. No hace mención a si va a ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Y precisamente de la conjunción entre el decreto 298 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central dispuesta por la ley 26.422, de presupuesto para 2009 –a la que también se opuso en aquel momento el bloque de la Unión Cívica Radical‑, pueden surgir dos interpretaciones. Si los pagos fuesen en moneda extranjera, el resultado para el Tesoro Nacional sería negativo. Si los pagos se realizaran en moneda nacional, el caso sería totalmente contrario: tendríamos un efecto positivo, un efecto palanca, donde además de los 4.382 millones de dólares del decreto tendríamos un adicional para el Tesoro Nacional de 3.940 millones de pesos. Eso saldría de la siguiente diferencia: si sumamos el adelanto por la base monetaria de 17.450 millones ‑esto haciéndolo en moneda nacional‑ más los ingresos fiscales adelantados y utilizables para pago de servicios de deuda pública denominada en dólares y en manos de tenedores privados, de aproximadamente 23.300 millones, a lo cual debemos restarle el adelanto al 31 de diciembre de 2009, de 36.580 millones, lo tenemos un resultado de 3.940 millones de pesos.

En síntesis, señor presidente, si el pago se produce en moneda nacional estaríamos autorizando un endeudamiento superior a un 25 por ciento de lo que plantea el propio decreto. Esto no es un hecho menor, señor presidente, porque si agregamos esta mayor diferencia para uso del gasto discrecional para ayudar a provincias amigas, si tenemos en cuenta el efecto inflacionario sobre los recursos, sobre la utilización del resultado de las utilidades de las reservas del Banco Central, estamos viendo la necesidad de rediscutir el presupuesto. Ese es el objetivo fundamental.

Desde el radicalismo estamos dispuestos a discutir el uso de las reservas. A lo que no estamos dispuestos es a dar facultades y a seguir usando la discrecionalidad y la billetera para perjudicar a provincias que piensan distinto. Esto lo digo como representante de la provincia de Santa Fe, pero sé que también ocurre con muchas otras provincias. Estas son las formas y las políticas que debemos cambiar desde el Congreso de la Nación.

Para terminar, quiero expresar lo siguiente. Se dijo que quienes estamos en la oposición queremos acumular reservas sin pensar en la gente. Pero yo digo, señor presidente, que precisamente porque pensamos en la gente queremos rediscutir el presupuesto nacional para mejorar la calidad de vida de los argentinos. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.



Sra. Puiggrós.- Señor presidente: el tema que estamos tratando no se agota en su consideración jurídica ni en su reducción economicista. Enfocaré otros aspectos pero sin dejar de señalar que uno podría enmarcar toda esta discusión en dos grandes corrientes de pensamiento, que son posiciones políticas y posturas frente a la sociedad.

Por un lado, se enmarca en el keynesianismo, para decirlo rápidamente, que en realidad en nuestro país se refleja en el nacionalismo popular democrático, postura que hermana hoy a la Argentina con varios países de América latina. Y por otro lado se enmarca en el monetarismo neoliberal, que tiene antiguos antecedentes en nuestro país en las políticas de empréstitos que subordinaron a la Nación durante trágicos períodos de nuestra historia.

El tipo de Estado, la estructura del Estado y los organismos que lo componen han sido discutidos bastante recientemente, es decir, en la Convención Constituyente de 1994. Allí los términos autonomía y autarquía fueron profundamente discutidos. En realidad existieron dos interpretaciones básicas: una en orden a la defensa de la Nación, de los intereses populares y de la democracia y otra que terminó adquiriendo mayor relevancia en algunas partes de la Constitución de 1994, que apunta a darle un carácter más absoluto a la autarquía, lo cual permite disponer de espacios del Estado de acuerdo con intereses particulares. Este es el caso del Banco Central.

Aclaro que soy peronista, pero pertenezco a un partido que se denomina Frente Grande, que integra el Frente para la Victoria. Por lo tanto, formamos parte de este gobierno y reconocemos la conducción de Néstor Kirchner y de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero durante la Convención Constituyente de 1994, junto con los compañeros del Partido Socialista, perdimos en varias de las discusiones que se realizaron en torno al uso de los términos “autarquía” y “autonomía”.

Esta es una cuestión muy seria, porque tiene que ver, por un lado, con una interpretación del concepto de federalismo, y por el otro, con las características de un Estado que debía dejar de ser un Estado instrumento para convertirse en un Estado más amplio capaz de gobernar una sociedad en crecimiento.

En ese sentido, cuando se nombra al gobierno argentino como un sujeto distinto de otro autónomo –en este caso representado por el Banco Central‑ se están sentando las bases para un uso especulativo de las reservas que dicha institución guarda como producto del trabajo de los ciudadanos y del pueblo.

Quienes sostienen que no se deben utilizar las reservas para el pago de la deuda externa están poniendo en riesgo la posibilidad que hoy tenemos de lograr una quita en la deuda. En realidad tendrían que tener en cuenta que las reservas aumentan porque la situación del país ha mejorado, porque ha logrado salir de una de las peores crisis de nuestra historia y también porque los acreedores no comen vidrio.

Las políticas neoliberales –si me permiten voy a utilizar un término citando a Jauretche, Hernández Arregui y al propio Cooke‑, es decir, las políticas entreguistas, necesariamente van acompañadas de medidas que apuntan al achicamiento del nivel de empleo y a la reducción de las políticas sociales, como podría ser la que forma parte del programa de asignación universal por hijo.

Justamente ayer y hoy estuve en Paraná en el congreso organizado por el Ministerio de Educación con motivo del Bicentenario de la República Argentina, donde se realizó una reunión del Consejo Federal. Todas las provincias dieron un informe sobre los efectos de la asignación universal. No hubo una sola provincia que dejara de hablar del impacto que había tenido dicha asignación universal.

Por falta de tiempo no voy a dar lectura de la información que tengo y voy a pedir que se inserte en el Diario de Sesiones en cuanto a lo que ha significado positivamente la asignación universal.

Se ha comprobado que quienes vuelven a las escuelas son los jóvenes adultos. Son los que sufrieron las políticas monetaristas de los años 90, los efectos de la política del uno a uno, de las políticas salvajemente neoliberales de esos años. Ellos son los que dejaron la primaria y los que hoy vuelven con la asignación universal.

Entonces, se trata de llevar adelante una política digna, en la que el país se sienta en los mercados internacionales como un sujeto de crédito y con capacidad de negociación, como lo ha hecho hoy mismo la señora presidenta en la entrevista con su par norteamericano, Obama, y cuando hoy mismo acordó la próxima visita a China.

Aquí tenemos que ver las cosas de fondo. Hay una política que nos lleva al desfinanciamiento de la Nación, a la restricción de las políticas públicas y de las políticas sociales, y hay otra política en la cual el conjunto de la Nación tiene que arriesgar. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sra. Reyes.- Señor presidente: como ya se dijo, el bloque de la Coalición Cívica va a votar la nulidad absoluta e insanable del decreto 298.

Varias han sido las argumentaciones, especificando claramente que aquí no hubo urgencia. No sólo lo vemos en los fundamentos enviados por la presidenta de la Nación y el ministro de Economía, diciendo que éstas son cuestiones de mediano y largo plazo, sino que también está ratificado por el propio ministro, cuando concurrió a la Cámara de Diputados a dar explicaciones.

En esa oportunidad se le preguntó cuáles habían sido las razones, dónde había estado la necesidad y la urgencia para llevar adelante el decreto, y la respuesta fue que era una cuestión de prevención, de tener previsibilidad, de que en un gobierno había que tener política pública, llevarla en el proceso del tiempo y adelantarse a los hechos.

En realidad, parece que el ministro no ha leído la Constitución Nacional, porque en los decretos de necesidad y urgencia nada dice que ésta debe ser una cuestión de prevención. Es más, el ministro -quien tal vez no se dedique a esto pero debe tener abogados que sí lo saben- debería leer lo que la Corte Suprema ha estipulado en el fallo Verrocchi, en el que dicho tribunal expresa que corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.

Con esto quiero decir que en realidad lo que estamos discutiendo –aquí se hablaba de la cuestión de fondo, de lo que significa el uso o no de las reservas- es el respeto por la Constitución y por esta institución que es el Congreso de la Nación.

Lo cierto es que no es nueva la posición del gobierno con respecto a este tipo de manejos. Digo que no es nueva porque la hemos visto sistemáticamente desde 2003 a esta parte, no solo con el dictado de DNU, sino al delegarse facultades vía presupuesto nacional, y al utilizarse recursos, casi 130.000 millones de pesos, a través de decisiones administrativas y decretos de necesidad y urgencia modificando el presupuesto nacional, con usos discrecionales del Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, se ha utilizado a través de este decreto la potestad de cancelación de la deuda, que es una potestad del Congreso. Asimismo, la potestad de generar empréstitos con el Banco Central, que también es una potestad de este Congreso.

Además, se han violado sistemáticamente las facultades que tenemos nosotros como Poder Legislativo.

A esto hay que sumarle algo más. En realidad, lo que se está discutiendo aquí es que el gobierno tomó una definición: hacer frente a la deuda pública a costa de la deuda social porque no solamente ha tomado 21 mil millones de pesos intra sector público a través de recursos de la ANSES ya utilizados –6 mil millones más que en 2008‑ sino que también lo hace, por ejemplo, a través de la emisión de títulos públicos que vende barato en el mercado pero a la ANSES se los vende caros.

¿Saben qué significa que se los venda caro a la ANSES? Que en realidad los jubilados pagan el costo de esa compra cara. Y no solamente eso, señor presidente, sino que además lo que estamos viendo es que se crea una asignación por hijo. Si dicha asignación hubiese pasado por este Congreso puedo asegurar que hoy sería una asignación universal para la niñez. Todos los niños de este país recibirían este ingreso, y no solamente eso: no estaría financiado por pobres, tal como sucede hoy cuando los jubilados financian a los sectores más pobres de la sociedad, sino a través de la renta financiera –no me refiero únicamente al impuesto a las ganancias‑. Esta es una de las propuestas que habíamos traído a este recinto.

¿Qué pasa con este gobierno que termina diciendo que estipula políticas supuestamente progresivas desde la centro izquierda pero en la realidad de los hechos termina asegurando que los sectores más concentrados de la población sigan teniendo los niveles de riqueza suficientes sin ningún tipo de distribución y los sectores más pobres sigan financiando a los que menos tienen? Esa es la política que tiene este gobierno: por un lado dice una cosa, pero en los hechos hace otra totalmente distinta.

Si este Parlamento funcionara y si el gobierno se enterara de que año tras año hay muchísimas propuestas que quedan encajonadas en las comisiones, las iniciativas que saldrían de este recinto serían mucho mejores.

No nos olvidemos de un punto que es fundamental. El financiamiento que está asumiendo el gobierno a través de la inflación es uno de los más terribles. El hecho de que la inflación hoy se encuentre en los niveles actuales significa que el gobierno tiene ingresos mucho más altos de los que esperaba tener. Además, esto significa que los sectores más vulnerables, es decir, el 80 por ciento de los jubilados que están bajo la línea de pobreza, el 35 por ciento de los niños que están bajo la línea de pobreza, el 40 por ciento de nuestra población que está bajo lo línea de pobreza, están imposibilitados de acceder a la canasta básica de alimentos. Cuando hablamos de inflación estamos hablando de hambre. Tenemos que terminar con esto.

Para terminar, quiero decir que estamos discutiendo acerca de la construcción de poder y de cómo este gobierno ejerce el poder en la Argentina. Queremos que se respete la Constitución, la división de poderes y a las instituciones. En definitiva, queremos que en este Parlamento se empiece a debatir cuáles son los principales problemas que tiene la gente, pero discutir hoy que este decreto sea de nulidad absoluta significa poner los límites donde deben estar y empezar a dar a este Parlamento la importancia que debe tener.

Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.



Sr. Agosto.- Señor presidente: en primer lugar, quiero señalar que una situación de necesidad y urgencia debe ser debidamente acreditada para poder sortear los trámites que establece la Constitución Nacional en situaciones ordinarias.

En ninguno de los casos de los decretos de necesidad y urgencia que nos han ocupado durante todo este tiempo esos extremos se han cumplido.

Basados en datos de la Dirección Nacional de deuda pública del propio Ministerio de Economía, existen informes internos del Banco Central que dan cuenta de que con recursos previstos -más el financiamiento garantizado y más los remanentes del ejercicio del año 2009- en el mes de diciembre el Tesoro nacional podía perfectamente hacer frente a la nómina total del gasto público y a los servicios de intereses y amortización de deuda establecidos hasta el 31 de marzo del corriente año.

Por otra parte, estamos en presencia de decretos que carecen de la jerarquía necesaria como para dejar de lado las leyes que regulan el funcionamiento del Banco Central.

El Banco Central no es un departamento de la administración nacional sino la autoridad monetaria, y tanto su creación como su funcionamiento tienen origen en las disposiciones que dicta este Congreso de la Nación. Esto está planteado claramente en el artículo 75, incisos 6, 11 y 17 de nuestra Constitución, que establecen claramente el sentido de la política monetaria y los instrumentos que el Banco Central debe llevar adelante para preservar el valor de la moneda.

El Banco Central no está expuesto a instrucciones u órdenes del Poder Ejecutivo nacional, lo cual también está consagrado en el artículo 3º de su Carta Orgánica, que no fue modificada en la última reforma que se introdujo al salir del régimen de convertibilidad.

Quiero referirme brevemente a algunos falsos dilemas que he escuchado a lo largo de todo este tiempo. El primero de ellos es que estamos llevando adelante una política de desendeudamiento. Efectivamente la Argentina ha venido reduciendo deuda a lo largo de estos años, pero en este caso puntual no existe tal reducción. Lo que sucede es que el Tesoro Nacional está disminuyendo deuda con los organismos internacionales y los tenedores privados. Sin embargo, por otra parte está incrementando la deuda interna con el Banco Central, afectando así su posición financiera.

Otra de las cosas que hemos escuchado en estos últimos tiempos, con frases muy floridas, es la pregunta sobre de quiénes son las reservas. En realidad las reservas sólo son activos que el Banco Central administra, pero tienen una contrapartida: los pasivos y las obligaciones que tiene la misma entidad monetaria.

En lugar de decir si las reservas tienen un nivel elevado o no, en realidad deberíamos abocarnos a una discusión más profunda. Es muy difícil determinar el nivel óptimo de las reservas porque depende de muchas variables que nosotros no podemos manejar. Sin embargo sí podemos afirmar que en modo alguno el nivel óptimo de reservas surge de este concepto anacrónico derivado de la ley de convertibilidad, que es el concepto de reservas de libre disponibilidad o reservas excedentes.

Basta citar un simple ejemplo numérico. Tal como está expresado en la actualidad el concepto de reservas de libre disponibilidad se puede pensar que el Banco Central tiene 16 mil millones de dólares de reservas excedentes. Un concepto más riguroso y acomodado a la realidad argentina indicaría que en rigor no existen las reservas excedentes.

Más allá de estos aspectos técnicos y conceptuales debemos considerar que estamos frente a una situación que se quiere asemejar a la que aconteció en oportunidad de pagar al Fondo Monetario Internacional. Eso también es falso. Cuando se pagó a ese organismo había en primer lugar una deuda que estaba en cabeza del Banco Central, lo que no ocurre en esta oportunidad, cuando se está cancelando.

En aquel momento se trataba de una deuda del Banco Central y de esa manera disminuía su activo pero también su pasivo.

En este caso la deuda es del Tesoro Nacional, no del Banco Central, por lo cual esta operación no tiene ni punto de comparación con aquella con el Fondo Monetario Internacional.

En aquella oportunidad la operación de cancelación de deuda tenía un efecto monetario neutro.

En este caso, por más que lo diga el decreto, sabemos que con las reservas se pueden hacer pagos en pesos y por ende ese efecto monetario neutro queda desvirtuado.

Quiero recordar que en aquella oportunidad existía un contexto de superávit comercial y fiscal, en cambio esa no es la realidad de la Argentina de hoy, donde se ha perdido el superávit fiscal. De otra manera, hubiera sido mucho más interesante tal vez la posibilidad de recuperar las reservas que se utilizan para pagar deuda, como aquí se comentó que seguramente va a pasar. Pero ahora se van a recuperar las reservas comprando esos dólares con emisión monetaria, no ya con un superávit fiscal genuino como existía en la oportunidad de pagarle al FMI.

El bloque del Peronismo Federal va a rechazar este DNU. Estamos dispuestos a discutir una ley para llevar adelante un programa financiero serio que permita garantizar las necesidades financieras del sector público, pero debemos contar con los números y saber con claridad lo que esto implica.

Finalmente, cuando hablamos de las necesidades del sector público no nos referimos solamente a las del Tesoro Nacional sino también a las necesidades financieras del conjunto de las provincias. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.



Sr. Quiroga.- Señor presidente: en primer lugar estamos tratando la aprobación o el rechazo del decreto 298. De todas maneras, no podemos dejar de lado el hecho de que insistentemente se ha mencionado la situación argentina de los años 2000 y 2001. Si me permiten una reflexión, cualquier partido político o presidente que le hubiera tocado gobernar el país en el inicio del siglo XXI –al que entramos con el pie izquierdo‑, habría tenido una carga muy pesada –los diez años del gobierno peronista de Carlos Saúl Menem, de 1989 a 1999‑ y una situación internacional totalmente inconveniente y adversa a las posibilidades de la Argentina, con los commodities a muy baja cotización. Años después esa situación fue mejorando, y como indica un principio de la navegación, cuando hay buen viento de cola se lo debe aprovechar cuidando el rumbo.

Quiero sumarme a las palabras del señor diputado López Arias cuando hace unas horas mencionó que esta Cámara estaba empantanada, que nos costaba tremendamente salir de esta discusión jurídica en algunos aspectos y reglamentaria en otros.

Después de haber escuchado tantas exposiciones en materia jurídica llevadas adelante por expertos de la ciencia del derecho y específicamente del derecho constitucional, me parece que han quedado despejadas todas las dudas respecto de las facultades del Congreso y el Poder Ejecutivo.

Recuerdo lo que me decía un amigo penalista en cuanto a que su especialidad era defender inocentes. Yo felicito a los diputados del bloque oficialista por el esfuerzo que han hecho por recordarme las palabras que mencionaba mi amigo abogado.

No hay ninguna duda que el decreto 298 deviene de otras circunstancias: por un lado, del decreto 2010, y por otra parte, del mismo procedimiento imperfecto que se llevó adelante para la remoción del presidente del Banco Central.



- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.



Sr. Quiroga.- Más allá de esto, hubo una incursión previa por parte del gobierno nacional utilizando cuanto recurso se le ponía por delante. Así, podríamos mencionar las retenciones, los fondos previsionales que bajo la justificación de la estatización del régimen previsional pasaron a la ANSES para ser utilizados indiscriminadamente, y por qué no mencionar los préstamos efectuados por este bolivariano presidente Chávez, que con un espíritu solidario nos prestó plata al 17 por ciento.

No cabe duda alguna de que esto que comenzó con la remoción del presidente del Banco Central y luego con el decreto 2010, denominado en ese momento Fondo del Bicentenario -ahora se ha cambiado el nombre por Fondo de Desendeudamiento-, tenía un destino común.

A la luz de los resultados, tenemos un gobierno que utiliza los fondos discrecionalmente. Creo en la discrecionalidad del poder político en determinadas circunstancias. Debe asignar prioridades en materia de inversiones. Pero también debemos tener en cuenta que no es lo mismo la discrecionalidad que la arbitrariedad. Entiendo que este gobierno en algunos momentos peca de exceso de discrecionalidad, utilizando la arbitrariedad para la distribución de los recursos.

En el recinto se ha mencionado que existe un fanatismo para impedir el curso de este gobierno. En realidad quiero decir, como integrante de uno de los bloques opositores, que lo que existe es responsabilidad para evitar el despilfarro. En este sentido también me permito manifestar que se han levantado muchas expectativas cuando se habla de la utilización de los recursos del Banco Central. A tal punto que en mi provincia están esperando para hacer obras tan importantes como Chihuido. Estamos hablando de una obra hidráulica que desde luego es necesaria porque aumentaría nuestra capacidad de generación energética. El gobernador y las autoridades dicen que si no sale el dinero del Banco Central es imposible llevarla adelante.

Por ahí escuché a un dirigente que integra esta Cámara que precisamente se refería al sentido que se pretende dar a los fondos del Banco Central. Dijo que se trataba de un antibiótico de amplio espectro. Al principio era para garantizar deuda, después para pagar deuda y ahora para cubrir obras en las provincias. En definitiva, lo que se pretende en el fondo es utilizar los recursos no solamente discrecionalmente, sino también arbitrariamente.

No cabe duda alguna de que la Argentina tiene una agenda de preocupaciones que son muy grandes. Entre ellas deberíamos mencionar al INDEC, que es una herramienta formidable que se utiliza para hacerle trampa al solitario.

Debemos pensar que la inflación es uno de los problemas tremendos. Ya que existe tanta vocación de legislar mediante decretos del Poder Legislativo, podríamos decir en un artículo 1° que para resolver un problema debemos reconocer su existencia. Si el gobierno nacional cree que no existe el problema de la inflación, lo más probable es que no nos ocupemos de tener políticas necesariamente correctivas sobre este tema.

De todo ello surge una situación que es inevitable: debemos rediscutir el presupuesto nacional, porque la pauta macrofiscal prevista en cuestiones inflacionarias está contemplada con una tasa del 6,1 por ciento. Todos sabemos que es absolutamente imposible cumplirla a esta altura del partido.

Por eso creo que hoy vamos a dar un paso importante para que el Congreso vuelva a instalar todos los temas de preocupación en la agenda de trabajo. Seguramente ello va a ocurrir cuando se vote por la afirmativa o negativa este decreto 298. Desde ya hemos anticipado que vamos a rechazar dicho decreto, porque será una forma importante –como decía el señor diputado López Arias- de salir de este barro y de este pantano en el que estamos inmersos. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.



Sra. Terada.- Señor presidente: estamos tratando la invalidez o rechazo del decreto 298.

En realidad, como bien dijeran otros diputados preopinantes, estamos hablando de un acto formal. ¿Por qué hablamos de un acto formal, pero no por ello menos importante? Porque el 17 de marzo ya se declaró la nulidad absoluta e insanable del decreto 2010/09 y de los decretos que están relacionado con esto, o sea que la cuestión en realidad ya está resuelta. No obstante, creo que la regla que se establece hoy por avocamiento –como bien lo dijeron otros señores diputados refiriéndose al artículo 20‑ está vinculada estrictamente con el artículo 25 sobre el ejercicio de las potestades ordinarias del Congreso. En función de dichas potestades ordinarias hoy estamos tratando el decreto 298.

Tratando de enriquecer la discusión que hoy se planteaba en torno a que solamente el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad o hablar sobre la validez o invalidez de los decretos, se ha citado a Bidart Campos. En este sentido, me gustaría agregar lo que Bidart Campos señala en referencia clara a cómo queda para indagar si fuera del control judicial se abre otra perspectiva que debe darse y que estaría situada justamente en el ámbito de este Congreso.

Si la omisión en calificar y encausar un decreto dentro del régimen de necesidad y urgencia lo ha sustraído al trayecto del seguimiento que prevé la Constitución hasta desembocar en el Congreso, éste puede tomar intervención inmediatamente después de dictado, y remediando la evasión del Poder Ejecutivo, dejarlo sin efecto.

Como bien ha clarificado la señora diputada Carrió la visión de Bidart Campos es mucho más amplia y no sólo habla del control judicial sino también del control natural que tiene este Parlamento.

Otro constitucionalista como Pablo Manili señala que las normas emanadas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo sólo pueden ser declaradas nulas cuando esa nulidad está expresamente establecida en la Constitución Nacional ‑esta noche se hizo mención en reiteradas oportunidades al artículo 99, inciso 3 que se refiere expresamente a la nulidad absoluta e insanable‑, o cuando se apartaran procesal o materialmente de una pauta o provisión expresa trazada por el constituyente, y se habla de nulidad impropia. Cuando ello no ocurre ‑señala‑ los jueces deben declarar la inconstitucionalidad de la norma, cosa que se encuentra en colisión insanable con la ley fundamental.

Resulta importante distinguir por qué es fundamental declarar la nulidad absoluta e insanable, porque dicha declaración tiene efecto retroactivo respecto de la norma anulada, mientras que la declaración de inconstitucionalidad de los jueces sólo implica desaplicarla. ¿Por qué es importante esto? Porque la nulidad retrotrae los efectos de esta norma anulada y permite volver atrás toda esta situación que evidentemente es irregular, no se ajusta a las pautas constitucionales y no habla de circunstancias excepcionales. En el momento en que se anunciaba el dictado del decreto 298 en realidad la presidenta estaba abriendo el período ordinario de sesiones del Congreso, más allá de que dicho decreto no contiene ninguna herramienta concreta que señale dónde está la necesidad y la urgencia para el tratamiento de este tema como se plantea y no a través de una ley del Congreso.

El artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional referido a las atribuciones del Congreso de la Nación, señala puntualmente como una de ellas el arreglo del pago de la deuda interna y externa de la Nación. De hecho, el artículo 99, inciso 3, refiere que el Poder Ejecutivo no debe tener facultades delegadas referidas a las potestades exclusivas del Congreso.

En relación con la falta de propuestas quiero decir que no es así. Las propuestas existen; estamos trabajando en las distintas comisiones legislativas.

Hoy se habló mucho acerca de la asignación por hijo, y quiero recordarles que esta asignación que tiene carácter de universal fue presentada en este Congreso en el año 96 por las también hoy diputadas Carrió y Carca, con una connotación totalmente diferente a la que hoy tiene la práctica clientelar de la asignación por hijo, sobre todo en el interior y fundamentalmente en las provincias pobres como el Chaco, que es la provincia a la que represento.

Es por eso que me alegro de que hoy estemos discutiendo esto, que comencemos a recuperar la institucionalidad de este Congreso de la Nación, y que en este proceso se puedan ejercitar todas las atribuciones inherentes al Congreso y que de ninguna manera competen al Poder Ejecutivo nacional.

Desde la Coalición Cívica solicitamos que se decida no solamente el rechazo al decreto de necesidad y urgencia sino que sea declarado de nulidad absoluta e insanable, que es lo que establece la Constitución Nacional. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Chaco.



Sra. Damilano Grivarello.- Señor presidente: el asunto que nos ocupa hace diez horas exactamente es sumamente delicado y trascendente no solamente por la complejidad del tema en sí sino por las consecuencias que acarreará en lo sucesivo.

Por un lado, tiene una consecuencia institucional consistente en la usurpación de potestades, y en esto recae el tema de la nulidad. Por otro lado, está la grave consecuencia social, el grave costo social que sin duda nuevamente los argentinos vamos a tener que soportar, como ya lo hemos vivido en otras situaciones.

Con respecto al primer tema, el del decreto 298, se ha hablado acerca del rol que el Congreso tiene que desempeñar cuando uno de estos decretos ingresa a su seno, es decir el poder de control político que tenemos que ejercer.

Se ha hablado que para poder utilizar este instrumento legal debe existir una situación de grave riesgo social y que además tiene que aprobar el test de razonabilidad. Se habló luego de que como no se reúnen estos requisitos hay que declarar al decreto de nulidad absoluta e insanable, así como también a todo acto posterior que verse sobre el mismo objeto.

Quiero preguntar a mis pares si realmente el Congreso de la Nación puede declarar la nulidad insanable de un decreto de necesidad y urgencia, porque parece que todavía no ha quedado clara cuál es la diferencia entre nulidad y rechazo y por ahí se toman a estos términos como sinónimos.

Quiero leer brevemente un análisis que se realizó en mi provincia, la del Chaco, sobre qué facultades otorga la ley a las cámaras del Congreso si llegasen a la conclusión de que no se dan los supuestos de excepción que permiten al Ejecutivo dictar este tipo de decretos, o sea, si no pasa ese test o esa aprobación de que existe un riesgo social, una necesidad y una urgencia.

Entonces, allí se expresa que las facultades son únicamente acerca de rechazarlos o aprobarlos. No existe otra facultad otorgada por la Constitución Argentina, y es impensable que los constituyentes de aquella época hayan confundido rechazo con anulación.

Si hubieran querido otorgar a las cámaras la facultad de anulación, seguramente lo habrían expresado claramente. No es así y acá me refiero a lo que ha manifestado el diputado Prieto, que ha dicho que esto no es un simple acto inocente ni de confusión de términos. Acá simplemente se está queriendo aducir, confundir o tomar como sinónimos a los términos de rechazo y nulidad, cuando sabemos que los significados son totalmente diferentes. Si hablamos de nulidad, ello implica un efecto retroactivo, con el grave costo social que traería aparejado. En cambio, el rechazo tiene un efecto de mirar hacia adelante.

El esfuerzo que ha puesto la oposición en torturar la Constitución y los principios básicos del derecho ha sido para alcanzar una usurpación de potestades, sin importar el ridículo al que nos someteremos todos los que integramos la Cámara, como en la sesión anterior en la que discutimos durante más de tres horas acerca de un decreto que ya no existía. Entonces, cuando hablamos de respeto a la institucionalidad, deberíamos empezar a replantearnos su significado.

Por otro lado, hace más de tres meses nos hemos detenido en el tiempo y no tomamos conciencia de que estamos discutiendo una cuestión de forma y no de fondo. La deuda existe y la mayoría o todos estamos dispuestos a pagarla. Quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo, tenemos claro cómo la abonaremos, mientras que la oposición, no. Así los vemos desfilar en tantos programas televisivos sin escuchar una propuesta para obtener los recursos que permitirían pagar la deuda.

Además, muchos de ellos han generado directa o indirectamente parte de esa deuda. También han estado involucrados en leyes y medidas nefastas para el costo social de los argentinos, como el recorte de los salarios, la disminución de las jubilaciones en un 13 por ciento, el endeudamiento externo, el aumento de la desocupación a un 20 por ciento, la implementación del blindaje, el corralito, el megacanje, etcétera. Quienes han sido partícipes de esa situación no ofrecen una alternativa clara.

¿Qué podemos decir quienes provenimos de provincias que necesitan esa atención especial? Finalmente, desde hace dos años se está teniendo una reparación y equilibrio que nos pone en igualdad de condiciones con otras provincias.

Si la presidenta de la Nación no puede utilizar las reservas para hacerse cargo de la deuda externa, las provincias nos veremos en una situación de riesgo bastante complicada. En el caso del Chaco hemos asumido hace dos años una gestión con una deuda de 4.800 millones de pesos, que se está pagando gracias a una política fiscal ordenada y superávit fiscal, donde no se ha tomado nueva deuda y se ha reducido una deuda de 3 pesos por cada peso de presupuesto a 85 centavos.

El desafío más grande de todos los gobernadores y la presidenta es achicar la deuda con el menor costo social posible, porque la gente no puede volver a hacerse cargo de los errores de quienes han gobernado.

Hoy el desafío es no generar un mayor costo social y enfrentar una situación de canje, donde el ministro de Economía ha señalado muy bien que nos veremos sumamente beneficiados al poder salir definitivamente de la deuda histórica que comenzó en la década del 70 y disminuyó en 2005.

Por lo expuesto, apoyamos el decreto de necesidad y urgencia 298. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.



Sra. Díaz.- Señor presidente: como la oposición pone un manto de duda a todo acto de gobierno, también me permito sospechar que a ellos no les interesa ni la legalidad ni la constitucionalidad del tema que estamos tratando, y mucho menos quieren defender la facultad del Congreso. Hay algunos que dicen que no debemos responder a los agravios y otros que no quieren que recordemos el pasado. Pero el señor diputado De Marchi nos ha ofendido al decir que el oficialismo no quiere tratar el tema de fondo porque carecemos de argumentos y no sabríamos explicar qué se ha hecho con los recursos del Estado.

Me permito recordarle al señor diputado De Marchi que en estos últimos seis años he visto crearse, sólo en mi pueblo, una escuela secundaria, un hospital, un centro integrador comunitario, una escuela primaria. Asimismo, he visto proveer de ambulancias de alta tecnología y de ómnibus para discapacitados, aparte de todas las obras públicas realizadas por el gobierno provincial y por el municipio.

Pero eso no sólo ocurre en mi pueblo sino que en toda mi provincia se realizan obras inmensas, como autopistas que recorren toda la provincia. Para mi gran satisfacción y para desgracia del señor diputado De Marchi, en todas las provincias que me ha tocado recorrer he visto importantes obras, como canales de riego, represas, centrales hidroeléctricas, así como hosterías y escuelas primarias y secundarias, cumpliéndose así en más de un 90 por ciento el plan de 700 escuelas que el gobierno de Kirchner ha puesto en movimiento.

En los últimos seis años, en todo el ámbito nacional se han realizado autopistas que unen provincias, estaciones terminales de ómnibus, iluminación de rutas que recorren toda una provincia, aeropuertos, etcétera.

No me alcanzaría el tiempo ni la memoria para enumerar todas las obras que se inauguran a diario. Pero todas estas obras carecen de importancia ante la obra primera y principal que los dos últimos gobiernos han generado: la dignidad de los argentinos a partir del trabajo. En un país destruido como el que se recibió era imposible pensar que se crearan tantos puestos de trabajo a través de las diversas cooperativas de distintos rubros. Entre estas últimas hay que destacar aquellas que han construido cientos de casas para los más humildes a través de diversos planes; esas casas se han entregado en distintos puntos del país, en los lugares más recónditos, dando un techo a más de 3 millones de personas.

Pero todo eso no alcanza. Vemos que la Argentina se ha puesto de pie y anda, y si no lo quieren aceptar, observen simplemente los bares, los restaurantes, los teatros y el turismo interno que se ha desarrollado en estos tiempos. Se trata de erradicar el trabajo en negro y se subsidia a empresas ‑aunque algunos diputados malintencionadamente digan otra cosa‑ para salvar el trabajo de muchos compatriotas.

La Argentina está de pie, crece, pero a pesar de esto el Ejecutivo sabe que existe la pobreza y la desocupación. De allí el incentivo a los jóvenes que trabajan y a los universitarios, y el descuento en una amplia lista de medicamentos para la gente del PAMI.

Pero eso también es insuficiente. Se debe cumplir con las obligaciones de la deuda para ser creíbles. La presidenta trabaja denodadamente para tentar a nuevos inversores extranjeros a fin de seguir creciendo. Por eso no entendemos cuando leemos en los diarios grandes titulares que dicen “La oposición confía en conseguir quórum para ganarle al oficialismo” o “La oposición confía en anular el decreto de necesidad y urgencia”.

El pueblo se pregunta por qué la oposición confía tanto en derogar estos decretos. ¿No les gusta el nombre? En vez de “Fondo del Bicentenario” o “Fondo de Desendeudamiento”, se tendría que llamar “la plata de los argentinos para los argentinos” o “la plata de la Argentina para honrar a la Argentina”.

Hoy reiteraron que no se van a recuperar esos fondos. Ya lo habían dicho durante el gobierno anterior cuando el doctor Kirchner decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que no sólo se recuperaron esos recursos sino que se duplicaron con creces.

También señalaron que no se respetaron las formas. En este sentido, aunque no les guste, debo volver al recuerdo. Quisiera saber si la oposición respetó las normas, las formas y la Constitución cuando estuvo en el gobierno. ¿Acaso las respetaron cuando cercenaron los derechos de los trabajadores mermándoles el sueldo, cuando implementaron el corralito y cuando incautaron los ahorros de los argentinos? ¿Dónde estaba la cajita de Pinedo en aquella época? ¿Dónde estaban los fondos con los que hoy contamos?

Quisiera concluir mi intervención contándoles una anécdota de hace pocos días; es algo doméstico. Viendo a Redrado en un programa de televisión en el que decía que la señora presidenta debía retener esos fondos y pedirle un préstamo a la banca internacional, la señora que me ayuda en casa me contó su historia familiar. Me dijo que su padre tenía cuatro hectáreas y que su madre contaba con unos ahorros. Cuando el padre se los pidió para comprar un tractor y así aumentar la cosecha ella le dijo que no, porque ese dinero era sagrado. En 1985 su padre murió de un infarto, porque el banco le había quitado la casa y el tractor. Una vez que me contó su historia esta señora me dijo que comprendió a su madre porque no sabía leer ni escribir, pero no entendía a ese hombre y a quienes lo acompañaban, porque a pesar de que decían ser tan sabios nunca habían concluido un gobierno y hoy querían convertirse en maestros para enseñarnos a gobernar. (Aplausos.)



Sr. Alfonsín.- Pido la palabra para una aclaración.



Sr. Presidente (Fellner).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.



Sr. Alfonsín.- Señor presidente: quiero que me saquen de una duda. Deseo saber si cuando hablan de la disminución de los salarios se refieren a la que se produjo en Santa Cruz en 1992, cuando se redujo en un 15 por ciento el sueldo de quienes ganaban más de 500 pesos y en un 10 por ciento el de los que ganaban menos de esa cifra. Fue el entonces gobernador Kirchner quien tomó la decisión de reducir el salario de los empleados y jubilados. Quería saber si se referían a esa reducción. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.



Sra. Chieno.- Señor presidente: después de varias horas de discursos y de argumentos de todo tipo ‑constitucionales, reglamentarios, jurídicos, económicos y hasta de tipo fantástico‑, diría como conclusión: simples teorías.

Cuando estos mismos grupos políticos, partidos, bloques o alianzas debieron llevar adelante políticas económicas y de Estado para sacar a la Argentina de la situación en que se encontraba, no pudieron hacerlo. No supieron cómo, dónde, cuándo ni con qué. Cayeron y llevaron con ellos a nuestro castigado país al borde de la debacle.

He escuchado –hasta con ternura, tendría que decir- cómo algunos señores diputados hablan ahora de los pobres, de los desposeídos, de que van a proteger el ingreso de los más necesitados. Tarde se acuerdan. Nunca tuvieron en cuenta a las clases golpeadas de la Argentina. Por el contrario, defendieron la renta, sus ingresos y defendieron a pie juntillas los intereses de aquellos monopolios y de aquellos grupos que les daban a ellos mismos un beneficio.

No soy abogada ni constitucionalista; tampoco economista. Soy médica, y he trabajado los últimos veinticinco años de mi vida en una de las provincias más pobres del país. He estado en contacto con las miserias humanas.

Estoy hablando de una provincia argentina donde he visto, he vivido y he sufrido, junto con el pueblo correntino, las consecuencias de los modelos económicos que hoy defienden.

Sin duda, lo que está en discusión no es un decreto de necesidad y urgencia; ni siquiera es la Constitución Nacional. Lo que se discute hoy es un modelo de país, un modelo de vida y de futuro para los argentinos.

Con toda convicción defiendo y apoyo este modelo de gobierno, que está haciendo una verdadera política de inclusión social, que pretende una redistribución de las riquezas y que lleva adelante una verdadera política de derechos humanos.

Por último, quiero decir algo muy sencillo, que todos los ciudadanos argentinos, sin ser constitucionalistas o economistas, pueden entender. Tenemos deuda, tenemos reservas, entonces paguemos.

¿Quién puede creer que es lógico que se tome más deuda, como he escuchado en varios medios de comunicación, a muchos de los diputados que hoy plantean la situación constitucional de fondo, de modo y de forma?

He recibido la enseñanza de mis padres, inmigrantes trabajadores, sin especulación, que dieron a nuestro pueblo modelos e ideas claras. Tenemos reservas, tenemos deudas, tenemos que salir de esa deuda para poder crecer. Nadie crece con esta deuda al hombro como hace más de treinta años traemos los argentinos. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.



Sr. López.- Señor presidente: voy a tratar de vibrar en la misma sintonía que mi compañera de bancada y de causa, que según un señor diputado preopinante, ha sido terriblemente agresiva, yo diría peronista.

Decía el general Perón, con la claridad y contundencia que lo caracterizaba, que la única verdad es la realidad. La realidad es que el capitalismo mundial ha sufrido muchas crisis a lo largo de la historia. La realidad es que una y otra vez nuestro pueblo ha sufrido las consecuencias, la mayoría de las veces sin poder hacer nada al respecto y viendo cómo el futuro se le escurría entre las manos.

Los expertos del sistema coinciden en que una de las peores crisis de la historia del capitalismo después de los años treinta ha sido la de finales de 2008 y todo el año 2009. Los mercados internacionales se derrumbaron, brillantes economías de las potencias centrales fueron duramente reformuladas. Países como Irlanda, España y Grecia, ejemplos mimados del sistema, están debatiendo cómo sacar a sus pueblos del desastre. Por supuesto: que lo paguen otros, como siempre.

El general Perón decía que la única verdad es la realidad, y la realidad es que la Argentina sobrellevó la peor crisis de la historia del capitalismo sin sobresaltos, sin sufrimientos y, fundamentalmente, sin anarquía. Insisto: sin anarquía. Esto no fue obra de la casualidad; es el producto de una gestión que tomó las riendas de esta Nación allá por el año 2003.

Se trata de una gestión que trabaja permanentemente para devolverle al país su soberanía económica y lo va a seguir haciendo no sólo porque está convencida de lo que hace y cómo lo hace sino porque tiene como norte una vida digna para todos los argentinos.

Es una gestión que se hizo cargo de un país destruido por las políticas neoliberales y por las políticas cínicas de ajuste y represión del gobierno de de la Rúa. Dichas políticas nunca contemplaron al ser de carne y hueso.

La historia detalla la lucha de los pueblos y también registra el comportamiento de los hombres políticos que verdaderamente estuvieron a favor o en contra de los intereses de su pueblo.

Me cuesta entender cómo los mismos que no supieron gobernar, los mismos que tuvieron responsabilidad en los saqueos, en la incertidumbre generalizada, en la desesperación de nuestras madres, vienen ahora solamente a decirnos: “No, no y no”. No a un plan de inversiones. No a un plan de crecimiento. No a un plan que, en fin, ubica al hombre por sobre todo.

Los mismos que llevaron al país por el camino de una hiperinflación descontrolada son los que hoy ponen fierros -y no palos- en la rueda. Da la sensación que los mismos que el 30 de noviembre de 2001 lograron el rotundo éxito de 3.500 puntos de riesgo país no recuerdan la historia.

Como hombre de la causa popular pido nada más que memoria y cordura. Nuestra presidenta ha marcado el rumbo de nuestro país en base a tres ejes centrales: el desarrollo del mercado interno, el reconocimiento y la fiabilidad en el concierto de las naciones como una Argentina que honra sus deudas, y el incremento del volumen de producción sin alzas de precios. Cada uno de estos puntos depende de nuestra capacidad de implementar políticas públicas que le den sustento.

Es imposible, por ejemplo, que se desarrolle el mercado interno o que se aumente la producción de bienes si no logramos que las empresas se financien barato en el exterior, y es imposible que las empresas se financien barato si todavía está vigente en la memoria del mundo el default de 2001.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, don Ricardo Alfonsín.

Sr. López.- Que se entienda: ese vergonzoso default del que intentamos salir hoy fue la responsabilidad de los mismos que ahora intentan impedirnos el desendeudamiento. Son los mismos que rifaron las reservas y los mismos que terminaron procesados por el megacanje que multiplicó nuestra deuda externa en más de 55 mil millones de dólares.

Mal que le pese a diputado Tunessi, son ajustadores, porque están estigmatizados en la memoria popular. Ya lo dijo la señora Marcó del Pont: quieren el ajuste. Parece que les gusta. Quieren el ajuste que ellos aplicaron sistemáticamente.

¿O nos olvidamos ya del ajuste del 13 por ciento sobre los salarios y las jubilaciones, ocurrido en julio de 2001? Ya sabemos lo que pasó, señor presidente: el riesgo país no bajó nunca y así quedamos declarando un default vergonzoso, con represión en las calles y viendo a un presidente salir volando a lo Batman. Pero no era Batman; necesitó un helicóptero.

Este gobiernotiene un compromiso con el pueblo y lo cumple. Nosotros no queremos más ajuste y recesión. Queremos producción, crecimiento y empleo, y en ello estamos empeñados.

Mientras ellos aplicaban ajustes nosotros actualizamos el régimen previsional, recuperamos la soberanía sobre los depósitos y aumentamos las jubilaciones y pensiones en total acuerdo con la ley.

Como decía al comienzo de mi exposición, la única verdad es la realidad. Cuando asumimos el gobierno en 2003 -y en esto quiero corregir a un compañero de bancada- en el Banco Central había 8.800 millones de dólares de reservas. Hoy tenemos casi 48 mil millones de la misma moneda. ¿Qué van a decir? ¿Que es “viento de cola”? ¿Que es casualidad? ¿O que es el resultado de un compromiso soberano y una gestión responsable?

Pido que seamos sinceros, señor presidente, y reconozcamos los logros, porque ellos no son de un gobierno o un sector sino de todo un país que intenta ponerse de pie después de tantos años de atropellos, negociados e irresponsabilidad.

Cuando ahora intentamos usar esas reservas que nosotros mismos supimos generar para terminar de consolidar la confianza del mundo, procurando quitarnos de encima la pesada carga de la deuda que otros produjeron, nos ponen palos en la rueda.

Como diría el general Perón, están al servicio de fines inconfesables, encienden la máquina de impedir y arman un show mediático irresponsable.

Lo peor es el trasfondo de lo que están pidiendo, lo que están demandando, el verdadero porqué de toda esta pantomima: ajustar, terminar con el reparto de la riqueza para que se siga concentrando en las mismas manos de siempre, dejar a los sectores más desfavorecidos sin políticas de inclusión, sin el aporte indelegable que hace el Estado para lograr lo que efectivamente hemos conseguido, o sea, que la pobreza disminuya y no haya hambre ni exclusión.



- Varios señores diputados hablan a la vez.



Sr. Presidente (Alfonsín).- Está excedido en su término, señor diputado.



Sr. López.- Ya finalizo, señor presidente.

Como formoseño puedo asegurar sin ningún tipo de dudas que la obra de Perón en mi provincia ha llegado de la mano de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. Esa es la realidad, la única verdad. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.



Sr. Alfaro.- Señor presidente: durante estas ocho o nueve horas de debate se ha dicho lo que se viene sosteniendo desde hace aproximadamente tres o cuatro meses. Se ha discutido sobre las reservas del Banco Central, pero el debate siempre ha rondado en torno a las formas y no al fondo de la cuestión. En realidad no se habla de él, y debemos ser sinceros y enunciarlo: se quiere desfinanciar al gobierno nacional ahogándolo desde el punto de vista económico en estos dos últimos años de gestión para que frene su ritmo de crecimiento y la oposición tenga posibilidades en 2011.

Sería importante que la oposición reviera el rol que pretende ocupar en el proyecto de reconstrucción de la República porque su condición no implica oponerse a cualquier iniciativa del gobierno nacional.

Hasta hoy la oposición ha jugado un rol absolutamente contestatario; no pueden legislar en conjunto cuando existen diferencias tácticas e ideológicas irreconciliables.

La oposición no se ha caracterizado por una actitud mesurada ante el problema y se le puede cuestionar su oportunismo. Ha concentrado sus esfuerzos en el debate mediático y en echar leña al fuego encendido de la judicialización del conflicto encabezado por el vicepresidente Julio Cesar Cleto Cobos.

Vuelvo a decir: jamás se ha tenido en cuenta la verdadera discusión y se ha convertido a la Cámara en un estadio deportivo donde lo único que importaba era quién ganaba. Lo que se ha intentado con evidente objetivo electoralista es atar las manos de la presidenta de la Nación, en una cuestión que se puso en práctica desde el inicio de esta gestión y le ha dado buenos resultados al país: honrar las deudas.

Esa política que se llevó a cabo en este terreno nos ubicó como un país confiable, pero lo más importante como resultado fue que dejamos de ser un Estado dependiente donde los acreedores nos decían cómo había que manejar la economía del país para prorrogar nuestras deudas o prestarnos plata.

La discusión tomó un camino equivocado durante todo este tiempo, buscando impactos mediáticos o algún título rimbombante en los diarios.

Estas discusiones en el recinto durante todo el día de hoy se transformaron en un diálogo de sordos, porque no existen argumentaciones ni fundamentos que puedan ser escuchados y la oposición está decidida a no dejar gobernar.

¿De qué sirve decir que el objetivo primordial de este fondo es el servicio de la deuda pública, es decir, que al momento de efectuar los pagos el Tesoro pueda utilizar el dinero de este fondo en vez de adquirir las divisas que necesita en el mercado a una tasa de mayor interés?

¿De qué sirve decir que se está tratando de dar una señal inequívoca de que existe voluntad y fondos para esos pagos? ¿De qué sirve decir que el fondo permitirá avanzar en un proceso de desendeudamiento sin tener que recurrir en desventaja al sistema financiero internacional?

¿Cuántas veces vamos a recordar que el gobierno decidió pagarle al FMI con reservas del Banco Central? Nos decían que la utilización de las reservas generaría un incremento de la incertidumbre y una corrida cambiaria insostenible para el Banco Central. Sin embargo, si analizamos retrospectivamente la medida, podemos observar el error de dicho pronóstico, porque no se produjo ninguna corrida bancaria y el banco pudo recuperar rápidamente las reservas utilizadas.

Por ahí escuchamos críticas sosteniendo que existen mejores destinos para las reservas del banco, como por ejemplo, eliminar la deuda social. Sin embargo, es necesario que tomemos conciencia de que los problemas sociales de la Argentina no se van a eliminar con una sola inyección de una masa de dinero en un solo momento. Los problemas sociales son el resultado de un proceso histórico de vaciamiento y abandono de su responsabilidad social por parte de los distintos gobiernos que nos precedieron.

Las reservas del Banco Central nos van a permitir sostener la independencia económica para mantener la soberanía política y profundizar el modelo de reindustrialización con inclusión social que nos conducirá a una mayor justicia social.

¿De qué sirve hablar de todo ello si ya tantas veces se lo ha dicho? Parece que lo único que se persigue es debilitar a un gobierno.

Durante estos últimos días hemos visto que muchos diputados de la oposición hablaron de mejoramiento de la calidad institucional. Se rasgan sus vestiduras de honorables republicanos y hablan con un sentido de autoridad increíble, cuando lo único que suman a este cuerpo es confusión.

Muchos de ellos fueron electos colgados de la pollera de la presidenta y ahora beben en el cántaro de la oposición sin que nadie hable de actitudes tránsfugas o borocotizantes, a excepción en honor a la verdad de los diputados Solá y Cremer de Busti, que legitimaron sus bancas.

Debemos tener cuidado. El 28 de junio el oficialismo perdió las elecciones y ello significó un llamado de atención para observar lo que habíamos hecho mal y corregirlo. Pero la oposición tiene que saber que no se votó un cambio de gobierno, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la responsable de los destinos del país y que desde el Parlamento no se gobierna.

El Movimiento Justicialista fue el responsable de los cambios y transformaciones revolucionarias en nuestro país. Fuimos los que imprimimos ritmo al desarrollo de la Nación; nunca abandonamos los gobiernos; somos los responsables, con aciertos y errores, del país que tenemos. Siempre tuvimos en la historia un papel digno. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.



Sra. Mendoza.- Señor presidente: así como he escuchado con respeto las diversas ideas, me gustaría ser escuchada simplemente como una ciudadana que no está de acuerdo con muchas cosas que quiero transmitirles como generación de los 80; una ciudadana con dos hijas adolescentes que no veo desde hace seis meses. Justo me viene a pasar a mí, que soy militante de los derechos humanos.

A pesar de eso, quiero decirles a todos que la democracia se construye en la disidencia. Acepto personalmente muchas opiniones, pero no se puede hablar de autoritarismo con más autoritarismo.

La democracia en el mundo es el debate y el disenso, pero en este momento quiero decirles que me llevo una desilusión muy grande, porque acá, ante las cámaras, se habla de pedir calidad institucional en este Parlamento.

A la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, elegida democráticamente, se la tilda de autoritaria, de carente de ética y de no escuchar. Se dice que estamos haciendo política en contra de los ciudadanos.

Les puedo asegurar que no existe gobierno en la historia del mundo que haya sido virtuoso. ¿Qué quiero decirles? Por ejemplo, que el 3 de diciembre se violó el reglamento. Esto lo dije en este recinto.

Les quiero hablar de mi desilusión, porque acá estamos sentados. Menos mal que mis colegas no han pasado las dieciséis horas de interpelación que tuve que afrontar frente a difamadores profesionales que aseguraban que tuve la culpa del dengue. Pero se fueron, porque no aguantaron. Yo tenía trabajos científicos, y del otro lado había un pasquín del mismo partido. A lo que me refiero es que en todos los partidos políticos existen personas, seres humanos, entre los que se encuentran los corruptos, los buenos, los que estudian y algunos que sólo vienen a cobrar la dieta. Yo no soy una de esas personas.

Me duele decir en este recinto que debemos tratar de no ser hipócritas, porque hace unas horas la Comisión de Derechos Humanos y Garantías sólo se reunió para constituirse. Estimados colegas de la diversidad política: así como en la Comisión de Derechos Humanos y en otras comisiones se ha trabajado –la Comisión de Discapacidad, por ejemplo, se reunió una vez‑, como parlamentaria electa por el pueblo del Chaco creo que debemos realizar una tarea consciente en dicho ámbito. De lo contrario, para qué vamos a estar hablando de todo lo que se ha dicho. Yo tengo mi postura, pero no porque alguien me la haya impuesto.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

Sra. Mendoza.- Creo que las reservas se usaron siempre y que muchos de los que hoy están declarando inconstitucional este decreto o pretenden establecer su nulidad las han utilizado en otros tiempos.

No se puede borrar lo que uno ha escrito. Los nuevos diputados que se han incorporado a esta dirigencia política y los que desde antes integran esta Cámara forman parte de la calidad institucional. A ellos les pido seriedad; no podemos pensar que el Congreso funciona porque ganamos un día. Es una vergüenza que se diga esto, a veces van a ganar unos y otras veces, otros.

El Congreso está perdiendo la oportunidad de escuchar al ciudadano, quien desea que podamos encontrar una solución para bajar los precios.



Sr. Presidente (Fellner).- Su tiempo se ha agotado, señora diputada. Le sugiero que vaya redondeando su exposición.



Sra. Mendoza.- Es cierto que los precios no son baratos y lo sé porque yo voy al supermercado, y esta situación no me alegra. Vengo de una provincia pobre como las provincias de Santiago del Estero y Formosa, y quiero que algún día dejen de serlo. Esta situación va a ir cambiando a medida que trabajemos juntos sobre las ideas políticas.

En este debate no gana nadie, ni la República ni la Constitución ni el ciudadano que me votó y a quien debo respeto. Por eso creo que es un momento en el que debemos recapacitar. Aclaro que siempre fui diputada del Chaco por la minoría. El presidente de la Cámara de ese momento, diputado radical Urlich, no me va a permitir mentir: pertenezco al Movimiento Nacional Justicialista. Casi me expulsan de mi bloque por haber votado el presupuesto para que gobierne un gobernador de la Alianza. Como demócrata que soy considero que el presupuesto es la ley madre porque permite pagar los sueldos.

Por último, después de tantas horas, voy a citar un dicho chaqueño: hicimos todos tantas cosas acá peor que unos loros enjaulados. Es para que nos riamos también un poco.(Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Si hay asentimiento de la Cámara se autorizará a insertar en el Diario de Sesiones los textos de los discursos que los señores diputados no han podido efectuar en aras del acuerdo alcanzado por los distintos bloques políticos de acortar el debate.



- Asentimiento.

Sr. Presidente (Fellner).- Se harán las inserciones correspondientes.





Sr. Yoma.- Pido la palabra para hacer una aclaración.



Sr. Presidente (Fellner).- Para hacer una aclaración tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.



Sr. Yoma.- Señor presidente: quiero hacer esta aclaración por un problema de lealtad parlamentaria. Al realizar mi exposición incurrí en una equivocación. Me referí a comentarios que hizo el señor diputado Prat Gay cuando se trató su acuerdo en el Senado durante la presidencia del doctor Kirchner.

Luego de eso él, en privado, me corrigió y tenía razón, porque fue durante la presidencia del doctor Duhalde, y los comentarios no se ajustaban a la realidad del tipo de cambio en ese momento.

Vayan con estas palabras mis disculpas al señor diputado Prat Gay. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Para realizar los discursos de cierre del debate tiene la palabra en primer término el señor diputado por Córdoba.



Sr. Aguad.- Señor presidente: la verdad es que ha sido un larguísimo debate sobre un tema trascendente para el país, y me parece que, salvo rarísimas excepciones, esta Cámara de Diputados ha estado a la altura de las circunstancias,

Coincido con la señora diputada Mendoza: en realidad ningún gobierno es tan virtuoso como para solucionar los problemas de un país, ni ningún gobierno es tan defectuoso como para condenar a ese país para el resto de su existencia.

Por esta razón tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el próximo turno de gobierno no tenga que repetir la historia de empezar de nuevo en la Argentina. Me parece que esta ya es una enseñanza, que el gobierno que asuma en el 2011 no diga “conmigo empieza la historia”. La Argentina va a cumplir doscientos años y son doscientos años de experiencia vivida y que hay que aprovechar.

Pero así como digo esto, me parece que en algún momento tenemos que dejar el pasado para los historiadores, porque la obligación del dirigente político es solucionar los problemas del presente y proyectar el futuro para las generaciones que vienen. Discutir el pasado y fundar las medidas del presente en el fracaso del pasado es un error que los argentinos cometemos reiteradas veces.

Acá se han dicho algunas cosas sobre las que me parece que hay que reflexionar. En primer lugar, se ha dicho que sólo ha habido un debate constitucional, y es así, efectivamente. El debate debió ser constitucional porque acá está en juego la aceptación o no de un instrumento fijado por la Constitución Nacional.

Toda la noche se ha hablado de este tema. Adhiero fervorosamente a la posición de la doctora Carrió. Creo que blindó el tema. Ese discurso sobre el tema jurídico cierra cualquier posibilidad de agregar algo. En el mismo sentido, también adhiero a las manifestaciones vertidas por los señores diputados Gil Lavedra, Ferrari, Solá y Pinedo, y no quiero reiterarlas.

Evidentemente, ha habido un error –para adjetivar la situación de alguna manera-, porque no es posible inaugurar las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación anunciando en el recinto que se va a enviar un decreto de necesidad y urgencia para saltear al Parlamento.

Se trata de un error que tiene un costo; no hay costo cero. Todos los inconvenientes que se le han causado al país tienen como fundamento el error que cometió la presidenta en este recinto. Nosotros no podemos dejar pasar ese error, porque califica la calidad institucional del país.

Fuera de la cuestión constitucional, se ha dicho reiteradamente que el gobierno ha construido las reservas. Se ha mencionado que en 2001 había 8.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, mientras que ahora hay 41.000 millones, como si el gobierno hubiera tenido la virtud de atesorar los recursos que andan por la calle.

Las reservas son el resultado del comercio exterior y no tienen costo cero. Lo tendrían si el gobierno tuviera superávit fiscal porque entonces, con el superávit se comprarían las divisas que ingresan al país, que irían a parar al Tesoro o al Banco Central.

Durante estos años el comercio exterior tuvo un resultado positivo, producto del valor extraordinario que tienen nuestros bienes primarios en el mercado internacional. El gobierno, mediante el Banco Central, se apoderó de esos recursos, que son privados. El superávit del comercio exterior es privado y no público.

El gobierno se apodera de los dólares porque no tienen circulación legal en la Argentina. Pero como el gobierno no tiene recursos para adquirir esos dólares, emite billetes para comprarlos, y la emisión monetaria tiene un costo altísimo en la Argentina, ya que para evitar que genere inflación, el gobierno emite un bono que se llama LEBAC y que paga una tasa de interés anual del 13 por ciento. Es decir que el costo de las reservas no es cero, sino que cuestan un 13 por ciento en LEBAC al país.

Los 15.000 millones de dólares que seguramente ingresarán por el superávit comercial este año tendrán dos destinos: el gobierno deberá emitir para comprarlos con LEBAC al 13 por ciento, o habrá fuga de capitales. No hay otra manera.

Si el gobierno hubiera atesorado todo el superávit comercial que produjo el país en los últimos seis años, hoy en el Banco Central habría 80.000 millones de dólares. ¿Dónde están los 40.000 millones que faltan? Se fueron del sistema; se fugaron.

Esto se vincula mucho con la inconsistencia del plan económico, del que hemos hablado muchas veces en el recinto. Nadie saca capitales del país cuando hay rentabilidad: la inconsistencia del plan económico permite la fuga de capitales. Es decir que el gobierno no es el dueño de las reservas, sino que hace una buena política de atesorar reservas, pero a un costo elevado.

También se ha dicho que la operación que está por hacer el gobierno es tan extraordinaria que inmediatamente subió el valor de los bonos y bajó el riesgo país. El valor de los bonos aumenta porque quien los tiene es un acreedor del país. Entonces, si al acreedor le decimos que le vamos a pagar la deuda, indudablemente ella valdrá más, y el riesgo país bajará, porque ese factor tiene íntima relación con la posibilidad del país de pagar o de no pagar la deuda. Ese es el riesgo país.

Cuando la Argentina tiene un riesgo país elevado y le cobran tasas de interés elevadas es porque no hay confianza en que el país pueda cumplir con sus obligaciones. Si la Argentina hoy paga el 13 por ciento de tasa de interés en el mercado mundial de capitales es porque no hay confianza en la Argentina. Sí hay confianza en Brasil o en Uruguay, por ejemplo, como se ha dicho.

Se trata de un problema de confianza en el país y en su economía. Mucho de esto está relacionado con la falsedad de las estadísticas, con la baja calidad institucional del país y con otras circunstancias que hacen escapar el riesgo por falta de confianza en la Argentina. Todo esto lo hemos dicho.

Hay un discurso reiterado de que la oposición no tiene propuestas. Pero, ¿cómo que no tenemos propuestas? ¿Qué es esto que estamos diciendo si no son propuestas?

Tenemos que entender que nos pasa lo que nos pasa ‑y si bien este gobierno no tiene toda la responsabilidad, sí tiene una alta responsabilidad‑ porque la Argentina no produce las riquezas que los 40 millones de habitantes necesitan para vivir dignamente. Este es el problema de la Argentina. ¿Cuál es la impugnación a este gobierno? Que dilapidó un tiempo precioso para iniciar el camino del desarrollo que construya las riquezas que el país necesita para que sus 40 millones de habitantes vivan dignamente.

La asignación universal por hijo no es la solución de ningún problema; es paliar la consecuencia de la pobreza. Si en la Argentina hubiera riqueza, no haría falta la asignación universal por hijo. Entonces, ¿por qué no nos concentramos en el problema? Esto es lo que hay que discutir en el Parlamento, para que después no digan que no tenemos propuestas.

Cuando decimos que no vamos a aceptar el pago de la deuda con reservas del Banco Central a través de un DNU, estamos diciendo “manden un proyecto de ley y lo vamos a discutir en el Parlamento”. Pero para discutir un proyecto de ley hay que abrir la discusión del presupuesto, porque nosotros queremos saber con absoluta legitimidad cuáles son los ingresos con los que cuenta la Nación, dado que el presupuesto aprobado en diciembre ha quedado desactualizado en materia de ingresos.

Esto es así porque el presupuesto hace un cálculo del 6 por ciento de inflación en el año, y sabemos que la inflación no va a ser menor al 25 por ciento; es decir que el gobierno va a tener ingresos extraordinarios a través de la inflación. Además, cuando el gobierno mandó el presupuesto calculó que este año el país iba a crecer al 2 por ciento, pero todos los análisis indican que lo hará al 4 por ciento, lo que implica más recursos para el presupuesto. Es decir que –reitero‑ el presupuesto de ingresos ha quedado desactualizado. Por eso hay que discutirlo nuevamente.

Con los ingresos y con los gastos que va a tener el gobierno, incluida la deuda, este Parlamento tiene que saber si el gobierno necesita o no de las reservas para hacer frente al pago de la deuda.

Todos queremos que el gobierno refinancie las deudas a tasas más baratas. Tendremos que discutir cómo hace el país para construir confiabilidad, certeza y previsibilidad para que bajen las tasas de interés. Creo sinceramente que estos son los problemas que tenemos que discutir. Si esta no es la discusión central, si la oposición dice que este es el problema y esto no es una propuesta, me parece que estamos en otro escenario o hablando de otro país.

Tenemos que entender que la construcción de riquezas es el problema central de los argentinos, que su matriz productiva es nuestro problema y que para construir producción de alta calidad con bienes de altísimo valor agregado hace falta previsibilidad, confianza, inversiones y que no huyan capitales. Esa es la propuesta: construyamos entre todos un país en el que tanto el capital externo como el interno inviertan y en el que nadie quiera llevarse los capitales afuera porque la renta es suficiente para la reinversión. Cuando alcancemos ese objetivo no serán necesarios los planes sociales.

Todo eso no se construye de un día para el otro; no lo construye una generación y tampoco un gobierno. Nadie va a crear la patria para luego cerrar la ventana. Esto se logra con el trabajo y el esfuerzo de generaciones, como lo hicieron los países que se han desarrollado.

Quienes nos impugnan desde afuera lo hacen porque somos excedentarios en recursos naturales, no en riquezas. En la Argentina nos hemos acostumbrado a vivir de nuestros recursos sin generar las riquezas necesarias.

Por lo tanto, ha llegado la hora de que reflexionemos entre todos, sin echarnos las culpas por lo que ha pasado y por lo va a pasar de aquí en adelante. Debemos dejar de construir el país a partir de la llegada de un nuevo presidente. Si no aprovechamos nuestros errores y la fortaleza de este bendito país que tenemos jamás saldremos de la pobreza. Tengamos en cuenta que hoy estamos condenando a un tercio de sus habitantes a vivir como pobres. Hace cuarenta años había sólo un millón de pobres, que representaban el 0,5 de la población; hoy el 30 por ciento de los argentinos somos pobres, y eso que han pasado nada más que cuarenta años.

Si me permiten, quisiera dar un ejemplo más. Ya hemos dicho en este recinto muchas de las cosas que han ido ocurriendo a lo largo de estos últimos cuatro años. Pero hay un tema que resulta paradigmático para probar las certezas de las afirmaciones que la oposición ha planteado reiteradamente en este recinto. Me refiero al tema de la carne. Hace dos años que venimos diciendo que la política ganadera es equivocada. En su momento advertimos que si no se alentaba la inversión nos íbamos a quedar sin carne y la Argentina se vería obligada a importar ese producto. ¿Cuál es el corolario de aquellas especulaciones? El país se comió las madres, se comió las crías, y hoy no hay oferta suficiente de carne, motivo por el cual el precio sube. La mala noticia es que estamos importando carne de Uruguay. A fin de año la Argentina habrá importado un millón de toneladas de costilla, porque en el mercado interno no contamos con la oferta necesaria.

Esto tiene que ver con la inconsistencia de las políticas económicas. No es una crítica; simplemente es una manifestación que nos puede servir para aprovechar nuestros errores. La política agropecuaria fue la equivocada, salvo en lo relativo al tema de la soja, básicamente por los dividendos que da esta oleaginosa.

El irresponsable endeudamiento de los 90 hipotecó el futuro de las nuevas generaciones. Hoy todos nos estamos haciendo cargo de esa hipoteca. No podemos consentir que este simulacro de desendeudamiento –que en mi opinión hay que poner en evidencia‑ abra las puertas a una nueva generación de endeudamiento público simplemente para financiar gastos corrientes.

Reitero lo que ya he expresado en varias oportunidades: el gobierno ha repetido viejos errores de la Argentina. Digo esto porque aumentó el gasto público indiscriminadamente sin fijar prioridades, a pesar de que no contaba con el financiamiento necesario. Por eso, al principio fue por los fondos de las provincias y se apoderó de sus recursos. Al poco tiempo ya no le alcanzaban esos recursos y quiso meter mano en el sector agropecuario, al que hoy le cobra un 35 por ciento de retención; la consecuencia de esa medida es la poca inversión que se registra en el sector. Pero como tampoco le alcanzó con esos fondos, se apoderó de los recursos de los jubilados. Todo esto lo dijimos en este recinto y todavía se sigue defendiendo esta posición. Se apoderó de los fondos de los jubilados para financiar el creciente gasto público.

Por último, acude a las reservas para financiar los gastos corrientes. Reitero que el gasto corriente se financia con reservas. Se viene un nuevo endeudamiento en la Argentina y el desendeudamiento es para endeudar al país. El festival de bonos es lo que va a seguir, tanto de la Nación como de las provincias.

El desfinanciamiento de las provincias hoy se va a pagar con bonos. Esta deuda que van a adquirir las provincias también la paga la Nación. Finalmente, es el cuerpo social el que paga la deuda.

No todos los endeudamientos son malos. Este endeudamiento es dañino porque está hecho solamente para financiar gasto corriente, sin siquiera meterme en cuál es el destino del gasto corriente, un gasto absolutamente improductivo.

Al señor presidente de la bancada del Frente para la Victoria le digo que queremos salir del default y queremos pagar la deuda. No queremos ajustes, pero tampoco queremos inflación. La inflación es el peor de los impuestos. Cada vez que una persona pobre va a comprar un alimento con inflación, se queda con un pedazo del salario. Es un impuesto que está virtualmente puesto en la góndola de los supermercados.

Como estamos dispuestos a respetar el mandato de nuestros representados, nos vamos a seguir oponiendo a que el gobierno nacional se apodere de los recursos de las provincias, del recurso de los que producen, del recurso de los jubilados y ahora del ahorro de todos los argentinos, expresado en forma de reservas del Banco Central.

Sin un programa económico consistente que atraiga inversiones, que no ahuyente capitales, que ataque el flagelo de la inflación, de la pobreza y de la exclusión social, nosotros, los integrantes de la oposición, estamos dispuestos a resistir y a dar el combate que nuestros representados nos reclamaron el 28 de junio del año pasado.

Por último, quiero decir solamente dos cosas. Primero, que un gobierno con tantas virtudes no tendría por qué tener problemas para aprobar este desendeudamiento. Si tienen problemas y no tienen el número, quiere decir que las virtudes no son tales, y ahí hay que empezar a reflexionar sobre el tema de las debilidades de este gobierno, porque la Argentina no tiene derecho a perder dos años más.

Finalmente, quiero decir que toda la oposición va a rechazar este decreto de necesidad y urgencia por entender que es nulo de nulidad absoluta e insanable. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.



Sr. Rossi (A.O.).- Señor presidente: la verdad es que cuando empezaba este debate nos enteramos, por boca de algunos diputados, de que el tratamiento de este decreto y su rechazo era innecesario. Recordemos la sesión del 17 de marzo, cuando tratamos el decreto 2010, del Fondo de Desendeudamiento, en una actuación que nosotros caratulamos de irregular. Ello es así porque se había modificado el despacho ya irregular por la constitución de la comisión bicameral, pero se había modificado unilateralmente, por decirlo de alguna manera, por una sola de las Cámaras.

Precisamente, esos diputados nos decían que con ese despacho era suficiente, porque ya habían declarado de nulidad absoluta no solo al decreto 2010 sino también a los decretos siguientes que pudiesen versar sobre la misma materia.

Sé que cuando me meto en estos temas después me descalifican por ser arquitecto. Aclaro que no soy arquitecto; soy ingeniero. Pero, bueno, me descalifican. ¡Qué le voy a hacer!

Ahora, cuando planteé esta duda y dije: ¿por qué si ya estaba anulado estamos tratando este decreto hoy aquí en la Cámara de Diputados? La respuesta que me dieron no fue ni de arquitecto ni de ingeniero ni de constitucionalista ni de abogado. Fue casi de almacenero, con el respeto que me merece tan noble oficio. Me dijeron: lo que abunda no daña.

Me parece que este tema de la nulidad y de la nulidad absoluta es una fantasía que no se la creen ni ellos. De vez en cuando la utilizan, cuando les conviene, y ahora están haciendo hincapié en esa utilización con la idea de que con el tratamiento en la Cámara de Diputados este tema ya queda resuelto. Entonces, no importa si se trata o no este asunto del decreto 298 en el Senado de la Nación porque con lo que se ha debatido aquí ya está resuelto.

Nosotros queremos decir claramente que todo eso es una gran mentira, y ha quedado demostrado que es una gran mentira porque si lo que hicieron el 17 de marzo era válido, lo que hacemos hoy no tiene ningún tipo de sentido. Lo que estamos haciendo hoy es simplemente tratar el decreto como corresponde. Vamos a votar por el rechazo o por la aprobación de este decreto. Todo lo demás, y lo digo con mucho respeto, es mucha sanata, mucho intento de confundir a la población y a los argentinos, pero no hay nada de cierto ni nada de verdadero.

Nosotros reivindicamos y compartimos absolutamente la política de desendeudamiento que ha llevado adelante nuestro gobierno nacional desde 2003 hasta la fecha. Estamos convencidos de que todas las cosas que se hicieron desde 2003 hasta la fecha no son producto del viento de cola ni de la casualidad. Creemos que todo lo que significan las variables y las decisiones económicas que se tomaron en la Argentina tienen que ver fundamentalmente con la concepción de un modelo económico y de país que nosotros reivindicamos, y lo vamos a seguir haciendo.

La decisión de usar las reservas en menos de un 10 por ciento para el pago de los servicios de la deuda en el año 2010 constituye una herramienta económica más de todas las que este gobierno ha utilizado durante todo este tiempo para garantizar el crecimiento económico y social de los argentinos.

No nos enamoramos ni creemos que sea una herramienta permanente, pero sí estamos convencidos de que este año es necesario que hagamos uso de dicha herramienta porque creemos que es el año en el que tenemos que consolidar definitivamente la recuperación económica del país.

Además, se trata de un año que hemos planteado a partir de la aprobación que este Congreso hizo casi mayoritariamente porque solamente 27 diputados votaron en contra de la reapertura del canje de la deuda pública. Este es el año en el que nosotros podemos considerar con alegría que la Argentina ha salido definitivamente del default.

Le digo respetuosamente al diputado Aguad que la Argentina va a salir del default con, sin o contra la oposición. No importa lo que haga la oposición. Nosotros vamos a seguir llevando adelante el canje de la deuda. (Aplausos.)

Así como anunciaban el fracaso en 2005 y así como anunciaban que en realidad nos íbamos a pegar la cabeza contra la pared, que era voluntarista exigir el 65 por ciento, que era voluntarista exigir la cantidad de cosas que pedimos en el canje en ese momento, seguramente hoy lo vamos a terminar de consolidar. Nos llevó nada más que diez años. Hablaban de 40 años anteriores. La declaración del default y la salida de la Argentina de dicho default nos va a llevar definitivamente diez años.

La verdad es que esa decisión del default ha acompañado a la Argentina y a su economía durante todo este tiempo. Nadie puede dejar de desconocer que cada vez que la Argentina tenía vencimientos de deuda importantes no importaba si teníamos superávit fiscal primario, no importaba si teníamos superávit de la balanza comercial y no importaba la cantidad de reservas que teníamos en ese momento en el Banco Central. Había una fuerte operación para poner en duda si la Argentina iba a poder pagar esos servicios de la deuda.

Eso pasó en 2008 y 2009, y no queríamos que sucediera nuevamente este año. Nos parecía que este año había que dar certeza y previsibilidad a la economía argentina, haciendo todos los esfuerzos para que el sector privado pudiera recuperarse y volver a crecer a los niveles en que venía haciéndolo antes de la crisis económico-financiera internacional.

Estamos orgullosos de lo que hizo nuestro gobierno antes de la crisis. Estamos orgullosos de poder decir que en la Argentina no hubo una destrucción masiva de puestos de trabajo. Estamos orgullosos de poder decir a todos los argentinos que la Argentina fue un país en el que se rescataron puestos de trabajo mientras en el resto de las naciones se rescataban empresas. El año pasado la Argentina llegó a tener 140 mil trabajadores del sector privado dentro del Programa de Reconversión Productiva, REPRO. Subsidiábamos directamente los puestos de trabajo. No sacamos dinero del ahorro de los argentinos y se lo dimos a las empresas, como hicieron muchísimos países en todo el mundo, sino que subsidiamos el trabajo de muchísimos argentinos que tenían empresas en crisis. Hoy hay 40 mil trabajadores dentro del sistema de reconversión productiva, lo cual significa que la recuperación económica de la Argentina es concreta, efectiva, que a pesar de todo y de los palos en la rueda que nos ponen seguramente tendremos dos buenos años de crecimiento económico.

La verdad es que como decía la señora presidenta de la Nación el 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa ‑pareciera que algunos escucharon sólo una parte de su discurso- en 2009 nos salvó nuestro fortísimo mercado interno, pero para sostenerlo tuvimos que tener un Estado fuerte. Esta es la diferencia con el concepto de Estado que sostiene la derecha liberal, que también plantea el superávit fiscal pero pretende que sea de un Estado chico, que recaude y gaste poco, que cobre pocos impuestos y gaste menos, con poca inversión social y productiva.

Nuestra idea es diferente; queremos que el Estado tenga superávit fiscal pero que también sea fuerte. No nos avergüenza decir que queremos un Estado que gaste mucho. No nos avergüenza decir que queremos un Estado que invierta mucho porque creemos que está para eso. Aspiramos a tener un Estado de bienestar y lo estamos construyendo.

En 2003 encontramos un Estado derruido, que no podía hacerse cargo de las jubilaciones ni de ningún tipo de prestaciones sociales. Podemos decir con orgullo que a fines de 2009, este Estado que seis años atrás encontramos destruido tiene grados de prestación social de excelencia en los dos sectores etarios que cualquier manual de políticas sociales sostiene que hay que atender. La Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene más del 96 por ciento de sus adultos mayores incluidos en el sistema previsional. (Aplausos.)

No hay otro plan que tenga la contundencia social que posee la asignación básica universal por hijo, que más que un plan social es la creación de un nuevo derecho. Se podrá decir a todos los niños que nazcan en la Argentina que cualquiera sea el lugar de su nacimiento cobrarán 180 pesos por mes hasta cumplir los 18 años de edad. Eso lo podemos decir porque estatizamos las AFJP. Nada es gratis en la Argentina. Nada se hace con voluntarismo y declamaciones. (Aplausos.)

Pudimos implementar el plan de la asignación básica y universal por hijo porque la presidenta tomó la decisión, y este Parlamento debatió y por mayoría abrumadora resolvió que el ahorro previsional de los argentinos no lo siguieran manejando seis vivos -las AFJP- que beneficiaban a otros seis vivos del mercado de capitales. (Aplausos.)

Por esa decisión también podemos decir -lo sé en mi condición de santafesino- que General Motors está en pie, porque con esos fondos le pudimos dar un crédito cuando su acción a nivel internacional cotizaba a un dólar en medio de la crisis. De esta forma, entre enero y febrero tomaron más de mil trabajadores nuevos, que son parte de la excepcional producción automotriz que tendrá la Argentina este año y será récord. Pudimos hacerlo porque no dejamos que se destruyera la industria automotriz durante 2009.

Este año ya pintaba como un año de recuperación económica en el último trimestre de 2009 y se consolida en este primer trimestre, en el cual todos los indicadores económicos son favorables. La industria automotriz tendrá una producción récord y la industria en términos generales creció más del 16 por ciento entre febrero de este año y el del año pasado. Pueden tomar los indicadores que quieran, sean encuestadoras privadas que no tienen nada que ver con el gobierno o encuestas con datos oficiales.

Voy a leer solamente algunas: el índice general de expectativa económica preparado por la Escuela de Economía de la UCA y Gallup Argentina muestra para el mes de marzo un índice de 87 puntos, que representa un aumento del 6,3 por ciento respecto del mes de febrero y una variación interanual de 13,2 por ciento. El índice Líder de la Universidad Di Tella, que mide la confianza en la economía, alcanzó 166,3 puntos, es decir, un incremento de 3,6 por ciento respecto de enero y el nivel más alto registrado desde octubre de 2008. En comparación con febrero de 2009, cuando la crisis global estaba haciendo estragos en todas partes, la comparación interanual da un salto mayor de 15,9 por ciento.

Lo cierto y concreto es que esa línea discursiva que utilizó la presidenta de la Nación en este Congreso el 1° de marzo es absolutamente real. Existe una Argentina virtual que es la que dibujan los principales medios de comunicación que son opositores al gobierno y que también dibuja la oposición, y una Argentina real que es la Argentina cotidiana.

No nos vamos a sumar a la Argentina de las malas noticias, del “no se puede”, de “la Argentina va a seguir en la misma situación que venía estando”.

La decisión que tomamos fue en plena conciencia de que era necesario consolidar más aun todos estos indicadores económicos que marcan claramente una recuperación de la economía argentina.

Este va a ser un buen año para todos los argentinos, y el año que viene también será un año de recuperación económica, porque logramos mantener intacto el aparato productivo durante la crisis de 2009. En la provincia de Santa Fe todos pueden decir que no hubo ni una empresa agroindustrial que haya cerrado durante la crisis del año pasado, y todas estuvieron sostenidas con programas de reconversión productiva.

De eso se trata, de hablar más de la economía real y menos de las cuestiones virtuales que suceden en nuestro país, de este escenario de catástrofe que se presenta todos los días: todos los días estamos a punto de caernos a un precipicio, todos los días nos vamos a fundir, todos los días la Argentina va a fracasar. Todos los días mal.

Nosotros sabemos que no es así, y tampoco es así en la política. Hace dos meses algunos dirigentes de la oposición se paseaban por los canales de televisión y decían que la gente les pedía que nos fuésemos, que la presidenta no terminara su mandato. Lo decían en cualquier canal de televisión.

La verdad es que hoy no pueden decir lo mismo. Los argentinos, los ciudadanos de a pie, están más contentos con estas estadísticas que con la mala noticia con la que se van a despertar mañana por el grado de incertidumbre que le va a poner esta Cámara de Diputados al proceso de recuperación económica.

Pero además de la incertidumbre que van a poner con esta decisión de no avalar el uso de las reservas para pagar los servicios de la deuda externa en el año 2010, no podrían haber encontrado un día más desafortunado para que la Cámara de Diputados tomara esta decisión. La Argentina le está diciendo al mundo que mañana va a reabrir el canje de su deuda, deuda que no generamos nosotros ni decidimos dejar de pagar, y de la cual bajamos su valor nominal en un porcentaje importante cuando realizamos el canje con el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna, posteriormente candidato a presidente de la oposición; canje que reabrimos con el acuerdo de la Cámara de Diputados y la de Senadores. Le estamos diciendo al mundo: “Vengan al canje que queremos salir del default definitivamente.” Y al mismo tiempo le decimos: “¡Cuidado, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina le ha dicho al gobierno que no use las reservas para garantizar el pago de los servicios de la deuda de 2010!” La verdad que es un grado de irresponsabilidad inaudito con el que tomamos esta decisión. Se los digo respetuosamente.

En todo el debate alrededor de la cuestión del uso de las reservas privilegiaron permanentemente su rol de partido opositor que una mirada estratégica de lo que necesita la Argentina. Carecieron de visión de estadistas. En enero se acercaron casi peligrosamente a situaciones destituyentes, porque cuando Cobos encabezó la embestida con la colaboración de Redrado, con los medios de comunicación en contra y con la colaboración de un sector del Poder Judicial, el grado de acoso sobre la figura de la presidenta de la Nación fue infernal. Tuvimos que desarmar ese escenario, y empezamos a desarmarlo.



Esas son las cosas que hoy venimos a discutir acá. De lo único que se repiquetea en cada uno de los discursos de los señores opositores tiene que ver con la inflación. Cuando empecemos el debate en los próximos días contra la presión de las corporaciones por la devaluación espero que nos acompañen, a pesar de las declaraciones de los dirigentes de la Mesa de Enlace y de la Unión Industrial. No habrá efecto más inflacionario que el que se producirá si vuelven a presionar a la Argentina para que vaya a una nueva devaluación. Pero no escuché a ninguno de ustedes contradecir a Ratasi, a Buzzi ni a Biolcatti. ¡No los escuché decir que están en contra de que se devalúe en la Argentina!



Sr. Aguad.- ¡Estamos en contra!



Sr. Rossi (A.O.).- Y si los escucho, los voy a felicitar. ¡Pero quiero que digan que se comprometen y que no van a hacer lobby para que la Argentina vaya a un proceso de devaluación!



Sra. Carrió.- No vamos a hacer lobby.



Sr. Rossi (A.O.).- Eso sería lo más grave desde el punto de vista inflacionario. Por eso venimos a este debate con la convicción profunda de que la medida propuesta por nuestro gobierno es correcta y además legítima.

No es cierto lo que se dice en cuanto a que la acumulación de reservas es un proceso independiente del modelo económico que se siguió desde 2003 a la fecha.

El superávit en la balanza comercial no es producto solamente de que cambiaron las condiciones del intercambio. El superávit de la balanza comercial del año pasado es producto del hecho de habernos sentado arriba de todos los containers que venían como importación, para proteger la industria nacional y tener superávit comercial.

(Aplausos.) Por eso tuvimos superávit comercial.

Si no hubiéramos tenido un superávit fiscal, y no hubiéramos mantenido un tipo de cambio que le permitiera a nuestro sector productivo ser competitivo, no hubiéramos tenido la acumulación de reservas que tuvimos durante todo este tiempo.

Las cosas que hicimos son consecuencia de cada una de las medidas que tomamos. No se trata de viento de cola. No hubiéramos podido conceder la asignación básica universal si no estatizábamos las AFJP; no hubiéramos podido sostener todo el proceso de crisis económica del 2009 si no hubiéramos tenido un Estado fuerte.

Es imposible tener un modelo progresista y de crecimiento con inclusión social si no contamos con un Estado fuerte. Y un Estado fuerte se hace cobrando impuestos, teniendo ingresos y manejando los recursos que generan todos los argentinos.

Lo que estamos haciendo hoy es utilizar una consecuencia de esa política económica para fortalecer el proceso de consolidación económica. Esto se lo dije ayer al señor diputado Aguad y lo voy a decir en cualquier lado. Nosotros no tenemos ningún problema; hoy, mañana o cuando hubiesen querido sentarse a discutir si había mayor recaudación impositiva y dónde iba a aplicarse, lo habríamos hecho. Es mentira que los 26.000 millones de pesos que implicaba el pago de los servicios de la deuda estaban incluidos dentro del presupuesto; estaban incluidos con los 25.000 millones en fondos de financiamiento externo. Hay que salir a pagar porque si no lo hacemos con reservas ello implica más endeudamiento a tasas más altas y desmejorar la situación de endeudamiento de la Argentina respecto de su producto bruto interno o ir al ajuste. Nosotros no queremos hacer ninguna de las dos cosas, por eso propiciamos el uso de las reservas para el pago de los servicios de la deuda.

Seguiremos intentando con este tema en el ámbito de la comisión y esperamos que los que ahora están en contra de este instrumento nos acompañen. Vamos a seguir peleando en el Senado de la Nación para que la presidenta y el gobierno nacional cuenten con esta herramienta en beneficio de todos los argentinos.

Vinimos y nos vamos contentos por este debate, pero también nos vamos tristes porque la Cámara de Diputados mañana va a dar una mala noticia a todos los argentinos. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.



Sr. Wayar.- Señor presidente: los señores diputados Brillo, Comelli, Guzmán, Robledo y quien habla hemos estado al horario correspondiente para dar quórum y fijar nuestras posturas. Por lo tanto, solicitamos autorización al cuerpo para abstenernos en la votación.



Sr. Presidente (Fellner).- Si hay asentimiento de la Honorable Cámara se autorizarán las abstenciones solicitadas.

- Asentimiento.



Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.



Sr. Aguad.- Señor presidente: sería bueno que la Presidencia aclarara el sentido de la votación.



Sr. Presidente (Fellner).- Esta Presidencia va a poner a votación mediante un solo acto la aprobación o rechazo del decreto 298 del Poder Ejecutivo del año 2010 por el cual se crea el Fondo del Desendeudamiento Argentino. De modo que los que estén por la aprobación del decreto apretarán la tecla “sí” y quienes quieran pronunciarse por su rechazo apretarán la tecla “no”.

Se va a votar nominalmente.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 240 señores diputados presentes, 93 han votado por la afirmativa y 140 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones.



Sr. Secretario (Hidalgo).- Han votado 93 señores diputados por la afirmativa y 140 por la negativa. (Aplausos.)



AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL



Sr. Presidente (Fellner).- Se deja constancia de que han votado por la afirmativa los señores diputados Martiarena, Torfe, Gallardo, Díaz, Herrera, Luna de Marcos, Yoma, Abdala de Matarazzo; que han votado por la negativa los señores diputados Arena, Benedetti, Cardelli, Costa, Quiroga, Mazzarella, Regazzoli, y que se han abstenido los señores diputados Brillo, Comelli, Gardella, Guzmán, Robledo y Wayar.

Se corregirá entonces el resultado de la votación, aunque se aclara que de todas maneras resulta negativa. (Aplausos.)



- 8 -

moción de orden


Sr. Lozano.- Pido la palabra para plantear una moción de orden.



Sr. Presidente (Fellner).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Sr. Lozano.- Señor presidente: quiero hacer un planteo a efectos de poder dar un tratamiento razonable al tema que sigue, que es el proyecto de resolución contenido en el expediente 346-D.-2010. Sin duda se trata de una cuestión que está vinculada al fondo del debate que se ha estado dando: el presupuesto para el ejercicio fiscal 2010.

Dado lo avanzado de la hora no sería demasiado razonable encarar ahora su tratamiento. Por este motivo hago moción de pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10.

Sr. Presidente (Fellner).- El resultado final de la votación, luego de las aclaraciones que hicieran los señores diputados, según consta en actas, indica 93 votos por la afirmativa, 140 por la negativa y 6 abstenciones. (Aplausos.)

Se va a votar la moción de orden del señor diputado Lozano de pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10.



- Resulta afirmativa.



Sr. Presidente (Fellner).- Queda aprobada la moción.

Se pasa a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a la hora 10.



- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 3 y 11 del día 14.